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El crédito de España en entredicho |
La decisión de Standard & Poor’s (S&P) de poner el ráting de España, actualmente situado en AAA –el nivel de máxima calidad crediticia–, bajo vigilancia “con implicación negativa” no será inocua.
Estos avisos se suelen acabar traduciendo en una rebaja efectiva de la calificación, lo que repercutiría en un fuerte encarecimiento de los costes de financiación del Estado.
De hecho, nada más conocerse las desfavorables perspectivas, el Ibex reaccionó a la baja y el diferencial de la deuda española con la alemana volvió a ensancharse, desde los 82,5 puntos básicos hasta los 91, el máximo en los diez años de historia del euro.
La agencia de calificación crediticia justifica su decisión en los “considerables desafíos” a los que se enfrenta la economía española. Estos vienen determinados, al igual que en Irlanda y Grecia –también sometidos a revisión– por el pinchazo de un espectacular crecimiento económico, cuyos excesos se están depurando con un colosal aumento del paro y del déficit público.
En España, el fuerte crecimiento se ha fundamentado en un abuso del endeudamiento que ha agravado los desequilibrios macroeconómicos, como el déficit exterior, situado ya en el 10% del PIB. Como advierte S&P, la corrección de estos desequilibrios requerirá una reestructuración de los balances de las empresas, que inevitablemente alargará el periodo de debilidad económica.
De confirmarse la rebaja de ráting –se sabrá este mes–, significará una severa amonestación a la pérdida de solvencia de la economía española, que aumentará aún más el diferencial riesgo/país con el bono alemán, lo que provocará un fuerte encarecimiento de las colocaciones de deuda del Estado, y de la financiación exterior que necesitan las entidades financieras y las empresas en general.
Esta circunstancia se produce en un momento en el que se está inflando una burbuja de colocación de deuda en Europa por parte de prácticamente todos los países, lo que dificultará los planes del Gobierno español de financiar a base de deuda sus numerosos y crecientes compromisos de gasto, entre ellos las concesiones a las autonomías en el nuevo marco de financiación.
Todo ello pone en evidencia una vez más el equivocado empeño de Zapatero al eludir las reformas necesarias para propiciar un nuevo periodo de crecimiento sostenido, y responder a la crisis sólo con medidas paliativas que requieren más gasto público, que podrían llevar el déficit público al 6%, y malograr por mucho tiempo la deseable estabilidad presupuestaria.

Etiquetas: conocimiento, memoria, monopolios, multitud, politica.
Esta decisión de colocar el 'rating' de España bajo vigilancia con implicación negativa refleja la visión de S&P respecto a nuestra economía, que atraviesa un periodo de "crecimiento muy débil y un proceso sostenido de desapalancamiento, que esperamos que conduzca a un reequilibrio hacia sectores que requerirían una depreciación del tipo de cambio real".
"El probable resultado de estos factores será una tasa de potencial de crecimiento mucho más débil a medio plazo de la experimentada en la última década", dijo Cullinan, quien también augura un "sustancial empeoramiento" de las finanzas públicas.
La rebaja de la perspectiva del rating de España era esperada por el mercado desde que la semana pasada S&P hiciera lo propio con Irlanda y Grecia, los dos países de la UE que han experimentado un crecimiento tan fuerte como el nuestro con burbuja inmobiliaria incluida, y que ahora afrontan un duro ajuste de los excesos del pasado, incluyendo un fuerte aumento del paro y un notable incremento del déficit público. La decisión definitiva sobre la rebaja de rating será adoptada este mes después de recibir nueva información del Gobierno de Zapatero sobre la respuesta que piensa dar al deterioro estructural de la economía y las finanzas públicas.
"En nuestra opinión, el hecho de que el fuerte crecimiento de España en los últimos años se basara en el crédito ha conducido a la formación de desequilibrios, como demuestra el notable aumento del déficit por cuenta corriente" (en torno al 10% del PIB en 2008), sostiene el analista de esta agencia Trevor Cullinan. La reducción de ese déficir requiere la reestructuración y el desapalancamiento (reducción de deuda) de los balances del sector privado, por lo queaumenta la probabilidad de una ralentización económica continuada, añade. En el fondo, se trata del ajuste necesario para que la economía adopte un modelo de crecimiento más sostenible.
Respecto a las cuentas públicas, S&P cree que, pese a partir de una posición de partida relativamente fuerte, habrá un marcado deterioro: el déficit se mantendrá por encima del 3% hasta 2011, con un pico del 6% este año. Y no bastará la recuperación económica para reducirlo: "A medio plazo, parece necesaria una reducción del gasto a un nivel más moderado".
Esta rebaja de la perspectiva de España se aplica también a los organismos dependientes del Estado (ICO, SEPI y Cores), así como a las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra.
La mañana de hoy, en cambio, dejaba cifras récord, y redondas. La rentabilidad del bono español a diez años se situaba justo en el 4,00%, frente al 3,00% del bund alemán.
La amenaza de S&P de rebajar el ráting de España ha disparado este diferencial.
La rebaja de la perspectiva crediticia de Standard & Poor's sobre España amplió ayer por encima de los 90 puntos básicos el diferencial entre la deuda española y la alemana.
Pero este porcentaje continúa aumentando, a un ritmo, además, frenético. En la mañana de hoy, poco antes de las 10 horas, alcanzaba un cifra histórica, y redonda, los 100 puntos básicos. La rentabilidad del 4% en el bono español a diez años contrastaba con el 3% del bund alemán.
Hace un año ambos estaban prácticamente equiparados.
Estos récords no eran exclusivos de la deuda pública española. En el inicio de la jornada de hoy, los bonos a diez años de Portugal, Francia, Grecia y Holanda, además de España, presentaban un diferencial inédito desde la introducción del euro respecto a la rentabilidad de la deuda pública alemana.
El caso de España es especialmente significativo.
El aumento de este diferencial se ha disparado más de 10 puntos básicos en menos de una jornada, en concreto, desde la publicación del informe de Standard & Poor's.
La agencia estadounidense de calificación de riesgo amenaza con excluir a España de la selecta lista de países con la máxima calificación crediticia.
Esta clasificación de S&P la integran Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Isla de Man, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza.
Los efectos de esta posibilidad de recorte de ráting y se dejaron notar ayer en el cierre del Ibex.
La bolsa española lideró con creces las caídas en Europa, con un retroceso del 1,9%, frente al 1,4% del paneuropeo Eurostoxx50 y del Cac francés, el 1,2% del Dax alemán, el 0,8% del Mib italiano y el 0,5% del Ftse británico. En la primera mitad de la jornada de hoy, el Ibex vuelve a destacar en Europa en el ránking de las mayores bajadas.
Aumento de costes
La advertencia de S&P tendrá una consecuencia, incluso aún más directa, en el mercado de deuda pública.
El Tesoro tendrá que pagar cerca de un punto porcentual más que Alemania para captar fondos en el mercado, con el consiguiente aumento de costes de la operación.
Las últimas subastas de bonos del Tesoro español ya reflejaron este aumento de la prima de riesgo.
El pasado jueves sorprendió la demanda que tuvo la subasta de bonos españoles a tres y cinco años. Finalmente se adjudicaron 5.085 millones.
En cambio, la rentabilidad ofrecida tuvo que subir hasta el 3,099% en el tres años, y al 3,434% en el diez años. Sólo un día antes, Alemania celebró otra subasta, en la que adjudicó bonos a diez años al 3,12%, casi al mismo nivel que el 3,099% de los bonos españoles a tres años, y muy por debajo del 3,434% del diez años.
Zapatero ha asegurado que no hay razones para la decisión de S&P.
Así lo ha asegurado Brian Coulton, director de economía global de Fitch, en una entrevista concedida a la agencia Reuters.
"Tenemos a España en el ráting 'AAA' con perspectiva estable y esa sigue siendo nuestra visión pese al reciente deterioro y a las perspectivas fiscales", ha explicado Coulton.
"Esperamos un déficit del 5% del PIB en 2009 y una subida bastante fuerte de la deuda pública desde el 38% de finales de 2008 al 48% a finales de este año", ha añadido.
En la nota emitida ayer, S&P hacía especial hincapié en el deterioro de las cuentas públicas. La agencia indicaba que esperaba que el déficit se situara por encima del 3% hasta 2011, con un pico superior al 6% en 2009.
Zapatero
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido una entrevista a 'Onda Cero' en la que asegura que no ve razones para que el ráting de España haya sido puesto en vigilancia "por la fortaleza del país" y la "solvencia" de las cuentas públicas.
Por su parte, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha admitido que el efecto negativo que podría suponer la posible rebaja de la calificación a España.
"Hay un riesgo, sin duda alguna", ha indicado Solbes, que ha matizado que existen otras agencias de calificación de riesgos, por lo que hay que valorar "el tema en su justa medida".
Sobre el déficit, Solbes ha admitido que ha superado el 3% del PIB en 2008 y que el de este año será "sustancialmente mayor".
La posibilidad de que el Reino de España vea rebajada su calificación crediticia tiene un impacto directo sobre la banca, que se prepara para emitir 90.000 millones de euros de deuda avalada con la garantía del Tesoro. Hasta ayer, las entidades financieras calculaban que saldrían al mercado fuertes de un aval calificado con triple A, la máxima calidad crediticia. Pero la decisión anunciada ayer por S&P obliga a plantearse qué consecuencia tendría para la banca española si finalmente el Tesoro, y los avales que otorga, se quedan con una calificación inferior.
Aunque sea algo pronto para sacar conclusiones ya que, de hecho, la rebaja de ráting no ha tenido lugar, en el sector hay cierta coincidencia en afirmar que la banca tendrá que resignarse a pagar un diferencial de precio más alto para colocar la deuda avalada por el Estado. “De momento, el ráting no ha bajado. Si lo hiciera, está claro que a la banca le costaría más colocar sus emisiones”, afirma Nuria Álvarez, analista de Renta 4.
Sin embargo, esta experta matiza que, aunque baje un escalón, la calificación del Reino de España se mantendrá elevada y que es difícil calcular hasta qué punto obstaculizará a la banca. Álvarez destaca que, hace apenas unos días, BBVA ha sido capaz de colocar una emisión de 1.000 millones sin aval estatal, lo que significa que “los mercados, paulatinamente, se están abriendo. Será cuestión de precio y no hay que olvidar que los inversores están buscando rentabilidad”.
Fuentes del sector financiero, a su vez, restan dramatismo a la posible rebaja de ráting por considerar que, fundamentalmente, advierte sobre la debilidad de la economía española que el mercado ya conoce. En este sentido, destacan que el bono español ya estaba pagando un diferencial importante sobre el bund alemán, porque el mercado, de alguna forma, ya recogía esta diferencia de percepción de riesgo, a pesar de que ambos Estados tuviesen la misma calificación.
Fuentes de uno de los bancos que colocarán la deuda de las entidades españolas, a su vez, insisten en que, aunque la situación negativa de la economía española ya estuviese recogida en el precio de su deuda, la decisión de S&P sí provocará una ulterior ampliación de los diferenciales que tendrán que pagar las entidades financieras para las emisiones con aval público.
En todo caso, no hay temores de que la banca española tenga problemas para encontrar inversores para sus emisiones. Los expertos señalan que, en estos momentos, los inversores buscan rentabilidad sin arriesgar demasiado: justo lo que ofrecería una emisión de un banco con un aval público, aunque no sea triple A.
En el mercado se especula con que sea La Caixa, la mayor caja de ahorros española, la primera que emita con el aval del Tesoro, incluso esta misma semana. Si finalmente la noticia se confirma, la comparación del precio que pague esta entidad con lo que pagaron bancos extranjeros con un perfil de riesgo parecido permitirá concretar cuánto las perspectivas negativas sobre España lleguen a afectar a la banca.
La clave
La otra medida del Gobierno para ayudar a la banca es el Fondo de Adquisición de Activos Financieros. Esta semana, las entidades tendrán que informar si acuden a la próxima subasta que tendrá lugar el 21 de enero.
Asimismo, la calificación 'A-1+' a corto plazo de España ha sido confirmada. La perspectiva, por su parte, pasa a ser 'estable', informó hoy la agencia.
El pasado 12 de enero, S&P situó el 'rating' a largo plazo del Reino de España 'AAA' en vigilancia "con implicación negativa" por los "considerables desafíos" a los que se enfrentaba la economía del país.
El Gobierno revisó el pasado viernes a la baja por tercera vez las previsiones de crecimiento para 2008 y 2009, y estimó, en esta ocasión, una contracción económica del PIB del 1,6%, frente al incremento del 1% previsto anteriormente, al tiempo que rebajó cuatro décimas la estimación para el 2008, hasta el 1,2%.
Asimismo, elevó sus previsiones de desempleo ante los últimos repuntes del paro, al estimar que la tasa al cierre de 2008 alcanzará el 11,1%, frente al 10,4% previsto anteriormente. En 2009, la situación empeorará y el paro se elevará hasta el 15,9%, frente al 12,5% previsto en el mes de julio.
Por su parte, la Comisión Europea anunció hoy que prevé que la economía española se contraiga un 2% en 2009 y continúe retrocediendo un 0,2% en 2010, tras un crecimiento del 1,2% el año pasado. El empeoramiento de la actividad económica provocará que la tasa de paro aumente al 16,1% de la población activa este año y al 18,7% en 2010, las cifras más altas de toda la Unión Europea y casi el doble que la media comunitaria.
Declive de las finanzas públicas
Sobre la rebaja calificativa, la empresa de evaluación de riesgo señala que esa medida refleja sus expectativa de que "las finanzas públicas sufrirán a la par del esperado declive de las perspectivas de crecimiento de España".
La decisión también toma en cuenta que la respuesta del país ibérico a esas circunstancias "puede ser insuficiente para contrarrestar de manera efectiva los desafíos económicos y fiscales" que implica la presente situación.
Además, la reducción calificativa afecta de igual forma a las instituciones vinculadas al indicador "AAA" de España, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).
Se trata de la primera rebaja del rating de España que adopta S&P -desde que nos califica, había ido subiendo nuestra nota hasta el máximo- y la justifica porque "las actuales condiciones económicas y de los mercados financieros han puesto de manifiesto unas debilidades estructurales de la economía española que son inconsistentes con una calificación de AAA", según el informe que acompaña a la decisión. Añade que "la rebaja del rating soberano refleja nuestras expectativas de que las finanzas públicas sufrirán junto con el esperado descenso del crecimiento de España, y que la respuesta política puede ser insuficiente para responder eficazmente a los desafíos económicos y fiscales".
En este informe, reitera los argumentos que ya ofreció para poner en revisión la calificación de España, en especial que, dentro de una unión monetaria, la carga del ajuste recae en las políticas fiscales y microeconómicas, por lo que la única vía para reducir el "insostenible" déficit por cuenta corriente del 10% del PIB es el desapalancamiento (reducción de la deuda) de las familias y empresas a medio plazo, lo que rebajará nuestro crecimiento potencial al 2% desde el 3,5% registrado como media entre 2003 y 2007. Asimismo, cree que la capacidad exportadora de nuestra economía "es insuficiente para ofrecer un canal inmediato que compense esta caída en la demanda interna" ya que España no cuenta con la posibilidad de una devaluación.
Las nuevas perspectivas del Gobierno anunciadas el viernes parecen haber empeorado todavía más la visión del analista de S&P Trevor Cullinan sobre nuestras cuentas públicas. Así, ahora estima que el déficit alcanzará el 6,6% del PIB en 2009 frente al 6% de su anterior estimación, y que en 2011 todavía estará en el 4%. Este fuerte desequilibrio requerirá, a su juicio, una subida de la deuda neta de España por valor de un 18% del PIB a lo largo de los próximos cuatro año. Y puede quedarse corto: "Esta cifra subiría significativamente si la necesidad de recapitalizar el sistema bancario se eleva hasta nuestra estimación más negativa de más del 4% del PIB".
Asimismo, la calificación 'A-1+' a corto plazo de España ha sido confirmada. La perspectiva a largo plazo, por su parte, pasa a ser 'estable', como es lógico después de una rebaja. Dicho movimiento también afecta a los organismos dependientes del Estado (Sepi, ICO y Cores), así como a la deuda con aval estatal que pensaban emitir la mayoría de los bancos y cajas españoles en las próximas semanas.
Curiosamente, el diferencial de la deuda española con el Bund alemán se ha reducido 4 puntos básicos (0,04 puntos porcentuales) hasta 115 tras conocerse la noticia, en un ejemplo de la práctica habitual de "comprar con el rumor y vender con la noticia".
Las agencias de rating están seriamente cuestionadas por su incapacidad para detectar el riesgo de las titulizaciones hipotecarias subprime en EEUU (muchas de las cuales tenía calificación de AAA) y por el bochorno que supuso bajar la calificación a Lehman Brothers el mismo día de si quiebra. Algo que el presidente del Gobierno señaló la semana pasada como respuesta a la previsible rebaja de rating confirmada hoy. No obstante, otras formas de medir la solvencia de nuestro país como los CDS (credit default swap, seguros contra el riesgo de impago) lanzan el mismo mensaje que S&P.
Sólo una semana ha transcurrido desde la amenaza de recorte de ráting emitida por Standard & Poor's a la confirmación de la rebaja, de hecho, de su calificación para España.
En este tiempo, uno de los múltiples efectos provocados por las dudas sobre el ráting han sido los récords alcanzados en la prima de riesgo de España. El diferencial de la rentabilidad del bono español a diez años rompió la barrera del punto porcentual respecto al bono alemán.
En la jornada de hoy, una vez materializada la rebaja de ráting, este diferencial se sitúa en 115 puntos básicos, de lo que se deriva el consiguiente sobrecoste en la emisión de deuda pública, una circunstancia que ya se constató la semana pasada en las subastas del Tesoro.
El recorte de ráting provoca mayores variaciones en los Credit Default Swaps (CDS) o seguros que contratan los inversores para protegerse de la posibilidad del impago de un emisor. Los CDS de España amplían a media sesión de hoy sus máximos históricos, al alcanzar la cifra récord de 137,3 puntos, desde los 131,9 puntos del cierre del viernes
La rebaja "refleja nuestras expectativas de que las finanzas públicas sufrirán en paralelo con el descenso esperado en las previsiones de crecimiento de España", explica la agencia estadounidense. Añade además en este punto que "la respuesta política puede ser insuficiente para contrarrestar efectivamente las amenazas económicas y fiscales".
En términos más explícitos, argumenta que las actuales condiciones económicas y de los mercados financieros han resaltado las debilidades estructurales de la economía española, lo que resulta inconsistente con el ráting de 'AAA'".
S&P hace especial énfasis en su informe en el incremento del déficit público. Destaca que el saldo negativo superará la barrera del 6% en el presente ejercicio, y que su moderación no impedirá que se sitúe cerca todavía del 4% para 2011.
La selecta lista de países con la máxima calificación crediticia de S&P, de la que España ha dejado de formar parte, la integran Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Isla de Man, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza.
El recorte de ráting de S&P es extensible, con efectos inmediatos, a la calificación de instituciones públicas como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).
Stadnard & Poor's aclara en su nota que todavía mantiene el máximo ráting, el de 'AAA', a dos comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, a pesar de encontrarse en perspectiva 'negativa', bajo la amenaza de un recorte.
Claves para recuperar la 'AAA'
Una vez perdida la máxima calificación crediticia, las claves para recuperar el ráting de 'AAA' pasarían por tres medidas esenciales, según destaca José Luis Martínez, estratega de Citi.
