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El fin del trabajo |
Mientras quede para subsidios todo ira bien
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, insistió hoy en que la Seguridad Social tendrá superávit este año y afirmó que los pensionistas pueden estar seguros, este año, en 2010 y hasta 2025.
Así respondió el ministro en el Pleno del Congreso al diputado popular Tomás Burgos que le preguntó en qué se basaba para descalificar las previsiones hechas por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre el futuro de la Seguridad Social.
Corbacho dijo que respeta las informaciones que vengan de cualquier institución, y máxime si vienen del Banco de España, pero que las previsiones de la Seguridad Social son de superávit para este ejercicio.
El ministro acusó al PP de crear alarmismo e incertidumbre y de "dar por amortizados cuatro millones de parados", cuando "todavía no hemos llegado", y dijo que el partido de la oposición parece tener una "especie de inquietud y prisa" por la validación del principio "de cuanto peor mejor".
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Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
Un trabajador cargará con dos jubilados. O las pensiones se recortan a la mitad o la población activa redobla su aportación al sistema: mantener como hasta ahora las prestaciones a los jubilados tiene un precio. Que España destina más del 8% de su Producto Interior Bruto (PIB) a sufragar el gasto en pensiones públicas llama la atención, aunque sólo sea por lo abultado de la cifra. Que dentro de quince años será el país del mundo más envejecido, tras Japón, incluso entristece.
Pero que en diez años, el 40% de la población será jubilada y los bolsillos de los trabajadores tendrán que pagar sus pensiones adquiere ya otro cariz.
En plena guerra de cifras sobre la salud de las cuentas de la Seguridad Social, los expertos advierten de que la demografía es tozuda: si no hay reformas de por medio, cada trabajador alimentará a dos jubilados en 2050.
¿Le preocupa?
Al Banco de España, sí. Hasta el punto que el gobernador de la entidad emisora, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo, el 15 de abril, de que «en un año» la Seguridad Social podría entrar en pérdidas.
Para el Ejecutivo lanzar este mensaje es «irresponsable», a la vez que «alarmista».
Si cuatro millones de personas ya no pegan ojo a causa del paro, el mensaje del gobernador podría frustrar el sueño a los ocho millones y medio de pensionistas –la mitad jubilados– que hay en España, un revuelo nada apropiado tras una crisis de Gobierno.
Donde el ministro de Trabajo ve un sistema de pensiones «fuerte» y «vigoroso», el Banco de España atisba focos incendiarios, que deben sofocarse con reformas «imperiosas».
Los ingresos, en tasas negativas
¿Y qué dice la Seguridad Social?
El debilitado consumo de las familias ha lastrado los pedidos de la industria, lo que ha supuesto el cierre forzoso de miles de empresas.
Entre enero de 2009 y el mismo mes de 2008 desaparecieron del mapa 78.800 sociedades.
Sólo por este concepto se estima que la caja dejará de percibir, al menos, 5.857 millones de euros este año, una cifra similar al superávit que espera el Gobierno.
La consecuencia directa es una intensa destrucción de empleo, que avanza a ritmos interanuales del 6%, y que ya priva a las arcas públicas de las aportaciones de más de un millón de trabajadores.
El resultado: mientras los gastos reales del organismo crecen por encima del 10%, en tasa interanual, los ingresos en caja marcan mínimos negativos. Las expectativas no son halagüeñas.
Debido a esta grieta, y en un contexto recesivo, el sistema seguirá perdiendo cotizantes, a la vez que aumenta la grasa del paro e, irremediablemente, la población cumple años.
En la actualidad, la tasa de dependencia (relación entre el número de mayores de 65 años y la población potencialmente trabajadora) es del 25%.
Es decir, hay un trabajador por cada cuatro pensionistas.
Si no se aborda ninguna reforma, como alargar la edad legal de retiro para retener durante más tiempo a la masa trabajadora, en 2050 el 66% de los españoles estará ya totalmente apartado del mercado laboral y el gasto en pensiones se habrá duplicado, hasta rozar el 14% del PIB.
Pero no hace falta ir tan lejos.
Los expertos tienen clavada la mirada en 2020, fecha en la que comenzará a jubilarse la generación del baby boom (los nacidos en la década de los sesenta).
Estas oleadas de trabajadores son las que realmente pondrán a prueba la capacidad de resistencia de la Seguridad Social.
Provienen de familias numerosas, pero no han colaborado a retroalimentar el sistema, porque tienen pocos hijos.
El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), centro investigador al servicio de la Hacienda Pública, señala que la tasa de dependencia rondará el 30% ó el 40% para entonces.
Eso sí, siempre que no acontezca una «drástica pérdida de la ocupación», debido a la crisis doméstica, pues el número de activos disminuiría hasta el punto de que cada trabajador cargará con un jubilado. Relación uno a uno.
La última proyección de gasto de la Comisión Europea señala que cuando los baby boomers se retiren –hay que recordar que los trabajadores abandonan el mercado laboral al menos dos años antes de los 65–, el gasto comenzará a crecer, aunque de modo estable.
Pero hecha la estadística, hecha la trampa.
Los técnicos del IEF advierten de que se trata de un escenario muy «optimista», ya que esta previsión parte de que la tasa de paro española será del 7%, un escenario difícil de creer.
La solución, según Concepció Patxot, coautora del informe Sipes, un modelo de gasto de la seguridad Social del propio IEF, concluye que el futuro pasa bien por rebajar a la mitad la cuantía de las pensiones o, en su defecto, redoblar las cotizaciones sociales que soportan trabajadores y empresas, una conclusión que también comparten Analistas Financieros Internacional, el Instituto de Estudios Económicos y los expertos de la División Financiera de la OCDE.
