El ex senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe y el político colombiano preso más importante por el escándalo de la parapolítica, recuperará su libertad este miércoles, tras casi cuatro meses de detención.
Aunque lo seguirá investigando, la Fiscalía revocó la detención de Uribe por considerar que las pruebas en su contra no eran suficientes para mantenerlo privado de la libertad.
"No se puede hablar de absolución. En el proceso penal hay (una) dinámica que hace variar las cosas, sin perjuicio de que el proceso continúe", explicó el vicefiscal general, Guillermo Mendoza.
Sin embargo, la decisión generó fuertes reacciones. Una de ellas por parte de la columnista María Jimena Duzán, de la revista Semana.
En diálogo con BBC Mundo, Duzán dijo que con la investigación de la parapolítica se está presentando una "impunidad técnica". Y explicó que varios de los ex congresistas que comenzaron a ser investigados por la Corte Suprema ahora están quedando en libertad.
Duzán criticó duramente al fiscal general, Mario Iguarán, y se preguntó si "ahora está actuando como ex viceministro de Justicia".
Según la columnista, es inexplicable que la Fiscalía haya decidido no investigar a Mario Uribe, después de que hace poco hubo denuncias sobre la supuesta participación del ex congresista en un montaje en contra del principal investigador de la parapolítica en la Corte Suprema, el magistrado Iván Velásquez.
"Promoción del paramilitarismo"
Hace una semana, la Fiscalía absolvió a otro ex presidente del Congreso, el ex senador Luis Humberto Gómez, quien había sido acusado de tener vínculos con los paramilitares y con un supuesto narcotraficante, que ya fue extraditado a Estados Unidos.
Simultáneamente con la decisión sobre Mario Uribe, un juez de Bogotá absolvió a William Montes, otro ex congresista que estaba preso por la parapolítica.
Montes había sido detenido inicialmente por orden de la Corte Suprema de Justicia por haber firmado un pacto con los paramilitares en 2001, en el que él y otros políticos se comprometieron a "refundar la patria".
Pero Montes renunció a su fuero de senador y pasó a ser investigado por la Fiscalía, que, sin embargo, anunció que apelará la absolución, decidida por un juez que consideró que la firma del pacto con los paramilitares no constituyó un delito.
La fiscal del caso aseguró que "pedir permiso" a grupos ilegales por parte de políticos para que les dejen hacer política es promover el paramilitarismo.
Con Montes ya son seis los ex congresistas absueltos en la investigación, a la que han sido vinculados más de 60 legisladores y ex legisladores.
"Hay que respetar decisiones"
Ante esas determinaciones, Rafael Pardo, precandidato liberal a la presidencia, le dijo a BBC Mundo que aunque no tenía muchos elementos de juicio, "hay que respetar las decisiones judiciales".
"Uno no puede anticiparse a que todos los que estén siendo investigados sean condenados. Justamente para eso son las investigaciones", añadió Pardo.
De otro lado, la Fiscalía decidió llamar a indagatoria al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, al secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, y a su antecesor en el cargo, Alberto Velásquez.
Ellos, junto al actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, están siendo investigados penal y disciplinariamente por supuestamente haberle dado y ofrecido dádivas a la ex congresista Yidis Medina para que apoyara la reforma constitucional que abrió las puertas a la reelección presidencial.
Medina ya aceptó cargos y la Corte Suprema la condenó por el delito de cohecho.
El ministro Palacio dijo estar tranquilo por su llamado a indagatoria, anunció que no renunciará a su cargo y declaró que incluso esperaba a que se tomara esa medida.
Su colega de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró: "Aspiramos a que el ministro Palacio pueda demostrar su inocencia".
"Yidisgate"
La columnista María Jimena Duzán indicó a BBC Mundo que ella no cree que vaya a pasar nada con el "yidisgate" en la Fiscalía.
"No se me haría raro que así como lo abren, 'precluyeran' el proceso. Creo que es una jugada de maquillaje", afirmó.
