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Correa da un ultimátum a Repsol |
El presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, en su habitual programa radiofónico de los sábados anunció que dio un "ultimátum" a la petrolera española Repsol y le exigió que retire la demanda que mantiene ante la Corte Internacional de Arbitraje Relativas a Inversiones (Ciadi).
Según informó el dirigente ecuatoriano la semana pasada se reunió con directivos de esta compañía a los que les transmitió su decisión, si es que pretenden seguir operando en el país latinoamericano.
Para ello Repsol debe retirar el arbitraje en el Ciadi, de no hacerlo "se van del país" declaró en la emisión radiofónica.
La petrolera mantiene una demanda contra Ecuador por la aplicación de una ley en 2006, que suponía la entrega al Estado de la mitad de los ingresos adicionales obtenidos por el alto precio del crudo que se registraba en ese entonces.
La petrolera opera en el campo Tivacuno de la Amazonía, en los denominados bloques 14 y 16, con una producción de 6,6 millones de barriles en 2007 y unas reservas probadas de crudo de 15,2 millones.
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Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
Anónimo
La carta, cuya fecha es del 8 de enero, fue dirigida al General Jaime Hurtado, Comandante de la Policía del Ecuador, e indicaba la finalización del entendimiento del apoyo logístico y operativo brindado al Centro de Operaciones Anti Contrabando –COAC-, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DGI) de la policía nacional a partir de su recepción.
Uno de los proyectos por los cuales se ha mantenido y desarrollado la lógica de dependencia histórica del Ecuador con respecto a la política norteamericana contra el tráfico ilegal de personas y estupefacientes.
La terminación de dicho acuerdo entre los EE.UU. y Ecuador, se dio consecuencia de que el gobierno ecuatoriano rehusó a que fuese la embajada de los Estados Unidos la que calificase al personal de la unidad policial encargada, así como que fuesen quienes designasen a su Comandante.
El gobierno ecuatoriano, a través de su Ministerio de Gobierno y del propio presidente de la República, ya había anunciado a la embajada norteamericana que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” –desde dos años- este tipo de lógicas habían cambiado.
En el programa radiotelevisivo de la mañana del sábado, utilizada por el presidente Correa para su rendición de cuentas semanales a la ciudadanía de su país, este rechazó la decisión del diplomático norteamericano al indicar que es potestad de los mandos policiales del Ecuador, calificar a su personal y evidentemente a su Comandante, indicando que ya le había dado orden al general Hurtado de que terminara con la práctica anterior.
Correa calificó la carta como “insolente” e indicó que dichas prácticas se habían terminado en su gobierno.
De esta manera el mandatario ecuatoriano alineaba su postura con la nueva Constitución aprobada por el país el pasado 28 de septiembre, en la cual se deja constancia de que en el Ecuador, "la soberanía radica en el pueblo, cuya volundad es el fundamento de autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución".
La carta enviada por Astorga, solicita que como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno del Ecuador de dar por terminado el acuerdo anteriormente existente, también quedan suspendidos 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo otorgado por el gobierno norteamericano al COAC.
De igual manera, en la misiva norteamericana, se indica que todos los activos, vehículos, muebles de escritorio, cámaras fotográficas y motocicletas entregadas a la COAC, sean devueltas de manera inmediata.
En este sentido, Rafael Correa indicó:
“Señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos, aquí hay soberanía y dignidad, quédese con sus 340.000 dólares, majadero insolente”.
Con respecto a la infraestructura demandada por Astorga, el presidente ecuatoriano ordenó al Comandante de la Policía que devuelva a las autoridades norteamericanas hasta el último centavo entregado por los gringos de manera inmediata.
“Devuélvale hasta el último centavo que este señor haya dado, devuélvale hasta el último borrador, mañana mismo, que se queden con sus cosas, Ecuador no necesita la caridad de nadie”, sentenció el presidente Correa.
De forma similar, el Jefe de Estado rechazó los condicionamientos del funcionario de la embajada de los Estados Unidos a que la decisión del Gobierno Nacional sea revisada, con el fin de contribuir con 160.000 dólares anuales.
En este sentido, el lunes será entregada una comunicación a la embajada donde se indicará que el Ecuador no requiere de los 340.000 dólares ni de los 160.000 dólares anuales que EE.UU. iba a otorgar para apoyo logístico y operativo a la unidad nacional contra la trata de personas.
