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La encrucijada de las cajas |
La polémica desatada en torno a la proyectada fusión entre Unicaja y Caja Castilla-La Mancha para aliviar la delicada situación financiera de la última ha reavivado el debate sobre la configuración de las cajas de ahorro y el juego de intereses que inspiran su operativa.
La intervención política que se adivina en la operación entre Unicaja y CCM es un duro golpe a los esfuerzos de profesionalización y modernización realizados en los últimos años. La sombra partidista ha llegado, incluso, a frustrar intentos de fusión. El más reciente, el de las vascas BBK y Kutxa, del que se había descolgado Caja Vital también por la politización.
La naturaleza de las cajas dificulta una reforma profunda de sus estructuras, pues requiere voluntad política. Y ésta ha ido menguando al tiempo que las entidades aumentaban su músculo financiero y su capacidad para financiar los grandes proyectos impulsados por las diferentes administraciones.
La atomización del sector, donde conviven más de 45 entidades, ha contribuido a su crecimiento desaforado: desde 2006, las cajas han abierto 1.600 nuevas oficinas y han contratado 6.000 nuevos empleados, hasta alcanzar la cifra de casi 132.000. Su papel asciende ya a más del 50% del sistema financiero español.
Las propias cajas han reclamado una reducción de la presencia política. La propuesta del presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, de reducir el peso político en los consejos hasta un 25% de los representantes frente al 50% actual para evitar que las pugnas entre dirigentes autonómicos, provinciales y locales por sus parcelas de poder bloqueen la toma de decisiones , va en la buena dirección, pero se antoja insuficiente para promover órganos de gobierno más reducidos, más eficientes y, sobre todo, no sometidos a los designios de los políticos de turno.
Lo deseable es que el Gobierno aproveche esta oportunidad para emprender una reforma de la regulación de las cajas que ponga fin a su ambigua configuración jurídica. Tampoco hay que olvidar que las fusiones no son en sí mismas un maná. De nada servirán si no están basadas en la lógica financiera ni logran economías de escala que permitan ganar competitividad. Debe evitarse cargar facturas adicionales a los contribuyentes. La precariedad de algunas cajas, acentuada por la injerencia política, debería ser una oportunidad para racionalizar el sistema financiero y no para contaminarlo más.

Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
Así, Bancaja ha recibido 1.498,8 millones; La Caixa, 1.338 millones y Caja Madrid, 1.320.3 millones. En su conjunto, ocho entidades han superado los 1.000 millones de adjudicación, como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), al recibir 1.315,3, Banesto (1.301 millones), Sabadell (1.237,1), Caixa Catalunya (1.024,5) y Bankinter (1.013 millones).
Durante su primera comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para informar de la evolución del fondo, Vegara ha considerado que tanto la instrumentación del fondo como el resultado de las subastas "merece una valoración positiva", ya que ha permitido inyectar al sistema financiero español 19.341 millones de euros, que han llegado a un número de entidades "relativamente elevado" en función de su actividad crediticia.
¿Qué es el Fondo de ayuda a la banca?
El fondo estatal de ayuda a la banca (llamado oficialmente Fondo para la Adquisición de Activos Financieros) se aprobó el pasado mes octubre y su principal objetivo es comprar títulos a la banca a cambio de activos para dotar de más liquidez a las entidades gracias al dinero público. Con esta inyección de liquidez, el Gobierno busca que los bancos reactivaran la concesión de préstamos a familias y empresas.
El importe total del fondo está valorado en unos 30.000 millones de euros, aunque es ampliable hasta los 50.000 millones de euros, cuya financiación corre a cargo a los Presupuestos Generales del Estado y mediante deuda emitida por el Tesoro. Una vez devuelto el dinero prestado por el Gobierno, las entidades podrán recuperar sus activos.
En noviembre y diciembre, se realizaron dos subastas del fondo de ayuda por un montante total de 9.300 millones de euros en activos de de máxima calidad, según explica el Gobierno. Otras dos subastas tuvieron lugar en el pasado mes de enero que se saldaron con una valor de unos 10.000 millones de euros.
Por su parte, el margen de explotación fue de 596,3 millones de euros, con una variación positiva del 13,1 por ciento. El resultado recurrente o típico de la actividad de intermediación bancaria -252 millones de euros- fue muy similar al del año anterior, al aumentar un uno por ciento.
El índice de morosidad creció hasta el 2,18 por ciento -desde el 0,62 por ciento del ejercicio precedente-, que resulta un 42 por ciento inferior a la morosidad media del sector. La tasa de cobertura de la morosidad, a su vez, es del 151 por ciento, una de las más altas del sistema financiero.
'Core capital'
El coeficiente de capital básico o 'core capital' se sitúa, por su parte, en el 10 por ciento y el nivel de apalancamiento o endeudamiento -activo total/capital básico-, una de las variables más analizadas en estos momentos, es del 12,8 por ciento, muy reducido comparativamente en el marco del sistema financiero español o internacional.
Unicaja cuenta a cierre de ejercicio con "una holgada posición de liquidez", tal y como destacaron desde la entidad financiera. La relación depósitos/créditos es del 99,5 por ciento y las líneas de liquidez abiertas disponibles por la entidad superan los 4.000 millones de euros.
Volumen de negocio
En cuanto al volumen de negocio, la inversión crediticia llegó a 25.423 millones de euros, con un crecimiento del 3,4 por ciento. El crédito con garantía hipotecaria fue el que reflejó un mayor incremento, el 6,7 por ciento.
Por último, los recursos ajenos ascendieron a 27.565 millones de euros, un tres por ciento más, y la cartera de valores contrajo su volumen a 4.197 millones de euros, con una disminución del 14 por ciento.
Aunque el Gobierno se resiste a reconocerlo oficialmente, numerosas entidades -entre ellas Sabadell, CAM y BBVA-ya han dicho en público que será inevitable que los poderes públicos acudan al rescate de los bancos y cajas en peor situación de solvencia.
El sector considera que estas inyecciones ayudarían a recapitalizar la banca española, que está en inferioridad frente a los bancos de los grandes países europeos y de EEUU, donde los Gobiernos han tomado participaciones masivas.
La cuestión es cómo llevarlo a cabo.
La propuesta de "café para todos" del Ejecutivo, que confirman haber recibido fuentes de numerosas entidades, supondría trasladar a España el modelo americano adoptado en el primer plan de rescate bancario en EEUU, el de Henry Paulson.
Allí el Estado inyectó capital a todas las entidades en función de su tamaño, normalmente a través de participaciones preferentes, para no discriminar entre buenas y malas.
"Esta alternativa se planteaba inicialmente sólo para las cajas de ahorros, cuyo control político actual hace más asumible una inyección de capital público", explican en una de las entidades consultadas. "Pero después ha tomado cuerpo la idea de extender el modelo también a los bancos, para evitar estigmatizar a las cajas y no dar la impresión de que el problema es exclusivamente de ellas", añade.
Un pool de capital público
Otra opción que se ha planteado, según las fuentes consultadas, es crear una especie de pool de capital público del que podrían disponer las entidades que lo necesitaran.
Pero esta opción no evita la dichosa "estigmatización" y, además, sería rechazada de plano por los bancos por los efectos devastadores sobre su cotización, salvo que no les quede más remedio. "Antes que eso, hay otras opciones, como reducir o suprimir el dividendo, recortar el beneficio a la mínima expresión, etc", explican en otra entidad.
Las citadas fuentes puntualizan que se trata de una "propuesta de discusión" y que no hay ninguna decisión tomada, e incluso añaden que hay división de opiniones dentro del Consejo de Ministros.
Pero los mayores bancos y cajas han expresado ya al Ejecutivo su rechazo frontal a la propuesta. "Si yo no lo necesito, ¿por qué tengo que aceptarlo? Ninguna entidad solvente acudiría al capital público salvo, claro está, que el Gobierno te obligue con los conocidos argumentos del interés general y el riesgo sistémico", sentencian en una tercera entidad.
En otra más añaden que "en Europa no se entendería muy bien una medida así, ahora que los Gobiernos están proponiendo medidas que incrementen la transparencia en el sector financiero, ya que favorece el oscurantismo y oculta a la opinión pública qué bancos o cajas tienen problemas de verdad".
Además, en EEUU al final se supo qué entidades necesitaban realmente capital público porque tuvieron que recibir otras inyecciones de emergencia.
Otras alternativas posibles
Los grandes bancos y cajas son partidarios de otros dos tipos de soluciones.
Por un lado, la fusión de las entidades con problemas con otras saneadas, siguiendo el esquema tradicional de "banco bueno-banco malo" seguido históricamente en España.
Por otro, la que el lunes planteó Francisco González, presidente de BBVA, y que es la opción preferida en el sector: la intervención directa por parte del Banco de España de las entidades que no sean viables para sanear su balance y después subastarlas al mejor postor.
Claro que esa solución tampoco es tan fácil:
"Sirve si sólo tienes que arreglar un problema, pero no 10. Es parecido a lo que pasó en EEUU cuando dejaron quebrar a Lehman Brothers. Si tienes que rescatar a muchas entidades, no vale el sistema de intervenirlas".
(continue)
"Su concurso en este tipo de situaciones se mostró eficaz en el pasado, lo que supone un activo en términos de experiencia y de reputación que puede resultar de gran utilidad", sostuvo Fernández Ordóñez, quien no obstante recalcó que los bancos y cajas de ahorros españoles no tienen activos tóxicos en sus balances.
El gobernador del Banco de España y miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) insistió en que es posible que la profundidad de la crisis económica y financiera mundial pueda implicar un proceso de reestructuración del sistema bancario español. De producirse, el Banco de España actuará de la forma que lo ha hecho siempre, con el objetivo de que ni los depositantes ni los acreedores se vean afectados. Y, por supuesto, con discreción y profesionalidad", dijo.
Una recesión "de cierta magnitud"
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, anticipó hoy una recesión "de cierta magnitud" y un periodo de baja inflación, que determinará un ritmo de crecimiento nominal "muy modesto, si no negativo", una situación que llevará, por sí sola, a un comportamiento "muy débil, o incluso negativo" de la expansión del crédito.
Fernández Ordóñez aseguró que la "fuerte contracción" de la economía española arrastra de "manera inevitable" al crédito, ya que su comportamiento responde a la presión de distintas fuerzas que operan tanto del lado de la oferta como de la demanda y que se mueven en particular sintonía con la actuación cíclica de la economía.
El gobernador del banco emisor aseguró que cuando el crecimiento del PIB se adentra en territorio negativo y aumenta el desempleo, las empresas y familias encuentran mayores dificultades para atender a los pagos que se derivan de sus deudas, y esto obliga a las entidades de crédito a derivar hacia la cobertura de una creciente morosidad de fondos que, en otras circunstancias, podrían haberse dedicado a alimentar el flujo de crédito.
En cualquier caso, matizó, no se debe pensar que porque las entidades tengan capital van a prestar más si siguen sin fiarse de determinados clientes.
Para ello, recomendó que los Estados den garantías a los bancos de que van a recuperar el dinero prestado y valoró que las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) vayan en esa línea.
Aunque insistió en que las entidades españolas todavía no han tenido ni tienen problemas, sí matizó que no van a ser inmunes a la "mayor crisis financiera internacional de la historia".
Según Fernández Ordóñez, los retos a los que se tienen que enfrentar las entidades son el alza de la morosidad, el encarecimiento de la financiación internacional y el menor negocio que obligará a la reestructuración del sistema.
En cualquier caso recordó que el Banco de España se encarga de garantizar siempre la tranquilidad de los depositantes y trata de buscar soluciones "privadas" para no tener que recurrir al dinero público.
Sus magnitudes, que a principios de 2008 apenas apuntaban en esa dirección, permiten observar hoy algunas de sus preocupaciones. La caja que preside Juan Pedro Hernández Moltó registraba en septiembre un descenso de un 75% de su beneficio, hasta los 42 millones. Un año antes había logrado una ganancia de 170 millones. La fuerte caída de los ingresos por operaciones financieras, el repunte de un 26% de las provisiones para cubrir insolvencias y los menores ingresos extraordinarios descubrían la fatal evolución de sus cuentas.
Aunque por encima de estos factores se aprecia el mal que ataca a toda la banca española, el galopante repunte de la morosidad, la mayoría ligada al mundo inmobiliario (créditos a promotores y particulares), en un escenario de agudo deterioro económico y varias suspensiones de pagos de firmas inmobiliarias. Este acusado desplome del sector inmobiliario la ha metido en una delicada situación.
Su morosidad se multiplicaba por nueve entre enero y septiembre, pasando del 0,5% al 4,57%, uno de los mayores ratios en España. En contraste, la morosidad del conjunto del sistema se situaba en septiembre en el 2,54%, y las de las cajas, en el 2,96%. Además, las provisiones con las que contaba la caja en septiembre sólo cubrían el 45% de los créditos dudosos. En diciembre de 2007 cubrían el 358%.
La foto empeoró en la recta final de 2008, cuando se acentuó la pésima coyuntura económica, aunque la caja manchega todavía no ha revelado sus cuentas de 2008. Según fuentes oficiales, su morosidad “no será la primera, ni la segunda ni la tercera peor del sistema”, por debajo del 5%.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha informará mañana jueves, día 26, en el Parlamento regional sobre la situación y la posible fusión de CCM con otras entidades de ahorro de fuera de la Comunidad Autónoma, tal y como había sido solicitado por el Grupo Parlamentario Popular.
Finalmente, ese punto será el último de los tres que conformarán el orden del día de la sesión plenaria del jueves, tal y como se acordó en la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa de esta semana.
El pleno, que se iniciará a las 10.00 horas, comenzará con la aprobación del Reglamento de la Sindicatura de Cuentas, después de haber pasado por todos los trámites parlamentarios, y continuará con un debate general, a instancias del PSOE, sobre el estado de ejecución e incidencia en Castilla-La Mancha de las obras de conducción de agua desde el trasvase Tajo-Segura a la llanura manchega.
La fusión Unicaja-CCM, apoyada por los presidentes andaluz, Manuel Chaves, y castellanomanchego, José María Barreda, llega después de que la Junta de Andalucía hubiera apostado por la unión de la malagueña Unicaja y la almeriense Cajasol, que había derivado en una polémica política sobre la ubicación de la sede de la hipotética entidad resultante.
Unicaja, que preside Braulio Medel y tiene sede en Málaga, ha explicado que de los contactos entre Unicaja y CCM "tienen conocimiento el Banco de España, el Ministerio de Economía y Hacienda y los gobiernos autonómicos de Andalucía y Castilla-La Mancha".
La posible fusión entre Unicaja y CCM crearía la quinta caja de ahorros española por volumen de depósitos de clientes y beneficios atribuidos, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), y se convertiría en la sexta del sector por volumen de créditos a la clientela.
Unicaja precisa que "tal posible proyecto de integración quedaría condicionado a los correspondientes estudios de viabilidad económica y financiera, a la aprobación de los respectivos órganos de gobierno y a las autorizaciones públicas preceptivas".
El consejo de administración de Unicaja ha sido informado hoy de los "contactos prospectivos mantenidos" con CCM y ha autorizado al presidente "para desarrollar trabajos y conversaciones pertinentes para un posible proyecto de integración entre ambas entidades".
Esta búsqueda de fórmulas que mejoren la solvencia de las cajas, a su juicio, debe hacerse con "prudencia y rigor".
Arribas, en rueda de prensa para presentar los resultados de la entidad, ha recordado que los "órganos de Gobierno de las cajas responden a una pluralidad de sectores sociales y que se accede a ellos a través de elecciones democráticas".
Al respecto, ha agregado que no entiende "algún tipo de comentarios", en referencia a las críticas del ex presidente de la Junta de Castilla y León Juan José Lucas, quien ayer aseguró en un acto en Valladolid que "alguien se cree que las cajas son suyas" y cuestionó las ganancias de algunos consejeros de estas entidades.
Arribas ha indicado que estas afirmaciones sobre los ingresos de algunos consejeros y directivos son producto de un "profundo error".
En este sentido, ha matizado que sus ingresos como presidente de Caja de Burgos en 2008 no superaron los 12.000 euros, la misma cantidad que cualquier otro consejero que haya asistido a las mismas asambleas y reuniones.
Por su parte, el director general de Caja de Burgos, Leoncio García, ha insistido en que, en base a los estudios técnicos, la mejor opción es la fusión con Cajacírculo, la segunda entidad de ahorro de la provincia burgalesa.
García ha explicado que la "opción estratégica" más ventajosa "no es otra que integrar las dos cajas de Burgos", porque ello supondría "el fortalecimiento de la solvencia, el incremento del potencial del servicio al cliente, un aumento de la capacidad de maniobra y una mejora sustancial de la posición de Burgos en el entorno financiero regional que tiende hacia la integración".
El presidente de Caja Burgos ha señalado que existen conversaciones con Cajacírculo desde las pasadas Navidades y se ha mostrado partidario del diálogo entre las dos cajas de Burgos, porque ambas entidades tienen los mejores ratios de eficiencia de la región.
En 2008, Caja Burgos acabó el ejercicio con un beneficio neto de 75,4 millones de euros, lo que supone un 30 por ciento menos que en el ejercicio anterior.
Caja Burgos ha tenido que hacer frente al incremento de la morosidad, que se sitúa en el 3 por ciento, lo que supone que se haya realizado una provisión de 137 millones de euros para insolvencias.
En lo referido al Grupo Caja Burgos, con participación en varias sociedades, los resultados negativos de algunas empresas han reducido el beneficio neto de la entidad a 59 millones de euros, lo que supone un 47 por ciento menos que el año anterior.
El director de Caja Burgos ha explicado que las principales magnitudes financieras han presentado una evolución positiva, dada la crítica situación económica y "a pesar de la cual hemos podido obtener un resultado de 75 millones de euros, que en las circunstancias actuales pude considerarse como bueno".
Leoncio García ha señalado que este año se ha optado por sacrificar el resultado en aras de un mayor saneamiento del balance, de un reforzamiento de la solvencia, "para pasar unos meses venideros de una forma más tranquila por haber reforzado las reservas".
A la Obra Social, Caja Burgos destinó el pasado año cerca de 30 millones de euros y para 2009 la previsión es destinar 26 millones.
García, tras negar que Caja Burgos haya cerrado financiación, ha reconocido que la concesión de créditos al sector inmobiliario está "prácticamente cerrada", aunque ha matizado no es así para la adquisición de viviendas por parte de familias y particulares.
Lo peor, con todo, es que el margen de intermediación de CCM es prácticamente marginal, lo cual quiere decir que Caja Castilla La Mancha no gana dinero.
Tanto el examen de las cuentas a cierre del ejercicio como el informe de PwC, que también obra en poder del Banco de España, resultan “demoledores”, según fuentes cercanas al antiguo banco emisor, y se yerguen como el gran obstáculo para que fructifique la operación de fusión por absorción que, descartada Ibercaja, se intenta ahora llevar adelante con la ayuda de la malagueña Unicaja.
“Es el Banco de España quien tiene que restablecer el equilibrio patrimonial de CCM, poniendo sobre la mesa 3.000 millones de euros, como mínimo, en ayudas para que sea posible la operación con Unicaja”.
“Difícilmente se puede apelar en estas circunstancias al Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros (FGDCA), cuyos recursos totales deben rondar los 4.100 millones”.
En estas condiciones, parece realmente complicado que Unicaja vaya a embarcarse en esa absorción sin las oportunas garantías de saneamiento público de la entidad que preside Juan Pedro Hernández Moltó.
