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Colombia: Para-Financieras... |
Atiborrada de todos los PARAS: Ahora, la PARA FINANCIERA O PARA-BANCARIAS, que no es otra cosa con las famosas “pirámides” donde se nota la mano de las primeras, y la condescendencia estatal.
No puede una persona, menos empresas jurídicas estar tan “bien organizadas”, llenando de falsas expectativas a ciudadanos que por diversas razones incautamente caen, a pesar de las advertencias con el refrán ese de que “cosas tan buenas no regalan todos los días”
Así como el paramilitarismo campeo por los mejores valles, llanuras, ciudades haciendo de las suyas “sin que el estado” se diera cuenta.., igual ocurre ahora, con las diferentes siglas que bien podrían ser equiparadas con los bloques o frentes de las primeras, asesinando las esperanzas y esfuerzos de toda una vida de sueños y trabajos acumulados y siempre con la despectiva de un mejor mañana para su familia.
Fácilmente, se podría aseverar, que los “incautos” inversionistas o ahorradores; so quienes propician semejante catástrofe financiera en un país que no resiste mas. Sin embargo, -y sin querer posar de psicólogo- las condiciones dadas, el terreno abonado, lo han propiciado directamente el Estado y las entidades encargadas de ejercer control y vigilancia en esta rama, como la superbancaria,, la supersociedades, y miremos un poco el por qué.
El Estado, tal y comolo consagra la Constitución Política, en su artículo 2del Titulo I:“...las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares...”
Así las cosas, no es que las instituciones y sus personaspasen a la presunción de inocencia o legalidad o no de lo que todo mundo está viendo, sabiendo y dando crédito de la ilicites de las cosas, so pretexto hasta que alguien en particular no se acerque a formular las respectivas denuncias, contraalgo, que desafortunadamente mi querido juan pueblo no sabe que es lo que pasa en realidad, además de solo saber que lo están robando a la luz del día, y que nadie de los que pasan presencia.., tienen oídos, ojos ni voz para corroborar lo que allí ocurre.
Cuando el paramilitar irrumpe en el vecindario o la vereda y asesina ..., de inmediato esos mismos funcionarios -que cuando de atropellar a la verdadera oposición política se trata- cuando alguien actúa en contravía a la legalidad.., se pronuncian antes de investigar., dando todas sus coordenadas e impartiendo condenas ejemplarizantes”, sin que hubiera sido menester un dispendioso proceso y acerbo probatorio.., lo que hacen es conminar a las victimas –o mejor a los dolientes- cuando estos se atreven acercarse aponer en conocimiento de las autoridades competentes; a presentar denuncias concretas contra alguien, posibles móviles, paradero, y demás.., siendo que actúan similar a los parafinancieros, que actúan enmascarados ya en este caso, con las caretas de la falsedad.
El estado es cómplice de los delincuentes, porque las para financieras o sea las “pirámides” con las siglas que usen, actúan ante los ojos de todo el mundo, recaudando dineros sin licencia “para” ello, pero por ser quienes son.. lo pueden hacer, ya que no hay ojos, oídos, ni conocimientos en derecho penal, administrativo que tipifique el delito, y lo castigue como debe ser: ¡Con todo el rigor! Es cómplice, porque según noticias transmitidas, datan de haber hasta altos funcionarios del estado, “estafados” por estas parafinancieras.
Son cómplices la super sociedades, y la superbancaria -si existen, claro está- porque la primera debe investigar a las organizaciones jurídicas que actúan dejando cierto atisbo de deshonorabilidad ante la sociedad, así no hayan denuncias por parte de sus victimas potenciales. Es que el delito, se estaba tipificando desde la captación, así a algunos les estuviera “yendo bien” que no eran otra cosa sin ser su intención.., que ser los señuelos para propagar la buena nueva y hacer que mas y por miles de personas, acudieran allí a “invertir”.., luego de haber empeñado hasta la cama, las cuotas de la pensión universitaria, de colegio o de salud de los suyos; o hasta haber propiciado de pronto, el adelanto de las herencias.
