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España: 300 mil millones de euros |
La exposición de las entidades al sector inmobiliario ha alcanzado cotas no vistas en otras recesiones. Los créditos pendientes de cobro superan los 315 mil millones y, por tanto, la cartera de inmuebles de bancos y cajas debería seguir creciendo como consecuencia de los impagos.
La morosidad del sector promotor se situó en septiembre de 2008 en el 4,57% y se prevé que siga al alza. Los activos que las entidades han adquirido en los últimos meses son una incógnita.
Ni siquiera las cifras facilitadas hasta ahora por bancos y cajas son orientativas, ya que en muchos casos éstas no incluyen los activos adjudicados por vía judicial, sino sólo aquellos adquiridos a través de un acuerdo con el deudor.
En cualquier caso, el problema de la banca no es sólo la magnitud de su cartera de inmuebles, sino las dificultades que debería tener para deshacerse de ella. Con indepedencia de las restricciones crediticias, los préstamos hipotecarios también han retrocedido por la menor demanda (la financiación nueva a vivienda cayó en noviembre un 50%).
Una de las vías para reactivarla sería aplicar una fuerte rebaja de precios a los inmuebles puestos en venta, un escenario que podría tener implicaciones negativas. Una caída generalizada de la valoración de los inmuebles perjudicaría los resultados y la viabilidad de las promotoras y, en consecuencia, su capacidad para repagar los créditos pendientes.
A su vez, más de un billón de euros de crédito bancario tiene garantía hipotecaria. De producirse un desplome de los precios inmobiliarios, el respaldo de los préstamos disminuiría y aumentarían los riesgos.
(continue)
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Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
Anónimo
Del total de los afiliados extranjeros de enero, la mayor parte, 1.276.805, estaban afiliados al Régimen General (60.767 menos que en diciembre), seguido del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con 216.814 afiliados; del Agrario, con 207.148; del Hogar, con 170.784; del Mar, con 4.123, y del Carbón, con 684.
Dentro del Régimen General, los sectores que registraron mayor número de afiliaciones en enero fueron la hostelería (con 236.798 personas, el 18,55%), la construcción (con 233.082, el 18,26%), el comercio y la reparación de vehículos de motor (con 211.377, el 16,56%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (con 146.466, el 11,47%).
Del total de los afiliados, 1.237.861 personas procedieron de países fuera de la Unión Europea, entre los que destacaron Marruecos (238.888 personas), Ecuador (215.481) y Colombia (129.883).
En cuanto a los que llegaron de la Unión Europea, se contabilizaron 638.498 afiliados extranjeros en enero, que procedieron sobre todo de Rumanía (234.198), Portugal (65.959), Italia (63.560) y Reino Unido (54.942).
Por comunidades autónomas, las que más afiliaciones medias registraron fueron Cataluña (con 420.406 personas, el 22,41 por ciento del total), la Comunidad de Madrid (con 414.415, el 22 por ciento), la Comunidad Valenciana (con 209.632, el 11,17 por ciento) y Andalucía (con 204.263, el 10,89 por ciento).
Por el contrario, las regiones con menos afiliados extranjeros a la Seguridad Social en enero de 2009 fueron Cantabria, con 12.518; Extremadura, con 12.617; Asturias, con 15.095, y La Rioja, con 16.807.
Además, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron 2.593 y 3.757 afiliados extranjeros medios, respectivamente.
En función del género, el número medio de afiliados extranjeros en enero fue de 1.092.122 hombres y 784.236 mujeres.
Dentro del Régimen General, los sectores que registraron mayor número de afiliaciones en enero fueron la hostelería (con 236.798 personas, el 18,55%), la construcción (con 233.082, el 18,26%), el comercio y la reparación de vehículos de motor (con 211.377, el 16,56%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (con 146.466, el 11,47%).
Del total de los afiliados, 1.237.861 personas procedieron de países fuera de la Unión Europea, entre los que destacaron Marruecos (238.888 personas), Ecuador (215.481) y Colombia (129.883).
En cuanto a los que llegaron de la Unión Europea, se contabilizaron 638.498 afiliados extranjeros en enero, que procedieron sobre todo de Rumanía (234.198), Portugal (65.959), Italia (63.560) y Reino Unido (54.942).