El presidente Correa indicó que en la carta que el Ecuador enviará a las autoridades norteamericanas, propondrá “una donación a Estados Unidos de 160.000 dólares anuales para proyectos que tengan como fin evitar la tortura en los Estados Unidos”, denunciando de esta manera que “se está torturando en cárceles como la de Guantánamo”.
“Estos señores no saben con quién están tratando”, señaló Correa, indicando que recientemente la embajadora de los EE.UU., Heather Hodges, le había solicitado que tras la salida de los norteamericanos de la base de Manta –hecho que se desarrollará en este año en cumplimiento del artículo 5 de la Constitución en la cual se indica que "No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares" en territorio ecuatoriano-, se permitiera el aterrizaje de aviones de control antidrogas en el suelo ecuatoriano con el fin de poder hacer repostaje.
En referencia a esto, el primer mandatario ecuatoriano indicó que aceptaba la petición de la embajadora con la condición de: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país”, y prosiguió, “nosotros calificaremos a los pilotos, si no, aquí no aterriza ningún avión norteamericano”.
Al finalizar, el presidente Correa, sostuvo que Estados Unidos debe “perder las esperanzas” de que su gobierno revise su posición respecto a ese acuerdo con Washington, porque “mientras esté el gobierno de la revolución ciudadana, las circunstancias no cambiarán, (…), estamos no en una colonia norteamericana, sino en una país digno y soberano”.
Fuentes de la embajada norteamericana en el Ecuador indican que el funcionario expulsado por Correa no se encuentra en el país desde finales del mes de enero.
(mas...)
Uno de los proyectos por los cuales se ha mantenido y desarrollado la lógica de dependencia histórica del Ecuador con respecto a la política norteamericana contra el tráfico ilegal de personas y estupefacientes.
La terminación de dicho acuerdo entre los EE.UU. y Ecuador, se dio consecuencia de que el gobierno ecuatoriano rehusó a que fuese la embajada de los Estados Unidos la que calificase al personal de la unidad policial encargada, así como que fuesen quienes designasen a su Comandante.
El gobierno ecuatoriano, a través de su Ministerio de Gobierno y del propio presidente de la República, ya había anunciado a la embajada norteamericana que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” –desde dos años- este tipo de lógicas habían cambiado.
En el programa radiotelevisivo de la mañana del sábado, utilizada por el presidente Correa para su rendición de cuentas semanales a la ciudadanía de su país, este rechazó la decisión del diplomático norteamericano al indicar que es potestad de los mandos policiales del Ecuador, calificar a su personal y evidentemente a su Comandante, indicando que ya le había dado orden al general Hurtado de que terminara con la práctica anterior.
Correa calificó la carta como “insolente” e indicó que dichas prácticas se habían terminado en su gobierno.
De esta manera el mandatario ecuatoriano alineaba su postura con la nueva Constitución aprobada por el país el pasado 28 de septiembre, en la cual se deja constancia de que en el Ecuador, "la soberanía radica en el pueblo, cuya volundad es el fundamento de autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución".
La carta enviada por Astorga, solicita que como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno del Ecuador de dar por terminado el acuerdo anteriormente existente, también quedan suspendidos 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo otorgado por el gobierno norteamericano al COAC.
De igual manera, en la misiva norteamericana, se indica que todos los activos, vehículos, muebles de escritorio, cámaras fotográficas y motocicletas entregadas a la COAC, sean devueltas de manera inmediata.
En este sentido, Rafael Correa indicó:
“Señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos, aquí hay soberanía y dignidad, quédese con sus 340.000 dólares, majadero insolente”.
Con respecto a la infraestructura demandada por Astorga, el presidente ecuatoriano ordenó al Comandante de la Policía que devuelva a las autoridades norteamericanas hasta el último centavo entregado por los gringos de manera inmediata.
“Devuélvale hasta el último centavo que este señor haya dado, devuélvale hasta el último borrador, mañana mismo, que se queden con sus cosas, Ecuador no necesita la caridad de nadie”, sentenció el presidente Correa.
De forma similar, el Jefe de Estado rechazó los condicionamientos del funcionario de la embajada de los Estados Unidos a que la decisión del Gobierno Nacional sea revisada, con el fin de contribuir con 160.000 dólares anuales.
En este sentido, el lunes será entregada una comunicación a la embajada donde se indicará que el Ecuador no requiere de los 340.000 dólares ni de los 160.000 dólares anuales que EE.UU. iba a otorgar para apoyo logístico y operativo a la unidad nacional contra la trata de personas.