Es cómplice la superbancanria en esto de la parafinancieras, porque crean las condiciones y abonan las existentes, “para” que personas honradas e inocentes.., caigan en sus fauces cual manso rebaño de ovejas ante una jauría de hambrientos lobos que deambula por el desierto de la justicia.
Y son cómplices tanto la súper, como la banca en general, porque si recién vivimos una caída de las principales bolsas de valores en el mundo de lo cual Colombia no fue la excepción, y que los cuentavientes retiran todos los días o cancelan mas sus cuentas, debió haber sido mas que suficiente una alerta que conllevara a investigar en conjunto que está pasando en el mercado y que se podría sugerir, bien para mejorar las captaciones en los bancos, o bien para impedir que personas desesperadas con los malos tratos recibidos por los bancos, corrieran hacia su estafador o verdugo.
Es que los bancos, son cómplices, cuando por ejemplo, ante quinientos usuarios e fila, solo tienen a lo sumo a dos o tres funcionarios en las respectivas cajas. Uno para atender al público, otro para que le haga la respectiva inducción ya que además es aprendiz, y el otro, para que les vaya chismoseando la novela de la noche anterior.Son culpables los bancos, cuando tener una cuenta de ahorros sale tan costoso para el cliente, pues le cobran todo, mientras que los intereses son bien bajos y a eso agréguenle lo del cuatro por mil ysi eso es poco, súmenle los miles de millones de pesos que a diario le roban a los de las casas o apartamentos, y luego en complicidad con el estado y abogaduchos, les roban las casas en medio de la mas feroz y cruel humillación, dejándoles en la calle y sin plata
Son tres personas distintas..., una sola Parafinaciera asesina de sueños y esperanzas, que no demoraran en montar un sante fé de raelito, para pactar la ley que les condene y permita irse hasta del país con miles de millones de pesos en sus bolsillos, sin que deba pagarle impuesto al estado, y sin hacer lamas mínima indemnización a sus victimas..
El estado lo sabia, y los entes de control y vigilancia también. La ley que los “sabios” de la patria promulguen.., debe contemplar la pena y castigo a los coautores, pues también se tipifica el cohecho, y debe haber la responsabilidad política y judicial, no solo para los propietarios y administradores de las tales “pirámides” que serían como los comandantes de los paras, sino de quienes desde la justicia y el estado les consintieron su delincuencia.
J. Manuel Arango C.

Etiquetas: conocimiento, mentiras, monopolios, multitud, politica.
"Los pueblos pequeños y ciudades intermedias, deben buscar formas claras de colocar su dinero a tasas de interés que les permitan generar ahorros, contrario a esto, lo que buscan es enriquecerse fácilmente, ahí hay avaricia, pero también hay un proceso de descontrol por parte del Estado".
El economista resaltó que el gobierno colombiano, debió advertir a todos sus ciudadanos que ese tipo de instituciones no eran legales y esas riquezas fortuitas no se consiguen tan fácilmente y que a lo sumo, "lo que puede haber es lavado de activos o mezclas con narcotráfico".
En cuanto a la banca legal colombiana, personas afectadas han cuestionado el procedimiento de esta institución financiera y le han atribuido el fraude de las pirámides.
"La banca colombiana no ofrece tasas de interés muy altas, pero por lo menos ofrece la seguridad que la plata no se pierde", a este respecto Bonilla explicó que la gente entiende que a través de un banco puede obtener ganancias rápidas con alto riesgo.
El especialista opina que las personas que colocaron dinero en las pirámides son ahorradores incautos y otros son jugadores del azar, que colocaron su dinero esperando que pudieran retirarla en el momento que aún tuvieran ganancias.
"El margen de los incautos, es extremadamente preocupante, pues hay personas que aseguraron perder hasta tres veces por cierres de estas pirámides".
En relación a la petición que hizo el presidente Uribe a la Fiscalía agilizar la intervención a las agencias de préstamos, cuyo descalabro provocó este miércoles la protesta de miles de personas, Óscar Bonilla expresó que "debe existir obligación de intervención de todas las autoridades porque hay absoluta negligencia por parte de los encargados de la vigilancia de entidades financieras".