La primera de las claves sería realizar "importantes esfuerzos para bajar la deuda pública a los niveles de 2008".
La segunda condición sería la "liberalización en el mercado de producción, con mayor flexibilidad en el empleo, mayor productividad y competencia".
Y la última sería adoptar "medidas eficientes para reducir el desempleo".
Reacción del Gobierno
El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha mostrado cierta preocupación por la rebaja de ráting. "Creo que 'AAA' es una calificación muy buena. 'AA+' sigue siendo positiva, refleja más o menos lo que sucede en el mercado. Estoy preocupado en el sentido de que es peor que la situación anterior", ha explicado.
La amenaza se ha cumplido, pese a que ese mismo día, fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que el recorte no se iba a producir. Y no saldrá gratis: el deterioro de la calidad crediticia del Estado desde el inicio de la crisis supondrá un coste extra de 11.200 millones de euros para las emisiones que se realicen hasta 2011. Esta cifra equivale a unos 600 euros por contribuyente.
El impacto de la peor calidad crediticia del Estado, debido al deterioro de la economía nacional, ha disparado el diferencial de la deuda pública española a largo plazo con la alemana. Esto quiere decir que ahora los inversores exigen una rentabilidad mucho mayor a España que a Alemania. En el último año y medio, el diferencial ha pasado de ser prácticamente nulo a situarse en más de un punto porcentual. Y desde que S&P puso el ráting de España en vigilancia, el diferencial de la deuda a diez años ha pasado de 0,85 puntos a 1,15 puntos.
Discrepancias
El incremento de la percepción del riesgo se ha producido a pesar de que la agencia Fitch, competidora de S&P, ha reafirmado el ráting AAA que otorga a España.
Según los cálculos de EXPANSIÓN, refrendados por dos entidades financieras independientes, las emisiones netas del Tesoro hasta 2011 costarán cerca de 11.200 millones extra (durante el periodo total de vida de esa deuda), frente a lo que hubiera costado emitir la misma cantidad de deuda en un entorno pre-crisis: con un ráting AAA y un diferencial de casi cero.
Esta cifra, dividida por los 18,2 millones de contribuyentes a la Seguridad Social deja un coste aproximado de 615 euros por cabeza. Esto incluye emisiones desde 30 años a tres meses, con una duración ponderada de 6 años.
Los argumentos esgrimidos por S&P para justificar el recorte de ráting son similares a los del aviso de hace una semana. La firma incide en que la razón principal es que “las actuales condiciones económicas y de los mercados financieros han puesto de manifiesto unas debilidades estructurales de la economía española que son inconsistentes con una calificación AAA”.
A su vez, añade que “esta rebaja refleja nuestras expectativas de que las finanzas públicas sufrirán junto con el esperado descenso del crecimiento de España, y que la respuesta política puede ser insuficiente para responder eficazmente a los desafíos económicos y fiscales”.
A diferencia del informe publicado cuando se puso el ráting bajo vigilancia, S&P prevé ahora que el déficit público se situará en el 6,6% del PIB en 2009, frente a las estimaciones previas del 6%, y caerá hasta el 4% en 2011. Con respecto al déficit por cuenta corriente del 10%, S&P cree que la única vía para moderarlo es reducir el endeudamiento de las familias y empresas, lo que rebajará el crecimiento potencial de la economía española desde el 3,5% de los último años al 2%.
La rebaja del Estado arrastró también a SEPI, CORES e ICO. pero permanecen en vigilancia los ráting AAA de País Vasco y Navarra.
El valor del ‘AAA’
- S&P mide la capacidad de pago de deuda de un emisor con un sistema de ratings: de AAA, máxima seguridad de pago, hasta D, la mínima.
- Los emisores de deuda AAA suelen conseguir financiación más barata, porque los inversores perciben menos riesgo.
- Bajar del AAA hasta el AA+, como ha hecho España, supone perder un sólo escalón, pero el mercado ha reaccionado bruscamente.
- Desde que S&P puso la calificación deEspaña en revisión, el coste de protegerse de un impago de su deuda ha subido un 30%.
El diario económico señala que la decisión de Standard & Poor’s, aumentará previsiblemente los costes de financiación del Gobierno español y de las compañías españolas, al mismo tiempo que evidencia las diferencias existentes dentro de la eurozona entre unas economías relativamente robustas en los países nórdicos y las del sur –España, Portugal, Italia y Grecia-, que se beneficiaría, de la devaluación del euro.
En este sentido, Financial Times recuerda que como miembro de la zona euro, Epaña no tiene independendica monetaria, así como tampoc puede recurrir a la revaluación de su moneda, a diferencia, por ejemplo del Reino Unido. Dice el diario que los países miembros de la zona euro están protegidos de crisis en los cambios en los tipos de interés pero al mimso tiempo añade una mayor responsabilidad en las políticas macroeconómicas y fiscales.
Por otra parte, los expertos ya advierten sobre las implicaciones a corto plazo sobre esta rebaja de calificación a España. Como apunta Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4, en su blog de Cotizalia.com, muchos inversores institucionales internacionales sólo invierten en emisiones de emisores con un rating mínimo y alguno hasta se verá obligado a vender la deuda pública española que tenga en sus carteras, lo que provocará que aumente la rentabilidad, bajen los precios y aumente el diferencial con el bund alemán.
España tendrá que aumentar su deuda en 200.000 millones en cuatro años, según S&P
La rebaja de la calificación crediticia de España anunciada ayer por Standard & Poor's se justifica en un demoledor informe en el que la agencia de rating revisa a peor las previsiones por las que tomó hace una semana la decisión de poner a nuestro país en revisión. Después de escuchar los pronósticos de Pedro Solbes, sus analistas se han convencido de que las cosas están mucho más negras todavía. Especialmente sangrante es su previsión sobre el aumento de la deuda pública neta (emisiones menos vencimientos): un 18% del PIB a lo largo de los próximos cuatro años, lo cual equivale aproximadamente a 200.000 millones de euros que tendrán que pagar las generaciones venideras.
El vicepresidente económico auguró el viernes pasado que el ratio de deuda pública sobre PIB crecerá 14,2 puntos porcentuales entre 2008 y 2011 hasta alcanzar el 54%; a partir de ahí, espera un rápido descenso de la deuda. Este incremento -que de todas formas incumplirá con creces el límite del 40% impuesto en su día por el Tratado de Maastricht- supondría unos 160.000 millones de euros. El analista de S&P Trevor Cullinan eleva ese ratio hasta las cercanías del 60% y, además, admite puede quedarse corto: "Esta cifra subiría significativamente si la necesidad de recapitalizar el sistema bancario se eleva hasta nuestro escenario más negativo del 4% del PIB". Es decir, otros 44.000 millones más en la factura que tendremos que pagar todos los españoles.
Estas previsiones se derivan de la necesidad de financiar un déficit que alcanzará el 6,6% del PIB en 2009, a juicio de S&P, y que se mantendrá en el 4% en 2011 por culpa de la gravedad de la crisis: en opinión de la agencia, el desplome de la demanda interna no podrá ser compensado por las exportaciones al no existir la posibilidad de devaluar la divisa. Así las cosas, la única solución es un largo proceso desapalancamiento (reducción de la deuda) de las familias y empresas, así como una fuerte expansión del déficit público.
Encarecimiento de la financiación
Aparte del aumento de la deuda, la rebaja de rating encarecerá el coste de la misma, lo que a su vez retroalimentará el déficit público. Es difícil estimar cuál será ese incremento, porque depende de cuánto emita el Gobierno cada año, del plazo al que lo haga y de cómo evolucione el diferencial con el Bund alemán (que refleja la prima de riesgo por invertir en España pese a compartir moneda).
Un cálculo burdo consiste en suponer que esos 200.000 millones de deuda nueva se emiten a 10 años -el Estado emite desde letras a 3 meses hasta obligaciones a 30 años- y aplicamos la subida de 35 puntos básicos (0,35 puntos porcentuales) del diferencial desde que el mercado empezó a descontar una rebaja de rating a principios de año, tendríamos un sobrecoste de unos 700 millones anuales. Claro que la subida del diferencial es mucho mayor si tomamos un plazo más largo: hace un año se encontraba en 18 puntos y ahora, en 115.
En todo caso, el coste de financiación va a crecer y no sólo para el Estado: también para las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los bancos que van a emitir deuda con aval estatal y, en general, todas las empresas y entidades españolas porque "lo que hay detrás de la rebaja es el deterioro de la economía que complica las finanzas públicas, y eso es igual para todos", según un analista. Y no se trata sólo del efecto directo de la bajada del rating, sino también de que nos coloca en peor posición para competir con las ingentes emisiones de deuda que van a realizar los distintos Estados para financiar sus planes de rescate y estímulo, así como los bancos con aval estatal. Royal Bank of Scotland estima que sólo en Europa los Gobiernos emitirán 1,1 billones de dólares en 2009.
La rebaja no es tan grave
No obstante, diversos analistas consultados coinciden en que el mercado ya había descontado esta rebaja de calificación, y que incluso ayer hubo cierto alivio porque podía haber sido de dos grados (desde AAA hasta AA) y finalmente fue de uno solo (se quedó en AA+). De hecho, el diferencial con Alemania se redujo 4 puntos básicos hasta 115. Por el contrario, el CDS (credit default swap, seguro contra el riesgo de impago) del Reino de España marcó ayer un máximo histórico de cierre en 137 puntos básicos, aunque el viernes pasado marcó un récord intradiario de 140.
"La necesidad de pagar unos intereses más altos puede incluso facilitar la colocación de la deuda española, ya que, pese a la bajada de rating, España sigue siendo un país con una solvencia muy elevada, mucho más que otros socios comunitarios como Italia o Grecia", explican en una entidad mediana. Un ejemplo sería la emisión de deuda a 30 años de la semana pasada: el Tesoro tuvo que subir su tipo de interés un 15% y, gracias a ello, pudo colocar más de lo que pensaba.
En otra añaden, además, que aquí lo importante es la posición relativa y que, detrás de España, tendrían que ir otros muchos países: "Un país como Reino Unido no se diferencia de España en cuanto al deterioro de la economía y al aumento del déficit y la deuda; habrá que ver si S&P se atreve a bajarle también el rating". Además, aunque ha subido el diferencial, la bajada de la rentabilidad del Bund a mínimos históricos hace que, en términos absolutos, la deuda española sea hoy más barata que a mediados de 2008, explica Antonio Villarroya, analista de Merrill Lynch. Entonces se encontraba por encima del 5% y ahora en el 4,14% pese a la subida de los últimos días.
Las primas de riesgo que tiene que afrontar la economía española continúan su escalada, iniciada con la amenaza del recorte de ráting por parte de S&P, y afianzada ayer a raíz de la materialización de esta advertencia.
Las mayores subidas, en las últimas jornadas, se han producido en los Credit Default Swaps (CDS). Estos derivados de crédito, instrumentos que contratan los inversores para protegerse ante el posible impago de la deuda de una entidad, han alcanzado nuevos récords en media Europa. Pero es España uno de los países donde más se han disparado estos costes.
En apenas semana y media, los CDS de la deuda pública española han aumentado un 45%, desde los 98,7 puntos básicos del viernes 9 de enero, antes de la advertencia de bajada de ráting de S&P, hasta los 143,6 puntos alcanzados hoy.
Los récords, negativos, en los costes de protección de la deuda española sitúan sus cifras por encima incluso de las que registran países como Portugal. Los CDS del país luso se sitúan en 140,7 puntos básicos, por debajo de los 143,6 de España. En Austria estas cifras alcanzan los 155 puntos, y se elevan a 275 puntos básicos en el caso de Irlanda, tras la nacionalización de Anglo Irish Bank y los rumores de nuevas nacionalizaciones en sus principales bancos.
La escalada registrada en los CDS de la deuda española ha disparado el diferencial existente con Alemania. Estos derivados de crédito han batido también sus récords en el caso de la mayor economía de la eurozona, pero se sitúan, todavía, en 55 puntos básicos, casi una tercera parte que los 143,6 puntos básicos aplicados para España.
Donde se ha estabilizado en mayor medida el diferencial con Alemania es en la rentabilidad de la deuda pública. Los inversores anticiparon la rebaja de ráting desde la advertencia lanzada por S&P.
Pese a todo, a media sesión de hoy vuelve a acelerarse este diferencial récord, hasta los 122 puntos básicos, los que van desde el 4,23% de rentabilidad del bono español a diez años hasta el 3,01% del bono alemán a diez años.
Nueva prueba de fuego para el Tesoro
El mercado volverá a poner a prueba mañana la respuesta a la nueva emisión de deuda por parte del Tesoro, después de la rebaja de ráting, y de la reciente escalada en los CDS.
El Tesoro espera colocar 5.500 millones de euros en la subasta que celebrará de letras a tres y doce meses. El "importe máximo" previsto en esta adjudicación es de 6.500 millones de euros.
El corto plazo de las letras de esta emisión, a tres y doce meses, podría paliar los efectos de la pérdida del ráting AAA.
Por el contrario, y ante la recesión y las necesidades de financiación del Estado, el Ejecutivo ha decidido frenar la inversión en la deuda de Alemania, Francia y Holanda, todas con calificación máxima de AAA, y volcarse en las letras y bonos del Tesoro español, con AA+.
Standard&Poor’s, una de las tres agencias de calificación existentes en la actualidad, acaba de rebajar la imagen de solvencia de España frente a terceros, o la calificación crediticia, de AAA, que es la más elevada, a AA+, que para los mercados, dentro de la seguridad, significa un peldaño menos. Consecuencia de ello es que España pierde posiciones respecto a una deuda más segura como la alemana, y se ve obligada a dar más rentabilidad si quiere captar más inversión.
La razón de fondo de la decisión de S&P se debe a los problemas estructurales que advierte en la economía española para dar respuesta a la recesión en la que está sumida.
Sin embargo, el Ejecutivo lo tiene claro para dar toda la prioridad a la deuda pública española en la también conocida como hucha de las pensiones. Varias son las razones de esta estrategia: la primera es que la financiación del Estado, en esta época de recesión, “es un objetivo de política económica, y lo razonable es que las instituciones españolas financien deuda española” explican las fuentes del Gobierno, consultadas por EXPANSIÓN.
En consecuencia, y en segundo lugar, “no tiene sentido comprar ahora deuda de Alemania, Francia y Holanda [como se hacía en los últimos años]” porque, además, se daría la paradoja de que, en esta situación crítica, para la economía de la UE, España estaría financiando el crecimiento de países más desarrollados. En tercer lugar, y como consecuencia de todas esta circunstancias, comprar los activos de Alemania, Francia y Holanda “saldría más caro y con menor rentabilidad”.
Esto se debe a que la solvencia de estos tres países en los mercados de deuda es más elevada que la de España, ofrecen más seguridad al inversor extranjero y, por lo tanto, no tienen tanta necesidad de competir en rentabilidad.
La diferencia de ayer en el bono a diez años entre la oferta española –con una rentabilidad anual del 4,46%– y la alemana –3,34– era de 1,12 puntos. Por todas estas razones, la Seguridad Social ha paralizado la compra de bonos de estos países y ha decidido volcar todos los recursos en la deuda española. Así, ésta última ha pasado de representar un 51% a acercarse al 60% de la inversión de la hucha de las pensiones, mientras el 40% restante está invertido en la deuda extranjera mencionada.
Además, ya no existe el problema que había al final de la pasada legislatura cuando el Fondo de Reserva de las pensiones públicas amenazaba con colapsar el mercado de la deuda española. La recesión económica y las medidas para hacerle frente, junto al aumento del gasto social, ha hecho que el Gobierno tenga que elevar la emisión de deuda y, por consiguiente, el margen de actuación de la Seguridad Social en este campo.
Hay que tener en cuenta que la deuda pública estaba a finales de 2008 en el 36,2% del PIB, uno de los niveles más bajos de la UE, y lejos todavía del límite del 60% establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico europeo.
A finales de 2008, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social sumaba 60.000 millones de euros, y el objetivo del Gobierno para este ejercicio es el de llegar a los 65.000 millones de euros, el 6,5% del Producto Interior Bruto (PIB), gracias al superávit previsto del 0,8% del PIB.
En todo caso, y en el presente escenario de recesión, y además de que la propia ley del Fondo de Reserva lo prohíbe taxativamente, el Gobierno descarta la utilización de la hucha de las pensiones para otros fines que no sean los de asegurar el pago de las pensiones en “situaciones estructurales de déficit”.
“Ni por supuesto, para apoyar a la banca, como han hecho en Irlanda”, dicen gráficamente los medios consultados.
Según la ley, una “situación estructural” de déficit en el sistema contributivo se produciría después de año y medio –tres semestres consecutivos– en estas condiciones, con una diferencia entre ingresos y gastos superior al 3% del crédito destinado en ese tiempo al pago de las pensiones.
Según las últimas previsiones, el Ejecutivo estima que hasta 2023 no será necesario utilizar el Fondo de Reserva.
Las condiciones
- La ‘hucha’ de las pensiones se centrará en la compra de deuda española para financiar al Estado como objetivo de política económica.
- Con la nueva estrategia, los activos nacionales del Fondo de Reserva de la Seguridad Social pasarán este año de representar el 51% al 60%
- La rentabilidad acumulada por la ‘hucha’ de las pensiones públicas creció en el último año más del 4%
- La emisión de nueva deuda pública permitirá que la Seguridad Social ya no colapse el mercado.
- El Gobierno quiere que el Fondo de Reserva llegue este año a los 65.000 millones de euros, el equivalente al 6,5% del Producto Interior Bruto.
S&P precisa que la emisión de la Caixa responde al rating a largo plazo asignado a España, que ha garantizado de forma irrevocable el pago a tiempo de dicha deuda, dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno en apoyo del sector financiero.
La Caixa colocó a finales de enero un total de 2.000 millones de euros en bonos con aval del Estado a un precio de 80 puntos básicos por encima de la referencia para las emisiones de tipo fijo.
La caja de ahorros presidida por Isidre Fainé, que adjudicó el 52% del importe a inversores de fuera de España, se convirtió así en la primera entidad en emitir deuda avalada por el Estado en el marco del plan de inyección de liquidez.
La demanda para estos bonos, con un plazo de amortización de tres años, superó un 50% a la oferta, hasta los 3.000 millones. Entre los países más activos destacó Gran Bretaña, con el 34,5% de la demanda, Alemania (7,7%), países asiáticos (5%), e Italia (1,3%). El rating de esta emisión ha sido de 'Aaa' y 'AAA' a largo plazo por las agencias de rating Moody.
Se mantiene la clasificación 'A-1+' a corto plazo y la perspectiva se mantiene en 'negativa'.
Según señala la agencia de calificación en un comunicado, los resultados preliminares del Ayuntamiento en 2008 fueron "inesperadamente débiles" por la combinación de unos "gastos corrientes muy dinámicos, si bien una parte del crecimiento se debe a eventos atípicos, al colapso del sector inmobiliario, que provocó escasas ventas de suelo, unos ingresos tributarios por debajo de lo previsto y transferencias corrientes prácticamente planas respecto al año anterior".
Como resultado de todos estos factores las cuentas municipales pasaron por un ahorro bruto negativo "sin precedentes", a lo que se sumó "un elevado déficit después de inversiones, que ascendió aproximadamente al 20 por ciento de los ingresos no financieros".
Este déficit, siempre según el analista de Standard & Poor's, contrasta con las previsiones iniciales, que pretendían acabar con unas cuentas en equilibrio, tal y como se establecía en el Plan Económico Financiero 2005-2008.