El consejo de administración de Unicaja autorizó a Braulio Medel a mantener contactos con la CCM sobre la base de que esa operación no afecte a la solvencia, a la rentabilidad y a la liquidez de Unicaja, una trilogía que quedaría seriamente dañada con la fusión con una CCM no saneada previamente.
Peor aún que el agujero patrimonial, en opinión de las fuentes, es la situación de la cuenta de resultados de CCM al cierre del ejercicio 2008.
Y es que la entidad castellano manchega no tiene margen de intermediación, es decir, no gana dinero con el negocio típico de coger dinero con una mano y prestarlo con la otra.
“El margen de intermediación en 2008 fue prácticamente nulo”.
Y ello porque ese margen se lo comen los costes de financiar el activo.
La Caja tiene en los mercados de financiación mayorista 9.500 millones de euros, lo que quiere decir que casi la mitad de su cartera de crédito se financia en el exterior, con lo que ello supone dadas las circunstancias.
Rebaja de rating
En efecto, si la Caja tenía dificultades para financiar ese endeudamiento, la situación se ha hecho insostenible con la rebaja del rating sufrida, que ha dejado la deuda de CCM al nivel del bono basura.
Resultado: el coste de financiación se ha disparado todavía más, convirtiendo en misión imposible la tarea.
“El problema es que Caja Castilla La Mancha no tiene futuro. Así de duro es el diagnóstico. ¿Quiere el Banco de España gestionar esta situación a costa de Unicaja? Eso es apostar a una quiebra de mucha mayor proporción en un plazo de dos o tres años. Una grave irresponsabilidad”.
Ocurre que el gobernador del Banco de España quiere ocultar los resultados de una mala gestión llevada a cabo en CCM, y ello con el absurdo argumento (puesto que hay Cajas con problemas de todos los “colores” políticos) de que los gestores son socialistas y la entidad está ubicada en una Comunidad Autónoma con presidente socialista desde los inicios de la democracia.
“La solución lógica es la intervención de la Caja, como se hizo en anteriores crisis bancarias con indudable acierto”, aseguran las fuentes, que es opción a la que en los últimos días se han mostrado proclives gente como Josep Oliú, presidente del Banco Sabadell, o Francisco González, del BBVA.
El Consejo de Administración de CCM autorizó el miércoles por unanimidad a su presidente, Hernández Moltó, a negociar la “fusión” con Unicaja.
“Estamos convencidos de que este proceso interesa a la región, a nuestros clientes e impositores y a los empleados de esta caja de ahorros”, declaró un enérgico Moltó, quien, no sin fina ironía, condicionó el éxito de las negociaciones “a los requisitos técnicos de viabilidad económica y financiera, a su aprobación por los órganos de gobierno de esta entidad y a las autorizaciones de la Administración”.
El mismo día, el PP castellano manchego acusó a José María Barreda, presidente de la Comunidad, de “poner en peligro CCM para hacer ricos a unos cuantos amigos”.
Por consiguiente, ninguna actuación podrá ser atribuida a Caja Duero si previamente no ha sido comunicada por decisión de sus Órganos de Gobierno. Así, al menos, lo ha querido dejar patente la entidad a través de un comunicado a los medios.
Mientras, las cajas de Castilla y León (CyL) siguen en pleno revuelo, a la espera de que se conozca qué forma de integración buscarán, tras rechazar la “fusión virtual”.
Ayer, Cajacírculo rechazó cualquier intento de aproximación de Caja Burgos, cuyos directivos alentaron públicamente, el pasado jueves, una unión de las dos cajas burgalesas.
Cajacírculo, sin embargo, matizó que ante las insistencias de Caja Burgos, se plantearía estudiar una integración, siempre y cuando sea la entidad dominante.
Caja Burgos tiene más del doble de activos que Cajacírculo, y gana cuatro veces más, según los datos de septiembre. Mientras, Caja Duero, tras desmentir cualquier contacto a dos con Caja España, anunció que celebrará un Consejo extraordinario en la segunda semana de marzo, para definir líneas de acción en el proceso de integración de las cajas de la región.
En esta situación, nuevas voces se suman a las advertencias de la Ceca de que las fusiones, aunque pueden ser una salida a la crisis, no necesariamente tienen porque salir bien.
Ayer lo dijo el ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.
El hecho de que las fusiones se estén planteando, en su mayoría, entre cajas de la misma comunidad también genera cierto malestar entre los bancos, que recuerdan que las cajas ya tienen cuotas de mercado enormes en sus zonas de origen.
Estos movimientos, según varias fuentes, plantean problemas de competencia.
El PP arremete de nuevo contra CCM
La posible fusión de CCM con Unicaja sigue despertando las iras del PP, que acusa a los dirigentes de la caja, afines al PSOE, de mala gestión.
Ayer el PP dijo que si CCM recibe dinero público, se debería impedir que salga de la región.
El pleno del Ayuntamiento de Cuenca pidió al Consejo de la caja y a la Junta que exijan que la sede de la entidad fusionada esté en Cuenca.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pidió una reforma de la ley de cajas para garantizar la estabilidad del sector.
Toxo también defendió que el ICO no puede actuar como una banca pública.
Los presidentes de estas cajas, Braulio Medel (Unicaja) y Juan Pedro Hernández Moltó (CCM), han llegado a este principio de acuerdo que crearía una de las cinco primeras cajas de España, aunque aún no se ha firmado un protocolo, según han informado a Efe fuentes del sector.
Ahora se emprende un trabajo de análisis o prospectiva económica y aseguramiento de garantías financieras para cumplir con lo exigido por los respectivos consejos de administración, se trata de ver las casas por dentro y de chequear cuentas, indican las referidas fuentes.
El consejo de administración de Unicaja autorizó por unanimidad el pasado 19 de febrero a Medel a desarrollar los trabajos y conversaciones con CCM para la posible integración de ambas entidades, aunque condicionado a los estudios de viabilidad económica y financiera, la aprobación de los respectivos órganos de gobierno y las autorizaciones públicas preceptivas.
En el comunicado que han emitido ambas cajas hoy por separado -aunque con idéntico contenido- anunciando que tenían las bases del acuerdo, informan de que el proyecto de integración gozaría del apoyo y respaldo de las autoridades financieras competentes -entre las que está el Banco de España-, y el principio de acuerdo ha sido comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un trámite obligado.
El consejo de administración de CCM también autorizó esta integración el pasado 25 de febrero y el proceso cuenta con el visto bueno de las Juntas de Andalucía y Castilla-La Mancha.
La entidad resultante sumaría casi 1.500 oficinas en 30 provincias españolas y el extranjero, de las que más del 60 por ciento (918) corresponden a Unicaja, que tiene sucursales en territorio castellano-manchego, en especial en Ciudad Real.
La entidad tendría un activo aproximado de 60.000 millones de euros, centrados básicamente en el negocio minorista, y, según ambas entidades, el proyecto de integración "gozaría del apoyo y el respaldo de las autoridades financieras competentes, para dar lugar a una institución financiera de la máxima solvencia y fortaleza económica, no sólo para el presente, sino también para el futuro".
Las cajas sostienen que la entidad resultante de ese proceso generaría una entidad "de claro liderazgo en los mercados financieros de Andalucía y Castilla-La Mancha, pero al mismo tiempo, con una clara proyección al conjunto de España, y casi 1.500 oficinas repartidas por una treintena de provincias y en el extranjero".
Según su comunicación, el proyecto presenta manifiestas sinergias de complementariedades y potenciación de negocio, importantes ahorros de costes a medio plazo y el alcance de una dimensión crítica significativa para los mercados básicos de las entidades.
Las cajas aseguran que la propuesta "contiene el principio esencial que debe exigirse a cualquier fusión empresarial: que la misma sea un juego de suma positiva, de forma que la nueva entidad resultante ofrezca patentes ventajas adicionales a las derivadas de la mera agregación estática de las corporaciones implicadas".
CCM y Unicaja ha acordado desarrollar "con carácter inmediato" los trabajos de "due diligence" para evaluar el estado de ambas entidades y el aseguramiento de garantías financieras, de modo que satisfagan el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos por ambos Consejos para proceder a la unificación. Especial cuidado tendrá que tener Unicaja, ya que la situación patrimonial de CCM es delicada, con un agujero que podría alcanzar los 3.000 millones de euros. Se trata de una de las cajas con mayor ratio de morosidad y mayor exposición al riesgo inmobiliario.
El proceso de integración fue autorizado por el Consejo de Administración de Unicaja el pasado 19 de febrero y por el de CCM seis días después y cuenta con el visto bueno de los respectivos gobiernos autonómicos.
Las "bases del acuerdo" selladas hoy por las presidencias de ambas entidades darán lugar a "la principal institución financiera de Andalucía y Castilla-La Mancha, y una de las cinco primeras cajas de ahorros españolas".
La fusión no se ve amenazada, en principio, por trabas administrativas. En un comunicado conjunto, remitido a la CNMV, tanto Unicaja como CCM destacan que "el proyecto de integración de ambas entidades gozaría del apoyo y respaldo de las autoridades financieras competentes". Los gobiernos socialistas de Andalucía y Castilla-La Mancha ya anticiparon su visto bueno a esta operación.
El objetivo, según recoge el comunicado, es "dar lugar a una institución financiera de la máxima solvencia y fortaleza económica, no sólo para el presente, sino también para el futuro". La unión de las dos cajas crearía una entidad con 60.000 millones de activos, "centrados básicamente en el negocio minorista, de claro liderazgo en los mercados financieros de Andalucía y Castilla-La Mancha, pero al mismo tiempo, con una clara proyección al conjunto de España, y casi 1.500 oficinas repartidas por una treintena de provincias y por el extranjero".
Sin dejar de lado el frenético ritmo con el que han transcurrido las conversiones entre las dos cajas, "los necesarios trabajos de due dilligence y aseguramiento de garantías financieras" comenzarán "con carácter inmediato".
Ésta es una relación cronológica de las principales fusiones entre bancos y cajas en España desde 1999:
-15 de enero de 1999.- El Banco de Santander y el Central Hispano anuncian su fusión para crear el Banco Santander Central Hispano, el mayor banco de España.
-19 de octubre de 1999.- El BBV y Argentaria aprueban su fusión para crear el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
-11 de enero de 2000.- El BBVA absorbe a sus filiales Banco de Alicante y Banca Catalana.
-17 de enero de 2000.- Culmina el proceso de fusión entre Caja de Ahorros de Navarra y Caja de Ahorros Municipal de Pamplona que da origen a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra (Caja de Navarra)
-22 de marzo de 2000.- El BSCH termina la integración de sus dos bancos de negocios, Banco Santander de Negocios (BSN) y Banif, en la entidad, Banco BSN Banif.
-30 de mayo de 2000.- Las Cajas Rurales de Almería y Málaga inician su proceso de fusión, que culminará con la creación de la Caja Rural de Almería y Málaga.
-8 de junio de 2000.- Caixavigo e Ourense y la Caixa de Pontevedra ratifican el proyecto de fusión de las dos entidades en una nueva denominada Caixanova.
-30 de junio de 2000.- El BBVA aprueba la fusión por absorción del Banco de Comercio y del Banco de Negocios Argentaria.
-27 de octubre de 2000.- Las cajas Rurales de Almería y Málaga firman el acuerdo para su fusión en la nueva "Caja Rural de Almería y Málaga".
-6 de marzo de 2001.- Los consejos extraordinarios del Monte de Huelva y Sevilla y de Caja San Fernando de Jeréz y Sevilla aprueban comenzar el proceso de fusión de ambas entidades.
-7 de abril de 2001.- Caja Carlet aprueba la fusión con Bancaja.
-15 de mayo de 2001.- Los consejos de administración de El Monte y Caja de San Fernando aprueban su fusión.
-9 de enero de 2002.- Las cajas rurales de Huesca y Zaragoza anuncian un proyecto de fusión en una única entidad financiera, Multicaja.
-28 de junio de 2002.- El Banco de Valencia aprueba la fusión con el Banco de Murcia.
-29 de junio de 2002.- El Banco Sabadell aprueba el proyecto de fusión por absorción del Banco Herrero.
-30 de junio de 2002.- La entidad portuguesa Caixa Geral de Depósitos fusiona sus tres filiales en España: Banco Simeón, Banco de Extremadura y Banco Luso Español.
-1 de agosto de 2002.- Los consejos de administración de El Monte y Caja San Fernando aprueban reanudar su fusión, paralizada durante un año.
-14 de noviembre de 2003.- El británico Barclays Bank y el Banco Zaragozano aprueban la fusión de ambas entidades.
- 24 de abril de 2007.- La Junta de Andalucía autoriza la fusión de las cajas de ahorro El Monte y San Fernando en Cajasol.
- 24 de agosto de 2007.- Se aprueba la fusión de Cajamar y Caja Rural del Duero.
- 10 de octubre de 2008.- Se inicia el proceso de fusión de las cajas vascas BBK y Kutxa, que finalmente queda frustrado a finales de noviembre.
- 10 de octubre de 2008.- Las seis cajas de ahorros de Castilla y León anuncian su unión bajo la marca "Grupo Cajas Castilla y León" y renuncian a la fusión en una única caja regional.
- 10 de noviembre de 2008.- El Banco Popular aprueba la absorción de cuatro de sus cinco filiales regionales (Banco de Castilla, de Crédito Balear, de Galicia y de Vasconia).
- 8 de enero de 2009.- Los presidentes de las Cajas Rurales de Toledo y Albacete confirman la fusión de ambas entidades.
- 5 de febrero de 2009.- El vicepresidente segundo de Caja España, Francisco Fernández (PSOE), reconoce "contactos" con Cajastur para una posible fusión.
- 9 de febrero de 2009.- Las cajas de ahorros de Castilla y León, a excepción de Cajacírculo, rechazan el protocolo para su integración consensuado por agentes políticos, económicos y sociales de la comunidad.
-18 de febrero de 2009.- El presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, asegura que la entidad estudiará cualquier alternativa que le permita "dar un paso" que la sitúe "en el futuro".
- 19 de febrero de 2009.- El consejo de administración de Unicaja da luz verde a su presidente, Braulio Medel, para seguir con las conversaciones para su posible fusión con CCM.
- 20 de febrero de 2009.- Hernández Moltó anuncia que pedirá autorización al consejo de administración para estudiar la posible integración con Unicaja.
- 25 de febrero de 2009.- El Consejo de Administración CCM aprueba por unanimidad continuar con las conversaciones con Unicaja.
- 27 de febrero de 2009.- Cajacírculo señala que desea mantener su "independencia", pero que estaría dispuesta a absorber a Caja Burgos.
- 2 de marzo de 2009.- CCM y Unicaja comunican a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que han alcanzado "unas bases de acuerdo" para la propuesta de integración entre ambas entidades.
"El Gobierno no aprueba por deporte un decreto ley que contempla recapitalizar instituciones financieras", señaló Vegara en alusión a la normativa aprobada en octubre, tras reiterar que "lo hace como medida preventiva" y para "estar preparado".
Vegara ha añadido que, en el caso de que hubiera que llevar a cabo recapitalizaciones, se haría bajo el principio de "no discriminación" en el que se basan todo este tipo de sistemas.
Vegara, aséptico ante la fusión CCM-Unicaja
"Ni bien ni mal" en la medida en que "refuerza la solvencia y mejora la situación de competitividad" de ambas entidades. Ese ha sido el juicio de valor del secretario de Economía durante un encuentro con periodistas organizado por la Ascoiación de Periodistas de Información Económica. En esas condiciones, "bienvenida sea", ha añadido Vegara. Además ha resaltado que, dadas las características territoriales de las cajas, no debe haber problemas de "solapamiento".
A preguntas de los periodistas, el número dos de Economía ha explicado que se trata de un acuerdo entre dos partes. Que la iniciativa ha salido de ambas y que, por tanto, no hubiera tenido sentido la intervención estatal ni la acción del Fondo de Garantía de Depósito para sanear el estado financiero de la entidad.
Vegara ha puesto el acento de su explicación en que la iniciativa parte de los consejos de administración de ambas entidades y que por tanto no hacía falta hacer una intervención similar a la practicada con Banesto.
Evolución del crédito
Desde el sector de la banca hay quienes se explican que no hay tanto volumen de concesión de créditos amparados en que vale más la pena preservar la solvencia de los bancos. Desde que se desató la sequía crediticia, han sido múltiples las cavilaciones en torno a este problema. Pero el secretario de Estado de Economía ha desmentido los rumores que apuntaban a la posibilidad de implantar un coeficiente de inversión obligatoria para la banca, con el objetivo de incentivar los flujos de inversión.
¿Cascada de fusiones?
Preguntado acerca de si la fusión de hoy no supone el pistoletazo de salida para futuros movimientos del estilo, Vegara ha respondido que si esto ocurre, el Gobierno seguirá con "sumo interés" los procesos y mirará esas posibles situaciones a través de "su debido prisma".
Dado que -según ha reconocido- la situación ha cambiado mucho desde febrero del año pasado, Vegara no ha podido augurar nuevas fusiones, pero tampoco descartarlas. Lo que no ha dejado de hacer es defender la relevancia de estos temas y la voluntad del Gobierno: "Tener un sistema financiero con capacidad de acceso a los mercados internacionales y con buenos productos y precios razonables", ha añadido.
Diálogo social
El número dos de Economía también ha avanzado que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, llevará el viernes al consejo de ministros un 'orden del día' sobre las conclusiones de la negociación colectiva para su aprobación.
Se trata de siete medidas de carácter "coyuntural y urgente" que los agentes sociales han venido negociando desde febrero y en las que no han mostrado su acuerdo globalmente.
Preguntado por el déficit del Estado, Vegara ha defendido que "habrá que combinar todas las políticas posibles" para devolver a las cuentas la estabilidad presupuestaria.
La resistencia de Unicaja llegó a provocar que durante toda la jornada del viernes 27 de febrero se intensificaran los contactos entre el Banco de España y la CECA (patronal de las cajas de ahorro), orientadas a la búsqueda de algún potencial candidato alternativo a la caja andaluza, según fuentes próximas al organismo supervisor. Sin embargo, ninguno de los nombres barajados satisfizo a la casa del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Todo se precipitó el sábado, último día de febrero, festividad de Andalucía. Braulio Medel recibió la llamada en persona del ministro de Economía. El mensaje de Pedro Solbes era claro: Unicaja tenía que aceptar la absorción de CCM bajo las condiciones propuestas por el Banco de España. Es decir, tendría a su disposición un máximo de 1.000 millones, probablemente con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas, cantidad que representa casi una cuarta parte de sus recursos.
Las posibilidades de Unicaja de oponerse a la operación eran mínimas. Convencidos de esta situación, la caja andaluza pretendía obtener los recursos necesarios para digerir a CCM. Las compensaciones serán menores. En primer lugar, su presidente Medel tendrá opción de renovar en el cargo el próximo mes de enero de 2010. En segundo lugar, aunque no menos importante, Solbes se comprometió a incluir a la entidad andaluza en los futuros programas de recapitalización que actualmente estudia el Gobierno.
Al final, como puede deducirse de las notas remitidas ayer lunes al alimón por ambas entidades, la resultante de Unicaja y CCM dará lugar a una caja con un activo aproximado de 60.000 millones, donde la estructura organizativa de la caja castellano-manchega quedará integrada bajo la cúpula de su salvadora. Fusión por absorción para crear la quinta caja de ahorros del sistema. El mapa del sistema financiero empieza a cambiar.