Para rizar el rizo, los inmigrantes, llegados a España por la falta de mano de obra, están pisando los talones a la generación del baby boom. Y junto a ellos, reclamarán su pensión las mujeres que, masivamente desde los setenta, se fueron incorporando al mercado laboral.
El impacto de ambos colectivos no está debidamente contabilizado.
«Ninguna previsión ha tenido en cuenta la entrada de 600.000 extranjeros cada año», achacan los analistas.
Aunque no hay recetas mágicas para salir del atolladero, lo ideal sería que España se planteara, al menos, tres cambios: llevar a toda la vida laboral el periodo de referencia para el cálculo de la pensión (en vez de tener en cuenta los últimos quince años como ahora); fomentar el ahorro privado para que cada persona se responsabilice de su retiro, y retrasar en varias fases la edad de jubilación, de modo que alcance los 70 años.
El economista de la OCDE Pablo Antolín advierte de que retrasar estos cambios supondría la quiebra del sistema.
A expensas de que Bruselas publique el 5 de mayo sus proyecciones revisadas sobre el gasto en pensiones, Antolín se sorprende de que se tilden de «catastrofistas» las conclusiones de los principales organismos internacionales.
«Cuando el Gobierno dice que las pensiones están garantizadas, estoy de acuerdo que en cierto sentido lo están», explica en alusión al plano cortoplacista.
«Pero eso no quita para que el gasto en pensiones y los déficit estructurales sigan aumentando», concluye.
En plena guerra de cifras sobre la salud de las cuentas de la Seguridad Social, los expertos advierten de que la demografía es tozuda: si no hay reformas de por medio, cada trabajador alimentará a dos jubilados en 2050.
¿Le preocupa?
Al Banco de España, sí. Hasta el punto que el gobernador de la entidad emisora, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo, el 15 de abril, de que «en un año» la Seguridad Social podría entrar en pérdidas.
Para el Ejecutivo lanzar este mensaje es «irresponsable», a la vez que «alarmista».
Si cuatro millones de personas ya no pegan ojo a causa del paro, el mensaje del gobernador podría frustrar el sueño a los ocho millones y medio de pensionistas –la mitad jubilados– que hay en España, un revuelo nada apropiado tras una crisis de Gobierno.
Donde el ministro de Trabajo ve un sistema de pensiones «fuerte» y «vigoroso», el Banco de España atisba focos incendiarios, que deben sofocarse con reformas «imperiosas».
Los ingresos, en tasas negativas
¿Y qué dice la Seguridad Social?
El debilitado consumo de las familias ha lastrado los pedidos de la industria, lo que ha supuesto el cierre forzoso de miles de empresas.
Entre enero de 2009 y el mismo mes de 2008 desaparecieron del mapa 78.800 sociedades.
Sólo por este concepto se estima que la caja dejará de percibir, al menos, 5.857 millones de euros este año, una cifra similar al superávit que espera el Gobierno.
La consecuencia directa es una intensa destrucción de empleo, que avanza a ritmos interanuales del 6%, y que ya priva a las arcas públicas de las aportaciones de más de un millón de trabajadores.
El resultado: mientras los gastos reales del organismo crecen por encima del 10%, en tasa interanual, los ingresos en caja marcan mínimos negativos. Las expectativas no son halagüeñas.
Debido a esta grieta, y en un contexto recesivo, el sistema seguirá perdiendo cotizantes, a la vez que aumenta la grasa del paro e, irremediablemente, la población cumple años.
En la actualidad, la tasa de dependencia (relación entre el número de mayores de 65 años y la población potencialmente trabajadora) es del 25%.
Es decir, hay un trabajador por cada cuatro pensionistas.
Si no se aborda ninguna reforma, como alargar la edad legal de retiro para retener durante más tiempo a la masa trabajadora, en 2050 el 66% de los españoles estará ya totalmente apartado del mercado laboral y el gasto en pensiones se habrá duplicado, hasta rozar el 14% del PIB.
Pero no hace falta ir tan lejos.
Los expertos tienen clavada la mirada en 2020, fecha en la que comenzará a jubilarse la generación del baby boom (los nacidos en la década de los sesenta).
Estas oleadas de trabajadores son las que realmente pondrán a prueba la capacidad de resistencia de la Seguridad Social.
Provienen de familias numerosas, pero no han colaborado a retroalimentar el sistema, porque tienen pocos hijos.
El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), centro investigador al servicio de la Hacienda Pública, señala que la tasa de dependencia rondará el 30% ó el 40% para entonces.
Eso sí, siempre que no acontezca una «drástica pérdida de la ocupación», debido a la crisis doméstica, pues el número de activos disminuiría hasta el punto de que cada trabajador cargará con un jubilado. Relación uno a uno.
La última proyección de gasto de la Comisión Europea señala que cuando los baby boomers se retiren –hay que recordar que los trabajadores abandonan el mercado laboral al menos dos años antes de los 65–, el gasto comenzará a crecer, aunque de modo estable.
Pero hecha la estadística, hecha la trampa.
Los técnicos del IEF advierten de que se trata de un escenario muy «optimista», ya que esta previsión parte de que la tasa de paro española será del 7%, un escenario difícil de creer.