Por comunidades autónomas, las que más afiliaciones medias registraron fueron Cataluña (con 420.406 personas, el 22,41 por ciento del total), la Comunidad de Madrid (con 414.415, el 22 por ciento), la Comunidad Valenciana (con 209.632, el 11,17 por ciento) y Andalucía (con 204.263, el 10,89 por ciento).
Por el contrario, las regiones con menos afiliados extranjeros a la Seguridad Social en enero de 2009 fueron Cantabria, con 12.518; Extremadura, con 12.617; Asturias, con 15.095, y La Rioja, con 16.807.
Además, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron 2.593 y 3.757 afiliados extranjeros medios, respectivamente.
En función del género, el número medio de afiliados extranjeros en enero fue de 1.092.122 hombres y 784.236 mujeres.
Anónimo
Medio millón de personas. Ésa es la diferencia total entre el número de parados que refleja la estadística de paro conocida como Encuesta de Población Activa (EPA), y el dato que se desprende del conjunto de demandantes de empleo en las oficinas públicas de empleo.
La EPA es el dato prioritario en la medición del paro. Es el indicador admitido por la UE y el que se compara con el resto de Estados miembros para ver la evolución del mercado laboral. De hecho, es la única medición que se asume como ortodoxa para examinar la tasa.
Pues bien, ese dato recoge un total de 3.207.900 parados. Mientras que la estadística de paro registrada del INEM refleja 3.327.801. Pero, hay que tener en cuenta que esta última cifra tampoco muestra un colectivo de otras 400.000 personas que, pese a ser demandantes de empleo, según los baremos del Gobierno, tienen teóricamente poca formación como para acceder a un trabajo o su disponibilidad es limitada.
Así, si se analiza el cómputo total de personas que demandan empleo en las oficinas públicas, el dato asciende a 3.720.158. Es decir, que la diferencia entre los demandantes de empleo totales y el dato que muestra la EPA asciende a 512.258 personas que no aparecen en la tasa oficial de desempleo de España, según los datos calculados a partir de las estadísticas del sindicato USO, que recogen a su vez estadísticas oficiales del mercado laboral.
Este desfase en la medición no se distribuye por igual entre las distintas autonomías. Galicia es la más beneficiada por este salto estadístico: su tasa de paro EPA queda a 5,5 puntos de la registrada en el INEM. El desequilibrio supone que esta comunidad, gobernada por el PSOE y que celebra elecciones dentro de una semana, no dé cuentas en la medición EPA de 90.214 personas que, independientemente del criterio que se adopte, no están trabajando y quieren hacerlo.
Galicia es el caso más extremo, pero no el único en el que sorprende la divergencia de datos. Así, en Asturias, la diferencia entre la tasa de paro que mide la EPA y la del INEM asciende a 4,4 puntos (lo que deja en el limbo a 27.246 parados); en Cantabria, a 3,9 puntos (14.446 personas ) y en Extremadura, la brecha es de 3,5 puntos (46.128 desempleados).
Las autonomías gobernadas por el PSOE muestran, así, los contrastes más importantes. Mientras, las comunidades bajo el paraguas del PP (a excepción de Navarra, con régimen foral) quedan mucho mejor situadas: la diferencia entre su tasa de paro EPA y la del INEM no alcanza en ningún caso los dos puntos. La única que se aproxima a ese techo es Castilla y León, donde los registros difieren en 1,90 puntos (el equivalente a 31.760 parados).
Los expertos consultados aluden a esta división de las cifras y a los problemas de medición de los datos en la estadística española. ¿Es normal una divergencia tan pronunciada entre las distintas tasas? El INE responde –tras ser consultado por EXPANSIÓN– con un documento redactado en julio de 2008, en el que relata las diferencias estadísticas para responsabilizar, en gran parte, a los datos personales que proporcionan los parados.
“Las diferencias serían achacables a la falta de conciencia de los informantes respecto de los vericuetos asociados a su situación administrativa”. El informe señala que “la propuesta de cara al futuro” es introducir cambios en sus análisis para intentar que los dos registros sean más congruentes.
En el plano estadístico, esas diferencias responden al distinto modo de medición. El INEM mide sólo el número de parados que se registran en sus oficinas. Mientras, la EPA es una encuesta, donde deben aparecer todos. Eso sí, al ser encuesta, puede acarrear errores de muestreo y aproximaciones, no datos cerrados.
