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Vuelos secretos a Guantánamo |
Más sombras que luces cubren el escándalo destapado hace una semana con la publicación de un documento secreto sobre el trasiego de prisioneros realizado por Estados Unidos a través de España a su cárcel de Guantánamo.
Hasta ahora lo único claro es que no aparece el informe, elaborado en enero de 2002 y que demuestra la anuencia dada por el gobierno del entonces presidente del gobierno, José María Aznar, al tránsito por aeropuertos españoles de aviones norteamericanos con presos a bordo.
La autenticidad del escrito fue confirmada por su propio autor, Miguel Aguirre de Cárcer, quien en aquel momento era director de Política Exterior para América del Norte de la Cancillería y recibió el reclamo estadounidense por intermedio de un funcionario de la embajada de Washington en Madrid.
Esa comunicación fue enviada a los entonces titular de esa cartera, Josep Piqué, y secretario de Estado, Miquel Nadal.
Al declarar ahora ante una comisión investigadora creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el funcionario ratificó la existencia del documento y aseguró que lo dejó en los archivos oficiales al abandonar el cargo en diciembre de 2002.
Los resultados de esa pesquisa serán presentados el miércoles en el Parlamento por el canciller, Miguel Ángel Moratinos, y remitidos al juez Ismael Moreno, a cargo de una pesquisa sobre los vuelos, abierta desde 2006, pero que estaba virtualmente congelada, reseña Prensa Latina.
Por el momento, la actual administración José Luís Rodríguez Zapatero se ha limitado a insistir en que desconocía la existencia del candente documento y que ha entregado a la justicia toda la información en su poder sobre el tema.
El gobierno no tiene nada que ocultar ni amparar, dijo el viernes la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, al reiterar que bajo el actual gabinete 'no ha habido, ni habrá, violación de los derechos humanos ni por tierra, ni por mar, ni por aire'.
Por su parte, la secretaria de Política Internacional del gobernante Partido Socialista Obrero Español, Elena Valenciano, reiteró este domingo la misma postura de desconocimiento de operaciones de traslado ilegal de presos a Guantánamo 'desde su llegada al poder en 2004'.
Valenciano solicitó al Partido Popular, el principal de la oposición, que no utilice la cuestión de los vuelos para una lucha partidista, por tratarse de un asunto que afecta la esfera de la seguridad y de las relaciones de España con Estados Unidos.
Este asunto tiene su importancia y su gravedad y las especulaciones pueden hacernos daño a todos, dijo la funcionaria en declaraciones difundidas por la agencia EFE.
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Etiquetas: conocimiento, medios, mentiras, multitud, politica, violencia.
Anónimo
El juez Stephen Henley ha leído el inesperado anuncio este lunes, poco antes de la apertura de una audiencia preliminar del tribunal militar de Guantánamo consagrada a la preparación del proceso contra Khaled Sheikh Mohammed y otros cuatro acusados, a la cual asusten por primera vez las familias de las víctimas.
"Los acusados de este asunto han decidido retirar todos sus recursos [...] y confesar", ha declarado el juez Henley, que preside la audiencia. "No queremos perder tiempo" ha dicho Khalid Sheikh Mohammed, quien ya había dicho que planeó los atentados "de la A a la Z".
El juez dijo que interrogaría a los cinco para asegurarse de que comprenden el impacto de su decisión. Detenidos en la base militar de Guantánamo, el presunto 'cerebro' de los atentados contra las Torres Gemelas y otros cuatro acusados deben responder por crímenes de guerra, una acusación que puede entrañar su condena a muerte.
Según la nota, los acusados tomaron su decisión el pasado 4 de noviembre, el día en que Barack Obama fue elegido presidente. El presidente electo ha dicho que cerrará la prisión de Guantánamo y juzgará a los prisioneros en tribunales civiles o militares de EEUU, en lugar de en los tribunales especiales de la base militar creados por la administración Bush.
Asimismo, el juez dijo que no aceptaría ninguna declaración de culpabilidad para las audiencias previstas esta semana. Henley puso en duda si la ley vigente en los tribunales de Guantánamo le permitía aceptar una declaración de culpabilidad en un caso capital. Si a los acusados se les permite declararse culpables, el caso aún podría tener que pasar por varias apelaciones automáticas, de modo que no se llevaría a cabo ninguna condena a muerte en años.
Nunca antes un familiar de las víctimas del 11-S había sido autorizado a asistir a un proceso en Guantánamo. El Pentágono ha organizado un sistema de sorteo para designar a cinco miembros de familias de víctimas, sobre más de un centenar, para poder asistir a los debates.
Las familias han sido instaladas tras una pared de plexiglas, tras la sala de audiencias, aislados de los acusados, la defensa, la acusación y los jueces militares.
"Los acusados de este asunto han decidido retirar todos sus recursos [...] y confesar", ha declarado el juez Henley, que preside la audiencia. "No queremos perder tiempo" ha dicho Khalid Sheikh Mohammed, quien ya había dicho que planeó los atentados "de la A a la Z".
El juez dijo que interrogaría a los cinco para asegurarse de que comprenden el impacto de su decisión. Detenidos en la base militar de Guantánamo, el presunto 'cerebro' de los atentados contra las Torres Gemelas y otros cuatro acusados deben responder por crímenes de guerra, una acusación que puede entrañar su condena a muerte.
Según la nota, los acusados tomaron su decisión el pasado 4 de noviembre, el día en que Barack Obama fue elegido presidente. El presidente electo ha dicho que cerrará la prisión de Guantánamo y juzgará a los prisioneros en tribunales civiles o militares de EEUU, en lugar de en los tribunales especiales de la base militar creados por la administración Bush.
Asimismo, el juez dijo que no aceptaría ninguna declaración de culpabilidad para las audiencias previstas esta semana. Henley puso en duda si la ley vigente en los tribunales de Guantánamo le permitía aceptar una declaración de culpabilidad en un caso capital. Si a los acusados se les permite declararse culpables, el caso aún podría tener que pasar por varias apelaciones automáticas, de modo que no se llevaría a cabo ninguna condena a muerte en años.
Nunca antes un familiar de las víctimas del 11-S había sido autorizado a asistir a un proceso en Guantánamo. El Pentágono ha organizado un sistema de sorteo para designar a cinco miembros de familias de víctimas, sobre más de un centenar, para poder asistir a los debates.
Las familias han sido instaladas tras una pared de plexiglas, tras la sala de audiencias, aislados de los acusados, la defensa, la acusación y los jueces militares.
Anónimo
"El gobierno alega en los documentos emitidos hoy [por este lunes] que al menos 34 civiles iraquíes desarmados, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados o heridos sin justificación o provocación por estos guardas de seguridad 'Blackwater'", ha dicho Pat Rowan, fiscal de Seguridad Nacional.
El sábado pasado el Departamento de Justicia acusó formalmente a los hombres, todos ellos ex soldados, por homicidio y otros cargos que se han concretado este lunes. Un sexto sospechoso está negociando un arreglo con el gobierno.
Entre los 35 cargos de los que se les acusa, los cinco hombres serán en enjuiciados por la muerte de 14 civiles en la matanza producida en Irak en septiembre de 2007. Asimismo, se les acusa de intento de homicidio y de violación de leyes de armas.
La firma Blackwater sostiene que sus seis empleados dispararon después de que fueron atacados el 16 de septiembre de 2007 en una intersección de avenidas en la capital iraquí, donde había muchos peatones y un intenso tránsito de vehículos. Una investigación del gobierno iraquí concluyó que los agentes abrieron fuego contra la multitud sin motivo ni provocación.
Así lo ha corroborado el fiscal Jeffrey Taylor: ninguno de los fallecidos pertenecía a la insurgencia.
Juicio en Salt Lake City
A primera hora de la mañana, los cinco guardias de seguridad privada llegaban a los tribunales de Utah, acompañados de sus abogados, a los juzgados, donde les esperaban muchos periodistas, a los que no hicieron declaraciones.
Fuentes allegadas al caso señalaron a los medios de prensa estadounidenses que los mercenarios eligieron entregarse en Salt Lake City, donde vive uno de ellos, Donald Ball, porque podrían obtener un jurado más conservador que en Washington, la capital de EEUU donde fueron acusados.
El diario 'The Salt Lake Tribune' indicó que el abogado Brent Hatch, de esa ciudad, y un equipo legal que representa a los cinco inculpados ha señalado que "cualquiera de las jurisdicciones donde viven estos hombres sería un sitio apropiado para el juicio".
Pero, agregó Hatch según el diario, Salt Lake City es un sitio práctico porque tiene un aeropuerto internacional con fácil acceso al tribunal federal en el centro de la ciudad. Por otra parte, agregó el abogado, la mayoría de los encausados no tiene vinculaciones en el Distrito de Columbia.
Los hechos
El incidente de Irak sacó a la luz pública el papel de las empresas de seguridad subcontratadas por el Departamento de Estado, y puso en tela de juicio la presunta inmunidad con que operaban en Irak.
Una investigación militar estadounidense desveló que los agentes de seguridad fueron los únicos que abrieron fuego en ese tiroteo, en tanto que Blackwater dijo que su personal actuó en defensa propia.
Blackwater Worldwide es una firma estadounidense que emplea, principalmente, ex soldados y ex policías y ofrece guardaespaldas, vigilantes armados y unidades mercenarias de operaciones tácticas en diversas partes del mundo.
En Irak, además de los casi 150.000 soldados estadounidenses, hay más de 125.000 "contratistas privados" empleados por decenas de firmas privadas y que dan desde apoyo técnico a servicios de cantina, recolección de residuos, custodia de instalaciones, protección de funcionarios y compañía armada para convoyes.
El sábado pasado el Departamento de Justicia acusó formalmente a los hombres, todos ellos ex soldados, por homicidio y otros cargos que se han concretado este lunes. Un sexto sospechoso está negociando un arreglo con el gobierno.
Entre los 35 cargos de los que se les acusa, los cinco hombres serán en enjuiciados por la muerte de 14 civiles en la matanza producida en Irak en septiembre de 2007. Asimismo, se les acusa de intento de homicidio y de violación de leyes de armas.
La firma Blackwater sostiene que sus seis empleados dispararon después de que fueron atacados el 16 de septiembre de 2007 en una intersección de avenidas en la capital iraquí, donde había muchos peatones y un intenso tránsito de vehículos. Una investigación del gobierno iraquí concluyó que los agentes abrieron fuego contra la multitud sin motivo ni provocación.
Así lo ha corroborado el fiscal Jeffrey Taylor: ninguno de los fallecidos pertenecía a la insurgencia.
Juicio en Salt Lake City
A primera hora de la mañana, los cinco guardias de seguridad privada llegaban a los tribunales de Utah, acompañados de sus abogados, a los juzgados, donde les esperaban muchos periodistas, a los que no hicieron declaraciones.
Fuentes allegadas al caso señalaron a los medios de prensa estadounidenses que los mercenarios eligieron entregarse en Salt Lake City, donde vive uno de ellos, Donald Ball, porque podrían obtener un jurado más conservador que en Washington, la capital de EEUU donde fueron acusados.
El diario 'The Salt Lake Tribune' indicó que el abogado Brent Hatch, de esa ciudad, y un equipo legal que representa a los cinco inculpados ha señalado que "cualquiera de las jurisdicciones donde viven estos hombres sería un sitio apropiado para el juicio".
Pero, agregó Hatch según el diario, Salt Lake City es un sitio práctico porque tiene un aeropuerto internacional con fácil acceso al tribunal federal en el centro de la ciudad. Por otra parte, agregó el abogado, la mayoría de los encausados no tiene vinculaciones en el Distrito de Columbia.
Los hechos
El incidente de Irak sacó a la luz pública el papel de las empresas de seguridad subcontratadas por el Departamento de Estado, y puso en tela de juicio la presunta inmunidad con que operaban en Irak.
Una investigación militar estadounidense desveló que los agentes de seguridad fueron los únicos que abrieron fuego en ese tiroteo, en tanto que Blackwater dijo que su personal actuó en defensa propia.
Blackwater Worldwide es una firma estadounidense que emplea, principalmente, ex soldados y ex policías y ofrece guardaespaldas, vigilantes armados y unidades mercenarias de operaciones tácticas en diversas partes del mundo.
En Irak, además de los casi 150.000 soldados estadounidenses, hay más de 125.000 "contratistas privados" empleados por decenas de firmas privadas y que dan desde apoyo técnico a servicios de cantina, recolección de residuos, custodia de instalaciones, protección de funcionarios y compañía armada para convoyes.
Anónimo
La magnitud de los daños causados por la administración republicana y cuan duraderos serán dependen en parte de los resultados de dos casos que analiza la justicia, señala el periódico.
La Corte Suprema de Justicia aceptó debatir una demanda contra Bush por ordenar el encierro indefinido sin cargos del qatarí Ali al-Marri, quien reside en Estados Unidos, detenido desde 2003 en un barco de la Armada, según el matutino.
La lectura intolerable de la ley que hace la Casa Blanca dejaría a un presidente libre para suspender los derechos de cualquier persona, incluso de ciudadanos americanos, subraya.
La Corte Suprema de Justicia aceptó debatir una demanda contra Bush por ordenar el encierro indefinido sin cargos del qatarí Ali al-Marri, quien reside en Estados Unidos, detenido desde 2003 en un barco de la Armada, según el matutino.
La lectura intolerable de la ley que hace la Casa Blanca dejaría a un presidente libre para suspender los derechos de cualquier persona, incluso de ciudadanos americanos, subraya.
Anónimo
Sheij Mohamed y otros dos acusados le habían dicho al juez del tribunal en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) que estaban decididos a declararse culpables de los cargos de terrorismo, que pueden acarrearles la pena de muerte.
Sin embargo a comienzos de la tarde de este lunes los tres rectificaron ese anuncio y dijeron que postergarían la decisión hasta que se realizara un examen de aptitud mental a dos de sus compañeros acusados.
"La razón es que nuestra declaración está basada en una estrategia conjunta", señaló Ali Abdul al-Azziz, uno de los procesados.
Los tres indicaron que aún tienen previsto declararse culpables pero que no quieren hacerlo hasta averiguar si los otros dos acusados también estarán autorizados a hacer lo mismo.
Interrogado el lunes de mañana por el juez para saber si declararía culpable Jaled Sheij Mohamed había respondido: "Sí (...) no queremos perder tiempo".
Pero el juez indicó durante la audiencia que no se aceptaba una "respuesta grupal", e insistió en que cada uno de los acusados debía responder a la pregunta.
La audiencia tuvo lugar por primera vez en presencia de allegados a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. El Pentágono había organizado un sistema de sorteo para designar a cinco familiares de las víctimas, entre más de un centenar, para asistir a los debates.
Los familiares fueron instalados detrás de un tabique de plexiglás, en la parte trasera de la sala de audiencias, aislados de los acusados, la defensa, el fiscal y los jueces militares.
En la víspera de la audiencia de este lunes, Alice Hoagland (cuyo hijo, Mark Bingham, perdió la vida en los atentados después de luchar contra los secuestradores del vuelo 93 de United Airways) dijo que se oponía a la pena de muerte para Sheij Mohamed. "No hay nadie que merezca menos convertirse en mártir", dijo.
La CIA reconoció que sometió a malos tratos a Sheij Mohamed, incluyendo simulaciones de ahogamiento, para conseguir su confesión. El procesado fue capturado en Pakistán en 2003 y permaneció tres años en las cárceles secretas estadounidenses antes de ser trasladado a Guantánamo.
Según el Pentágono, Jalid Sheij Mohamed habría propuesto la idea de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a Osama bin Laden ya en 1996. Tras haber recibido la autorización del jefe de al-Qaida, habría supervisado la operación y entrenado a los futuros secuestradores en Afganistán y Pakistán.
Los otros cuatro están acusados de haber entrenado a los secuestradores aéreos, de haberles apoyado y participado en la organización de los atentados.
"Lo que debió ser una gran victoria en la batalla para que los acusados del 11 de septiembre rindieran cuentas por crímenes horribles, ha sido opacado por la tortura y un proceso injusto en los tribunales militares", denunció la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
"El juez deberá pedir una investigación completa y profunda para determinar si esta (decisión de declararse culpable) es voluntaria", añade la ONG en un comunicado.
La Asociación de Defensa de las Libertades Civiles, ACLU, dijo que no le sorprendía que un "sistema que autoriza la tortura y la detención sin cargos durante años" lleve a los detenidos a "capitular". Haciendo referencia a una "mascarada jurídica".
La organización estima que la decisión de los acusados de declararse culpables "jamás hubiera sido aceptada por un tribunal legítimo".
Sin embargo a comienzos de la tarde de este lunes los tres rectificaron ese anuncio y dijeron que postergarían la decisión hasta que se realizara un examen de aptitud mental a dos de sus compañeros acusados.
"La razón es que nuestra declaración está basada en una estrategia conjunta", señaló Ali Abdul al-Azziz, uno de los procesados.
Los tres indicaron que aún tienen previsto declararse culpables pero que no quieren hacerlo hasta averiguar si los otros dos acusados también estarán autorizados a hacer lo mismo.
Interrogado el lunes de mañana por el juez para saber si declararía culpable Jaled Sheij Mohamed había respondido: "Sí (...) no queremos perder tiempo".
Pero el juez indicó durante la audiencia que no se aceptaba una "respuesta grupal", e insistió en que cada uno de los acusados debía responder a la pregunta.
La audiencia tuvo lugar por primera vez en presencia de allegados a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. El Pentágono había organizado un sistema de sorteo para designar a cinco familiares de las víctimas, entre más de un centenar, para asistir a los debates.
Los familiares fueron instalados detrás de un tabique de plexiglás, en la parte trasera de la sala de audiencias, aislados de los acusados, la defensa, el fiscal y los jueces militares.
En la víspera de la audiencia de este lunes, Alice Hoagland (cuyo hijo, Mark Bingham, perdió la vida en los atentados después de luchar contra los secuestradores del vuelo 93 de United Airways) dijo que se oponía a la pena de muerte para Sheij Mohamed. "No hay nadie que merezca menos convertirse en mártir", dijo.
La CIA reconoció que sometió a malos tratos a Sheij Mohamed, incluyendo simulaciones de ahogamiento, para conseguir su confesión. El procesado fue capturado en Pakistán en 2003 y permaneció tres años en las cárceles secretas estadounidenses antes de ser trasladado a Guantánamo.
Según el Pentágono, Jalid Sheij Mohamed habría propuesto la idea de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a Osama bin Laden ya en 1996. Tras haber recibido la autorización del jefe de al-Qaida, habría supervisado la operación y entrenado a los futuros secuestradores en Afganistán y Pakistán.
Los otros cuatro están acusados de haber entrenado a los secuestradores aéreos, de haberles apoyado y participado en la organización de los atentados.
"Lo que debió ser una gran victoria en la batalla para que los acusados del 11 de septiembre rindieran cuentas por crímenes horribles, ha sido opacado por la tortura y un proceso injusto en los tribunales militares", denunció la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
"El juez deberá pedir una investigación completa y profunda para determinar si esta (decisión de declararse culpable) es voluntaria", añade la ONG en un comunicado.
La Asociación de Defensa de las Libertades Civiles, ACLU, dijo que no le sorprendía que un "sistema que autoriza la tortura y la detención sin cargos durante años" lleve a los detenidos a "capitular". Haciendo referencia a una "mascarada jurídica".
La organización estima que la decisión de los acusados de declararse culpables "jamás hubiera sido aceptada por un tribunal legítimo".
Anónimo
Bajo el nuevo Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas Militares (SOFA, por sus siglas en inglés), aprobado a fines de noviembre por el gobierno iraquí, los contratistas estadounidenses estarán sujetos a la ley de Iraq por primera vez.
Además, algunos observadores creen que Iraq puede estar en condiciones de responsabilizarlos legalmente por delitos presuntamente cometidos incluso antes de aprobado el SOFA.
En el otro extremo de la ecuación Estados Unidos-Iraq, hubo meses de aparente inactividad, marcada por continuas dudas sobre la supuesta jurisdicción legal de Washington sobre los contratistas.
El Departamento de Justicia estadounidense puede presentar cargos contra tres mercenarios por su participación, en septiembre de 2007, en el fusilamiento de 17 civiles iraquíes en Bagdad.
Los guardias de seguridad acusados son empleados de Blackwater Worldwide, la firma más grande y más destacada entre las que emplea Estados Unidos en Iraq.