La solución, según Concepció Patxot, coautora del informe Sipes, un modelo de gasto de la seguridad Social del propio IEF, concluye que el futuro pasa bien por rebajar a la mitad la cuantía de las pensiones o, en su defecto, redoblar las cotizaciones sociales que soportan trabajadores y empresas, una conclusión que también comparten Analistas Financieros Internacional, el Instituto de Estudios Económicos y los expertos de la División Financiera de la OCDE.
Para rizar el rizo, los inmigrantes, llegados a España por la falta de mano de obra, están pisando los talones a la generación del baby boom. Y junto a ellos, reclamarán su pensión las mujeres que, masivamente desde los setenta, se fueron incorporando al mercado laboral.
El impacto de ambos colectivos no está debidamente contabilizado.
«Ninguna previsión ha tenido en cuenta la entrada de 600.000 extranjeros cada año», achacan los analistas.
Aunque no hay recetas mágicas para salir del atolladero, lo ideal sería que España se planteara, al menos, tres cambios: llevar a toda la vida laboral el periodo de referencia para el cálculo de la pensión (en vez de tener en cuenta los últimos quince años como ahora); fomentar el ahorro privado para que cada persona se responsabilice de su retiro, y retrasar en varias fases la edad de jubilación, de modo que alcance los 70 años.
El economista de la OCDE Pablo Antolín advierte de que retrasar estos cambios supondría la quiebra del sistema.
A expensas de que Bruselas publique el 5 de mayo sus proyecciones revisadas sobre el gasto en pensiones, Antolín se sorprende de que se tilden de «catastrofistas» las conclusiones de los principales organismos internacionales.
«Cuando el Gobierno dice que las pensiones están garantizadas, estoy de acuerdo que en cierto sentido lo están», explica en alusión al plano cortoplacista.
«Pero eso no quita para que el gasto en pensiones y los déficit estructurales sigan aumentando», concluye.
¿De dónde salen tantos parados?
La publicación de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2009 ha venido a constatar el rápido deterioro de las magnitudes del mercado laboral español.
El número total de parados alcanza ya 4,01 millones de personas, una cifra que el Gobierno dijo no se iba a alcanzar este año, el número de ocupados se ha reducido en más de 1,3 millones y la tasa de paro se sitúa en el 17,4%, muy cerca ya del 18% que algunos pronosticamos se superaría este año. El número de parados ha crecido desde el primer trimestre de 2008 a una tasa que produce escalofríos, 84,5%, y la caída de la ocupación ha sido igualmente brutal, 6,43%.
En la conferencia de prensa mantenida con ocasión de la visita del presidente ruso Medvédev a España, el presidente del Gobierno afirmó que la evolución del paro en los próximos meses dependerá de la evolución de la población activa que, según el señor Rodríguez Zapatero, está registrando un fuerte crecimiento a causa de la “importante incorporación de personas que demandan empleo por primera vez”.
Respondía así a la pregunta formulada por un periodista el mismo día en que se había conocido el aumento del número de parados registrados en febrero (154.058 nuevos parados), a los que el mes de marzo sumó otros 136.000 parados más.
¿Estaba en lo cierto el presidente?
Veamos que nos dicen los datos disponibles de 2008 y 2009.
La población activa, es verdad, ha crecido a tasas (interanuales) elevadas en los tres últimos trimestres: 2,88%, 1,21% y 2,33%.
En el tercer trimestre de 2008, el número de parados aumentó en 806.900 y el empleo se redujo en 164.300 trabajadores, con un incremento de la población activa de 642.600.
En el cuarto trimestre, la cifra de parados aumentó en 1.280.300, el número de ocupados cayó en 620.100 y la población activa aumentó en 660.200.
Y, en el primer trimestre de este año, los parados aumentaron en 1.836.500, los ocupados cayeron en 1.311.500 y el aumento de los activos ha caído hasta 525.000.
Estas cifras dejan muy claro que el aumento del número de parados se explica principalmente por la fuerte destrucción de empleo, aunque también es verdad que un buen número de los nuevos parados no son ocupados que perdieron su trabajo.
De hecho, por cada puesto de trabajo perdido aparecieron 5 parados nuevos en el tercer trimestre de 2008.
La situación se ha invertido significativamente y en el primer trimestre de 2009 por cada 3 ocupados menos hay 4 parados adicionales.
Pero todavía el aumento de parados excede en 525.000 la reducción del número de ocupados.
¿Dependerá, como afirmó el presidente, la evolución del paro en los próximos trimestres de la marcha de la población activa, impulsada por “la importante incorporación de personas que demandan empleo por primera vez”?
La respuesta es no.
En primer lugar, la destrucción de puestos de trabajo, no el aumento de la población activa, es la principal causa del avance del paro.
En segundo lugar, el desglose que hace la EPA por sectores desmiente la afirmación de que sea la “importante incorporación” de personas que buscan primer empleo la causa del aumento del paro: únicamente 101.700 personas, el 5,54% del incremento de parados, responden a ese perfil.
Descartada esta posibilidad, hay que preguntarse de dónde han salido tantos parados que no han perdido su puesto de trabajo.
Una fracción sustancial, 159.100, son personas que han decidido abandonar la inactividad y regresar al mercado laboral; y el resto, 365.900, corresponden al aumento de la población mayor de 16 años impulsada por el aumento (277.200) de la población de origen extranjero.
Previsiones pesimistas
¿Cómo evolucionarán los tres componentes que están propulsando el aumento del paro en los próximos trimestres?
A pesar de las medidas de estímulo adoptadas, la destrucción de puestos de trabajo va a continuar en los próximos trimestres a buen ritmo y no se puede descartar que acabemos el año con 5 millones de parados.