Pero eso no implicaría que debiese resultar menos fiable. De hecho, en Europa se toma como referencia la EPA, ya que no sólo plasma a las personas que dicen que están en paro, sino a los que, aun apuntados al desempleo, trabajan sin contrato, dando, por ejemplo, clases particulares. Por eso, la EPA refleja la economía sumergida.
La EPA es el dato prioritario en la medición del paro. Es el indicador admitido por la UE y el que se compara con el resto de Estados miembros para ver la evolución del mercado laboral. De hecho, es la única medición que se asume como ortodoxa para examinar la tasa.
Pues bien, ese dato recoge un total de 3.207.900 parados. Mientras que la estadística de paro registrada del INEM refleja 3.327.801. Pero, hay que tener en cuenta que esta última cifra tampoco muestra un colectivo de otras 400.000 personas que, pese a ser demandantes de empleo, según los baremos del Gobierno, tienen teóricamente poca formación como para acceder a un trabajo o su disponibilidad es limitada.
Así, si se analiza el cómputo total de personas que demandan empleo en las oficinas públicas, el dato asciende a 3.720.158. Es decir, que la diferencia entre los demandantes de empleo totales y el dato que muestra la EPA asciende a 512.258 personas que no aparecen en la tasa oficial de desempleo de España, según los datos calculados a partir de las estadísticas del sindicato USO, que recogen a su vez estadísticas oficiales del mercado laboral.
Este desfase en la medición no se distribuye por igual entre las distintas autonomías. Galicia es la más beneficiada por este salto estadístico: su tasa de paro EPA queda a 5,5 puntos de la registrada en el INEM. El desequilibrio supone que esta comunidad, gobernada por el PSOE y que celebra elecciones dentro de una semana, no dé cuentas en la medición EPA de 90.214 personas que, independientemente del criterio que se adopte, no están trabajando y quieren hacerlo.
Galicia es el caso más extremo, pero no el único en el que sorprende la divergencia de datos. Así, en Asturias, la diferencia entre la tasa de paro que mide la EPA y la del INEM asciende a 4,4 puntos (lo que deja en el limbo a 27.246 parados); en Cantabria, a 3,9 puntos (14.446 personas ) y en Extremadura, la brecha es de 3,5 puntos (46.128 desempleados).
Las autonomías gobernadas por el PSOE muestran, así, los contrastes más importantes. Mientras, las comunidades bajo el paraguas del PP (a excepción de Navarra, con régimen foral) quedan mucho mejor situadas: la diferencia entre su tasa de paro EPA y la del INEM no alcanza en ningún caso los dos puntos. La única que se aproxima a ese techo es Castilla y León, donde los registros difieren en 1,90 puntos (el equivalente a 31.760 parados).
Los expertos consultados aluden a esta división de las cifras y a los problemas de medición de los datos en la estadística española. ¿Es normal una divergencia tan pronunciada entre las distintas tasas? El INE responde –tras ser consultado por EXPANSIÓN– con un documento redactado en julio de 2008, en el que relata las diferencias estadísticas para responsabilizar, en gran parte, a los datos personales que proporcionan los parados.
“Las diferencias serían achacables a la falta de conciencia de los informantes respecto de los vericuetos asociados a su situación administrativa”. El informe señala que “la propuesta de cara al futuro” es introducir cambios en sus análisis para intentar que los dos registros sean más congruentes.
En el plano estadístico, esas diferencias responden al distinto modo de medición. El INEM mide sólo el número de parados que se registran en sus oficinas. Mientras, la EPA es una encuesta, donde deben aparecer todos. Eso sí, al ser encuesta, puede acarrear errores de muestreo y aproximaciones, no datos cerrados.
Pero eso no implicaría que debiese resultar menos fiable. De hecho, en Europa se toma como referencia la EPA, ya que no sólo plasma a las personas que dicen que están en paro, sino a los que, aun apuntados al desempleo, trabajan sin contrato, dando, por ejemplo, clases particulares. Por eso, la EPA refleja la economía sumergida.
Anónimo
Fitch destaca en su informe el drástico deterioro que está registrando la economía española, así como la exposición de CCM a los sectores inmobiliario y constructor, que se encuentran en caída libre. Por otro lado, puntualizan el fuerte repunte de la morosidad. Estos mismos argumentos son los que han utilizado las firmas de calificación desde comienzos de 2008 para ejecutar el mayor número de rebajas de ráting que ha vivido la banca española.
Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings, las tres agencias que prácticamente se reparten el negocio en todo el mundo, han recortado la nota crediticia a más de 20 bancos y cajas desde comienzos del años pasado. A su vez, han cambiado la perspectiva hasta negativa, lo que indica un posible paso previso a la bajada de ráting, a otras tantas, por lo que parece que esta tendencia continuará.Y los datos así lo corroboran.
Según se desprende delas últimas estadísticas del Banco de España, los clientes de las entidades financieras dejaron de pagar el año pasado 44.983 millones de euros. Esto significa que los impagos crecieron al día a ritmos de 123 millones de euros. Por su parte, la economía española acaba de entrar en recesión por primera vez en quince años.
Fitch ya le había rebajado la calificación a CCM durante dos ocasiones en los últimos meses. El pasado 11 de julio lo dejó en A- desde A, mientras que el 26 de septiembre le dio otro tijeretazo, al rebajárselo desde A- a BBB+. La siguiente en la lista que contaría con el ráting más bajo, según la propia agencia, es Caixa Laietana, a la que Fitch le rebajó la calificación desde BBB+ a BBB el pasado 27 de octubre, dos escalones por encima de CCM.
Por detrás, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caixa Penedès, Cajasur, Caixa Sabadell, Caixa Tarragona y Caja Círculo han sufrido una rebaja de calificación hasta BBB+ por parte de alguna firma de ráting.
El deterioro de la calidad crediticia tiene impacto sobre los costes de financiación, porque el inversor percibe un riesgo mayor de impago de la deuda y el emisor debe ofrecer una rentabilidad más elevada para colocar sus bonos.
Cómo se mide
El ráting cuentan con la siguiente nomenclatura: desde AAA (máximo posible), AA+, AA, AA-, A+, A, A, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-...y hasta D, por este orden. Cuanto más se acerca a D, más riesgo de imapago de la deuda existe.
Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings, las tres agencias que prácticamente se reparten el negocio en todo el mundo, han recortado la nota crediticia a más de 20 bancos y cajas desde comienzos del años pasado. A su vez, han cambiado la perspectiva hasta negativa, lo que indica un posible paso previso a la bajada de ráting, a otras tantas, por lo que parece que esta tendencia continuará.Y los datos así lo corroboran.
Según se desprende delas últimas estadísticas del Banco de España, los clientes de las entidades financieras dejaron de pagar el año pasado 44.983 millones de euros. Esto significa que los impagos crecieron al día a ritmos de 123 millones de euros. Por su parte, la economía española acaba de entrar en recesión por primera vez en quince años.
Fitch ya le había rebajado la calificación a CCM durante dos ocasiones en los últimos meses. El pasado 11 de julio lo dejó en A- desde A, mientras que el 26 de septiembre le dio otro tijeretazo, al rebajárselo desde A- a BBB+. La siguiente en la lista que contaría con el ráting más bajo, según la propia agencia, es Caixa Laietana, a la que Fitch le rebajó la calificación desde BBB+ a BBB el pasado 27 de octubre, dos escalones por encima de CCM.
Por detrás, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caixa Penedès, Cajasur, Caixa Sabadell, Caixa Tarragona y Caja Círculo han sufrido una rebaja de calificación hasta BBB+ por parte de alguna firma de ráting.
El deterioro de la calidad crediticia tiene impacto sobre los costes de financiación, porque el inversor percibe un riesgo mayor de impago de la deuda y el emisor debe ofrecer una rentabilidad más elevada para colocar sus bonos.
Cómo se mide
El ráting cuentan con la siguiente nomenclatura: desde AAA (máximo posible), AA+, AA, AA-, A+, A, A, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-...y hasta D, por este orden. Cuanto más se acerca a D, más riesgo de imapago de la deuda existe.
Anónimo
Los datos los acaba de publicar el Banco de España y no dejan sombras de dudas sobre el alcance que ha tomado la restricción crediticia, que se está cebando con una especial virulencia en el caso de los hogares.
Si a lo largo de 2007 bancos y cajas prestaron a las familias 97.497 millones de euros adicionales a las deudas que ya tenían contraídas (917.571 millones de euros), en el último año la cantidad prestada por las entidades financieras se situó en tan sólo 38.534 millones. Es decir, bastante menos de la mitad que el año anterior.
La comparación es todavía más espectacular si se tiene en cuenta que si en el último trimestre de 2007 bancos y cajas prestaron a las familias 21.000 millones de euros, en 2008 el flujo real se ha desplomado hasta los 4.014 millones.