Precisamente el broker de Caja Madrid ha acaparado los títulos que han salido a la venta en operaciones que, según las mismas fuentes, han sido para distintas manos y no para la cuenta propia del banco ya que la caja que preside Miguel Blesa tiene limitada su capacidad de tomar más posiciones en el valor.
Pero más alla del movimiento inusual de acciones, que al fin y al cabo afecta a apenas el 0,6% del valor, el principal impacto de la orden de venta se ha trasladado al precio.
La falta de liquidez ha hecho que el grupo que preside Jesús Salazar se haya dejado en el camino un 38,5% de su valor.
Para Caja Madrid, que hace mes y medio adquirió el 10,5% del capital convirtiéndose en el aliado financiero de SOS para afrtontar la compra del grupo aceitero Bertolli, el descenso de ayer supone que su participación vale 75 millones de euros menos y se queda en apenas 67,7 millones.
Un duro golpe para la caja, que ya es el segundo accionista de SOS sólo por detrás de los hermanos Jesús y Raúl Salazar, con el 18,4% y el 11,4% respectivamente.
Caja Madrid ha entrado en el capital a través de una ampliación de capital de 16,12 millones de acciones a un precio de 9,25 euros por acción. Es decir, 149,15 millones de euros.
El valor cerró ayer a 4,92 euros. Con los fondos recaudados, SOS reducirá deuda -el apalancamiento se sitúa alrededor de los 1.000 millones de euros- y consigue apoyo financiero para expandirse en los mercados estratégicos para el grupo: Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
Caja Madrid está acumulando malas noticias en las últimas semanas. Hace justo un mes presentó un beneficio atribuido de 840 millones de euros en 2008. Después de realizar unas provisiones voluntarias por 350 millones. La cifra supone un descenso del 70,6% respecto a 2007. Lo más negativo ha sido el salto de la tasa de morosidad, que se multiplica por cinco hasta el 4,87%. Mientras el volumen de negocio de la caja superó los 273.900 millones de euros, con un incremento del 7,8%.
Los resultados se comparan con el histórico resultado de 2.860 millones de euros de 2007, cuando contabilizó el impacto generado por las plusvalías obtenidas en la venta de Endesa y la salida a bolsa de Realia.
La experta de la agencia, Olga Cerqueira, apunta que "los presidentes de cada institución [...] alcanzaron un acuerdo para una posible fusión entre ambas cajas que dará lugar a una entidad con un total de activos de en torno a 60.000 millones de euros, con una posición del iderazgo en la región de Andalucía y Castilla La Mancha".
Sin embargo, la analista recuerda que "el acuerdo está condicionado a recibir las garantías financieras suficientes para asegurarse de que se crea una entidad que disfrute de una sólida calidad crediticia".
En este sentido, Moody's cree que se deteriorará la calidad del crédito de Unicaja como resultado de la integración , lo que podría incluso provocar una rebaja múltiple de escalones en el ráting si la compensación recibida no compensa el elevado perfil de riesgo de la entidad resultante.
CCM tiene una elevada exposición al sector inmobiliario -que está registrando un severo ajuste- "y ha superado la media de créditos problemáticos que está disminuyendo rápidamente la capacidad de absorción de riesgos de la caja, mientras persiste una tendencia negativa en el sistema".
Fitch Ratings ya le rebajó la calificación a CCM (Moody's no la califica) el pasado 19 de febrero, desde BBB+ a BB+, por lo que se convertía en el primer ángel caído de la banca española.
Las cajas de ahorros han creado una sociedad conjunta para aportar activos inmobiliarios con el fin de reducir riesgos y, a la vez, gestionar y comercializar estos activos, informó hoy Ahorro Corporación.
Esta institución será la encargada de intermediar y gestionar la sociedad, que se denominará Ahorro Corporación Soluciones Inmobiliarias (ACSI) y a la que, hasta el momento, 23 cajas se han comprometido aportar activos por un valor global de unos 3.000 millones de euros, en su mayoría promociones en curso y suelos.
Ahorro Corporación descartó que se trate de un vehículo para activos 'tóxicos', dado que los activos que se aporten se seleccionarán entre las cajas y serán analizados y tasados, y subrayó que la firma nace con vocación de permanencia a largo plazo.
El proyecto se completará con la utilización de la red de 17.000 sucursales que suman las 42 cajas accionistas de Ahorro Corporación como canal de venta de los activos, que podrán contar con descuentos de alrededor del 25% en el caso de las viviendas terminadas, según detalló en rueda de prensa el director general de esta institución, Antonio Fernández.
La sociedad admitirá cualquier tipo de activo sin límite, pero deberán contar con el visto bueno de las cajas partícipes y serán debidamente analizados ('due diligence') y tasados. Además, según explicó, ACSI nace con vocación de permanencia a largo plazo y no sólo ante la actual coyuntura de crisis.
El proyecto se completa con la utilización de la red de 17.000 sucursales que suman las 42 cajas accionistas de Ahorro Corporación como canal de comercialización de los activos, que se ofrecerán con descuentos, que pueden ser de un 25% en el caso de viviendas terminadas, según el directivo de Ahorro Corporación.
El accionariado de ACSI estará conformado por las cajas que aporten activos. Su participación dependerá del valor de éstos (si bien se prevé que ninguna supere el 20%) y contarán con representantes en los órganos de gobierno.
Cambios en el balance
Para las entidades financieras, la aportación de los activos supondrá sustituir en su balance el inmueble, terreno, edificio o vivienda en cuestión por una participación financiera en la sociedad, lo que permitirá reducir y diversificar riesgos "con el consiguiente efecto en el consumo de recursos propios" de las cajas, y crear valor a medio y largo plazo.
Además percibirán una remuneración acorde con su participación en la sociedad de las ganancias que se obtengan.
ACSI, que se empezó a gestar hace más un año y de cuya constitución está informado el Banco de España, nace para las 42 cajas de ahorros accionistas de Ahorro Corporación, aunque no descarta que puedan participar las dos cajas no socias, 'La Caixa' y Caja Madrid, si así lo desean.
La nueva sociedad tendrá estructura de 'holding' de forma que de ella dependerán al menos otras 23 sociedades o vehículos más. Los activos que se aporten se incluirán en una u otra firma en función de sus características de su uso y destino, de la fase de desarrollo en que se encuentren, de que necesite o no de inversión, entre otras múltiples variables, con el fin último de lograr una mejor gestión.
No se descarta salida a Bolsa
Ahorro Corporación no descarta abrir el capital de alguna de estas sociedades filiales a un inversor institucional, o "contemplar" salir a bolsa "si en un determinado momento el mercado lo admite".
Para la gestión de la nueva sociedad, la entidad asegura contar con un equipo de profesionales del sector procedentes del inmobiliario y el conocimiento de los distintos mercados geográficos de que disponen las cajas socias.
Según los datos de la CECA, CCM sería la entidad cuyos resultados en 2008 se han visto más afectados. Su beneficio atribuido se ha situado en poco más de 30 millones de euros, frente a los 233 millones que consiguió en el anterior ejercicio, por lo que baja un 86,9%. Le sigue de cerca Caja Madrid, cuyo beneficio se ha visto recortado en un 70,6%, al ganar 840,480 millones frente a los 2.860 millones logrados un año antes.
De las 45 cajas de ahorros que conforman la CECA, tan sólo siete consiguen aumentar su beneficio atribuido. BBK gana un 10,2% más en 2008 al obtener 338,724 millones frente a los 307,354 registrados en el año anterior; Caja Murcia eleva su beneficio un 6,7% al ganar 187,468 millones frente a los 175,726 millones de 2007; Caja Vital se embolsa un 4,8% más en 2008 al lograr un beneficio de 75,463 millones frente a los 72,013 millones en 2007. Caja Pollensa, Caja Santander-Cantabria y Caja Asturias cierran esta lista al ganar en 2008 un 2,9%, un 2% y un 1,3% más que en 2007.
Los resultados de Caja Castilla-La Mancha adquieren un cariz especial al enmarcarse dentro de un proceso de fusión con Unicaja que tantos ríos de tinta ha hecho correr.
La fusión
Es más, estos resultados se publican un día antes de que las Cortes, con bastante probabilidad, vuelvan a abordar este proceso entre las dos entidades a propósito de un debate solicitado por el Grupo Parlamentario Popular sobre el impacto de la crisis en las entidades financieras de la región y su repercusión en la economía regional.
El pasado día tres de marzo, Unicaja y CCM hacían pública su intención de fusión. La andaluza condiciona el acuerdo final a la revisión de las cuentas de la castellanomanchega, pero también a las “ayudas externas” que puedan facilitar una integración que no se le atragante a la saneada Unicaja.
Por el momento, y tal y como ha informado Expansión, CCM no ha entrado en pérdidas. Su beneficio atribuido se ha visto reducido, de manera notable, pero no ha caído en los 'números rojos'.
"McCoy, a la que no tienes que perder de vista es a Caja Catalunya".
Le miré con cara de póquer, consciente de que la caja catalana lleva desde hace meses en el ojo del huracán mediático.
Incluso servidor ya escribió una columna hace casi un año y medio preguntándose por el destino de la entidad.
A mi pregunta de “¿Por qué?”, juego de tahúres, mi interlocutor decidió cambiar de tema.
Estaba en su derecho.
Pero servidor ya había picado el anzuelo.
Así que ayer, que disponía de un poquito más de tiempo, me entregué a la causa de diseccionar las tripas contables y operativas de la firma presidida por Narcís Serra.
Cuál no sería mi decepción al comprobar que las Cuentas Anuales están pendientes de aprobación en la Asamblea convocada para el próximo jueves y que todo lo más que había disponible era una presentación de 18 páginas colgada en la propia web de la caja que sólo recogía las líneas principales de los resultados y del balance.
Chasco.
Aún así, del estudio del documento, no es difícil llegar, a priori, a una conclusión evidente.
Caja Catalunya no se encuentra precisamente en su mejor momento y, del análisis del entorno, se podría deducir que se está preparando el terreno para una solución de conveniencia.
Las cifras del conjunto del año así lo avalan: el margen de negocio de la entidad, que no incluye extraordinarios ni dividendos o ganancias de trading o por puesta en equivalencia, es de 1.185,5 millones de euros.
La potencial mejora de diferenciales en 2009 se verá compensada por la caída de comisiones.
Por el contrario los gastos generales suponen 726,3 millones (no es que la eficiencia sea como para sacar pecho) y, si tomamos como “pérdidas de deterioro de activos”, en una estimación extremadamente prudente, únicamente el excedente respecto a las ventas de participadas que hicieron el año pasado, 283 millones (881 dotados a lo largo de 2008 menos los extraordinarios que completan el margen ordinario), nos encontramos con que la entidad gana 176 millones de euros antes de impuestos, cifra que, suponiendo una mejora operativa del 10%, a la fuerza ahorcan, podría elevarse a 250 millones.
No está tan mal, podrían decir algunos.
Bueno, dado que la probabilidad de consecución de extraordinarios que mitiguen el efecto de las provisiones en 2009 es sustancialmente inferior a la del ejercicio anterior (no encuentra comprador para los inmuebles y los paquetes accionariales que detenta han perdido una parte sustancial de su valor) y que, por el contrario, la necesidad de nuevas provisiones aparece claramente al alza, lo cierto es que este año la Caja lo va a tener complicado para mantenerse en los números negros, salvo error u omisión.
No hay que olvidar que según esas mismas e invisibles de momento cuentas anuales, el 65% del activo crediticio del balance de la entidad es hipotecario.
35.000 millones de euros.
Cada 1% de mora son 350 millones de euros.
Además, y como el resto del sector financiero, la compañía está llevando a cabo una política de dación en pago de inmuebles cuya salida del balance dependerá del perfil de los mismos, aunque es vox populi en el mercado su excesiva concentración en el ámbito de la promoción residencial, especialmente en los últimos años.
¿Cómo valorarlos?
Tampoco se tiene en cuenta el impago que puede derivarse del resto de la financiación concedida en el sustraendo derivado de la mora.
El margen es escaso y el riesgo grande.
No es de extrañar, por tanto, que la Caja trate desesperadamente de paliar la situación a través de una auténtica economía de guerra que se concentra en tres frentes: lucha contra la mora, vía recuperaciones y anticipación de los procesos; vuelta al negocio tradicional bancario con foco en el cliente y especial cuidado de los diferenciales lo que implica el abandono de todo aquello que de exótico Caja Catalunya pudiera tener (pseudobanca de inversión, trading de renta variable o de divisas exóticas, fondos alternativos e incluso las hipotecas multidivisa); contracción de costes salvaje que afecta a todos los ámbitos de actividad y al dimensionamiento de la red.
Prueba de que, pese al alarde de liquidez que la entidad presidida por Piano Man hace en su documento preliminar, la preocupación principal dentro de la casa es la solvencia y no la disponibilidad de efectivo.
En cualquier caso, un montón de batallas que veremos si le permiten ganar la guerra de su supervivencia como sociedad independiente.
Lo tiene complicado.
De momento, ya en el verano pasado hubo un acercamiento La Caixa-Caja Catalunya auspiciado por el gobierno regional que se quedó en nada.
Ahora, cuando el run run vuelve a estar sobre la mesa, todos los interesados niegan la mayor.
Está bien, es lo que toca.
Pero miren por dónde, Fainé mira con recelo a un Nin que ha castigado a su mentor con el suplicio de ver que cumplía con la tarea que tenía encomendada.
Esto abre la puerta a una integración liderada por Adolf Todó, un recién llegado a la entidad teóricamente absorbida que es visto con buenos ojos en el ámbito de la Generalitat.
Por su parte Jaume Giró llega desde Repsol para controlar la comunicación de todo el proceso y hacer de puente con las instituciones.
¿Y Narcís?
Bueno, si al anterior director general le despachó con 7,5 millones de euros, ¿qué no se habrá reservado para él? Todo un ejemplo de socialismo militante.
Es lo que tiene.
S. McCoy
Así lo decía la caja con sede en León, mientras que su competidora de Salamanca reconoció también ayer estar dispuesta a participar en “procesos de integración o consolidación tendentes al fortalecimiento de la solvencia, eficiencia y competitividad” de la propia caja y “del sistema financiero regional”. Un guiño en toda regla para consumar un potencial unión con una caja vecina.
La crisis del sistema financiero ha puesto sobre la mesa el debate de las fusiones en el mapa de las cajas de ahorros. En el caso de Caja España y Caja Duero, la historia de su noviazgo es vieja. En 2004, sin ir más lejos, con la llegada del actual presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera (PP), quedó aparcada la última intentona, ligada al anterior equipo de gobierno autonómico de Juan José Lucas.
Entonces, se escurrió el bulto con la creación de una sociedad conjunta de inversión, Madrigal, a través de la cual las seis cajas de Castilla y León compartían intereses e inversiones en activos relevantes para la economía local. Cuatro años después, a finales de 2008, volvió a esquivarse la opción de una operación global, ofreciendo como solución intermedia la creación de un banco regional que no ha prosperado.
El pasado mes de febrero, Caja España presentó sus números de 2008: un beneficio neto de sólo 44 millones, tras llevar a reservas 213 millones, y una tasa de morosidad del 5,28%, entre las más elevadas del sector. Ayer fue el turno de Caja Duero, que obtuvo unos números algo mejores: 78 millones, con provisiones por importe de 172 millones, y una tasa de morosidad del 3,65%, en la media del resto de cajas.
A comienzos de año, con las primeras quinielas de fusiones en circulación, Caja España figuró ya en varias de las combinaciones posibles. Como se reconoció públicamente, hubo una aproximación a la asturiana Cajastur. Sin embargo, parece que cualquier solución debe pasar por otra caja local. Mientras tanto, Caja Burgos y el resto de entidades -Ávila, Segovia y Círculo- esperan su turno para decir algo.
En este sentido, Quintás afirmó que para él han sido un motivo de alegría las palabras del ministro de Economía, Pedro Solbes, que dijo que el Gobierno estaría dispuesto a aportar recursos públicos si se agotara el FGD, sólo para aquellas entidades que hayan actuado "correctamente".
Por otra parte, Quintás reconoció que las cajas, en su carácter "híbrido" entre empresarial y social, "quizá" se han "excedido" en conceder préstamos a personas con más dificultades para devolverlos, en referencia a los inmigrantes, aunque dejó claro que "si eso es una culpa, es una honrosa culpa".
Este fue el único ejercicio de autocrítica que hizo Quintás en sus respuestas, a pesar de que varios parlamentarios le acusaron de no entonar un "mea culpa" como hiciera la semana pasada ante este mismo foro el presidente de la patronal de la banca, Miguel Martín.
Teniendo en cuenta que solamente la fusión de estas dos entidades se comería unos 3.000 millones, según el famoso informe de PriceWaterhouseCoopers (y podría llegar a 4.000), no se podría contar con este instrumento para ninguna otra operación.
De hecho, distintas fuentes señalan que la intención de Unicaja de tirar del FGDCA para absorber a la caja manchega ha sentado muy mal en el conjunto del sector.
"CCM se va a comer ella solita el 75% (o más) de lo que las cajas han ahorrado en 30 años para 50 entidades, así que no tiene nada de extraño que las demás se quejen", opina una de estas fuentes.
En todo caso, se lo gaste todo o no la fusión actualmente en marcha, lo cierto es que el volumen del Fondo es absolutamente insuficiente para hacer frente a lo que se avecina, es decir, al saneamiento de todas las cajas que van a tener que ser rescatadas, fusionadas o absorbidas.
Por tanto, no habrá más remedio que tirar de dinero público.
El propio Pedro Solbes admitió la semana pasada que, si se agota el FGD, habrá dinero público para la reestructuración de bancos y cajas en apuros.
La fórmula: el Estado suscribirá preferentes
¿Cómo se hará llegar ese dinero de todos los españoles a las entidades? Según fuentes conocedoras de la situación, la opción más probable es que las cajas que se fusionen emitan algún tipo de deuda híbrida (que computa como capital), es decir, participaciones preferentes o deuda subordinada, que el Estado suscribiría íntegramente.
Estas emisiones son deuda perpetua -no vence nunca-, aunque suelen ser rescatables a petición del emisor pasado un plazo de cinco o 10 años.
Pagan un tipo de interés anual, pero cuentan como capital Tier 1 en el caso de las preferentes y como Tier 2 en el caso de la subordinada.
Como es sabido, las entidades de todo el mundo están desesperadas por reforzar estos ratios de capital para hacer frente al vertiginoso aumento de la morosidad y a la caída del valor de los activos que tienen en balance.
Esta fórmula ha sido utilizada por otros Gobiernos europeos para entrar en el capital de sus entidades con problemas, normalmente a cambio de un tipo de interés muy elevado.
Últimamente, varios bancos y cajas han colocado en sus redes emisiones de este tipo, pero es impensable hacerlo en los mercados mayoristas porque su cotización está por los suelos, muy por debajo del precio que están pagando los clientes de las oficinas.
Andalucía y Castilla, dispuestas a soltar 500 millones
Según fuentes de toda solvencia, las comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha estaban dispuestas a suscribir una emisión de este tipo valorada en 500 millones para apoyar la fusión de Unicaja y CCM.
Un portavoz de la caja malagueña ha desmentido que se hayan planteado ninguna emisión.
En todo caso, esos 500 millones serían totalmente insuficientes para cubrir el coste del rescate. Y a la vista de los problemas citados para usar el FGDCA, es muy probable que estas dos cajas sean las que estrenen el sistema de ayudas estatales.