La prensa estadounidense informa que los cargos contra los empleados de Blackwater podrían basarse sobre una ley antidrogas de los años 80.
La Ley Contra el Abuso de Drogas, aprobada en 1988 para frenar la epidemia de crack que vivía Estados Unidos, prevé condenas de 30 años de cárcel por usar ametralladoras para cometer delitos violentos de cualquier tipo, aun cuando no haya drogas involucradas.
Los guardias de Blackwater -condecorados veteranos militares contratados para proteger a diplomáticos estadounidenses en el exterior- respondían a un atentado con coche bomba cuando estalló un tiroteo en un transitado cruce de Bagdad.
Se sospecha que los guardias abrieron fuego con ametralladoras que les dio el gobierno e instaladas en las torretas de sus camiones blindados.
Blackwater alega que su convoy fue objeto de una emboscada realizada por insurgentes. Pero, según testigos, no medió provocación alguna hacia los mercenarios.
Sin embargo, llevar a juicio a los guardias será una batalla ardua, porque sigue sin estar claro si pueden ser acusados en Estados Unidos o en otro país por delitos cometidos en el exterior.
Deberían ser acusados bajo una ley que cubre a soldados y contratistas militares, pero Blackwater trabaja para el Departamento de Estado (cancillería), no para las fuerzas armadas. Por eso no resulta claro qué ley se aplica a los mercenarios.
Una promesa de inmunidad que el Departamento de Estados habría extendido a varios guardias de Blackwater a cambio de sus declaraciones juradas, poco después del tiroteo, complica aun más el caso. Los fiscales no pueden usar estas declaraciones para apoyar su caso.
Blackwater y otros contratistas de seguridad bien podrían también afrontar juicios entablados por Bagdad por actos cometidos antes, cuando supuestamente estaban amparados por la inmunidad bajo las leyes de Iraq.
En junio de 2004, la Autoridad Provisional de la Coalición que administró Iraq luego de la invasión estadounidense de 2003 concedió inmunidad a los mercenarios. Pero el nuevo SOFA no impide explícitamente que Iraq presente cargos penales con retroactividad.
El tiroteo contra civiles iraquíes por parte de Blackwater concitó el interés de los legisladores del Partido Demócrata, hoy en la oposición y desde enero en el gobierno, en aprobar leyes más duras para los contratistas de seguridad en el exterior.
Un proyecto de ley en ese sentido fue presentada el año pasado por Barack Obama, entonces senador demócrata por el central estado de Illinois y ahora presidente electo.
La iniciativa habría extendido la jurisdicción de la ley estadounidense para que cubriera a los mercenarios en Iraq, encargado al FBI (Buró Federal de Investigaciones) de la investigación de sus delitos y requerido que el Departamento (ministerio) de Defensa revelara sus contratistas y definiera límites a sus actividades.
Los legisladores del hoy gobernante Partido Republicano y la Casa Blanca impidieron la aprobación del proyecto.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que en lo que va de 2008 se gastaron más de 10.000 millones de dólares en mercenarios y que entre 25.000 y 30.000 empleados de firmas de seguridad estuvieron en Iraq desde comienzos de este año.
Y también que, si el gasto en contratistas se mantiene como ahora, se habrá pagado 100.000 millones de dólares a contratistas militares para operaciones en Iraq.
Esta Oficina reveló que alrededor de 20 por ciento del financiamiento para operaciones en Iraq se destinó al pago de mercenarios. Actualmente, dijo, hay por lo menos 190.000 contratistas en Iraq y los países vecinos.
"Ya no hay argumentos para defender la privatización a tal escala de la guerra sin establecer responsabilidades. Cosecharon lo que sembraron", dijo a IPS Craig Jennings, analista de la organización de vigilancia OMB Watch.
Uno empresa kuwaití que actuó como subcontratista de la firma estadounidense KBR fue acusada de retener a unos 1.000 hombres de Bangladesh, India, Nepal y Sri Lanka entre uno y tres meses, sin pagarles, hacinados en galpones cerca del aeropuerto de Bagdad, esperando para iniciar las obras para los que habían sido llevados a Iraq y que nunca se realizaron.
Najlaa International Catering Services, la compañía kuwaití que los contrató, accedió a pagarles y a repatriarlos porque los obreros realizaron protestas públicas..
KBR es una ex subsidiaria de la Corporación Halliburton, la más grande de los contratistas estadounidenses privados en Iraq. Se la acusa de derroche, fraude y abusos.
Dieciséis soldados de la Guardia Nacional del estado de Indiana demandan a KBR por exponerlos en 2003 a químicos tóxicos en Iraq. Los efectivos dijeron que el sitio estaba contaminado con cromo hexavalente, "uno de los cancerígenos más potentes", y que KBR lo sabía.
Los contratistas estadounidenses que trabajan en Iraq han sido sujetos de numerosas demandas presentadas ante tribunales de Estados Unidos.
En una de ellas, presentada en mayo ante un tribunal federal de Los Ángeles, Emad Al-Janabi, herrero iraquí de 43 años, aseguró haber sido encarcelado por error, golpeado y sacado de su casa a la fuerza por personas de civil o que vestían uniformes militares estadounidenses en septiembre de 2003.
Lo liberaron de la prisión de Abu Ghraib, sin cargos, en julio de 2004.
Los acusados son las firmas contratistas CACI International, CACI Premier Technology y L-3 Communications Titan Corporation, y el ex mercenario de CACI Steven Stefanowicz, conocido en Abu Gharib como "el gran Steve".
La demanda sostiene que los mercenarios sometieron a Al-Janabi a torturas físicas y mentales en sesiones donde los acusados actuaron como interrogadores y traductores. Alega que los contratistas lo transportaron a un sitio de detenidos en una caja de madera y lo cubrieron con una capucha.
Su rostro quedó con una cicatriz cuando un interrogador le arañó los ojos, lo expuso a la falsa ejecución de su hermano y sobrino y lo colgó boca abajo con sus pies encadenados a las tablillas de acero de una litera hasta que perdió la conciencia.
Además, lo privaron reiteradamente de alimentos y sueño y lo amenazaron con perros.
En octubre de 2003, durante una inspección sorpresa de Abu Ghraib, el Comité Internacional de la Cruz Roja descubrió a Al-Janabi desnudo, encadenado y magullado en una celda del pabellón "duro" de la prisión.
Según la demanda, era un "detenido fantasma", al que se ocultó intencionalmente de la Cruz Roja en inspecciones posteriores y al que se hizo no aparecer en las listas de prisioneros.
La demanda destacó que CACI proporcionó interrogadores a Abu Ghraib y que L-3 empleó a todos los traductores.
Stefanowicz estuvo vinculado a abusos cometidos allí en procedimientos de tribunales militares marciales y se dijo que dirigió a soldados en interrogatorios.
Además, algunos observadores creen que Iraq puede estar en condiciones de responsabilizarlos legalmente por delitos presuntamente cometidos incluso antes de aprobado el SOFA.
En el otro extremo de la ecuación Estados Unidos-Iraq, hubo meses de aparente inactividad, marcada por continuas dudas sobre la supuesta jurisdicción legal de Washington sobre los contratistas.
El Departamento de Justicia estadounidense puede presentar cargos contra tres mercenarios por su participación, en septiembre de 2007, en el fusilamiento de 17 civiles iraquíes en Bagdad.
Los guardias de seguridad acusados son empleados de Blackwater Worldwide, la firma más grande y más destacada entre las que emplea Estados Unidos en Iraq.
La prensa estadounidense informa que los cargos contra los empleados de Blackwater podrían basarse sobre una ley antidrogas de los años 80.
La Ley Contra el Abuso de Drogas, aprobada en 1988 para frenar la epidemia de crack que vivía Estados Unidos, prevé condenas de 30 años de cárcel por usar ametralladoras para cometer delitos violentos de cualquier tipo, aun cuando no haya drogas involucradas.
Los guardias de Blackwater -condecorados veteranos militares contratados para proteger a diplomáticos estadounidenses en el exterior- respondían a un atentado con coche bomba cuando estalló un tiroteo en un transitado cruce de Bagdad.
Se sospecha que los guardias abrieron fuego con ametralladoras que les dio el gobierno e instaladas en las torretas de sus camiones blindados.
Blackwater alega que su convoy fue objeto de una emboscada realizada por insurgentes. Pero, según testigos, no medió provocación alguna hacia los mercenarios.
Sin embargo, llevar a juicio a los guardias será una batalla ardua, porque sigue sin estar claro si pueden ser acusados en Estados Unidos o en otro país por delitos cometidos en el exterior.
Deberían ser acusados bajo una ley que cubre a soldados y contratistas militares, pero Blackwater trabaja para el Departamento de Estado (cancillería), no para las fuerzas armadas. Por eso no resulta claro qué ley se aplica a los mercenarios.
Una promesa de inmunidad que el Departamento de Estados habría extendido a varios guardias de Blackwater a cambio de sus declaraciones juradas, poco después del tiroteo, complica aun más el caso. Los fiscales no pueden usar estas declaraciones para apoyar su caso.
Blackwater y otros contratistas de seguridad bien podrían también afrontar juicios entablados por Bagdad por actos cometidos antes, cuando supuestamente estaban amparados por la inmunidad bajo las leyes de Iraq.
En junio de 2004, la Autoridad Provisional de la Coalición que administró Iraq luego de la invasión estadounidense de 2003 concedió inmunidad a los mercenarios. Pero el nuevo SOFA no impide explícitamente que Iraq presente cargos penales con retroactividad.
El tiroteo contra civiles iraquíes por parte de Blackwater concitó el interés de los legisladores del Partido Demócrata, hoy en la oposición y desde enero en el gobierno, en aprobar leyes más duras para los contratistas de seguridad en el exterior.
Un proyecto de ley en ese sentido fue presentada el año pasado por Barack Obama, entonces senador demócrata por el central estado de Illinois y ahora presidente electo.
La iniciativa habría extendido la jurisdicción de la ley estadounidense para que cubriera a los mercenarios en Iraq, encargado al FBI (Buró Federal de Investigaciones) de la investigación de sus delitos y requerido que el Departamento (ministerio) de Defensa revelara sus contratistas y definiera límites a sus actividades.
Los legisladores del hoy gobernante Partido Republicano y la Casa Blanca impidieron la aprobación del proyecto.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que en lo que va de 2008 se gastaron más de 10.000 millones de dólares en mercenarios y que entre 25.000 y 30.000 empleados de firmas de seguridad estuvieron en Iraq desde comienzos de este año.
Y también que, si el gasto en contratistas se mantiene como ahora, se habrá pagado 100.000 millones de dólares a contratistas militares para operaciones en Iraq.
Esta Oficina reveló que alrededor de 20 por ciento del financiamiento para operaciones en Iraq se destinó al pago de mercenarios. Actualmente, dijo, hay por lo menos 190.000 contratistas en Iraq y los países vecinos.
"Ya no hay argumentos para defender la privatización a tal escala de la guerra sin establecer responsabilidades. Cosecharon lo que sembraron", dijo a IPS Craig Jennings, analista de la organización de vigilancia OMB Watch.
Uno empresa kuwaití que actuó como subcontratista de la firma estadounidense KBR fue acusada de retener a unos 1.000 hombres de Bangladesh, India, Nepal y Sri Lanka entre uno y tres meses, sin pagarles, hacinados en galpones cerca del aeropuerto de Bagdad, esperando para iniciar las obras para los que habían sido llevados a Iraq y que nunca se realizaron.
Najlaa International Catering Services, la compañía kuwaití que los contrató, accedió a pagarles y a repatriarlos porque los obreros realizaron protestas públicas..
KBR es una ex subsidiaria de la Corporación Halliburton, la más grande de los contratistas estadounidenses privados en Iraq. Se la acusa de derroche, fraude y abusos.
Dieciséis soldados de la Guardia Nacional del estado de Indiana demandan a KBR por exponerlos en 2003 a químicos tóxicos en Iraq. Los efectivos dijeron que el sitio estaba contaminado con cromo hexavalente, "uno de los cancerígenos más potentes", y que KBR lo sabía.
Los contratistas estadounidenses que trabajan en Iraq han sido sujetos de numerosas demandas presentadas ante tribunales de Estados Unidos.
En una de ellas, presentada en mayo ante un tribunal federal de Los Ángeles, Emad Al-Janabi, herrero iraquí de 43 años, aseguró haber sido encarcelado por error, golpeado y sacado de su casa a la fuerza por personas de civil o que vestían uniformes militares estadounidenses en septiembre de 2003.
Lo liberaron de la prisión de Abu Ghraib, sin cargos, en julio de 2004.
Los acusados son las firmas contratistas CACI International, CACI Premier Technology y L-3 Communications Titan Corporation, y el ex mercenario de CACI Steven Stefanowicz, conocido en Abu Gharib como "el gran Steve".
La demanda sostiene que los mercenarios sometieron a Al-Janabi a torturas físicas y mentales en sesiones donde los acusados actuaron como interrogadores y traductores. Alega que los contratistas lo transportaron a un sitio de detenidos en una caja de madera y lo cubrieron con una capucha.
Su rostro quedó con una cicatriz cuando un interrogador le arañó los ojos, lo expuso a la falsa ejecución de su hermano y sobrino y lo colgó boca abajo con sus pies encadenados a las tablillas de acero de una litera hasta que perdió la conciencia.
Además, lo privaron reiteradamente de alimentos y sueño y lo amenazaron con perros.
En octubre de 2003, durante una inspección sorpresa de Abu Ghraib, el Comité Internacional de la Cruz Roja descubrió a Al-Janabi desnudo, encadenado y magullado en una celda del pabellón "duro" de la prisión.
Según la demanda, era un "detenido fantasma", al que se ocultó intencionalmente de la Cruz Roja en inspecciones posteriores y al que se hizo no aparecer en las listas de prisioneros.
La demanda destacó que CACI proporcionó interrogadores a Abu Ghraib y que L-3 empleó a todos los traductores.
Stefanowicz estuvo vinculado a abusos cometidos allí en procedimientos de tribunales militares marciales y se dijo que dirigió a soldados en interrogatorios.
Anónimo
Pese a insistir en una baja significativa del clima de violencia, la comandancia de esas fuerzas extranjeras en el norte de Iraq consideró que “el desarrollo de la situación de seguridad es frágil”.
En una nota circulada aquí indica que “hay posibilidad de que la agrupación Al-Qaeda en Iraq pueda regresar a áreas del país” y reveló que la cifra de combatientes foráneos, presuntamente de la resistencia, “ha sido reducida en los últimos seis meses”.
Además, cinco unidades de las tropas ocupantes laboran junto al ejército iraquí para monitorear la frontera con Siria.
Esa zona fue objeto de una incursión militar estadounidense hace casi dos meses, que incluyó la violación del espacio aéreo y territorial sirio, dada la suposición de Washington de que es utilizada para la infiltración de hombres y armamento.
El lunes el canciller Hoshyar Zebari recibió en Bagdad a una delegación del Comando Central de Estados Unidos, que visita Iraq, para “evaluar la evolución política y de seguridad del país”.
El Consejo Presidencial iraquí avaló días atrás un pacto de seguridad, luego de su aprobación por el gobierno y el parlamento, mediante el cual Estados Unidos consiguió legitimar la ocupación de esta nación árabe después de que expire este mes el mandato de la ONU.
La decisión autoriza la permanencia de la mayor parte de los 150 mil efectivos norteamericanos hasta 2011, aún cuando las autoridades locales ya asumieron el control policial y militar de 13 de las 18 provincias y aseguran que la violencia bajó sustancialmente.
Sin embargo, este martes la policía de la sureña provincia de Diwaniya incautó un alijo con 50 artefactos explosivos artesanales en una operación en una zona residencial, en tanto en la nororiental Kirkuk se localizaron dos cadáveres y se desactivó una bomba.
Medios noticiosos locales refieren que en las últimas horas fue detenido más de medio centenar de sospechosos de pertenecer a la resistencia, que Washington y Bagdad suelen presentar como combatientes de la red Al-Qaeda en Iraq.
En una nota circulada aquí indica que “hay posibilidad de que la agrupación Al-Qaeda en Iraq pueda regresar a áreas del país” y reveló que la cifra de combatientes foráneos, presuntamente de la resistencia, “ha sido reducida en los últimos seis meses”.
Además, cinco unidades de las tropas ocupantes laboran junto al ejército iraquí para monitorear la frontera con Siria.
Esa zona fue objeto de una incursión militar estadounidense hace casi dos meses, que incluyó la violación del espacio aéreo y territorial sirio, dada la suposición de Washington de que es utilizada para la infiltración de hombres y armamento.
El lunes el canciller Hoshyar Zebari recibió en Bagdad a una delegación del Comando Central de Estados Unidos, que visita Iraq, para “evaluar la evolución política y de seguridad del país”.
El Consejo Presidencial iraquí avaló días atrás un pacto de seguridad, luego de su aprobación por el gobierno y el parlamento, mediante el cual Estados Unidos consiguió legitimar la ocupación de esta nación árabe después de que expire este mes el mandato de la ONU.
La decisión autoriza la permanencia de la mayor parte de los 150 mil efectivos norteamericanos hasta 2011, aún cuando las autoridades locales ya asumieron el control policial y militar de 13 de las 18 provincias y aseguran que la violencia bajó sustancialmente.
Sin embargo, este martes la policía de la sureña provincia de Diwaniya incautó un alijo con 50 artefactos explosivos artesanales en una operación en una zona residencial, en tanto en la nororiental Kirkuk se localizaron dos cadáveres y se desactivó una bomba.
Medios noticiosos locales refieren que en las últimas horas fue detenido más de medio centenar de sospechosos de pertenecer a la resistencia, que Washington y Bagdad suelen presentar como combatientes de la red Al-Qaeda en Iraq.
Anónimo
La denominada Plataforma Juicio a Aznar informó que tiene prácticamente lista la argumentación de la denuncia, la cual será presentada antes de que termine el año o en las dos primeras semanas de 2009.
Según el periódico La República.Es, el pleito debe estar en manos de la justicia en esa fecha y gozar de un amplio conocimiento por parte de la población, con vistas a las protestas que se organizan en ocasión del quinto aniversario de la invasión de Iraq en marzo.
Un vocero de la plataforma expresó la intención de que la ciudadanía también se sume a la querella y a un manifiesto sobre el caso presentado a la opinión pública y que ya cuenta con 22 mil adhesiones.
Entre los firmantes de ese documento están figuras como el lingüista y politólogo norteamericano Noam Chomsky, el ex dirigente comunista español Julio Anguita, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el filósofo Javier Sábada.
También el secretario general y el presidente ejecutivo del Partido Comunista de España, Francisco Frutos y Felipe Alcaraz, respectivamente, así como otros políticos de la izquierda, juristas, periodistas, escritores y miembros de diversas organizaciones.
El texto pide el enjuiciamiento de los principales culpables de la invasión a Iraq, considerada como una guerra realizada a espaldas del Derecho Internacional y que provocó una tragedia humana sin precedentes.
Al tema de la complicidad de Aznar con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el ex primer ministro británico Anthony Blair en la agresión a ese país árabe se agrega hoy el escándalo desatado aquí tras la publicación de un documento secreto por el diario El País.
Se trata de un informe que demuestra el permiso dado por el gobierno de Aznar en enero de 2002 al tránsito por aeropuertos españoles de aviones norteamericanos que trasladaban presos hacia la cárcel de Guantánamo.
La plataforma que trabaja por el enjuiciamiento del ex gobernante reiteró que no se detendrá hasta que los responsables de la guerra de Iraq acaben ante los tribunales.
Según el periódico La República.Es, el pleito debe estar en manos de la justicia en esa fecha y gozar de un amplio conocimiento por parte de la población, con vistas a las protestas que se organizan en ocasión del quinto aniversario de la invasión de Iraq en marzo.
Un vocero de la plataforma expresó la intención de que la ciudadanía también se sume a la querella y a un manifiesto sobre el caso presentado a la opinión pública y que ya cuenta con 22 mil adhesiones.
Entre los firmantes de ese documento están figuras como el lingüista y politólogo norteamericano Noam Chomsky, el ex dirigente comunista español Julio Anguita, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el filósofo Javier Sábada.
También el secretario general y el presidente ejecutivo del Partido Comunista de España, Francisco Frutos y Felipe Alcaraz, respectivamente, así como otros políticos de la izquierda, juristas, periodistas, escritores y miembros de diversas organizaciones.
El texto pide el enjuiciamiento de los principales culpables de la invasión a Iraq, considerada como una guerra realizada a espaldas del Derecho Internacional y que provocó una tragedia humana sin precedentes.