Sin embargo, lo verdaderamente relevante es que en diciembre el crédito no sólo no tuvo un saldo positivo, sino que cayó en 4.277 millones de euros.
Es decir, que ni siquiera se han cubierto las amortizaciones, pese a que ya en diciembre el Tesoro Público adquirió activos o avaló a la banca para estimular la liquidez.
La cifra para el conjunto del ejercicio puede considerarse extraordinariamente baja si se compara con lo ocurrido en los años anteriores, y pone de manifiesto la intensidad del ajuste del crédito, lo que ha acelerado la crisis económica.
En 2005, el crédito nuevo concedido a los hogares (distinto del que se ha refinanciado) creció en 112.525 millones de euros; mientras que en 2006 se alcanzó la cifra récord de 127.886 millones, lo que significa que la financiación a los hogares crecía el triple que ahora en términos absolutos.
En términos relativos, esto significa que de crecer en el entorno del 20% en los últimos años se ha pasado a un raquítico 4,4% en diciembre pasado.
Los últimos meses de 2008 son importantes porque son posteriores a la decisión de la autoridad monetaria -el Banco Central Europeo- de abrir una especie de ‘barra libre’ a la hora captar fondos del BCE, bajando los tipos de interés y relajando las garantías que antes exigía para conceder financiación.
Es decir, que las condiciones eran más favorables para que las entidades de crédito pudieran conceder préstamos a sus clientes.
No ha sido así.
Por el contrario, la restricción está siendo especialmente intensa en el caso de la vivienda, donde se esta produciendo un ajuste sin precedentes. Probablemente, el más importante de los últimos 50 años.
Mientras que en 2006 bancos y cajas prestaron casi 97.000 millones de euros a los hogares para la adquisición de una vivienda (el 10% del Producto Interior Bruto), el año pasado el flujo efectivo -la financiación real que llegó a las familias- creció en tan sólo 29.167 millones; es decir, menos de la tercera parte, lo que da idea de hasta qué punto se ha cerrado el grifo de la financiación del ‘ladrillo’.
Esta evolución, sin lugar, a dudas, explica el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, toda vez que se trata de ventas que casi siempre van unidas a un préstamo bancario.
Fuerte endeudamiento
El ajuste ha sido algo menos intenso en el caso de las empresas, pero aún así es considerable.
De crecimientos del crédito cercanos al 20%, se ha pasado a un raquítico aumento del 7% en diciembre del año pasado respecto del mismo mes del año anterior.
Al igual que sucede en el caso de los hogares en relación a la vivienda, las sociedades se han endeudado fuertemente en los últimos años, y eso explica que cuando se ha cortado la financiación de su actividad productiva, su funcionamiento se ha resentido de una forma intensa.
Este proceso de ‘desapalancamiento’ es el que está detrás de muchos cierres empresariales.
El único agente económico que anda viento en popa en cuanto a financiación es el que lo componen las distintas administraciones públicas, que de no necesitar fondos bancarios hace apenas un año, se han convertido en los mejores clientes de los banqueros.
Hasta el punto de que mientras los préstamos totales del conjunto de sectores económicos crecen a ritmos del 7,1% (incorporando el crédito antiguo), la financiación a las administraciones públicas aumenta a tasas del 15,9%, es decir, más del doble.
Dicho en otros términos, la economía pública contribuye al crecimiento del crédito más que las familias (1,9 puntos porcentuales en el primer caso y 1,6 puntos en el segundo).
El resto corresponde a las empresas.
Quiere decir esto que se está produciendo ya con cierta intensidad lo que los expertos denominan efecto crowding out. Cuando el sector público expulsa del mercado de crédito a los agentes privados en busca de financiación, lo que agrava su situación económica.
Según las entidades de crédito, el hecho de que el grifo del crédito siga medio cerrado tiene que ver con el deterioro de la solvencia de los agentes económicos, en particular las empresas y las familias, que tienen por delante un duro año de ajuste.
Es decir, que de no tener apenas aversión al riesgo -lo que explica el alto grado de apalancamiento de la economía española- las entidades se han vuelto especialmente temerosas.
De esta manera se curan en salud ante de que aumente la tasa de morosidad muy por encima de lo que lo está haciendo ya: un 3,5% sobre los activos totales.