"Este tipo de instituciones son una especie de Lehman Brothers colombiano, en EE.UU. estos bancos quebraron y nadie los vigilaba y controlaba, en Colombia está pasando algo similar".
"Todo el mundo sabe que las pirámides existen pero no hay autoridades que estén haciendo vigilancia y control para decirle a los colombianos por dónde actuar, ni cómo responder en el momento en que la pirámide se derrumba como es el caso actual".
Las entidades financieras deberían ser vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de Valores y por todas las autoridades que vigilan el comportamiento monetario de ese país.
"Probablemente la Fiscalía llegó tarde porque no se habían presentado hasta ahora declaratorias que llevaran la judicialización de alguien, pero ya estaba claramente advertido el país que éste problema se iba a presentar y quienes habían dado las señales eran las autoridades financieras".
Los sectores más afectados son los de estratos bajos y medios, éstos últimos jugaron a la avaricia y al azar para enriquecerse rápido, mientras que los estratos bajos se dejaron llevar por la impresión de que podían ganar algo y llegaron incluso a endeudarse para invertir en las pirámides.
"Otras personas hipotecaron sus casas, entonces hay gente que perdió un millón de pesos, otros 10 millones y otros 40 millones, todos al nivel de lo que eran sus fortunas familiares".
Bonilla fue enfático al afirmar que el dinero comprometido, es "prácticamente imposible de recuperar", porque habría que establecer mecanismos de vigilancia y recaudación de información "donde hubiera papeles que indicaran qué aportó cada quien para distribuir lo que estas personas les incautaron".
Según Trujillo, el Defensor del Pueblo de Buesaco, en atención a una orden de la Superintendencia Financiera, levantó unas actas tras un inventario en la empresa que captaba dinero del público y no pudo salir de las oficinas de esa entidad por la puerta principal ante la multitud enfurecida apostada en la calle de esa localidad.
La policía informó que un total de 66 agencias de la empresa DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo), la principal "pirámide", fueron intervenidas en el país.
Centenares de ahorradores, sin embargo, pernoctaron frente a la sucursal de DRFE en el municipio de Florida, suroeste, en la que 18 funcionarios de la sede clamaron por emisoras para que las autoridades los protejan, pes temen una asonada y que la multitud los linche.
"Hacia las 11H50 de anoche (04H50 GMT de este jueves), el joven personero fue asesinado tras recibir tres disparos de personas que creían que estaba huyendo con su dinero", aseguró Fabio Trujillo, secretario de Gobierno del sureño departamento de Nariño, donde está ubicado Guesaco.
Los desórdenes civiles surgieron luego de que una de las empresas captadoras de dinero hizo llegar a miles de ahorradores una circular en la que argumentó que debido a la crisis financiera mundial iba a bajar los intereses prometidos de 350% al 70%. A ello se sumó el cierre de otras pirámides.
El gobierno sospecha que detrás de las "pirámides" se esconden mecanismos de lavado de dinero del narcotráfico. Por ello, pidió a la Fiscalía investigar a 1.302 entidades que realizaron transacciones sospechosas y pidió colaboración a la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos.
Tal es el caso de la comercializadora DMG, que pese a que sus directivos rechazan que se les señale como una pirámide, es objeto de estudio por parte de las autoridades. Cientos de usuarios de esta empresa se agolparon este jueves en sus sedes para asegurar la devolución de su dinero.
"Es una lástima que toda la discusión jurídica nos lleve a una intervención tardía. El gobierno lo reconoce pero haremos todo el esfuerzo para erradicar definitivamente estas prácticas que tanto daño le hacen a la patria", dijo el presidente Alvaro Uribe.
"Va a ser una situación social muy compleja. Son riesgos que no estaban amparados por el Estado y ahora nos toca encontrar los mecanismos para diseñar apoyo a los estafados. Miraremos cómo acompañar los procesos de liquidación", señaló el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga.