Al tema de la complicidad de Aznar con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el ex primer ministro británico Anthony Blair en la agresión a ese país árabe se agrega hoy el escándalo desatado aquí tras la publicación de un documento secreto por el diario El País.
Se trata de un informe que demuestra el permiso dado por el gobierno de Aznar en enero de 2002 al tránsito por aeropuertos españoles de aviones norteamericanos que trasladaban presos hacia la cárcel de Guantánamo.
La plataforma que trabaja por el enjuiciamiento del ex gobernante reiteró que no se detendrá hasta que los responsables de la guerra de Iraq acaben ante los tribunales.
Anónimo
En concreto, los legisladores se centran en técnicas como la privación del sueño, el sometimiento a temperaturas extremas, la colocación de los presos en posiciones dolorosas, el desnudo forzado o el uso de perros.
Según recuerda el texto, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había adoptado algunas de estas técnicas en sus cárceles secretas.
Los interrogadores de Guantánamo las adaptaron para su uso en la cárcel de esa base naval. Más tarde se extendieron también a los centros de prisioneros en Afganistán, incluida la prisión de Abu Ghraib.
Hasta ahora, la Casa Blanca había asegurado que el uso de estas técnicas había partido de oficiales intermedios en la cadena de mando, que se quejaban de que los métodos tradicionales no rendían resultados sobre detenidos adiestrados para resistir los interrogatorios.
Según recuerda el texto, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había adoptado algunas de estas técnicas en sus cárceles secretas.
Los interrogadores de Guantánamo las adaptaron para su uso en la cárcel de esa base naval. Más tarde se extendieron también a los centros de prisioneros en Afganistán, incluida la prisión de Abu Ghraib.
Hasta ahora, la Casa Blanca había asegurado que el uso de estas técnicas había partido de oficiales intermedios en la cadena de mando, que se quejaban de que los métodos tradicionales no rendían resultados sobre detenidos adiestrados para resistir los interrogatorios.
Anónimo
John Bellinger, aseror legal del secretario de Estado, dijo a la BBC que la medida es la primera señal positiva tras el rechazo de Europa de ayudar a cerrar el campo de detención.
En una carta a los miembros de la Unión Europea (UE), Portugal los instó a que siguieran su iniciativa.
Estados Unidos ha dado el visto bueno para la liberación de 50 a 60 prisioneros, pero no los puede repatriar por el riesgo que puedan ser maltratados en sus países de origen.
El presidente electo Barack Obama prometió cerrar el centro de detención tan pronto como asuma el poder en enero, pero todavía no ha dicho que pasará con los 250 individuos aún detenidos allí.
"Casos firmes"
En una carta el jueves, el canciller de Portugal Luis Amado dijo a que UE "debería enviar una clara señal de nuestra voluntad de ayudar al gobierno de EE.UU. para resolver este problema, recibiendo a los detenidos".
"Llegó la hora para que la Unión Europea de un paso hacia adelante", escribió.
Albania es el único país que hasta ahora ha aceptado liberados de Guantánamo, al haber recibido a cinco miembros de la etnia minoritaria de China, Uighur, por razones humanitarias en 2006.
Bellinger dijo que la oferta pública del gobierno portugués era, entonces, "verdaderamente una iniciativa muy significativa que recibimos con mucho beneplácito".
El asesor legal del Departamento de Estado dijo que había unos 50 a 60 "casos firmes" en Guantánamo, incluyendo varios Uighur, que EE.UU. no ha podido repatriar por dudas de carácter humanitario en sus países de origen.
"(Los Uighur) fueron detenidos debidamente, estaban entrenándose en campamentos...pero querían combatir el gobierno chino. Así que no hay duda de que teníamos la autoridad para detenerlos", afirmó a la BBC en una entrevista.
"Como hemos identificado quiénes son y que no intentan combatir contra nosotros, hemos estado intentando liberarlos. Pero China es el único país que los recibe", añadió.
El gobierno de Pekín frecuentemente reprime a los disidentes Uighur, a los que acusa de buscar una patria independiente en la provincia occidental de Xinjiang.
Bellinger comentó que según las leyes de inmigración estadounidenses sería muy difícil situarlos en Estados Unidos, así que dio la bienvenida a "la primera grieta en el hielo de resistencia en Europa de querer ayudar".
En octubre, un juez federal ordenó al gobierno que permita a un grupo de 17 Uighur en Guantánamo que vivan en Estados Unidos, pero su traslado se ha demorado tras una serie de apelaciones.
En una carta a los miembros de la Unión Europea (UE), Portugal los instó a que siguieran su iniciativa.
Estados Unidos ha dado el visto bueno para la liberación de 50 a 60 prisioneros, pero no los puede repatriar por el riesgo que puedan ser maltratados en sus países de origen.
El presidente electo Barack Obama prometió cerrar el centro de detención tan pronto como asuma el poder en enero, pero todavía no ha dicho que pasará con los 250 individuos aún detenidos allí.
"Casos firmes"
En una carta el jueves, el canciller de Portugal Luis Amado dijo a que UE "debería enviar una clara señal de nuestra voluntad de ayudar al gobierno de EE.UU. para resolver este problema, recibiendo a los detenidos".
"Llegó la hora para que la Unión Europea de un paso hacia adelante", escribió.
Albania es el único país que hasta ahora ha aceptado liberados de Guantánamo, al haber recibido a cinco miembros de la etnia minoritaria de China, Uighur, por razones humanitarias en 2006.
Bellinger dijo que la oferta pública del gobierno portugués era, entonces, "verdaderamente una iniciativa muy significativa que recibimos con mucho beneplácito".
El asesor legal del Departamento de Estado dijo que había unos 50 a 60 "casos firmes" en Guantánamo, incluyendo varios Uighur, que EE.UU. no ha podido repatriar por dudas de carácter humanitario en sus países de origen.
"(Los Uighur) fueron detenidos debidamente, estaban entrenándose en campamentos...pero querían combatir el gobierno chino. Así que no hay duda de que teníamos la autoridad para detenerlos", afirmó a la BBC en una entrevista.
"Como hemos identificado quiénes son y que no intentan combatir contra nosotros, hemos estado intentando liberarlos. Pero China es el único país que los recibe", añadió.
El gobierno de Pekín frecuentemente reprime a los disidentes Uighur, a los que acusa de buscar una patria independiente en la provincia occidental de Xinjiang.
Bellinger comentó que según las leyes de inmigración estadounidenses sería muy difícil situarlos en Estados Unidos, así que dio la bienvenida a "la primera grieta en el hielo de resistencia en Europa de querer ayudar".
En octubre, un juez federal ordenó al gobierno que permita a un grupo de 17 Uighur en Guantánamo que vivan en Estados Unidos, pero su traslado se ha demorado tras una serie de apelaciones.
Anónimo
En esos aparatos fueron transportados, entre otros, el egipcio Mustafá Osama Nasr y el alemán de origen libanés Hamed Al Masri, secuestrados en Milán y Macedonia, respectivamente, por agentes de la CIA y torturados en cárceles secretas, indica El País.
Asimismo, informa que las tripulaciones de esos vuelos utilizaron identidades falsas en las numerosas escalas que hicieron en España, lo cual consta en evidencias entregadas por la organización británica Reprieve a la justicia española.
“Si se acredita esta falsedad documental, de la que cada vez hay más pruebas, la fiscalía pedirá el procesamiento de los agentes de la CIA que operaron en territorio español con identidades falsas, según señalan fuentes judiciales”, afirma el rotativo.
El diario aclara que los vuelos civiles de la CIA no tienen relación con el traslado de presos a Guantánamo por aviones del ejército estadounidense, asunto que también es investigado por la justicia española.
El País hace referencia a ocho tripulantes que hicieron llamadas telefónicas a Estados Unidos desde el hotel Royal Plaza de Ibiza entre el 6 y el 12 de febrero de 2005 y los señala como “un equipo que participó en siete secuestros y traslados ilegales” (de personas).
Más adelante, brinda un dato concreto sobre la dotación de un Boeing 737, matrícula N313P, que se alojó en el hotel Marriot Son Antem de Palma de Mallorca la noche del 22 de enero de 2004:
“Los dos pilotos se inscribieron como James Richard Fairing y Eric Matthew Fair, pero en realidad son James Kovalesky y Eric R. Hume, según asegura Olivier Minkwitz, investigador de Reprieve”.
El diario relata que ese avión viajó el 23 de enero desde Mallorca a Skopje (Macedonia) y allí recogió al secuestrado Hamed Al Masri y lo trasladó a una prisión de Kabul (Afganistán), donde durante cinco meses sufrió toda clase de torturas.
Luego, la nave regresó a Mallorca vía Timisoara (Rumania) y finalmente aterrizó en Washington el día 26, “terminando así un oscuro periplo que se había iniciado el 15 de enero”.
Antes, el 22 de enero, ese aparato hizo escala en Mallorca después de participar en la recogida en Rabat (Marruecos) del preso Binyam Mohamed, “uno de los secuestros más retorcidos y sonados de la llamada guerra global contra el terror”, añade El País. El periódico reporta otro vuelo de un jet Gulfstream IV de la compañía Richmore Aviation, matrícula N85VM, que trasladó desde la base norteamericana de Ramstein (Alemania) hasta El Cairo al egipcio Mustafá Osama Nasr, secuestrado en febrero de 2003 en Milán.
Esa nave hizo seis escalas en España: tres en Palma de Mallorca y tres en Tenerife, en trayectos hacia y desde Rumania (tres veces), Jordania (dos) y Marruecos (uno), “países donde supuestamente hay cárceles secretas de la CIA”, concluye el periódico español.
Asimismo, informa que las tripulaciones de esos vuelos utilizaron identidades falsas en las numerosas escalas que hicieron en España, lo cual consta en evidencias entregadas por la organización británica Reprieve a la justicia española.
“Si se acredita esta falsedad documental, de la que cada vez hay más pruebas, la fiscalía pedirá el procesamiento de los agentes de la CIA que operaron en territorio español con identidades falsas, según señalan fuentes judiciales”, afirma el rotativo.
El diario aclara que los vuelos civiles de la CIA no tienen relación con el traslado de presos a Guantánamo por aviones del ejército estadounidense, asunto que también es investigado por la justicia española.
El País hace referencia a ocho tripulantes que hicieron llamadas telefónicas a Estados Unidos desde el hotel Royal Plaza de Ibiza entre el 6 y el 12 de febrero de 2005 y los señala como “un equipo que participó en siete secuestros y traslados ilegales” (de personas).
Más adelante, brinda un dato concreto sobre la dotación de un Boeing 737, matrícula N313P, que se alojó en el hotel Marriot Son Antem de Palma de Mallorca la noche del 22 de enero de 2004:
“Los dos pilotos se inscribieron como James Richard Fairing y Eric Matthew Fair, pero en realidad son James Kovalesky y Eric R. Hume, según asegura Olivier Minkwitz, investigador de Reprieve”.
El diario relata que ese avión viajó el 23 de enero desde Mallorca a Skopje (Macedonia) y allí recogió al secuestrado Hamed Al Masri y lo trasladó a una prisión de Kabul (Afganistán), donde durante cinco meses sufrió toda clase de torturas.
Luego, la nave regresó a Mallorca vía Timisoara (Rumania) y finalmente aterrizó en Washington el día 26, “terminando así un oscuro periplo que se había iniciado el 15 de enero”.
Antes, el 22 de enero, ese aparato hizo escala en Mallorca después de participar en la recogida en Rabat (Marruecos) del preso Binyam Mohamed, “uno de los secuestros más retorcidos y sonados de la llamada guerra global contra el terror”, añade El País. El periódico reporta otro vuelo de un jet Gulfstream IV de la compañía Richmore Aviation, matrícula N85VM, que trasladó desde la base norteamericana de Ramstein (Alemania) hasta El Cairo al egipcio Mustafá Osama Nasr, secuestrado en febrero de 2003 en Milán.
Esa nave hizo seis escalas en España: tres en Palma de Mallorca y tres en Tenerife, en trayectos hacia y desde Rumania (tres veces), Jordania (dos) y Marruecos (uno), “países donde supuestamente hay cárceles secretas de la CIA”, concluye el periódico español.
Anónimo
El vicepresidente saliente de Estados Unidos, Dick Cheney, defendió el lunes la utilización del 'submarino' o simulación de ahogamiento contra los sospechosos de terrorismo. Seguir leyendo el arículo
Las declaraciones de Cheney a la cadena ABC pueden ser asimiladas a un reconocimiento público y al más alto nivel de la utilización de métodos con los sospechosos de terrorismo que han sido denunciados como torturas por los detractores de la administración Bush. Hasta ahora, el gobierno estadounidense se había escudado en la noción de secreto de Estado para no confirmar el uso de estas prácticas. Además, el presidente George W. Bush había asegurado que Estados Unidos no practica la tortura.
Según la transcripción de dos entrevistas emitidas por la Casa Blanca y la cadena ABC, Cheney considera que el gobierno de Barack Obama, que asumirá el próximo 20 de enero, podría encontrarle algo más que defectos a Guantánamo, que será más difícil de cerrar de lo que querría el presidente electo.
Cuando ABC le preguntó si consideraba apropiado el uso del 'submarino' entre los métodos para obtener la confesión de Khaled Cheikh Mohammed, presunto cerebro de los atendados del 11 de septiembre, Cheney respondió que "sí". Sin embargo, dijo que "no" cuando le preguntaron si ciertos métodos empleados contra Mohemmed y otros detenidos habían ido demasiado lejos.
Se considera que uno de los métodos empleados por Estados Unidos contra los acusados de terrorismo consiste en inmovilizarlos e introducirles agua en las vías respiratorias para provocar una sensación de ahogamiento.
► miércoles, 17 diciembre, 2008
El vicepresidente saliente de Estados Unidos, Dick Cheney, defendió el lunes la utilización del 'submarino' o simulación de ahogamiento contra los sospechosos de terrorismo. Seguir leyendo el arículo
Las declaraciones de Cheney a la cadena ABC pueden ser asimiladas a un reconocimiento público y al más alto nivel de la utilización de métodos con los sospechosos de terrorismo que han sido denunciados como torturas por los detractores de la administración Bush. Hasta ahora, el gobierno estadounidense se había escudado en la noción de secreto de Estado para no confirmar el uso de estas prácticas. Además, el presidente George W. Bush había asegurado que Estados Unidos no practica la tortura.
Según la transcripción de dos entrevistas emitidas por la Casa Blanca y la cadena ABC, Cheney considera que el gobierno de Barack Obama, que asumirá el próximo 20 de enero, podría encontrarle algo más que defectos a Guantánamo, que será más difícil de cerrar de lo que querría el presidente electo.
Cuando ABC le preguntó si consideraba apropiado el uso del 'submarino' entre los métodos para obtener la confesión de Khaled Cheikh Mohammed, presunto cerebro de los atendados del 11 de septiembre, Cheney respondió que "sí". Sin embargo, dijo que "no" cuando le preguntaron si ciertos métodos empleados contra Mohemmed y otros detenidos habían ido demasiado lejos.
Se considera que uno de los métodos empleados por Estados Unidos contra los acusados de terrorismo consiste en inmovilizarlos e introducirles agua en las vías respiratorias para provocar una sensación de ahogamiento.
Anónimo
En su testimonio ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, Aguirre de Cárcer ha afirmado que esa autorización se dio en los términos que ha manifestado el actual ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, quien ha revelado que, las escalas no llegaron a producirse.
Al ser preguntado por qué consideró que se trataba de un asunto político y no militar, Aguirre de Cárcer, ha indicado que entonces fue una persona de la embajada de Estados Unidos, cuya identidad no ha revelado, la que en enero de 2002 se dirigió a él como autoridad del Ministerio de Exteriores para solicitar esa autorización.
Para dar traslado de la petición de autorización a las escalas que le hizo la embajada y que sólo fue de carácter verbal, Aguirre de Cárcer, según su testimonio, decidió hacer una nota y darle traslado al ministro porque era a él al que le competía tomar esa decisión.
El 11 de enero, ha añadido, habló con el secretario de Estado de Exteriores y éste le comentó que se daría una respuesta afirmativa a la petición de Estados Unidos, pero que no recuerda como dio traslado de esa autorización a las autoridades estadounidenses.
La investigación del magistrado se centra, principalmente, en los vuelos Argel-Palma-Skopje (Macedonia), del 22 de enero de 2004; Guantánamo-Tenerife-Constanza (Rumanía), el 12 de abril de 2004, y Madrid-Luxor (Egipto), el 16 de diciembre de 2003, y en las supuestas escalas de otros vuelos en los aeropuertos de Málaga, Barcelona, Alicante, Tenerife y Palma de Mallorca.
Al ser preguntado por qué consideró que se trataba de un asunto político y no militar, Aguirre de Cárcer, ha indicado que entonces fue una persona de la embajada de Estados Unidos, cuya identidad no ha revelado, la que en enero de 2002 se dirigió a él como autoridad del Ministerio de Exteriores para solicitar esa autorización.
Para dar traslado de la petición de autorización a las escalas que le hizo la embajada y que sólo fue de carácter verbal, Aguirre de Cárcer, según su testimonio, decidió hacer una nota y darle traslado al ministro porque era a él al que le competía tomar esa decisión.
El 11 de enero, ha añadido, habló con el secretario de Estado de Exteriores y éste le comentó que se daría una respuesta afirmativa a la petición de Estados Unidos, pero que no recuerda como dio traslado de esa autorización a las autoridades estadounidenses.
La investigación del magistrado se centra, principalmente, en los vuelos Argel-Palma-Skopje (Macedonia), del 22 de enero de 2004; Guantánamo-Tenerife-Constanza (Rumanía), el 12 de abril de 2004, y Madrid-Luxor (Egipto), el 16 de diciembre de 2003, y en las supuestas escalas de otros vuelos en los aeropuertos de Málaga, Barcelona, Alicante, Tenerife y Palma de Mallorca.
Anónimo
En la resolución de una vista celebrada a puerta cerrada, los magistrados no divulgaron las evidencias porque las autoridades estadounidenses amenazaron con interrumpir la cooperación antiterrorista con Gran Bretaña si se hacían públicos los detalles.
Los jueces también indicaron que los abogados que en el caso representan al ministro británico de Exteriores, David Miliband, indicaron que la amenaza sigue vigente bajo la nueva Administración del presidente Barack Obama.
Los jueces también indicaron que los abogados que en el caso representan al ministro británico de Exteriores, David Miliband, indicaron que la amenaza sigue vigente bajo la nueva Administración del presidente Barack Obama.
Anónimo
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha publicado pasajes previamente clasificados de un informe del gobierno sobre duras técnicas de interrogatorio utilizadas en Iraq, Afganistán y Guantánamo.
Esas páginas sobre las que no se había informado anteriormente detallan el repetido uso de conducta “abusiva”, incluso hasta llegar a la muerte de prisioneros.
Los documentos, obtenidos por la ACLU gracias a una solicitud según la Ley de Libertad de la Información (FOIA), contienen un informe del vicealmirante Albert T. Church, a quien se recurrió para realizar un estudio exhaustivo de las operaciones de interrogatorio del Departamento de Defensa.
Church califica específicamente los interrogatorios en la Base Aérea Bagram en Afganistán de “claramente abusivos, y evidentemente no ajustados a ninguna política o instrucción aprobada para interrogatorios”.
Las dos páginas originales del informe Church [en inglés] se pueden ver pulsando aquí.
La publicación de la ACLU apareció el mismo día en el que ocurrió una importante descarga de documentos según la FOIA por parte de otros tres importantes grupos de derechos humanos.
Documentos que revelan que el Pentágono dirigió prisiones secretas en Bagram e Iraq, que cooperó con el programa de “detenciones fantasma” de la CIA y que el personal de Defensa retardó la liberación de un prisionero para evitar mala publicidad.
“En ambos casos, por ejemplo, [los prisioneros] fueron esposados a objetos fijados por sobre sus cabezas a fin de mantenerlos despiertos”, dice el documento.
“Además, los interrogatorios en ambos incidentes involucraron el uso de violencia física, incluyendo patadas, golpizas, y el uso de “golpes de sumisión” que involucraron golpes en las piernas [de los prisioneros] con las rodillas [de los interrogadores]. En ambos casos, la lesión traumática contundente a sus piernas tuvo que ver con sus muertes. En un caso, un embolismo pulmonar se desarrolló como consecuencia de la lesión traumática contundente, y en el otro caso una enfermedad de arteria coronaria fue complicada por la lesión traumática contundente”.