Yendo un paso más allá, esta fórmula también permitiría llevar a cabo las inyecciones masivas de capital al sector -el famoso "manguerazo"- que defienden Miguel Sebastián y otros destacados socialistas.
De momento, parece que Solbes va ganando la partida y que estas compras de deuda perpetua se harán sólo en casos puntuales de entidades que tengan que ser rescatadas.
Pero al final será Zapatero en que decida.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Quintás consideró además que lo que se está haciendo "no está a la altura de la envergadura de esta crisis". Para evitar esta situación, el presidente de la patronal de las cajas recomendó que se lleven a cabo estímulos económicos y reformas estructurales, al tiempo que se debe "maximizar" la eficacia crediticia del sistema bancario, y tienen que prepararse "las defensas", es decir, la cobertura del sistema financiero frente a escenarios hostiles.
En cuanto a la situación del crédito, Quintás defendió que "no se ha colapsado", sino que sólo ha reaccionado "conforme ha variado la demanda solvente", al tiempo que pidió que "si se habla de restricción crediticia, no señalen a las cajas". En este sentido, los últimos datos del Banco de España demuestran, apuntó, que la cuota sobre el nuevo crédito concedido en último trimestre en el caso de las cajas y del sector privado fue del 50,1%, frente al 34,9% de los bancos, y en el caso de las cajas y de las empresas, del 56,5%, frente al 24% de los bancos.
Razón: que acudían a los mercados financieros no para comprar activos, sino para endeudarse.
Sin embargo, ese endeudamiento exterior correspondía a una contrapartida interior, créditos a las empresas y a las familias concedidos en muchas ocasiones con demasiada alegría y en la mayoría de los casos sobre supuestos falsos, la creencia de que la euforia económica iba a durar siempre y que la revaloración continua de los activos se iba a mantener.
Según aumenta la crisis, el riesgo de insolvencia también se incrementa.
Quiebra de promotores, dificultades de las empresas, paro en las familias, la propia conducta de la banca restringiendo el crédito, todo ello colabora de forma activa a incrementar la cartera de insolventes y a poner en dificultades sus propios balances.
No es extraño, por ello, que de forma progresiva vayan emergiendo instituciones financieras en dificultades y necesitadas de recapitalización.
La cuestión que se plantea es qué hacer al respecto y cuál debe ser la respuesta adecuada del Gobierno.
Las actuaciones instrumentadas hasta ahora no parecen las más apropiadas.
En todo caso, sólo han podido solucionar puntual y temporalmente el problema de la liquidez de algunas entidades financieras, pero en ningún caso el de la posible insolvencia.
Lo que no sería justo, ni siquiera eficaz, es que la concesión de dinero público fuera gratuita.
Por eso, no vale la fórmula de crear un banco malo, ni la de endosar al Fondo de Garantía de Depósitos los activos tóxicos.
No se puede repetir la estafa que para todos los españoles representó las recetas aplicadas en la crisis bancaria pasada, en la que con recursos públicos se sanearon los bancos en dificultades para devolverlos a continuación al sector privado.
Los contribuyentes pagan y los de siempre salen más ricos de la crisis.
La operación diseñada para Unicaja y Caja de Castilla-La Mancha deja mucho que desear y plantea la sospecha de que el procedimiento que se va a seguir en el futuro va a ir en la mala dirección.
La fusión entre ambas cajas es tan sólo una cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza de la operación, enchufar dinero del Fondo de Garantía de Depósitos.
Solbes afirma que son recursos privados.
Según y cómo.
Es verdad que este fondo está dotado por las aportaciones de las distintas entidades financieras, pero en realidad constituye un seguro costeado por los clientes vía precio a cambio de asegurarles sus depósitos.
Su cuantía es limitada -en la actualidad 7.200 millones de euros.
La utilización de esos recursos para salvar a entidades financieras que no lo merecen y tapar las vergüenzas de sus gestores puede poner en peligro la garantía futura de otros depositantes o forzar al Estado a que aporte dinero.
El vicepresidente económico parece contemplar ya esta última posibilidad.
Paul Krugman, en el suplemento económico Negocios de El País, del pasado 8 de marzo, criticaba el plan de salvamento de las entidades financieras proyectado por la administración Obama en términos parecidos, y acababa el artículo afirmando que temía que los representantes gubernamentales no quisieran afrontar los hechos y que siguieran considerando impensable una nacionalización aunque fuese temporal.
La inercia ideológica es tan fuerte, los intereses económicos tan poderosos y el pensamiento neoliberal tan enraizado, que tanto en EEUU como en España nos negamos a asumir que la solución adecuada vendrá por la nacionalización de aquellas entidades financieras zombis o que sean inviables sin ayudas públicas.
En el caso de España, habría que hablar de estatalización puesto que las cajas de ahorro tendrían que pasar a poder del Estado, librándolas de la tutela de las Comunidades Autónomas y de los gestores nombrados por el politiqueo provinciano autonómico.
Solbes afirma que las cajas de ahorro son entidades privadas.
Pues bien, si son insolventes, nacionalicémoslas, pero, eso sí, para dotarlas de todos los controles que tienen las entidades públicas.
(continue)
Con semejante agujero, la operación Unicaja-CCM se pone muy cuesta arriba si tenemos en cuenta que el Banco de España, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, sólo ha comprometido 500 millones de euros en ayudas a la Caja resultante, cantidad con la que ésta no alcanzaría ni de lejos el reequilibrio patrimonial. Y es que la diferencia existente entre el déficit patrimonial de CCM (los citados 3.000 millones), y las ayudas ofrecidas por el Banco de España-FGD (500 millones) es, como mínimo, de 2.500 millones de euros, cantidad equivalente a los fondos propios que Unicaja contabilizaba al cierre del ejercicio 2008; es decir, que la entidad resultante de la fusión nacería con un coeficiente de solvencia cero.
Lo cual es tanto como decir que la integración de ambas Cajas se llevaría a cabo a costa de la solvencia de Unicaja, un sacrificio en todo caso inútil puesto que la caja resultante no alcanzaría el mínimo coeficiente de garantía exigido. Consecuentemente, la “brillante” operación de rescate ideada por el PSOE-Banco de España no sólo no arreglaría el desfase patrimonial de CCM, sino que pondría a Unicaja al borde del abismo. ¿Qué beneficio, si alguno, y a favor de quién, reporta esta fusión en semejantes condiciones?
Las reacciones políticas no se han hecho esperar antes incluso de que PwC entregue su primer informe. Seguramente porque ya conoce -bien a través del Banco de España o del propio Braulio Medel, presidente de Unicaja- las líneas maestras de ese informe preliminar, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, manifestó el pasado martes en Málaga que “no puede producirse una carga sobre Unicaja que no pueda ser soportada y que perjudique a los intereses de los ahorradores y de los depositantes de la entidad”.
Conviene aclarar que el verdadero interés del presidente de la Junta andaluza no es salvar CCM de la quiebra, sino hacer realidad su viejo proyecto de fusión Cajasol-Unicaja, como punto de partida de una hipotética Gran Caja única andaluza. En estas circunstancias, ¿será capaz, víctima de las presiones del PSOE a nivel nacional, de sacrificar la solvencia de Unicaja para tapar las responsabilidades de la desastrosa gestión socialista en CCM, renunciando con ello a hacer realidad esa caja única que lleva años auspiciando?
En el mismo sentido se ha pronunciado Javier Arenas (PP), al manifestar en Granada y en la misma fecha que “las conversaciones entre la caja andaluza y la manchega, por una decisión política, no pueden acabar en un perjuicio de la saneada económicamente”, lo cual parece adelantar un escollo difícilmente salvable para la operación. Y es que el PSOE no podría alcanzar la mayoría cualificada en las asambleas generales de ambas cajas sin los votos de los representantes del Partido Popular. En cuyo caso, el vodevil solo habría servido para una cosa: para diferir la solución del desequilibrio patrimonial de CCM, haciendo que su saneamiento cueste más dinero al Estado por cualquiera de las vías posibles.
Del susto todavía no se ha recuperado la mayoría de los que participaron, por activa o pasiva, en aquel episodio trufado de escándalo. O FG no se enteró muy bien de lo ocurrido en el caso Banesto o ha perdido la memoria, porque sugerir la aplicación de ese “modelo” al salvamento de nuestras Cajas y bancos con problemas es lo más parecido a un disparate. Con la expropiación de Banesto, como con la nacionalización de Rumasa, lo mejor es no meneallo. Por si las moscas, convendría repasar de forma sucinta la “tecnología” made in Spain seguida entonces, y hacerlo paso por paso, para el caso de que alguien, no desde luego el gobernador Fernández Ordóñez, alias MAFO, se decida un día de estos a intervenir la Caja Castilla La Mancha (CCM), por ejemplo, cuyo agujero, ironías de la Historia, es muy parecido al que supuestamente dio lugar en su día a la intervención del Español de Crédito: unos 600.000 millones del ala de las antiguas pesetas.
Primero.
Para empezar por el principio, será necesario que la decisión de intervenir CCM la tome el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, y sin informar a sus respectivos partidos para evitar filtraciones. Así sucedió con González y Aznar en 1993. No en vano Rajoy todavía cuenta a quien quiere oírle que él no se enteró de la misa la media de la intervención del banco entonces presidido por Mario Conde. El Rey se lavará las manos y dirá que no puede intervenir: Juan Pedro, te has pasado de listo. Naturalmente que aquí y ahora será difícil sacudir al personal con el factor sorpresa, porque hasta la vecina del quinto, sus labores, está hoy al cabo de la calle de las angustias del sistema financiero, que ya se ha preocupado ella de preguntar a su cuñado si los cuatro euros que tiene en la cartilla de la Caja están seguros o hay que sacarlos para esconderlos en el colchón.
Segundo.
Dos días después de la intervención se convocará pleno del Congreso de los Diputados, con intervención del Ministro de Economía. La casualidad hace que quien ocupa el sillón sea Solbes, el mismo que estaba en el oficio cuando lo de Banesto, lo que permite suponer que lo tiene fácil, porque con repetir el discurso que pronunció aquel 30 de diciembre de 1993, cambiando CCM donde diga Banesto, asunto concluido sin necesidad de castigar las neuronas. Además de Solbes, deberán intervenir los representantes de todos los grupos políticos de la Cámara, que en dos días, como sucedió entonces, tendrán tiempo sobrado para estudiar los balances y demás prolija documentación financiera capaz de arrojar luz sobre el hemiciclo de las justas razones financieras y económicas que justificaron la intervención entonces, y de lo justa, equilibrada y necesaria que resultará ahora la de la Caja que preside Hernández Moltó, el del “míreme a los ojos, señor Rubio”.
Tercero.
La sesión extraordinaria del Parlamento deberá ser, como entonces, transmitida en directo por televisiones y radios nacionales y extranjeras, para escarnio de los gestores y escarmiento de los cachazudos impositores que no saben con quién se juegan los cuartos ni a quién confían su dinero. Más emocionante aún: dos meses después de la intervención de CCM, los inspectores del Banco de España presentarán informe explicando por qué se intervino. Sí, ya sé, lo normal es hacerlo al revés, pero como se trata de seguir el “modelo Banesto”, pues lo primero es intervenir y después explicar por qué se interviene. Como es norma, se convocará la inevitable Comisión de Investigación del Parlamento con la intención de llegar a saber cómo el señor Moltó se ha gastado los duros de los impositores manchegos en proyectos faraónicos, tal que el aeropuerto Don Quijote, y ad maiorem gloriam de los cuatro caciques locales (Díaz de Mera y por ahí). Ante dicha Comisión comparecerán los representantes de todos los grupos políticos. Para la ocasión se podrán recabar los servicios del señor Montoro (PP) y de la señora Araoz (PSOE), que ya tienen la lección aprendida de Banesto, lo cual facilitará mucho las cosas.
Cuarto.
A esa Comisión, como entonces, serán llamados los representantes de la vida social y económica, con Juan Abelló a la cabeza, naturalmente, pero también con los Amusátegui (sería interesante que cifrara el agujero del coetáneo BCH que, sin embargo, no fue intervenido), Entrecanales, Del Rivero, Pérez y otros egregios especímenes de la cultura del pelotazo. Más que nada para que cuenten cómo hacerse ricos en la España de los 4 millones de parados. Del Rivero podría disertar, por ejemplo, sobre la innata sabiduría que es preciso atesorar para no suspender pagos a pesar de estar quebrado, al margen, claro está, de ser amigo de ZP. Entrecanales, por su orden, podría relatar cómo se “españoliza” una eléctrica como Endesa, Enel mediante, también con la ayuda de ZP y saliendo del intento con 2.000 millones de plusvalías. Para la lección magistral, en fin, deberían comparecer los Albertos, prestos a aleccionar sobre cómo, a pesar de haber sido condenados en firme por estafa, no han pisado la cárcel gracias a los buenos oficios de su amigo el Rey Juan Carlos I. A ver si aprende Conde, pringao, que ya tiene guasa haber sido el único banquero que ha ido a parar a la cárcel en la España de la corrupción.
La oferta ganadora deberá ir sin firma
Quinto.
Llegado el momento, se sacará a subasta el banco o la entidad (un problema en este caso, tratándose de CCM) después de que el presidente en funciones o interventor salga en televisión (aquí es importante contar con Alfredo Sáenz como locutor) diciendo que la acción no vale nada, que eso es quiebra total. Esta es la mejor manera de despistar a la competencia, mientras, de tapadillo, pasamos las cifras de verdad a quien ha prometido darnos un empleo bien remunerado para el futuro. A la hora de la presentación de plicas, es también esencial que alguien (que, a ser posible, deberá llamarse Emilio y apellidarse Botín) presente una oferta que supere en dos o tres veces el precio sugerido oficialmente por el de la tele, lo cual asegura que al Emilio Ybarra (BBV) de turno, que era por entonces el patrón que le pagaba el sueldo a Sáenz, se le quede cara de panoli de por vida. Y eso sí, algo absolutamente imprescindible para la adjudicación: es obligatorio que la oferta ganadora vaya sin firmar, que los ricos de toda la vida tienen estos caprichos y no se trata de cabrearles por un quítame allá esa rúbrica.
Y sexto.
Una vez adjudicado el banco o la entidad intervenida al mejor postor, que obviamente será el de la plica sin firma, se le otorgarán las ayudas públicas pertinentes para que en apenas un año pueda demostrar cómo, gracias a la maravillosa gestión desarrollada, las pérdidas millonarias de meses antes se transforman de repente en beneficios ingentes. Si algún problema surgiere, sería suficiente con una nueva llamadita a Sáenz. Y como hay que rematar la faena, será obligado meter en la cárcel durante unos cuantos años a algunos consejeros de la entidad intervenida. Si sus accionistas no estuvieran por la labor de exigirlo, no hay que preocuparse, que en Alicante sigue viviendo María Victoria de la Muela, una mujer que seguro continúa dispuesta a hacer lo que sea menester sin contraprestación alguna, como ocurrió en el caso Banesto. Este es el punto más peligroso para ti, amigo Juan Pedro, y no te fíes de nadie -menos aún de MAFO-, que los Regímenes en descomposición necesitan de cuando en cuando hacer un escarmiento en cabeza ajena. Mayormente para que la ficción prosiga y la fiesta continúe.
Comprenderán que con la que está cayendo, con la mayor crisis del sistema financiero que ha conocido nunca este país, la aplicación del “modelo Banesto” para la intervención de bancos y cajas con problemas sería sencillamente una locura. El propio Miguel Martín, hoy al frente de la patronal AEB, que de esto sabe un rato, responde con cautela cuando se le pregunta al respecto: “Lo de Banesto fue otra cosa”. No cabe mejor definición. Tampoco ha dicho ni “mu” el gran beneficiado de aquel episodio, Emilio Botín, en una clara manifestación de prudencia. Ha tenido que ser FG quien sacara los pies del tiesto. Hay quien dice que el de Chantada tiene miedo de que puedan obligarle manu militari a comerse el marrón del Santander, aunque no faltan los que aseguran que la comida será a la inversa. Lo que es claro es que se avecina una drástica reducción de la capacidad instalada de nuestro sistema de cajas y bancos, sin que los dos grandes partidos hayan conseguido, hasta el momento, ponerse de acuerdo en la metodología a aplicar en aquellos casos en que sea preciso intervenir/cerrar entidades. Para entretener la espera, FG ha decidido salir a escena. Para decir una chorrada.
Fuentes de la dirección de CCM explicaron a Europa Press de que el Banco de España está estudiando esta posibilidad, que implicaría que el organismo pasara a hacerse cargo de todos los activos de la entidad castellano-manchega.
CCM se encuentra inmersa en un proceso de conversaciones con la entidad andaluza Unicaja para una futura fusión, operación que se vería frustrada con esta decisión del Banco de España. Desde hace unas semanas diversas informaciones han apuntado a un posible agujero patrimonial en la caja, que no obstante fue desmentido la semana pasada desde fuentes oficiales de CCM.
La caja tiene previsto celebrar consejo de administración de caracter ordinario el próximo martes, día 31 de marzo. Unicaja celebró el suyo el pasado viernes y aseguró que las conversaciones para la fusión proseguían "con total normalidad".
Es sólo cuestión de tiempo. En los últimos doce meses, el volumen de créditos en mora ha pasado de 8.600 a 39.300 millones. No sorprende, por tanto, que al cierre del mes de enero, la mora de las cajas llegara al 4,5%. Respecto a los promotores, si durante la última década -hasta 2007- su morosidad equivalía a 1.000 millones de euros, sólo el año 2008 elevó esta cifra a los 18.000 millones.
La entidad suiza estima que la mora de los promotores alcanzará el 20% o más, y que la general llegará al 6% en menos de un año, hasta 77.000 millones sólo en las cajas. Una cifra que hace insuficiente el capital actual de estas entidades, de 64.000 millones.
Un capital claramente insuficiente
Es más, asegura que hay algunas cajas con un ratio de capital sobre activos inferior al 4% y recuerda que ahora tienen menos flexibilidad para dotar provisiones; de hecho, tres entidades se han gastado más del 100% de su beneficio operativo de 2008 para incrementar sus provisiones.
Aunque deja fuera de este plan a grandes cajas, como puede ser el caso de La Caixa -a la que considera más solvente que algunos bancos cotizados-, muchas otras verán consumidas sus reservas de capital hasta en dos veces si la evolución de los préstamos hipotecarios en mora se mantiene. Un escenario que hará imprescindible la actuación del Gobierno.
Para este escenario, la cobertura que ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con una liquidez estimada en torno a 7.500 millones, sería insuficiente si mantienen los niveles de crecimiento de la morosidad. Igual que las provisiones genéricas, servirá para hacer frente a la situación, como subraya Credit Suisse, pero no será suficiente en ningún caso.
Para el banco suizo, el camino para sanear las cajas que necesiten recapitalizaciones podría articularse de dos maneras. La primera, a través de herramientas de capital, bien vía acciones preferentes o bonos convertibles, lo que convertiría al Gobierno en accionista de las entidades auxiliadas. Una segunda opción sería la creación de una ‘caja mala’ donde colocar los activos deteriorados.
La solución final parece sólo una cuestión de tiempo. Según Credit Suisse, es inevitable asumir que una parte de los créditos hipotecarios no podrán recuperarse. Por lo tanto, debe consolidarse un sistema que disponga de liquidez suficiente para que cajas y bancos puedan continuar con su actividad crediticia con los clientes estables mientras por otro lado gestionan su cartera de morosidad.