"Por este déficit, la ratio de deuda sobre ingresos corrientes aumentó hasta el 176%, lo que supone el máximo de la serie histórica", sostuvo Alejandro Casas.
El rating también refleja unos resultados corrientes débiles y un fuerte incremento de deuda en el periodo 2003-2008 debido al "vasto programa de inversiones ejecutado durante el anterior mandato".
La calificación también tiene en cuenta el aumento de la rigidez del gasto corriente debido a los pagos plurianuales comprometidos a partir de 2007.
"Una bajada de la calificación es posible si Madrid no es capaz de mejorar sustancialmente sus resultados presupuestarios en el corto plazo permitiendo una clara tendencia decreciente de las ratios de deuda" añadió.
Según S&P, la perspectiva podría volver a ser 'estable' si el inminente Plan Económico Financiero incluye medidas "contundentes y viables", tanto desde el punto de vista de los ingresos como el de los gastos, permitiendo un proceso de consolidación fiscal a largo plazo.
En su análisis, Casas añade que la calificación refleja una economía "rica y diversificada" basada en los servicios y una "considerable flexibilidad en los ingresos" gracias a una presión fiscal "por debajo del promedio nacional y a unos valores catastrales que quedan muy por debajo de los valores de mercado".
Tras dar a conocer el rating del Ayuntamiento, el analista de Standard & Poor's subrayó el aumento del nivel de deuda, especialmente después del "inesperado" déficit de 2008, y el agravamiento de unas expectativas económicas "muy negativas" en la economía local y nacional, donde esperan dos años de recesión.
"Asimismo creemos que los resultados de la reforma del sistema de financiación local son también muy inciertos", añadió.
Standard & Poor's mantiene la perspectiva en "negativa", aunque reitera el rating 'A-1+' a corto plazo y reconoce que la actual calificación "sigue reflejando una economía rica y diversificada basada en los servicios" y "una considerable flexibilidad en los ingresos gracias a una presión fiscal por debajo del promedio nacional".
Alejandro Casas, analista de Standard & Poor's, asegura que "los resultados preliminares referidos al año 2008 han sido inesperadamente débiles". Entre los motivos de esta debilidad, se refiere al colapso del sector inmobiliario y a unos ingresos tributarios por debajo de lo previsto.
La combinación de estos y otros factores ha dado como resultado "un ahorro bruto negativo sin precedentes", así como "un elevado déficit después de inversiones".
El analista también hace referencia a otros factores negativos, como unos resultados corrientes débiles y un "fuerte incremento de deuda" entre 2003 y 2008 por el "vasto programa de inversiones ejecutado durante el anterior mandato".
Así, la ratio de deuda sobre ingresos corrientes ha aumentado un 176%, "el máximo de la serie histórica", según Casas.
Vigilancia
La agencia recuerda que el grado de incertidumbre sobre la evolución presupuestaria y el nivel de deuda ha aumentado por el déficit de 2008 y unas expectativas económicas muy negativas a nivel local y nacional.
En este sentido, S%P recuerda que espera "dos años de recesión".
"Una bajada de la calificación es posible si Madrid no es capaz de mejorar sustancialmente sus resultados presupuestarios en el corto plazo, permitiendo una clara tendencia decreciente de las ratios de deuda", añade la agencia, que advierte que "los niveles actuales de deuda están por encima de los niveles promedio de las entidades comparables calificadas en el rating 'AA-'".
El analista indica que la perspectiva podría volver a ser estable "si el inminente Plan Económico Financiero incluye medidas contundentes y viables" que que se materialicen "rápidamente" en una mejora de las finanzas municipales.
Según fuentes financieras, lo hará en condiciones similares a la caja catalana, debido a que se está ofreciendo un precio a los inversores de en torno a 80 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap.
No obstante, si se tiene en cuenta el diferencial al que podría colocar la deuda la caja madrileña con respecto a una emisión del Tesoro español que cotiza en secundario, la emisión sería más cara que la de La Caixa.
En estos momentos, el bono a tres años de España cotiza al 2,378%, por lo que si lo colocara en la parte baja, de 80 puntos básicos sobre midswap, el diferencial con respecto al Tesoro rondaría los 92 puntos básicos frente a los 45 puntos básicos de la emisión de La Caixa.
El grupo de bancos colocadores lo forman Société Générale, UniCredit, HSBC, Nomura, Landesbank Baden-Wuerttemberg y la propia caja.
Según comunicó Caja Madrid a la CNMV, el Tesoro le ha otorgado un total de 6.240 millones en avales que podría utilizar tanto para respaldar emisiones de bonos a un plazo de un máximo de tres años, así como para la colocación de pagarés o títulos de renta fija con un máximo de vida de dieciocho meses.
En concreto, se trata de los vehículos BBVA 6 FTPYME, BBVA 5 FTPYME, IM Grupo Banco Popular FTPYME I y IM Grupo Banco Popular FTPYME II.
En total, la revisión de la agencia afecta a deuda por importe de 6.179,1 millones (2.997,2 millones en el caso de BBVA y 3.181,9 millones en el de Popular).
Todos ellos tienen algo en común: se trata de deuda respaldada por créditos otorgados por estas entidades a pequeñas y medianas empresas bajo el programa FTPYME o Fondo de Titulización de Activos Pyme.
Los fondos de titulización están formados por varios tramos o, tal y como se les conoce entre los círculos financieros, tranches.
La mayor parte de la deuda emitida por un fondo de estas características suele recibir el máximo ráting AAA.
De esos 6.179,1 millones de euros que podrían sufrir una rebaja por Moody's, 5.784,6 millones o el 93,61% cuentan actualmente con la máxima calificación.
Qué son los FTPYME
La línea FTPYME, introducida en 2008, se extiende a 2009 y 2010, a través de la cual el Estado podrá otorgar avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos.
En concreto, se avala parte de los valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulización de Activos que agrupan en su activo préstamos concedidos por entidades de crédito a empresas no financieras, de las cuales un determinado porcentaje tienen que ser pequeñas y medianas empresas.
De esta manera, se incentiva a las entidades de crédito para la concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas, al facilitar su movilización mediante el mecanismo de la titulización.
Para 2009 y 2010 los fondos movilizados serán de 3.000 millones de euros anuales.
Los tramos de las titulizaciones de BBVA y Popular que cuentan con el aval del Estado no han sido puestos bajo revisión para una posible rebaja y continúan con el ráting AAA.
Según fuentes financieras, el importe que podría alcanzar la emisión de la entidad presidida por Miguel Blesa será de un mínimo de 1.000 millones, lo que entre los círculos financieros se considera una operación benchmark o de tamaño suficiente para que sea líquida, y un máximo de 2.000 millones.
“Es un límite que se han puesto en la propia caja con el Tesoro –parecido a lo que ha hecho La Caixa–. Tampoco es cuestión de colocar mucho más y dejar el mercado seco, porque después vienen otros”, añaden las mismas fuentes.
Bancos colocadores
La intención del grupo de bancos colocadores que, según indica Bloomberg, lo forman Société Générale, UniCredit, HSBC, Nomura, Landesbank Baden-Wuerttemberg y la propia caja, es abrirlos libros (cuando se empieza a recibir las órdenes de compra por parte de los inversores) el mismo lunes, “aunque dependerá de si conviene o no dar más información a los inversores para asegurar el éxito de la colocación”.
Según comunicó Caja Madrid a la CNMV, el Tesoro le ha otorgado un total de 6.240 millones en avales que podría utilizar tanto para respaldar emisiones de bonos a un plazo de un máximo de tres años, así como para la colocación de pagarés o títulos de renta fija con un máximo de vida de dieciocho meses.
Esta emisión se produce tan sólo dos semanas después de que La Caixa inaugurara los avales del Gobierno para emitir deuda. La caja dirigida por Juan María Nin colocó 2.000 millones de euros con un diferencial de 80 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap. “El precio de la operación de Caja Madrid lo fijaremos el lunes, aunque seguramente se pida una prima algo superior a la de La Caixa, entre otros motivos, porque se pretende captar más la atención del inversor internacional”, sostienen fuentes financieras.
La emisión de Caja Madrid cumple con el calendario no oficial que han acordado las entidades con el Tesoro, con el que se pretende seguir cierto orden en las emisiones y evitar que se produzca un colapso en el mercado. En este sentido, las próximas en probar suerte serán Popular y Sabadell, que ya han complementado sus programas de renta fija en la CNMV para poder emitir deuda con aval.
El supervisor exige a los bancos y cajas que quieran hacer uso de las garantías que incluyan un anexo en sus programas anuales (donde se especifica el importe máximo de deuda que prevé emitir una entidad), en el que se aclare qué volumen podrían lanzar bajo el paraguas del Tesoro.
Junto a La Caixa, Caja Madrid, Popular y Sabadell que, según el folleto que han remitido a la CNMV, contarían con un volumen máximo en garantías concedidas por el Gobierno de 9.459, 6.240, 4.500 y 3.262 millones, respectivamente, otras seis entidades han puesto al día sus programas para poder emitir.
En la parrilla de salida
El Gobierno otorgó un total de 90.000 millones en avales a 53 entidades para emitir deuda. Las diez firmas que ya han realizado este trámite con la CNMV cuentan con avales por un máximo de 38.174 millones o un 42% del total que repartió el Estado.
Entre este selecto grupo no figuran ni BBVA ni Santander que, por el momento, no parece que vayan a hacer uso de estas ayudas en el corto plazo. De hecho, el banco presidido por Francisco González ya colocó 1.000 millones sin garantía del Estado el mes pasado.
Moody’s publicará hoy un informe en el que califica de «vulnerable» la calificación crediticia (ráting) actual que otorga a la deuda pública española, lo que puede abrir el camino a una rebaja de dicha calificación por parte de la agencia de medición de riesgos, que seguiría así los pasos de Standard & Poor’s.
En ese documento, los analistas de Moody’s estiman la posibilidad de que los países con máxima calificación (Aaa) puedan caerse de ese grupo de privilegio, y concluyen que España e Irlanda son los más cercanos al precipicio.
«Estos países van a verse forzados a tomar riesgos con sus finanzas públicas. Su ráting dependerá de la habilidad para diseñar un nuevo modelo de crecimiento y para ajustar las finanzas públicas al nuevo entorno con serias medidas políticas, apoyadas por un fuerte consenso nacional», dice el informe.
Moody’s ya ha puesto en revisión negativa la calificación de Irlanda, y por ahora mantiene estable la de España.
Menos competitividad
Pero a la luz del contenido del informe, las perspectivas de mantenimiento del ráting español no parecen halagüeñas. Moody’s considera que el volumen de deuda pública del país no alcanzará grados alarmantes si se compara con el de otros estados, pero ofrece una visión muy pesimista sobre las perspectivas de que la economía española se ajuste y recupere el crecimiento. En un ránking sobre la capacidad de ajuste económico de los 18 países con máxima calificación, Moody’s sitúa en último lugar a España, especialmente por la falta de competitividad de sus empresas.
«Para los países que han perdido un motor sustancial del crecimiento doméstico (como la construcción en España), la habilidad para remontar depende en la competitividad externa y la flexibilidad del mercado laboral», afirma Moody’s. Pero la agencia señala que España tiene una «competitividad cuestionable», por lo que necesitará más tiempo para ajustarse y remontar.
Se trata de una visión similar a la que ofreció Standard & Poor’s al anunciar la rebaja de la triple A de España el 19 de enero pasado, la máxima calificación que otorga la agencia.
En términos de volumen de deuda, Moody’s calcula el punto hasta el que las finanzas públicas podrían estirarse hasta 2011. En caso de que se alargue hasta ese año la ralentización del crecimiento económico y el Gobierno tenga que asumir parte de las pérdidas de la banca, la deuda de España alcanzaría el 75% del Producto Interior Bruto (PIB).
Se trata de un porcentaje similar al de Alemania y Francia, e inferior al de EEUU y Reino Unido. Pero la máxima calificación de estos países se considera más segura por parte de Moody’s por la mayor diversificación y flexibilidad de sus economías para salir adelante.
La principal consecuencia del aumento de apreciación del riesgo de la deuda pública española por parte de los inversores es el incremento del coste de financiación del Estado. En el último año, se ha multiplicado la diferencia entre la rentabilidad del bono español y el alemán. Ahora, el Gobierno de España debe pagar alrededor de un 1% más de rentabilidad al comprador de un título de su deuda que el de Alemania.
Tres clases de países dentro de la nota máxima
Moody’s considera que la intervención de los gobiernos en la crisis «genera cuestiones sobre la seguridad de los inversores en deuda pública». Para ayudar a analizar el riesgo de cada país, la agencia ha dividido los estados que todavía tienen la máxima calificación (Aaa) en tres clases. Los resistentes son Alemania, Francia, Canadá y los países escandinavos, en los que Moody’s no ve posibilidad de que la calificación sufra.
Por debajo están los capaces de aguantar, entre los que figuran Estados Unidos y Reino Unido, donde se va a producir un gran incremento de la deuda pública, pero cuyas economías tienen «capacidad de reacción». Por último, están los vulnerables, como Irlanda y España.
El aviso de Moody’s de que el máximo ráting de España es uno de los más «vulnerables» está teniendo su impacto en el mercado. En sólo dos días, los CDS del Reino de España, seguros que protegen a los inversores ante la falta de solvencia de un emisor, han registrado un repunte desde 131,1 a 151,3 puntos básicos. Ayer, subieron un 8,07%, la novena mayor subida del día, según datos facilitados por la firma especializada CMA.
El incremento del precio de estos activos equivale a una mayor apreciación del riesgo por parte de los inversores, lo que, a su vez, puede tener impacto sobre los costes de financiación. El diferencial del bono español con respecto al alemán también ha repuntado en los dos últimos días y ayer se situó en 117,3 puntos básicos.
A finales de septiembre, los CDS de España cotizaban a 40 puntos básicos, lo que significa que por una inversión de 10 millones en deuda del Tesoro, el inversor pagaba al año 40.000 euros por estos contratos, y ahora la cifra asciende a 151.300 euros.
Moody’s publicó el pasado jueves un informe en el que califica de «vulnerable» la calificación crediticia (la máxima Aaa) actual que otorga a la deuda pública española, lo que puede abrir el camino a una rebaja de dicha calificación. Los analistas de la firma indicaron que España, junto a Irlanda, van a verse «forzadas a tomar riesgos con sus finanzas públicas». Ese mismo día, se conoció que oficialmente la economía española ha entrado en recesión por primera vez en quince años.
Costes de financiación
Esta alerta se produce después de que la firma estadounidense Standard & Poor’s pusiera el ráting de España bajo revisión para una posible rebaja el pasado 12 de enero, que se hizo efectiva 16 días después. Durante este periodo, los CDS de España pasaron desde 106 a 140 puntos básicos.
Por otro parte, ING publicó el jueves un informe, que recoge Bloomberg, en el que indica que la probabilidad de que diferentes países europeos puedan hacer algún impago en su deuda es ya «más razonable», debido a que tienen que hacer frente a la financiación de los rescates bancarios y las medidas para estimular la economía. Los inversores muestran una mayor preocupación por Irlanda y Grecia y podrían empezar a ocurrirles lo mismo con Portugal, España e Italia.
Los efectos ya se notan y el Tesoro español tuvo que pagar el mayor diferencial por su reciente emisión de 7.000 millones de euros desde al menos la entrada del euro.
Las entidades se servirán de un vehículo que aglutine sus emisiones individuales para poder alcanzar las actuales exigencias del mercado de deuda corporativa.
En la actualidad, los inversores demandan un importe de emisión superior a los 1.000 millones de euros, por lo que no todas las cajas de ahorros tienen capacidad para realizar la emisión en solitario, ni por razones de tamaño ni por el aval que les ha asignado el Tesoro.
"El mercado exige ahora un mínimo de emisión, y a las cajas de ahorros de menor tamaño el aval no les llega, o prefieren espaciar la emisión de deuda en varios plazos por cuestión de vencimientos", explica un experto consultado por Europa Press.
Algunas de las cajas de ahorros de menor tamaño que pretenden participar en esta emisión conjunta de deuda ya han comunicado la cifra que prevén emitir a título individual a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Cuando cada caja cuente con la autorización pertinente para llevar a cabo su emisión de deuda 'senior', se la cederá a un vehículo que las integrará en su activo, al tiempo que emitirá bonos homogéneos cuya garantía serán precisamente esas emisiones individuales avaladas.
Operación a corto o medio plazo
La emisión conjunta se realizará, previsiblemente, a corto o medio plazo ya que, aunque todavía no hay una fecha fijada en el calendario para llevar a cabo la operación, las entidades no desean esperar a que se recrudezca la competencia en este ámbito.
Según analistas consultados, para los inversores es más complicado examinar estas emisiones conjuntas que las que realicen entidades de mayor tamaño de forma independiente, porque la garantía del aval del Estado es indirecta.
Mientras que las emisiones realizadas por una entidad en solitario tienen aval del Estado, en las emisiones conjuntas no está avalado el bono que emite el vehículo, sino las emisiones que actúan como garantías de estos bonos.
Hasta ahora, Caja Madrid y la Caixa han finalizado con éxito una emisión de deuda por importe de 2.000 millones de euros en cada caso, mientras que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)prepara una por 1.500 millones de euros, y Bancaja otra por 1.000 millones.
Estas operaciones responden a la iniciativa del Gobierno de avalar las emisiones de deuda por un importe conjunto de 100.000 millones de euros para facilitar el acceso de las entidades la liquidez dentro de su programa de apoyo al sector financiero para minimizar los daños de la crisis internacional, inscrito en los acuerdos de la UE.
Santander ha mostrado interés para lanzar un bono con vencimiento a tres años. La semana pasada, el banco presidido por Emilio Botín sondeó al mercado a través de Morgan Stanley, Natixis y UniCredit, para colocar “deuda por un importe de al menos 1.000 millones de euros”, según fuentes cercanas a la operación. Al igual que hizo BBVA, los bonos que se ofrecieron a los grandes inversores no contaban con aval del Estado.
Sin embargo, por ahora no lanzará la emisión, porque esperará a que mejoren las condiciones del mercado. Fuentes relacionadas con la operación indican que ni siquiera se llegó a abrir los libros, donde se reciben peticiones de los inversores para colocar la deuda, pero reconocen que “se realizó un sondeo, tal y como se ha hecho otras veces, pero ayer y hoy (refiriéndose al jueves y viernes, respectivamente) el mercado estuvo un poco revuelto”. “En cuanto se vea una oportunidad se lanzará, aunque no hay urgencia por parte de la entidad”, añaden.
BBVA tomó la misma vía (no usar la garantía estatal) el pasado 9 de enero, con una emisión a cinco años, la primera en seis meses y la primera a ese plazo desde que estalló la crisis financiera en verano de 2007. En total colocó 1.000 millones, lo que en los círculos financieros se conoce como una emisión benchmark o de importe suficiente para que sea líquida. El precio al que lanzó la deuda se fijó en 180 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap.
Según fuentes del mercado, “Santander barajaba la posibilidad de emitir la deuda a un precio de en torno a 165 puntos básicos sobre midswap para su emisión de deuda a tres años”. “Se detectó un interés preliminar elevado (intención de comprar, pero sin demanda en firme) por parte del inversor de entre 800 y 1.000 millones, pero el mercado no amaneció bien”, apuntan.
