Colombia pidió disponer de un crédito de 10.400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para blindarse ante posibles adversidades económicas, como ya hicieron México y Polonia.
Esta nueva línea de crédito, solicitada por el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, "facilitará el acceso al financiamiento externo de las empresas y el gobierno, a un menor costo", según anunciaron las instituciones.
Sin embargo, Bogotá aclaró que, de aprobarse, el préstamo sólo se hará efectivo ante alguna "eventualidad de un escenario externo más adverso" y el dinero estaría disponible por un año.
"Hemos hecho esta petición para blindar al país frente a la escalada de la crisis global", dijo el responsable de Hacienda, Oscar Zuluaga.
Sin necesidad de reformas
Con esta nueva línea de créditos el FMI renunció a las condiciones que tradicionalmente ponía a países en vías de desarrollo.
Dada la peculiaridad de este tipo de ayudas, Colombia no estaría obligada a realizar reformas en su economía ni a alcanzar metas específicas.
"Colombia tiene una trayectoria sostenida de políticas económicas apropiadas, así como fundamentos económicos y marcos institucionales muy sólidos", manifestó Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI.
Tras los pasos de México
El país andino es el tercero que pide sumarse a la línea de préstamos abierta por la institución para asistir a economías en vías de desarrollo en plena crisis financiera.
El primero en solicitar ayuda y el único que por ahora recibió el visto bueno del FMI fue México, que podrá recibir hasta US$47.000 millones en caso de emergencia.
Igual que Colombia, México aclaró que sólo utilizaría el crédito eventualmente para facilitar recursos a las compañías en dificultades por la crisis económica.
El corresponsal de la BBC en México, Stephen Gibbs, considera que con estos préstamos, el FMI quiere mostrar que pedir un crédito ya no debe ser un estigma para los países.
Polonia fue el segundo país en reclamar la ayuda al FMI, y otros países del este de Europa y de América Latina podrían sumarse en las próximas semanas a la iniciativa del Fondo.
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Sospechas de corrupción sobre los hijos del presidente de Colombia. Los hijos del presidente colombiano, Álvaro Uribe, se enriquecieron por decisiones de funcionarios que les permitieron obtener un beneficio del 10.000% en la negociación de unos terrenos, denunció el lunes un medio de comunicación de ese país, acusación que los concernidos negaron.
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miércoles, 22 abril, 2009
El teleinformativo Noticias Uno dijo que la operación comenzó en 2006, cuando los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe compraron dos lotes en la periferia oeste de Bogotá, cuyo valor se multiplicó por 100 cuando la autoridad fiscal y aduanera (DIAN) los declaró "zona franca" con beneficios para sus inversores.
El terreno de 32 hectáreas fue adquirido por 8.600 millones de pesos (3,7 millones de dólares) por una fiducia que conformaron una empresa de la que los hijos del mandatario son accionistas mayoritarios y un banco privado, agregó Noticias Uno. Un día antes de la decisión de la DIAN, la compañía de los hermanos Uribe fue escindida en dos, transfiriéndose a una de las nuevas empresas los derechos fiduciarios de las tierras.
Esos derechos estaban valorados en 33,9 millones de pesos (unos 14.500 dólares), pero cuando fueron cedidos pasaron a costar casi 3.093 millones de pesos (1,3 millones de dólares). "En unas horas el valor de esa inversión se multiplicó por 100. Una utilidad cercana al 10.000 por ciento", escribió el director de Noticias Uno, Daniel Coronel, en una columna publicada este lunes.
Los hermanos Uribe negaron haber pedido la aprobación de la "zona franca" y descalificaron la denuncia. "Es una investigación cargada de imprecisiones, de información mal intencionada y tendenciosa", dijo Tomás Uribe. Los hijos del presidente se han visto envueltos en varias polémicas por su participación en negocios sospechosos de tráfico de influencias, según opositores al gobierno.
A finales de noviembre, en medio de una de las controversias, el mandatario anunció que revelaría las declaraciones de renta de su familia, pero la senadora opositora Cecilia López, que pidió los documentos, dijo el lunes que aún no los recibió.
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Colombia: Polémica por presunto enriquecimiento de hijos de Uribe. Crece la polémica en Colombia por el presunto enriquecimiento ilícito de los hijos del presidente Álvaro Uribe quienes, según denunció el periodista Daniel Coronell, han recibido un millonario beneficio por algunas decisiones de funcionarios públicos.
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miércoles, 22 abril, 2009
Según Coronell, el padre y el hermano de la esposa del mandatario Álvaro Uribe, junto con los hermanos Uribe, Tomás y Jerónimo, son dueños de una empresa denominada Residuos Ecoeficiencia, en la que los hijos del presidente colombiano, son propietarios de más del 60 por ciento de la compañía.