Zuluaga admitió a la radio local que frente a la manera como han operado estas entidades captadoras de dinero, el control de las autoridades quedó corto, y que ello obedece a que estas compañías "conocen muy bien la forma de evadir la acción del Estado".
"Es una problemática social enorme. Son cientos de miles los que hoy se declaran estafados. A uno le sorprende que la gente después de todo lo que se ha dicho, de la experiencia pasada, siga llevando sus recursos, entregando plata, gente de todos los niveles", lamentó el ministro.
Las televisoras locales seguían mostrando imágenes de la enardecida muchedumbre agolpada frente a las sedes de estas empresas. Los disturbios -que incluyeron el hurto de los electrodomésticos y la quema de varias casas- llevaron a alcaldes de siete poblaciones a decretar el toque de queda.
Los disturbios tuvieron lugar especialmente en los departamentos sureños de Nariño, Cauca y Putumayo, así como en Risaralda y Quindío (centro).
El fiscal general, Mario Iguarán, anunció que espera en los próximos días los resultados de una investigación que ordenó hace tres meses en contra de estas instituciones. "La Fiscalía creó un grupo interinstitucional de policía judicial y le dio un plazo de tres meses. Esperamos los resultados", dijo.
La situación es tan compleja que economistas consideran que el hecho afectará radicalmente a la clase media colombiana.
"La caída de las pirámides va a empobrecer a la clase media colombiana. Mucha gente le apostó todos sus ahorros al espejismo que dejaban estos negocios y hoy quedan, no sólo sin dinero, sino con una gran deuda. Las consecuencias para la sociedad van a ser funestas", dijo a la AFP Ricardo Bonilla, director del observatorio económico de la estatal Universidad Nacional.
"El fenómeno afectará a unos 500.000 hogares colombianos, la mayoría de clase media. Esto implica la pérdida de la capacidad de ahorro y una sustancial disminución en la capacidad de consumo", opinó, por su parte, Luis Jorge Garay, consultor privado.
La semana pasada miles de personas protagonizaron disturbios en distintas ciudades del país tras perder sus ahorros en esos esquemas tipo pirámide, donde se ofrecían intereses de hasta un 150%.
En este esquema, los primeros clientes generalmente reciben el dinero prometido a cambio de llevar a nuevos usuarios más abajo en la pirámide, que al final pueden terminar estafados pues la empresa ya no es capaz de beneficiar a todos.
"Grave alteración"
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, justificó la decisión del ejecutivo por "la grave alteración del orden social que ha originado la proliferación de distintas modalidades no autorizadas por la ley de captación o recaudo masivo de dineros del público".
Este lunes fueron allanadas por las autoridades las oficinas de una empresa de inversión, que aunque no era de tipo "pirámide", en ella se captaba dinero a cambio de tarjetas para comprar electrodomésticos.
En total fueron cerradas 59 oficinas de la compañía DMG, cuyo dueño, David Murcia Guzmán, aseguró que demostrará a las autoridades que su negocio es legal.
Incluso trabajadores y clientes de esa empresa realizaron marchas de protesta en Bogotá y ciudades aledañas para apoyarla.
Hasta ahora las autoridades han confiscado unos US$38 millones de dólares en moneda local en distintas operaciones a una sola empresa captadora de ahorros, que han sido depositados en una cuenta especial.
Según el corresponsal de la BBC en Colombia, Jeremy McDermott, la policía ha clausurado locales de la mayoría de los 240 esquemas de pirámide que han encontrado, incluso aquellos que aún se mantienen operativos.
También el gobierno ha prometido decomisar todos los activos que pueda acumular para reintegrar los ahorros perdidos, sobre todo a las familias más pobres.
"La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros para evitar la defraudación", dijo el ministro Valencia.
También se han emitido órdenes de captura internacional a los dueños de esas empresas que ya han sido identificados y que huyeron del país.
Hasta ahora el gobierno ha decidido elevar las penas de cárcel para quienes capten dinero de manera ilegal y para aquellos que hayan recaudado ahorros y no los hayan devuelto.
Las penas oscilarán entre 8 y 20 años de prisión.