La entidad ya realizó una ampliación de capital, que culminó el pasado 28 de noviembre, de 7.200 millones. A su vez, se mostró muy activa durante las ventanas de oportunidad que se abrieron para emitir deuda a comienzos del segundo trimestre de 2008. Santander abrió el melón con una emisión de 2.500 millones de euros a tres años, la primera que realizaba una entidad española desde el inicio del huracán financiero.
Emisiones con aval
Aunque las dos mayores entidades españolas han decidido por ahora prescindir del aval del Estado para colocar deuda, no es el caso de otras firmas de menor tamaño. Ayer, Pastor colocó 1.000 millones de euros de deuda bajo el paragüas del Estado, en la que fue la quinta emisión de estas características en España.
Según Gloria Hernández, directora general financiera del banco, “la operación ha recibido una demanda por parte de los inversores por dos veces el importe ofertado”. Se realizó a 75 puntos básicos sobre midswap, el nivel más bajo hasta ahora sobre este índice. BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, La Caixa y BBVA lideraron la colocación.
Ahora le toca el turno a Caixa Catalunya, según el calendario fijado por el Tesoro y las entidades para seguir un orden en este tipo de emisiones, con una operación de 2.000 millones de euros.
A su vez, los inversores se volvieron a cebar con las acciones de los bancos a nivel mundial. Los CDS de Santander, por ejemplo, se encuentran cerca de máximos históricos, en 161,7 puntos básicos, según datos de Bloomberg, mientras que sus títulos sufrieron un varapalo la semana pasada del 13,98%.
Éstas pueden ser algunas de las razones por las que Santander decidió esperar a colocar su emisión de deuda sin aval. Tal y como adelantó EXPANSIÓN en su edición del fin de semana, el banco presidido por Emilio Botín sondeó al mercado a través de Morgan Stanley, Natixis y UniCredit, para colocar deuda por importe de al menos 1.000 millones de euros. Sin embargo, decidió no lanzarla porque se esperará a que mejoren las condiciones del mercado.
Pese a que, según su cuota de mercado, Santander tendría derecho a garantías del Tesoro Público por alrededor de 12.400 millones de euros, al igual que BBVA, que tiene 10.300 millones, ha decidido por el momento prescindir del uso de estos avales para emitir deuda. De hecho, no aparecen en el calendario fijado por el Tesoro y las entidades españolas para asegurar un orden en las emisiones y evitar un colapso en el mercado.
Según fuentes relacionadas con la operación de Santander, el precio que barajaba el banco para esta emisión sin aval a tres años rondaba los 165 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap.
Para las emisiones que se realizan bajo el paraguas del Estado, el Gobierno cobra a las entidades una prima en función del perfil de riesgo de cada entidad, medido en función de la cotización de su CDS entre enero de 2007 y agosto de 2008, más 50 puntos básicos. Además, a esto hay que sumarle el coste propio de colocar la deuda en el mercado. Las firmas españolas que han optado por esta vía están emitiendo a entre 76 y 80 puntos básicos sobre midswap (sin contar la prima que cobra el Estado).
En función de la cotización de Santander, el Ejecutivo le cobraría una prima de en torno a 90 puntos básicos, por lo que si se le sumara el coste al que tendría que colocar la deuda (si se coge el precio mínimo al que ha colocado por ahora una firma española, de 76 puntos básicos), el precio total sería similar al que pretendía colocar la deuda Santander sin aval del Estado, es decir, 165 puntos básicos.
El banco presidido por Emiio Botín se convierte así en el primer banco español que desempañará esta tarea en este mercado, que consiste en proporcionar liquidez para bonos soberanos europeos en todos los plazos.
Con ello, los clientes de BondVision se beneficiarán de mejores opciones en los mercados de deuda pública más líquidos de Europa, en un momento en el que los Gobiernos están incrementado el volumen de sus emisiones para financiar los elevados déficit públicos y ante el deterioro de la economía a nivel mundial.
La participación de Santander sirve para extender la red de Creadores de Mercados miembros de BondVision a 28, el mayor consorcio de bancos en una plataforma europea de negociación de renta fija. En 2008, los clientes en Espana y Portugal negociaron un 48% más que en 2007, convirtiendo la península Ibérica en la región de crecimiento más rápido del mercado.
La Generalitat autorizó la formalización de un programa de emisión de deuda denominado Euro Medium Term Notes (EMTN), un estándar para emisiones internacionales de deuda que facilita que se pueda acceder a inversores de todo el mundo, lo que le permite lanzar emisiones de hasta 5.000 millones de euros, una alternativa que ha sido duramente criticada desde CiU.
Para el departamento de Economía, conseguir la EMTN supone sólo formalizar la posibilidad, y el endeudamiento que se asumirá este año no superará los 2.000 millones, tal y como estaba previsto en los Presupuestos de la Generalitat para 2009.
Los 1.000 millones de la emisión para antes del verano son una cifra aproximada porque su concreción dependerá de las condiciones del mercado de deuda en el momento en que se haga. Los planes de la Generalitat son realizar la emisión denominada en euros, una divisa atractiva para los inversores internacionales y a cinco años.
La Comunidad Valenciana también ha formalizado un EMTN y Andalucía la está negociando ya que, según los analistas de mercados internacionales, es mejor adelantar las emisiones antes de que el mercado se sature de oferta antes de fin de año dadas las necesidades financieras de los distintos Estados para hacer frente a la crisis.
Este tipo de programa se puede mantener durante varios ejercicios -de hecho la intención de la Generalitat es ir haciendo uso del mismo durante dos o tres años, en función de las necesidades de la administración- y permite hacer emisiones en condiciones más ventajosas que las típicas de obligaciones.
Polémica sobre financiación
El economista Ramon Tremosa, candidato de CiU a las elecciones europeas, ha considerado "gravísimo" que el Govern "autorice la emisión de deuda pública por valor de 5.000 millones para que se coloque en los mercados internacionales".
"Esto significa deuda pública para las futuras generaciones de catalanes. Es, además, la prueba de que el Govern no espera ningún incremento de recursos por parte del Gobierno español a través de la nueva financiación y, por eso, se ve obligada a emitir deuda", ha denunciado.
Según Tremosa, además, la emisión de deuda servirá para "tapar el agujero de 2008", ya que precisamente la Generalitat "acumuló 5.000 millones de euros de deuda, que se suman a los 7.000 millones acumulados de 2004 a 2007".
La oleada de emisiones de deuda con aval por parte de las entidades financieras españolas incorpora a su lista de espera a Bancaja.
En esta lista se encontrarían también Caixa Cataluña, Caixanova, CAM, Cajamar, Sabadell y Banco Cooperativo Español. Las 'pioneras' en este tipo de operaciones fueron La Caixa, Caja Madrid, Popular, Bankinter y Pastor.
La emisión que ultima Bancaja sería de bonos en euros a tres años, con la pertinente garantía del Estado. La referencia para esta operación, según Thomson Reuters, rondaría los mid swaps más 80-85 puntos básicos, un precio ligeramente superior a otras emisiones con aval. Bancaja tiene un ráting de A2 de Moody's, y de A- por parte de Fitch.
Los planes de Caixa Cataluña pasan por ejemplo por emitir 1.500 millones de euros, también con aval, a un precio de entre 75 y 77 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo.
En general, las firmas españolas que han optado por las emisiones con aval están emitiendo a entre 76 y 80 puntos básicos sobre midswap (sin contar la prima que cobra el Estado).
S&P justifica la acción debido a las "menores expectativas para las economías en las que opera" tanto BBVA como Santander, y "el potencial impacto en su situación financiera".
Cuando un ráting se pone en perspectiva negativa quiere decir que lo más probable es que el próximo movimiento sea a la baja. Éste podría producirse en un plazo de hasta dos años.
Hoy mismo, la firma ha rebajado la calificación a cuatro entidades financieras españolas de golpe. Los afectados son Caja Madrid, que pasa de A+ a A, Popular, desde AA- a A+, Ibercaja, de A+ a A, y Sabadell, de A+ a A.
Pese a que siguen siendo calificaciones elevadas en relación a sus competidores europeos, lo cierto es que desde que comenzó la crisis en verano de 2007 las agencias de ráting están aplicando múltiples recortes al sector financiero.
En esta ocasión, S&P utiliza argumentos similares a las anteriores acciones negativas. "Reflejan nuestra visión más negativa sobre la magnitud de la recesión que está en proceso en España, y los efectos que tendrán en los perfiles financieros de las instituciones que calificamos, en lo que se refiere a la calidad de los activos y a los resultados", apuntan en la agencia.
A su vez, avisa de que las entidades que no califican, principalmente cajas de ahorros, "están sufriendo y conitnuarán sufriendo por la actual desaceleración de una manera más amplia que las entidades que ya calificamos".
Este empeoramiento de la percepción que tiene el mercado de la salud de nuestros bancos y cajas ya se había puesto de manifiesto en los últimos días con una fuerte subida del coste de los seguros de impago (CDS) hasta máximos históricos. La agencia de calificación crediticia justifica estas medidas por el mayor pesimismo respecto a la magnitud y duración de la recesión en España y su posible efecto en los pérfiles de crédito de las entidades, especialmente en su rentabilidad y en la calidad de sus activos.
En cuanto a los dos grandes, la decisión de ponerlos en revisión está basada en su expectativa de un descenso del crecimiento económico en los países en los que operan y el impacto potencial sobre sus resultados. Así, la perspectiva del Banco Santander y BBVA de 'estable' a 'negativa'. Ambas entidades disfrutan de momento de unos ratings a corto y largo plazo 'AA/A-1+'.
Por el contrario, S&P coloca el 'rating' a largo plazo de Caja Madrid en A desde A+ con perspectiva negativa, mientras que la calificación a largo plazo de Banco Popular cae a A+ desde AA- con perspectiva negativa. Por su parte, la calificación a largo plazo de Ibercaja se sitúa en A, desde A+, con perspectiva estable, mientras que el 'rating' a largo plazo de Banco Sabadell ha sido rebajado a A desde A+, con perspectiva estable.
Santander y BBVA: fuertes, pero menos
El analista de S&P Jesús Martínez destaca las fortalezas del banco que preside Emilio Botín, como su clara estrategia, su capacidad de gestión, su diversificación geográfica, su sólida posición en sus principales mercados y su rentabilidad operativa. Sin embargo, el deterioro de la calidad de los activos (créditos), su mayor riesgo derivado se sus operaciones en Latinoamérica y los riesgos inherentes a su política de adquisiciones le llevan a poner en revisión su rating. En especial, señala las dificultades que afronta para mejorar la rentabilidad de sus compras en Brasil, Reino Unido, Alemania y EEUU en medio de la crisis.
Respecto a BBVA, las fortalezas que señala Martínez son su fuerte posición en sus mercados principales, su rentabilidad por encima de la media y su gestión conservadora. Algo que "anula en cierta medida su dependencia de los mercados emergentes, el deterioro de la calidad de los activos y su bajo grado de diversificación en comparación con los demás bancos internacionales". A su juicio, la entidad de Francisco González será capaz de mantener su rentabilidad, y eso le ayudará a capear el temporal, gracias a su posición en España y Latinoamérica, y a su elevada eficiencia derivada de su cultura de control de costes. Pero alerta de una continua subida de la morosidad que le obligarán a tirar de provisiones genéricas y del impacto de la recesión en México.
La decisión de rebajar el rating de Santander o BBVA se tomará si la agencia prevé una redicción significativa de su rentabilidad operativa en los próximos años, que puede venir del crecimiento de las provisiones por la morosidad, el impacto negativo de las fluctuaciones de las divisas, un menor volumen de negocio o unos mayores costes de financiación. "Una nueva adquisición significativa también tendría implicaciones negativas para el rating", añade para Santander. En todo caso, dada la importanciua sistémica de ambas entidades, confía en que el Gobierno español acudirá en su rescate si la situación se pone fea.
La morosidad, la gran amenaza
Por otro lado, S&P señala que este recorte de la calificación de las otras cuatro entidades refleja las expectativas de la agencia respecto al impacto en la solvencia a largo plazo de la "grave" recesión en curso. En general, el deterioro de la mora continúe en los dos próximos años, en especial por el lado de constructoras e inmobiliarias, aunque también anuncia un aumento del impago en los créditos a las empresas comerciales, así como en las hipotecas -pese a la caída de los tipos- por la espiral del desempleo; prevé que la tasa de paro llegue al 17% en 2010.
Aunque no espera que ninguna de las cuatro vaya a tener problemas de capital (solvencia), considera que el impacto de esta situación será diferente en función de su mix de créditos y de sus criterios para concesión de préstamos en los años de la burbuja, así como de sus ratios de cobertura. La peor parte es para Caja Madrid, de la que destaca el rápido deterioro de sus préstamos en la segunda mitad de 2008 y el riesgo de "eventos" (quiebra de otra gran inmobiliaria), y justifica su perspectiva negativa por la posibilidad de que la morosidad ponga en peligro a sus resultados (en cuyo caso espera un rescate estatal). Respecto a Popular, espera también una necesidad de mayores provisiones que probablemente reducirá su beneficio pese a la gran capacidad de la entidad de Ángel Ron para generar ingresos. Una caída inesperada de dichos ingresos conllevaría otra rebaja de rating.
En el caso de Ibercaja, la mayor amenaza es su exposición a los promotores, que cifra en el 19% de su activo, lo que empeorará su rentabilidad aunque el volumen de genéricas suavizará el impacto. También advierte de una menor contribución a sus resultados de sus participadas. Finalmente, del Sabadell subraya su debilidad por su exposición a promotores y a las pymes, lo que le hace vulnerable a una gran quiebra. No obstante, mantiene su perspectiva en "estable".
El oscuro panorama para el sector se completa con otra advertencia de la agencia de calificación: "En nuestra opinión, otras entidades financieras que no tienen rating, sobre todo cajas de ahorros, están sufirendo y continuarán sufriendo por la crisis actual en mayor medida que las entidades que calificamos. El violentísimo deterioro de la calidad de los activos anunciado por la mayoría de estas instituciones en 2008 aporta evidencias a esta opinión".
Este deterioro del riesgo de la banca española se ha puesto de manifiesto tanto en la subida hasta máximos históricos de los CDS (credit default swaps), seguros que miden el riesgo de impago de una entidad, como en la rebaja masiva del rating y de las perspectiva de varias entidades anunciada el miércoles por Standard & Poor's (redujo el rating de Caja Madrid, Popular, Ibercaja y Sabadell, y puso en perspectiva negativa a Santander y BBVA).
Aunque es innegable que las agencias de rating están cuestionadas por las elevadas calificaciones otorgadas a las titulizaciones de hipotecas subprime y por su actuación en la quiebra de Lehman, y que el mercado de CDS es poco líquido y opaco, hoy por hoy siguen siendo las dos principales formas de medir el riesgo de crédito de países, bancos y empresas.
El banco que preside Emilio Botín intentó realizar una emisión de 1.500 millones de euros en deuda a tres años sin aval el 20 de febrero, pero las condiciones de mercado se lo impidieron. Según distintas fuentes consultadas, el banco pretendía pagar un diferencial de 165 puntos básicos sobre el midswap (tipo de referencia equivalente al Euribor) a tres años. Sin embargo, el día elegido coincidió con un desplome en bolsa de la banca mundial -el propio Santander cayó el 5,38%- que retrajo la demanda de los inversores y elevó la exigencia de intereses hasta niveles de entre 190 y 200 puntos básicos sobre el citado midswap.
El banco no estaba dispuesto a asumir un precio así, por lo que prefirió aplazar la venta hasta un mejor momento. Entre otras cosas porque le supondría un coste mayor que el de emitir con aval: las entidades que lo han hecho han pagado un diferencial de 80 puntos básicos como máximo -en teoría, Santander pagaría menos- a lo que hay que sumar una comisión que cobra el Gobierno por el aval, que depende de la evolución histórica del CDS de cada entidad; en el caso del Santander, unos 90 puntos básicos.
El aval, cada vez más caro
En cuanto a las emisiones con aval del Estado, en teoría todas deberían tener un tipo similar al contar con la garantía del Reino de España. La primera en realizarse fue la de La Caixa, que pagó 80 puntos básicos sobre el midswap (precio al que hay que añadir la citada comisión que cobra el Gobierno). Las siguientes emisiones avaladas pudieron ir relajando este diferencial, e incluso Caixa Catalunya, la entidad con más morosidad de España, logró colocar la semana pasada 1.500 millones con un diferencial de 75 puntos básicos.
Sin embargo, Bancaja se vio obligada el martes a elevar este diferencial de nuevo hasta 80 puntos básicos por la subida de los CDS y el deterioro general del mercado. Hay que tener en cuenta que, en menos de un mes, se han colocado 8.500 millones de euros con aval por parte de ocho entidades, lo que ha agotado la demanda de los inversores internacionales en un momento de subida de la percepción del riesgo del sistema financiero español. Algo que también se evidencia en la fuerte caída en mercado de las preferentes y otros bonos de bancos y cajas de nuestro país.
¿Hasta dónde podemos llegar?
El problema es que lo peor puede estar por venir, si continúa agravándose la situación en los mercados. De las 10 primeras entidades que iban a salir con aval, faltan la valenciana CAM y la gallega Caixanova (el Banco Sabadell ha preferido no emitir), y luego quedan todas las demás, incluyendo entidades importantes como Ibercaja o Unicaja. Todas ellas pueden encontrar dificultades para colocar su deuda pese a la garantía pública; posiblemente tendrán que pagar un diferencial más elevado, pero incluso pueden tener que suspender sus emisiones si el mercado vuelve a cerrarse.
Esto supondría un verdadero problema para muchas entidades que andan bastante justas de liquidez para atender los vencimientos de deuda previstos en 2009. En previsión de males mayores, 10 cajas de ahorros pequeñas y medianas han decidido emitir conjuntamente 2.000 millones. Pero si llega a cerrarse el mercado para las entidades más pequeñas, España pagará caro haber sido el último país europeo en aprobar las emisiones con aval del Estado por culpa de las innumerables trabas impuestas por la multitud de organismos que participaron en el diseño de este plan.
Hay quien afirma incluso que Botín puede plantearse acogerse al plan de avales si el mercado no le permite emitir sin aval a un precio aceptable. Pero ahí tropieza con que BBVA emitió el 9 de enero 1.000 millones en bonos a cinco años sin aval, con un diferencial de 180 puntos básicos. Eso forzó al Santander a renunciar al aval para no ser menos. En teoría, su posición de liquidez -asegura contar con 83.000 millones en activos para descontar en el BCE, el Banco de Inglaterra y la Fed- le permite aguantar sin emitir hasta que escampe, pero todo tiene un límite.
Las cédulas hipotecarias de Caja Madrid, deuda respaldada por la cartera de créditos hipotecarios de la caja, acaban de perder el máximo ráting AAA, lo que afecta a un volumen total emitido de 32.300 millones de euros ó 48 emisiones.
La nueva calificación sigue siendo elevada, de AA, pero una rebaja en este tipo de activos es inusual, debido a las garantías con las que cuentan, lo que hace que los inversores perciban casi el mismo riesgo que en la deuda pública.
La decisión de S&P se produce sólo dos días después de que la agencia le rebajase la calificación a Caja Madrid de la deuda a largo plazo, desde A+ a A, y le mantuviera la perspectiva negativa, posible paso previo a otro recorte, debido, principalmente, a la abrupta subida de la morosidad, que ya alcanzó el 5,4% a finales de 2008.
No es la primera. Fitch Ratings ya rebajó la calificación de 1.000 millones en cédulas de Banco Guipuzcoano, desde AAA a AA+, el pasado 12 de octubre.