En un comunicado de prensa, la ACLU resumió los documentos como un detalle de:
“[Una] investigación de dos muertes en Bagram. Se determinó que ambos detenidos habían sido muertos por embolismo pulmonar causado como resultado de estar de pié encadenados, privados de sueño y de docenas de palizas por guardias y posiblemente interrogadores. (También revela el uso de tortura en Guantánamo y en prisiones estadounidenses-afganas en Kabul)”.
[Una] investigación del homicidio u homicidio involuntario del detenido Dilar Dababa por fuerzas de EE.UU. en 2003 en Iraq.
“[Una] investigación iniciada después de afirmaciones de que un prisionero iraquí fue sometido a tortura y abuso en 'The Disco' (ubicado en el Complejo de la Fuerza de Operaciones Especiales, en el Aeropuerto de Mosul, Iraq). El abuso consistió de llenar su mono de hielo, luego remojarlo con la manguera y hacer que estuviera de pie durante prolongados períodos, a veces frente a un acondicionador de aire; obligarlo a acostarse y a beber agua hasta que se atragantaba, vomitaba o se ahogaba, golpear su cabeza contra una placa de acero caliente mientras estaba encapuchado y era interrogado; obligarlo a levantar repetidamente las piernas con bolsas de hielo sujetas a sus tobillos, y patearlo cuando ya no podía más”.
[Una] investigación de afirmaciones de tortura y abuso que tuvieron lugar en 2003 en Abu Ghraib.
“[Y una] investigación que estableció una probable causa para creer que fuerzas de EE.UU. cometieron homicidio en 2003 cuando participaron en la atadura del detenido Abed Mowhoush en un saco de dormir durante un interrogatorio, causando su muerte por asfixia”.
“Una gran parte de la tortura, mutilación, y asesinato de detenidos ocurrió bajo órdenes dadas siguiendo reglas secretas de enfrentamiento en el Pentágono,” escribió Scott Horton, editor colaborador de Harper's magazine. “Gran parte de esto pasó bajo el Subsecretario de Defensa para Inteligencia, Stephen Cambone, un personaje que hasta ahora ha evadido la atención en el escándalo de la tortura y que ahora sirve como vicepresidente para estrategia de QinetiQ North America, subsidiaria del contratista de la defensa basado en el Reino Unido, QinetiQ. Incluso el análisis del Comité de Servicios Armados del Senado no logra llegar al fondo del doctor Cambone, sus Reglas de Enfrentamiento (ROE) para las unidades de operaciones especiales que controlaba, y la muerte, desfiguración y tortura de los prisioneros de los que se encargaron. Es una de las numerosas razones por las cuales se necesita urgentemente una investigación exhaustiva con órdenes de comparecer. Pero la difusión completa de las investigaciones internas ya realizadas por el Departamento de Defensa es un paso próximo esencial”.
El catálogo de documentos de la ACLU [en inglés] relacionados con la tortura bajo el gobierno de Bush se encuentra pulsando aquí.
(mas...)
Esas páginas sobre las que no se había informado anteriormente detallan el repetido uso de conducta “abusiva”, incluso hasta llegar a la muerte de prisioneros.
Los documentos, obtenidos por la ACLU gracias a una solicitud según la Ley de Libertad de la Información (FOIA), contienen un informe del vicealmirante Albert T. Church, a quien se recurrió para realizar un estudio exhaustivo de las operaciones de interrogatorio del Departamento de Defensa.
Church califica específicamente los interrogatorios en la Base Aérea Bagram en Afganistán de “claramente abusivos, y evidentemente no ajustados a ninguna política o instrucción aprobada para interrogatorios”.
Las dos páginas originales del informe Church [en inglés] se pueden ver pulsando aquí.
La publicación de la ACLU apareció el mismo día en el que ocurrió una importante descarga de documentos según la FOIA por parte de otros tres importantes grupos de derechos humanos.
Documentos que revelan que el Pentágono dirigió prisiones secretas en Bagram e Iraq, que cooperó con el programa de “detenciones fantasma” de la CIA y que el personal de Defensa retardó la liberación de un prisionero para evitar mala publicidad.
“En ambos casos, por ejemplo, [los prisioneros] fueron esposados a objetos fijados por sobre sus cabezas a fin de mantenerlos despiertos”, dice el documento.
“Además, los interrogatorios en ambos incidentes involucraron el uso de violencia física, incluyendo patadas, golpizas, y el uso de “golpes de sumisión” que involucraron golpes en las piernas [de los prisioneros] con las rodillas [de los interrogadores]. En ambos casos, la lesión traumática contundente a sus piernas tuvo que ver con sus muertes. En un caso, un embolismo pulmonar se desarrolló como consecuencia de la lesión traumática contundente, y en el otro caso una enfermedad de arteria coronaria fue complicada por la lesión traumática contundente”.
En un comunicado de prensa, la ACLU resumió los documentos como un detalle de:
“[Una] investigación de dos muertes en Bagram. Se determinó que ambos detenidos habían sido muertos por embolismo pulmonar causado como resultado de estar de pié encadenados, privados de sueño y de docenas de palizas por guardias y posiblemente interrogadores. (También revela el uso de tortura en Guantánamo y en prisiones estadounidenses-afganas en Kabul)”.
[Una] investigación del homicidio u homicidio involuntario del detenido Dilar Dababa por fuerzas de EE.UU. en 2003 en Iraq.
“[Una] investigación iniciada después de afirmaciones de que un prisionero iraquí fue sometido a tortura y abuso en 'The Disco' (ubicado en el Complejo de la Fuerza de Operaciones Especiales, en el Aeropuerto de Mosul, Iraq). El abuso consistió de llenar su mono de hielo, luego remojarlo con la manguera y hacer que estuviera de pie durante prolongados períodos, a veces frente a un acondicionador de aire; obligarlo a acostarse y a beber agua hasta que se atragantaba, vomitaba o se ahogaba, golpear su cabeza contra una placa de acero caliente mientras estaba encapuchado y era interrogado; obligarlo a levantar repetidamente las piernas con bolsas de hielo sujetas a sus tobillos, y patearlo cuando ya no podía más”.
[Una] investigación de afirmaciones de tortura y abuso que tuvieron lugar en 2003 en Abu Ghraib.
“[Y una] investigación que estableció una probable causa para creer que fuerzas de EE.UU. cometieron homicidio en 2003 cuando participaron en la atadura del detenido Abed Mowhoush en un saco de dormir durante un interrogatorio, causando su muerte por asfixia”.
“Una gran parte de la tortura, mutilación, y asesinato de detenidos ocurrió bajo órdenes dadas siguiendo reglas secretas de enfrentamiento en el Pentágono,” escribió Scott Horton, editor colaborador de Harper's magazine. “Gran parte de esto pasó bajo el Subsecretario de Defensa para Inteligencia, Stephen Cambone, un personaje que hasta ahora ha evadido la atención en el escándalo de la tortura y que ahora sirve como vicepresidente para estrategia de QinetiQ North America, subsidiaria del contratista de la defensa basado en el Reino Unido, QinetiQ. Incluso el análisis del Comité de Servicios Armados del Senado no logra llegar al fondo del doctor Cambone, sus Reglas de Enfrentamiento (ROE) para las unidades de operaciones especiales que controlaba, y la muerte, desfiguración y tortura de los prisioneros de los que se encargaron. Es una de las numerosas razones por las cuales se necesita urgentemente una investigación exhaustiva con órdenes de comparecer. Pero la difusión completa de las investigaciones internas ya realizadas por el Departamento de Defensa es un paso próximo esencial”.
El catálogo de documentos de la ACLU [en inglés] relacionados con la tortura bajo el gobierno de Bush se encuentra pulsando aquí.
(mas...)
Anónimo
Así lo destaca el canal aleman DW-TV, en su página digital, donde un comunicado de la sala de prensa del Parlamento Europeo señala que los Estados miembros de la UE tienen responsabilidad política, moral y legal en los vuelos de la CIA y detención de las personas encarceladas en la base estadounidense de Guantánamo.
Por 334 votos a favor, 247 en contra y 87 abstenciones fue aprobada esta resolución que fue presentada por el Partido Socialista Europeo, los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea.
La resolución, basada en el informe final de la comisión temporal para esclarecer las actividades de la CIA en Europa, pide a los Gobiernos implicados, tanto a Estados Unidos como a los europeos, el esclarecimiento de las responsabilidades. A la vez aplaude la decisión del presidente Barack Obama de cerrar ese centro de detención en la isla de Cuba.
En los documentos del comité de investigación, redactados por el socialista italiano Claudio Fava, se asevera que hay 21 casos documentados de rendiciones extraordinarias –método según el cual las agencias de inteligencia de Estados Unidos enviaban a un sospechoso a ser interrogado por fuerzas de seguridad de terceros países.
Estas personas fueron transportadas a través de un país europeo o residían en uno al momento de su detención. “La práctica es ilegal”, subraya el informe del parlamento.
Por ende, se pide a los países europeos "que compensen a las víctimas inocentes de entregas extraordinarias y les garanticen el acceso a una compensación pronta y efectiva".
En cuanto a Alemania, el sonado caso del turco-alemán Murat Kurnaz se menciona en el informe. Después de su detención en Pakistán bajo sospecha de terrorismo el 3 de octubre de 2001, pasó a Afganistán y de ahí a Guantánamo. A pesar de que ya en 2002 constaba su inocencia, las autoridades alemanas no aceptaron su liberación.
En el centro de detención, en 2002 y en 2004 había sido interrogado por personal alemán –así lo subraya el informe- en dichas sesiones le fue negada toda asistencia legal.
El Parlamento Europeo "espera una clarificación de las medidas unilaterales y las omisiones por parte de las autoridades alemanas".
Con el subtítulo "Al final de un largo proceso", el portal recuerda que el 14 de febrero de 2007 presentó su informe la comisión temporal del Parlamento Europeo creada para investigar las actividades secretas de la CIA en Europa, en el contexto de la cruzada contra el terrorismo que lideraba el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
El resultado fue la confirmación que entre 2001 y 2005, "al menos 1.245 vuelos sobrevolaron espacio europeo o hicieron escala en algún aeropuerto" del viejo continente.
"Lamentable es, así el informe de 2007, que algunos países de la UE hayan cerrado los ojos o admitido” tales vuelos que en ciertas ocasiones fueron utilizados para el transporte ilegal de detenidos", indica más adelante.
Menciona también que los Gobiernos especialmente criticados por su pasividad y falta de cooperación con las investigaciones son: "Austria, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido; implicados en los vuelos de la CIA están Alemania, Suecia, España, Irlanda, Grecia, Chipre, Dinamarca, Turquía, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia, Rumania, Kosovo y Bélgica".
Por 334 votos a favor, 247 en contra y 87 abstenciones fue aprobada esta resolución que fue presentada por el Partido Socialista Europeo, los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea.
La resolución, basada en el informe final de la comisión temporal para esclarecer las actividades de la CIA en Europa, pide a los Gobiernos implicados, tanto a Estados Unidos como a los europeos, el esclarecimiento de las responsabilidades. A la vez aplaude la decisión del presidente Barack Obama de cerrar ese centro de detención en la isla de Cuba.
En los documentos del comité de investigación, redactados por el socialista italiano Claudio Fava, se asevera que hay 21 casos documentados de rendiciones extraordinarias –método según el cual las agencias de inteligencia de Estados Unidos enviaban a un sospechoso a ser interrogado por fuerzas de seguridad de terceros países.
Estas personas fueron transportadas a través de un país europeo o residían en uno al momento de su detención. “La práctica es ilegal”, subraya el informe del parlamento.
Por ende, se pide a los países europeos "que compensen a las víctimas inocentes de entregas extraordinarias y les garanticen el acceso a una compensación pronta y efectiva".
En cuanto a Alemania, el sonado caso del turco-alemán Murat Kurnaz se menciona en el informe. Después de su detención en Pakistán bajo sospecha de terrorismo el 3 de octubre de 2001, pasó a Afganistán y de ahí a Guantánamo. A pesar de que ya en 2002 constaba su inocencia, las autoridades alemanas no aceptaron su liberación.
En el centro de detención, en 2002 y en 2004 había sido interrogado por personal alemán –así lo subraya el informe- en dichas sesiones le fue negada toda asistencia legal.
El Parlamento Europeo "espera una clarificación de las medidas unilaterales y las omisiones por parte de las autoridades alemanas".
Con el subtítulo "Al final de un largo proceso", el portal recuerda que el 14 de febrero de 2007 presentó su informe la comisión temporal del Parlamento Europeo creada para investigar las actividades secretas de la CIA en Europa, en el contexto de la cruzada contra el terrorismo que lideraba el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
El resultado fue la confirmación que entre 2001 y 2005, "al menos 1.245 vuelos sobrevolaron espacio europeo o hicieron escala en algún aeropuerto" del viejo continente.
"Lamentable es, así el informe de 2007, que algunos países de la UE hayan cerrado los ojos o admitido” tales vuelos que en ciertas ocasiones fueron utilizados para el transporte ilegal de detenidos", indica más adelante.
Menciona también que los Gobiernos especialmente criticados por su pasividad y falta de cooperación con las investigaciones son: "Austria, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido; implicados en los vuelos de la CIA están Alemania, Suecia, España, Irlanda, Grecia, Chipre, Dinamarca, Turquía, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia, Rumania, Kosovo y Bélgica".
Anónimo
Pero políticos y abogados se muestran divididos al respecto. Y el presidente Barack Obama parece ambivalente.
Obama dijo que "nadie está por encima de la ley, y si hay instancias claras de faltas, esa gente debería ser juzgada como cualquier ciudadano común". "Pero, hablando en general, estoy más interesado en mirar hacia delante que en mirar hacia atrás", agregó.
Antes de su nombramiento como fiscal general de Obama, Eric Holder parecía más firme sobre la eventualidad de juicios.
"Nuestro gobierno autorizó el uso de la tortura, aprobó la vigilancia electrónica secreta contra ciudadanos estadounidenses, detuvo en secreto a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso legal, negó el hábeas corpus a cientos de acusados de combatientes enemigos y autorizó los procedimientos que violan tanto el derecho internacional como la Constitución de Estados Unidos… Le debemos una admisión al pueblo estadounidense", dijo.
Pero en su audiencia de confirmación ante el Senado, Holder atemperó sus respuestas para acercarse a la posición de Obama.
La encuestadora Gallup indicó esta semana que dos tercios de los estadounidenses encuestados están a favor de una investigación oficial sobre las faltas en la era de Bush. Del total, 38 por ciento se inclinan por una investigación penal y 25 por ciento, por una comisión independiente.
Inicialmente, el presidente se abstuvo de formular comentarios sobre una propuesta del presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, de constituir una "comisión de la verdad" similar a las creadas tras el apartheid en Sudáfrica o de dictaduras en América Latina.
Esta comisión estaría a cargo de investigar abusos a detenidos y otros mecanismos violatorios de los derechos humanos inspirados políticamente en el Departamento de Justicia durante el gobierno de Bush.
Obama dijo entonces desconocer la propuesta de Leahy, aunque no la descartó explícitamente.
Tal "comisión de la verdad" es una de varias ideas de quienes pretenden revisar el pasado, limpiar el sistema judicial y restaurar la reputación del país en el mundo.
Leahy dijo que el objetivo primordial de la comisión será conocer la verdad más que juzgar a ex funcionarios, pero señaló que la investigación debería ir mucho más allá de los delitos en el Departamento de Justicia, para incluir la inteligencia antes de la guerra de Iraq y acciones del Departamento de Defensa.
Tal comisión de la verdad, al igual que la sudafricana, tendría poder para citar testigos y acusados, pero no para determinar condenas, explicó.
Este equipo debería investigar el despido de fiscales estadounidenses que se resistían a aceptar órdenes que consideraban ilegales, maltratos y torturas a detenidos sospechosos de terrorismo y la autorización de escuchas telefónicas sin orden judicial, según Leahy.
También indicó que a los testigos se les podría conceder una inmunidad judicial limitada para facilitar su testimonio.
Otros demócratas exigieron el procesamiento penal de quienes autorizaron mecanismos cuestionados en la guerra contra el terrorismo.
Los republicanos han replicado que las decisiones adoptadas tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 -que acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington- no deberían ser cuestionados a posteriori.
Una medida posiblemente más fuerte fue propuesta por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers, y otros nueve legisladores.
El proyecto implicaría la creación de una Comisión Nacional sobre Poderes Presidenciales de Guerra y Libertades Civiles, con poder de citación a testigos y un presupuesto de unos tres millones de dólares.
Esa comisión investigaría asuntos que van desde maltratos a detenidos hasta el uso de métodos de tortura como el "waterboarding" o "submarino", pasando por las "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions") clandestinas de prisioneros a países conocidos por violar los derechos humanos.
Los miembros de este equipo procederían de fuera del gobierno y serían designados por el presidente y líderes parlamentarios de los dos partidos.
Se trataría de un organismo similar a la Comisión 9/11, creada luego para examinar el fracaso del gobierno en prever los atentados de 2001. La investigación de esa comisión no condujo al juicio de ningún funcionario.
Organizaciones de derechos humanos y abogados proponen iniciativas más contundentes.
Amnistía Internacional lanzó una campaña de presión a los legisladores para que investiguen los abusos del gobierno de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo y lleven a juicio a los responsables.
La organización pide al Obama y al Congreso que creen una comisión independiente e imparcial para examinar el uso de las torturas, las detenciones indefinidas, las entregas extraordinarias y otras políticas antiterroristas ilegales.
Sin embargo, Amnistía no ve contradicciones entre un organismo como la Comisión 9-11 y otro "de verdad y reconciliación".
"No creo que los dos enfoques sean excluyentes. Ambos pueden avanzar al mismo tiempo. Las inmunidades no deben ser absolutas", dijo a IPS Tom Parker, de Amnistía.
Marjorie Cohn, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, rechaza la creación de una "comisión de la verdad".
"Como dijo el presidente Obama, 'nadie está por encima de la ley'. El fiscal general debería designar a un juez especial que investigue y enjuicie a funcionarios del gobierno de Bush y a abogados que establecieron la política que propició crímenes de guerra", dijo Cohn a IPS.
"Las comisiones de verdad y reconciliación son usadas por democracias nacientes o en transición. Dar inmunidad a testigos asegura que los responsables de torturas y abusos y que los espías ilegales nunca sean llevados a la justicia", agregó.
"Las inmunidades podrían comprometer un juicio penal, como demuestra la experiencia del caso Irán-Contras", dijo a IPS Peter M. Shane, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio. "Las democracias dependen de una impasible comprensión del pasado."
Una "comisión de la verdad" para investigar a poderosos funcionarios constituiría una "liviandad judicial" frente al riguroso enjuiciamiento de "acusados por narcotráfico y delitos no violentos arrojados promiscuamente en superpobladas prisiones", dijo a IPS Brian J. Foley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston.
El constitucionalista David Cole, de la Universidad de Georgetown, cree que el gobierno de Obama o el Congreso "deberían, como mínimo, designar una comisión independiente, bipartidaria y selecta, para investigar y determinar responsabilidades por la adopción de políticas coactivas de interrogatorios de Estados Unidos".
Esta divergencia de puntos de vista coloca a Obama en una posición incómoda.
Obama dijo que "nadie está por encima de la ley, y si hay instancias claras de faltas, esa gente debería ser juzgada como cualquier ciudadano común". "Pero, hablando en general, estoy más interesado en mirar hacia delante que en mirar hacia atrás", agregó.
Antes de su nombramiento como fiscal general de Obama, Eric Holder parecía más firme sobre la eventualidad de juicios.
"Nuestro gobierno autorizó el uso de la tortura, aprobó la vigilancia electrónica secreta contra ciudadanos estadounidenses, detuvo en secreto a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso legal, negó el hábeas corpus a cientos de acusados de combatientes enemigos y autorizó los procedimientos que violan tanto el derecho internacional como la Constitución de Estados Unidos… Le debemos una admisión al pueblo estadounidense", dijo.
Pero en su audiencia de confirmación ante el Senado, Holder atemperó sus respuestas para acercarse a la posición de Obama.
La encuestadora Gallup indicó esta semana que dos tercios de los estadounidenses encuestados están a favor de una investigación oficial sobre las faltas en la era de Bush. Del total, 38 por ciento se inclinan por una investigación penal y 25 por ciento, por una comisión independiente.