Si a lo largo de 2007 bancos y cajas prestaron a las familias 97.497 millones de euros adicionales a las deudas que ya tenían contraídas (917.571 millones de euros), en el último año la cantidad prestada por las entidades financieras se situó en tan sólo 38.534 millones. Es decir, bastante menos de la mitad que el año anterior.
La comparación es todavía más espectacular si se tiene en cuenta que si en el último trimestre de 2007 bancos y cajas prestaron a las familias 21.000 millones de euros, en 2008 el flujo real se ha desplomado hasta los 4.014 millones.
Sin embargo, lo verdaderamente relevante es que en diciembre el crédito no sólo no tuvo un saldo positivo, sino que cayó en 4.277 millones de euros.
Es decir, que ni siquiera se han cubierto las amortizaciones, pese a que ya en diciembre el Tesoro Público adquirió activos o avaló a la banca para estimular la liquidez.
La cifra para el conjunto del ejercicio puede considerarse extraordinariamente baja si se compara con lo ocurrido en los años anteriores, y pone de manifiesto la intensidad del ajuste del crédito, lo que ha acelerado la crisis económica.
En 2005, el crédito nuevo concedido a los hogares (distinto del que se ha refinanciado) creció en 112.525 millones de euros; mientras que en 2006 se alcanzó la cifra récord de 127.886 millones, lo que significa que la financiación a los hogares crecía el triple que ahora en términos absolutos.
En términos relativos, esto significa que de crecer en el entorno del 20% en los últimos años se ha pasado a un raquítico 4,4% en diciembre pasado.
Los últimos meses de 2008 son importantes porque son posteriores a la decisión de la autoridad monetaria -el Banco Central Europeo- de abrir una especie de ‘barra libre’ a la hora captar fondos del BCE, bajando los tipos de interés y relajando las garantías que antes exigía para conceder financiación.
Es decir, que las condiciones eran más favorables para que las entidades de crédito pudieran conceder préstamos a sus clientes.
No ha sido así.
Por el contrario, la restricción está siendo especialmente intensa en el caso de la vivienda, donde se esta produciendo un ajuste sin precedentes. Probablemente, el más importante de los últimos 50 años.
Mientras que en 2006 bancos y cajas prestaron casi 97.000 millones de euros a los hogares para la adquisición de una vivienda (el 10% del Producto Interior Bruto), el año pasado el flujo efectivo -la financiación real que llegó a las familias- creció en tan sólo 29.167 millones; es decir, menos de la tercera parte, lo que da idea de hasta qué punto se ha cerrado el grifo de la financiación del ‘ladrillo’.
Esta evolución, sin lugar, a dudas, explica el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, toda vez que se trata de ventas que casi siempre van unidas a un préstamo bancario.
Fuerte endeudamiento
El ajuste ha sido algo menos intenso en el caso de las empresas, pero aún así es considerable.
De crecimientos del crédito cercanos al 20%, se ha pasado a un raquítico aumento del 7% en diciembre del año pasado respecto del mismo mes del año anterior.
Al igual que sucede en el caso de los hogares en relación a la vivienda, las sociedades se han endeudado fuertemente en los últimos años, y eso explica que cuando se ha cortado la financiación de su actividad productiva, su funcionamiento se ha resentido de una forma intensa.
Este proceso de ‘desapalancamiento’ es el que está detrás de muchos cierres empresariales.
El único agente económico que anda viento en popa en cuanto a financiación es el que lo componen las distintas administraciones públicas, que de no necesitar fondos bancarios hace apenas un año, se han convertido en los mejores clientes de los banqueros.
Hasta el punto de que mientras los préstamos totales del conjunto de sectores económicos crecen a ritmos del 7,1% (incorporando el crédito antiguo), la financiación a las administraciones públicas aumenta a tasas del 15,9%, es decir, más del doble.
Dicho en otros términos, la economía pública contribuye al crecimiento del crédito más que las familias (1,9 puntos porcentuales en el primer caso y 1,6 puntos en el segundo).
El resto corresponde a las empresas.
Quiere decir esto que se está produciendo ya con cierta intensidad lo que los expertos denominan efecto crowding out. Cuando el sector público expulsa del mercado de crédito a los agentes privados en busca de financiación, lo que agrava su situación económica.
Según las entidades de crédito, el hecho de que el grifo del crédito siga medio cerrado tiene que ver con el deterioro de la solvencia de los agentes económicos, en particular las empresas y las familias, que tienen por delante un duro año de ajuste.