Mientras se tomaban todas estas decisiones, dos congresistas que están presos por la parapolítica por orden de la Corte Suprema, entre ellos el hasta hace poco presidente del Partido de la U, la principal fuerza uribista en el Congreso, Carlos García, renunciaron a sus fueros.
El Senado aceptó sus renuncias y ahora los dos ex legisladores seguirán siendo investigados por la Fiscalía General.
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Anónimo
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jueves, 21 agosto, 2008
No obstante, todo iba bien para la Corte Suprema en sus investigaciones sobre la parapolítica. A pesar del crecido número de parlamentarios que iban cayendo, uno investigados y otros detenidos, a Uribe solo le preocupaban sus proyectos en el Congreso.
“Lo importante es que voten antes de que los encarcelen”, dijo.
Pero cuando se enteró en Washington, por los medios, que su primo entrañable, Mario Uribe -con quien hizo, hombro a hombro, su carrera política, y desde el principio- había sido apresado por concierto para delinquir, se descompuso y desde entonces inició un asedio implacable contra la Corte, en especial contra la Sala Penal de la misma y contra el brillante magistrado Iván Velázquez, coordinador general de las investigaciones sobre la parapolítica.
El primer golpe lo recibió a los pocos días de haber sido confinado Mario Uribe. Santiago Uribe, hermano del Presidente, fue el encargado de entregarle a éste una carta de ‘Tasmania’, un pavoroso paramilitar, en la cual se acusaba a Iván Velázquez de haberle hecho propuestas indecentes para hundir a ciertos presuntos parapolíticos, acusación que obligó a la Fiscalía a abrir una investigación contra el magistrado.
La misma Fiscalía General de la Nación, en manos de un ex subalterno de Uribe, tuvo que cerrar el caso contra Velázquez, por considerarlo “un burdo montaje”, en el cual se dejó entrever que sus artífices fueron Mario Uribe y Santiago Uribe, este último un verdadero personaje en los libros escritos sobre el mandatario colombiano en los cuales se le señala como el jefe de la banda paramilitar ‘Los doce apóstoles’ acusada de varios genocidios.
(Sobra el comentario acerca del hermano de un Presidente que obra en calidad de mensajero de un tenebroso criminal para enlodar a un magistrado de las altas Cortes).
Posteriormente, cuando la Corte falló contra Yidis (en el famoso escándalo de la ‘Yidispolítica’) y la sentenció a pagar una pena por cohecho, en el cual aún no se ha fallado contra la otra parte que contempla a un ministro, a un embajador y al mismo mandatario, Uribe llegó a decir que algunos magistrados “tenían nostalgia del terrorismo agonizante”, frase que pronunciada por el Presidente equivale a una pena de muerte en Colombia, a tiempo que acusaba a los senadores de la oposición Gustavo Petro y Piedad Córdoba de haber organizado un “cartel de testigos” para involucrar a sus adláteres en la parapolítica.
En el hostigamiento incesante no dejan de actuar los mismos congresistas, los presidentes y ex presidentes del senado involucrados en investigaciones sobre parapolítica.
El 13 de Agosto, según Semana, en reunión celebrada entre Uribe y su bancada uribista en la Casa de Nariño “lo que más llamó la atención fue el propósito del líder de envalentonarlos. ‘Insistentemente –contó un asistente a la revista- nos dijo: ¡no hay que tener miedo!”. Porque es natural que los embargue el miedo al tener que enfrentar a la justicia con armas tan sucias teniendo semejante rabo de paja.
A estas alturas no se sabe si la Corte pidió auxilio a la Corte Penal Internacional o si fue una coincidencia que ésta enviara un carta al gobierno firmada por el argentino Luis Moreno, Fiscal de la CPI, en la que pide se le informe “Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluidos dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente aliados a los grupos desmovilizados” y pregunta si “la extradición de los jefes paramilitares a EE.UU presenta algún obstáculo para la investigación de estos políticos”.