En cuanto a los otros dos, cabe pensar que se atenuará el flujo de llegadas a pesar del diferencial que separa la renta media de España del nivel de muchos de los países de origen.
Poco puede hacer el Gobierno para detener la llegada de inmigrantes procedentes de otros países de la UE, pero sí debería establecer controles más eficaces y selectivos para impedir la entrada a inmigrantes no comunitarios mientras continúe destruyéndose empleo.
Sorprende que, en plena recesión, se estén produciendo trasvases tan notables desde la población inactiva, cuando cabría esperar exactamente lo contrario.
El Gobierno debería, en este caso, prestar más atención a los efectos perversos que pueden originar algunas de sus bienintencionadas iniciativas.
Ofrecer subvenciones a las empresas para contratar a parados o exigir a los municipios que los 8.000 millones del fondo de “inversión” se destinen a obras que empleen a parados invita a los empresarios a sustituir a sus actuales empleados por desocupados para así cobrar las subvenciones u obtener las adjudicaciones.
Tampoco prolongar las prestaciones a los desempleados aumentará los incentivos para encontrar trabajo ni detendrá el trasvase de inactivos. No todas las políticas que relucen ayudan a reducir el paro.
El número total de parados alcanza ya 4,01 millones de personas, una cifra que el Gobierno dijo no se iba a alcanzar este año, el número de ocupados se ha reducido en más de 1,3 millones y la tasa de paro se sitúa en el 17,4%, muy cerca ya del 18% que algunos pronosticamos se superaría este año. El número de parados ha crecido desde el primer trimestre de 2008 a una tasa que produce escalofríos, 84,5%, y la caída de la ocupación ha sido igualmente brutal, 6,43%.
En la conferencia de prensa mantenida con ocasión de la visita del presidente ruso Medvédev a España, el presidente del Gobierno afirmó que la evolución del paro en los próximos meses dependerá de la evolución de la población activa que, según el señor Rodríguez Zapatero, está registrando un fuerte crecimiento a causa de la “importante incorporación de personas que demandan empleo por primera vez”.
Respondía así a la pregunta formulada por un periodista el mismo día en que se había conocido el aumento del número de parados registrados en febrero (154.058 nuevos parados), a los que el mes de marzo sumó otros 136.000 parados más.
¿Estaba en lo cierto el presidente?
Veamos que nos dicen los datos disponibles de 2008 y 2009.
La población activa, es verdad, ha crecido a tasas (interanuales) elevadas en los tres últimos trimestres: 2,88%, 1,21% y 2,33%.
En el tercer trimestre de 2008, el número de parados aumentó en 806.900 y el empleo se redujo en 164.300 trabajadores, con un incremento de la población activa de 642.600.
En el cuarto trimestre, la cifra de parados aumentó en 1.280.300, el número de ocupados cayó en 620.100 y la población activa aumentó en 660.200.
Y, en el primer trimestre de este año, los parados aumentaron en 1.836.500, los ocupados cayeron en 1.311.500 y el aumento de los activos ha caído hasta 525.000.
Estas cifras dejan muy claro que el aumento del número de parados se explica principalmente por la fuerte destrucción de empleo, aunque también es verdad que un buen número de los nuevos parados no son ocupados que perdieron su trabajo.
De hecho, por cada puesto de trabajo perdido aparecieron 5 parados nuevos en el tercer trimestre de 2008.
La situación se ha invertido significativamente y en el primer trimestre de 2009 por cada 3 ocupados menos hay 4 parados adicionales.
Pero todavía el aumento de parados excede en 525.000 la reducción del número de ocupados.
¿Dependerá, como afirmó el presidente, la evolución del paro en los próximos trimestres de la marcha de la población activa, impulsada por “la importante incorporación de personas que demandan empleo por primera vez”?
La respuesta es no.
En primer lugar, la destrucción de puestos de trabajo, no el aumento de la población activa, es la principal causa del avance del paro.
En segundo lugar, el desglose que hace la EPA por sectores desmiente la afirmación de que sea la “importante incorporación” de personas que buscan primer empleo la causa del aumento del paro: únicamente 101.700 personas, el 5,54% del incremento de parados, responden a ese perfil.
Descartada esta posibilidad, hay que preguntarse de dónde han salido tantos parados que no han perdido su puesto de trabajo.
Una fracción sustancial, 159.100, son personas que han decidido abandonar la inactividad y regresar al mercado laboral; y el resto, 365.900, corresponden al aumento de la población mayor de 16 años impulsada por el aumento (277.200) de la población de origen extranjero.
Previsiones pesimistas
¿Cómo evolucionarán los tres componentes que están propulsando el aumento del paro en los próximos trimestres?
A pesar de las medidas de estímulo adoptadas, la destrucción de puestos de trabajo va a continuar en los próximos trimestres a buen ritmo y no se puede descartar que acabemos el año con 5 millones de parados.
En cuanto a los otros dos, cabe pensar que se atenuará el flujo de llegadas a pesar del diferencial que separa la renta media de España del nivel de muchos de los países de origen.
Poco puede hacer el Gobierno para detener la llegada de inmigrantes procedentes de otros países de la UE, pero sí debería establecer controles más eficaces y selectivos para impedir la entrada a inmigrantes no comunitarios mientras continúe destruyéndose empleo.
Sorprende que, en plena recesión, se estén produciendo trasvases tan notables desde la población inactiva, cuando cabría esperar exactamente lo contrario.
El Gobierno debería, en este caso, prestar más atención a los efectos perversos que pueden originar algunas de sus bienintencionadas iniciativas.