Inicialmente, el presidente se abstuvo de formular comentarios sobre una propuesta del presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, de constituir una "comisión de la verdad" similar a las creadas tras el apartheid en Sudáfrica o de dictaduras en América Latina.
Esta comisión estaría a cargo de investigar abusos a detenidos y otros mecanismos violatorios de los derechos humanos inspirados políticamente en el Departamento de Justicia durante el gobierno de Bush.
Obama dijo entonces desconocer la propuesta de Leahy, aunque no la descartó explícitamente.
Tal "comisión de la verdad" es una de varias ideas de quienes pretenden revisar el pasado, limpiar el sistema judicial y restaurar la reputación del país en el mundo.
Leahy dijo que el objetivo primordial de la comisión será conocer la verdad más que juzgar a ex funcionarios, pero señaló que la investigación debería ir mucho más allá de los delitos en el Departamento de Justicia, para incluir la inteligencia antes de la guerra de Iraq y acciones del Departamento de Defensa.
Tal comisión de la verdad, al igual que la sudafricana, tendría poder para citar testigos y acusados, pero no para determinar condenas, explicó.
Este equipo debería investigar el despido de fiscales estadounidenses que se resistían a aceptar órdenes que consideraban ilegales, maltratos y torturas a detenidos sospechosos de terrorismo y la autorización de escuchas telefónicas sin orden judicial, según Leahy.
También indicó que a los testigos se les podría conceder una inmunidad judicial limitada para facilitar su testimonio.
Otros demócratas exigieron el procesamiento penal de quienes autorizaron mecanismos cuestionados en la guerra contra el terrorismo.
Los republicanos han replicado que las decisiones adoptadas tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 -que acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington- no deberían ser cuestionados a posteriori.
Una medida posiblemente más fuerte fue propuesta por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers, y otros nueve legisladores.
El proyecto implicaría la creación de una Comisión Nacional sobre Poderes Presidenciales de Guerra y Libertades Civiles, con poder de citación a testigos y un presupuesto de unos tres millones de dólares.
Esa comisión investigaría asuntos que van desde maltratos a detenidos hasta el uso de métodos de tortura como el "waterboarding" o "submarino", pasando por las "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions") clandestinas de prisioneros a países conocidos por violar los derechos humanos.
Los miembros de este equipo procederían de fuera del gobierno y serían designados por el presidente y líderes parlamentarios de los dos partidos.
Se trataría de un organismo similar a la Comisión 9/11, creada luego para examinar el fracaso del gobierno en prever los atentados de 2001. La investigación de esa comisión no condujo al juicio de ningún funcionario.
Organizaciones de derechos humanos y abogados proponen iniciativas más contundentes.
Amnistía Internacional lanzó una campaña de presión a los legisladores para que investiguen los abusos del gobierno de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo y lleven a juicio a los responsables.
La organización pide al Obama y al Congreso que creen una comisión independiente e imparcial para examinar el uso de las torturas, las detenciones indefinidas, las entregas extraordinarias y otras políticas antiterroristas ilegales.
Sin embargo, Amnistía no ve contradicciones entre un organismo como la Comisión 9-11 y otro "de verdad y reconciliación".
"No creo que los dos enfoques sean excluyentes. Ambos pueden avanzar al mismo tiempo. Las inmunidades no deben ser absolutas", dijo a IPS Tom Parker, de Amnistía.
Marjorie Cohn, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, rechaza la creación de una "comisión de la verdad".
"Como dijo el presidente Obama, 'nadie está por encima de la ley'. El fiscal general debería designar a un juez especial que investigue y enjuicie a funcionarios del gobierno de Bush y a abogados que establecieron la política que propició crímenes de guerra", dijo Cohn a IPS.
"Las comisiones de verdad y reconciliación son usadas por democracias nacientes o en transición. Dar inmunidad a testigos asegura que los responsables de torturas y abusos y que los espías ilegales nunca sean llevados a la justicia", agregó.
"Las inmunidades podrían comprometer un juicio penal, como demuestra la experiencia del caso Irán-Contras", dijo a IPS Peter M. Shane, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio. "Las democracias dependen de una impasible comprensión del pasado."
Una "comisión de la verdad" para investigar a poderosos funcionarios constituiría una "liviandad judicial" frente al riguroso enjuiciamiento de "acusados por narcotráfico y delitos no violentos arrojados promiscuamente en superpobladas prisiones", dijo a IPS Brian J. Foley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston.
El constitucionalista David Cole, de la Universidad de Georgetown, cree que el gobierno de Obama o el Congreso "deberían, como mínimo, designar una comisión independiente, bipartidaria y selecta, para investigar y determinar responsabilidades por la adopción de políticas coactivas de interrogatorios de Estados Unidos".
Esta divergencia de puntos de vista coloca a Obama en una posición incómoda.
Anónimo
Una agrupación de organizaciones y personas presentará el próximo mes una querella contra el ex presidente José María Aznar como responsable de la entrada de España en la guerra de Irak, informaron los promotores de la demanda.
La denominada Plataforma "Juicio a Aznar" informó que ya tiene lista la argumentación de la denuncia para ser entregada a la justicia, el próximo 27 de marzo, en ocasión del séptimo aniversario del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos contra Irak.
La acusación contra Aznar se concentra en los delitos de crímenes de guerra y la violación del artículo 63 de la Constitución Española, en el que se establece que corresponde al Rey, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
También denuncia al ex gobernante por el hecho de que la participación de España en la invasión de Irak está vinculada de manera directa con los atentados registrados en Madrid el 11 de marzo de 2004 con saldo de 191 muertos y más de mil 500 heridos.
La querella incluye acusaciones contra otros ministros del gobierno de Aznar, entre ellos Federico Trillo (Defensa) y Ana Palacio (Asuntos Exteriores).
La plataforma cuenta ya con más de 22 mil adhesiones en su empeño por colocar a Aznar ante la justicia, entre ellas las del lingüista y politólogo norteamericano Noam Chomsky, el ex dirigente comunista español Julio Anguita y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
También el secretario general y el presidente ejecutivo del Partido Comunista de España, Francisco Frutos y Felipe Alcaraz, respectivamente, así como otros políticos de la izquierda, juristas, periodistas, escritores y miembros de diversas organizaciones.
La denominada Plataforma "Juicio a Aznar" informó que ya tiene lista la argumentación de la denuncia para ser entregada a la justicia, el próximo 27 de marzo, en ocasión del séptimo aniversario del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos contra Irak.
La acusación contra Aznar se concentra en los delitos de crímenes de guerra y la violación del artículo 63 de la Constitución Española, en el que se establece que corresponde al Rey, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
También denuncia al ex gobernante por el hecho de que la participación de España en la invasión de Irak está vinculada de manera directa con los atentados registrados en Madrid el 11 de marzo de 2004 con saldo de 191 muertos y más de mil 500 heridos.
La querella incluye acusaciones contra otros ministros del gobierno de Aznar, entre ellos Federico Trillo (Defensa) y Ana Palacio (Asuntos Exteriores).
La plataforma cuenta ya con más de 22 mil adhesiones en su empeño por colocar a Aznar ante la justicia, entre ellas las del lingüista y politólogo norteamericano Noam Chomsky, el ex dirigente comunista español Julio Anguita y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
También el secretario general y el presidente ejecutivo del Partido Comunista de España, Francisco Frutos y Felipe Alcaraz, respectivamente, así como otros políticos de la izquierda, juristas, periodistas, escritores y miembros de diversas organizaciones.
Anónimo
A menos de un mes de firmar un decreto para cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo en Cuba, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, negó el derecho a juicio de cientos de islamitas prisioneros por sospecha de terrorismo detenidos en Afganistán, denunciaron hoy organizaciones de abogados pro derechos humanos.
En dos sentencias emitidas el viernes, el Departamento de Justicia aseguró que "el gobierno se adhiere a su posición previamente estipulada" de negar derechos de habeas corpus a los detenidos de la base aérea de Bagram, respaldando una decisión similar adoptada por el pasado gobierno republicano de George W. Bush.
Cuatro detenidos en la prisión de Bagram, donde Estados Unidos mantiene a unos 600 internos, obtuvieron una audiencia en una Corte Distrital de Washington el mes pasado, en la que intentaron conseguir los mismos derechos otorgados a los prisioneros de la prisión de Guantánamo.
Pero, los abogados del gobierno de Bush argumentaron que Bagram no puede compararse con Guantánamo porque la primera está localizada "en el campo de batalla", mientras que la última está en Cuba, y que los detenidos de la prisión afgana serían una amenaza en caso de ser liberados.
Grupos de derechos humanos expresaron su creciente preocupación de que la utilización de métodos extrajudiciales en Bagram se extienda en lugar de disminuir. Algunos ex prisioneros denunciaron que fueron torturados, informó The Independent.
Por otro lado, las condiciones de reclusión en Guantánamo respetan las normas establecidas por la Convención de Ginebra, señala un informe del Pentágono elaborado a petición de Obama.
Según el texto, la revisión realizada por el almirante Patrick Walsh halló que los musulmanes detenidos son tratados en forma humanitaria, de acuerdo con las convenciones de Ginebra y otras leyes reconocidas por Estados Unidos, informó un funcionario que pidió el anonimato.
Sin embargo, grupos de derechos humanos recordaron que Obama aseguró cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos que la prisión de Guantánamo viola las leyes domésticas e internacionales, además de que se lamentaron de que la revisión de la prisión no fuera realizada por una institución independiente.
A todo esto, funcionarios iraquíes reabrieron formalmente este sábado la tristemente célebre cárcel de Abu Ghraib, que en 2004 se convirtió en sinónimo de abusos, vejaciones y torturas bajo la ocupación de Estados Unidos, y la bautizaron como Prisión Central de Bagdad.
En dos sentencias emitidas el viernes, el Departamento de Justicia aseguró que "el gobierno se adhiere a su posición previamente estipulada" de negar derechos de habeas corpus a los detenidos de la base aérea de Bagram, respaldando una decisión similar adoptada por el pasado gobierno republicano de George W. Bush.
Cuatro detenidos en la prisión de Bagram, donde Estados Unidos mantiene a unos 600 internos, obtuvieron una audiencia en una Corte Distrital de Washington el mes pasado, en la que intentaron conseguir los mismos derechos otorgados a los prisioneros de la prisión de Guantánamo.
Pero, los abogados del gobierno de Bush argumentaron que Bagram no puede compararse con Guantánamo porque la primera está localizada "en el campo de batalla", mientras que la última está en Cuba, y que los detenidos de la prisión afgana serían una amenaza en caso de ser liberados.
Grupos de derechos humanos expresaron su creciente preocupación de que la utilización de métodos extrajudiciales en Bagram se extienda en lugar de disminuir. Algunos ex prisioneros denunciaron que fueron torturados, informó The Independent.
Por otro lado, las condiciones de reclusión en Guantánamo respetan las normas establecidas por la Convención de Ginebra, señala un informe del Pentágono elaborado a petición de Obama.
Según el texto, la revisión realizada por el almirante Patrick Walsh halló que los musulmanes detenidos son tratados en forma humanitaria, de acuerdo con las convenciones de Ginebra y otras leyes reconocidas por Estados Unidos, informó un funcionario que pidió el anonimato.
Sin embargo, grupos de derechos humanos recordaron que Obama aseguró cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos que la prisión de Guantánamo viola las leyes domésticas e internacionales, además de que se lamentaron de que la revisión de la prisión no fuera realizada por una institución independiente.
A todo esto, funcionarios iraquíes reabrieron formalmente este sábado la tristemente célebre cárcel de Abu Ghraib, que en 2004 se convirtió en sinónimo de abusos, vejaciones y torturas bajo la ocupación de Estados Unidos, y la bautizaron como Prisión Central de Bagdad.
Anónimo
Binyam Mohamed, un etíope de 30 años con residencia en el Reino Unido, volvió ayer a suelo británico tras más de cuatro años preso en Guantánamo.
Las autoridades estadounidenses retiraron en octubre los cargos presentados contra él, relacionados con la ayuda a los talibanes en la guerra de Afganistán y con la supuesta preparación de un atentado contra EE.UU.
En un comunicado, Mohamed denunció ayer haber sido torturado.
A su llegada a la base aérea de la Fuerza Aérea en Northolt, cerca de Londres, Mohamed fue retenido durante cuatro horas para ser sometido a un interrogatorio, y luego fue puesto en libertad.
Es probable que tenga que comparecer regularmente en una comisaría hasta que las autoridades decidan sobre su situación de residente.
El Gobierno no precisó más detalles, y el primer ministro, Gordon Brown, advirtió que hará todo lo que esté en su poder para proteger la seguridad de los ciudadanos, por lo que el Ministerio del Interior «tomará cualquier decisión que sea necesaria».
Extradiciones denegadas
De todos modos, ninguno de los otros catorce presos de Guantánamo que eran nacionales británicos o tenían residencia en el Reino Unido tuvo luego que ingresar en prisión a su regreso, a excepción de dos residentes liberados en 2007 y cuya extradición a España había solicitado el juez Baltasar Garzón por supuesto contacto con la célula española de Al Qaida desarticulada en noviembre de 2001. La extradición fue denegada.
A su regreso, algunos de los detenidos iniciaron procesos judiciales contra el Gobierno de EE.UU. y los servicios secretos británicos.
A ninguno se le ha vinculado con actividades terroristas posteriores.
Binyam Mohamed ha denunciado que fue torturado en cautiverio.
Detenido en 2002 en Pakistán, fue trasladado a Afganistán y Marruecos para interrogatorios, en los que fue utilizada información facilitada por agentes de inteligencia británicos.
Esta denuncia apunta a la colaboración británica en el sistema de «rendición» estadounidense, más allá de permitir el uso de bases aéreas para vuelos en el transporte de presos.
El ministro de Exteriores, David Miliband, declinó pronunciarse sobre esos extremos, y de momento se limitó a felicitarse por la liberación de Binyam Mohamed, el presidente Barack Obama comienza a materializar su anunciado deseo de cerrar el centro de detención de Guantánamo.
Mohamed, que en los últimos meses de su estancia en la base de Cuba llevó a cabo una huelga de hambre, nació en 1978 en Etiopía.
En 1994 llegó al Reino Unido y solicitó asilo político alegando que su familia estaba en la oposición al Gobierno etíope.
La solicitud fue rechazada, pero en 2000 se le concedió permiso para permanecer en el país cuatro años.
Con residencia en Londres, en 2001 se convirtió al islam, y entonces viajó a Pakistán y Afganistán.
Fue detenido en la zona en 2002 acusado de haber luchado en la línea del frente junto con los talibanes contra las fuerzas aliadas.
Las autoridades estadounidenses retiraron en octubre los cargos presentados contra él, relacionados con la ayuda a los talibanes en la guerra de Afganistán y con la supuesta preparación de un atentado contra EE.UU.
En un comunicado, Mohamed denunció ayer haber sido torturado.
A su llegada a la base aérea de la Fuerza Aérea en Northolt, cerca de Londres, Mohamed fue retenido durante cuatro horas para ser sometido a un interrogatorio, y luego fue puesto en libertad.
Es probable que tenga que comparecer regularmente en una comisaría hasta que las autoridades decidan sobre su situación de residente.
El Gobierno no precisó más detalles, y el primer ministro, Gordon Brown, advirtió que hará todo lo que esté en su poder para proteger la seguridad de los ciudadanos, por lo que el Ministerio del Interior «tomará cualquier decisión que sea necesaria».
Extradiciones denegadas
De todos modos, ninguno de los otros catorce presos de Guantánamo que eran nacionales británicos o tenían residencia en el Reino Unido tuvo luego que ingresar en prisión a su regreso, a excepción de dos residentes liberados en 2007 y cuya extradición a España había solicitado el juez Baltasar Garzón por supuesto contacto con la célula española de Al Qaida desarticulada en noviembre de 2001. La extradición fue denegada.
A su regreso, algunos de los detenidos iniciaron procesos judiciales contra el Gobierno de EE.UU. y los servicios secretos británicos.
A ninguno se le ha vinculado con actividades terroristas posteriores.
Binyam Mohamed ha denunciado que fue torturado en cautiverio.
Detenido en 2002 en Pakistán, fue trasladado a Afganistán y Marruecos para interrogatorios, en los que fue utilizada información facilitada por agentes de inteligencia británicos.
Esta denuncia apunta a la colaboración británica en el sistema de «rendición» estadounidense, más allá de permitir el uso de bases aéreas para vuelos en el transporte de presos.
El ministro de Exteriores, David Miliband, declinó pronunciarse sobre esos extremos, y de momento se limitó a felicitarse por la liberación de Binyam Mohamed, el presidente Barack Obama comienza a materializar su anunciado deseo de cerrar el centro de detención de Guantánamo.
Mohamed, que en los últimos meses de su estancia en la base de Cuba llevó a cabo una huelga de hambre, nació en 1978 en Etiopía.
En 1994 llegó al Reino Unido y solicitó asilo político alegando que su familia estaba en la oposición al Gobierno etíope.
La solicitud fue rechazada, pero en 2000 se le concedió permiso para permanecer en el país cuatro años.
Con residencia en Londres, en 2001 se convirtió al islam, y entonces viajó a Pakistán y Afganistán.
Fue detenido en la zona en 2002 acusado de haber luchado en la línea del frente junto con los talibanes contra las fuerzas aliadas.
Anónimo
Mohamed, etíope con residencia en el Reino Unido, fue detenido en Pakistán como sospechoso de terrorismo en 2002 y fue torturado en Marruecos, Pakistán y Afganistán con el conocimiento del propio Gobierno británico, según denunció.
Binyam Mohamed es el primer preso que sale de la cárcel de Guantánamo luego que el pasado viernes, el Gobierno británico y el norteamericano acordasen su traslado de la prisión de la base militar desde que Barack Obama asumió la Presidencia de Estados Unidos.
Binyam Mohamed, de 31 años, aterrizó en un avión privado en la base de la Royal Air Force de Northolt, en Londres, a primera hora de la tarde, acompañado por agentes de la Policía Metropolitana y un médico que comprobó su estado de salud ante las consecuencias de la huelga de hambre de un mes a la que se sometió para protestar por su situación.
En un comunicado difundido por su abogados, el joven adelantó su interés en que "se sepa la verdad" de lo ocurrido, mientras que, en declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, dijo estar "encantado" por la noticia, pese a las importantes críticas que le ha generado la supuesta petición que elevó al tribunal londinense que evaluó el caso para que mantuviese en secreto las torturas y evitar de esta manera poner en riesgo la seguridad nacional.
Se prevé que la presencia de Mohamed en suelo británico intensifique la polémica por las supuestas coacciones de Washington para que Londres silenciase el maltrato si quería mantener el intercambio en materia de Inteligencia.
El ahora ex prisionero de Guantánamo insistió en su comunicado que el Ejecutivo norteamericano lo torturó en episodios en los que también tomó parte la Inteligencia británica.
Según explicó, el peor momento fue, precisamente, cuando descubrió que los torturadores habían recibido material de Londres y, si bien dijo "no estar buscando venganza", subrayó su interés en que "se conozca la verdad y nadie en el futuro tenga que pasar por lo mismo".
Los acontecimientos
Según se conoce, el joven fue interrogado por un agente del MI5 sin identificar y, posteriormente, trasladado a Marruecos de forma clandestina por la CIA, que lo llevó luego hasta Afganistán, de donde partió a Guantánamo en septiembre de 2004, su prisión desde entonces, pese a que los cargos le fueron retirados por la Administración de Estados Unidos, al igual que la mayoría de los 200 reclusos de la prisión militar, de los que sólo dos son británicos.
No obstante, los abogados de Mohamed han tenido acceso a 42 informes de Inteligencia para un juicio militar confidencial en Estados Unidos, si bien han tenido que firmar un compromiso de que no revelarían los contenidos.
Por el momento se ignora si podrá permanecer en Reino Unido, si bien el responsable de la revisión independiente de la normativa terrorista británica, lord Carlile, ya ha avanzado que se le dará "toda oportunidad, sujeta a la ley, de reintegrarse de nuevo en la sociedad".
Binyam Mohamed es el primer preso que sale de la cárcel de Guantánamo luego que el pasado viernes, el Gobierno británico y el norteamericano acordasen su traslado de la prisión de la base militar desde que Barack Obama asumió la Presidencia de Estados Unidos.