Es decir que la CPI estaría más interesada en que se juzgue a los autores intelectuales que a los criminales confesos. Siempre se ha dicho que los paramilitares fueron, aún más, corrompidos por los políticos.
De todas maneras como estaba previsto, tenía que llegar un momento en que la justicia internacional hiciera presencia en el país, al fin de cuentas Colombia es signataria del Tratado de Roma.
“Lo que está en juego –dice la valiente periodista María Jimena Duzán- es la capacidad del Estado para desarticular el poder de una mafia que, lejos de haberse desmoronado, se ha ido incrustando en los círculos de poder; una mafia que opera desde adentro y no desde afuera, como lo hacía Pablo Escobar, y que se está haciendo sentir cada vez más en regiones como Norte de Santander o el Valle del Cauca, por no hablar del resurgimiento de la Oficina de Envigado. Una mafia que puede decretar asesinatos desde dentro del Estado como pudo haber sucedido con el de Álvaro Gómez, ordenado al parecer por un coronel de la Policía que era todo un jefe de la mafia, según se desprende de las revelaciones hechas por SEMANA sobre el testamento de Castaño. Es esa mafia la que está detrás de la para-política y de la campaña contra la Corte. Nada más ni nada menos”.
Pero ese reducto de Estado no contaminado que es la Corte Suprema de Justicia está en ‘Jaque’ y requiere de urgencia la solidaridad nacional e internacional.
Anónimo
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jueves, 21 agosto, 2008
El régimen incluye a las transnacionales que arman, entrenan y financian escuadrones de la muerte (Chiquita Brands y todas las bananeras, Drummond, Coca-Cola, según confesiones de paramilitares y evidencias acumuladas) y que no han sido objeto aún de los procesos de investigación jurídica que se requieren. También incluye a los Gobiernos extranjeros de potencias encabezados por los EEUU, que dictan las políticas e imponen el sentido y propósitos del régimen al servicio de las transnacionales, es decir, el uso y abuso de recursos públicos de estos Gobiernos para acceder a territorios y riquezas para beneficio de las corporaciones transnacionales: Plan Colombia, IIRSA, Escuela de las Américas, iniciativas militares y de inteligencia con el mismo objetivo. El régimen así constituido de manera transnacional y con una estructura de poder vertical al servicio del gran capital, es quien recibe esta carta de la Corte Penal Internacional a través del Gobierno de Colombia.
Veamos:
1. El Fiscal Argentino Luis Moreno, actuando a nombre de la CPI, dice en su carta publicada en el Nuevo Siglo: "Investigaremos de cerca por qué algunos ex paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos", con lo que advierte al régimen que, si la Justicia del régimen ha actuado para impedir que se haga justicia, la CPI tendrá jurisdicción para actuar en este caso y proceder para que se haga justicia.
2. La CPI solicita información sobre la decisión de extradición de paramilitares por parte del Gobierno de Colombia a los EEUU, porque esta decisión parece implicar que criminales de lesa humanidad, los delitos más graves y que deben tener prerrogativa sobre cualquier otro, son transferidos a la justicia de los EEUU para responder por cargos menores. Queda en evidencia la puerta giratoria de la justicia a través de la cual reos acusados por un delito en un lugar de la jurisdicción bajo control del régimen (en este caso Colombia) son transferidos a otro lugar (EEUU) con el efecto inmediato de quitarle a la justicia Colombiana el derecho de juzgarlos o de siquiera poder recoger evidencias y proceder en derecho de acuerdo con los cargos más graves: crímenes de lesa humanidad.