El presidente de Unicaja ha convocado para hoy por la tarde a su Ejecutiva e informará de la negativa de operación con Caja Castilla-La Mancha y luego se celebrará un Consejo de Administración para el que no había fecha, pero que Medel ha decidido adelantar tras frustrarse la fusión Unicaja-CCM. En la Ejecutiva Medel diseñará su Hoja de Ruta sin CCM.
“Ahora”, subrayan a El Confidencial fuentes financieras andaluzas, “es el momento de menos directrices políticas y de plantear fusiones que respondan a las necesidades del sector”.
Críticas a una fusión exprés
Como publicó este diario el pasado 24 de febrero, en Cajasol respiraban aliviados ante la operación Unicaja-CCM, ya que a corto plazo la fusión Unicaja-Cajasol quedaría aplazada, aunque la caja malagueña ya anunció que no la descartaba a medio plazo. Cajasur y Caja Granada también aprobaban la posible absorción de Caja Castilla-La Mancha por parte de Unicaja para evitar perder su independencia.
En paralelo, ya están surgiendo voces que no ven con buenos ojos una fusión exprés, como impulsa la Junta de Andalucía. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y consultor del Banco de la Reserva Federal de Chicago, cree que Unicaja está en buena situación de liquidez “y no tiene sentido que se precipite” a la hora de nuevas fusiones. “Hay que extremar la prudencia y verificar la calidad de los activos”.
¿Es factible una fusión?
"Si Unicaja, que es una caja solvente, con afinidad política y proximidad territorial, ha salido corriendo y ha forzado la intervención, va a ser muy difícil que cualquier otra se quede con CCM", opina un experto consultado. Otro añade que "las únicas entidades que pueden poner fin al drama con una absorción rápida serían La Caixa y Caja Madrid, no hay tiempo para buscar a nadie más".
Por otro lado, la entidad castellana es mucho más pequeña y fácil de absorber para las dos grandes que para Unicaja, por lo que sus exigencias de compensaciones al Gobierno podrían ser menores. Un analista opina que "la solución puede venir por el lado fiscal: si los interventores del Banco de España afloran las pérdidas reales de la entidad, la entidad que la absorba se apuntaría un importante crédito fiscal; dicho de otro modo, el Estado pagaría un 35% de la pérdida que se tenga que comer el comprador".
La teoría más extendida es que ahora viene un largo proceso de saneamiento de la entidad antes de poder colocársela a otra caja. Sin embargo, el tiempo juega en contra de CCM, porque los activos se degradan cada vez más; y no sólo los créditos de alto riesgo a ladrilleros, sino las múltiples participaciones directas en promociones y sociedades inmobiliarias a las que era tan aficionado Hernández-Moltó. Por otro lado, fuentes cercanas al proceso afirman que "es muy difícil que el Banco de España se tire gestionando CCM dos o tres años, en los que tendría que despedir gente, cerrar oficinas o venderlas, ejecutar hipotecas morosas, negar créditos nuevos... no veo a unos inspectores haciendo todo eso".
Además, el proceso de venta de activos tampoco se presenta nada fácil, aunque aquí los compradores sí puedan ser bancos: según distintas fuentes consultadas, la red de CCM es excesiva y poco rentable (en un momento en que todas las cajas tienen decidido reducir la suya), hay muy pocos préstamos buenos en su cartera que puedan atraer el interés de un comprador, y los ladrillos ahora mismo son invendibles.
La Caixa y Caja Madrid no tienen ningún interés
Ahora bien, aunque por tamaño podrían 'comerse' perfectamente a CCM, resulta muy difícil que una operación con una de las dos grandes llegue a buen puerto. Isidre Fainé se ha puesto de perfil cada vez que le han intentado 'colocar' a Caixa Catalunya, pese a los buenos oficios de la Generalitat, y si al final transige con Caixa Penedés, es porque es la más pequeña de las catalanas y con la que tiene menos duplicidades. "Se queda con Penedés para poder decir que él ya ha hecho una fusión y librarse de otros 'marrones' más gordos", afirma una fuente conocedora de la situación. En estas circunstancias, es fácil imaginar que en la torre de Diagonal lo que menos les apetece es absorber a CCM.
Y qué decir de Caja Madrid. Sumida en una cruenta guerra entre las dos facciones del PP madrileño que ha paralizado su gestión, sus números empiezan a ser preocupantes -tiene el peor ratio de cobertura de la morosidad de las cajas, del 46,6%, y es de las que menos colchón tienen para afrontar el crecimiento de dicha mora- y una fusión con CCM sólo los empeoraría. Además, por supuesto, del enorme escollo político que supone: la cúpula del PSOE tendría que tragarse el sapo de que Esperanza Aguirre rescate a la entidad que ha llevado a la quiebra su ex diputado Hernández-Moltó.
Hay quien especula con la posibilidad de que el Gobierno haya prometido a Aguirre no malmeter más en la guerra de Caja Madrid -el viernes recurrió ante el Constitucional la Ley de Cajas con la que pretende desalojar a Miguel Blesa- a cambio de que se 'coma' a CCM; de hecho, habría presentado el recurso con este único fin, según las fuentes que sostienen esta hipótesis. Pero parece un planteamiento demasiado retorcido.
No hay nadie más en el horizonte
Mirando más abajo en el ranking, hay que recordar que la aragonesa Ibercaja también se escabulló a toda velocidad del intento de colocarle CCM tras encargar el famoso informe de PriceWaterhouseCoopers que cifra en 3.000 millones, como mínimo, el agujero patrimonial de la entidad manchega. Y en el horizonte no se atisba a nadie más con capacidad y posibilidades reales de rescatarla.
Hay otra opción, pero mucho más remota: "Si el Gobierno quisiera reestructurar de verdad el sistema financiero, ésta es una gran oportunidad para iniciar la privatización de las cajas de ahorros siguiendo el modelo con el que Argentaria agrupó a la antigua banca pública", opina otro experto. Por tanto, salvo sorpresa, lo más probable es que CCM acabe desapareciendo. Y que los administradores nombrados por el Banco de España tengan como única tarea la venta de los activos de la entidad al mejor precio que puedan.
A eso hay que sumar el 25% de la nueva mora que se declare en 2009. Tal como estimó S. McCoy, cada 1% que sube la morosidad son 350 millones más. Es imposible saber exactamente cuánto alcanzará esa nueva mora, pero dado que las propias cajas hablan de estimaciones de hasta un 9% de morosidad para el conjunto en 2009 y que la cifra real volvió a subir en enero del 3,79% al 4,5%, parece bastante conservador asumir que Caixa Catalunya tendrá en 2009 un 20% menos de morosidad que en 2008, según analistas consultados. De hecho, este 20% de descuento sirve para anular el posible exceso en el cálculo de las provisiones provenientes de 2008.
Es decir, asumimos para 2009 una mora del 80% de 2.708 millones, que da 2.166 millones, y de eso tendría que provisionar el 25%: 541,6 millones. Sumado a los 2.031 millones provenientes de 2008, tenemos 2.572,6 millones. Habría que añadir el 2% que debe provisionar de la morosidad que va por calendario lento, pero como esta magnitud no es muy relevante (386 millones), no la tendremos en cuenta.
Frente a esos 2.570 millones en números redondos, la caja cuenta con una provisión genérica de 787 millones, aunque el Banco de España no le permite usarla toda de golpe, sino como máximo un 80% en 2009, según confirman distintas fuentes del sector. Eso nos deja con 630 millones disponibles: 2.570 menos 630 arroja 1.940 millones que deberían cubrirse con los ingresos generados por la entidad en 2009.
Tampoco podemos saber exactamente cuáles serán esos ingresos, por lo cual hay que tomar la cifra de 2008: sin contar pérdidas por deterioro de activos ni los extraordinarios de la venta de Abertis, la entidad obtuvo unos ingresos operativos de unos 690 millones de euros, claramente insuficientes para afrontar estas provisiones.
"Es imposible llegar a esos extremos"
Ahora bien, la situación puede no llegar a estos extremos. Fuentes de Caixa Catalunya aseguran que es "imposible" que se llegue a estas cifras por varias razones. La primera es que históricamente se recupera entre el 25% y el 30% de la morosidad hipotecaria, y además confía en que se alcancen nuevas refinanciaciones que saquen a muchos créditos de mora. En todo caso, eso supone una ganancia cuando ocurre, pero previamente hay que dotar la provisión correspondiente. La segunda es que no se pueden tomar las cifras totales de morosidad, sino que hay que ir por grupos de crédito en función del plazo que llevan en mora y aplicarle el porcentaje que corresponde a cada uno, lo cual reduciría el volumen de provisiones.
El tercer argumento de la entidad es que "el grueso de la morosidad se refiere a las operaciones formalizadas entre 2005 y 2007, que ya han caído y ya están provisionadas". En consecuencia, prevé que la morosidad apenas va a aumentar en 2009 y. en todo caso, "no va a afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias porque se cubrirá con la provisión genérica, que se encuentra en el máximo legal", los citados 787 millones.
Si no se cumplen las expectativas de la entidad y las provisiones superan a los ingresos de la actividad, su director general, Adolf Todó, tendrá que desprenderse de activos. Es de dominio público que ha puesto en venta su red de sucursales: ha vendido ya 122 por 110 millones de euros, y la entidad prevé obtener en conjunto unos ingresos de 500 millones. Además, le queda un 0,18% de Abertis (14,38 millones de euros al cierre de ayer), un 1,63% de Repsol (263,87 millones) y un 3,03% de Gas Natural (otros 142,59 millones).
El consejo había remitido al Banco de España un resultado de cerca de 30 millones de euros, lo que suponía un descenso del 87% respecto al año anterior.
Ahora, los nuevos administradores deberán reformular las cuentas.
a diferencia entre las cifras presentadas por la entidad y las que se formulen nuevas está, según fuentes informadas de la situación, en la necesidad de realizar provisiones para dejar limpio el balance de 2008.
Estas nuevas cuentas de 2008 reflejarán "pérdidas importantes" para la caja, según han confirmado a EXPANSIÓN fuentes de toda solvencia.
Los beneficios que CCM aseguró haber alcanzado en 2008 no son suficientes para provisionar todas las inversiones de dudoso cobro que acumula la entidad.
E&Y no quiso hacer ayer comentarios a este respecto.
No obstante, estas pérdidas estarían lejos de acercarse a las cifras que ha manejado Unicaja como posibles pérdidas de CCM, según estas fuentes, tras el proceso de due dilligence "estudio financiero" llevado a cabo por PricewaterhouseCoopers (PwC).
Algunas fuentes apuntan que los datos de pérdidas que manejaba la caja andaluza podrían alcanzar los 3.000 millones, muy superiores a las que podría haber reflejado el informe de auditoría final de E&Y.
Estas cifras no han sido confirmadas y PwC no quiso hacer comentarios al respecto.
Hoy acababa el plazo para que los consejeros de CCM cesados por el Banco de España formulasen sus cuentas anuales correspondientes a 2008.
Antes de conocerse la intervención estatal, la caja había informado de una reunión del consejo de administración convocada para hoy, con el objetivo de discutir la posibilidad de que parte de las provisiones por deterioro de activos se cargasen contra el ejercicio de 2008, lo que hubiese dejado a la caja en pérdidas.
Si la caja finalmente provisionara todo lo necesario para que en el balance no queden riesgos sin cobertura, lo haría consumiendo su capital y su Tier 1 (capital básico, reservas y participaciones preferentes sobre activos ponderados por riesgo) se quedaría por debajo del límite previsto por ley "del 4%".
Según fuentes financieras, la caja contaba con poder cubrir esta necesidad de recursos con la venta de sus activos, algo que no parece posible en la actual situación.
En particular, los activos inmobiliarios de CCM son muy ilíquidos en las actuales circunstancias del sector inmobiliario español y prácticamente no se pueden vender en el mercado sin importantes minusvalías.
E&Y, no obstante, aún no había concluido ningún informe de auditoría.
A partir de la formulación de las cuentas de la entidad por el consejo, la auditora hubiese tenido de plazo legal hasta quince días antes de la asamblea general de la caja para tener listo el documento.
La normativa vigente señala que la asamblea debe celebrarse antes del 30 de junio.
Tras la intervención, no obstante, todos estos plazos saltan por los aires y el Banco de España no deberá ceñirse a ellos para llevar a cabo sus trabajos en la entidad.
Asimismo, según adelantan fuentes del sector de la auditoría, es muy probable que CCM no tenga que enfrentarse a sanciones por este retraso.
Todas las dudas alrededor de la contabilidad de CCM las tendrá que resolver el Banco de España en los próximos meses.
Normalidad
1. Al contrario de lo que se esperaba, la situación en las oficinas de la caja en el día de ayer fue tranquila y no hubo problemas con clientes.
2. El Fondo de Garantía de Depósitos puede subastar el activo y pasivo de la entidad en una puja abierta también a los bancos.
3. La firma de la auditoría de la caja, Ernst & Young, aún no había finalizado el informe de auditoría de las cuentas de 2008.
4. El trabajo de limpieza de cuentas lo harán los inspectores del supervisor y no los nuevos administradores de la entidad.
En el balance consolidado del grupo se engloban 21 sociedades de inversión e intermediación financiera, intermediación de seguros, promociones inmobiliarias o prestaciones de servicio. Además, participa en otras 11 sociedades de inversión mobiliaria o gestión de fondos donde tiene porcentajes que van desde el 33 al 50%, excepto en dos de ellas: Cedinsa Concessionària SA (un 20%) y Privilege Inversions Simcav SA (un 29%).
Las provisiones se comen beneficios
Las fuentes consultadas subrayan que la venta de activos fue la que salvó a Caixa Catalunya de un ejercicio desastroso. El año pasado, Caixa Catalunya vendió su paquete de Abertis con unas plusvalías de 530 millones de euros, según reconocieron tanto el presidente de la entidad, Narcís Serra, como el director general, Adolf Todó, en la presentación de las cuentas anuales de la entidad. Una fuente oficial de la caja consultada por este diario niega pérdidas y subraya que lo que interesa es el resultado final. “Hemos provisionado al máximo por prudencia. Si no lo hubiésemos hecho, los 193 millones de beneficios se hubiesen quedado cortos, ya que hubiesen sido muchos más. Además, los beneficios de la venta de Abertis no fueron utilizados para enjugar pérdidas, sino que fueron destinados en su totalidad a provisiones”.
Sin embargo, si no hubiese sido por las ventas de activos, la entidad hubiese entrado en números rojos. La venta de las acciones de Abertis le reportó ingresos de 738,3 millones de euros -con las plusvalías de 530 millones mencionadas-, según recoge el informe anual de Gobierno Corporativo enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según este informe, durante el ejercicio del 2008 también vendió sus paquetes accionariales en France Telecom España (casi 53 millones de euros), Parque Eólico Coll de Moro (15,2 millones de euros), Herencia Meridional Solar (34,7 millones de euros) y Darlington BV (12,8 millones de euros). Es decir, pudo disponer de más de 853 millones de euros provinientes de la venta de activos durante el citado año.
Tanto Narcís Serra, como Adolf Todó, reconocieron que la liquidez fue, el pasado ejercicio, uno de los principales problemas del sector financiero y que Caixa Catalunya tuvo que absorber 600 millones en inmuebles debido a la crisis económica. Si no hubiese realizado esta operación, el índice de morosidad se hubiese disparado al menos un punto. Aún así, la entidad catalana supera mucho el índice de morosidad del sistema crediticio: un 6% frente al 4,8% del sector.
La situación de Caixa Catalunya en estos momentos no dista demasiado de la que tienen otras muchas cajas. El propio presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, salió el pasado jueves en defensa de la entidad ante los rumores que hay en el mercado sobre la posición de debilidad de algunas cajas catalanas (y se citaba a Caixa Catalunya, Caixa Penedès y Caixa Laietana) después de la intervención de la Cja de Castilla La Mancha. “Por la información que tengo, podemos estar tranquilos -dijo Fogué en una entrevista a TV3-. la salud de las cajas de ahorro catalanas es buena, teniendo en cuenta también que sufren las consecuencias de la crisis financiera, como todos".
Formalmente, los consejos de administración de ambas entidades autorizaron a comienzos de marzo a sus presidentes y directores generales para que participen en “procesos de integración o consolidación tendentes al fortalecimiento de la solvencia, eficiencia y competitividad” de las entidades. El mismo protocolo seguido unos días antes por otras dos entidades, Unicaja y Caja Castilla La Mancha, para dar el visto bueno a su hipotética fusión, opción que terminó por no consumarse tras las exigencias solicitadas por la caja malagueña.
En el caso de Caja Duero y Caja España, los equipos directivos de ambas entidades se han cruzado sendas visitas oficiosas para explicar su modelo de fusión, según han explicado a este diario fuentes implicadas en el proceso. Desde las entidades, sin embargo, portavoces oficiales prefieren no hacer comentarios y niegan que hayan existido encuentros relacionados con el proceso de integración, al igual que hace el Gobierno de la Junta desde Valladolid. Manda la ley del silencio.
Ninguno de los presidentes, Santos Llamas (Caja España) y Julio Fermoso (Caja Duero), cuenta para el nuevo proyecto. La Junta tiene en mente a otros posibles candidatos. Según las fuentes consultadas, a Herrera le gustaría contar con quien fuera consejero de Economía de la Junta, Fernando Becker, catedrático y actual director general corporativo de Iberdrola, mientras que su número dos guarda un grato recuerdo profesional y personal del ex director general de Caja España, Evaristo del Canto, responsable para la zona centro de La Caixa.
Por la parte de arriba, el camino parece despejado. Hace dos semanas el presidente de Caja Duero renunció a sus funciones ejecutivas en la entidad. Fue una decisión algo más que simbólica. Fermoso, al frente de la caja salmantina desde hace , perdió la confianza de la Junta con motivo de las diferencias mantenidas con su director general, que terminaron por hacerse públicas. Tampoco será un problema para la fusión la continuidad del número dos, Lucas Hernández, que tendrá que jubilarse el año que viene.
En Caja España, la situación es similar. Su presidente, el constructor Santos Llamas, hombre consenso aceptado por PSOE y PP, no tiene opciones de continuar. “Está amortizado. El hecho de que su empresa mantenga deudas con la propia caja ha deteriorado su imagen como candidato apolítico, por muy buena sintonía que pueda tener, por vecindad, con el presidente Rodríguez Zapatero”. Caso distinto sería el del director general, Lagartos, de un perfil meramente técnico, que podría continuar como ejecutivo a la sombra del presidente elegido.
Sin embargo, existen dificultades a salvar. Uno de los principales escollos para la fusión radica en la ubicación de la sede central de la caja fusionada. En el caso de Castilla y León, ninguna de las seis cajas regionales es autóctona de la capital administrativa, Valladolid, sede de la Junta, que sueña con albergar la nueva gran caja. La omnipresencia del PP puede ser una ventaja para vencer resistencias locales, aunque a su vez puede suponer un factor de oposición por parte del PSOE.
Con la reciente intervención de CCM, el Banco de España ha marcado el camino a seguir si las fusiones privadas, como subrayó el gobernador del Miguel Angel Fernández Ordóñez, no prosperan. En el caso de Caja España y Caja Duero, su cartera de crédito hipotecario representa menos del 1% de la cuota del mercado, con una exposición inferior que la de CCM, que ocupaba el puesto número 13 de este ranking. Otros ratios, sin embargo, son más negativos: la leonesa tiene una cuota de morosidad del 5,28%, por un 3,65% de la salmantina.
