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El Debate para el Estado de la Nación es un engañabobos, una mentira colectiva que sirve única y exclusivamente para medir el nivel dialéctico de los contendientes, pero para poco más. Todo gira alrededor de ese fin.

El Ejecutivo, a través del Presidente del Gobierno, saca conejos de la chistera como si el mundo se fuera a terminar con el apagado de los focos mediáticos, que la memoria es muy corta y el año que viene Dios dirá.

El aspirante al trono, por el contrario, trata de responder al motivo de la convocatoria, situación actual de España y potenciales mejoras a implantar, desde su legítima ambición por el poder, lo que provoca inevitablemente que su discurso esté desvirtuado por tal fin.

Si en política actuar de cara a la galería es norma constante de comportamiento, es en estas dos sesiones parlamentarias en las que tal hipocresía se sublima de la mano de sus contendientes, conscientes ambos de lo que se juegan. Prueba de lo poco que importa nuestro país en todo este guirigay es el vicio recurrente de absolutamente todos los medios de comunicación por encontrar un vencedor en esta pugna anual, Confidencial incluido.

Al final, pierde España, de puro olvidada que queda.

La farsa trajo, no obstante, en la primera de sus jornadas celebrada ayer -la única que realmente concita el interés general-, un nuevo intento por parte de José Luis Rodríguez Zapatero de encauzar la difícil situación económica española, cuestión que ocupó la mayor parte de su discurso matutino. Pues bien, a primera vista se pueden extraer tres conclusiones preliminares del conjunto de las propuestas presentadas.

La primera es que un cambio de modelo productivo nunca, jamás de los jamases, se produce incentivando a corto plazo la recuperación de aquellos elementos que configuraron el errado modelo anterior. Es lo que, paradójicamente, se pretende con la abolición de las deducciones fiscales a la compra de la primera vivienda, sobre la que volveré más adelante.

La segunda hace referencia a que las políticas que permiten la consecución de tan ambicioso objetivo son siempre de largo plazo y no están vinculadas a un gasto corriente sino a inversión productiva, aunque ésta provenga de la Administración que, se lo crean nuestros gobernantes o no, también puede ser el caso. Pasa con todo lo vinculado a la educación, que carece de un Plan concreto que permita abordar el problema de España en su conjunto.

Tercera y última, las medidas han de ser realistas y no voluntaristas, de forma tal que se adecúen a la realidad social a fin de fomentar un cambio y no al revés, esto es: propugnen un cambio que no encuentre refrendo de la ciudadanía, por imposibilidad de ésta de materializarlo que es lo que, a priori, se deriva del brindis al Sol que suponen las rebajas impositivas para aquellas PYMES que logren mantener empleo. Como si dependiera de ellas.

Quizá la medida estrella, la que mayor repercusión tuvo al menos ayer en nuestro medio, es la que hace referencia a la modificación tributaria que afecta a la adquisición de la residencia habitual.

Una iniciativa extraña, como ya hemos señalado, que persigue, junto con la rebaja de los tipos de interés y la caída en el precio de las casas, incentivar la demanda a corto plazo.

Una propuesta curiosa, toda vez que: uno, dada la coyuntura económica actual, la fiscalidad se convierte en un elemento de decisión residual para todos aquellos que no tienen asegurada su renta disponible en el tiempo; dos, permitirá en el mejor de los casos adecuar la oferta a la demanda pero no conseguirá hacer despertar al sector, toda vez que en segunda vivienda quedan pisos todos los que se quieran y más y los factores demográficos que pueden ayudar a consolidar el ánimo comprador se han desvanecido en los últimos meses; tres, es una medida que desincentiva el ahorro a largo plazo, fuente de riqueza propia y ajena.

Tendría más sentido mantener el status quo actual pero vinculado a la obligatoriedad de mantener la propiedad del activo en un plazo de tiempo determinado o castigar la especulación por la vía de la intervención de la fe pública en todo el proceso de gestión inmobiliaria. Se me ocurre.

Choca, por tanto, que ése sea, precisamente, el elemento más innovador del discurso del Presidente del Gobierno. Lo que, a su vez, lleva inevitablemente a pensar que aquí hay gato encerrado. Y, efectivamente, lo hay.

Porque, vamos a ver: el crédito promotor que hubiera entrado en mora el año pasado lleva aparejado, a cierre de 2008, cambalaches de adjudicación de activos y similares aparte, una provisión contable por el 25% de su valor.

Pero, ah amigo, ¿qué ocurre con el 75% restante? Pues que, de acuerdo con el calendario hasta ahora en vigor, debería ir contra la cuenta de resultados de las bancos y cajas tan tarde como en 2009, salvo que el deudor pueda hacer frente a sus pagos, claro está.

Un esquema que se podría perfectamente repetir en 2009-2010.

Estamos hablando de una exposición total de 300.000 millones de euros de los que fácilmente la mitad es susceptible de incurrir en algún tipo de retraso en el cumplimiento bien de los intereses, bien del principal. 150.000 millones de dotación potencial que, aunque reviertan con el tiempo en forma de beneficios igualmente contables y extraordinarios, son muchos, demasiados, para el conjunto del sistema financiero. Un problema principal que supera con creces a las adjudicaciones de inmuebles en el balance y a la necesidad de quitárselos de encima cuanto antes.

No les quepa, por tanto, la menor duda: se trata de un balón de oxígeno para las inmobiliarias, de acuerdo.

Pero de salir bien, cosa que no tengo clara, beneficia en última instancia a unas entidades que necesitan como agua de mayo los beneficios de su cuenta de resultados para poder hacer frente al sombrío panorama que tienen encima en términos tanto de solvencia como de liquidez.

¿Cómo les suena?

Ya saben que el refranero castellano afirma: piensa mal y acertarás. Pues ya saben por dónde van los tiros. En Estados Unidos, basta con un stress test público, y más que maquillado, de la banca para dejar a todo el mundo contento, hasta el punto de que el Secretario del Tesoro sale reforzado del proceso, veremos por cuánto tiempo.

Sin embargo aquí un gobierno socialista no puede permitirse un guiño abierto al sector bancario por lo que, ya se sabe: a dárnoslas con queso.

Porque, la verdad, lo conocido hasta ahora de la propuesta es como de chiste: ¿nadie se ha parado a pensar la absoluta incongruencia que supone que un trabajador con una renta bruta anual de 17.000 euros, de facto un mileurista en términos netos, pueda deducirse más de 9.000 por adquisición de su vivienda habitual?

Que hemos pasado de la progresividad del impuesto a la estulticia tributaria en un abrir y cerrar de ojos, oiga.

Pero bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver.

Así nos va.

Una nueva teoría conspiratoria encima de la mesa.

Se abre el telón.

S. McCoy

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