Ofrecer subvenciones a las empresas para contratar a parados o exigir a los municipios que los 8.000 millones del fondo de “inversión” se destinen a obras que empleen a parados invita a los empresarios a sustituir a sus actuales empleados por desocupados para así cobrar las subvenciones u obtener las adjudicaciones.
Tampoco prolongar las prestaciones a los desempleados aumentará los incentivos para encontrar trabajo ni detendrá el trasvase de inactivos. No todas las políticas que relucen ayudan a reducir el paro.
La recesión de nunca acabar: el paro seguirá creciendo hasta 2011. ¿Se imaginan un país en el que todos los días se cerrara una empresa del tamaño de Ford España? Sería, desde luego, un escándalo nacional.
Pues eso es, exactamente, lo que está sucediendo actualmente en este país. En lo que va de año, cada día se están destruyendo más de 8.000 puestos de trabajo.
Y no sólo eso.
La sangría del desempleo lejos de haber tocado techo tiene todavía mucho recorrido al alza.
¿Cuánto? ¿4,5 millones de parados, ¿5 Millones? O incluso más...
Nadie lo sabe, pero lo que está fuera de toda duda es que los peores escenarios se están cumpliendo.
Un detalle.
El pasado miércoles el Fondo Monetario Internacional presentaba su World Economic Outlook, y entre sus estimaciones para España preveía que el desempleo alcanzara el 17,7% en 2009 en media anua.
Pues bien, tan sólo 48 horas después de que los economistas del FMI hicieran públicas sus previsiones, ese registro ya se ha pulverizado, y nadie duda de que el paro seguirá creciendo.
Incluso, y eso es lo más preocupante, aunque la actividad económica tocara suelo en los próximos trimestres.
Si de algo están convencidos todos los economistas -incluso los oficialistas- es que el paro seguirá creciendo este año y el próximo.
Básicamente por una razón.
Para que la economía española vuelva a generar puestos de trabajo, necesita crecer por encima del 2%, y no parece que ese objetivo esté a tiro de piedra.
En el mejor de los casos, según el consenso de los expertos, hasta el año 2011 no se podrá recuperar ese nivel de actividad.
Sin duda, una mala noticia que pone de relieve la intensidad de la recesión, que no sólo está siendo extremadamente intensa (es probable que el PIB haya decrecido cerca de un 4% en el primer trimestre), sino que, además, será anormalmente larga.
Algo que supone una auténtica novedad.
La experiencia de los últimos 60 años en las economías desarrolladas muestra que las recesiones suelen durar entre cuatro y cinco trimestres, pero posteriormente vienen periodos de crecimiento que suelen durar cuatro y seis años.
En el caso español, como ha puesto de manifiesto el Servicio de Estudios de la Caixa, desde principios de los años 70 (no hay series trimestrales de contabilidad nacional para fechas anteriores), la economía española ha atravesado por cuatro recesiones.
Y una característica común a todas ellas es la duración relativamente breve de las mismas, entre 9 y 12 meses, “de manera que en comparación con el resto de las economías de la OCDE, la española es una de las que menos tiempo ha estado en recesión en los últimos cuarenta años”.
En esta recesión, sin embargo, nadie apuesta por una salida en uve, y el mejor argumento para demostrarlo es que, de lo contrario, ya se divisaría la salida del túnel.
Y eso, hoy por hoy, no parece factible.
Existe un cierto consenso entre los especialistas que el suelo de la actual fase recesiva se alcanzará entre el segundo y el tercer trimestre de este año, pero a partir de ahí, no parece probable una recuperación robusta.
España estará en el suelo algún tiempo.
Principalmente debido a una razón: el motor de la recuperación debe venir desde el sector exterior, y tal y como ha puesto de manifiesto el FMI, las principales economías desarrolladas (hacia las que se dirige el 90% de las ventas exteriores) seguirán con la recesión en sus talones en 2010.
Un escenario dramático
Quiere decir esto que el mercado laboral español se dirige a un escenario verdaderamente dramático, y no sólo en términos cuantitativos.
También, cualitativos, como puso ayer de manifiesto la Encuesta de Población en la rúbrica que da cuenta del paro de larga duración.
Según esos datos, al contrario de lo que sucedió en anteriores periodos recesivos, el fenómeno del paro no se debe fundamentalmente a la entrada al mercado laboral de nuevos colectivos, sino a la pérdida de empleo, lo cual es sustancialmente más significativo.
Dicho en cifras.
De los 4 millones de parados que refleja la EPA del tercer trimestre, nada menos que 3,71 millones han trabajado anteriormente. Y de ellos, 977.500 llevan más de un año buscando un puesto de trabajo.
Es decir, que ya hay casi un millón de parados de larga duración, cuando todavía quedan varios trimestres de recesión.
Otros 864.000 trabajadores llevan buscando un empleo entre seis y doce meses, lo que significa que a comienzos del año que viene –si no cambia rápidamente el ciclo- habrá prácticamente dos millones de parados de larga duración, con lo que ello supone desde el punto de vista de la protección social y de la desestructuración social.
Un escenario complicado que es consecuencia de un ritmo de destrucción de empleo verdaderamente inusual tratándose de una economía desarrollada.
Un dato revelador.
En los últimos cinco trimestres, la economía española ha destruido 1,5 millones de empleos.
Es decir, la mitad de los que fue capaz de crear desde el primer trimestre de 2004.
De un máximo del 20,5 millones de empleos, se ha pasado a poco más de 19 millones de ocupados.
