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Cuéntame cómo pasó |
Aunque aún no se manifieste claramente, el régimen está sentenciado. Un sistema tiene sus días contados cuando agota su credibilidad. Y eso es lo que está ocurriendo con el actual. A la chita callando, eso sí, y con crisis económico-social por medio. La prueba es que la celebración del 30 aniversario de la Constitución ha pasado sin pena ni gloria. No ha interesado a nadie, más allá del acostumbrado pesebre clientelar. Ni siquiera ha habido fastos o conmemoraciones con simulación de calor humano. Sólo rutinas bajo palio y homenajes en la clandestinidad de la emisora amiga. Y de todos estos botafumerios, el más notorio por extravagante y revelador ha sido la aparición estelar de Santiago Carrillo, uno de los “padres de la Constitución”, en el esperpéntico espacio televisivo Cuéntame cómo pasó.
Porque quizá pocos como Carrillo y Fraga, en su dolosa equidistancia, representen mejor eso que estúpidamente se ha denominado el “espíritu de la transición”. Lo que se facturó como “la reconciliación” o “el consenso” tiene en estos dos personajes eméritos la medida exacta de lo que significó ese pacto entre notables por el cual las víctimas perdonaban los crímenes del franquismo para que sus herederos continuaran mandando. Fraga en nombre de la derecha nacional, el mismo Fraga de la homicida represión de Vitoria y del “enterado” en los consejos de ministros a las sentencias de muerte dictadas contra opositores a la dictadura, y que ahora, con senilidad abotargada, habla de colgar a los nacionalistas. Y Carrillo, el gran malabarista, ese Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid que aún practica el despiste en sus múltiples memorias al negar su archiprobada responsabilidad en la matanza Paracuellos, en la seguridad de que los historiadores del PSOE -Martínez Reverte, Javier Pradera o Santos Juliá- seguirán dispensándole su bula.
Por eso, el ocaso de Fraga y Carrillo, cada uno en su parte alícuota, anticipa la caída de esta democracia preñada desde aquella dictadura criminal. Amortizado hace tiempo Fraga, las últimas revelaciones sobre el pasado de Carrillo como “gánster político”, no por ya sabidas, evidencian que la erosión se ha hecho incontenible y avanza la ruptura. Nos referimos a ese documento de 100 folios elaborado en 1965 en Moscú por el dirigente del PCE Francisco Abad, en el que el veterano combatiente comunista relata cómo Carrillo mandó “depurar” por la espalda a los cuadros más activos del movimiento guerrillero.
El texto, titulado Antecedentes personales y políticos de la carrera de Carrillo hacia la dirección del Partido Comunista de España, ahora revelado por la hija de Abad tras su fallecimiento, narra con todo lujo de detalles cómo uno de los factotum de la “modélica” transición siguió utilizando durante años las mismas tácticas “liquidacionistas” que esgrimió junto a Serrano Poncela y Fernando Claudín –en la democracia mentor áulico de Felipe González- a su paso por la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid en noviembre de 1936. Abad no sólo asegura que Carrillo “montó un equipo de castigo (…) para depurar (…) ajusticiar, asesinar (…)” a los comandos que iban a luchar contra Franco, citando el caso concreto del que fuera Jefe del Estado Mayor de las guerrillas de Levante, apodado Pepito o El Gafas. Además añade que puede que Carrillo y compañía se deshicieran de líderes guerrilleros y políticos informando a la policía franquistas de sus señas, identidades y localizaciones. Y cita en esa siniestra nómina de denunciados al dirigente comunista catalán Comorera.
Nada nuevo por otra parte. El historial de Santiago Carrillo como chequista de propios y extraños era un secreto a voces que no impidió que el ex secretario general del PCE fuera adoptado como uno de los suyos por franquistas de pata negra como Fraga y Martin Villa. Es más, existen sólidos indicios para sospechar que precisamente esas peligrosas credenciales ad hominem, bien manejadas por los servicios secretos de la época, allanaron el camino para que el PCE bajo dirección carrillista aceptara la monarquía del 18 de Julio y repudiara públicamente de la República.
Si alguien quiere más detalles sobre estas fechorías sin nombre que mire en las hemerotecas lo escrito al respecto por Enrique Líster (Memorias de un luchador) o Gregorio Morán (Grandes y miseria del Partido Comunista de España). Y si todavía no queda satisfecho, que indague en las trágicas vidas de tres luchadores comunistas que se obstinaron en combatir a Franco sin darle tregua desde el interior: Antonio Beltrán Casaña, Heriberto Quiñones y Jesús Monzón.