El presidente Correa indicó que en la carta que el Ecuador enviará a las autoridades norteamericanas, propondrá “una donación a Estados Unidos de 160.000 dólares anuales para proyectos que tengan como fin evitar la tortura en los Estados Unidos”, denunciando de esta manera que “se está torturando en cárceles como la de Guantánamo”.
“Estos señores no saben con quién están tratando”, señaló Correa, indicando que recientemente la embajadora de los EE.UU., Heather Hodges, le había solicitado que tras la salida de los norteamericanos de la base de Manta –hecho que se desarrollará en este año en cumplimiento del artículo 5 de la Constitución en la cual se indica que "No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares" en territorio ecuatoriano-, se permitiera el aterrizaje de aviones de control antidrogas en el suelo ecuatoriano con el fin de poder hacer repostaje.
En referencia a esto, el primer mandatario ecuatoriano indicó que aceptaba la petición de la embajadora con la condición de: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país”, y prosiguió, “nosotros calificaremos a los pilotos, si no, aquí no aterriza ningún avión norteamericano”.
Al finalizar, el presidente Correa, sostuvo que Estados Unidos debe “perder las esperanzas” de que su gobierno revise su posición respecto a ese acuerdo con Washington, porque “mientras esté el gobierno de la revolución ciudadana, las circunstancias no cambiarán, (…), estamos no en una colonia norteamericana, sino en una país digno y soberano”.
Fuentes de la embajada norteamericana en el Ecuador indican que el funcionario expulsado por Correa no se encuentra en el país desde finales del mes de enero.
(mas...)
Anónimo
Correa admitió que esa decisión le acarreará conflictos con los gobiernos de España y Francia, pero remarcó que la medida era "inevitable" para impedir que "ciertas compañías se burlen del país". "Tenemos que confrontar los abusos" y el Gobierno tiene "muchos frentes abiertos, lo sabemos, pero o cambiamos este país o prefiero irme a mi casa", advirtió el mandatario.
Renegociación de los contratos
Explicó que la medida de coacción obedece también a la actitud de las dos petroleras para acelerar la renegociación de los actuales contratos de participación por otros de prestación de servicios, que le interesa a Ecuador.
"Esos contratos de participación era un saqueo", ha declarado Correa, por considerar que ellos permitían que las petroleras que operan en el país paguen una cuota establecida en los convenios, pero no decían nada sobre las ganancias extraordinarias por el alto precio del crudo en los mercados internacionales.
Correa recordó que en 2007 promulgó un decreto ejecutivo que establecía que el 99% de esas ganancias extraordinarias vayan al Estado y el 1% a las compañías, que seguían recibiendo las cuotas porcentuales establecidas en los contratos.
En los "cuatro o cinco años de los precios del petróleo, extremadamente altos, no nos dieron 'dos reales' de esas ganancias extraordinarias y se llenaron sus bolsillos", y por ello se promulgó el decreto denominado '99-1', añadió el gobernante.
Varios analistas y directivos de las petroleras consideraron "exagerado" el reparto para el Estado y por ello algunas petroleras demandaron a Ecuador en tribunales internacionales, aunque muchas de esos procesos se han eliminado.
Sin embargo, aseguró que "más exagerado eran los tres o cuatro años en que la distribución era cien a cero; cien para la compañía y cero para el país (...) ¿Por qué ahí no dijeron nada?", se preguntó, tras opinar que algunas compañías extranjera "nos creen hasta tontos".
"Hay muchas compañías que ya renegociaron sus contratos, está Andes Petroleum (China), Petrobras (Brasil), con City Oriente (EEUU) también arreglamos; pero hay dos compañías que son Perenco y Repsol, de la cual forma parte también Burlington, que nos han hecho perder el tiempo porque se llegaba a un acuerdo y se retrocedía", añadió.
"Temo que ellos creían que seguían con los gobiernos de antes, así que, señores, nosotros no vamos a permitir esto", apuntó al admitir que "esto nos va a crear fricciones con los gobiernos de Francia y de España que defienden mucho a sus trasnacionales".
No acatarán normas extraterregionales
"Lo sentimos mucho, son gobiernos a los que estimamos mucho, pero aquí haremos respetar la soberanía nacional y los intereses nacionales", apostilló.