Ningún gobierno, ningún pueblo del mundo debe darle crédito a un mentiroso teatral, y cínico manipulador de la opinión. Lo que pasó en las dictaduras del Cono Sur, a pesar de su gravedad, es apenas un pálido fulgor ante el voraz holocausto humanitario activado por Uribe en el norte de Suramérica. Tanta barbarie y tanta impunidad ofenden a la humanidad.
Cuando el ministro de defensa, señor Juan Manuel Santos, reitera e insiste que este gobierno ha matado en seis años a más 30 mil guerrilleros, uno se pregunta quiénes serán entonces esos muertos si la guerrilla sigue en sus mismos puestos de combate contra la tiranía. Es necesario identificar también a los miles de masacrados que los paramilitares entregaron al ejército a fin de que los utilizaran como partes positivos de su sucia guerra contrainsurgente. Las organizaciones de derechos humanos en el mundo debieran ayudar a esclarecer este dantesco drama humanitario del victimizado país del olvido que es Colombia.
Lo que se ha descubierto hasta ahora es apenas la punta del iceberg de la infamia. La triste historia de los jóvenes de Soacha que fueron llevados engañados por el ejército hasta Ocaña para ser ultimados a nombre de la política de “seguridad democrática” de Uribe, es la misma, taciturna y luctuosa, de un universo de ciudades, de pueblos y de campos de Colombia implacablemente castigados por la política fascista.
Cuántos crímenes de jóvenes desempleados…, cuántos campesinos asesinados por el ejército en las serranías y en las selvas presentados como guerrilleros muertos en combate en el marco del funesto Plan Patriota… Las cárceles están llenas de “falsos positivos”, o mejor, de millares de inocentes presos acusados injustamente de guerrilleros y terroristas por la perfidia del régimen actual. El inicuo sistema judicial premia con ascensos a los jueces y fiscales que más condenen guerrilleros extendiendo así la práctica de los “falsos positivos” a la justicia. Colombia necesita ser iluminada por potentes reflectores que contribuyan desde el exterior a disuadir los desafueros del poder.
Derrotado por las evidencias -no sin antes jurar y jurar que los abatidos fueron muertos en combate-, Uribe se vio forzado a destituir a algunos generales de División y de Brigada, así como a 5 comandantes de batallones para lavarse las manos y apaciguar la tormentosa crítica; sin embargo sustentó esta decisión en el argumento peregrino de que salían por falta de control a sus tropas y por confabulación con delincuentes, negando que se trata de un problema estructural.
“Ahora el éxito se medirá por desmovilizaciones y capturas” -dijo-, sin explicar convincentemente la directriz 029 de noviembre del 2005 en la que su entonces ministro de defensa Camilo Ospina, actual embajador en la OEA, establecía recompensas por muertos, material de guerra y equipos incautados al enemigo.
También parece que se olvidó que él mismo instauró a comienzos de su gobierno una red de más de 1 millón de sapos o informantes movidos por las recompensas. Si los generales y los coroneles objeto de sanción salieron, como dice Uribe por “confabulación con delincuentes”, debiera aplicarse entonces la misma consideración a los que se reunieron con delincuentes mafiosos de la “Oficina de Envigado” en la misma sede del gobierno: el Palacio de Nariño.
El diario El Tiempo, del que son propietarios los Santos, es decir, el ministro de defensa y el vicepresidente, refiriéndose a la purga de 27 militares tituló con oscuros tintes de cortina de humo: “Barrida ejemplar”; “Hay serios indicios de negligencia en el mando”; “Actuaban en contravía de la seguridad democrática y de la doctrina y el honor militar”; “No es un problema estructural”.
Tan estructural es que si actuaran en consecuencia tendrían que irse hasta ellos mismos, incluido el presidente. Ya se fue ese sanguinario comandante del ejército, general Mario Montoya, porque entendió que era causa perdida intentar tapar el sol con las manos. El espantoso hecho delictivo estimulado desde el gobierno de segar vidas por recompensas y ascensos, no debe quedar en una destitución mediática; debe conducir a una responsabilidad penal.