Estos títulos de renta fija, junto a las titulizaciones, constituían hasta el estallido del huracán financiero uno de las vías de financiación preferidas por la banca española para financiar el boom del crédito de los últimos años. El saldo vivo actual se sitúa actualmente en 334.878 millones, según datos de AIAF. Una rebaja de calificación puede traducirse en pérdidas paras los inversores.
La salud que atraviesa el sector financiero tiene, a su vez, un impacto demoledor sobre la economía mundial. En el caso de la eurozona, el BCE ya rebajó sus previsiones sobre el crecimiento el pasado jueves y augura una recesión para este año de entre el 2,2% y 3,2%, y el resto de autoridades no lanzan mensajes tranquilizadores.
“El FMI no dejar de advertir sobre una prolongación y endurecimiento de la crisis. Esperemos que se equivoquen, algo que no ha ocurrido en los últimos meses. Es más, a pesar de su pesimismo desde 2007 luego han tenido que rectificar a peor”, indica José Luis Martínez, estratega en España de Citi. Y la agencia Moody’s lanza un aviso a navegantes: la tasa de impagos de las empresas con ráting de alto riesgo alcanzará en Europa el 22,5% a finales de año, máximos desde 1930.
Este escepticismo se está extendiendo como la pólvora en los parqués. El jueves, la banca mundial perdió 50.000 millones de valor en bolsa. También se está reflejando en los CDS de estos sectores.
El Markit Financial Index de CDS de 25 bancos y aseguradoras alcanzó ayer un récord histórico de 202 puntos básicos. Ni tras la quiebra de Lehman de septiembre llegó a tocar esa cota. Cuanto más alto es el precio de estos contratos, peor es la percepción del inversor.
La banca española no sale indemne. Los CDS de Santander marcaron ayer 169 puntos básicos, cerca de los máximos de 170 del pasado 17 de septiembre. Los de BBVA han sobrepasado los niveles de esa fecha y se situaban ayer en máximos en 165 puntos básicos. Los dePopular subieron hasta los 305 puntos básicos y los de Sabadell, hasta los 356 puntos básicos.
Esta semana, S&P tocó el ráting de Caja Madrid, Sabadell, Popular y Sabadell, y puso en perspectiva negativa el de Santander y BBVA. Ayer, esta agencia se los recortó a Lloyds y Bank of Scotland, y Moody’s amenaza con recortar los de JPMorgan, Wells Fargo y Bank of America. Sus CDS cotizaban en 219,1, 296,3 y 356,8 puntos básicos, respectivamente.
Los mercados de deuda pública continúan realizando sus ajustes a las últimas rebajas históricas de los tipos de interés adoptadas por el BCE, así como a la evolución de los efectos de la crisis económica.
En estos ajustes, los bonos españoles han podido corregir parte del terreno perdido en los últimos meses. A raíz de la pérdida del ráting de AAA, por parte de Standard & Poor's, la prima de riesgo de España disparó sus máximos históricos.
El diferencial del bono español a diez años respecto al bund alemán superó con creces la barrera del punto porcentual, y se amplió hasta rondar los 130 puntos básicos. En la jornada de hoy, este diferencial ha llegado a bajar, justo, del punto porcentual. El yield del bund alemán se situaba en el 3,05% cuando el del bono español a diez años alcanzaba el 4,04%.
En el mercado de derivados, España ha podido también recuperar algo de terreno en las quinielas de los países europeos considerados más 'solventes'. La rebaja de ráting de S&P disparó a cifras récord los costes de protección de impago en la deuda española, en los Credit Default Swaps (CDS). En las últimas fechas, países como Austria han superado a España en estos derivados de crédito.
Uno de los principales temores instalados sobre las economías europeas, la sombra del impago en los países de Europa del Este, no incluiría a España, en principio, en la lista de los más damnificados, como ya se encargaron de señalar analistas como los de Moody's. El sistema financiero español, además, sigue mostrando, por el momento, una mayor resistencia que el de otras grandes economías europeas occidentales, objeto de continuas intervenciones y nacionalizaciones.
La caída del precio de los inmuebles está aumentando el riesgo de garantía de la cartera hipotecaria de la banca, con independencia de la capacidad de pago de cada cliente.
La erosión afecta, sobre todo, a los préstamos suscritos en los años de máximo auge del mercado inmobiliario.
Según cifras de la Asociación Hipotecaria Española, sólo en 2006 y 2007, empresas y particulares formalizaron préstamos por 625.416 millones de euros, aprovechando el respaldo que durante años ofreció la acelerada revalorización de los inmuebles.
Si sólo se consideran las hipotecas suscritas en 2006 (los primeros ecos de la crisis subprime ya acentuaron en 2007 las restricciones crediticias), la cifra cae a 328.319 millones.
El 48,5% de este importe son hipotecas sobre viviendas y el resto son préstamos con un derecho real sobre solares, fincas rústicas u otros inmuebles.
Distintos factores influyen en la mayor incertidumbre de estos créditos. Puesto que se suscribieron en el pico del ciclo inmobiliario, el valor de la garantía podría ser hoy inferior al que ésta tenía cuando se firmó el préstamo.
Además, el importe medio de las hipotecas es superior al concedido en años anteriores.
En 2007, por ejemplo, el saldo medio de la hipoteca para vivienda alcanzó los 149.000 euros, frente a los 110.000 de 2004.
La valoración de los inmuebles que respaldan la cartera hipotecaria de la banca es determinante, pues una caída de las tasaciones podría elevar el riesgo de crédito y por tanto, aumentar las exigencias de recursos de las entidades.
De hecho, la regulación sobre solvencia obliga a bancos y cajas a revisar con una periodicidad mínima de 1 y 3 años, respectivamente, la valoración de los inmuebles ligados a las hipotecas.
En escenarios excepcionales, la normativa es más exigente.
“Siempre que las condiciones del mercado u otras circunstancias indiquen que los precios [de los inmuebles] pueden estar experimentando variaciones significativas (...) que pudieran afectar a la reducción del riesgo de crédito conseguida mediante las garantías sobre inmuebles, se deberán efectuar valoraciones adicionales del conjunto de inmuebles vinculados a los préstamos afectados”, dice el Banco de España sobre recursos propios mínimos.
Distintos actores del sector financiero coinciden, sin embargo, en que esta excepcionalidad aún no se da.
Los inmuebles que actúan de garantía no han sufrido un fuerte deterioro y en consecuencia, “sólo se están realizando nuevas valoraciones de forma puntual”, dicen en el sector.
Algunos datos avalan este argumento.
Las cifras del Ministerio de Vivienda apuntan que el precio de la vivienda libre sólo se contrajo un 3,2% interanual en 2008.
Según la sociedad de tasación Tinsa, el valor de la vivienda libre todavía era en enero de 2009 un 3,6% superior al de enero de 2006.
Pero hay indicios que dibujan un panorama más incierto.
Los propios bancos están realizando tasaciones extraordinarias de los activos de sus fondos inmobiliarios para adecuarlos “a la realidad del mercado”.
En las memorias anuales algunas entidades reconocen que “el mercado hipotecario sufren una caída en el valor de los inmuebles”.
Con todo, hay un factor que protege la cartera hipotecaria de esta depreciación: el porcentaje financiado del precio de compra del inmueble o loan to value (LTV).
En términos generales, el porcentaje de financiación asciende al 70%.
Por tanto, las tasaciones deberían caer más del 30% antes de que el valor del inmueble se sitúe por debajo del importe del crédito.
Pendientes de 2009
“La cobertura de protección de préstamos hipotecarios ha mejorado.
El importe medio del préstamo sobre el valor de tasación de la producción hipotecaria de 2008 [en clientes particulares] ha sido de un 59% frente al 62% en 2007”, indica una entidad en la información remitida a la CNMV.
“El número de préstamos cuyo LTV es superior al 80% ha disminuido hasta menos del 5% frente al 22% de 2003”, explica la documentación.
“A 31 de diciembre, la media del importe pendiente de cobro de los préstamos es el 55% del valor razonable de las garantías hipotecarias”, explica otro banco en su informe anual.
Los expertos coinciden en la existencia de esta cobertura.
“Pero el problema puede estar en lo que va a pasar en 2009”, explican en una auditora.
“Habrá que volver a valorar la cartera hipotecaria. Es como la mora. Todo el mundo sabe que va a aumentar en 2009. Pero las provisiones las calculas con la morosidad que tienes hoy”, indican.
La agencia ha situado los IDR y la deuda en vigilancia con perspectiva negativa. Las bajadas reflejan las preocupaciones sobre el cash flow a medio plazo de las concesiones, que serán inferiores a las previstas.
Aunque Fitch espera que los cash flows de la compañía se mantengan los próximos doce meses gracias a un cartera de obras (aproximadamente unos 6.000 millones de euros), este negocio es cíclico y expuesto a cambios en el activo circulante. De hecho, las débiles condiciones en muchos de los mercados de OHL, tales como España y Europa Occidental, podrían provocar una reducción de la cartera de obras durante 2009, lo que reduciría los cash flows durante 2010 y 2011.
La agencia añade que el perfil de crédito de OHL también podría verse afectado negativamente por el hecho de que el negocio de las concesiones representa una deuda creciente para la casa matriz. Aunque esta última no etá obligada legalmente a soportar estas concesiones, podría decidir realizar inyecciones para evitar fallidos en una concesión. Aunque Fitch no lo ve como un motivo de preocupación, el riesgo continúa subiendo al crecer la cartera de concesiones. Además, hay una evidencia tangible ahora de tal apoyo, pues OHL realizó una inyección en 2008 para soportar una concesión.
Según explica la firma en su página web, "las calificaciones 'BB' indican que existe la posibilidad de que surja riesgo de crédito, principalmente como consecuencia de un cambio adverso en la situación económica. No obstante, las alternativas financieras o de negocio podrían permitir que se cumpliesen con las obligaciones financieras. Los valores calificados en esta categoría no se consideran categoria de inversión".
La firma destaca el incremento de los niveles de deuda de la compañía durante los últimos años con el fin de financiar inversiones en activos relacionadas con los proyectos de concesión. "Esto ha provocado un incremento del apalancamiento de OHL (deuda neta entre ebitdar, que es el beneficio antes de intereses de financiación, impuesto de sociedades, depreciaciones y amortizaciones y gastos brutos por arrendamientos) desde 2,3 veces en 2007 a 2,8 veces en 2008".
Fitch ha asumido de forma previa que este incremento de la deuda debería ser mitigado, en el medio plazo, por un flujo de caja más estable derivado de los beneficios recurrentes de sus concesiones. "Sin embargo, ahora parece menos probable debido a dos factores". Primero, hace referencia a la apuesta de la compañía de invertir en concesiones inmaduras (que están en la fase inicial de construcción) "que tiene normalmente unos riesgos más elevados y generan, en un principio, menos caja". En segundo lugar, "el deterioro global de los mercados financieros dificultará que OHL genere caja por los negocios de concesión vía traspasos o refinanciación de proyectos existentes".A su vez, mantiene el ráting en revisión con implicaciones negativas que llevará a otro recorte "en función de la evolución de su cartera de concesiones, liquidez y el libro de pedidos".
Moody's rebajó hasta este nivel a la hotelera Sol Meliá el pasado 13 de noviembre (Ba1, según la nomenclatura de esta agencia). Con esta acción, Moody's reflejaba la menor capacidad de repago de la deuda de la compañía, debido al deterioro de su negocio hotelero en España y a que no ha procedido a la venta de activos no estratégicos y poco rentables. La propia agencia le puso en revisión para otro posible recorte la calificación el 3 de marzo por "el apalancamiento mayor de lo esperado a final de 2008, que, al ser seis veces mayor que los anteriores cálculos de Moody's, está significativamente por encima de los niveles objetivo para la calificación de la categoría de rating 'Ba1''.
A su vez, Caja Castilla La Mancha (CCM) se convirtió el pasado 19 de febrero en el primer ángel caído de la historia dentro del sector financiero español, tras sufrir una rebaja hasta BB+ por parte de Fitch Ratings, por el deterioro de la economía española y la elevada exposición de la caja a los sectores inmobiliario y constructor.
Un recorte de ráting hasta esta categoría indica unas menores posibilidades de que la firma pueda hacer frente a sus compromisos financieros. Como consecuencia, los inversores perciben un riesgo mayor y demandarán una rentabilidad más elevada en las emisiones de bonos de la compañía, es decir, se encarecen los costes de financiación.
Una vez cerrada la jornada en las bolsas europeas, la rentabilidad del bono español a diez años se situaba en el 4,08%, más de un punto porcentual (105 puntos básicos) por encima de la rentabilidad del bono alemán a diez años (3,03%), con el consiguiente encarecimiento de los costes en su emisión.
En las últimas jornadas, la prima de riesgo de España había llegado a reducirse por debajo de la referencia de los 100 puntos básicos, después de haber alcanzado cifras récord, superiores a los 120 puntos básicos, a raíz de la pérdida del ráting de AAA de Standard & Poor's.
La deuda pública española afrontará esta semana una nueva reválida. El próximo día 2 el Tesoro celebrará una subasta de bonos, a tres y cinco años. En el mercado europeo está todavía reciente el sobresalto causado la semana pasada por Reino Unido, con su primer fiasco desde el año 2002 a la hora de colocar su emisión de bonos.
La subasta del Tesoro español coincidirá además con la reunión del Banco Central Europeo. Aparte de posibles rebajas de tipos, los analistas esperan novedades sobre los planes del BCE para comprar deuda pública, siguiendo los pasos de la Reserva Federal en Estados Unidos.
Según informa la entidad mediante, "la fusión estaba condicionada a que la operación recibiera las garantías financieras apropiadas para asegurar que la entidad resultante disfrutaría de una sólida calidad crediticia”.
Por este motivo, Moody's señala en el informe que “los intentos de fusionar de Unicaja con CCM fallaron porque las peticiones de la caja andaluza no fueron satisfechas". En cualquier caso, la agencia de calificación señala que el mantenimiento del rating no prejuzga "futuras acciones" motivadas por otros factores ajenos a la fusión.
Así lo confirmó a EFE Abel Enguita, 'managing director' de Barclays Capital, uno de los bancos colocadores de la operación.
La emisión se hizo a un precio de 90 puntos básicos sobre el "midswap", la referencia para las emisiones a tipo fijo.
Según explicó Enguita, uno de los aspectos positivos de la operación es que la demanda ha sido muy internacional, en torno al 70 por ciento, y ha sido superior a la cantidad finalmente colocada.
Caja Madrid fue la segunda entidad, tras La Caixa, en completar una emisión en bonos a tres años con el aval del Estado, ya que en febrero cerró una emisión por importe de 2.000 millones.
Además, ha sido la única entidad en colocar, por segunda vez, una emisión de este tipo.
La operación de hoy de Caja Madrid recibe, al estar avalada, la misma calificación que todas las del Tesoro de las agencias de medición de riesgos, es decir "AAA" de Moody's y de Fitch y "AA+" de Standard&Poors.
Desde que las entidades disponen del aval del Gobierno para poder lanzar emisiones, alrededor de una decena de entidades españolas ha logrado llevar a cabo con éxito este tipo de operación.
Caja Madrid ha abierto esta mañana el libro órdenes de peticiones de los inversores para colocar una emisión de bonos con aval del Estado a tres años.
Para la operación, que será a un plazo de tres años, ha contratado a un grupo de bancos formado por Barclays Capital, Morgan Stanley, UniCredit y LBBW, que colocarán la deuda junto a la propia caja. El precio que se baraja se encuentra entre los 90 y los 95 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, en línea con las últimas operaciones. Fuentes de la caja no quisieron hacer comentarios.
Segunda operación
Caja Madrid es la primera entidad española que saldrá al mercado en busca de financiación bajo el paragüas del Estado por segunda vez. En febrero lanzó una emisión de 2.000 millones, y en el mercado no descartan que la nueva operación pueda acercarse a este importe. En estos momentos, dispone de avales por 4.240 millones.
En aquel entonces salió a un precio de 78 puntos básicos sobre la misma referencia y los bancos que le colocaron la deuda fueron Société Génerale, Nomura, HSBC, LBBW y UniCredit. Como característica especial, la emisión de Caja Madrid recibió el mayor respaldo por parte del inversor internacional, puesto que el 64% del importe lo consiguió colocar fuera.
Al igual que el resto de las emisiones, un elevado porcentaje –el 78%– se lo quedaron los propios bancos, debido a que, junto a la atractiva rentabilidad que ofrecen (un mínimo del 3%), pueden usar estos bonos como garantía en las subastas de liquidez que celebra el BCE. La institución monetaria les otorga préstamos a un 1,5% y a un máximo de seis meses, aunque se espera que alargue los plazos.
En total, la banca española ha emitido 15.900 millones de euros, un 17,6% del total de garantías que otorgó el Tesoro. Antes de Caja Madrid, estaba previsto que Caixa Galicia estrenara sus avales, pero «se ha tenido que retrasar por temas burocráticos».
Según fuentes consultadas, la caja ya recibió ayer la aprobación por parte del Tesoro Público para lanzar la emisión. La caja gallega ha colocado ya tres emisiones privadas de bonos con aval público –no se abre el libro de órdenes, sino que se llega a un acuerdo bilateral con inversores– por importe total de 375 millones.
Esta rebaja de calificación refleja la opinión de la agencia de que el deterioro de las cuentas públicas de Irlanda requerirá probablemente varios años de "esfuerzo sostenido" para lograr recuperarse.
"Esperamos que la economía de Irlanda crecerá por debajo de la eurozona durante los próximos cinco años, registrando de media un crecimiento mínimo en términos reales y nominales del PIB, durante el periodo", explicó la agencia, que prevé que el endeudamiento del Gobierno alcance el 70% del PIB en 2013, un nivel incompatible con el de otras pequeñas economías de la zona euro con la máxima calificación crediticia.
Asimismo, S&P señaló que la perspectiva "negativa" se debe al deterioro en curso de las finanzas públicas junto con las preocupaciones respecto al crecimiento a medio plazo de la economía irlandesa.
Los bonos a tres y cinco años se han adjudicado con un diferencial de rentabilidad de casi un punto frente a Alemania.
La intervención de CCM, y el reciente fiasco del Reino Unido a la hora de colocar bonos a largo plazo, habían aumentado la expectación por la subasta celebrada hoy por el Tesoro español.
Las cifras han incorporado alguna sorpresa.
La más significativa es el importe total adjudicado. El Tesoro partía con el objetivo de colocar entre 3.500 y un "máximo" de 4.500 millones de euros. Este rango se ha quedado corto respecto a los 6.331 millones finales.
La subasta también ha vuelto a reflejar el diferencial existente entre la deuda pública española y la alemana. El pasado lunes, tras la intervención de CCM, se registró un nuevo repunte en la prima de riesgo de España, por encima de nuevo de la barrera del punto porcentual.
Los 4.401 millones de euros adjudicados en bonos a tres años se han colocado con una rentabilidad del 2,516%, casi un punto por encima del 1,64% de rentabilidad del bono alemán a tres años. Pese a todo, y fruto de la tendencia generalizada en los mercados, la cifra representa un claro descenso frente al 3,995% de la anterior subasta.
Los 1.930 millones en bonos a cinco años se han adjudicado a un tipo del 3,046%, por debajo del 3,503% de la anterior subasta, pero por encima del 2,23% de rentabilidad de bono alemán a cinco años.
La colocación de los bonos a tres años ha registrado también un descenso en su ratio de cobertura. La demanda ha superado en 1,32 veces la oferta, frente a las 2,09 veces de la anterior subasta.