De Quiñones, entregado a la policía franquista, brutalmente torturado y luego fusilado en 1942, Carrillo y Claudín dejaron escrito que se trataba de un “agente provocador”, “un aventurero, audaz y sin escrúpulos, con toda evidencia un agente del Intelligente Service inglés (Editorial Nuestra Bandera, 1950). Y de Beltrán aseguró Claudin, antes de que los sicarios del Grupo de Trabajos Especiales que controlaba Carrillo atentaran sin éxito contra su vida, que “alimentaba confusiones y discrepancias”.
Que Fraga y Carrillo, dos desalmados caníbales políticos, hayan sido pilares de la transición lo dice todo del rango ético de aquel cambio presuntamente democrático. Dos vidas paralelas en punto de fuga que anuncian el ocaso de aquella omertá llamada consenso. Quizá por eso, el nuevo y residual PCE, que tanta responsabilidad tuvo en la entronización del modelo tardofranquista en su versión constitucional, se apunta oportuna y oportunistamente a la ruptura del Pacto Constitucional y trata de que CCOO le acompañe en el sentimiento.
Rafael Cid

Etiquetas: conocimiento, memoria, mentiras, multitud, politica, sabiduria.
"Cuando se adoptó esta Ley hace un año -publicada en el BOE el 27 de diciembre de 2007-, la organización de derechos humanos la consideró un ligero paso adelante", ha recordado AI.
Sin embargo, "hoy continúa alejada de las obligaciones internacionales de España y, hasta ahora, no ha contribuido de forma decisiva a saldar la deuda pendiente con las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos".
El director de AI en España, Esteban Beltrán, ha señalado, en un comunicado, que "en un desarrollo reglamentario de lentitud exasperante, sólo al final de año el Gobierno ha dictado algunas disposiciones para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la Ley".
En cuanto a la compatibilidad de la Ley con las acciones judiciales, el panorama es, para AI, "aún mas crítico, por la incertidumbre y consiguiente postergación para los derechos de las víctimas".
Por lo tanto, "un año después de la Ley de Memoria Histórica, las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo tienen poco que celebrar", según AI.
En este sentido, esta organización ha hecho algunas propuestas a las autoridades españolas.
Así, AI ha recomendado proporcionar información "sustantiva" al grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas e involuntarias, "sin mas dilación", y la creación de una comisión de expertos independientes "encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en la Guerra Civil y la dictadura".
Además, ha pedido que se adopten las medidas necesarias para que las víctimas puedan ejercer su derecho a la reparación de manera compatible con las normas internacionales.
. No se anulan las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista.
. Se establece una infame discriminación entre las víctimas de la represión franquista en función de los años de comisión del asesinato.
. Mantiene la ley de amnistía de 1977 para los verdugos.
. No se crea una Comisión de la Verdad, demandada por la propia UE y la ONU
. El estado no asume su responsabilidad de buscar a centenares de miles de desaparecidos.
Por otra parte, desde CGT, sólo podemos pensar que la admisión a trámite, en la Audiencia Nacional, de la denuncia presentada por Asociaciones y Organizaciones preocupadas por la rehabilitación y búsqueda de las víctimas y desaparecidos por el franquismo, CGT entre ellas, ha sido un sumario-trampa que tan sólo buscaba un lavado de imagen y cerrar definitivamente la discusión sobre si el régimen franquista asesinó o no a miles de personas, si cometió crímenes de lesa humanidad. Hay cuestiones que no admiten duda. Franco y sus secuaces son los responsables de que hoy haya cientos de miles de cadáveres en las cunetas de los pueblos. Pero para eso no es necesaria tanta fanfarria. Es un hecho objetivo y demostrado por los historiadores y conocido por toda la sociedad
Lo que no ha querido asumir el estado, lo que no ha querido asumir esta democracia formal, es su responsabilidad en investigar y reparar estas muertes. Más al contrario, todo parece indicar que, tras una apariencia de intervención y estudio en el asunto, la actuación de la judicatura y el ejecutivo va dirigida a poner trabas y hacer más dificultoso el que debería ser el verdadero objetivo de la ley: rescatar la memoria, rehabilitar a las víctimas por ser defensores de los principios de la democracia y la libertad, buscar la verdad y restablecer la justicia social.