Duele e indigna ver cómo algunos politólogos, directores de noticias y columnistas estipendiados le hacen eco a la manipulación mediática puesta en marcha por el presidente Uribe y los señores Santos. Otros han optado por un inexplicable silencio cómplice frente a este pavoroso crimen de lesa humanidad. Hasta el silencio de algunos purpurados ha hecho sollozar a Dios. No debe demorar más el juicio y el castigo a los carniceros del Palacio de Nariño.
Montañas de Colombia, noviembre 4 de 2008
Fuentes de organismos de seguridad pública han señalado la posibilidad de que los modelos de operación de DMG sirvan para blanquear dinero proveniente del tráfico de drogas, desde hace cinco años, aunque Murcia rechaza esas versiones.
Murcia afirmó en entrevista difundida por la radio local que en el pasado los hijos del mandatario hicieron una propuesta a un canal de televisión, que es de su propiedad, al responder a acusaciones lanzadas este viernes en el sentido de que DMG está vinculada al desmoronamiento de las pirámides en que participaban miles de personas, que habían acumulado unos 600 mil millones de pesos, según cálculos del diario El Espectador en su edición en Internet.
“Señor presidente, para que se entere, sus hijos están haciendo un programa muy bueno. Nosotros lo que estamos haciendo es apoyarlos con todo el equipo de producción, con las cámaras, sacando adelante este proyecto para que empiece a facturar luego con las marcas que quieran patrocinarlo”, dijo Murcia en referencia a la emisora de televisión por cable Body Channel.
Jerónimo Uribe negó cualquier relación comercial con los negocios de Murcia y explicó que en alguna ocasión se limitó a plantear una idea para realizar documentales a “un amigo” que trabajaba en la emisora, pero aclaró que se marginó del proyecto por recomendación del director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo.
Las versiones de que Murcia y sus empresas están vinculadas al lavado de dinero han circulado desde hace varios meses e inclusive la Superintendencia Financiera ordenó en octubre de 2007 a Murcia que devolviera 18 mil millones de pesos que captó de personas que adquirieron tarjetas de prepago.
Murcia fundó su empresa DMG en el departamento de Putumayo, en el sur del país, uno de los principales escenarios del conflicto armado, que además albergó la mitad de los cultivos de hoja de coca en el país, la base para la producción de cocaína.
Las acusaciones contra la familia Uribe se produjeron este viernes al agravarse la tensión en zonas comerciales de Bogotá, dos días después de que la Superintendencia Financiera intervino las operaciones de la pirámide DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo) y tomara posesión de sus bienes, con el fin de restituir el dinero de los inversionistas y frenar por completo cualquier operación nueva de captación de dinero.
Las autoridades sospechan que este esquema está vinculado a DMG, pero declinaron hacer afirmaciones contundentes en ese sentido, en tanto que no concluya las investigaciones.
El mismo presidente Uribe intervino en la polémica sobre las pirámides al pedir que la población deje de invertir su dinero en esos fondos, puesto que “es una fantasía que termina en la ruina de la gente”.
Unas dos mil personas salieron hoy a las calles de la capital colombiana para defender las pirámides y apoyar la actividad financiera y comercial de DMG, en cuya sede –en el norte de Bogotá– hubo gente manifestando su apoyo. La empresa dice tener unos 300 mil clientes y según Murcia, el año pasado facturó 31 millones de dólares y pagó dos millones 600 mil dólares en impuestos.
El derrumbe de pirámides afectó a residentes en unas 50 localidades del país. Esta semana, hubo algunas personas que se arremolinaron en las afueras de DMG para reclamar sus aportaciones, después de que comenzaron a circular informaciones sobre el quiebre de las empresas captadoras del dinero (usualmente los primeros inversionistas lo recuperan, pero los últimos en aportar son los que se encontraron con locales cerrados o con que los organizadores huyeron del lugar).
El gobierno no ha podido precisar hasta ahora cuál es el monto del dinero invertido en las pirámides. Uribe anunció hoy que su administración tratará de ayudar a la recuperación de los fondos. La quiebra no sólo ha causado la movilización de la gente en las calles, sino también el suicidio de un hombre residente en un pueblo del suroeste, que había vendido su casa para invertir recursos en una de las pirámides.