Reino Unido
La atención de los inversores del mercado de deuda pública estaba centrada en mayor medida, en la jornada de hoy, en Reino Unido, después del sobresalto que provocó la semana pasada su primer fiasco, en siete años, a la hora de colocar deuda.
En esta ocasión, el Tesoro británico logró cubrir la oferta, con la colocación de 2.250 millones de libras en bonos a 30 años. La demanda superó en 1,59 veces la oferta.
La firma considera que, aunque la comunidad "no podrá evitar entrar en recesión" debido a su relación con la economía nacional, el ráting de máxima calidad es reflejo de un nivel de deuda muy bajo, unido a unos niveles de liquidez "muy cómodos".
S&P considera que estos dos puntos fuertes con son el resultado de un desempeño financiero "que se ha mantenido sólido desde una perspectiva de largo plazo, a pesar del dinamismo y rigidez del gasto corriente".
La agencia apunta que las cuentas vascas de 2008 han experimentado un deterioro "repentino y significativo", provocado por una reducción de ingresos "sin precedentes", pero señala que el País Vasco será capaz de estabilizar su ahorro bruto alrededor del 5% de los ingresos corrientes en los tres próximos años.
S&P cree que esto será así porque los factores no recurrentes que afectaron negativamente los ingresos en 2008 no se repetirán en 2009, año en el que además se recuperará el cupo pagado en exceso en 2009.
Déficit
Aunque la agencia estima que el país Vasco incurrirá en déficit al menos en los dos próximos años, ha añadido que se mantendrán "manejables" y no superarán el 10% de los ingresos no financieros.
En este sentido, S&P indica que es muy probable que una parte de los mencionados déficit se financien vía remanente de tesorería, que se mantiene en un nivel "muy holgado" a cierre de 2008.
Por ello, considera que la deuda total no debería superar el 30% de los ingresos corrientes proyectados para 2011.
Según fuentes financieras, "no hay garantía de que se vaya a realizar. Dependerá de los receptivos que se muestren los inversores".
Las mismas fuentes confirman que el precio que se está ofreciendo al mercado ronda los 145 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap.
Sería la segunda entidad española que emite sin hacer uso de las garantías del Gobierno. BBVA colocó 1.000 millones de euros en enero, a un plazo de cinco años y un diferencial de 180 puntos básicos sobre la misma referencia.
Se trata de una emisión sin aval del Estado, puesto que la decisión del banco que preside Francisco González de salir al mercado sin el respaldo gubernamental en enero obligaba a Emilio Botín a hacer lo mismo. BBVA emitió el 9 de enero 1.000 millones de euros a cinco años, con un diferencial sobre el midswap (equivalente al euribor a ese plazo) de 180 puntos básicos (1,80 puntos porcentuales).
Ahora, Santander ha tenido que pagar un diferencial de 150 puntos básicos sobre el citado midswap, si bien el plazo es tres años menor. En febrero, pretendía colocar 1.500 millones a tres años y estaba dispuesto a pagar un diferencial de 165 puntos básicos, pero el mal momento de los bancos en bolsa elevó el precio exigido por los inversores hasta más de 190 puntos. De ahí la decisión de aplazar la colocación hasta que las aguas se remansaran, cosa que ha ocurrido ahora. Y aun así, ha sido imposible emitir a tres años.
Según fuentes del mercado, la demanda ha superado ligeramente a la oferta, puesto que ha sido de algo más de 1.300 millones, con un porcentaje de inversores extranjeros de en torno al 70%. Algo que contrasta con las últimas emisiones con aval -salvo la de Caja Madrid- que se han quedado masivamente en manos nacionales.
Los dos grandes bancos han recahzado acudir hasta ahora a ninguna de las medida puestas en marcha por el Gobierno, tanto el plan de avales como el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), diseñado para inyectar liquidez a las entidades a un plazo mayor que el de la ventanilla del BCE.
Hasta el momento, bancos y cajas han captado 19.650 millones de euros por esta vía desde finales de enero. Sin embargo, hay un grupo de siete cajas que ha preferido usar los avales para realizar emisiones privadas de bonos, por un importe total de 1.570 millones de euros en menos de un mes.
Caja Murcia, Caixa Penedès, Bancaja, Caixa Galicia, Caja General de Ahorros de Canarias, Caja de Ahorros de Navarra (CAN) y Cajamar han cerrado operaciones de entre 15 millones de euros y 200 millones de euros. Les permite obtener liquidez de forma rápida y en condiciones más favorables.
En una emisión pública de deuda se suele contratar a un grupo de bancos colocadores, que se encargan de contactar con los inversores para ver si existe demanda. Por ejemplo, Santander fichó a Merrill Lynch, Natixis y BNP Paribas para sondear al mercado y lanzar una emisión de bonos a dos años, aunque sin aval. En el caso de que se detecte interés, se abre un libro de órdenes, donde se reciben las peticiones del mercado y, en función del importe solicitado, se realiza un prorrateo.
Sin embargo, en estas colocaciones privadas que han realizado las cajas no se abre un libro como tal, sino que se llega a un acuerdo bilateral con un pequeño grupo de inversores institucionales, principalmente con los departamentos de tesorería de las entidades y fondos de inversión (Fondtesoros).
A diferencia de las primeras, que deben tener un importe mínimo de unos 1.000 millones de euros para asegurar liquidez, las privadas cuentan con un volumen mucho menor. “En una emisión pública tienes alrededor de 40 ó 50 inversores y un tamaño mínimo de en torno a 1.000 millones, mientras que en una colocación privada puede llegar a tener un único inversor por importes más pequeños, como de 25 ó 50 millones”, indican en una entidad.
Se trata de una vía a la que pueden acceder las firmas de menor tamaño. “Nuestro objetivo es diversificar vencimientos, conseguir mejores condiciones en términos de precio y potenciar relaciones con algunos inversores que puedas necesitar en algún momento”, apuntan en una de las cajas que ha protagonizado una colocación privada.
No obstante, dentro de este grupo, hay tres entidades que ya han ejecutado emisiones públicas con aval. Bancaja ha colocado 1.500 millones de euros, Caixa Galicia, 1.250 millones, y Cajamar, 1.000 millones.
Algunas de las emisiones privadas se han realizado a un plazo de un año y un interés equivalente al euribor a doce meses, es decir, de en torno al 1,8%, “por lo que consigues sacar un margen sustancioso frente al 1,27% al que se fijaron las letras del Tesoro en la última subasta”, apuntan fuentes de un banco que ha comprado bonos de estas cajas. “No nos importa que no sean tan ilíquidas estas emisiones, porque las mantenemos en cartera hasta vencimiento”, añaden las mismas fuentes.
Caja Madrid destaca como director
Caja Madrid es la entidad que lidera el ránking de dirección y colocación de emisiones públicas de entidades españolas con aval del Estado, al haber participado en operaciones por 13.650 millones de euros, sobre un total emitido de 19.650 millones, según fuentes de la firma madrileña.
En conjunto, la entidad ha participado como join lead manager-bookrunner (tiene control sobre el libro de órdenes, pero no decide la distribución de la deuda) en nueve de las 13 emisiones, lo que representa un 70% del total, y como bookrunner (máximo director) en 2.533 millones, lo que supone el 13% del importe emitido, según la caja. En concreto, ha participado, además de en sus propias emisiones de 2.000 y 2.500 millones, cada una, en las de Popular, Caixa Catalunya, Caixanova, CAM, Cajamar, Banco Cooperativo y Caixa Galicia.
Al igual que hizo Standard and Poor's, Moody's pone en vigilancia la calidad crediticia de Endesa, a pesar de que en su revisión mantiene la actual calificación de su deuda (A3).
Esta confirmación de la calificación refleja la robustez financiera y la adecuación de su plan de inversiones al contexto actual, apunta el comunicado.
En este sentido, Moody's cree que la compañía seguirá centrada en las inversiones en mercados estratégicos como la península Ibérica y Latinoamérica.
No obstante, el perfil de riesgo de la compañía podría aumentar según Moody's por la venta en España de activos a E.ON y Acciona, lo que podría compensarse con los datos de Latinoamérica, que podría aportar al resultado bruto de explotación de la compañía entre un 30% y un 40%.
Asimismo, Moody's advierte de la dificultad de que la calificación crediticia de Enel, quien tendrá el 92% de la eléctrica española cuando finalice la compra a Acciona de su 25% La agencia de medición de riesgos Moody's pone en perspectiva negativa la calificación de la deuda a largo plazo de la eléctrica Endesa, después de que ésta redujera a 13.500 millones la inversión prevista en su plan estratégico hasta 2013, según una nota de la firma calificadora, pueda mejorar, debido a su alto endeudamiento.
La agencia señala además que con la crisis económica la demanda de electricidad se ha reducido al tiempo que los precios se han abaratado, algo que este año podría ajustar el beneficio de Endesa, de manera que si el consumo continúa con su caída los resultados de 2010 se verán significativamente afectados.
A su vez, Moody's subraya la regulación del sector eléctrico en España y el problema del déficit de tarifa.
De esta forma, la revisión que la agencia de medición de riesgo ha hecho de Endesa se suma a la que ya hizo el 23 de marzo.
Tras realizar el primer road show (presentación entre inversores institucionales) en Madrid el pasado martes, están recorriendo las principales plazas europeas para promocionar la operación, con el fin de colocar la deuda a finales de este mes. En la presentación que se está mostrando a los inversores en esta gira europea, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, aparece especificado el importe máximo que podría aportar cada firma, que en conjunto alcanzará los 3.492 millones.
La estructura de la emisión, con vencimiento en tres años, consiste en un fondo, gestionado por Ahorro y Titulización (AyT), cuyo accionariado se lo reparten por igual la patronal de las cajas y Ahorro Corporación. El fondo, denominado CEAMI Guaranteed Bond I, emitirá bonos que contará con el respaldo de la deuda avalada de esas 21 cajas de ahorros.
La caja andaluza CajaSur y la balear Sa Nostra aportarán 280 millones y 250 millones de euros, respectivamente. Mientras que Caixa Galicia, Caixa Penedès y Caja General de Granada contribuirán con bonos por importe de 234 millones. Hay nueve entidades que dotan al fondo el 60,62% del volumen, con al menos 200 millones cada una, mientras que Cajasol será la firma que menos aportará, con 10 millones. La caja andaluza cerró ayer con éxito una emisión por su cuenta de 1.000 millones de euros bajo el paraguas del Estado.
Eso sí, el importe que aporte cada entidad dependerá del volumen total que se coloque finalmente.
Los bancos que dirigen la operación dividen la presentación entre inversores en tres grandes bloques. En primer lugar, explican la transacción en sí, con especial hincapié en que está «totalmente garantizada por el Gobierno español» y que el aval es «incondicional, irrevocable y explícito, y cubre los costes y los intereses» relacionados con las emisiones.
A su vez, apuntan el procedimiento de cobro en el caso de que una caja haga un impago, momento en el que la Ceca lo notifica al Tesoro y éste al Banco deEspaña. El banco emisor otorga los fondos a la patronal para devolver el dinero a los inversores.
Por último, se dan pinceladas de la situación económica, así como las principales cifras (activos, beneficio, solvencia, entre otros) de cada caja que participa en el fondo. Y lo más importante, en la presentación se destaca que se trata de deuda que no consume recursos propios y se puede utilizar como garantía en las subastas que realiza el BCE de forma periódica. De ahí el interés que está despertando entre los bancos, puesto que en torno al 75% de los 20.650 millones que ha emitido la banca española con aval lo han comprado las propias entidades.
Ruralcaja anunció ayer que contribuyó en 246 millones de los 1.400 colocados por Banco Cooperativo el 25 de marzo, informa desde Valencia O. Fontanillo.
Éxito del Tesoro
El Tesoro Público, por su parte, celebró ayer dos subastas de bonos con vencimiento a 10 y 15 años, en las que colocó un importe total de 4.146 millones. Mejoró tanto el ratio de cobertura (relación entre la demanda y la oferta) como el tipo al que colocó la deuda a cada uno de los plazos, algo positivo en un momento en el que el Gobierno se está endeudando al mayor ritmo de su historia para hacer frente a la crisis.
A 10 años, adjudicó 2.048 millones al 4.078%, frente al 4,219% que pagó en la anterior emisión a ese plazo, y a 15 años, 2.062 millones al 4,219%, frente al 4,5% de la emisión de enero.
Cajasol emite y Popular contrata a los bancos
Cajasol emitió ayer 1.000 millones a tres años con aval. La elevada demanda, por encima de 2.000 millones, le permitió rebajar los costes de la operación, desde entre 95 y 100 puntos básicos sobre midswap, hasta los 93 puntos. Popular, por su parte, ya ha contratado a los bancos para colocar otra emisión con aval a tres años, la segunda de la entidad. El grupo lo forman BBVA, HSBC, JPMorgan, La Caixa, LBBW, Santander y el propio Popular.
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La operación recibió una demanda por importe de 4.200 millones de euros y se ha colocado en menos de dos horas entre un total de 145 inversores. Esto ha permitido rebajar el precio desde 85 a 83 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo 'mid-swap'.
La colocación de deuda ha recibido un rating de triple A por parte de las tres agencias de calificación crediticia. Concretamente, Moody's le ha otorgado 'Aaa', Fitch 'AAA' y Standard & Poors' (S&P) 'AA+'.
Según fuentes del Popular, "con esta emisión se rebaja en 0,10% la última emisión avalada por el Estado en el mismo plazo", y el Popular eleva a 3.500 millones de euros la deuda colocada en los mercados con aval del Estado.
La creciente apuesta por el negocio de concesiones y la menor exposición al sector residencial no han evitado que los analistas de JPMorgan iniciaran la cobertura de OHL con una recomendación poco favorable, 'infraponderar'.
Las mayores dudas reflejadas en su informe inciden en la situación financiera de la compañía controlada por Villar Mir, puestas de manifiesto hace un mes por la agencia Fitch, cuando rebajó el ráting de OHL a BB+, al nivel de bono de alto riesgo.
Desde JPMorgan cita a Fitch al resaltar que "existe ahora un mayor riesgo de que la posición de liquidez de OHL sufrirá por los problemas pra renovar líneas de crédito". En este punto, el banco estadounidense también advierte a los inversores que tengan los bonos puestos en circulación por OHL, al augurar que estos riesgos podrían traducirse en caídas adicionales en el precio de los bonos.
Con el fin de "aliviar las presiones de liquidez", el banco estadounidense plante a dos medidas drásticas. Una de ellas, "la más directa", sería la venta de activos, si bien en el contexto actual para el sector la desinversión podría resultar difícil. La segunda de las opciones sería frenar las inversiones en concesiones.
Las perspectivas de negocio tampoco ayudan a aliviar estas dificultades financieras. JPMorgan valora la decidida apuesta por el negocio de concesiones, en menor medida por los de aeropuertos y ferrocarriles, y los esfuerzos de la compañía para reducir su exposición al sector residencial. Añade no obstante que las concesiones de autopistas, centradas en México y Chile, podrían deparar un ebitda inferior a lo esperado, como reflejo del deterioro económico en estos mercados.
Respecto al negocio de construcción, la firma estadounidense comenta que el predominio de los contratos de obra pública en su cartera de proyectos permite atenuar la crisis en este mercado. Pero no evitan que aunque la exposición a las empresas de construcción privadas sea "limitada", "cerca del 30% de los ingresos proceden todavía del sector privado".
Las dudas alrededor de la situación financiera de OHL han convertido a la compañía en la más rezagada del sector en bolsa. Su cotización recibió el revés de la rebaja de ráting jsuto en la fase inicial del rally alcista del Ibex. En lo que va de año, y a pesar del programa de aumento de autocartera, sus acciones se dejan un 8%, cuando el restode constructoras del Ibex presentan un saldo positivo en 2009.
El precio orientativo con el que sondeó a los inversores era de 85 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, el mínimo de un rango de entre 85 y 90 puntos básicos que se barajaba.
Finalmente, ha colocado los bonos a 83 puntos básicos de la mano de BBVA, HSBC, JPMorgan, La Caixa, LBBW y Santander. El cupón o interés anual se queda en el 3%.
La entidad presidida por Ángel Ron ya ha colocado 3.500 millones bajo el paraguas del Estado. En su anterior emisión, del pasado 16 de febrero, el diferencial alcanzó los 77 puntos básicos sobre midswap, aunque pagó el mismo cupón.
Nueva emisión de deuda
El también vicepresidente del Popular insistió en que en el actual entorno de dificultades los bancos deben seguir concediendo créditos, aunque "con prudencia", y acometer ajustes de su capacidad instalada, tanto de oficinas como de personal. Por otra parte, adelantó que el banco prevé realizar una nueva emisión de deuda que permitiría elevar su solvencia en términos de Tier 1 desde el 8,12% hasta el 9%. El Popular anunció ayer una colocación de deuda por importe de 2.000 millones de euros que eleva el total de deuda emitida con aval del Estado a 3.500 millones de euros.
Según Higuera, el Popular parte de una buena base de partida en cuanto a recursos de capital, ya que se encuentra en la actualidad en el cuarto puesto del ranking europeo, y en el primero de la banca española. "Espero que esto lo sigamos aumentando", avanzó el consejero delegado de la entidad.
El precio al que se adquirirán los bonos será el equivalente al 48 por ciento de su valor nominal al que fueron emitidos -100.000 euros por unidad-. Las obligaciones cotizan en el mercado de renta fija privada AIAF y fueron adquiridas principalmente por inversores institucionales de Italia, Portugal y el Reino Unido.
El propio Banco de España señaló la bajada de ráting de CCM como uno de los elementos -aunque no el único- que empeoró la liquidez de la caja. "La situación de liquidez de la entidad se ha vuelto insotenible ante la contínua retirada de depósitos, con todas las vías de financiación interbancaria prácticamente cerradas ante la bajada de ráting de BBB+ a BB+, que se produjo el 19 de febrero de 2009 y careciendo de activos aptos para su descuento ante el Sistema Europeo de Bancos Centrales", asegura el Banco de España en el informe que justifica la intervención de CCM.
No obstante, CajaSur no ha sufrido una retirada masiva de depósitos, como la que tuvo CCM durante meses, y será una de las entidades que más captará en la emisión conjunta de las cajas con aval que organiza la Ceca, cerca de 280 millones de euros, lo que debería aliviar su situación de de liquidez.
El recorte de ráting de la CajaSur refleja "el impacto negativo de la brusca contración de la economía española y del sector inmobiliario en la calidad de los activos de CajaSur, su rentabilidad y la generación interna de capital". Por ello, Fitch advierte de que los ratios de capital de Caja Sur "se han deteriorado hasta niveles muy bajos".
La agencia señala que el complejo entorno económico actual continuará afectando negativamente a la calidad de los activos, lo que obligará a la entidad a realizar mayores provisiones por morosidad y, en última instancia, afectará a la rentabilidad y a su capital. Además, Fitch asegura que dadas estas circunstancias, "va a ser difícil que la caja mejore sus ratios de capital mediante generación interna de capital".
Fitch afirma también que "dada la concentración del riesgo de Caja Sur en el sector inmobiliario español, la construcción y a determinadas empresas, en 2004, el Banco de España recomendó a la institución que redujera su concentración a ciertos promotores inmobiliarios con los que la caja tenía negocios conjuntos.