Por eso CGT seguirá reclamando:
Recuperación de personas:
Miles de personas quedaron sepultados/as en anónimas Fosas tras “paseillos” y ajusticiamientos. Sus familias reclaman esos cuerpos nunca olvidados pese al paso del tiempo, lo desconocido de su ubicación y las modificaciones del terreno. Hay que restituir sus cuerpos y, con ellos, su identificación. Miles fueron condenados en irregulares procesos judiciales impuestos por un gobierno ilegítimo e ilegal, impuesto por una sublevación militar fascista mantenido a través del terror y de la represión.
Es necesario que se lleve a cabo el reconocimiento y búsqueda de estos compañeros caídos.
Recuperación de ideas:
Hablamos de un alzamiento militar contra un gobierno establecido democráticamente. Y de una respuesta en defensa de ese gobierno, con avances y conquistas revolucionarios, más adelante destrozados. Hablamos de un trozo de nuestra historia en la que, quienes defendieron las banderas republicana o rojinegra, no obraron en busca de conquistas materiales, sino sociales e ideológicas. Todo esto ha sido mantenido en el olvido y el silencio, evitando su aparición en los libros escolares. Y la historia de un país debe ser conocida por su pueblo.
Recuperación de documentos:
Es notoria la destrucción de archivos de propiedades y registros. Es evidente que no se pueden reconstruir los archivos destruidos, pero sí se puede devolver lo trasladado. Y más fácilmente, se puede considerar que lo que aún permanece simplemente empaquetado – en el mejor de los casos – en Archivos y dependencias civiles o militares, debe ser accesible de manera sencilla y eficaz.
Recuperación de bienes:
Más allá de la destrucción realizada, dentro de la posible y discutible lógica de cualquier período de guerra, acabada ésta se procedió no sólo a retrotraer las propiedades de edificios y tierras a quienes antes la detentaban, sino que también se incautaron, destruyeron o entregaron a personas e instituciones bienes que habían sido levantados con las manos obreras o compradas con las aportaciones de cuotas sindicales. De todo esto existe un listado pormenorizado, cuya compensación económica sigue pendiente.
Así pues creemos necesario seguir exigiendo:
. La revisión y anulación de las sentencias franquistas. Y la compensación económica a sus familias, más allá de lo meramente simbólico.
. La no discriminación entre las víctimas en función del año de su muerte.
. El reconocimiento público del “sufrimiento” de los trabajadores y trabajadoras que fueron asesinados, perseguidos, reprimidos, encarcelados, represaliados…
. No aceptar la equiparación entre víctimas y verdugos ya que las victimas fueron la consecuencia de una barbarie programada desde el aparato del estado franquista con la connivencia de la cúpula de la iglesia
. Dotar de medios para la búsqueda, localización, exhumación e identificación de los cuerpos existentes en Fosas y cunetas. Una base de datos de todas esas personas sigue pendiente de realizar. La administración pública debe asumir este trabajo íntegramente.
. No olvidar las condenas a trabajo esclavo (canal de los presos,…). Detectar esos campos y, en la medida de lo posible, hacer de ellos lugares de memoria.
. Debe integrarse en los libros de educación aquellos casos de colectividades, rurales e industriales, que demostraron que otra gestión de la economía y de la sociedad fue y es posible.
. A través de las organizaciones de ex-presos y refugiados es relativamente fácil conseguir la reconstrucción de nombres y hechos acaecidos a los refugiados españoles en los campos de concentración interiores (Albatera,…) y exteriores (Argèlès,..)
. Revisión de cuantas leyes y actos se pusieron en marcha en el periodo de la denominada “Transición” para dar por superado artificialmente el periodo de dolor y represión franquista.
CGT exige que la democracia asuma su responsabilidad ante la vergüenza y deshonor de seguir validando las sentencias del régimen franquista.
Por todo ello se debe crear una “Comisión de la Verdad”, con reconocimiento y medios públicos, donde concurran todas las organizaciones y colectivos que estamos trabajando en este campo para que finalmente pueda esclarecerse con profundidad la etapa franquista, definiéndose toda la verdad y el horror generado durante la dictadura
Desde CGT seguiremos trabajando para que la pasividad de administración pública sea espoleada con la movilización social.
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