Agregó que si Repsol y Perenco acuden a los tribunales internacionales, Ecuador "no hará caso a instancias extrarregionales que nos quieren decir qué hacer o no hacer".
Renegociación de los contratos
Explicó que la medida de coacción obedece también a la actitud de las dos petroleras para acelerar la renegociación de los actuales contratos de participación por otros de prestación de servicios, que le interesa a Ecuador.
"Esos contratos de participación era un saqueo", ha declarado Correa, por considerar que ellos permitían que las petroleras que operan en el país paguen una cuota establecida en los convenios, pero no decían nada sobre las ganancias extraordinarias por el alto precio del crudo en los mercados internacionales.
Correa recordó que en 2007 promulgó un decreto ejecutivo que establecía que el 99% de esas ganancias extraordinarias vayan al Estado y el 1% a las compañías, que seguían recibiendo las cuotas porcentuales establecidas en los contratos.
En los "cuatro o cinco años de los precios del petróleo, extremadamente altos, no nos dieron 'dos reales' de esas ganancias extraordinarias y se llenaron sus bolsillos", y por ello se promulgó el decreto denominado '99-1', añadió el gobernante.
Varios analistas y directivos de las petroleras consideraron "exagerado" el reparto para el Estado y por ello algunas petroleras demandaron a Ecuador en tribunales internacionales, aunque muchas de esos procesos se han eliminado.
Sin embargo, aseguró que "más exagerado eran los tres o cuatro años en que la distribución era cien a cero; cien para la compañía y cero para el país (...) ¿Por qué ahí no dijeron nada?", se preguntó, tras opinar que algunas compañías extranjera "nos creen hasta tontos".
"Hay muchas compañías que ya renegociaron sus contratos, está Andes Petroleum (China), Petrobras (Brasil), con City Oriente (EEUU) también arreglamos; pero hay dos compañías que son Perenco y Repsol, de la cual forma parte también Burlington, que nos han hecho perder el tiempo porque se llegaba a un acuerdo y se retrocedía", añadió.
"Temo que ellos creían que seguían con los gobiernos de antes, así que, señores, nosotros no vamos a permitir esto", apuntó al admitir que "esto nos va a crear fricciones con los gobiernos de Francia y de España que defienden mucho a sus trasnacionales".
No acatarán normas extraterregionales
"Lo sentimos mucho, son gobiernos a los que estimamos mucho, pero aquí haremos respetar la soberanía nacional y los intereses nacionales", apostilló.
Agregó que si Repsol y Perenco acuden a los tribunales internacionales, Ecuador "no hará caso a instancias extrarregionales que nos quieren decir qué hacer o no hacer".
Anónimo
El funcionario explicó que las compañías extranjeras fueron notificadas en cuanto a "que en 72 horas tienen que proceder al pago” para evitar el cobro por la vía legal como ordenó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, el sábado pasado.
“De no ocurrir la erogación del dinero que se está pidiendo, evidentemente vendrán las medidas cautelares de acuerdo a la ley”, aseguró Jaramillo.
El presidente Correa declaró que ambas petroleras se niegan a entregar al Estado 99% de las utilidades extraordinarias por el alto precio del crudo.
La deuda de Repsol-YPF asciende a unos 444 millones de dólares y la de Perenco a unos 336 millones.
“Como no han pagado sus impuestos sobre ganancias extraordinarias he ordenado que ya se efectúe la coactiva contra Repsol y Perenco”, expresó el jefe de Estado.
La coactiva es una figura legal a través de la cual se puede llegar hasta la confiscación de bienes.
El mandatario indicó que Repsol-YPF, que extrae unos 48.900 barriles por día, y Perenco, con 25.600 barriles por día, “nos han hecho perder el tiempo” en la renegociación de sus contratos, sin que hayan accedido a reconocer más ganancias para el Estado.
“Esto nos va a crear fricciones con los gobiernos de Francia y España que defienden mucho a sus transnacionales, pero aquí haremos respetar la soberanía”, anticipó el Jefe de Estado ecuatoriano.
Quito decidió suspender la producción de Perenco para cumplir con la reducción de crudo adoptada por la Organización de Países Exportadores de Petróleos (OPEP) de la que Ecuador es el miembro más pequeño, con una extracción promedio de 506.000 barriles diarios.
“De no ocurrir la erogación del dinero que se está pidiendo, evidentemente vendrán las medidas cautelares de acuerdo a la ley”, aseguró Jaramillo.