Binyam Mohamed, de 31 años, aterrizó en un avión privado en la base de la Royal Air Force de Northolt, en Londres, a primera hora de la tarde, acompañado por agentes de la Policía Metropolitana y un médico que comprobó su estado de salud ante las consecuencias de la huelga de hambre de un mes a la que se sometió para protestar por su situación.
En un comunicado difundido por su abogados, el joven adelantó su interés en que "se sepa la verdad" de lo ocurrido, mientras que, en declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, dijo estar "encantado" por la noticia, pese a las importantes críticas que le ha generado la supuesta petición que elevó al tribunal londinense que evaluó el caso para que mantuviese en secreto las torturas y evitar de esta manera poner en riesgo la seguridad nacional.
Se prevé que la presencia de Mohamed en suelo británico intensifique la polémica por las supuestas coacciones de Washington para que Londres silenciase el maltrato si quería mantener el intercambio en materia de Inteligencia.
El ahora ex prisionero de Guantánamo insistió en su comunicado que el Ejecutivo norteamericano lo torturó en episodios en los que también tomó parte la Inteligencia británica.
Según explicó, el peor momento fue, precisamente, cuando descubrió que los torturadores habían recibido material de Londres y, si bien dijo "no estar buscando venganza", subrayó su interés en que "se conozca la verdad y nadie en el futuro tenga que pasar por lo mismo".
Los acontecimientos
Según se conoce, el joven fue interrogado por un agente del MI5 sin identificar y, posteriormente, trasladado a Marruecos de forma clandestina por la CIA, que lo llevó luego hasta Afganistán, de donde partió a Guantánamo en septiembre de 2004, su prisión desde entonces, pese a que los cargos le fueron retirados por la Administración de Estados Unidos, al igual que la mayoría de los 200 reclusos de la prisión militar, de los que sólo dos son británicos.
No obstante, los abogados de Mohamed han tenido acceso a 42 informes de Inteligencia para un juicio militar confidencial en Estados Unidos, si bien han tenido que firmar un compromiso de que no revelarían los contenidos.
Por el momento se ignora si podrá permanecer en Reino Unido, si bien el responsable de la revisión independiente de la normativa terrorista británica, lord Carlile, ya ha avanzado que se le dará "toda oportunidad, sujeta a la ley, de reintegrarse de nuevo en la sociedad".
Anónimo
Moratinos hizo sus comentarios tras su primera reunión con la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, en Washington.
"Me ha solicitado la ayuda en la solución de este drama, de esta tragedia inaceptable que son los presos de Guantánamo", declaró el canciller español a la prensa.
Agregó que "le he respondido que España está en principio abierta a colaborar en la acogida de algunos presos, siempre y cuando las condiciones jurídicas sean aceptables".
Moratinos explicó que España tomaría en consideración cada caso sobre una base individual.
Situación de riesgo
El presidente de EE.UU., Barack Obama, ordenó el mes pasado el cierre de la prisión dentro del plazo de un año, dando así el primer paso para cumplir una de sus principales promesas de campaña.
Paralelamente también pidió a varios países que reciban detenidos que no va a procesar y que no pueden ser enviados a sus países de origen porque podrían se maltratados.
EE.UU. mantiene alrededor de 250 prisioneros en Guantánamo y ha liberado o transferido a otros gobiernos cerca de 520 hombres previamente retenidos en la cárcel.
Según Mark Mardell, editor de asuntos europeos de la BBC, Alemania, Suecia, Irlanda y Finlandia parecen también estar dispuestos a aceptar la propuesta.
Agregó que, sin embargo, otros países como Holanda, consideran que el problema concierne únicamente a EE.UU.
Washington informó que existen entre 50 y 60 prisioneros considerados como "casos delicados", porque no han podido ser repatriados a sus respectivos países.
Prisioneros originarios de China, Libia, Argelia y Uzbekistán son algunos de los que se encuentran en situación de riesgo.
"Me ha solicitado la ayuda en la solución de este drama, de esta tragedia inaceptable que son los presos de Guantánamo", declaró el canciller español a la prensa.
Agregó que "le he respondido que España está en principio abierta a colaborar en la acogida de algunos presos, siempre y cuando las condiciones jurídicas sean aceptables".
Moratinos explicó que España tomaría en consideración cada caso sobre una base individual.
Situación de riesgo
El presidente de EE.UU., Barack Obama, ordenó el mes pasado el cierre de la prisión dentro del plazo de un año, dando así el primer paso para cumplir una de sus principales promesas de campaña.
Paralelamente también pidió a varios países que reciban detenidos que no va a procesar y que no pueden ser enviados a sus países de origen porque podrían se maltratados.
EE.UU. mantiene alrededor de 250 prisioneros en Guantánamo y ha liberado o transferido a otros gobiernos cerca de 520 hombres previamente retenidos en la cárcel.
Según Mark Mardell, editor de asuntos europeos de la BBC, Alemania, Suecia, Irlanda y Finlandia parecen también estar dispuestos a aceptar la propuesta.
Agregó que, sin embargo, otros países como Holanda, consideran que el problema concierne únicamente a EE.UU.
Washington informó que existen entre 50 y 60 prisioneros considerados como "casos delicados", porque no han podido ser repatriados a sus respectivos países.
Prisioneros originarios de China, Libia, Argelia y Uzbekistán son algunos de los que se encuentran en situación de riesgo.
Anónimo
Un tribunal había ordenado al Ejecutivo revelar el contenido de las actas de dos reuniones de los ministros que tuvieron lugar a comienzos de 2003.
Por lo general estos documentos permanecerían en secreto durante 30 años, pero el tribunal consideró que la decisión de ir a la guerra fue tan trascendental que se podría hacer una excepción.
No obstante, el secretario de Justicia, Jack Straw, dijo que vetaría la publicación de las actas amparándose en una cláusula de la Ley de Libertad de Información.
El gobierno hubiera podido apelar la orden del tribunal de Información, pero optó por el veto ministerial por primera vez desde que se instituyó la ley.
Straw dijo que no había tomado la decisión a la "ligera", pero la publicación de las actas causaría "daños serios" al gobierno que involucran el interés público.
"Hay que lograr un equilibrio entre la apertura y el mantenimiento de ciertos aspectos de nuestra estructura de gobierno democrático", alegó Straw.
"Vergüenza"
El ministro añadió que era necesario proteger la confidencialidad de las discusiones ministeriales.
La corresponsal de asuntos parlamentarios de la BBC, Naomi Grimley, dice que las declaraciones del ministro de Justicia fueron recibidas en la Cámara de los Comunes por algunos políticos lanzando gritos de "vergüenza" y "escandaloso".
El opositor Partido Conservador, sin embargo, consideró la decisión del gobierno "acertada" ya que la publicación de las actas impediría que en el futuro los ministros discutieran temas polémicos con amplitud.
Pero el representante de los conservadores para todos los temas relacionados con la Justicia, Dominic Grieve, dijo que la manera en que el gobierno manejó el asunto delataba su falta de respeto por la Ley de Libertad de Información que los mismos laboristas promulgaron.
También repitió su pedido para que se abra una exhaustiva investigación pública sobre la guerra en Irak, señalando que era una necesidad abrumadora.
Por otra parte, el portavoz en temas de Justicia de los Liberal Demócratas, David Howarth, comentó que la decisión "tiene más que ver con evitar pasar por una situación embarazosa que por proteger el sistema de gobierno".
Howarth agregó que era de interés público saber que el gabinete, como ente que toma decisiones, se había "disuelto" en la víspera de la guerra y había sido reemplazado por un puñado de individuos clave alrededor del entonces primer ministro Tony Blair.
Por lo general estos documentos permanecerían en secreto durante 30 años, pero el tribunal consideró que la decisión de ir a la guerra fue tan trascendental que se podría hacer una excepción.
No obstante, el secretario de Justicia, Jack Straw, dijo que vetaría la publicación de las actas amparándose en una cláusula de la Ley de Libertad de Información.
El gobierno hubiera podido apelar la orden del tribunal de Información, pero optó por el veto ministerial por primera vez desde que se instituyó la ley.
Straw dijo que no había tomado la decisión a la "ligera", pero la publicación de las actas causaría "daños serios" al gobierno que involucran el interés público.
"Hay que lograr un equilibrio entre la apertura y el mantenimiento de ciertos aspectos de nuestra estructura de gobierno democrático", alegó Straw.
"Vergüenza"
El ministro añadió que era necesario proteger la confidencialidad de las discusiones ministeriales.
La corresponsal de asuntos parlamentarios de la BBC, Naomi Grimley, dice que las declaraciones del ministro de Justicia fueron recibidas en la Cámara de los Comunes por algunos políticos lanzando gritos de "vergüenza" y "escandaloso".
El opositor Partido Conservador, sin embargo, consideró la decisión del gobierno "acertada" ya que la publicación de las actas impediría que en el futuro los ministros discutieran temas polémicos con amplitud.
Pero el representante de los conservadores para todos los temas relacionados con la Justicia, Dominic Grieve, dijo que la manera en que el gobierno manejó el asunto delataba su falta de respeto por la Ley de Libertad de Información que los mismos laboristas promulgaron.
También repitió su pedido para que se abra una exhaustiva investigación pública sobre la guerra en Irak, señalando que era una necesidad abrumadora.
Por otra parte, el portavoz en temas de Justicia de los Liberal Demócratas, David Howarth, comentó que la decisión "tiene más que ver con evitar pasar por una situación embarazosa que por proteger el sistema de gobierno".
Howarth agregó que era de interés público saber que el gabinete, como ente que toma decisiones, se había "disuelto" en la víspera de la guerra y había sido reemplazado por un puñado de individuos clave alrededor del entonces primer ministro Tony Blair.
Anónimo
Los primeros reportes informaron que cuatro soldados de Estados Unidos y su intérprete habían sido asesinados, pero el ejército estadunidense señaló que los cuatro militares fueron heridos, no muertos.
Horas después, el mando invasor notificó a los medios que uno de los uniformados lesionados perdió la vida a causa de las heridas durante el tiroteo.
Los nombres de las víctimas no se dieron a conocer y se inició una búsqueda de los agresores.
Por otro lado, se informó que Corea del Norte apoyará a Irak en la reconstrucción del país, a cambio de que Seúl extraiga hasta 2 mil millones de barriles de petróleo, según un acuerdo firmado por ambas partes.
Horas después, el mando invasor notificó a los medios que uno de los uniformados lesionados perdió la vida a causa de las heridas durante el tiroteo.
Los nombres de las víctimas no se dieron a conocer y se inició una búsqueda de los agresores.
Por otro lado, se informó que Corea del Norte apoyará a Irak en la reconstrucción del país, a cambio de que Seúl extraiga hasta 2 mil millones de barriles de petróleo, según un acuerdo firmado por ambas partes.
Anónimo
El titular de Justicia, Jack Straw, anunció en el Parlamento una resolución para la que empleó los mismos argumentos de "interés público", en el sentido de que no provocaría "ningún beneficio", y que ha supuesto la utilización por primera vez del veto al que el Ejecutivo tiene derecho según la Ley de Libertad de Información, promulgada en 2005.
La inédita decisión provocará un severo debate en Reino Unido, puesto que el Gobierno no ha intentado siquiera la vía de la apelación al Alto Tribunal (equivalente al Supremo español) para poner fin a una prolongada batalla legal promovida por los grupos que reclaman su derecho a conocer las conversaciones del Ejecutivo que encabezaba Tony Blair cuando apostó por sumarse a la operación liderada por Estados Unidos contra el régimen de Sadam Hussein.
Según explicó Straw en la Cámara de los Comunes, revelar los contenidos de las reuniones celebradas el 13 y el 17 de marzo, en las que se discutió si la invasión contaba con la autorización de la normativa internacional, supondría "potenciales daños serios" para el Gobierno y no generaría "ningún beneficio para el interés público".
La inédita decisión provocará un severo debate en Reino Unido, puesto que el Gobierno no ha intentado siquiera la vía de la apelación al Alto Tribunal (equivalente al Supremo español) para poner fin a una prolongada batalla legal promovida por los grupos que reclaman su derecho a conocer las conversaciones del Ejecutivo que encabezaba Tony Blair cuando apostó por sumarse a la operación liderada por Estados Unidos contra el régimen de Sadam Hussein.
Según explicó Straw en la Cámara de los Comunes, revelar los contenidos de las reuniones celebradas el 13 y el 17 de marzo, en las que se discutió si la invasión contaba con la autorización de la normativa internacional, supondría "potenciales daños serios" para el Gobierno y no generaría "ningún beneficio para el interés público".
Anónimo
El ministro de Defensa británico, John Hutton, comunicó al Parlamento que se trató de un caso específico, el de dos ciudadanos de origen paquistaní que fueron capturados en Irak y entregados en 2004 a las fuerzas estadounidenses que luego los trasladaron a Afganistán, donde aún permanecen
"Lamento que información inexacta sobre este tema en particular haya sido entregada a los legisladores por parte de mi ministerio, pero quiero destacar que esa información estaba basada en los datos que tenían en ese momento los ministros y aquellos que les informaban a ellos", dijo Hutton.
Rob Watson, analista de la BBC en temas de Defensa, indicó que el gobierno británico siempre había negado tomar parte de esta controvertida práctica que consiste en trasladar detenidos entre distintos países sin seguir los procedimientos legales conocidos, pero agregó que el ministro sugirió que Londres no sabía en ese momento que los sospechosos iban a ser enviados a territorio afgano.
A pesar de estas aclaraciones de Hutton -dice Watson- el tema no será olvidado tan fácilmente por algunos legisladores como el conservador Andrew Tyrie.
"La cuestión principal es que si no cerramos este tema del rendition, si no sabemos cuál fue la complicidad del gobierno británico con este programa estadounidense, y si no podemos lograr que los estadounidenses terminen con esta práctica, vamos a corroer la confianza en esos valores que nosotros tratamos de exportar".
"Referencias breves"
El ministro dijo que, contradiciendo comunicados anteriores, él sabe ahora que funcionarios británicos conocían en su momento que estos hombres habían sido entregados en custodia a fuerzas de EE.UU. sin tomar ninguna acción al respecto.
Hutton indicó que "referencias breves" sobre el caso habían sido enviadas a los entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jack Straw, y ministro del Interior, Charles Clarke, en abril de 2006, pero que la importancia del tema no había sido destacada en estos informes.
Aunque para los conservadores se trató de un "caso específico más que de una política general", el principal partido de la oposición destacó que los ministros se equivocaron al no valorar la importancia de lo ocurrido.
"Es una preocupación muy seria que exista un cargo subyacente de complicidad con el abuso serio de personas detenidas por fuerzas británicas en operaciones en el exterior", opinó el vocero en temas de seguridad del Partido Conservador, Crispin Blunt.
La información sobre el caso de estos dos ciudadanos paquistaníes, que pertenecerían al grupo clandestino Lashkar e Tayyiba, fue descubierta mientras se revisaban casos de detenidos por fuerzas británicas en Irak y Afganistán desde 2003, señaló Hutton.
El ministro agregó que ambos detenidos están clasificados como "combatientes enemigos ilegales" y que no existe "evidencia sustancial" que indique que hayan sido maltratados o sujetos a abusos.
El año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, admitió por primera vez que vuelos secretos estadounidenses habían aterrizado en territorio británico en 2002, contradiciendo informaciones y comunicados oficiales anteriores.
"Lamento que información inexacta sobre este tema en particular haya sido entregada a los legisladores por parte de mi ministerio, pero quiero destacar que esa información estaba basada en los datos que tenían en ese momento los ministros y aquellos que les informaban a ellos", dijo Hutton.
Rob Watson, analista de la BBC en temas de Defensa, indicó que el gobierno británico siempre había negado tomar parte de esta controvertida práctica que consiste en trasladar detenidos entre distintos países sin seguir los procedimientos legales conocidos, pero agregó que el ministro sugirió que Londres no sabía en ese momento que los sospechosos iban a ser enviados a territorio afgano.
A pesar de estas aclaraciones de Hutton -dice Watson- el tema no será olvidado tan fácilmente por algunos legisladores como el conservador Andrew Tyrie.
"La cuestión principal es que si no cerramos este tema del rendition, si no sabemos cuál fue la complicidad del gobierno británico con este programa estadounidense, y si no podemos lograr que los estadounidenses terminen con esta práctica, vamos a corroer la confianza en esos valores que nosotros tratamos de exportar".
"Referencias breves"
El ministro dijo que, contradiciendo comunicados anteriores, él sabe ahora que funcionarios británicos conocían en su momento que estos hombres habían sido entregados en custodia a fuerzas de EE.UU. sin tomar ninguna acción al respecto.
Hutton indicó que "referencias breves" sobre el caso habían sido enviadas a los entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jack Straw, y ministro del Interior, Charles Clarke, en abril de 2006, pero que la importancia del tema no había sido destacada en estos informes.
Aunque para los conservadores se trató de un "caso específico más que de una política general", el principal partido de la oposición destacó que los ministros se equivocaron al no valorar la importancia de lo ocurrido.
"Es una preocupación muy seria que exista un cargo subyacente de complicidad con el abuso serio de personas detenidas por fuerzas británicas en operaciones en el exterior", opinó el vocero en temas de seguridad del Partido Conservador, Crispin Blunt.
La información sobre el caso de estos dos ciudadanos paquistaníes, que pertenecerían al grupo clandestino Lashkar e Tayyiba, fue descubierta mientras se revisaban casos de detenidos por fuerzas británicas en Irak y Afganistán desde 2003, señaló Hutton.
El ministro agregó que ambos detenidos están clasificados como "combatientes enemigos ilegales" y que no existe "evidencia sustancial" que indique que hayan sido maltratados o sujetos a abusos.
El año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, admitió por primera vez que vuelos secretos estadounidenses habían aterrizado en territorio británico en 2002, contradiciendo informaciones y comunicados oficiales anteriores.
Anónimo
El ministro británico de Defensa, John Hutton, contradijo afirmaciones de funcionarios del gobierno anterior, encabezado por Tony Blair (1997-2007), que en varias ocasiones aseguraron que no habían colaborado con Estados Unidos en la ilegal detención de supuestos miembros de organizaciones islámicas armadas.
La mayoría de los detenidos en Gran Bretaña y otros países europeos y asiáticos fueron llevados en secreto a la base naval estadunidense de Guantánamo, en Cuba, que en su momento de mayor auge, entre 2005 y 2006, llegó a tener hasta 700 presos, a quienes no se les levantaron cargos judiciales formales y –salvo excepciones– no fueron llevados a juicio.
Hutton reveló que los detalles de la detención ilegal de al menos dos presuntos combatientes islámicos fueron conocidos en 2004 por los entonces ministros del Interior, Charles Clarke, y de Asuntos Exteriores, Jack Straw.
Los capturados fueron dos hombres de origen paquistaní que militaban en la organización armada Lashkar e Taiba, que realiza operaciones en Pakistán, supuestamente vinculada con Al Qaeda.
La detención de esos individuos ocurrió en Irak, en febrero de 2004, cuando soldados británicos patrullaban en una población cercana a Bagdad.
Los "combatientes enemigos" fueron entregados a la autoridad militar estadunidense en Irak y trasladados luego a Afganistán.
Hutton, durante una intervención en el Parlamento, pidió disculpas por "estos errores" de omisión cometidos por el Ministerio de Defensa, que pudo "haber sido cuestionado en ese momento".
El reconocimiento ocurre a sólo una semana de que Estados Unidos autorizó la salida de Binyam Mohammed de Guantánamo, un ciudadano británico de origen etíope cuyos abogados reclaman a Londres la liberación de documentos que confirman las torturas a las que fue sometido entre 2002 y 2004, antes de ser encarcelado en la base naval del Caribe.
Estados Unidos mantiene actualmente negociaciones con la Unión Europea para liberar a presos de Guantánamo.
Los ministros de Justicia y del Interior de la comunidad acordaron hoy en Bruselas que pedirán a Estados Unidos los expedientes de los prisioneros que pretende enviarles, para poder evaluar si asume el compromiso de recibirlos en sus territorios.
La mayoría de los detenidos en Gran Bretaña y otros países europeos y asiáticos fueron llevados en secreto a la base naval estadunidense de Guantánamo, en Cuba, que en su momento de mayor auge, entre 2005 y 2006, llegó a tener hasta 700 presos, a quienes no se les levantaron cargos judiciales formales y –salvo excepciones– no fueron llevados a juicio.
Hutton reveló que los detalles de la detención ilegal de al menos dos presuntos combatientes islámicos fueron conocidos en 2004 por los entonces ministros del Interior, Charles Clarke, y de Asuntos Exteriores, Jack Straw.