Un ritmo verdaderamente frenético que no sólo ha convertido a España en el país con más paro de la OCDE; sino que, además, ostenta el récord de tener el mercado laboral más precario.
Pese a que el aumento del paro se está cebando en los contratos eventuales, todavía el 25% de los asalariados tiene una relación contractual de naturaleza temporal.
Todo un récord.
Poco empleo y de mala calidad.
Y no sólo eso.
La sangría del desempleo lejos de haber tocado techo tiene todavía mucho recorrido al alza.
¿Cuánto? ¿4,5 millones de parados, ¿5 Millones? O incluso más...
Nadie lo sabe, pero lo que está fuera de toda duda es que los peores escenarios se están cumpliendo.
Un detalle.
El pasado miércoles el Fondo Monetario Internacional presentaba su World Economic Outlook, y entre sus estimaciones para España preveía que el desempleo alcanzara el 17,7% en 2009 en media anua.
Pues bien, tan sólo 48 horas después de que los economistas del FMI hicieran públicas sus previsiones, ese registro ya se ha pulverizado, y nadie duda de que el paro seguirá creciendo.
Incluso, y eso es lo más preocupante, aunque la actividad económica tocara suelo en los próximos trimestres.
Si de algo están convencidos todos los economistas -incluso los oficialistas- es que el paro seguirá creciendo este año y el próximo.
Básicamente por una razón.
Para que la economía española vuelva a generar puestos de trabajo, necesita crecer por encima del 2%, y no parece que ese objetivo esté a tiro de piedra.
En el mejor de los casos, según el consenso de los expertos, hasta el año 2011 no se podrá recuperar ese nivel de actividad.
Sin duda, una mala noticia que pone de relieve la intensidad de la recesión, que no sólo está siendo extremadamente intensa (es probable que el PIB haya decrecido cerca de un 4% en el primer trimestre), sino que, además, será anormalmente larga.
Algo que supone una auténtica novedad.
La experiencia de los últimos 60 años en las economías desarrolladas muestra que las recesiones suelen durar entre cuatro y cinco trimestres, pero posteriormente vienen periodos de crecimiento que suelen durar cuatro y seis años.
En el caso español, como ha puesto de manifiesto el Servicio de Estudios de la Caixa, desde principios de los años 70 (no hay series trimestrales de contabilidad nacional para fechas anteriores), la economía española ha atravesado por cuatro recesiones.
Y una característica común a todas ellas es la duración relativamente breve de las mismas, entre 9 y 12 meses, “de manera que en comparación con el resto de las economías de la OCDE, la española es una de las que menos tiempo ha estado en recesión en los últimos cuarenta años”.
En esta recesión, sin embargo, nadie apuesta por una salida en uve, y el mejor argumento para demostrarlo es que, de lo contrario, ya se divisaría la salida del túnel.
Y eso, hoy por hoy, no parece factible.
Existe un cierto consenso entre los especialistas que el suelo de la actual fase recesiva se alcanzará entre el segundo y el tercer trimestre de este año, pero a partir de ahí, no parece probable una recuperación robusta.
España estará en el suelo algún tiempo.
Principalmente debido a una razón: el motor de la recuperación debe venir desde el sector exterior, y tal y como ha puesto de manifiesto el FMI, las principales economías desarrolladas (hacia las que se dirige el 90% de las ventas exteriores) seguirán con la recesión en sus talones en 2010.
Un escenario dramático
Quiere decir esto que el mercado laboral español se dirige a un escenario verdaderamente dramático, y no sólo en términos cuantitativos.
También, cualitativos, como puso ayer de manifiesto la Encuesta de Población en la rúbrica que da cuenta del paro de larga duración.
Según esos datos, al contrario de lo que sucedió en anteriores periodos recesivos, el fenómeno del paro no se debe fundamentalmente a la entrada al mercado laboral de nuevos colectivos, sino a la pérdida de empleo, lo cual es sustancialmente más significativo.
Dicho en cifras.
De los 4 millones de parados que refleja la EPA del tercer trimestre, nada menos que 3,71 millones han trabajado anteriormente. Y de ellos, 977.500 llevan más de un año buscando un puesto de trabajo.
Es decir, que ya hay casi un millón de parados de larga duración, cuando todavía quedan varios trimestres de recesión.
Otros 864.000 trabajadores llevan buscando un empleo entre seis y doce meses, lo que significa que a comienzos del año que viene –si no cambia rápidamente el ciclo- habrá prácticamente dos millones de parados de larga duración, con lo que ello supone desde el punto de vista de la protección social y de la desestructuración social.
Un escenario complicado que es consecuencia de un ritmo de destrucción de empleo verdaderamente inusual tratándose de una economía desarrollada.
Un dato revelador.
En los últimos cinco trimestres, la economía española ha destruido 1,5 millones de empleos.
Es decir, la mitad de los que fue capaz de crear desde el primer trimestre de 2004.
De un máximo del 20,5 millones de empleos, se ha pasado a poco más de 19 millones de ocupados.
Un ritmo verdaderamente frenético que no sólo ha convertido a España en el país con más paro de la OCDE; sino que, además, ostenta el récord de tener el mercado laboral más precario.
Pese a que el aumento del paro se está cebando en los contratos eventuales, todavía el 25% de los asalariados tiene una relación contractual de naturaleza temporal.
Todo un récord.
Poco empleo y de mala calidad.