El presidente Correa declaró que ambas petroleras se niegan a entregar al Estado 99% de las utilidades extraordinarias por el alto precio del crudo.
La deuda de Repsol-YPF asciende a unos 444 millones de dólares y la de Perenco a unos 336 millones.
“Como no han pagado sus impuestos sobre ganancias extraordinarias he ordenado que ya se efectúe la coactiva contra Repsol y Perenco”, expresó el jefe de Estado.
La coactiva es una figura legal a través de la cual se puede llegar hasta la confiscación de bienes.
El mandatario indicó que Repsol-YPF, que extrae unos 48.900 barriles por día, y Perenco, con 25.600 barriles por día, “nos han hecho perder el tiempo” en la renegociación de sus contratos, sin que hayan accedido a reconocer más ganancias para el Estado.
“Esto nos va a crear fricciones con los gobiernos de Francia y España que defienden mucho a sus transnacionales, pero aquí haremos respetar la soberanía”, anticipó el Jefe de Estado ecuatoriano.
Quito decidió suspender la producción de Perenco para cumplir con la reducción de crudo adoptada por la Organización de Países Exportadores de Petróleos (OPEP) de la que Ecuador es el miembro más pequeño, con una extracción promedio de 506.000 barriles diarios.
Anónimo
"Queremos que todo el mayor número de inversores españoles lleguen a Ecuador y tengamos el mejor nivel de relación, y por lo tanto la única manera es crear la condiciones y pasar los mensajes para que luego la empresa y las autoridades competentes encuentren una solución", sostuvo Moratinos.
El ministro de Asuntos Exteriores, que permanecerá en Ecuador hasta el viernes, se reunió con su homólogo, Fander Falconí, para revisar ese tema y suscribir acuerdos para un canje de deuda por 30 millones de dólares y otro que autoriza el voto de españoles y ecuatorianos en las elecciones internas de ambos países.
Moratinos también se reunió con el presidente Correa en las afueras de Quito durante su primera visita a Ecuador, enmarcada en la polémica que enfrenta al gobierno con Repsol.
La empresa rehúsa cambiar su contrato como lo exigen las autoridades y adeuda 444 millones de dólares en impuestos atrasados, por lo que el Ejecutivo inició el cobro por vía judicial en un proceso que puede llevar al embargo de sus bienes, según Quito.
Repsol tiene plazo hasta el jueves para desembolsar ese dinero "y si no arregla habrá que aplicar medidas legales, retenciones provisionales" de bienes, indicó el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Pese a la advertencia, el jefe de la diplomacia española ratificó el interés de los inversores españoles en permanecer en el país y el "excelente" momento por el que atraviesan las relaciones entre los dos Gobiernos.
"Las empresas españolas están en Ecuador para permanecer estratégicamente, para hacer corresponsables en el desarrollo y en el proyecto político y social del presidente" Correa, afirmó Moratinos.
Asimismo, anunció que el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, desea visitar Ecuador este año "dado el excelente nivel político de interlocución que mantiene con el presidente Correa y los intereses" compartidos.
Repsol extrae unos 48.900 barriles diarios de petróleo de la selva ecuatoriana y actualmente opera bajo un contrato que le deja al país un 18% del volumen extraído.
Correa está presionando para que la compañía facture los gastos de operación y cobre un margen de utilidad a cambio de que todo el crudo quede en manos del Estado.
El 19 de febrero, el mandatario no descartó posibles fricciones con el Gobierno español por el caso de la petrolera.
En su encuentro con el ministro ecuatoriano, Moratinos también se refirió a la crisis económica mundial y la "sensible cuestión migratoria".
"Creo que con el acuerdo que acabamos de firmar hemos ampliado ese sentimiento de ciudadanía, ampliando sus derechos. Ese es el deseo y la voluntad del Gobierno español", expresó.
Los ecuatorianos son la tercera comunidad más numerosa de extranjeros en España -después de rumanos y marroquíes, con 420.000 personas contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El ministro de Asuntos Exteriores, que permanecerá en Ecuador hasta el viernes, se reunió con su homólogo, Fander Falconí, para revisar ese tema y suscribir acuerdos para un canje de deuda por 30 millones de dólares y otro que autoriza el voto de españoles y ecuatorianos en las elecciones internas de ambos países.
Moratinos también se reunió con el presidente Correa en las afueras de Quito durante su primera visita a Ecuador, enmarcada en la polémica que enfrenta al gobierno con Repsol.