La agencia deja entrever, de forma políticamente correcta, que hacen falta más reformas en este sentido: "Aunque ha habido resultados tangibles a la hora de transformar este riesgo, varios cambios organizativos y de la dirección, y el rápido ajuste de las condiciones económicas han dificultado la consecución de más mejoras"
Banco Popular
En el caso de Banco Popular, Fitch mantiene además la opción de nuevas rebajas, al situar su perspectiva en 'negativa'. La agencia cita la exposición del banco al mercado inmobiliario y el "rápido deterioro de la calidad de activos".
Con ello, el banco español vuelve a alejarse, un poco más, de la máxima calificación crediticia. La pérdida del ráting de AA refleja, según explica la agencia, su exposición a un "rápido descenso de la economía y del mercado inmobiliario español".
El informe de Fitch incide en advertir sobre la concentración del riesgo de la entidad "en los sectores de construcción e inmobiliario", lo que a su vez ha generado un "rápido deterioro en la calidad de activos en plena recesión en España y con un mercado inmobiliario a la baja".
Los analistas de la agencia de calificación crediticia incluyen también unas notas más tranquilizadoras sobre la entidad española. Valoran sus "saludables niveles de capital", y una rentabilidad en resultados que, en opinión de Fitch, es "sostenible".
Fitch añade además que "la generación de ingresos y el buen control de costes deberían permitir" a Banco Popular realizar nuevas provisiones por posibles impagos durante este año y el siguiente, "sin verse afectado significativamente en su generación interna de capital".
Caja Granada
Fitch ha rebajado el ráting de Caja Granada desde A- hasta BBB+, todavía tres escalones por encima del nivel de "bono basura".
Según la agencia, "su decisión refleja la rápida contracción de la economía española y del sector inmobiliario, que ha afectado negativamente a la calidad de los activos de Caja Granada y la rentabilidad".
Fitch reconoce que la entidad "ha tomado proactivamente medidas para controlar la calidad de sus activos y mejorar su capital y la productividad de su red de oficinas", pero advierte que "el ajuste de la economía española ha sido mayor al inicialmente esperado". La perspectiva de la nueva calificación es de estable.
En el comunicado emitido por Fitch para anunciar este recorte de ráting no se menciona la disputa política y judicial surgida alrededor de la caja de ahorros madrileña.
Pero el conflicto sigue abierto.
Para zanjarlo, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha ofrecido hoy la posibilidad de "iniciar conversaciones" con el Gobierno central para llegar a un acuerdo sobre la ley de cajas autonómica, con el fin de que se adapte a la normativa estatal y se reanuden las elecciones en Caja Madrid. Previamente, el Tribunal Constitucional había informado de la admisión a trámite del recurso interpuesto por el Gobierno a finales de marzo contra la ley de cajas aprobada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre al cierre de 2008.
Las mayores preocupaciones de los analistas de Fitch, en cambio, no se centran precisamente en estas disputas. Argumentan su rebaja de ráting de Caja Madid bajo la fórmula utilizada también para justificar los recortes emitidos ayer sobre otras entidades españolas (CajaSur, Banco Popular y Caja Granada).
Fitch llama la atención sobre el "rápido deterioro en la calidad de los activos" de la caja. Los resultados publicados ayer mismo por la entidad, correspondientes al primer trimestre del año, incluyeron un incremento de la morosidad desde el 4,87% hasta el 5,57%. Este porcentaje podría seguir subiendo en 2009, según apunta la firma estadounidense.
La agencia de calificación crediticia enmarca este "profundo deterioro" en la calidad de los activos en la recesión que afronta la economía española y en los ajustes que sufre el mercado inmobiliario. En su informe también incide en la exposición de la caja, con un elevado nivel de concentración, "a grandes compañías de construcción españolas", además de al mercado inmobiliario.
En un tono más positivo, Fitch destaca que Caja Madrid presenta un nivel "adecuado" de capital, a pesar de la compra el pasado ejercicio de un banco en Florida. Y su liquidez, añade, se ha apoyado en el crecimiento de los depósitos, con un aumento del 22% en 2008, así como en las líneas de financiación otorgadas por el Gobierno español.
Concretamente, la agencia de calificación crediticia ha establecido el rating a largo plazo de la entidad que preside Miguel Blesa en 'A+' (calidad buena), desde la anterior nota de 'AA-' (calidad superior), y ha situado su perspectiva de revisión en negativa.
La firma advierte de que el cada vez más complicado escenario operativo en el sector financiero continuará ejerciendo presión sobre la rentabilidad de la caja madrileña a lo largo de 2009 y 2010, especialmente sobre los ingresos y las provisiones.
A su parecer, el principal riesgo que afronta Caja Madrid radica en el crédito, ya que cuenta con exposiciones con "nombre propio", principalmente constructoras, que representan el 15% del total de riesgos a finales de 2008.
No obstante, Fitch matiza que esta situación se ve mitigada en parte por la alta concesión de préstamos por parte de Caja Madrid a particulares y pequeñas y medianas empresas, hasta representar el 65% del total del crédito.
Caja Madrid obtuvo un beneficio neto atribuido de 357,43 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone un incremento del 1,1% respecto a los 353,62 millones del mismo periodo del año anterior, según informó ayer la entidad que preside Miguel Blesa.
Su morosidad se multiplicó por cuatro en este periodo, hasta situarse en el 5,57% desde el 1,36% del mismo trimestre del año anterior, y la de cobertura se colocó en el 40,5%, frente al 161,5% que registraba en los tres primeros meses de 2008.
Ésta es la tercera gran emisión que lanza una entidad española sin aval del Estado en los últimos doce meses, después de la que llevó a cabo el pasado enero el BBVA, que consiguió colocar una emisión de bonos de deuda senior a cinco años por importe de 1.000 millones de euros, y de la del pasado 7 de abril del Santander, que completó con éxito una operación por 1.250 millones de euros.
Los precios de esas operaciones fueron 180 puntos básicos sobre el tipo midswap en el caso del BBVA y de 150 puntos en el del Santander. Los bancos colocadores de la emisión de hoy de Banesto son Commerzbank, Dresdner, HSBC, Natixis, y el propio Banesto.
El 45% de la demanda fue española.
Según indican fuentes financieras, la demanda sobrepasa con creces este importe y "se cerrará ya al mediodía".
La operación está dirigida por Commerzbank, Dresdner Kleinworth, Natixis, HSBC y el propio Banesto, los cuales pretenden colocar bonos en euros a un plazo de tres años. El precio que se baraja ronda los 180 y 185 puntos básicos sobre la referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap.
Santander colocó recientemente una emisión a dos años sin el aval del Estado por un importe de 1.250 millones de euros. El banco presidido por Emilio Botín pagó 150 puntos básicos sobre la misma referencia.
Su competidor, BBVA, fue el primer banco español en usar esta vía de financiación. El pasado 9 de enero, emitió el pasado 9 de enero 1.000 millones de euros a un plazo de cinco años y un diferencial de 180 puntos básicos. A más plazo, los inversores demandan una rentabilidad más elevada.
Según se desprende de su programa de renta fija registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el primero de la historia del banco en España, Barclays dispone de 1.350 millones de euros en avales para lanzar una emisión bajo el paraguas del Gobierno español "previsiblemente en mayo", según fuentes financieras.
En total, en el programa se contemplan emisiones de títulos de renta fija por un máximo de 10.000 millones de euros, tanto en operaciones de bonos y obligaciones simples, como subordinadas y cédulas hipotecarias.
El mercado de cédulas hipotecarias se ha secado desde el estallido de la crisis y casi todas las emisiones que se han realizado desde el verano de 2007 las han recomprado los propios bancos, para utilizarlas como garantía en las subastas que celebra el Banco Central Europeo (BCE) de forma rutinaria. En este sentido, Barclays prepara una macroemisión con este objetivo, dentro del programa, de 3.900 millones de euros que, según indican las mismas fuentes, previsiblemente se cerrará la semana que viene.
Por el ráting que mantiene la entidad, de AA-, Barclays le ha pagado al Tesoro Público 86 puntos básicos o el 0,86% anual sobre el importe.
Resultados
La filial española de Barclays logró en 2008 un beneficio neto de 94 millones de euros, un 40% menos que en 2007, según datos de la CNMV publicados este miércoles. Se debe al esfuerzo realizado en la dotación de provisiones para cubrir el incremento de la mora, y a los gastos de la apertura de sucursales. Barclays triplicó el año pasado las provisiones para insolvencias, que crecieron de 55 a 148 millones.
El presidente de la entidad, Pedro Guerrero, explicó hoy durante su intervención en la junta que esta transacción generará un consumo de capital que el banco tendrá que evaluar con exactitud en el momento de su formalización y contabilización.
Por esta razón, la entidad solicitó hoy a sus accionistas autorización para ampliar capital, lo que le permitirá "no sólo mantener, sino mejorar sus ratios de solvencia". No obstante, Guerrero concretó que la apelación al mercado "será muy pequeña y bien recibida", teniendo en cuenta el grado de compromiso que los accionistas más significativos del banco tienen con el proyecto y las ventajas que esta transacción reportará al mismo.
Bankinter acordó el pasado 16 de abril comprar el 50% que no poseía en Línea Directa Aseguradora al grupo Direct Line, sociedad del grupo Royal Bank of Scotland (RBS), por un importe de 426 millones de euros en efectivo.
La operación está condicionada a la realización de los trámites administrativos preceptivos ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la Comisión Nacional de Competencia (CNC), tras los cuales el banco pasará a tener el 100% del capital de Línea Directa Aseguradora.
Guerrero subrayó que la operación es una "magnífica oportunidad" para el banco, no sólo porque pone en valor su participación en una compañía de gran trayectoria, sino porque que el precio le permite mejorar el ratio de beneficio por acción.
Asimismo, defendió que los 1,2 millones de clientes de Línea Directa ofrecen al grupo una posibilidad de sinergias y acciones comerciales que el banco va a aprovechar.
"Se verá la luz en 2010"
En cuanto a la evolución económica, Guerrero señaló que la recesión continuará probablemente durante la primera mitad del año, pero se mostró optimista y confió en que "se verá la luz" en algún momento de 2010.
Entre los factores que impulsarán la recuperación se encuentra, a su juicio, los avances en ciencia y tecnología, así como la decidida voluntad internacional de actuar de forma solidaria y coordinada para salir de la crisis.
En este sentido, Guerrero aseguró que Bankinter saldrá reforzado de la crisis y que encontrará en ella una oportunidad de negocio, ya que cuenta con una gran posición de liquidez. "Esa posición de privilegio es lo que permite a Bankinter afrontar la crisis como un reto", añadió.
Riesgos en España
No obstante, el presidente de la entidad recordó que España tendrá que seguir enfrentándose en los próximos meses a la morosidad, por el deterioro económico y el incremento del paro, a la exposición al sector inmobiliario, que podría lastrar los resultados, la solvencia y la liquidez de las entidades.
Respecto a este último punto, Guerrero recordó que los créditos concedidos superan en casi 300.000 millones a los recursos típicos de clientes, habiéndose financiado esta diferencia con deuda externa, un problema estructural que podría mantenerse durante años.
No obstante, Guerrero recordó que Bankinter tiene una baja exposición a riesgo promotor, una morosidad por debajo de la media del sector (1,34%) y que durante 2009 no sólo no tiene vencimentos de deuda, sino que los de 2010 son asumibles en el "impensable" caso de que los mercados sigan cerrados.
Por su parte, el consejero delegado de la entidad, Jaime Echegoyen, defendió hoy durante su intervención en la junta de accionistas que el sistema financiero español ha capeado la crisis gracias a la buena supervisión y regulación, pero que no es inmune, y que debe prepararse para una continuación del deterioro económico.
En este sentido, Echegoyen señaló que el banco está fortaleciendo su nivel de liquidez y solvencia para no tener que recurrir a los mercados internacionales, y que si el reestablecimiento de los mercados no sigue, el banco tiene títulos suscepibles de de ser descontados ante el Banco Central Europeo (BCE) para aumentar su liquidez.
El consejero delgado también resaltó su capacidad para generar diferenciación y valor renovando su marca, a la que sólo quedan 41 oficinas por adaptarse y subrayó que 2008 ha puesto a prueba los valores, pero el banco ha salido fortalecido, ya que "la ausencia de zonas oscuras en los estados financieros" ha sido valorada positivamente por todos los mercados apoyando las acciones.
Aprobados todos los puntos
La junta de accionistas dio el visto bueno a todos los puntos del orden del día, entre los que figuraban autorizar al consejo de administración para la adquisición de acciones propias hasta el límite máximo del 5% del capital.
Asimismo, los accionistas delegaron al consejo por el plazo de cinco años la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables o convertibles por aciones de la sociedad y warrants sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la entidad con el límite máximo de 1.000 millones de euros.
Los asistentes también ratificaron el nombramiento como consejero de Rafael Mateu de Ros, el nombramiento de José Antonio Garay como consejero externo independiente y las reelecciones de Pedro Guerrero como consejero ejecutivo, Fernando Masaveu Herrero como consejero externo dominical y de Marcelino Botín-Sanz de Santuola y Naveda como consejero externo dominical.
Fitch destaca que los "muy buenos ratings" de La Caixa se basan, entre otros factores, en la gran fortaleza de la red comercial y en los elevados niveles de liquidez y solvencia.
A la vez, la agencia ha elevado hasta el nivel máximo de '1' el "rating de apoyo" de La Caixa. La agencia justifica esta decisión por la importancia y peso específico de La Caixa en el conjunto del sistema financiero español.
La Caixa destacó que con estas calificaciones "consolidan" su posición de privilegio en el reducido grupo de entidades españolas que mantienen sus ratings a largo plazo en el rango 'AA' de las tres agencias de calificación: Moody's 'Aa1', con perspectiva estable, y Fitch 'AA-' y Standard & Poor's 'AA-', con perspectiva negativa.
A través de una red de 5.392 oficinas (marzo de 2009), el negocio de banca minorista constituye el núcleo de la actividad de La Caixa, que se complementa con la actividad aseguradora, la gestión de activos y el negocio de banca de empresas y corporativa.
El banco presidido por Ángel Ron presentó ayer un beneficio de 224,7 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone una caída interanual del 30,7%. Su consejero delegado, Roberto Higuera, justificó ayer este descenso con la dotación de una provisión cautelar de 175 millones de euros, a las que se suman 259 millones de provisiones ordinarias. Si esta provisión no se hubiese realizado, el grupo bancario hubiese mantenido una evolución plana de su beneficio.
Para la entidad, una de sus principales fortalezas está en su capacidad de seguir generando negocio bancario. De esta forma, el margen de intereses (que representa el negocio de prestar y tomar dinero de los clientes) crece un 16,4% en el primer trimestre. Igualmente, el margen de explotación antes de provisiones (que Higuera definió ayer como “el beneficio puro de la banca”) aumentó un 19,1%. La buena marcha del negocio bancario, argumentan en la entidad, les permitirá seguir generando recursos hacer frente a la morosidad.
En este sentido, el deterioro macroeconómico en España y el aumento del paro sigue manteniendo al alza la tasa de impagos de Popular, que se ha multiplicado casi por cuatro en un año, hasta el 3,82%, por debajo de la media del sector.
Higuera subrayó que el principal factor que va a determinar el futuro incremento de esta ratio será la evolución de los créditos a promotores. Por separado, la morosidad de empresas alcanza el 4,43% y de particulares el 3,14%. La tasa de cobertura está en el 51%. Además, anunció que en el primer trimestre han recuperado 900 millones de euros de créditos impagados.
Recursos propios
Popular ha mejorado en los primeros meses del año su posición de solvencia. El core capital (que incluye capital básico y reservas, sobre activos ponderados por riesgo) mejora 63 puntos básicos respecto al año anterior, hasta el 7,23%. El tier 1 (que añade al core capital las participaciones preferentes) experimenta una mejora de 45 puntos básicos, hasta el 8,47%.
Popular está sacando tajada a la batalla por el pasivo como medio de financiación propia. Los depósitos a plazo han crecido en términos interanuales más de un 38%, con un aumento general de los depósitos de la clientela del 23%. El crédito a la clientela sube por encima de la economía española (un 5,2%). La financiación al sector privado aumenta un 4,6%, con un parón en las hipotecas (0,3%). El banco señaló que tiene su foco puesto en las pymes.
Respecto a los activos inmobiliarios, Higuera apuntó que han vendido muy poco, ya que su objetivo es esperar a la recuperación del mercado inmobiliario y maximizar el valor de estas adquisiciones. Asimismo, destacó que el banco no tiene en mente aprovechar la crisis para hacer operaciones corporativas. Los resultados no convencieron en bolsa: la cotización de Popular cayó un 1,91%.
Alcanza una eficiencia récord en Europa del 28,34%
Popular ayer presumió de haber roto la barrera del 30% en su ratio de eficiencia (cuánto gasta por cada euro que ingresa, por lo que es mejor cuanto más baja es), hasta situarla en el 28,34%, lo que supone una mejora de casi cuatro puntos porcentuales.
Esta cifra sitúa a Popular entre los mejores bancos en este capítulo (la entidad no incluye en este cálculo las amortizaciones, como sí hacen otros bancos). El cierre de 70 oficinas en el primer trimestre ha hecho caer un 2% los gastos. El banco señaló que protegerá el empleo y que no tiene previstas prejubilaciones.
Las acciones se compraron en el mercado a precios entre 8,57 euros y 9,84 euros por título entre los pasados días 20 y 24 de abril. La compra de títulos se enmarca en el programa de recompra de títulos propios aprobado en octubre de 2008, por el que OHL prevé adquirir en mercado hasta un máximo de 4,374 millones de títulos, lo que supone el 5% del capital social actual de la compañía, el límite máximo estipulado por ley, a precios de mercado.
La compañía que controla y preside Juan Miguel Villar Mir amortizará los títulos que compre a través de esta operación en la junta de accionistas convocada para el próximo 5 de mayo. Por otra parte, la compañía informó que, una vez resuelto el contrato de liquidez firmado en febrero de 2008 con Credit Agricole Cheuvreux, ha procedido a la liquidación de éste mediante la venta de de un total de 309.127 acciones propias. La venta de esto títulos se produjeron a precios entre 8,59 euros y 9,81 euros por acción entre los pasados 20 y 24 de abril.
La emisión, con un precio de referencia final de 'mid swap' más 150 puntos básicos, ha quedado cubierta en apenas una hora. Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Natixis y BBVA han sido las entidades que han dirigido la operación.
El consejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, indicó ayer, en la presentación de las cuentas de la entidad en el primer trimestre, que el banco realizará emisiones de deuda pública en los próximos meses.
"Tenemos capacidad de emitir y podríamos hacerlo en cualquier momento. Incluso lo hicimos en mercados complejos", explicó el ejecutivo.
Emisiones
Santander colocó a principios de mes 1.250 millones en bonos sin aval a un plazo de dos años por un importe final de 1.250 millones de euros.
El precio final ha sido fue de 150 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap.
Según explica la compañía en un comunicado, el periodo de suscripción se abrirá una vez quede aprobada la emisión por la CNMV y quedará cerrada una vez se agote su suscripción total o el próximo 29 de junio.
Las condiciones de la emisión serán un plazo de diez años, con posibilidad de cancelación a partir de los cinco años, y con un tipo de interés fijo en los dos primeros años y variable trimestralmente en los ocho siguientes.
Concretamente, el tipo a aplicar los dos primeros años es el 6,25% (6,40% TAE); los tres años siguientes será a Euribor a 3 meses + 3%, con un tipo de interés mínimo del 4% (4,06% TAE); y los cinco últimos años a Euribor 3 meses + 3,5% con un suelo mínimo del 4% (4,06% TAE). El pago durante todo el periodo es trimestral. La contratación de deuda subordinada no tendrá ningún tipo de comisión.