La crisis económica ha llevado al Estado a incurrir en déficit en tan sólo tres meses y ha supuesto la reducción del superávit de la Seguridad Social en un 24,1 por ciento. Las cuentas del Estado registraron hasta marzo un déficit de contabilidad nacional de 7.586 millones de euros, el 0,69 por ciento del PIB, lo que contrasta con el superávit de 3.387 millones conseguido en los tres primeros meses de 2008. En términos de caja -que computa los ingresos y los pagos cuando se efectúan, y no cuando se comprometen-, el Estado tuvo ya entre enero y marzo un déficit del 11.345 millones de euros, frente al superávit de 1.272 millones que alcanzó en el mismo periodo de 2008.
señaló en rueda de prensa el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, el déficit del Estado debe analizarse teniendo en cuenta el aumento del gasto que han provocado las diferentes medidas que el Gobierno ha tomado para aumentar la liquidez de las empresas y las familias.
Así, insistió en que se están destinando muchos recursos a medidas "paliativas", que ayuden a afrontar el momento "más álgido" de la crisis, entre las que citó el Fondo de Inversión Local, y que deberán desaparecer cuando se inicie la recuperación.
No obstante, admitió que la caída de la recaudación de impuestos se debe a la debilidad de la economía y refleja tanto la flojedad de la actividad y del mercado laboral como la atonía del consumo.
Así, los ingresos no financieros del Estado se redujeron el 18,1 por ciento con respecto al primer trimestre de 2008, un 11,9 por ciento si de deduce la participación de las Administraciones Territoriales en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales.
Ocaña reconoció que el Gobierno tendrá que revisar no sólo sus previsiones de evolución del PIB, sino también las de déficit, a la vista de la evolución económica, y se hará cuando el Ejecutivo apruebe el techo de gasto para el año que viene, una cifra que, aseguró, aún está sin cerrar.
La última previsión oficial del Gobierno, hecha en enero, calculaba para este año un déficit del conjunto de las administraciones del 5,8 por ciento del PIB, aunque el Banco de España ya advirtió el mes pasado de que este saldo negativo podría alcanzar el 8 por ciento.
En cualquier caso, Ocaña consideró "razonable" que España se vea obligada a reconducir el déficit del conjunto de sus cuentas públicas de aquí a 2012, para que ese año esté por debajo del 3 por ciento, como así lo ha ordenado la Unión Europea al abrir a este país un procedimiento sancionador por su déficit excesivo.
Reequilibrar las cuentas
El Gobierno está obligado tanto internamente como con la UE a reequilibrar sus cuentas porque el déficit debe ser "excepcional" y no estructural, señaló Ocaña.
Para ello, advirtió de que España deberá hacer "esfuerzos importantes en la contención del gasto", mientras se espera que los ingresos vayan recuperándose a medida que la economía va saliendo de la crisis.
Los ingresos obtenidos a través del IRPF disminuyeron el 9,7 por ciento, afectados, según Ocaña, por la pérdida de empleo y por la moderación salarial, aunque también por el impacto "muy significativo" de la deducción de 400 euros aprobada el año pasado.
Mientras, los ingresos por IVA bajaron el 26,2 por ciento, lo que refleja por una parte las devoluciones mensuales por este tributo -que están suponiendo 600 millones de euros al mes-, aunque también denota la "reducción generalizada" del consumo.
La crisis también ha hecho mella en la Seguridad Social, que ha visto reducir su superávit hasta marzo en casi una cuarta parte.
Así, el saldo positivo de Seguridad Social fue hasta marzo de 8.249,24 millones de euros, lo que supone el 24,16 por ciento menos con respecto al mismo periodo de 2008, según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Este superávit fue resultado de unos ingresos de 31.008 millones de euros, que disminuyeron el 2,51 por ciento, frente a unos gastos de 22.758,76 millones de euros, que aumentaron el 8,73 por ciento.
Así, insistió en que se están destinando muchos recursos a medidas "paliativas", que ayuden a afrontar el momento "más álgido" de la crisis, entre las que citó el Fondo de Inversión Local, y que deberán desaparecer cuando se inicie la recuperación.
No obstante, admitió que la caída de la recaudación de impuestos se debe a la debilidad de la economía y refleja tanto la flojedad de la actividad y del mercado laboral como la atonía del consumo.
Así, los ingresos no financieros del Estado se redujeron el 18,1 por ciento con respecto al primer trimestre de 2008, un 11,9 por ciento si de deduce la participación de las Administraciones Territoriales en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales.
Ocaña reconoció que el Gobierno tendrá que revisar no sólo sus previsiones de evolución del PIB, sino también las de déficit, a la vista de la evolución económica, y se hará cuando el Ejecutivo apruebe el techo de gasto para el año que viene, una cifra que, aseguró, aún está sin cerrar.
La última previsión oficial del Gobierno, hecha en enero, calculaba para este año un déficit del conjunto de las administraciones del 5,8 por ciento del PIB, aunque el Banco de España ya advirtió el mes pasado de que este saldo negativo podría alcanzar el 8 por ciento.
En cualquier caso, Ocaña consideró "razonable" que España se vea obligada a reconducir el déficit del conjunto de sus cuentas públicas de aquí a 2012, para que ese año esté por debajo del 3 por ciento, como así lo ha ordenado la Unión Europea al abrir a este país un procedimiento sancionador por su déficit excesivo.
Reequilibrar las cuentas
El Gobierno está obligado tanto internamente como con la UE a reequilibrar sus cuentas porque el déficit debe ser "excepcional" y no estructural, señaló Ocaña.
Para ello, advirtió de que España deberá hacer "esfuerzos importantes en la contención del gasto", mientras se espera que los ingresos vayan recuperándose a medida que la economía va saliendo de la crisis.