La empresa rehúsa cambiar su contrato como lo exigen las autoridades y adeuda 444 millones de dólares en impuestos atrasados, por lo que el Ejecutivo inició el cobro por vía judicial en un proceso que puede llevar al embargo de sus bienes, según Quito.
Repsol tiene plazo hasta el jueves para desembolsar ese dinero "y si no arregla habrá que aplicar medidas legales, retenciones provisionales" de bienes, indicó el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Pese a la advertencia, el jefe de la diplomacia española ratificó el interés de los inversores españoles en permanecer en el país y el "excelente" momento por el que atraviesan las relaciones entre los dos Gobiernos.
"Las empresas españolas están en Ecuador para permanecer estratégicamente, para hacer corresponsables en el desarrollo y en el proyecto político y social del presidente" Correa, afirmó Moratinos.
Asimismo, anunció que el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, desea visitar Ecuador este año "dado el excelente nivel político de interlocución que mantiene con el presidente Correa y los intereses" compartidos.
Repsol extrae unos 48.900 barriles diarios de petróleo de la selva ecuatoriana y actualmente opera bajo un contrato que le deja al país un 18% del volumen extraído.
Correa está presionando para que la compañía facture los gastos de operación y cobre un margen de utilidad a cambio de que todo el crudo quede en manos del Estado.
El 19 de febrero, el mandatario no descartó posibles fricciones con el Gobierno español por el caso de la petrolera.
En su encuentro con el ministro ecuatoriano, Moratinos también se refirió a la crisis económica mundial y la "sensible cuestión migratoria".
"Creo que con el acuerdo que acabamos de firmar hemos ampliado ese sentimiento de ciudadanía, ampliando sus derechos. Ese es el deseo y la voluntad del Gobierno español", expresó.
Los ecuatorianos son la tercera comunidad más numerosa de extranjeros en España -después de rumanos y marroquíes, con 420.000 personas contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Anónimo
El funcionario informó en rueda de prensa que Repsol-YPF pagará durante cinco años y con desembolsos semestrales los 447 millones de dólares que adeuda por las ganancias adicionales obtenidas por el alto precio del petróleo.
En 2006, el gobierno ecuatoriano estableció la denominada "Ley 042" para que el Estado ecuatoriano reciba la mitad (50 por ciento) de las ganancias petroleras. Sin embargo, ese porcentaje se elevó al 99 por ciento en octubre de 2007.
De acuerdo con Palacios, la petrolera española hará el primer desembolso por 88,9 millones de dólares el 17 de marzo próximo y una segunda cuota de 53,3 millones de dólares, seis meses después (septiembre de 2009).
Señaló que al final del calendario de pagos, Ecuador recibirá una cantidad superior a los 500 millones de dólares, si se considera la cuantía por intereses.
El calendario de pagos, añadió el ministro, facilita el cobro del 80 por ciento del monto de la deuda en tres años, y el 20 por ciento restante en los dos últimos años.
Ese último tramo del 20 por ciento, según Palacios, representa el porcentaje del paquete accionarial de la estadounidense Murphy, el socio que Repsol tiene para explotar el denominado "Bloque 17", en la amazonia ecuatoriana.
Murphy se oponía a la modificación del contrato con el Estado ecuatoriano, por lo que Repsol ha tenido que comprar la participación de la estadounidense para concretar el acuerdo con Ecuador.
El gobierno ecuatoriano amenazó a Repsol con ciertas acciones que podrían suponer la incautación o retención de fondos de la compañía, si ésta se resistía a pagar el monto establecido en la "Ley 042".
La visita oficial a Ecuador del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Morantinos, sirvió para que la petrolera hispano-argentina Repsol y las autoridades ecuatorianas encuentren una solución al conflicto.
El gobierno de Ecuador ha iniciado un proceso de coactiva -que podría suponer la incautación de bienes por el monto que debería pagar- contra Repsol-YPF por una deuda relacionada con impuestos sobre beneficios extraordinarios en la explotación de petróleo.
El conflicto entre Ecuador y Repsol se abrió en 2007, pocos meses después de la llegada a la presidencia de Correa y de su anuncio de que se debían revisar los contratos de las grandes petroleras extranjeras para equilibrar sus ganancias con las del Estado.
Asimisimo, Palacios confirmó que en marzo firmará un acuerdo con Repsol-YPF para modificar el contrato de operación en Ecuador que se extenderá hasta 2018.