Caja Navarra destaca que todavía tienen “un largo recorrido en emisión de deuda” ya que balance le permite “emitir hasta 150 millones de euros más en deuda subordinada, y 450 millones en deuda preferente”.
A cambio de salir sin el respaldo del Estado, la entidad catalana ha tenido que pagar un diferencial muy importante: 240 puntos básicos (2,40 puntos porcentuales), sobre el tipo midswap, equivalente al Euribor a tres años. La anterior emisión, la de Banesto, pagó un precio algo inferior, de 180 puntos básicos sobre el tipo de referencia.
Fuentes de la colocación señalan que el objetivo inicial era emitir 500 millones, pero la fuerte demanda registrada ha permitido elevar el importe hasta 750 millones. El 60% de la demanda proviene de inversores españoles y el otro 40% de extranjeros, y se agrupa en 90 órdenes de gran tamaño, lo cual suele ser indicativo de "calidad" de la misma.
Esta operación plantea la cuestión de por qué un banco prefiere pagar un precio tan caro sin aval en vez de salir con garantía del Estado con un diferencial mucho más bajo: por ejemplo, la CAM colocó la semana pasada 1.000 millones con aval con un diferencial de 0,83 puntos, a los que hay que añadir la comisión que cobra el Tesoro, en torno a otros 0,90 puntos.
Las fuentes citadas responden que este diferencial no es tan doloroso ahora gracias al desplome del Euribor; estas emisiones son a tipo fijo durante los tres años, por lo que no les afecta una posible subida del tipo de referencia en el futuro. Por otro lado, aseguran que "la entidad prefiere que el diferencial se lo lleven los inversores y no el Gobierno, para tenerles contentos de cara a nuevas colocaciones en el futuro".
En el caso de España, el nuevo endeudamiento bruto (incluidos bonos y préstamos bancarios tradicionales) alcanzará los 27.000 millones de euros, el 55% más que en 2008, que ya fue un año récord debido al déficit presupuestario de estas administraciones, cercano a los 20.000 millones.
Si se restan las amortizaciones, la deuda viva estimada al cierre del año en las comunidades y ayuntamientos españoles será de unos 120.000 millones. La agencia de valoración de riesgos señala que las comunidades autónomas serán, en línea con lo ocurrido en el pasado, las principales emisoras, con aproximadamente el 60% del nuevo endeudamiento.
Entre ellas destaca Cataluña, que con un endeudamiento nuevo bruto presupuestado de algo más de 4.000 millones para 2009, supone cerca del 15% del total. Por detrás quedarían Valencia (unos 2.700 millones), Andalucía (2.500 millones), Madrid (2.200 millones), y ya claramente por debajo Galicia (850 millones).
En el caso de los ayuntamientos, incrementarán su deuda debido por una parte al empeoramiento del déficit presupuestario previsto y, por otra, a la nueva ley que permite la financiación de remanentes negativos de tesorería con deuda financiera.
Como en el pasado, S&P cree que la financiación se seguirá haciendo a partes iguales entre emisión de bonos y préstamos bancarios, pese al sesgo que se ha producido a favor de los préstamos en 2008, debido seguramente a las dificultades en la colocación que tuvo lugar en el segundo semestre de ese ejercicio.
Este aumento de la deuda se basa en que el déficit no financiero de comunidades y ayuntamientos superará el registrado en 2008, del 1,84% del PIB, debido a los menores ingresos tributarios y a los planes de reactivación económica puestos en marcha en los últimos meses.
Ambos hechos, señala S&P, se verán compensados por la inyección de fondos derivada de la reforma del sistema de financiación regional.
El informe elaborado por Standard and Poor´s se basa en datos de 159 gobiernos locales y regionales de 24 países de Europa Occidental y del Este, y señala que el endeudamiento neto total de las regiones y ayuntamientos de estos países aumentará este año en 102.000 millones de euros y se situará en los 1,2 billones.
En las regiones y localidades de estos países, el nuevo endeudamiento bruto ascenderá a 215.000 millones de euros durante 2009, un 26% más que en 2008
Acaba de cerrar una emisión de 1.250 millones de este tipo de activos a un plazo de cinco años, al igual que hiciera Santander el pasado lunes. El banco presidido por Emilio Botín protagonizó la primera emisión de estos títulos en España desde el junio del año pasado.
Las cédulas son títulos de renta fija que cuentan con la garantía de la cartera hipotecaria de una entidad, así como de su balance. Por lo tanto, y debido a esta seguridad, el precio al que se emiten suele ser inferior al de la deuda senior. En este sentido, La Caixa, con la ayuda del grupo de bancos colocadores formado por Barclays, Calyon, LBBW y JPMorgan, lo colocó a 120 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o midswap, el mismo que el banco cántabro. "Esta emisión contribuye a la normalización de los mercados de deuda y refuerza la posición de liquidez de la Caixa", apuntan en la caja.
La emisión ha obtenido una muy buena respuesta entre los inversores nacionales e internacionales y se incluye dentro de la planificación financiera de la entidad, que aprovecha las posibilidades que ofrece el mercado para reforzar aún más su posición de liquidez. A 31 de marzo de 2009, la Caixa contaba con un nivel de liquidez de 19.818 millones de euros, el 7,7% del activo.
Los títulos emitidos han generado una demanda de unos 1.700 millones de euros y ha despertado el interés de más de 75 inversores, tanto europeos como de otros continentes. Destaca la participación de inversores como bancos, fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.
En la distribución geográfica la participación de España ha sido de un 40 por ciento de la emisión y el otro 60 por ciento se ha distribuido entre inversores internacionales como Reino Unido y Alemania, con un porcentaje del 21 y del 17 por ciento, respectivamente.
Según ha explicado la agencia de calificación crediticia la potencial rebaja de la fortaleza de estas 36 entidades (calificación BFSR) se debe al profundo deterioro de la economía española y su efecto sobre la calidad de los servicios de la banca.
De estas 36, Moody's amenaza con rebajar el ráting crediticio a largo plazo y el ráting de los depósitos de 34 entidades. Además, 22 de ellas también podrían ver como empeora la calificación de sus títulos híbridos.
La agencia de calificación crediticia espera poder terminar la revisión de la mayoría de estos bancos y cajas, que se limitará probablemente a un máximo de dos grados, en las próximas semanas.
La nota emitida por la agencia de calificación crediticia señala que el sistema bancario español demuestra "una capacidad de absorción del riesgo relativamente alta" pese al notable incremento que ha experimentado la morosidad. Según Moody's, esta fortaleza de las entidades españolas se debe a "las provisiones genéricas y a unos fuertes beneficios recurrentes".
La agencia ha asegurado que las medidas de apoyo gubernamental a la banca limitarán la bajada de ráting a dos escalones. Aún así, una bajada de ese calibre dejaría a algunas entidades al borde de la calificación de bono basura (Ba1). Si entrara en ese nivel indicaría una probabilidad de impago no despreciable. Estas serían: Banco Guipuzcoano, Caixa Tarragona, Caja de Ahorros de Ávila y Caja de Ahorros de Segovia.
La supervisión de la agencia crediticia desde 2007 solo afectaba a los bancos "particularmente expuestos al sector inmobiliario", no obstante, Moody's señala que la nueva supervisión contempla que la devaluación de los activos financieros provocada por la crisis global provocarán "grandes pérdidas crediticias".
La agencia ha asegurado que las medidas de apoyo gubernamental a la banca limitarán la bajada de ráting a dos escalones. Aún así, una bajada de ese calibre dejaría a algunas entidades al borde de la calificación de bono basura (Ba1). Si entrara en ese nivel indicaría una probabilidad de impago no despreciable. Estas serían: Banco Guipuzcoano, Caixa Tarragona, Caja de Ahorros de Ávila y Caja de Ahorros de Segovia.
2) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: Aa1 en revisión para una rebaja.
3) Banco Cooperativo Espanol: A1 en revisión para una rebaja
4) Banco de Credito Local de Espana: Aa1 en revisión para una rebaja
5) Banco De Valencia: A3 en revisión para una rebaja
6) Banco Espanol de Credito: Aa2 en revisión para una rebaja
7) Banco Guipuzcoano: Baa1 con perspectiva negativa
8) Banco Pastor: A2 en revisión para una rebaja
9) Banco Popular Español: Aa2 en revisión para una rebaja
10) Banco Sabadell, S.A; Aa3 en revisión para una rebaja
11) Banco Santander S.A. (Spain) Aa1 en revisión para una rebaja
12) Bankinter, S.A. Aa3 en revisión para una rebaja
13) Bilbao Bizkaia Kutxa: A1 con perspectiva negativa
14) Caixa Catalunya: A2 en revisión para una rebaja
15) Caixa d'Estalvis de Manresa (Caixa Manresa): A2 en revisión para una rebaja.
16) Caixa d'Estalvis de Tarragona; Baa1 en revisión para una rebaja
17) Caixa d'Estalvis de Terrassa: A3 en revisión para una rebaja
18) Caixa Galicia: A2 en revisión para una rebaja
19) Caja de Ahorros de La Rioja (Caja Rioja): A2 en revisión para una rebaja
20) Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero): A2 en revisión para una rebaja
21) Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (Caja Cantabria): A3 en revisión para una rebaja
22) Caja de Ahorros de Valencia, C y A. (Bancaja): A2 en revisión para una rebaja
23) Caja de Ahorros de Vigo, Ourense y Pontevedra (Caixanova): A1 en revisión para una rebaja
25) Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM): A2 en revisión para una rebaja
26) Caja de Ahorros Municipal de Burgos: A3 en revisión para una rebaja
27) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila: Baa1 en revisión para una rebaja.
28) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid):Aa3 en revisión para una rebaja
29) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia:: Baa1 en revisión para una rebaja
30) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja): A1 en revisión para una rebaja
31) Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("La Caixa"): Aa1 en revisión para una rebaja.
32) Caja Espana de Inversiones (Caja Espana): A3 en revisión para una rebaja
33) Caja Insular de Ahorros de Canarias: A3 en revisión para una rebaja
34) Caja Laboral Popular Cooperativa de Credito: A1 en revisión para una rebaja
35) Caja Rural de Granada: A3 con perspectiva negativa
36) Caja Rural de Navarra: A2 con perspectiva negativa
37) Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito: A2 en revisión para una rebaja
38) Confederación Espanola de Cajas de Ahorro (CECA):Aa2 en revisión para una rebaja
39) Lico Leasing, EFC S.A: A2 en revisión para una rebaja
40) Mtes. de P. y Caja de Ahorros de Ronda, Cadiz, Almeria, Malaga y
Antequera (Unicaja): Aa3 con perspectiva negativa
41) Santander Consumer Finance, S.A. A1 en revisión para una rebaja
Este interés le ha venido muy bien a los gobiernos, por los importes históricos de bonos que están colocando para intentar sanear sus cuentas públicas, en continuo deterioro por la profundidad de la recesión.
Por ahora, el mercado ha sido capaz de absorber toda la deuda emitida, pero esta semana los gobiernos de la eurozona van a poner a prueba al inversor, debido a que pretenden colocar un máximo de 24.000 millones de euros, que se elevan a 31.133 millones si se incluye al ejecutivo británico.
Y, en concreto, someterá a examen al Tesoro Público español, con peor ráting que el resto de los emisores, porque celebra hoy una subasta de letras a 12 meses por un máximo de 4.000 millones y pretende colocar el próximo jueves dos emisiones con vencimiento en 2017 y 2032, respectivamente, por un importe conjunto de entre 3.500 y 4.000 millones.
Las economías occidentales en general, y la eurozona en particular, están tratando de combatir la crisis con un incremento del gasto público y con paquetes de estímulo fiscal que, en última instancia, acaban siendo financiados por un incremento de las emisiones de deuda. Esta semana destacan los 7.000 millones con vencimiento en 2011 y 2014 que colocará Alemania el miércoles, el mismo día en el que Francia prevé emitir 9.500 millones a tres y cinco años.
Por su parte, Bélgica colocó ayer 2.460 millones de euros en bonos a 5 años. Hoy lo intentará Irlanda, con dos emisiones, una a cinco y otra a diez años, valoradas en 1.000 millones de euros. Y Reino Unido ofertará 6.300 millones de libras (7.133 millones de euros) entre hoy y el jueves, de deuda a cinco años y bonos ligados a la inflación.
Se acelera el ritmo
La media semanal colocada por los gobiernos de la eurozona durante el segundo trimestre se había situado en torno a 12.000 millones, según datos de Calyon, pero la semana pasada ya alcanzó los 15.600 millones. En total, según previsiones de Citi, los gobiernos de la eurozona emitirán una cuantía récord de 796.000 millones de euros en 2009.
En EEUU, el importe se elevará a 3,25 billones de dólares hasta el cierre de su ejercicio fiscal el 30 de septiembre, según Goldman Sachs. “No creemos que el mercado tenga problemas para absorber el volumen que viene en Europa. En las últimas tres semanas, sólo el Tesoro de EEUU ha conseguido emitir más de 140.000 millones de dólares”, apunta José Luis Martínez, estratega en España de Citi.
Como consecuencia, el Tesoro de EEUU ya tuvo que ofrecer 20 puntos básicos más de lo previsto en su subasta a 30 años del pasado 7 de mayo”, indican en el departamento de banca privada de un banco. Los gobiernos de los diferentes países deberán destinar una mayor parte de los presupuestos al pago de intereses.
Por otro lado, el inversor ha vuelto a mirar hacia los activos de más riesgo desde comienzos de enero, tal y como se ha visto, por ejemplo, en la recuperación de las bolsas y de las materias primas, lo que también repercutirá en la rentabilidad que tengan que ofrecer los gobiernos para asegurarse el éxito de la colocación.
“Esta semana será un buen test para comprobar el exceso de liquidez que hay en el mercado. Esta avalancha de deuda llega en un momento en el que el inversor está perdiendo poco a poco el miedo y están mirando hacia otros activos con más riesgo”, apunta José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.
Los inversores ya han dado dos avisos al no cubrirse en su totalidad una subasta de Alemania y otra de Reino Unido en lo que va de año. No obstante, la progresiva reducción de esta aversión al riesgo juega en favor de España, porque el inversor empieza a estar dispuesto a sacrificar algo de seguridad, porque tiene un ráting más bajo (AA+), por rentabilidad (ver información adjunta).
La prima de riesgo del Tesoro se reduce
El diferencial entre España, que se encuentra dentro de los países que reciben el calificativo de periféricos, con respecto a Alemania, se ha estrechado en las últimas semanas. Esto implica una ligera reducción de los costes de financiación, dentro de un escenario de tipos de interés en mínimos.
“Los inversores están apostando más por la deuda de los países periféricos que por otros como Alemania, porque ofrecen más rentabilidad”, explican fuentes financieras que reconocen que han aumentado el peso en cartera de países como España o Grecia.
El margen o prima de riesgo que paga España con respecto a Alemania se situó ayer en 67,34 puntos básicos, muy por debajo del máximo de 128 puntos básicos que alcanzó el 17 de febrero, cuando S&P le rebajó el ráting al Reino deEspaña, desde el AAA al AA+. Esto significa que España paga un 0,67% más que Alemania por captar liquidez en los mercados.
Como los bancos están usando la deuda pública, que les rinde más de un 3%, para financiarse en el BCE a un 1% –sacan un elevado margen–, “la deuda española todavía es más atractiva para la estrategia al ofrecer un interés más alto”, apunta José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social sumaba hasta el pasado 13 de mayo un total de 58.593,78 millones de euros, lo que representa el 5,35% del PIB y un 2,39% más respecto al cierre del ejercicio 2008, según anunció hoy Granado.
El responsable de Seguridad Social ha explicado que en lo que va de año, el Ejecutivo ha intensificado sus actuaciones para reducir la inversión del Fondo en deuda extranjera -principalmente de Alemania, Francia y Países Bajos-, con lo que en estos momentos ha pasado de representar el 43,62% a cierre de 2008 al 29,91% del total.
Esta modificación se ha llevado a cabo a través de la sustición de deuda vencida y también mediante operaciones de 'switch' entre deuda española y extranjera, aprovechando la reducción del 'spread' de primas de riesgo, en especial con Alemania, que se ha reducido a la mitad desde el récord del 123% alcanzado el pasado año.
No obstante, Granado ha admitido que se ha tenido que "modificar ligeramente" la duración media de la cartera, elevándola de 4,4 años a 4,7. El secretario de Estado ha ratificado que estas operaciones no han creado ningún problema "financiero ni económico" al Fondo de Reserva, sino que incluso ha aportado "ingresos adicionales".
El secretario de Estado ha señalado que la intención del Gobierno es producir "todas las reformas de gestión" en consenso con los grupos parlamentarios, por lo cual el Ejecutivo no tiene ninguna previsión de modificar esta política de inversión. "Nuestra intención es acabar deshaciendo todas las posiciones en deuda extranjera", incidió, aunque introdujo el matiz de que la decisión está en manos del Pacto de Toledo.
En la anterior emisión (14 de abril) adjudicó 4.549 millones en Letras a 12 meses (frente a los 7.764 millones solicitados) a un tipo marginal del 1,270%.
Emisiones
Dos días después, El Tesoro realizará otra subasta extraordinaria, la segunda en apenas dos semanas.
En este caso, se tratará de una emisión de bonos a ocho años que coincidirá con la programada previamente para esa misma fecha, la de bonos a muy largo plazo, con vencimiento en 2032.
El pasado jueves el Tesoro aprovechó la subasta de bonos a tres años para celebrar otra, con carácter extraordinario, de bonos a cinco años. Finalmente se adjudicaron 3.964 millones de euros, en línea con los objetivos de colocar entre 3.500 y 4.500 millones.
En el día de hoy, el Tesoro ha programado otra subasta extraordinaria, de bonos a ocho años. Tendrá lugar el próximo día 21, coincidiendo con la programada previamente para esa misma fecha, la de bonos a muy largo plazo, con vencimiento en 2032.
A pesar de los sucesivos cambios en el calendario de subastas, el Banco de España (BdE) no prevé que el Tesoro vaya a tener problemas para colocar las crecientes emisiones de deuda pública derivadas de las mayores exigencias de financiación del Estado.
"Las necesidades de emisión son grandes, pero se está observando que se puede colocar [la deuda], no con facilidad, pero sí sin grandes dificultades", explicó Javier Maycas, jefe de la División de Instrumentación de Política Monetaria del regulador.
Pero Francia y Alemania no serán los únicos países de la eurozona en emitir deuda pública. En total, más de 22.000 millones de euros en bonos gubernamentales de la zona euro tratarán de encontrar comprador esta semana.
Bélgica ha colocado hoy mismo 2.460 millones de euros en bonos a 5 años. Mañana lo intentará Irlanda, con dos emisiones, una a cinco y otra a diez años, valoradas -las dos juntas- en 1.000 millones de euros.
Y el jueves le toca el turno a España, con una emisión prevista de entre 3.500 y 4.000 millones de euros en deuda a 8 y 23 años.
Las economías occidentales en general y la eurozona en particular están tratando de combatir la crisis con un incremento del gasto público y con paquetes de estímulo fiscal que, en última instancia, acaban siendo financiados por un incremento de las emisiones de deuda.
El banco francés Société Générale vaticinaba que los Gobiernos de la eurozona emitirían más de un billón de euros en bonos para financiar sus medidas anti-crisis.
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