Los capturados fueron dos hombres de origen paquistaní que militaban en la organización armada Lashkar e Taiba, que realiza operaciones en Pakistán, supuestamente vinculada con Al Qaeda.
La detención de esos individuos ocurrió en Irak, en febrero de 2004, cuando soldados británicos patrullaban en una población cercana a Bagdad.
Los "combatientes enemigos" fueron entregados a la autoridad militar estadunidense en Irak y trasladados luego a Afganistán.
Hutton, durante una intervención en el Parlamento, pidió disculpas por "estos errores" de omisión cometidos por el Ministerio de Defensa, que pudo "haber sido cuestionado en ese momento".
El reconocimiento ocurre a sólo una semana de que Estados Unidos autorizó la salida de Binyam Mohammed de Guantánamo, un ciudadano británico de origen etíope cuyos abogados reclaman a Londres la liberación de documentos que confirman las torturas a las que fue sometido entre 2002 y 2004, antes de ser encarcelado en la base naval del Caribe.
Estados Unidos mantiene actualmente negociaciones con la Unión Europea para liberar a presos de Guantánamo.
Los ministros de Justicia y del Interior de la comunidad acordaron hoy en Bruselas que pedirán a Estados Unidos los expedientes de los prisioneros que pretende enviarles, para poder evaluar si asume el compromiso de recibirlos en sus territorios.
Anónimo
"Llegamos a un acuerdo sobre un enfoque coordinado basado en la responsabilidad nacional y la competencia nacional de los estados miembros en cuanto a aceptar o no aceptar a los ex detenidos procedentes de Guantánamo", dijo a los reporteros el ministro del Interior de la República Checa, Ivan Langer, después de presidir una reunión de ministros del interior de la UE.
Pero Langer dijo que la UE desea "la máxima información" para todos los estados miembros de la UE antes de que decidan si aceptarán a los presos de Guantánamo, pues la mayoría de los estados miembros del bloque han eliminado sus controles fronterizos de conformidad con el acuerdo de Schengen.
Langer, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la UE, encabezará una delegación de la UE que visitará Washington el próximo mes para intercambiar puntos de vista con los estadounidenses.
Langer dijo que Guantánamo es principalmente un asunto estadounidense y que Estados Unidos debe ser el primer país en tener a los prisioneros.
El presidente de Estados Unidos Barack Obama ordenó cerrar Guantánamo en el lapso de un año.
(Xinhua)
Pero Langer dijo que la UE desea "la máxima información" para todos los estados miembros de la UE antes de que decidan si aceptarán a los presos de Guantánamo, pues la mayoría de los estados miembros del bloque han eliminado sus controles fronterizos de conformidad con el acuerdo de Schengen.
Langer, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la UE, encabezará una delegación de la UE que visitará Washington el próximo mes para intercambiar puntos de vista con los estadounidenses.
Langer dijo que Guantánamo es principalmente un asunto estadounidense y que Estados Unidos debe ser el primer país en tener a los prisioneros.
El presidente de Estados Unidos Barack Obama ordenó cerrar Guantánamo en el lapso de un año.
(Xinhua)
Anónimo
“Al recuperar mi libertad, estoy determinado a que ninguno de los que siguen en detención, ni sus torturadores, sean olvidados.”
Espero que comprendáis que después de todo lo que me ha pasado, no esté ni física ni mentalmente en condiciones de enfrentar a los medios en el momento de mi llegada de vuelta a Gran Bretaña.
Por favor perdonad si hago una simple declaración a través de mi abogado, Espero que me vaya mejor en los días por venir, cuando esté en camino a la recuperación.
Ha pesado por una experiencia que nunca imaginé que viviría en mi más horrenda pesadilla.
Antes de mi horrorosa experiencia, la “tortura” era para mí una palabra abstracta.
Nunca podía haber imaginado que yo sería su víctima.
Todavía me cuesta creer que me secuestraron, que me arrastraron de un país a otro, y que me hayan torturado con medios medievales – todo orquestado por el gobierno de EE.UU.
Aunque quiero recuperarme y dejar todo atrás en la medida de lo posible, sé que tengo una obligación hacia la gente que sigue en esas cámaras de tortura.
Mi propia desesperación fue mayor cuando pensaba que todos me habían abandonado.
Tengo el deber de asegurar que nadie más sea olvidado.
Estoy agradecido de que, finalmente, no me abandonaran simplemente a mi suerte.
Estoy agradecido a mis abogados y al restante personal de Reprieve, y a la teniente coronel Yvonne Bradley, que luchó por mi libertad.
Estoy agradecido a los miembros del Foreign Office británico que trabajaron por mi liberación.
Quiero agradecer a la gente en toda Gran Bretaña que me escribió a Guantánamo para alentarme, así como a los miembros de los medios de información que trataron de asegurar que el mundo supiera lo que estaba sucediendo.
Sé que no estaría en casa hoy en Gran Bretaña si no fuera por el apoyo de todos.
Por cierto, podría no estar vivo.
Quisiera poder decir que todo ha terminado, pero no es así. Quedan todavía 241 prisioneros musulmanes en Guantánamo Muchos han sido absueltos incluso por los militares de EE.UU., pero no pueden ir a ninguna parte porque enfrentan la persecución.
Por ejemplo, Ahmed bel Bacha vivió aquí en Gran Bretaña, pero necesita desesperadamente un lugar donde vivir.
Hay miles de otros prisioneros retenidos por EE.UU. en otros sitios en todo el mundo, sin ser acusados, y sin acceso a sus familias.
Y tengo que decir, con más tristeza que cólera, que muchos han sido cómplices en mis propios horrores durante los últimos siete años.
Para mí, el peor momento fue cuando me di cuenta en Marruecos que la gente que me torturaba recibía preguntas y materiales de los servicios de inteligencia británicos.
Me había encontrado con la inteligencia británica en Pakistán. Había sido sincero con ellos.
Pero la misma gente que había esperado vendría a mi rescate, me di cuenta después, se había aliado con mis torturadores.
No pido venganza, sólo que se conozca la verdad, para que en futuro nadie tenga que sufrir lo que yo he sufrido.
Gracias.
Es la declaración emitida por Binyam Mohamed al volver al Reino Unido.
(mas...)
“Al recuperar mi libertad, estoy determinado a que ninguno de los que siguen en detención, ni sus torturadores, sean olvidados.”
Espero que comprendáis que después de todo lo que me ha pasado, no esté ni física ni mentalmente en condiciones de enfrentar a los medios en el momento de mi llegada de vuelta a Gran Bretaña.
Por favor perdonad si hago una simple declaración a través de mi abogado, Espero que me vaya mejor en los días por venir, cuando esté en camino a la recuperación.
Ha pesado por una experiencia que nunca imaginé que viviría en mi más horrenda pesadilla.
Antes de mi horrorosa experiencia, la “tortura” era para mí una palabra abstracta.
Nunca podía haber imaginado que yo sería su víctima.
Todavía me cuesta creer que me secuestraron, que me arrastraron de un país a otro, y que me hayan torturado con medios medievales – todo orquestado por el gobierno de EE.UU.
Aunque quiero recuperarme y dejar todo atrás en la medida de lo posible, sé que tengo una obligación hacia la gente que sigue en esas cámaras de tortura.
Mi propia desesperación fue mayor cuando pensaba que todos me habían abandonado.
Tengo el deber de asegurar que nadie más sea olvidado.
Estoy agradecido de que, finalmente, no me abandonaran simplemente a mi suerte.
Estoy agradecido a mis abogados y al restante personal de Reprieve, y a la teniente coronel Yvonne Bradley, que luchó por mi libertad.
Estoy agradecido a los miembros del Foreign Office británico que trabajaron por mi liberación.
Quiero agradecer a la gente en toda Gran Bretaña que me escribió a Guantánamo para alentarme, así como a los miembros de los medios de información que trataron de asegurar que el mundo supiera lo que estaba sucediendo.
Sé que no estaría en casa hoy en Gran Bretaña si no fuera por el apoyo de todos.
Por cierto, podría no estar vivo.
Quisiera poder decir que todo ha terminado, pero no es así. Quedan todavía 241 prisioneros musulmanes en Guantánamo Muchos han sido absueltos incluso por los militares de EE.UU., pero no pueden ir a ninguna parte porque enfrentan la persecución.
Por ejemplo, Ahmed bel Bacha vivió aquí en Gran Bretaña, pero necesita desesperadamente un lugar donde vivir.
Hay miles de otros prisioneros retenidos por EE.UU. en otros sitios en todo el mundo, sin ser acusados, y sin acceso a sus familias.
Y tengo que decir, con más tristeza que cólera, que muchos han sido cómplices en mis propios horrores durante los últimos siete años.
Para mí, el peor momento fue cuando me di cuenta en Marruecos que la gente que me torturaba recibía preguntas y materiales de los servicios de inteligencia británicos.
Me había encontrado con la inteligencia británica en Pakistán. Había sido sincero con ellos.
Pero la misma gente que había esperado vendría a mi rescate, me di cuenta después, se había aliado con mis torturadores.
No pido venganza, sólo que se conozca la verdad, para que en futuro nadie tenga que sufrir lo que yo he sufrido.
Gracias.
Es la declaración emitida por Binyam Mohamed al volver al Reino Unido.
(mas...)
Aznar enfrenta querella criminal por involucrar a España en la guerra de Irak. El ex presidente del gobierno español José María Aznar involucró a España de manera ilegal en la guerra de Iraq, según una querella que será presentada la próxima semana. Esos términos aparecen en el texto de una denuncia judicial contra el ex gobernante elaborada por una amplia gama de organizaciones y personas agrupadas en una denominada Plataforma Juicio a Aznar.
Partes del borrador de la demanda, reveladas por la cadena informativa Ser, también señalan que el paso dado en Iraq por el ex jefe del gobierno español tuvo relación directa con los atentados registrados en Madrid el 11 de marzo de 2004.
En aquellos ataques contra varios trenes de transporte público madrileños murieron 191 personas y más de mil 500 resultaron heridas.
Para los querellantes, la implicación de España en la guerra lanzada por Estados Unidos contra Iraq fue total y absoluta, no sólo por el apoyo militar que brindó, sino también por el político y el logístico.
La acusación sustenta esa afirmación en el contenido de las reuniones que Aznar mantuvo en Texas y las islas Azores con el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, antes del inicio de la invasión al territorio iraquí.
La demanda asegura que la decisión de involucrar a España en el conflicto fue ilegal por constituir una violación de la Carta de Naciones Unidas, de la Convención de Ginebra y de la propia Constitución Española.
La querella, que tiene el respaldo de unas 25 mil organizaciones y personas individuales, también afecta a Ana Palacio y Federico Trillo, quienes eran ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente, en el gabinete de Aznar.
Entre las figuras que han sumado su apoyo a la demanda están el lingüista y politólogo de Estados Unidos, Noam Chomsky, el ex dirigente comunista español Julio Anguita y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
En aquellos ataques contra varios trenes de transporte público madrileños murieron 191 personas y más de mil 500 resultaron heridas.
Para los querellantes, la implicación de España en la guerra lanzada por Estados Unidos contra Iraq fue total y absoluta, no sólo por el apoyo militar que brindó, sino también por el político y el logístico.
La acusación sustenta esa afirmación en el contenido de las reuniones que Aznar mantuvo en Texas y las islas Azores con el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, antes del inicio de la invasión al territorio iraquí.
La demanda asegura que la decisión de involucrar a España en el conflicto fue ilegal por constituir una violación de la Carta de Naciones Unidas, de la Convención de Ginebra y de la propia Constitución Española.
La querella, que tiene el respaldo de unas 25 mil organizaciones y personas individuales, también afecta a Ana Palacio y Federico Trillo, quienes eran ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente, en el gabinete de Aznar.
Entre las figuras que han sumado su apoyo a la demanda están el lingüista y politólogo de Estados Unidos, Noam Chomsky, el ex dirigente comunista español Julio Anguita y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
EEUU acepta dar a UE información detallada de presos Guantánamo. Estados Unidos está dispuesto a reforzar la cooperación bilateral con países de la UE que quieran acoger a prisioneros del campo de detención de Guantánamo y a entregarles información precisa sobre los reclusos, informaron en Bruselas fuentes de la Comisión Europea.
Autoridades estadounidenses enviaron un escrito al Ejecutivo comunitario en respuesta a la solicitud entregada el mes pasado en Washington por el comisario de Justicia europeo, Jacques Barrot, y el ministro del Interior checo, Ivan Langer.
Barrot valoró hoy que la información garantizada por Estados Unidos permitirá a los países miembro evaluar la situación de los prisioneros de Guantánamo caso a caso. El escrito sienta además las bases para que los 27 ministros del Interior tengan un debate constructivo sobre el tema en su reunión del lunes en Luxemburgo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció en enero que cerraría la controvertida prisión de Guantánamo en un plazo de un año.
El anuncio generó en la UE un debate sobre la posible acogida de reclusos liberados del campo. Cada uno de los 27 socios del bloque decidirá por su cuenta sobre la recepción de presos en su territorio.
Barrot valoró hoy que la información garantizada por Estados Unidos permitirá a los países miembro evaluar la situación de los prisioneros de Guantánamo caso a caso. El escrito sienta además las bases para que los 27 ministros del Interior tengan un debate constructivo sobre el tema en su reunión del lunes en Luxemburgo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció en enero que cerraría la controvertida prisión de Guantánamo en un plazo de un año.
El anuncio generó en la UE un debate sobre la posible acogida de reclusos liberados del campo. Cada uno de los 27 socios del bloque decidirá por su cuenta sobre la recepción de presos en su territorio.
Un tribunal español inicia la investigación criminal a seis ex funcionarios del gobierno de Bush por justificar las torturas en Guantánamo. Un tribunal español inició los procedimientos para la apertura de una investigación criminal a seis ex funcionarios del gobierno del ex presidente estadounidense George W. Bush por proporcionar justificación legal a supuestas prácticas de tortura llevadas a cabo en la prisión de Guantánamo, en Cuba.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, envió el caso a la fiscalía para que decida sobre la idoneidad de la apertura de un proceso contra el ex fiscal general, Alberto Gonzáles, y otros cinco ex integrantes de la administración Bush.
La querella criminal contra los ex funcionarios estadounidenses fue presentada por la Asociación por la Dignidad de los Presos y Presas de España.
Los querellantes alegan que los ex funcionarios violaron las leyes internacionales al proveer el marco legal que justificó la tortura de prisioneros en el centro de detención estadounidense en Cuba.
En la querella se nombra a altos funcionarios de la administración Bush, como John C. Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia; Douglas J. Feith, ex subsecretario de Defensa para Asuntos Legales; William J. Hayes II, ex consejero general de la Oficina del departamento de Defensa; Jay S. Bybee, ex asistente del fiscal general y David S. Addington, ex jefe de gabinete y antiguo consejero del ex vicepresidente Dick Cheney.
Jurisdicción
Según le explicó a la BBC Philippe Sands, profesor de derecho internacional de la Universidad de Londres, los países signatarios de las Convenciones de Ginebra, como España, "tienen la obligación de ejercer su jurisdicción sobre cualquier persona que esté en el país de la que se sospeche haya participado en actos de tortura".
Según Sands, ninguna de las seis personas que figuran en la querella está en España, pero sí residían en ese país algunos de los presos de Guantánamo, dónde supuestamente se practicaron actos de tortura.
El jurista aseguró que "eso es lo que ha llevado al juez Garzón a otorgarse jurisdicción a raíz de la querella presentada por ciudadanos españoles y una ONG española".
El abogado Juan Garcés, quien en el pasado colaboró con Garzón, coincide con Sands en que "la ley española es muy clara en los términos de la jurisdicción para la persecución de crímenes contra la humanidad bajo los principios de jurisdicción internacional".
Según le explicó Garcés a la BBC, "tanto España como Estados Unidos tienen la obligación de investigar alegaciones de comisión de tortura por parte de funcionarios públicos".
El abogado español explicó que bajo los principios de jurisdicción que se aplican en España, correspondería a los tribunales de EE.UU. la investigación.
"Sólo si esos tribunales no quieren perseguir el crimen, el tribunal español de manera complementaria, puede continuar con el proceso", aseguró Garcés.
De seguir adelante el proceso, los ex funcionarios estadounidenses podrían llegar a ser arrestados y extraditados, según Philippe Sands.
"Si el caso siguiera adelante, la justicia española haría una petición de información sobre los individuos. EE.UU., como parte en la convención, tendría la obligación de cooperar y le quedarían dos opciones: llevar a cabo su propia investigación -algo que por el momento no han querido hacer- o bien extraditar a los individuos", explicó Sands.
Dilema
Según el jurista, este es uno de los asuntos más complicados a los que se enfrenta la administración de Barack Obama.
"Si la administración Obama llevara a cabo su propia investigación sería muy difícil justificar una investigación en España", aseguró Sands.
"Así que una de las consecuencias, si no la intención del proceso en España, es presionar al gobierno de Obama -que está dividido sobre esta cuestión- para que tome una decisión".
Juan Garcés, por su parte, señaló que no cree que detrás de este proceso haya motivaciones políticas.
"No creo que Garzón siga una agenda política. Existe la obligación internacional de perseguir la tortura", recalcó Garcés.
Tortura
En la actualidad en Guantánamo hay recluidas unas 250 personas. 50 de ellas han sido declaradas como no peligrosas para la seguridad estadounidense, pero no han sido liberadas, bien porque sus países de origen no los aceptan, o porque los abogados defensores temen que sus clientes sean maltratados al regresar a sus naciones.
Sólo 80 están en la lista de quienes Washington quiere procesar por supuestamente promover actividades contra la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
El resto está en un limbo jurídico, sin haber recibido información sobre qué acusación específica tienen en su contra.
El pasado enero una alta funcionaria del gobierno de George W. Bush afirmó en una entrevista con el diario The Washington Post que agentes estadounidenses torturaron en el centro de detención a un ciudadano saudita que supuestamente iba a participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos llevan tiempo denunciando las técnicas de interrogación utilizadas por EE.UU. en Guantánamo, que según afirman incluyen actos de tortura contrarios a la ley internacional.
El juez español Baltasar Garzón alcanzó notoriedad internacional cuando emitió una orden internacional de arresto contra el ex gobernante de facto chileno Augusto Pinochet, quien fue detenido en Londres en 1998.
La querella criminal contra los ex funcionarios estadounidenses fue presentada por la Asociación por la Dignidad de los Presos y Presas de España.
Los querellantes alegan que los ex funcionarios violaron las leyes internacionales al proveer el marco legal que justificó la tortura de prisioneros en el centro de detención estadounidense en Cuba.
En la querella se nombra a altos funcionarios de la administración Bush, como John C. Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia; Douglas J. Feith, ex subsecretario de Defensa para Asuntos Legales; William J. Hayes II, ex consejero general de la Oficina del departamento de Defensa; Jay S. Bybee, ex asistente del fiscal general y David S. Addington, ex jefe de gabinete y antiguo consejero del ex vicepresidente Dick Cheney.
Jurisdicción
Según le explicó a la BBC Philippe Sands, profesor de derecho internacional de la Universidad de Londres, los países signatarios de las Convenciones de Ginebra, como España, "tienen la obligación de ejercer su jurisdicción sobre cualquier persona que esté en el país de la que se sospeche haya participado en actos de tortura".
Según Sands, ninguna de las seis personas que figuran en la querella está en España, pero sí residían en ese país algunos de los presos de Guantánamo, dónde supuestamente se practicaron actos de tortura.
El jurista aseguró que "eso es lo que ha llevado al juez Garzón a otorgarse jurisdicción a raíz de la querella presentada por ciudadanos españoles y una ONG española".
El abogado Juan Garcés, quien en el pasado colaboró con Garzón, coincide con Sands en que "la ley española es muy clara en los términos de la jurisdicción para la persecución de crímenes contra la humanidad bajo los principios de jurisdicción internacional".
Según le explicó Garcés a la BBC, "tanto España como Estados Unidos tienen la obligación de investigar alegaciones de comisión de tortura por parte de funcionarios públicos".
El abogado español explicó que bajo los principios de jurisdicción que se aplican en España, correspondería a los tribunales de EE.UU. la investigación.
"Sólo si esos tribunales no quieren perseguir el crimen, el tribunal español de manera complementaria, puede continuar con el proceso", aseguró Garcés.
De seguir adelante el proceso, los ex funcionarios estadounidenses podrían llegar a ser arrestados y extraditados, según Philippe Sands.