La firma del contrato modificado de participación en la renta petrolera, que tendrá vigencia por un año antes de pasar al contrato de servicios, se suscribirá el 12 de marzo, explicó Palacios.
Además, aseguró que el acuerdo supone para Repsol una inversión hasta 2018 de 300 millones de dólares adicionales, que deberían invertir para sostener la producción actual de la compañía, de unos 47.000 barriles diarios de crudo, para mejorarla en el futuro, como exige el Estado ecuatoriano.
El convenio, además, pone fin a una larga disputa comercial entre las partes, que incluso ha tenido momentos en los que ha tenido que intervenir el gobierno español.
Además, el acuerdo señala que Repsol retiraría una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que había presentado contra Ecuador, porque cuestionaba la aplicación de la "Ley-042".
Palacios lamentó que con la petrolera francesa Perenco, a la que también amenazó con un proceso de coactiva, no haya actuado igual que Repsol y mantenga su negativa a cancelar el monto de la normativa de reparto de utilidades extraordinarias.
"Lamentablemente no hemos tenido propuesta alguna de Perenco", dijo Palacios, tras insistir en que el proceso contra la francesa continúa.
Según Quito, Repsol-YPF y la petrolera francesa Perenco deben unos 800 millones de dólares por impuestos sobre los beneficios extraordinarios que obtuvieron por la explotación de crudo.
(Xinhua)
En 2006, el gobierno ecuatoriano estableció la denominada "Ley 042" para que el Estado ecuatoriano reciba la mitad (50 por ciento) de las ganancias petroleras. Sin embargo, ese porcentaje se elevó al 99 por ciento en octubre de 2007.
De acuerdo con Palacios, la petrolera española hará el primer desembolso por 88,9 millones de dólares el 17 de marzo próximo y una segunda cuota de 53,3 millones de dólares, seis meses después (septiembre de 2009).
Señaló que al final del calendario de pagos, Ecuador recibirá una cantidad superior a los 500 millones de dólares, si se considera la cuantía por intereses.
El calendario de pagos, añadió el ministro, facilita el cobro del 80 por ciento del monto de la deuda en tres años, y el 20 por ciento restante en los dos últimos años.
Ese último tramo del 20 por ciento, según Palacios, representa el porcentaje del paquete accionarial de la estadounidense Murphy, el socio que Repsol tiene para explotar el denominado "Bloque 17", en la amazonia ecuatoriana.
Murphy se oponía a la modificación del contrato con el Estado ecuatoriano, por lo que Repsol ha tenido que comprar la participación de la estadounidense para concretar el acuerdo con Ecuador.
El gobierno ecuatoriano amenazó a Repsol con ciertas acciones que podrían suponer la incautación o retención de fondos de la compañía, si ésta se resistía a pagar el monto establecido en la "Ley 042".
La visita oficial a Ecuador del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Morantinos, sirvió para que la petrolera hispano-argentina Repsol y las autoridades ecuatorianas encuentren una solución al conflicto.
El gobierno de Ecuador ha iniciado un proceso de coactiva -que podría suponer la incautación de bienes por el monto que debería pagar- contra Repsol-YPF por una deuda relacionada con impuestos sobre beneficios extraordinarios en la explotación de petróleo.
El conflicto entre Ecuador y Repsol se abrió en 2007, pocos meses después de la llegada a la presidencia de Correa y de su anuncio de que se debían revisar los contratos de las grandes petroleras extranjeras para equilibrar sus ganancias con las del Estado.
Asimisimo, Palacios confirmó que en marzo firmará un acuerdo con Repsol-YPF para modificar el contrato de operación en Ecuador que se extenderá hasta 2018.
La firma del contrato modificado de participación en la renta petrolera, que tendrá vigencia por un año antes de pasar al contrato de servicios, se suscribirá el 12 de marzo, explicó Palacios.
Además, aseguró que el acuerdo supone para Repsol una inversión hasta 2018 de 300 millones de dólares adicionales, que deberían invertir para sostener la producción actual de la compañía, de unos 47.000 barriles diarios de crudo, para mejorarla en el futuro, como exige el Estado ecuatoriano.
El convenio, además, pone fin a una larga disputa comercial entre las partes, que incluso ha tenido momentos en los que ha tenido que intervenir el gobierno español.