Según las investigaciones del periodista colombiano, la citada empresa compró en el año 2006 unas tierras rurales (cerca de 32 hectáreas) que después, en el año 2008, fueron declaradas como Zona Franca Permanente, según una resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La junta de Residuos Ecoeficiencia autorizó al representante legal, Tomás Uribe Moreno, para suscribir un contrato "para la compra de los terrenos El Paraíso y San Laureano en Mosquera (Cundinamarca)".
En virtud de ese contrato nació el "Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera", que compró las dos propiedades por un valor que sobrepasa los 8 mil 600 millones de pesos (cerca de tres millones 739 mil 130 dólares).
"Allí funciona la planta de Residuos Ecoeficiencia, pero a los terrenos restantes no se les veía mayor utilización. Dos determinaciones tomadas meses después por el municipio de Mosquera, cuyo alcalde era el constructor Álvaro Rozo Castellanos, abrieron la perspectiva del negocio", refiere el periodista.
Según las indagaciones del profesional de la comunicación, en el año 2007 el alcalde Álvaro Rozo, emitió un decreto que, según reza en documentos de la DIAN, expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. "Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros cuadrados", explicó.
"En octubre de 2007, otra vez la alcaldía de Álvaro Rozo, a través de la Secretaría de Planeación, autorizó la subdivisión de los lotes pedida por Tomás Uribe", detalló en su artículo, el periodista colombiano Daniel Coronell.
Residuos Ecoeficiencia, la empresa donde poseen un 60 por ciento Tomás y Jerónimo Uribe, autorizó cambios en el contrato FC-Lotes Mosquera. "Gracias a esos cambios, los terrenos fueron entregados en comodato a una nueva sociedad llamada Zona Franca de Occidente (ZFO)".
De acuerdo a las investigaciones del periodista, "Con los papeles en regla, ZFO solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas su concepto para la aprobación del proyecto. Esa comisión está integrada por altos subalternos del Presidente: el Ministro de Comercio, el Ministro de Hacienda, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el director de la Dian y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República".
En defintiva, "Residuos Ecoeficiencia fue constituida con 10 millones de pesos (cuatro mil 347 dólares aproximadamente) en el año 2003, cuando los hermanos Uribe aún eran estudiantes universitarios".
En la actualidad, "el capital pagado de sus empresas sobrepasa los mil millones de pesos (cerca de 434 mil 782 dólares), dos de ellas tienen superávit de capital que suman cuatro mil 200 millones de pesos (un millón 826 mil 86 dólares aproximados), y son dueños del 12 por ciento de Promotora Gransabana, una empresa que, a través de otro fideicomiso, compró otro lote, éste ubicado en Tocancipá y avaluado preliminarmente en 22 mil millones de pesos (unos nueve millones 565 mil 217 dólares aproximados).
Declaraciones de Renta y Pirámides
La familia del mandatario colombiano también ha sido vinculada con una de las mayores estafas económicas colombianas, por tener presuntos vínculos en negocios con David Murcia Guzmán, (DMG) ex jefe de una "pirámide financiera".
Por su parte , la senadora colombiana, Cecilia López, solicitó las declaraciones de renta del Presidente y sus hijos cuando se hizo el debate de las pirámides. Pero las declaraciones nunca aparecieron.
Esta parlamentaria durante un debate económico, expuso información sobre enormes privilegios que tienen los empresarios en las zonas francas.
Los senadores colombianos Jorge Enrique Robledo y Cecilia López, resaltaron la importancia de hacer un debate político en el Congreso para que los miembros de la comisión que declaró la Zona Franca den explicaciones al respecto.
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Colombia y EEUU reactivarán conversaciones sobre TLC. La embajadora de Colombia en Estados Unidos, Carolina Barco, dijo que el mandatario estadunidense Barack Obama ordenó reactivar las conversaciones para un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países.
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jueves, 23 abril, 2009
"(Obama) dio instrucciones al representante comercial, Ron Kirk, para que se inicien los contactos correspondientes con Colombia sobre el TLC", dijo Barco a medios radiofónicos colombianos.
El convenio, suscrito por ambos países, no ha sido ratificado por el congreso estadounidense, lo que impide su puesta en marcha, ante cuestionamientos de los legisladores demócratas sobre derechos humanos en Colombia.
La diplomática afirmó que Kirk se reunirá con el jefe de la cartera de Comercio e Industria colombiano, que integra la misión del gobierno del presidente Alvaro Uribe, para impulsar el TLC en Estados Unidos.
"El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia esta vivo", expresó la embajadora.
"Los contactos comenzarán en firma a partir de hoy (sábado) entre Kirk y el ministro de Comercio y Industria (de Colombia), Luis Guillermo Plata", agregó.
Barco, que acompaña a Uribe en la V Cumbre de las Américas, dijo que los representantes del gobierno también se reunirán con senadores demócratas y republicanos para conseguir el respaldo al TLC con Colombia.