Durante las recientes visitas efectuadas por las cajas de ahorro ante CECA y Banco de España, la actitud mantenida por Caja Círculo ha sido siempre la misma. “Hasta en tres ocasiones ha preguntado explícitamente si podía continuar en solitario o si debía considerar la necesidad de abordar un proceso de integración con otra entidad”, subrayan desde otra entidad financiera de Castilla y León.
Desde el Banco de España, la respuesta ha sido clara. Caja Círculo tendrá que jibarizarse. Es decir, adecuar su tamaño a la dimensión de su negocio geográfico y olvidarse de ampliar su horizonte más allá del mercado doméstico burgalés. A partir de ahí, siempre que mantenga los ratios de solvencia requeridos y su gestión sea adecuada, no habrá imposición desde la Plaza de Cibeles para que se sume forzosamente a ningún proceso de fusión.
Hasta la fecha, los números de Caja Círculo le permiten seguir por libre. Al cierre de 2008, su ratio de morosidad es del 1,6%, por el 3,65% de la media del sector, mientras que la tasa de cobertura de los impagos es del 197%. Respecto a su coeficiente de solvencia, la entidad burgalesa mantiene un ratio del 12,2% sobre el total de los riesgos ponderados, por encima del 8% requerido por el Banco de España.
La invitación de Caja Burgos
De poco le ha servido a José María Arribas, presidente de Caja Burgos, defender en público y en privado la idoneidad de la fusión con Caja Círculo. El primer encuentro formal con su competidora se produjo el pasado 24 de diciembre. Desde entonces, un par de citas más bastaron para saber las reticencias de la cortejada, que compite con su hermana mayor en el mercado doméstico en todas las áreas de negocio.
Mientras tanto, el resto de cajas de Castilla y León se mueven. Como informó este diario el lunes, Caja España y Caja Duero siguen adelante con el proceso de integración puesto en marcha. Un viaje al que no se han sumado en primera instancia el resto de cajas regionales, fundamentalmente Caja Burgos, que por tamaño/recursos vería reducida su capacidad competitiva con sus actuales rivales.
Antes incluso de que el mapa de Castilla y León comenzará a moverse sobre el papel, Caja Círculo formó parte de otras quinielas. A raíz del controvertido cambio en la cúpula de Cajasur, entidad controlada también por la Iglesia y con una importante exposición al negocio inmobiliario, se especuló con la posibilidad de una fusión a tres bandas entre las tres cajas católicas, a la que se uniría en tercera instancia la aragonesa CAI.
Después de la toma de control de la caja castellano manchega por parte del Banco de España, la experta considera que "otras entidades financieras, especialmente "determinadas cajas de ahorros pequeñas y medianas" probablemente tengan que afrontar "estrés financiero durante los próximos meses".
Según la agencia de calificación de riesgos, un número de agentes luchará para absorber la carga financiera de los cada vez mayores problemas de la calidad de activos, y necesitarán más capital para sanear sus balances.
"La resolución de las dificultades en el segmento de las cajas de ahorros derivará probablemente a una reducción del número de agentes en los próximos dos años", sostiene Iparraguirre, tras recordar que la intervención de CCM es la primera llevada a cabo por el instituto emisor español desde que estalló la crisis financiera.
A pesar de todo, ha significado que la pretensión de Caja España es "liderar" un proceso de estas características que concluya, ya sea bajo la fórmula de la fusión, de la integración o de otro tipo de acuerdo o alianza, "dentro exclusivamente de Castilla y León", ya que "cuando tengamos arreglada nuestra casa, ya miraremos para fuera". Llamas ha solicitado "silencio, calma y serenidad" para el desarrollo de estas negociaciones, que según sus palabras "van por buen camino, porque lo hemos cogido con ganas y porque hay cajas que pueden hacerlo y que se van a definir".
En este sentido, el director general de Caja España, José Ignacio Lagartos, ha añadido que por su tamaño y su volumen de negocio, su entidad aspira a liderar un proceso de estas características, que por otra parte ha considerado necesario a la vista de la situación actual de los mercados financieros.
"El propio sector está pidiendo para el futuro entidades con al menos 50.000 millones de euros de balance y unos ratios de eficiencia superiores al 40 por ciento", números que, según Lagartos, sólo serán alcanzables mediante el crecimiento de Caja España.
La Asamblea General Ordinaria de Caja España ha aprobado en León las cuentas de la entidad correspondientes a 2008 y el presupuesto de la Obra Social para 2009.
Pero, una vez que los técnicos hayan terminado, la cuestión es qué se hará con CCM. Una solución ‘estilo Banesto’, es decir, reestructurar la caja a través del Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) para luego sacarla a subasta y venderla al mejor postor es muy difícil de plantear. Banesto tenía sus accionistas, mientras que CCM en teoría no tiene dueño, aunque, de hecho, pertenece a los poderes políticos locales. “Si la quieren subastar, antes tendrán que convencer a la asamblea general”, indican fuentes sindicales.
Ante esta situación, el Banco de España habría acelerado la presión sobre el Gobierno para que las cajas con problemas emitan cuotas participativas que puedan ser adquiridas por el Estado, que se cobraría así los préstamos que les otorgue. Se apostaría por una solución general para resolver un caso particular que, además, se ha complicado por el tiempo que se ha perdido sin abordar el problema. Si esta es la solución, nos encontraríamos ante la paradoja de que, para salvar una caja, se pone en riesgo el modelo jurídico y la supervivencia de todas las demás.
Preguntado al respecto, un portavoz de ACSI responde que “no se han retirado activos porque los vehículos aún no se han constituido”. Y matiza que “conformarlos requiere su tiempo, porque hace falta un largo e intenso proceso previo de due diligence, con lo que el primer vehículo no verá la luz hasta el mes de mayo”.
El sector plantea que “hay un conflicto de intereses importante, porque en el mercado cualquier inversor institucional quiere valoraciones correctas de los activos y, sobre todo, oportunidades de negocio. Por su parte, las cajas de ahorros lo que quieren es preservar al máximo el valor de sus activos y no perder más dinero”. El delicado papel de Ahorro Corporación Servicios Inmobiliarios se sitúa en medio de los intereses de las cajas y de los inversores. “Ese conflicto no se soluciona con componendas”, afirman en el sector.
¿Cuánto valen los activos en un mercado ilíquido?
A este conflicto se le añade el propio de una sociedad inmobiliaria multicedente (varias entidades mantienen participaciones sobre el vehículo). Este es que las sociedades reciben activos muy heterogéneos de distintos agentes y es muy difícil homogeneizarlos. En ese proceso, siempre va a haber alguien que se sienta perjudicado. En cualquier caso, el principal problema de fondo en lo que a inmuebles se refiere siempre es el mismo: ¿Cuánto valen los activos en un mercado ilíquido? Si no hay transacciones no se pueden fijar precios. “Hoy día, en el mercado, lo único que se vende son pisos que cuenten con importantes descuentos y con financiación. Nada más”, reconocen en el sector.
“ACSI no es el banco tóxico de las cajas”, pronunciaron sus directivos el día de la puesta de largo de la iniciativa. Sin embargo, el sector financiero se malicia que se trate de una especie de “contendedor de basura” inmobiliaria. De momento, 23 de las 42 cajas de ahorros que forman parte de Ahorro Corporación aportarán al nuevo vehículo activos inmobiliarios por valor de unos 3.000 millones de euros procedentes de canjes de deudas, de adjudicaciones por impagos e incluso inmuebles propios, como redes de oficinas.
Para su gestión, ACSI cuenta con un equipo propio y asesores externos, como Tinsa para las tasaciones, Garrigues para asuntos fiscales, Gómez Acebo para los legales y AFI para los regulatorios. Será la maquinaria de la red de oficinas de las cajas, que dispone de 17.000 sucursales, la encargada de colocar los inmuebles entre los particulares.
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Los créditos a la clientela alcanzaron los 117.198 millones de euros hasta marzo, lo que supone un incremento del 6,3%, de los que 107.453 millones fueron créditos al sector privado residente y 73.725 millones créditos con garantía real, mientras que los recursos gestionados de clientes alcanzaron los 156.376 millones de euros (+8,1%). Los recursos propios ascendieron a 10.570 millones, un 8,6% más.
El margen de intereses ascendió a 755,3 millones, un 39% más; el margen financiero con dividendos se elevó un 44,3%, hasta los 793,6 millones, y el margen bruto escaló hasta los 1.176 millones, un 31,1% más.
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Este acuerdo, ha asegurado Fermoso, es conocido. El presidente de la caja ha querido aclarar, además, que si después no se ha dado a conocer el resultado es porque primero hay que informar al consejo de administración de cómo ha ido.
Actualmente, ha indicado que Caja Duero analiza y está a punto de configurar el informe final que se dará al Consejo, en el que se dará cuenta de que "no en todos los contactos con las otras cajas ha habido los mismos resultados".
En este contexto, ha aclarado que en esa elaboración de una posible propuesta lo que se deja claro que "ese proceso de consolidación en ningún caso Caja Duero lo visualiza como un vehículo para salvar entidades".
El presidente de Caja Duero ha añadido que este proceso persigue fortalecer su propia realidad y el sistema financiero de la Región y por eso les gustaría que hubiera más entidades, que no sólo fueran dos, "si son seis mejor que dos, y en ese proceso se está".
Por su parte, Lucas Hernández ha asegurado que están "dispuestos y disponibles" para hablar de ese proceso de consolidación, pero dejó claro que aún no se ha mantenido negociación alguna.
Precisamente la denominada "hoja de ruta" de este proceso, ha explicado Fermoso, ha sido uno de los temas tratados en la reunión mantenida hoy por los responsables de la entidad y de la Consejería de Economía y Empleo en un encuentro de los que se mantienen habitualmente para hablar sobre los datos de la Caja.
A la espera de la auditoría que está llevando a cabo el Banco de España, lo cierto es que Nueva Rumasa sólo puede o comprar los activos de la caja, o si esta se liquida, quedarse con la ficha bancaria y montar otro banco. No obstante, la entidad necesitará, en el peor de los casos según estimaciones llevadas a cabo por este periódico, 6.000 millones de euros para el pago de su deuda en los próximos tres años y 3.000 para 'sanear' su balance, según explicó Cotizalia.com
En cualquier caso, Quintás defendió que el Gobierno no haga público este plan porque "los medios de comunicación convierten un riesgo remoto en una posibilidad razonable".
El presidente de la CECA reconoció que habrá entidades que lo pasarán mal y que probablemente alguna necesite ser intervenida y saneada, por lo que defendió que el Gobierno esté preparado.
"En situaciones de excepción como la actual el papel de los autoridades se modifica y si no lo entienden, muy mal para todos", subrayó.
Asimismo, Quintás consideró que para conseguir que el crédito fluya en las condiciones actuales, muy restringido porque las entidades miran con lupa sus niveles de solvencia, el Gobierno debería contribuir a reducir los riesgos de concesión de créditos o a fortalecer la solvencia.
Para el presidente de la CECA, si una entidad tiene una solvencia alta, no es necesaria ninguna ayuda pública para que el crédito aumente, mientras que en el lado opuesto, el de las entidades no viables, éstas sí deberían recibir ayudas públicas, pero "seleccionadas" atendiendo al coste público y al impacto sobre la actividad económica y el empleo.
En caso de que se opte por dar apoyo público a entidades viables, éste debe ser voluntario, condicionado, limitado en el tiempo, controlado y transparente, defendió.
Estas entidades son las que tienen mayores problemas de morosidad y solvencia (menor capital), es decir, las que se encuentran en una situación más parecida a la de CCM antes de su intervención. Según la información transmitida por MAFO, las entidades están siendo sometidas a un escrutinio exhaustivo e incluso se están buscando soluciones para algunas. Dichas soluciones pasan en principio por fusiones con ayuda del dinero del Fondo de Garantía de Depósitos, aunque el propio gobernador se ha mostrado partidario de utilizar recursos públicos -el famoso fondo de reestructuración del sector- en caso de que el FGD sea insuficiente.
De esta forma, el supervisor estrecha todavía más el cerco sobre unas entidades a las que sigue muy de cerca con una inspección casi asfixiante, con presencia permanente de los inspectores en la sede de las entidades; cosa que siempre se ha hecho en las más grandes y que ahora se ha extendido a otras más pequeñas. El nuevo informe solicitado tiene como objetivo detectar a tiempo una eventual salida masiva de depósitos que haría necesaria una inyección de liquidez extraordinaria o, en caso extremo, otra intervención.
Este informe se añade al genérico de liquidez global que todas las entidades deben remitir diariamente al supervisor desde que estalló la crisis internacional en verano de 2007. Las fuentes consultadas explican que el informe que solicita ahora el Banco de España comprende la diferencia entre la compensación diaria de la cuenta que todas las entidades tienen en el Banco de España (en la que se reflejan todas las operaciones de cobros y pagos, así como las de los mercados de capitales) y el saldo neto de ingresos y reembolsos de depósitos. Dicho documento no está tipificado en ninguna circular del supervisor, que sólo establece que las entidades deben remitir esta información con carácter mensual.
Hay que recordar que el detonante de la intervención de CCM no fue su insostenible situación de solvencia -que arrastraba desde hacía meses- sino una fuga masiva de depósitos que obligó al Banco de España a facilitarle una provisión urgente de liquidez de 900 millones de euros para poder hacer frente a sus obligaciones más perentorias, según el informe de la intervención. De acuerdo con cifras de la propia entidad, en los tres primeros meses del año sus clientes retiraron 468 millones de euros.
Mala imagen del sector
Esta salida de depósitos se acentuó con las malas noticias sobre la entidad de los últimos meses, en especial las negociaciones con Unicaja para intentar salvarla mediante una fusión. Y dado que ahora estamos asistiendo a la publicación diaria de informaciones negativas sobre el sector (ayer mismo, la rebaja del rating de Cajasur al nivel de bono basura), el Banco de España no quiere arriesgarse a que se repita la situación.
Para agravar todavía más la situación, el propio presidente de la Confederación de las Cajas, Juan Ramón Quintás, no hace más que insistir en la necesidad de que el Gobierno se dé prisa en aprobar el fondo de rescate de entidades, así como en la solicitud de otras medidas como la relajación del calendario de provisiones o el aval a la emisión de preferentes. Todas ellas, encaminadas a aliviar la grave situación de solvencia del sector y a reducir el impacto de la morosidad.
MAFO echa más leña al fuego
Es más, el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez reiteró ayer la necesidad de crear un instrumento más flexible que evite convocar un Consejo de Ministros cada vez que surja un problema dentro del sector financiero. Algo en lo que aseguró que coincide con la nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado. Y también repitió que es favorable a la utilización de recursos públicos en los casos en que no sea suficiente con el importe del Fondo de Garantía de Depósitos, aunque su primera opción sigue siendo la de las fusiones de cajas.
Las fusiones y reestructuraciones de entidades fueron la principal receta propuesta ayer por MAFO en su intervención en el Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y ABC. Asimismo, abogó por una reducción de costes generalizada que comprenda el cierre de oficinas habida cuenta del sobredimensionamiento del sector, aunque admitió que esta medida es "necesaria pero no suficiente".
(continue: Historial de MAFO)
Preguntado por si el FDG es suficiente para hacer frente a los problemas actuales del sistema financiero, Martín contestó que sí. En el sector, de hecho, hay quien opina que el Estado podría suplir la eventual carencia de recursos de estos fondos a través de préstamos.
Martín también ha asegurado que, entre los bancos, no hay ninguno con problemas de solvencia, mientras que no quiso valorar la situación de las cajas. El presidente de la patronal ha convenido que el sistema necesita una reestructuración, como un árbol que tiene que ser potado para volver a crecer.
CECA
En el mismo acto, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, ha pedido que se constituya cuanto antes un fondo para la recapitalización de entidades.
"La capitalización del fondo, los que es la aprobación del mismo, conviene hacerlo cuanto antes", ha señalado Quintás.
El presidente de la CECA ha considerado "enormemente peligroso" que el Gobierno no esté elaborando un plan de contingencia para el sistema financiero que contemple riesgos "catastróficos", aunque ha matizado que estos riesgos tienen una "bajísima posibilidad" de producirse.
Quintas ha reconocido que habrá entidades que lo pasarán mal y que probablemente alguna necesite ser intervenida y saneada, por lo que ha pedido que el Gobierno esté preparado.
"En situaciones de excepción como la actual el papel de los autoridades se modifica y si no lo entienden, muy mal para todos", ha concluido.
A su juicio, en esta tercera fase el test más importante es la generación de capital de manera orgánica, e incidió en que no hay modelo sostenible si no se genera capital de forma recurrente, ya que asegura la sostenibilidad de las entidades. La crisis que va a ser larga y estamos en una fase en la que ya no se habla de sistema, sino de entidades ganadoras o perdedoras y de aquellas que son sostenibles porque pueden generar capital de manera orgánica", subrayó Goirigolzarri.
Asimismo, destacó que la eficiencia desde el punto de vista de la distribución debe ser importante, pero no sólo desde el punto de vista de las oficinas, también de la innovación, para lo que se necesita una mayor inversión.
El consejero delegado también destacó que hay muchas cosas que mejorar para adaptarse al nuevo escenario, como la eficiencia de las redes o adelgazar las estructuras intermedias, pero que, a su juicio, el reto más importante es el tratamiento del servicing, porque dará lugar a una mejora de procesos y la deslocalización en la relación con los clientes. Asimismo, indicó que la banca debe centrarse en la gestión del riesgo, porque va a haber un deterioro del mismo, y señaló, en este sentido, que objetivo de la entidad es comportarse mejor que los competidores, ya que tiene un gran colchón para hacer frente a la prima de riesgo.
Por último, indicó que la crisis financiera internacional ha afectado en menor medida a la banca española por su modelo de banca minorista, su mínima exposición a activos tóxicos y por una regulación conservadora, pero que debe prepararse par los nuevos cambios.
El propio Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA, la asociación que agrupa a las cajas españolas, está pidiendo que el Gobierno cierre cuanto antes la creación del Fondo de Reestructuración del sector, que establecería un instrumento formal para canalizar dinero público hacia cajas con problemas.
Y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, lleva semanas pidiendo un sistema más ágil para poder intervenir entidades. Ordóñez pide especialmente que no sea necesaria la convocatoria de un consejo de ministros extraordinario. El gobernador aseguró ayer que ya había alcanzado un acuerdo para buscar una solución en este sentido con la nueva ministra de Economía, Elena Salgado.
Pero tras Caja Castilla La Mancha, que ya está intervenida por el supervisor y cuyo futuro probablemente será la desaparición tras una subasta de activos entre otras entidades, surgen las primeras quinielas. Habrá más entidades que desaparecerán. La cuestión ahora es cuáles. Al margen de que algún banco pueda necesitar ayuda en el futuro, la vista se ha puesto inicialmente en las cajas, donde la morosidad se ha disparado con más fuerza debido a su mayor exposición al sector inmobiliario y la mayor concentración de la concesión de créditos a unos pocos clientes.
Algunos nombres se ponen en la picota por la propia marcha de los acontecimientos. La bajada de rating de CajaSur hasta el nivel de «bono basura» ha puesto todos los ojos en esta entidad. El 19 de febrero, Fitch puso a CCM en el mismo nivel y cuarenta días después era intervenida por el Banco de España. Sin embargo, la situación de CajaSur es algo distinta de la de CCM en dos cuestiones clave: no ha sufrido la retirada masiva de depósitos que sufrió la entidad manchega y puede llegar a tiempo a la colocación de deuda de la CECA, de la que se quedará 280 millones de euros.