Es decir, que de no tener apenas aversión al riesgo -lo que explica el alto grado de apalancamiento de la economía española- las entidades se han vuelto especialmente temerosas.
De esta manera se curan en salud ante de que aumente la tasa de morosidad muy por encima de lo que lo está haciendo ya: un 3,5% sobre los activos totales.
Anónimo
Entre Bancaja, La Caixa, Caja Madrid y CAM acaparan más del 30% del fondo gubernamental de apoyo a la banca. Si se añaden Bankinter, Sabadell y Caixa Catalunya, entre las siete entidades se han quedado el 50% de la ayuda total, de casi 20.000 millones de euros.
Así, Bancaja ha recibido 1.498,8 millones; La Caixa, 1.338 millones y Caja Madrid, 1.320.3 millones. En su conjunto, ocho entidades han superado los 1.000 millones de adjudicación, como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), al recibir 1.315,3, Banesto (1.301 millones), Sabadell (1.237,1), Caixa Catalunya (1.024,5) y Bankinter (1.013 millones).
Durante su primera comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para informar de la evolución del fondo, Vegara ha considerado que tanto la instrumentación del fondo como el resultado de las subastas "merece una valoración positiva", ya que ha permitido inyectar al sistema financiero español 19.341 millones de euros, que han llegado a un número de entidades "relativamente elevado" en función de su actividad crediticia.
¿Qué es el Fondo de ayuda a la banca?
El fondo estatal de ayuda a la banca (llamado oficialmente Fondo para la Adquisición de Activos Financieros) se aprobó el pasado mes octubre y su principal objetivo es comprar títulos a la banca a cambio de activos para dotar de más liquidez a las entidades gracias al dinero público. Con esta inyección de liquidez, el Gobierno busca que los bancos reactivaran la concesión de préstamos a familias y empresas.
El importe total del fondo está valorado en unos 30.000 millones de euros, aunque es ampliable hasta los 50.000 millones de euros, cuya financiación corre a cargo a los Presupuestos Generales del Estado y mediante deuda emitida por el Tesoro. Una vez devuelto el dinero prestado por el Gobierno, las entidades podrán recuperar sus activos.
En noviembre y diciembre, se realizaron dos subastas del fondo de ayuda por un montante total de 9.300 millones de euros en activos de de máxima calidad, según explica el Gobierno. Otras dos subastas tuvieron lugar en el pasado mes de enero que se saldaron con una valor de unos 10.000 millones de euros.
Así, Bancaja ha recibido 1.498,8 millones; La Caixa, 1.338 millones y Caja Madrid, 1.320.3 millones. En su conjunto, ocho entidades han superado los 1.000 millones de adjudicación, como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), al recibir 1.315,3, Banesto (1.301 millones), Sabadell (1.237,1), Caixa Catalunya (1.024,5) y Bankinter (1.013 millones).
Durante su primera comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para informar de la evolución del fondo, Vegara ha considerado que tanto la instrumentación del fondo como el resultado de las subastas "merece una valoración positiva", ya que ha permitido inyectar al sistema financiero español 19.341 millones de euros, que han llegado a un número de entidades "relativamente elevado" en función de su actividad crediticia.
¿Qué es el Fondo de ayuda a la banca?
El fondo estatal de ayuda a la banca (llamado oficialmente Fondo para la Adquisición de Activos Financieros) se aprobó el pasado mes octubre y su principal objetivo es comprar títulos a la banca a cambio de activos para dotar de más liquidez a las entidades gracias al dinero público. Con esta inyección de liquidez, el Gobierno busca que los bancos reactivaran la concesión de préstamos a familias y empresas.
El importe total del fondo está valorado en unos 30.000 millones de euros, aunque es ampliable hasta los 50.000 millones de euros, cuya financiación corre a cargo a los Presupuestos Generales del Estado y mediante deuda emitida por el Tesoro. Una vez devuelto el dinero prestado por el Gobierno, las entidades podrán recuperar sus activos.
En noviembre y diciembre, se realizaron dos subastas del fondo de ayuda por un montante total de 9.300 millones de euros en activos de de máxima calidad, según explica el Gobierno. Otras dos subastas tuvieron lugar en el pasado mes de enero que se saldaron con una valor de unos 10.000 millones de euros.
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