"Cambio hizo contacto telefónico con Jerónimo Uribe, quien aceptó haber tenido una 'pequeña relación comercial' con (Daniel) Angel -relacionista de DMG- y, por intermedio de éste, con Body Channel. Explicó que para el lanzamiento del canal envió cerca de 15 prendas para que lucieran las modelos", señaló la revista.
"Yo le entregué una ropa de Salvarte para que la mostrara en el evento", afirmó el hijo del presidente, asegurando que no recibió por ello "pago alguno", precisó la revista.
Hace una semana Uribe denunció una campaña calumniosa contra su familia para relacionarla con financieras acusadas de estafa y lavado de dinero del narcotráfico. "Ha habido este tráfico de calumnias contra el buen nombre de la familia que me veo obligado a denunciar ante los colombianos", dijo entonces.
Uribe entregó entonces a la Procuraduría (ministerio público) -a petición de sectores de oposición a su gobierno- todas sus declaraciones de renta, y dijo que hará lo mismo con las de sus hijos Tomás y Jerónimo, cuestionados en un reciente artículo de prensa por su participación en diversos negocios.
A mediados de noviembre, el empresario colombiano David Murcia, dueño de DMG, fue arrestado en Bogotá tras ser deportado desde Panamá, donde tenía una vida de lujos y estravagancias, y en su comparecencia ante un juez rechazó los cargos de lavado de activos que le imputó la Fiscalía
El hecho desencadenó protestas en Bogotá y en municipios del sur del país, donde miles de clientes de DMG manifestaron para respaldar a Murcia, cuya firma pagaba rendimientos de hasta 150% en depósitos a seis meses.
Las autoridades creen que DMG funcionaba con el esquema fraudulento de las "pirámides", organismos que ofrecen altísimas rentabilidades en pocos meses, usando el dinero invertido por sus clientes, hasta que dan quiebra por fraudes a los ahorristas.
El dueño de DMG señaló que primero contribuyó con la recolección de firmas, que era lo más importante. "Se hizo lo del transporte de las firmas que eso vale un dinero porque es a nivel nacional. Hubo que utilizar aviones, helicópteros, transporte blindado, y también aprobé unos recursos para que compraran camisetas, gorras y un poco de papelería que necesitaban"."Es que en política comienzan con una cosita y luego piden más", señaló.
No obstante, el entrevistado no pronunció los nombres de las personas pertenecientes a la campaña. "Si me pongo a dar nombres la seguridad de mi familia peligra", dijo.
Murcia, se limitó a decir que el dinero fue entregado por medio de varios empresarios, algunos de los cuales están fuera de Colombia, pero aseguró que revelaría detalles de vínculos de DMG con políticos en un libro que está escribiendo.
Cabe destacar que hasta los momentos, la opinión pública colombiana solo sabía que las firmas del referendo fueron transportadas en vehículos blindados de la empresa TransVal, asociada de DMG, administrada por Jorge Berrío, hermano del Gobernador de Bolívar.
Por su parte, los promotores del referendo, encabezados por el ex ministro Luis Guillermo Giraldo, se han limitado a decir que desconocían que la financiera DMG era una organización comprometida en lavado de dinero.
Estas declaraciones podrían complicar a los miembros del Comité Promotor del Referendo, pues de ser cierto que DMG financió esta campaña, estos 5 mil millones de pesos que no fueron declarados a las autoridades competentes, violaría las cifras fijadas por la ley y las consecuencias serían más graves que las registradas por la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral de esa nación.
Murcia y otros seis miembros de la junta directiva de DMG fueron pedidos en extradición por una corte de Nueva York a finales de marzo, aunque el caso de destapó en noviembre de 2008.
Según las autoridades, DMG funcionaba bajo el esquema de 'pirámides financieras', en el que los responsables pagan rendimientos espectaculares con el dinero de clientes que captan en cadena, hasta quebrar o huir con los fondos.
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