En cualquier caso hay que esperar acontecimientos, ya que podría haber sorpresas. Una de las entidades que ha aparecido hoy en las quinielas de algunos medios de comunicación, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, por ejemplo, recibió hace unas semanas la autorización para comprar una entidad financiera en México por 145 millones de euros. ¿Habría el Banco de España autorizado esa operación si tuviera conocimiento de que la entidad pasa por problemas? Estaría dispuesto a poner la mano en el fuego que no.
Solamente una cosa está clara. Esta crisis va a transformar el sector financiero español, tal y como lo hizo la crisis de finales de los setenta y principios de los ochenta. Si se repite la historia, en unos años habrá menos entidades, pero las que sobrevivan, serán más fuertes.
¿Cuántas?
En mi más que modesta opinión hasta un 40% del parque actual que, grosso modo, son unas 18.000. Alguno pensará que a McCoy se le ha ido la cabeza. Bueno, primero argumentemos y luego critiquemos.
El debate queda abierto.
España es de las economías más bancarizadas del mundo, si no la más, con cerca de una sucursal por cada mil habitantes. Un total de 45.000 oficinas de las que, cifra arriba cifra abajo, 25.000 corresponden a las cajas y 20.000 a los bancos. Mientras que estos últimos han reducido su red alrededor del 12% desde la crisis de 1993, las cajas la han aumentado en un 64%. Gran parte de tal incremento ha ido paralelo al boom del ladrillo, origen de una guerra por el activo, fundamentalmente hipotecario, que llevó a muchas de estas entidades de carácter esencialmente regional a operar fuera de sus áreas de influencia. Así, sus activos crecieron un 400% en apenas diez años mientras que su exposición al riesgo promotor se multiplicó por 20 en el mismo plazo.
Pues bien, si gran parte del crecimiento de la red se ha debido al fuerte aumento del negocio crediticio anterior al comienzo de la crisis -con tasas interanuales superiores al 25% de subida en años como 2005 y 2006 y un multiplicador del crédito sobre el PIB que alcanzó, en el pico de la burbuja, las 3,4 veces- no es descabellado pensar que la contracción de su actividad llevará aparejado el fenómeno inverso, toda vez que el menor volumen derivado tanto de la ralentización económica como de la cautela en la concesión de nueva financiación impiden, en muchos casos, que las sucursales sean rentables. Cabría imaginar una reducción del 50% del aumento de oficinas materializado en la última década por esta razón. Estamos hablando de unas 5.000. Habría que añadir todos aquellos cierres que se derivan de la necesidad de mejorar la eficiencia y el ROE, o retorno sobre Recursos Propios, en un entorno de ingresos de capa caída y de mayor regulación, que asimilará en cierto modo su operativa a la de una utility.
Además, la crisis de los entes regionales, fundamentalmente cajas pero también bancos pequeños y algún mediano, va a traer consigo un triple fenómeno que incidirá igualmente en la contracción de los locales abiertos al público por parte de las entidades financieras: repliegue geográfico hacia las zonas donde su actividad encontraba inicial justificación; concentración regional alrededor de la caja más fuerte que se determine como la superviviente; liquidación de redes de las sociedades intervenidas. No hay que olvidar que, en el ámbito de las cajas, Credit Suisse señala -en un informe firmado por Santiago López de 31 de marzo, Spanish Cajas- que el grado de solapamiento por regiones de las principales instituciones encuadradas en esta categoría es del 26% en Valencia, 23% para Galicia, 15% en el País Vasco (donde la concentración local de sus BBK-Kutxa y Vital es de tan solo el 50%), 37% en Andalucía y 37% en Cataluña. Sin tener en cuenta a dos de las grandes, como Cajamadrid e Ibercaja, un 25% de duplicidad se traduce en una redundancia de alrededor de 5.000 oficinas sólo para las cajas.
En tercer lugar, el tradicional modelo de proximidad, que justificaba tan extensiva presencia por parte de las entidades financieras a lo largo y ancho de la geografía nacional, va a evolucionar, una vez se estabilicen sus necesidades de financiación y la urgente captación de depósitos, hacia el criterio de rentabilidad de tal forma que, uno, lo genérico va a devenir en específico, abundando los productos a medida del solicitante, y dos, la segmentación horizontal, por negocios, se va a equiparar a la horizontal, por regiones. Esto implica una mayor profesionalización del personal empleado y la aparición como una alternativa válida de distribución del agente financiero, que no consume recursos y actúa como un proveedor de clientes para la firma bancaria para la que desarrolla su actividad especialmente incentivado para la venta cruzada. Por seguir con la información propia de las cajas, el 25% de sus sucursales se sitúan en pueblos de menos de 10.000 habitantes, 6.250. El modelo oficina principal más satélites o colaboradores terminará por imponerse.
Por último el fenómeno de la Red puede ser la puntilla para la red. En una sociedad cada vez más cibernética, gran parte de la operativa bancaria diaria se puede realizar a través de Internet, un proceso cuya evolución sólo va a ir a más en los próximos años. Se generalizará la existencia de cajeros sin soporte bancario físico que los ampare y proliferarán pequeñas oficinas para el desempeño de tareas de caja que serán apoyadas por unos servicios centrales potentes que acudirán al auxilio de las mismas cuando sea necesario como, por ejemplo, para prestar asesoramiento al cliente que lo necesite previa fecha y hora previamente concertada de mutuo acuerdo, probablemente a través de la propia sucursal virtual. La banca mirará sin duda al futuro y se olvidará del pesado lastre que incorpora el modelo bancario del pasado. Un fenómeno de difícil cuantificación donde importa menos la referencia cuantitativa que la cualitativa o el cómo será la oficina bancaria del siglo XXI.
Veremos en España un 40% menos de sucursales de las que ahora existen. No les quepa la menor duda. Para algunos, tal y como señalaba al inicio de este post, puede parecer algo inconcebible y, a todas luces, exagerado. Obviamente todo depende de lo que se alargue la crisis, de los apuros mayores o menores por los que pasen las entidades financieras nacionales y de cuál es el escenario bancario que queda finalmente en nuestro país. Servidor no es apocalíptico, sobreviviremos a todo, pero tampoco especialmente optimista. La débil situación se va a prolongar en el tiempo y de la contracción de los gastos de estructura y, por ende, de las redes de oficinas va a depender en gran medida la propia rentabilidad del negocio bancario español que algunos, como Analistas Financieros, ponen en serias dudas a fecha de hoy. Se admiten apuestas.
S. McCoy
También ha advertido de que las autoridades tienen que operar para que las entidades españolas no se encuentren en situación de desventaja competitiva frente a la banca de otros países, que ha sido ayudada por el Estado.
“Sería muy triste que el sistema que mejor ha soportado la crisis se encontrara en inferior de condiciones porque en otros países el Estado está ayudando a la banca con la que tendremos de competir dentro de cinco años”.
Quintás se ha alegrado de que el Gobierno haya llegado a la conclusión de que no se puede solucionar todo con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y esté trabajando en otro instrumentos para recapitalizar las entidades.
El presidente de la Ceca también ha destacado la necesidad de que se elaboren planes de contingencia para estar preparados ante situaciones que, aunque no necesariamente tienen que pasar, pueden ocurrir.
“El Gobierno tiene que hacerlo sin contarlo”, ha explicado, para evitar provocar pánico en la opinión pública.
Para impulsar el crédito, según Quintás, el Estado puede intervenir financiando directa e indirectamente el riesgo, o también compartir el riesgo con las entidades financieras, que es lo que hace el ICO. Pero, sobre todo, hay que actuar sobre la solvencia de las entidades. Un banco o caja que tiene una solvencia muy próxima al mínimo regulatorio no se puede permitir tener más préstamos fallidos, porque si le baja el capital podría ser intervenida. En este caso, no es suficiente la prima de riesgo para cubrir el riesgo de impago de la entidad que, finalmente, acaba por restringir del todo la concesión de crédito.
Según Quintás, una entidad solvente pero próxima a los límites regulatorio tiene que ser “seducida” por el Estado, si esto quiere que preste más.
Si la entidad es viable pero tiene dificultades, entonces el Gobierno tiene que apoyar sus estrategias para salir de los problemas.
Finalmente, si una entidad no es viable en la situación actual, el Estado tiene que intervenir y gestionar.
Quintás ha hecho el ejemplo de CCM, donde el Banco de España ha pasado a gestionar la caja, después de que la fusión con Unicaja fracasara porque la entidad andaluza pidiera más dinero de lo que el regulador consideraba necesario.
Ahora, ha puntualizado Quintás, la gestión del Banco de España tiene que demostrar que no se necesitarán más recursos de los que había estimado necesarios para solucionar el problema de CCM.
Insistencia El 'capo' de la patronal de cajas de ahorros también ha querido aprovechar su intervención para recordar que sería necesario una reducción del poder político en estas entidades, algo que facilitaría las fusiones entre cajas de distintas regiones.
Cierre masivo de sucursales, fusiones y dinero público para tapar los enormes agujeros de las Cajas de ahorro. Lo que se decía hasta hace unas semanas sobre la situación boyante del sistema financiero patrio, también parece una mentira.
MAFO señaló que el sistema financiero nacional precisa un cierre de sucursales y un proceso de fusiones en el sector. En este sentido, la agencia de evaluación de riesgos Fitch rebajó el martes la calificación de la deuda a largo plazo y la calificación individual de CajaSur y Caja Granada. Según un comunicado de prensa, Fitch redujo la nota de la deuda a largo plazo de Caja Sur de BBB+ a BB+ y situó la calificación de la deuda a corto plazo en "B" desde la anterior "F2", informa Efe.
Fitch argumenta que dado que CajaSur tiene concentrada su actividad en el sector de la construcción y los créditos hipotecarios (un 28% del total de sus préstamos a finales de 2008), la contracción de la economía española y del sector inmobiliario ha provocado un impacto negativo en la calidad de sus activos, la captación de ahorro y la rentabilidad de la entidad.
El incremento de la tasa de morosidad del 2,3% a finales del 2007 al 6,5% a finales del 2008, la caída de la tasa de cobertura al 47% y la necesidad de capital propio (Tier1 del 5,6% a finales del 2008) justifican, según Fitch la rebaja anunciada.
Fitch degrada a CajaSur y Caja Granada
Fitch también ha rebajado la calificación de la deuda de largo plazo de la Caja General de Ahorros de Granada a "A-" desde la anterior de "BBB+" y ha mantenido la de corto plazo, también por la contracción de la economía española y del sector inmobiliario, que ha afectado a la calidad de sus activos y resultados, lo que acontece con unos recursos propios menguados.
Mientras, Jaime E. Navarro informa en Expansión que el Ministerio de Economía y el banco de España coinciden en el análisis de que hay que establecer un instrumento de gestión que agilice el papel de las instituciones durante las intervenciones bancarias. Ambos organismos coinciden en la necesidad de crear este sistema para que no haya que convocar un Consejo de Ministros cada vez que deba reestructurarse o intervenir una entidad, como sucedió en el caso de Caja Castilla-La Mancha.
Ordóñez, que participó el martes en el XVI Encuentro del Sector Financiero de Deloitte, instó a las entidades en España a centrar su gestión de los costes (fundamentalmente con la reducción de oficinas). El Gobierno prepara además un fondo de rescate financiero dotado con hasta 90.000 millones de euros.
Mientras el Gobierno y el Banco de España discuten si son galgos o son podencos, y se dedican a entretenerse con las pensiones, el sistema se tambalea.
El enfrentamiento entre Zapatero y Fernández Ordóñez es tremendamente irresponsable porque como no se solucionen cuanto antes los problemas financieros de las cajas, no habrá recuperación económica ni en 2010 ni en 2011.
La caída en desgracia de 6 ò 7 cajas arrastraría incluso a Santander y BBVA, nuestras joyas de la corona.
Emilio Botín y Francisco González demasiado tienen con lo suyo como para hacerse cargo de los créditos empresariales que no podrían asumir las cajas quebradas.
Ya llegará el momento de exigir responsabilidades a los gestores manirrotos, de reformar una ley de cajas que se ha demostrado perniciosa e incluso de negociar la imperiosa transformación del sistema de pensiones.
Ahora el enfermo necesita con urgencia entrar en la UVI.
Las medidas paliativas puestas en marcha hasta la fecha por el Gobierno -recompra de activos y concesión de avales- sólo han servido para aumentar la liquidez de las entidades, pero no han solucionado el grave problema de la morosidad, que crece al mismo ritmo que el desempleo.
El derrumbe inmobiliario y la nefasta gestión de muchos presidentes de cajas han llevado la morosidad al 4,18%, una cifra que podría duplicarse en este ejercicio hasta los cien mil millones de euros, cuando hace un año apenas superaba el 1%.
Es verdad que todas las entidades financieras están ahora apretándose el cinturón, realizando más provisiones y cerrando oficinas, pero el empeoramiento de la situación resulta imparable.
Caja Madrid, por ejemplo, ha presentado unos magníficos resultados en el primer trimestre, pero sufre una morosidad del 5,57%, casi un punto por encima de la media de las cajas, debido, principalmente, a los impagos de hipotecas por parte de los particulares.
Hay otras cajas que ya alcanzan el 6% de morosidad como CajaSur o Caja España.
Ahora todo son especulaciones sobre qué caja o banco será el siguiente en caer, lo que agrava aún más la situación, ya que algunas entidades están sufriendo fuga de depósitos al estilo de lo sucedido en Caja Castilla-La Mancha . Lo ocurrido en esta entidad refleja claramente el perverso poder de los políticos en las cajas. Hasta el último momento, los socialistas intentaron enmascarar la crisis forzando una fusión con Unicaja, con el agravante de que se hizo con la anuencia del Banco de España, que es el encargado de velar por la buena marcha del sistema.
Estos manejos partidistas hacen temer que la anunciada creación de un fondo para recapitalizar el sector financiero se convierta en un manguerazo de euros para esconder las vergüenzas de las entidades afines al Gobierno de Zapatero.
Lo dijo claramente el ex ministro Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya, cuando defendió que se diera dinero público a las cajas de manera generalizada, pero sin identificar a los destinatarios. Eso sería un completo disparate.
No se puede regalar dinero a entidades mal gestionadas.
Si, como parece inevitable, hay que inyectar fondos públicos en algunos bancos o cajas debe hacerse con luz y taquígrafos, priorizando las entidades que tengan viabilidad y controlando tanto los recursos prestados como la gestión del equipo directivo.
No vayamos, como ha ocurrido en algunos países europeos, a favorecer a los bancos ineficientes y a perjudicar a los que han hecho bien los deberes.
Si es cierto que, como dice el FMI, estabilizar el sistema financiero costará a todos los españoles 41.000 millones, establezcamos un sistema (con avales preferentes a las cuotas participativas, intervención directa o impulso a las fusiones) que sea lo suficientemente transparente como para que a los españoles no se nos quede cara de tontos.
Hay que implementar las ayudas cuanto antes para aprovechar que a la Comisión Europea no le ha quedado más remedio que hacer la vista gorda a sus habituales recelos a las intervenciones públicas.
El problema es que este fondo de recapitalización debería orquestarse desde el Banco de España, una institución cuyo prestigio e independencia están siendo puestos en cuestión por el Gobierno.
La politización de la economía puede llevarnos al caos. Y no quiero ni pensar en cuando se plantee la reforma de la ley de cajas, que necesita el consenso de partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos y comunidades autónomas.
El triste espectáculo que los dirigentes del PP están ofreciendo en Caja Madrid da idea de la batalla que se puede desencadenar.
Pero ésa es otra historia...
Su beneficio ha descendido un 9,3% en el primer trimestre, hasta los 567 millones de euros, fruto de la decisión de destinar mayores dotaciones para insolvencias. Esa merma no empaña la firmeza que, en términos generales, exhiben sus cuentas.
La Caixa ha conseguido elevar sus principales márgenes (un 12,2% el de explotación, un 7,5% el bruto y un 5% el de intereses), evidenciando que su negocio recurrente goza de buena salud; ha reforzado su solvencia y conserva una holgada situación de liquidez: 19.818 millones.
Igualmente positivo es que sus gastos de explotación apenas han crecido un 2,5%, lo que le ha permitido mejorar su eficiencia hasta el 44,6%. Además, ha conseguido contener la morosidad (su tasa se ha situado en el 3,4%, por debajo de la media de las cajas: el 4,65%), aunque la tasa de cobertura se ha deslizado hasta el 51%. La crisis ha transfigurado el escenario.
Ahora, el objetivo no es crecer, sino disponer de la solvencia y la liquidez necesarias para resistir el aguacero, dos aspectos en los que La Caixa mantiene una cómoda posición.
De Irala, que sufrió en marzo de 2007 un infarto cerebral, anunció hoy esta decisión en el transcurso de una rueda de prensa convocada de manera urgente para las 13.00 horas en la sede de la entidad financiera, que comenzó con 25 minutos de retraso.
El presidente de BBK explicó que hoy mismo ha comunicado a los órganos de Gobierno de la caja que dejará su responsabilidad el 31 de julio por motivos de salud y, según señaló, recordó a los miembros del consejo de administración de la caja el accidente vascular que sufrió en 2007.
De Irala señaló que ese accidente "ha exigido y exigirá en el futuro" un atención y vigilancia "constante". El presidente de BBK manifestó que, aconsejado por los médicos, tenía tomada esta decisión desde 2007, porque "el liderazgo de una entidad del tamaño y la importancia de BBK termina siendo incompatible con una enfermedad de este tipo".
Además, indicó que, "por su sentido de responsabilidad" y la "inmediatez" de la puesta en marcha del proceso de fusión de las cajas, le hizo mantenerse en su puesto hasta ahora. A lo largo de todo este tiempo, se han realizado los cambios organizativos necesarios, "preparatorios de este momento".
El presidente de la BBK aseguró que está "en inmejorables condiciones" para hacer frente a la crisis económica y financiera, por lo que, según apuntó, "la decisión se enmarca en un entorno de tranquilidad institucional y con la organización preparada para que se produzca una transición tranquila y sin sobresaltos centrada en su Plan Director".
Tras subrayar que la BBK "es la entidad más solvente del sistema financiero y la más capitalizada en relación al activo", afirmó que su tasa de morosidad es de las más bajas del sistema" y mantiene "una buena posición de liquidez".
En este sentido, destacó que, al cierre del primer trimestre de este año, la Caja ha presentado un resultado de 60 millones de euros, un 5 por ciento superior al del ejercicio anterior en este mismo periodo.
Asimismo, recordó que, cuando haga efectiva su retirada, habrá cumplido seis años al frente de la entidad de ahorro vizcaína, durante los cuales "ha finalizado un Plan Director, ha duplicado los porcentajes de crecimiento alcanzados en la década anterior y ha alcanzado unos beneficios récord, y en consecuencia, unas dotaciones históricas a la Obra Social".
Nuevo presidente
El proceso de designación del nuevo presidente de la Caja comienza a partir de ahora y Xabier de Irala propondrá al consejo de administración "la mejor solución", mientras éste "lo someterá a la aprobación de la asamblea" que, previsiblemente, se celebrará en julio.
"La transición en la presidencia de BBK se efectuará con la organización alineada con los objetivos del Plan director 2008-2010, orientada a clientes y líder en compromiso social y con tiempo suficiente para elaborar el Plan de acción para el difícil 2010", manifestó.