Los ingresos obtenidos a través del IRPF disminuyeron el 9,7 por ciento, afectados, según Ocaña, por la pérdida de empleo y por la moderación salarial, aunque también por el impacto "muy significativo" de la deducción de 400 euros aprobada el año pasado.
Mientras, los ingresos por IVA bajaron el 26,2 por ciento, lo que refleja por una parte las devoluciones mensuales por este tributo -que están suponiendo 600 millones de euros al mes-, aunque también denota la "reducción generalizada" del consumo.
La crisis también ha hecho mella en la Seguridad Social, que ha visto reducir su superávit hasta marzo en casi una cuarta parte.
Así, el saldo positivo de Seguridad Social fue hasta marzo de 8.249,24 millones de euros, lo que supone el 24,16 por ciento menos con respecto al mismo periodo de 2008, según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Este superávit fue resultado de unos ingresos de 31.008 millones de euros, que disminuyeron el 2,51 por ciento, frente a unos gastos de 22.758,76 millones de euros, que aumentaron el 8,73 por ciento.
El superávit de la Seguridad Social baja un 24,1% en un año. La Seguridad Social tuvo un superávit de 8.249,24 millones de euros hasta marzo, lo que supone el 24,16% menos que en el mismo periodo de 2008, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN).
Los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria, según Trabajo, alcanzarán un importe de 1.028 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit. En términos de caja, la recaudación de la Seguridad Social fue de 29.205,87 millones de euros, un 0,35% más que en el mismo periodo de 2008, mientras que los pagos sumaron 22.598,41 millones, un aumento del 8,97%.
El saldo de 8.249,24 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 31.008,00 millones de euros que registran un descenso del 2,51% y unas obligaciones reconocidas de 22.758,76 millones de euros, con un aumento del 8,73% en relación al mismo periodo del año anterior. Estas operaciones no financieras se concretan en una recaudación liquida de 29.205,87 millones de euros, con un aumento interanual del 0,35%, mientras que los pagos presentan un crecimiento del 8,97% alcanzando los 22.598,41 millones de euros.
Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,12% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 8,88% restante a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cuanto a las obligaciones, el 94,99% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 5,01% por las mutuas.
Cotizaciones
Las cotizaciones sociales han ascendido a 26.208,86 millones de euros, lo que representa una disminución interanual de 2,39 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. En conjunto, la Seguridad Social prevé ingresar este ejercicio un total de 112.436,60 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, los ingresos por cotizaciones representan, a fin del mes de marzo, el 23,31% de lo previsto para todo 2009.
Las transferencias corrientes se elevan a 3.445,29 millones, con un descenso interanual del 8,95%. Ello se debe, básicamente, a la disminución de las transferencias recibidas del Estado para la financiación del nivel no contributivo en un 4,88%, porcentaje en el que incide el distinto calendario en la ejecución presupuestaria, repercusión que desaparecerá a lo largo del ejercicio.
La variación interanual del 1,37% que registran los ingresos patrimoniales hasta alcanzar 826,67 millones de euros, se debe fundamentalmente al incremento de los intereses generados por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Gastos no financieros
Las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 21.311,90 millones de euros, cifra que representa un 93,64% del gasto realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 20.410,97 millones de euros corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 8,11%.
A finales de marzo las pensiones y prestaciones no contributivas registraron un importe de 900,93 millones de euros, con un crecimiento interanual del 11,57%, correspondiendo a prestaciones familiares 391,15 millones de euros, que se incrementan en un 18,52% en relación al mismo periodo del año anterior.
El saldo de 8.249,24 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 31.008,00 millones de euros que registran un descenso del 2,51% y unas obligaciones reconocidas de 22.758,76 millones de euros, con un aumento del 8,73% en relación al mismo periodo del año anterior. Estas operaciones no financieras se concretan en una recaudación liquida de 29.205,87 millones de euros, con un aumento interanual del 0,35%, mientras que los pagos presentan un crecimiento del 8,97% alcanzando los 22.598,41 millones de euros.
Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,12% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 8,88% restante a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cuanto a las obligaciones, el 94,99% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 5,01% por las mutuas.
Cotizaciones
Las cotizaciones sociales han ascendido a 26.208,86 millones de euros, lo que representa una disminución interanual de 2,39 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. En conjunto, la Seguridad Social prevé ingresar este ejercicio un total de 112.436,60 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, los ingresos por cotizaciones representan, a fin del mes de marzo, el 23,31% de lo previsto para todo 2009.
Las transferencias corrientes se elevan a 3.445,29 millones, con un descenso interanual del 8,95%. Ello se debe, básicamente, a la disminución de las transferencias recibidas del Estado para la financiación del nivel no contributivo en un 4,88%, porcentaje en el que incide el distinto calendario en la ejecución presupuestaria, repercusión que desaparecerá a lo largo del ejercicio.
La variación interanual del 1,37% que registran los ingresos patrimoniales hasta alcanzar 826,67 millones de euros, se debe fundamentalmente al incremento de los intereses generados por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Gastos no financieros
Las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 21.311,90 millones de euros, cifra que representa un 93,64% del gasto realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 20.410,97 millones de euros corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 8,11%.
A finales de marzo las pensiones y prestaciones no contributivas registraron un importe de 900,93 millones de euros, con un crecimiento interanual del 11,57%, correspondiendo a prestaciones familiares 391,15 millones de euros, que se incrementan en un 18,52% en relación al mismo periodo del año anterior.
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