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La primera razón del nacimiento en 1951 de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primer paso de la actual Unión Europea, fue evitar una nueva catástrofe como las dos guerras mundiales que en la primera mitad del siglo XX habían destrozado el continente.

No es baladí que entre los firmantes estuvieran Francia, la República Federal de Alemania e Italia junto a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Después se plasmó en un objetivo económico como avanzar hacia un mercado común en estos dos sectores, con la supresión de aranceles y ayudas públicas para asegurar la libre competencia.

A medida que se alejaba el riesgo de un nuevo conflicto bélico, los objetivos económicos fueron ganando terreno frente a las metas políticas, porque con las sucesivas ampliaciones todos los miembros de la Unión Europea comprobaron los beneficios de estar dentro del mercado único y, de participar en su toma de decisiones.

Cansados de las batallas políticas y de la imagen de lejanía que da el hecho de que el Gobierno de la UE esté en Bruselas, a veces, los propios europeos no somos capaces de valorar que, hoy en día, hay quince países utilizando la misma moneda. Un instrumento que nos ahorra la pérdida que, sobre todo, para los españoles suponía el cambio de moneda, facilita las transacciones económicas y, además, nos permite hacer múltiples estudios comparativos sobre la evolución económica y social de los distintos países.

El euro es la demostración más clara de que, en la construcción de la Unión Europea, los fines económicos han terminado imponiéndose sobre los objetivos políticos. De hecho, el mejor ejemplo es la contradicción que supone que la primera potencia económica y comercial del mundo es un fracaso permanente a la hora de unir posiciones para demostrar su peso en el contexto internacional.
Que el final de la Guerra de los Balcanes se firmase en Dayton (Estados Unidos), en septiembre de 1995, es un hecho muy significativo del ridículo que históricamente ha hecho la Unión Europea en su política exterior.

Sin embargo, las consecuencias de la actual recesión amenazan con obstaculizar la siempre difícil construcción económica de la Unión Europea. Con el fin de buscar remedios inmediatos al crecimiento del desempleo, algunos países están aumentando las medidas o decisiones proteccionistas frente a la competencia que se desprende de la libertad de movimientos de trabajadores y empresas.

Por ejemplo, cuando se desata una huelga en el sector energético del Reino Unido, bajo el lema “empleos británicos para los trabajadores británicos” porque una empresa italiana decide contratar a trabajadores italianos y portuguesas para levantar una planta para la multinacional francesa Total. O el presidente galo , Nicolas Sarkozy, anuncia un plan de ayudas económicas para los fabricantes de automóviles, siempre y cuando no recorten empleos ni se vayan de Francia.

También el Gobierno español, por medio del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha caído en la tentación de pedir a la sociedad que dé preferencia en sus compras a los productos nacionales, como también lo ha hecho el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La patria del liberalismo.

El problema de fondo de la UE es la falta de reglas comunes para que las empresas puedan competir en las mismas condiciones, porque los marcos de actuación y las políticas administrativas son muy diferentes. Rodrigo Rato se dio cuenta de ello cuando siendo vicepresidente económico con el PP vetó varias veces la entrada en el sector eléctrico español de compañías europeas con capital público.

Rato tenía razón, España no había privatizado Endesa para que viniera otra extranjera pública a quedarse con una multinacional. Es verdad que años más tarde una compañía italiana como Enel, con participación del Estado, se ha quedado con la eléctrica española, pero es un hecho objetivo que eso no es competir en las mismas condiciones. Para garantizar la libertad de mercado es imprescindible que todos compitan en las mismas condiciones. Lo contrario es lo que está pasando.

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