"Si el caso siguiera adelante, la justicia española haría una petición de información sobre los individuos. EE.UU., como parte en la convención, tendría la obligación de cooperar y le quedarían dos opciones: llevar a cabo su propia investigación -algo que por el momento no han querido hacer- o bien extraditar a los individuos", explicó Sands.
Dilema
Según el jurista, este es uno de los asuntos más complicados a los que se enfrenta la administración de Barack Obama.
"Si la administración Obama llevara a cabo su propia investigación sería muy difícil justificar una investigación en España", aseguró Sands.
"Así que una de las consecuencias, si no la intención del proceso en España, es presionar al gobierno de Obama -que está dividido sobre esta cuestión- para que tome una decisión".
Juan Garcés, por su parte, señaló que no cree que detrás de este proceso haya motivaciones políticas.
"No creo que Garzón siga una agenda política. Existe la obligación internacional de perseguir la tortura", recalcó Garcés.
Tortura
En la actualidad en Guantánamo hay recluidas unas 250 personas. 50 de ellas han sido declaradas como no peligrosas para la seguridad estadounidense, pero no han sido liberadas, bien porque sus países de origen no los aceptan, o porque los abogados defensores temen que sus clientes sean maltratados al regresar a sus naciones.
Sólo 80 están en la lista de quienes Washington quiere procesar por supuestamente promover actividades contra la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
El resto está en un limbo jurídico, sin haber recibido información sobre qué acusación específica tienen en su contra.
El pasado enero una alta funcionaria del gobierno de George W. Bush afirmó en una entrevista con el diario The Washington Post que agentes estadounidenses torturaron en el centro de detención a un ciudadano saudita que supuestamente iba a participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos llevan tiempo denunciando las técnicas de interrogación utilizadas por EE.UU. en Guantánamo, que según afirman incluyen actos de tortura contrarios a la ley internacional.
El juez español Baltasar Garzón alcanzó notoriedad internacional cuando emitió una orden internacional de arresto contra el ex gobernante de facto chileno Augusto Pinochet, quien fue detenido en Londres en 1998.
El gobierno estadounidense puso como condición para liberar a un preso de Guantánamo que negara que fue torturado. Abogados del gobierno de Estados Unidos intentaron que Binyam Mohamed, un residente británico que estuvo preso en el centro de detención de Guantánamo, Cuba, durante casi siete años, firmara un acuerdo en el que asegurara que jamás había sido torturado y que se comprometiera a no hablar con los medios de comunicación, como condición para ser liberado según documentos presentados ante la Suprema Corte de Justicia británica.
Los textos, relacionados a un fallo que emitieron los jueces británicos en octubre pasado, revelaron que el ejército estadunidense quería que Mohamed aceptara no demandar a Estados Unidos ni a sus aliados. También pretendía que cualquier derecho a indemnización fuera asignado al gobierno estadunidense.
Sin embargo, los abogados de Mohamed rechazaron el acuerdo antes de que el hombre de 31 años fuera liberado hace un mes sin condiciones y sin cargos, tras un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña.
Los hechos revelados hoy reflejan el modo en que el gobierno estadunidense intentó cubrir la verdad sobre la tortura de Binyam Mohamed, declaró Clive Stafford-Smith, abogado de Mohamed y director del grupo de derechos humanos Reprieve.
Mohamed, quien tenía calidad de refugiado en Gran Bretaña desde 1994, viajó a Pakistán para someterse a un tratamiento contra adicciones, pero fue detenido como sospechoso de terrorismo en 2002. Fue torturado en Marruecos y Afganistán, hasta que, bajo tortura, admitió las acusaciones y posteriormente fue trasladado a Guantánamo en 2004.
Por otro lado, abogados defensores de varios detenidos en Guantánamo presentaron dos demandas contra el gobierno de Estados Unidos por el trato que reciben los reclusos y por las nuevas reglas dictadas este mes por el gobierno de Barack Obama en las que justificó que el Estado mantenga detenidos a los sospechosos de terrorismo.
A todo esto, el presunto agente de Al Qaeda, Alí Marri, quien es el último combatiente enemigo detenido en Estados Unidos, se declaró inocente en una corte federal en Peoria, Illinois, de los cargos de conspiración para el apoyo al terrorismo.
El juez de distrito, Michael Mihm, fijó para el 26 de marzo el comienzo del juicio contra Marri, y afirmó que podría durar hasta fin de año.
Sin embargo, los abogados de Mohamed rechazaron el acuerdo antes de que el hombre de 31 años fuera liberado hace un mes sin condiciones y sin cargos, tras un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña.
Los hechos revelados hoy reflejan el modo en que el gobierno estadunidense intentó cubrir la verdad sobre la tortura de Binyam Mohamed, declaró Clive Stafford-Smith, abogado de Mohamed y director del grupo de derechos humanos Reprieve.
Mohamed, quien tenía calidad de refugiado en Gran Bretaña desde 1994, viajó a Pakistán para someterse a un tratamiento contra adicciones, pero fue detenido como sospechoso de terrorismo en 2002. Fue torturado en Marruecos y Afganistán, hasta que, bajo tortura, admitió las acusaciones y posteriormente fue trasladado a Guantánamo en 2004.
Por otro lado, abogados defensores de varios detenidos en Guantánamo presentaron dos demandas contra el gobierno de Estados Unidos por el trato que reciben los reclusos y por las nuevas reglas dictadas este mes por el gobierno de Barack Obama en las que justificó que el Estado mantenga detenidos a los sospechosos de terrorismo.
A todo esto, el presunto agente de Al Qaeda, Alí Marri, quien es el último combatiente enemigo detenido en Estados Unidos, se declaró inocente en una corte federal en Peoria, Illinois, de los cargos de conspiración para el apoyo al terrorismo.
El juez de distrito, Michael Mihm, fijó para el 26 de marzo el comienzo del juicio contra Marri, y afirmó que podría durar hasta fin de año.
Guantánamo: EEUU intentó silenciar a prisionero. Autoridades de Estados Unidos le ofrecieron a un prisionero de la base militar de Guantánamo liberarlo a cambio de que callara sus denuncias de tortura, reveló la Corte Suprema de Gran Bretaña.
En fallos emitidos por dos jueces del máximo tribunal británico se señala que Washington le ofreció en octubre al residente británico de origen etiope Binyam Mohamed un acuerdo para recuperar su libertad declarándose culpable y prometiendo no hablar sobre las circunstancias de su detención.
Pero el prisionero lo rechazó, y a fines del año pasado se le retiraron todos los cargos. Se cree que Londres intervino para lograr su liberación sin condiciones. Mohamed había sido arrestado en Pakistán en 2002 como supuesto "terrorista", y ahora denuncia haber sido torturado tanto allí como en Marruecos, donde también estuvo recluido. Fue transferido a Guantánamo en 2004, y finalmente llevado de regreso a Gran Bretaña en febrero pasado.
Ahora lleva adelante una demanda contra el gobierno británico, acusando a sus servicios de inteligencia de actuar en complicidad con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) para facilitar las "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions"), mecanismo empleado por Washington para capturar a "sospechosos de terrorismo" y transferirlos, sin pasar por tribunales, a terceros países en los que por lo general son torturados, según activistas
En este caso, "Estados Unidos claramente priorizó el secretismo por sobre la justicia. Simplemente no quiere que la verdad salga a la luz", dijo a IPS Zachary Katznelson, director jurídico de Reprieve, organización de derechos humanos y de asistencia legal que representó al detenido hace cuatro años.
"Eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional, sino con el potencial de una vergüenza nacional. Si realmente vamos a combatir el terrorismo, debemos usar las herramientas de la democracia: la transparencia, la imparcialidad y la justicia, no abandonarlas y luego desesperadamente intentar ocultar nuestros errores", añadió.
En sus fallos emitidos el lunes, los magistrados británicos revelaron cómo el gobierno estadounidense intentó hacer que Mohamed firmara un acuerdo afirmando que nunca había sido torturado, prometiendo no hablar con los medios luego de su liberación y declarándose culpable para ser llevado de regreso a Gran Bretaña.
Además, las autoridades estadounidenses insistían en que se debía asignar a Washington cualquier derecho de indemnización que el detenido pudiera solicitar.
Todo esto se hizo sin que se permitiera el acceso de los abogados defensores a evidencia que podría haber servido para demostrar su inocencia.
Mohamed también debía comprometerse a no exigir ver ninguna prueba exculpatoria. "Si el señor Mohamed pedía ver la evidencia, el acuerdo sería cancelado", dijo un portavoz de Reprieve.
"Los hechos revelados reflejan la forma en que el gobierno de Estados Unidos ha intentado consistentemente ocultar la verdad de la tortura a Binyam Mohamed", sostuvo el director de la organización, Clive Stafford Smith.
"Le dijeron que nunca abandonaría Guantánamo a menos que prometiera no hablar nunca sobre su tortura, y nunca demandar ni a los estadounidenses ni a los británicos para obligar a revelar los malos tratos", señaló.
"Las autoridades estadounidenses intentaban que Mohamed se declarara culpable por algo, por cualquier cosa, para así poder salvar su imagen. La ‘oferta’ final fue que este hombre, originalmente considerado uno de los más peligrosos terroristas, debía reconocerse culpable y recibir una sentencia de sólo 10 días de cárcel, menos de lo que se espera por varios delitos de tránsito. Mohamed rechazó esta oferta, y continuaba asegurando su inocencia", explicó la organización.
"Ofrecerle a un hombre que asegura su inocencia la libertad a condición de que se reconozca culpable y cumplir una sentencia de 10 días es un intento de salvar la imagen a una escala horrenda", sostuvo la directora ejecutiva de Reprive, Clare Algar.
El caso llamó la atención en Gran Bretaña y causó un problema para el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense. La Corte Suprema británica se había negado a divulgar siete párrafos de un fallo anterior que daban credibilidad a las denuncias de tortura de Mohamed, arguyendo que eso podría obstaculizar las relaciones de seguridad entre Londres y Washington.
El tribunal admitió que llegó a esa decisión como consecuencia de lo que consideró amenazas de Estados Unidos a reconsiderar cualquier participación de información de inteligencia con Gran Bretaña.
En una crítica inusual, la Corte Suprema británica expresó consternación por el hecho de que una democracia "gobernada por el imperio de la ley" procure suprimir evidencia "relevante a las denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por más políticamente embarazoso que esto pueda ser".
El tribunal señaló que el gobierno de George W. Bush (2001-2009) había hecho la amenaza en una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores británico en septiembre pasado, y llamó a la actual administración de Barack Obama a revertir esta posición.
El secretario de Relaciones Exteriores británico David Miliband negó que haya habido una amenaza así de Estados Unidos.
William Fisher
Pero el prisionero lo rechazó, y a fines del año pasado se le retiraron todos los cargos. Se cree que Londres intervino para lograr su liberación sin condiciones. Mohamed había sido arrestado en Pakistán en 2002 como supuesto "terrorista", y ahora denuncia haber sido torturado tanto allí como en Marruecos, donde también estuvo recluido. Fue transferido a Guantánamo en 2004, y finalmente llevado de regreso a Gran Bretaña en febrero pasado.
Ahora lleva adelante una demanda contra el gobierno británico, acusando a sus servicios de inteligencia de actuar en complicidad con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) para facilitar las "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions"), mecanismo empleado por Washington para capturar a "sospechosos de terrorismo" y transferirlos, sin pasar por tribunales, a terceros países en los que por lo general son torturados, según activistas
En este caso, "Estados Unidos claramente priorizó el secretismo por sobre la justicia. Simplemente no quiere que la verdad salga a la luz", dijo a IPS Zachary Katznelson, director jurídico de Reprieve, organización de derechos humanos y de asistencia legal que representó al detenido hace cuatro años.
"Eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional, sino con el potencial de una vergüenza nacional. Si realmente vamos a combatir el terrorismo, debemos usar las herramientas de la democracia: la transparencia, la imparcialidad y la justicia, no abandonarlas y luego desesperadamente intentar ocultar nuestros errores", añadió.
En sus fallos emitidos el lunes, los magistrados británicos revelaron cómo el gobierno estadounidense intentó hacer que Mohamed firmara un acuerdo afirmando que nunca había sido torturado, prometiendo no hablar con los medios luego de su liberación y declarándose culpable para ser llevado de regreso a Gran Bretaña.
Además, las autoridades estadounidenses insistían en que se debía asignar a Washington cualquier derecho de indemnización que el detenido pudiera solicitar.
Todo esto se hizo sin que se permitiera el acceso de los abogados defensores a evidencia que podría haber servido para demostrar su inocencia.
Mohamed también debía comprometerse a no exigir ver ninguna prueba exculpatoria. "Si el señor Mohamed pedía ver la evidencia, el acuerdo sería cancelado", dijo un portavoz de Reprieve.
"Los hechos revelados reflejan la forma en que el gobierno de Estados Unidos ha intentado consistentemente ocultar la verdad de la tortura a Binyam Mohamed", sostuvo el director de la organización, Clive Stafford Smith.
"Le dijeron que nunca abandonaría Guantánamo a menos que prometiera no hablar nunca sobre su tortura, y nunca demandar ni a los estadounidenses ni a los británicos para obligar a revelar los malos tratos", señaló.
"Las autoridades estadounidenses intentaban que Mohamed se declarara culpable por algo, por cualquier cosa, para así poder salvar su imagen. La ‘oferta’ final fue que este hombre, originalmente considerado uno de los más peligrosos terroristas, debía reconocerse culpable y recibir una sentencia de sólo 10 días de cárcel, menos de lo que se espera por varios delitos de tránsito. Mohamed rechazó esta oferta, y continuaba asegurando su inocencia", explicó la organización.
"Ofrecerle a un hombre que asegura su inocencia la libertad a condición de que se reconozca culpable y cumplir una sentencia de 10 días es un intento de salvar la imagen a una escala horrenda", sostuvo la directora ejecutiva de Reprive, Clare Algar.
El caso llamó la atención en Gran Bretaña y causó un problema para el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense. La Corte Suprema británica se había negado a divulgar siete párrafos de un fallo anterior que daban credibilidad a las denuncias de tortura de Mohamed, arguyendo que eso podría obstaculizar las relaciones de seguridad entre Londres y Washington.
El tribunal admitió que llegó a esa decisión como consecuencia de lo que consideró amenazas de Estados Unidos a reconsiderar cualquier participación de información de inteligencia con Gran Bretaña.
En una crítica inusual, la Corte Suprema británica expresó consternación por el hecho de que una democracia "gobernada por el imperio de la ley" procure suprimir evidencia "relevante a las denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por más políticamente embarazoso que esto pueda ser".
El tribunal señaló que el gobierno de George W. Bush (2001-2009) había hecho la amenaza en una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores británico en septiembre pasado, y llamó a la actual administración de Barack Obama a revertir esta posición.
El secretario de Relaciones Exteriores británico David Miliband negó que haya habido una amenaza así de Estados Unidos.
William Fisher
Fiscal español rechaza querella sobre torturas en Guantánamo. El rechazo de la fiscalía española de una demanda contra abogados norteamericanos relacionados con el centro de torturas en Guantánamo es analizado hoy aquí como otro paso del gobierno hacia una mayor sintonía con Washington. La oposición a esa querella presentada en marzo pasado fue dada a conocer en Madrid por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien calificó la denuncia de artificio y frauduluenta.
La acusación afecta al ex fiscal general de Estados Unidos Alberto Gonzales y a los ex funcionarios de los departamentos de Justicia John Yoo y Jay Bybee y de Defensa Douglas Feith.
Los otros implicados son David Addington, ex jefe de personal del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, y el abogado del Pentágono William Haynes.
La querella considera a esas personas autoras por cooperación necesaria de los delitos de tortura y tratos inhumanos, perseguibles en España de acuerdo con el principio de jurisdicción universal.
El rechazo a la denuncia coincide con el anuncio hecho la víspera por el presidente norteamericano, Barack Obama, de que su administración no juzgará a los funcionarios responsables de torturas durante la gestión de su antecesor, George W. Bush.
Al mismo tiempo, el fiscal general estadounidense, Eric Holder, subrayó que Obama defenderá a cualquier funcionario que pueda ser enjuiciado por esos hechos dentro o fuera de Estados Unidos.
En tanto, Conde-Pumpido sostuvo que la denuncia hecha en Madrid debe ser presentada primero ante los tribunales norteamericanos y en caso de no prosperar "se podría empezar a pensar en la posibilidad de una acción supletoria".
La demanda entregada aquí acusa a los implicados de establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo.
Y los señala como autores de un memorando que autorizaba a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a disponer de centros de detención fuera de Estados Unidos.
Los otros implicados son David Addington, ex jefe de personal del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, y el abogado del Pentágono William Haynes.
La querella considera a esas personas autoras por cooperación necesaria de los delitos de tortura y tratos inhumanos, perseguibles en España de acuerdo con el principio de jurisdicción universal.
El rechazo a la denuncia coincide con el anuncio hecho la víspera por el presidente norteamericano, Barack Obama, de que su administración no juzgará a los funcionarios responsables de torturas durante la gestión de su antecesor, George W. Bush.
Al mismo tiempo, el fiscal general estadounidense, Eric Holder, subrayó que Obama defenderá a cualquier funcionario que pueda ser enjuiciado por esos hechos dentro o fuera de Estados Unidos.
En tanto, Conde-Pumpido sostuvo que la denuncia hecha en Madrid debe ser presentada primero ante los tribunales norteamericanos y en caso de no prosperar "se podría empezar a pensar en la posibilidad de una acción supletoria".
La demanda entregada aquí acusa a los implicados de establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo.
Y los señala como autores de un memorando que autorizaba a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a disponer de centros de detención fuera de Estados Unidos.
El Gobierno de Zapatero sale en defensa de Aznar y dice que no hubo sobrevuelos ilegales con presos camino de Guantánamo.
El Gobierno ha contestado esta semana a una batería de preguntas formuladas desde la oposición. Las respuestas pretenden cerrar una larga polémica y hechos más que sospechosos.
"Sobre el cielo español nunca sobrevolaron vuelos ilegales a Guantánamo ni tampoco se produjeron durante el Ejecutivo de Aznar", dice ahora el gobierno del PSOE.
La polémica, reavivada por la serie de informaciones publicadas por el diario El País, cuando el PSOE era oposición, queda desmontada a tenor de la noticia publicada este domingo por La Razón, donde asegura que el Gobierno admite que "con Aznar no hubo vuelos ilegales a Guantánamo".
Ahora, y lejos de las acusaciones de socialistas sobre populares, en la información enviada por el Registro del Congreso se omite cualquier acusación e incluso se detallan los contactos con las autoridades amercianas para tratar el asunto.
A la pregunta: ¿Qué delitos se están investigando cuando el Gobierno proclama que no hay constancia de ninguna ilegalidad?; la respuesta es: «No se tiene constancia de vuelos desde o con destino a Guantánamo que hayan sobrevolado el espacio aéreo de soberanía española.
Los sobrevuelos desde o con destino a Guantánamo de los que se tiene conocimiento han tenido lugar utilizando el espacio aéreo internacional suprayacente en el Estado de Gibraltar», apunta, por si dejaba aún alguna duda, el Ministerio de la Presidencia.
"Sobre el cielo español nunca sobrevolaron vuelos ilegales a Guantánamo ni tampoco se produjeron durante el Ejecutivo de Aznar", dice ahora el gobierno del PSOE.
La polémica, reavivada por la serie de informaciones publicadas por el diario El País, cuando el PSOE era oposición, queda desmontada a tenor de la noticia publicada este domingo por La Razón, donde asegura que el Gobierno admite que "con Aznar no hubo vuelos ilegales a Guantánamo".
Ahora, y lejos de las acusaciones de socialistas sobre populares, en la información enviada por el Registro del Congreso se omite cualquier acusación e incluso se detallan los contactos con las autoridades amercianas para tratar el asunto.
A la pregunta: ¿Qué delitos se están investigando cuando el Gobierno proclama que no hay constancia de ninguna ilegalidad?; la respuesta es: «No se tiene constancia de vuelos desde o con destino a Guantánamo que hayan sobrevolado el espacio aéreo de soberanía española.
Los sobrevuelos desde o con destino a Guantánamo de los que se tiene conocimiento han tenido lugar utilizando el espacio aéreo internacional suprayacente en el Estado de Gibraltar», apunta, por si dejaba aún alguna duda, el Ministerio de la Presidencia.
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