Asimismo, anunció que se va a mantener "la trayectoria de gestión profesionalizada que ha demostrado la BBK desde su fundación hace ya 20 años". "Ese va a ser el perfil fundamental del candidato. Tendremos al mejor candidato posible", aseveró.
Fusión de las cajas
Tras destacar que la decisión de abandonar la presidencia de la BBK "la viene madurando desde hace algún tiempo" y no está relacionado con el tema de fusión de las cajas, afirmó que su compromiso con este proceso, que no salió adelante, "era total", pero no estaba previsto que "fuera más allá del periodo transitorio".
"La fusión está hecha", afirmó, en referencia a que, "desde el punto de vista técnico, los acuerdos que, en su momento se alcanzaron ahí están", por lo que "la fusión se puede hacer en poco tiempo". No obstante, precisó que, "en estos momentos, son los políticos los que tienen que decidir si están dispuestos a modificar la Ley para hacer la fusión y en qué momento".
"Por lo tanto, yo creo que el trabajo que, en su momento, se hizo para la fusión fue un trabajo excelente, muy bueno, que ahí está y ahí queda. Los políticos tendrán que recoger la pelota si les parece que puede ser un proyecto bueno, en su momento, y decidir si hay que hacerlo", añadió.
De Irala rechazó hablar de "fracaso de la fusión" y subrayó que "el trabajo que se ha hecho en los últimos tres años para permitir" que ésta "se lleve a cabo, se ha hecho".
"Y se ha hecho un trabajo enorme, desde un punto de vista técnico, en el que los tres presidentes estábamos de acuerdo. Eso ahí está y está encima de la mesa, y eso yo creo que no se va a perder. Por lo tanto, es un trabajo que ha sido muy útil. Hemos permitido dejarla volar en el campo de los que, en estos momentos, tienen que tomar la decisión y la decisión pasa por una modificación de la Ley en el Parlamento", añadió.
En este sentido, afirmó que, "mientras eso no se haga", no perderán "más el tiempo hablando de la fusión" porque la BBK se tiene que preocupar de sus clientes, de "los retos importantes" que tiene la sociedad en este momento, del desempleo y de la obra social. "Eso es lo que nosotros vamos a atender, en primer lugar. Si en algún momento, se cambia la Ley de Cajas, el proyecto de fusión ahí está".
Pese a esta decisión de "salir del ruedo y no seguir en la trinchera", el máximo hasta ahora presidente de la BBK no descartó entrar "en algún otro Consejo donde pueda aportar el valor de la experiencia acumulada a través de los proyectos profesionales" en los que ha participado, y expresó su especial preocupación por los problemas sociales.
De esta manera, se mostró favorable a poner su experiencia a favor de proyectos que estén relacionados con la obra social, "pero siempre desde fuera del ámbito de la BBK".
Biografía
Xabier de Irala accedió a la caja en 2003 en sustitución de José Ignacio Berroeta, después de abandonar la presidencia de Iberia. De Irala, uno de los principales defensores de la fusión de las cajas vascas, fue reelegido en 2008 como presidente de BBK.
Nacido en Nueva York en 1946 y titulado en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas en la Universidad de La Salle (Filipinas), el hasta ahora presidente de la primera caja de ahorros vasca, fue vicepresidente ejecutivo de ABB.
Fuentes de BBK confirmaron a Europa Press que la gestión futura de Fineco seguirá a cargo de los actuales profesionales de la compañía, que se ha convertido en la Banca Privada de la entidad vasca.
Fineco es un grupo de empresas que cuenta con una sociedad de valores, una gestora de instituciones de inversión colectiva y una gestora de fondos de pensiones. Fundado hace más de 20 años, constituye uno de los principales actores en el sector de banca privada en el País Vasco.
Según BBK, con esta operación, Fineco "mantiene sus principales activos", entre ellos su equipo profesional, "que se hará cargo del desarrollo futuro de la sociedad", además de su proyecto empresarial "basado en la independencia en la gestión y la relación de confianza y entendimiento con sus clientes".
La principal apuesta de la entidad se dirige a "reforzar su posicionamiento de atención y servicio al cliente que se consolida en el Compromiso Bancaja". En este sentido, se realizan diferentes estudios de calidad y satisfacción de los clientes elaborados por consultoras externas independientes, con el fin de mejorar el servicio prestado.
Asimismo, subrayó que los resultados obtenidos muestran una consistente línea de mejora, ya que, en la última encuesta realizada a cierre de 2008, los clientes otorgaron un 8,32 (sobre 10) a los servicios recibidos en las oficinas de Bancaja, una puntuación que mejora la del año anterior.
La rebaja del rating de CajaSur efectuada anteayer por la agencia de calificación Fitch, que ha dejado la deuda de la entidad ligada a la jerarquía eclesiástica en el territorio del “bono basura”, ha puesto a la Caja cordobesa en una situación delicada, al cerrarle en la práctica las vías de financiación interbancaria, tal como ocurriera con CCM, según el informe del Banco de España que justificó la intervención.
El fracaso de la operación de fusión por absorción entre Unicaja y CCM fue para Braulio Medel un mal “negocio” desde el punto de vista de sus intereses personales, porque, de haberse llevado a cabo, Don Braulio se hubiera asegurado la reelección como presidente de la fusionada por otros cuatro años. Ahora, esa reelección está en el aire, con el mandato de Medel a punto de expirar, lo que le pone en la tesitura de buscar una solución antes del 15 de agosto próximo, fecha de inicio de la campaña electoral para la renovación de cargos en Unicaja.
Pero el mismo interés que muestra Medel por CajaSur lo tiene también Antonio Pulido, que hace escasas fechas fue reelegido como presidente de Cajasol. La reelección, que no tuvo asegurada en absoluto hasta pocos días antes del Consejo que lo ratificó, ha cambiado de plano el horizonte de Pulido: de ser una víctima propiciatoria –tanto Cajasol como él mismo- destinada a ser engullida por Unicaja, de acuerdo con las directrices del ex consejero de Economía de la Junta, José Antonio Griñán, flamante presidente andaluz, Pulido ha pasado a operar por su cuenta, imaginando una fusión con CajaSur que reforzaría su posición negociadora a futuro ante el “temible” Medel.
Tanto para Medel como para Pulido podría tratarse de una carrera contra el reloj, en cuyo resultado mucho tendrá que decir el Banco de España, la propia Junta andaluza y, naturalmente, el Cabildo catedralicio cordobés, entidad fundadora de CajaSur, así como su presidente, el sacerdote Santiago Sierra. Una carrera en la que Pulido parte con alguna ventaja, de acuerdo con fuentes andaluzas muy conocedoras de los entresijos de la eventual operación. Fundamentalmente porque tiene mejores contactos con la Iglesia y un mayor grado de flexibilidad para atender sus requerimientos.
Reuniones secretas
Como publicara este diario el pasado 20 de marzo, desde hace semanas se viene cocinando en secreto un acuerdo entre altos cargos socialistas presentes en ambas entidades: el ya citado Pulido (Cajasol) y Salvador Blanco Rubio (vicepresidente ejecutivo de CajaSur), con el respaldo político de Rafael Velasco, secretario de Organización del PSOE de Andalucía, los tres naturales de Palma del Río y Castro del Río, es decir, socialistas y paisanos.
Salvador Blanco, vicepresidente ejecutivo de CajaSur desde 2005 en representación de la Diputación Provincial de Córdoba por el PSOE-A, es a la vez teniente de alcalde y ex alcalde de Palma del Río, de donde es también Rafael Velasco, el hombre que lleva la manija de los asuntos que tienen que ver con las Cajas andaluzas. Pulido, natural de Castro del Río, impulsa el acuerdo desde el respeto, cercano al miedo, que siente por Medel. CajaSur podría depararle la oportunidad de escaparse de las garras del malagueño y labrarse un futuro por su cuenta.
Medel, por su parte, tiene menos acceso a la Iglesia y, sobre todo, es demasiado conocida en el sector su habilidad para, tras muchos años en el puente de mando, salir de todas las tormentas a la cabeza del pelotón. No lo tendrá fácil, aunque sus incondicionales esperan de él una nueva demostración de su capacidad para llevarse el gato al agua en cualquier circunstancia. La última palabra, con todo, la tendrá el Cabildo cordobés: Medel o Pulido, esa es la cuestión.
En conjunto, el sector de las cajas presentaba al cierre de año un nivel de core capital (capital y reservas sobre activos ponderados por riesgo) del 6,8%; un Tier 1 (core capital más participaciones preferentes) del 8,1% -frente al mínimo requerido del 4%-; y una ratio Bis (todos los recursos propios computables, indica la solvencia total) del 11,1%, cuando el mínimo está en el 8%, según datos de la patronal Ceca. Unos datos que parecen coherentes a la luz del estudio del FMI que cifra en tan sólo 3.200 millones las necesidades de capital de la banca española.
Las cajas vascas BBK, Kutxa y Vital, seguidas por Cajastur y Unicaja muestran niveles de capitalizaciones muy elevados, con ratio de capital de primera categoría de hasta dos dígitos. En el otro extremo, sólo CajaSur no alcanza el 6%, aunque la entidad asegura que está tomando medidas para mejorar la situación. Fitch ha rebajado el ráting de esta caja hasta el nivel de bono basura por la debilidad de su capital.
Los analistas coinciden en que las ratio más importantes para valorar la solvencia son core capital y Tier 1, porque son los recursos propios de primera categoría los que tienen que absorber las pérdidas cuando lleguen los números rojos.
Jesús Martínez, responsable de banca de Standard&Poor’s (S&P) explica que la primera defensa de las entidades contra los problemas son los resultados y, en segundo lugar, están las provisiones acumuladas para hacer frente a la morosidad, la reserva de genéricas. Sólo cuando estos recursos se han acabado entra en juego el capital. Martínez considera que, más allá de los límites regulatorios, es difícil establecer el nivel idóneo de capital, porque esto depende de muchos factores, como el tipo de negocio de cada entidad y los riesgos que tiene en su balance.
Otro analista especialista en cajas coincide en que, aunque la incapacidad de cumplir la ratio total de solvencia es lo que determinaría una eventual intervención del Banco de España, el dato que interesa es el core capital, que es lo que se vería afectado por los números rojos. Este experto insiste en que, aunque la ratio mínima de Tier 1 es un 4%, el mercado actualmente pide niveles de, al menos, el 6%. En su opinión, además, no se puede descartar que una vez que pase la crisis se revisen los niveles requeridos, elevando esta cifra hasta el 8%.
Cautela
En todo caso, este analista insiste en que hay con coger los datos con cierta cautela ya que “hay que relacionar el nivel de capital con la morosidad”. No sólo es importante saber cuánta mora tiene una entidad, sino de qué tipo es, porque esto afecta al calendario de provisiones y, consecuentemente, al tiempo del que dispone la entidad para ir absorbiendo las pérdidas. Por ejemplo, una hipoteca a particulares con una financiación inferior al 80% del valor del inmueble sólo requiere una provisión del 2% en los dos primeros años, mientras que un préstamo sin garantía real obliga a una provisión mayor.
Fuentes de las cajas, en cambio, consideran que la ratio que hay que mirar es la de solvencia total, ya que si ésta desciende por debajo del 8% puede provocar una intervención del Banco de España. Estas fuentes añaden que aquellas cajas cuya ratio bis esté más baja podrían ser las candidatas para pedir la recapitalización pública. En este sentido, como ha explicado el presidente de la Ceca, Juan Ramón Quintás, estas inyecciones no servirían para garantizar la viabilidad de la entidad, sino que tendrían el objetivo de incentivar la actividad crediticia de las mismas.
El discurso que defiende Quintás es que cuando una entidad tiene los niveles de solvencia muy ajustados, tiende a cerrar el grifo del crédito porque cualquier impago puede transformarse en un problema de capital y no sólo de morosidad.
Las entidades toman medidas para mejorar sus niveles de capital
Las entidades vigilan de cerca su solvencia y, sobre todo las que se tienen niveles más ajustados toman medidas para mejorarla. CajaSur ha explicado a EXPANSIÓN que trabaja para incrementar su Tier I y modificar su perfil de riesgo para lograr un menor consumo de capital.
La caja, además, dice que sus recursos propios básicos están minorados en más de 100 millones a causa de fondos de comercio de inversiones corporativas y minusvalías de instrumentos financieros debidas a la actual situación del mercado, pero de previsible recuperación. Por su parte, Caja Segovia informa que el mes pasado entregó al Banco de España el informe sobre la evolución de su capital en situación de estress, cuyo resultado es que, incluso ante en escenarios peor, la ratio de solvencia no bajaría del mínimo requerido.
Hace un año por estas fechas, la patronal ultimaba la difusión de los beneficios de las cajas en el primer trimestre. No ha ofrecido ni siquiera los datos de febrero.
Hasta ahora la Confederación Española de Cajas de Ahorros difundía la realidad de las entidades cada mes, y sólo cuando habían pasado cuatro o cinco semanas desde la fecha a la que se refirieran los datos. Era mucho más ágil que la otra patronal bancaria, la AEB, que tarda mucho más en difundir la información de sus asociados. Ahora bien, los bancos cotizados son mucho más transparentes en información que la práctica totalidad de las cajas de ahorros.
Sin embargo, y después de lo sucedido con Caja Castilla-La Mancha, cuando la CECA reveló lo que después se supo como falso beneficio de la entidad, en la patronal de cajas han decidido cambiar su política.
Fuentes de la CECA admiten que se ha tomado la decisión de retrasar, sin que se conozca fecha de nueva publicación, la difusión de los balances de estas organizaciones.
Y entre las razones que aducen en la patronal están "problemas técnicos" derivados del cambio de normativa contable. Pero los balances correspondientes a diciembre y enero ya estaban adaptados a estas modificaciones y se difundieron en fechas similares a las del año anterior.
Los datos son relevantes en todo momento, pero más en una época de crisis como la actual. Y no se puede alegar que los datos no estén disponibles, ya que toda la información que tiene la CECA es difundida por el Banco de España, si bien el supervisor no desglosa por entidades, como hacía la CECA, sino que los da agrupados.
En la actualidad, las últimas cifras disponibles en la página web de la CECA- datos que también se enviaban a los medios de comunicación- corresponden al 31 de enero. Fueron difundidos el 25 de marzo.
En condiciones normales, ya deberían estar disponibles los del mes de febrero y listos para salir del horno los del 31 de marzo, si bien éstos, al incluir datos de beneficio, solían ofrecerse con algo más de retraso. Sin ir más lejos, hace un año la CECA ofreció los balances de febrero el 4 de abril y los de marzo el 21 de mayo.
Otra prueba de que la CECA tiene los datos y no quiere difundirlos es que su presidente, Juan Ramón Quintás, anunció el pasado 22 de abril los datos de morosidad de las cajas a 31 de marzo. Fue para resaltar que, en conjunto, se había producido un descenso de los créditos dudosos, el primero desde que estalló la crisis.
Lo sorprendente de la decisión adoptada por la CECA es que la propia organización ha reconocido en ocasiones que algunas de las entidades asociadas no son todo lo transparentes que debieran y no ofrecen en un tiempo razonable las cifras de su evolución.
Por ejemplo, la CECA desveló el beneficio de CCM (que luego el Banco de España convirtió en pérdidas) el 11 de marzo.
En la CECA arguyen que la Asociación Española de Banca aún tarda más en difundir la información, y razón no les falta. Pero la organización que preside Miguel Martín no ha retrasado la publicación de las cifras de los bancos (algunos de los cuales son extranjeros), sino que, históricamente, los entrega más tarde.
Ante esta situación, la dirección de la entidad ha orientado sus esfuerzos a mejorar sus ratios de solvencia por la vía de fortalecer sus recursos propios.
¿Cómo capitalizarse?
Sus responsables lo han intentado por dos vías: mediante una fusión de las tres Cajas de Ahorro dependientes de la Iglesia (Cajacírculo de Burgos, Caja de la Inmaculada de Aragón (CAI), y CajaSur, de Córdoba).
En las tres, el organismo fundador está ligado a la Iglesia Católica, que es quien más consejeros mantiene en cada una de ellas.
El proyecto, con todo, no pasó de una etapa exploratoria por diferencias de criterio entre los respectivos Obispados, además de los problemas legales derivados de la presencia de las tres Cajas en otras tantas Comunidades Autónomas. Un alto responsable de Cajacírculo manifestó a este diario semanas atrás que la posible fusión en ningún momento había sido considerada por los órganos de Gobierno de la entidad:
“A nosotros nadie nos ha dicho nada al respecto”.
Ante esta situación, los responsables de CajaSur han barajado a fondo la posibilidad de llevar a cabo una emisión de preferentes a suscribir en su totalidad por la Iglesia, a través de las diversas instituciones ligadas a la jerarquía eclesial, incluso la propia cadena de emisoras COPE.
“Pero tampoco aquí se ha concretado un acuerdo con los ecónomos de la Conferencia Episcopal”, aseguran las fuentes.
Y ello por dos razones fundamentalmente: porque no pocos Obispos han considerado que suscribir esa emisión no era tarea que tuviera que ver con la misión de la Iglesia Católica, por un lado, y porque aceptar ese petición podría servir de precedente capaz de obligar a la jerarquía a atender peticiones similares de las otras dos Cajas de dependencia eclesial en caso necesario.
El resultado de ambos intentos fallidos colocan a CajaSur ante una encrucijada.
En Andalucía no se ve más solución que abordar una fusión con otra caja de ahorros de la región, capaz de otorgar algún tipo de contraprestación al Cabildo cordobés.
Y aquí las opciones son contadas para Santiago Gómez Sierra, presidente de la entidad cordobesa: o llegar a un acuerdo con Antonio Pulido (CajaSol), como ya informó este diario, o echarse en brazos de Braulio Medel, presidente de Unicaja, que a buen seguro no dejará pasar por alto esta oportunidad.
CajaSur podría contar con 300.000 euros menos de lo previsto para afrontar su complicada situación financiera. El mes pasado la agencia de calificación crediticia Fitch activó las alertas cuando rebajó el ráting de la caja andaluza a BB+, con lo que entraba en territorio calificado como 'bono basura'. Esto es, con una probabilidad de impago significativa y el mismo que tenía Caja Castilla-La Mancha (CCM) antes de su intervención.
En el día de hoy, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la sanción impuesta a la entidad andaluza, de 300.000 euros. Según figura en la resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, dirigida por Soledad Núñez, el Consejo de Ministros impuso a Cajasur esta sanción por "incumplimiento injustificado" de la obligación de comunicación contenida en el artículo 3.4 a) de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre prevención de blanqueo de capitales.
El Gobierno ve responsable a la caja de infringir dicha ley sobre medidas de precaución en relación con el supuesto de que un empleado o directivo de la entidad hubiera puesto de manifiesto a los órganos de control interno la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros sancionó por este motivo a la caja andaluza el 1 de agosto de 2008, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo denegó el pasado 13 de marzo del 2009 la suspensión de la ejecución de la multa, por lo que procede publicar la sanción.
El Consejo de Ministros sancionó por este motivo a la caja andaluza el 1 de agosto de 2008, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo denegó el pasado 13 de marzo del 2009 la suspensión de la ejecución de la multa, por lo que procede publicar la sanción.
Según figura en la resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que dirige Soledad Núñez, el Consejo de Ministros impuso a Cajasur esta sanción por "incumplimiento injustificado" de la obligación de comunicación contenida en el artículo 3.4 a) de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre prevención de blanqueo de capitales.
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