Además, el acuerdo señala que Repsol retiraría una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que había presentado contra Ecuador, porque cuestionaba la aplicación de la "Ley-042".
Palacios lamentó que con la petrolera francesa Perenco, a la que también amenazó con un proceso de coactiva, no haya actuado igual que Repsol y mantenga su negativa a cancelar el monto de la normativa de reparto de utilidades extraordinarias.
"Lamentablemente no hemos tenido propuesta alguna de Perenco", dijo Palacios, tras insistir en que el proceso contra la francesa continúa.
Según Quito, Repsol-YPF y la petrolera francesa Perenco deben unos 800 millones de dólares por impuestos sobre los beneficios extraordinarios que obtuvieron por la explotación de crudo.
(Xinhua)
Anónimo
Repsol ha puesto las bases para zanjar las disputas surgidas en los últimos tiempos con el Gobierno de Ecuador. Según se ha encargado de comunicar a través de la CNMV, ha alcanzado un principio de acuerdo "sobre los términos de su presencia en el país".
El pacto incluye, del lado de la petrolera, "un compromiso de inversiones hasta 2018 estimadas en 173,5 millones de dólares", a lo que habría que añadir "el pago de 244,6 millones de dólares en concepto de gravámenes, cuyos desembolsos no tendrán efecto alguno en las cuentas de la compañía, ya que se dotaron en su totalidad en 2008".
La compañía destaca a continuación que a cambio el Gobierno de Ecuador amplía en otros seis años, de 2012 a 2018, "el periodo de explotación del Bloque 16". "Al ampliarse el periodo de concesión", resalta Repsol, "aumenta el valor de los activos e inversiones de la compañía en el citado país".
El acuerdo recoge otro aspectos positivos para Repsol, al representar "un paso importante en el proceso de normalización de las relaciones con el Gobierno de Ecuador", y más concretamente, "en la consecución de un nuevo marco legal para el desarrollo por Repsol de su actividad hasta 2018".
Además de ampliar la concesión, las autoridades ecuatorianas se comprometen a realizar una mejora fiscal, al establecer un "plazo transitorio de un año", durante el cual "reducirá el impuesto sobre los beneficios extraordinarios, que pasará del 99% al 70%".
En este año, además, "se negociará entre ambas partes un Contrato de Prestación de Servicios de largo plazo que regulará de manera definitiva las actividades de Repsol en Ecuador".
La petrolera concluye su comunicado señalando que "ha mantenido siempre una actitud de abierto diálogo con las autoridades ecuatorianas, quienes por su parte han destacado la labor de la compañía en el campo de la extracción responsable y su compromiso con las comunidades indígenas y el medio ambiente en los trabajos realizados en el Bloque 16 y en los campos Bogui- Capirón".
El pacto incluye, del lado de la petrolera, "un compromiso de inversiones hasta 2018 estimadas en 173,5 millones de dólares", a lo que habría que añadir "el pago de 244,6 millones de dólares en concepto de gravámenes, cuyos desembolsos no tendrán efecto alguno en las cuentas de la compañía, ya que se dotaron en su totalidad en 2008".
La compañía destaca a continuación que a cambio el Gobierno de Ecuador amplía en otros seis años, de 2012 a 2018, "el periodo de explotación del Bloque 16". "Al ampliarse el periodo de concesión", resalta Repsol, "aumenta el valor de los activos e inversiones de la compañía en el citado país".
El acuerdo recoge otro aspectos positivos para Repsol, al representar "un paso importante en el proceso de normalización de las relaciones con el Gobierno de Ecuador", y más concretamente, "en la consecución de un nuevo marco legal para el desarrollo por Repsol de su actividad hasta 2018".
Además de ampliar la concesión, las autoridades ecuatorianas se comprometen a realizar una mejora fiscal, al establecer un "plazo transitorio de un año", durante el cual "reducirá el impuesto sobre los beneficios extraordinarios, que pasará del 99% al 70%".
En este año, además, "se negociará entre ambas partes un Contrato de Prestación de Servicios de largo plazo que regulará de manera definitiva las actividades de Repsol en Ecuador".
La petrolera concluye su comunicado señalando que "ha mantenido siempre una actitud de abierto diálogo con las autoridades ecuatorianas, quienes por su parte han destacado la labor de la compañía en el campo de la extracción responsable y su compromiso con las comunidades indígenas y el medio ambiente en los trabajos realizados en el Bloque 16 y en los campos Bogui- Capirón".
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