En Colombia, sindicalistas y sectores de la oposición rechazan el TLC con el argumento de que afectará la pequeña y mediana empresa en el país.
(Xinhua)
Colombia: Atrapados en un círculo interminable de violencia y pobreza, millones de colombianos se han visto forzados a abandonar sus lugares de origen para sumarse al universo de víctimas por el conflicto armado y las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno. Como una realidad inocultable, las principales urbes del país exhiben hoy a miles de familias errantes en busca de protección, lo cual acentúa su desarraigo.
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jueves, 23 abril, 2009
Estadísticas especializadas refieren que en el período comprendido entre 1985 y 2008 el desplazamiento forzoso afectó a más de cuatro millones de personas que, en promedio, integran más de 900 mil familias.
Según reveló en su más reciente informe la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el número de desplazados internos en el país creció un 24,4 por ciento de 2007 a 2008 debido fundamentalmente a una reagrupación de nuevas bandas conformadas por ex paramilitares y el conflicto armado.
De acuerdo con la fuente, cientos de miles de personas se han visto obligados a abandonar sus hogares o trabajo, quienes viven en condiciones críticas de pobreza y marginalidad.
CODHES informó que los desplazados pasaron de 305 mil 638 en 2007 a 380 mil 863 personas en 2008, más del 50 por ciento de ellas mujeres y niñas.
Ello equivale a 76 mil 172 núcleos familiares obligados a abandonar sus hogares o trabajo para sumarse al universo de víctimas por este flagelo.
El informe refiere que al menos un 17 por ciento de dos mil 100 mujeres entrevistadas el pasado año por la Defensoría del Pueblo admitieron situaciones de desplazamiento forzado como consecuencia de agresiones y violencia sexual.
Según CODHES, la tasa de desplazamiento se incrementó de 713 personas por cada 100 mil habitantes en 2007 a 888 el año anterior.
De esa manera, este fenómeno refleja la consolidación de hegemonía armadas ilegales tras cruentas luchas, en las cuales la población campesina se convirtió en objetivo militar y sus tierras en botín de guerra, dijo Jorge Rojas, director de CODHES, al presentar la víspera el informe en una rueda de prensa.
De acuerdo con la organización no gubernamental, las regiones más afectadas por el desplazamiento fueron Bogotá (56 mil 87 persosnas), Antioquia (51 mil 918), Valle del Cauca (31 mil 527), Magdalena (27 mil 256), Nariño (24 mil 662), Cauca (16 mil 344) y Córdoba (12 mil 879).
En la zona de Guaviare, sur del país, el desplazamiento se debe a la fuerte presencia de unidades del ejército en lucha contra las guerrillas, lo cual ha provocado la salida de campesinos para evitar quedar en medio de combates entre los bandos, puntualizó Rojas.
En Córdoba, el problema obedece a un reagrupamiento de grupos armados, añadió.
En ese contexto, más de 13 mil indígenas fueron forzados el pasado año a huir de sus tierras, lo que equivale a un 3,5 por ciento del total de la población desplazada en el país.
Ello, según expertos y organizaciones de derechos humanos, acrecienta su exterminio y fragmentación, lo cual provoca una emergencia humanitaria en 34 pueblos indígenas inmersos en las regiones más azotada por la violencia.
Por otra parte, CODHES advierte que el desplazamiento se agravó en regiones donde se implementó una política de fumigaciones aéreas y erradicación manual de cultivos de uso ilícito.
Al menos, señala, unas 13 mil 450 personas huyeron en forma masiva, aduciendo falta de garantías para su vidas como consecuencias de operaciones militares, con la consiguiente afectación a su soberanía alimentaria.
A ello se agrega que desde el año 2000 unas 385 mil familias rurales abandonaron 5,5 millones de hectáreas, lo que representa 10,8 por ciento del área agropecuaria colombiana.
Sin embargo, acorde con denuncias, estas tierras pasaron a otras manos, lo que para muchos constituye una expropiación, método recurrente en varias regiones del país.
De ahí que también el desplazamiento esté asociado a intereses de grupos económicos nacionales e internacionales, que promueven macroproyectos, explotación de recursos naturales e imposición de monocultivos para la producción de agrocombustibles.
Al prevalecer las condiciones de violencia en gran parte del territorio nacional, alerta CODHES, esto se convierte en una oportunidad para imponer modelos económicos en zonas donde la presencia de indígenas, afrodescendientes y campesinos resulta incómoda.
Estas denuncias constituyen una alerta a la continuidad del desplazamiento y sus graves consecuencias políticas, sociales y económicas, y a la vez implican un reconocimiento a la lucha de las organizaciones desplazadas y movimientos sociales para avanzar en los derechos de las víctimas.
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