3. El régimen, a través del Presidente Uribe y del Ministro del Interior Valencia Cossio, se ha dedicado en los últimos meses a someter a la Corte Suprema de Justicia y a toda la justicia en Colombia, al poder del Ejecutivo. Específicamente, el Presidente Uribe violó la Convención de Ginebra al utilizar emblemas de la Cruz Roja en la Operación Jaque y mintió al respecto para encubrir la evidencia, extraditó a paramilitares y ha tenido una relación constante desde los niveles más altos, de coordinación y articulación con estas fuerzas del terror. Ante las acciones de la Corte para investigar estos temas y obtener respuestas del Gobierno y del Presidente, este ha lanzado una estrategia integral para desprestigiarla y someterla, lo que ha obligado a la Corte, en días pasados a proceder jurídicamente contra el Gobierno por su abuso de poder. La reforma jurídica propuesta tiene la intención de proteger a los políticos y funcionarios involucrados en la parapolítica.
4. La extradición de los paramilitares, una vez que empiezan a confesar sus crímenes y a destapar la relación entre el paramilitarismo, el Gobierno Colombiano, el de los EEUU y las corporaciones, y el ataque y desmantelamiento de la Justicia y su Corte más alta, tendría como resultado el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad y de sus autores transnacionales. Quedaría oculto el régimen que utiliza el terror con fines de acumulación, sus responsables al más alto nivel, los mecanismos de mando, decisión, articulación, financiación y sus víctimas. En otras palabras, se habría logrado la impunidad que requiere el proyecto de terror transnacional para lograr sus fines. Logrado esto, la agenda de terror queda en libertad para continuar según lo planificado.
5. Los preparativos para encubrir al régimen se hicieron con anticipación. El 5 de Agosto de 2002, a dos días de entregar la Presidencia a Álvaro Uribe, el Presidente Pastrana, a cargo de sus funciones dentro del régimen y luego de haber comprometido al Estado Colombiano con el Estatuto de Roma de manera que Colombia queda bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, exime a Colombia por un período de 7 años (hasta el 2009) de aplicar el artículo 8 de este estatuto, que incluye los crímenes de guerra. Ese artículo contiene los delitos de lesa humanidad como los cometidos por los paramilitares, el abuso de emblemas como el de la Cruz Roja y las acciones de actores intelectuales al más alto nivel. En otras palabras, Pastrana, preparaba el camino para la impunidad de paramilitares, sus socios y patrones que vendría con el Gobierno Uribe. El régimen se blindaba a través de dos Presidentes a su servicio.
6. El Estatuto de Roma, de 1998, no es firmado por los EEUU, de modo que los crímenes y criminales de lesa humanidad de ese país no pueden ser juzgados por esa instancia. De esta manera, el régimen consolida el blindaje. La CPI no tiene jurisdicción en los EEUU, adonde fueron extraditados los paramilitares y de donde se encuentran los centros de mando del régimen.
7. La agenda que combina el terror y los crímenes de lesa humanidad con legislación coherente con intereses transnacionales y con propaganda encubridora y promotora del proyecto de acumulación, sigue avanzando en y desde Colombia. Las amenazas, desapariciones, torturas, masacres, desplazamientos y terror continúan dentro del país mientras el régimen convertido en modelo desde Colombia se extiende por el Continente y en otras regiones. La impunidad es indispensable de modo que el proyecto y el modelo puedan implementarse al servicio del poder transnacional globalmente. Si la Justicia Colombiana o la CPI descubrieran la verdad sobre la estructura de terror global para la acumulación, el proyecto del régimen estaría expuesto y la justicia impondría su disolución. Un resultado muy amenazador y preocupante para el poder global.
8. En este contexto, la carta de la CPI a través del Fiscal Luis Moreno es una advertencia al régimen a través del Presidente Uribe: o respeta a la Corte Suprema de Justicia y facilita el que se haga justicia desde Colombia de manera profunda e inequívoca, o, se demuestra que está obstaculizando la justicia a través de la extradición y las otras maniobras y por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción en este caso y procederá. Advierte además la CPI, que desde hace años, viene acumulando evidencias en relación con Colombia y el paramilitarismo. La propia legitimidad del régimen es el ámbito de esta carta, aunque por el momento se trate solamente de una advertencia firme.
9. Cualquiera que sea la respuesta del Gobierno Colombiano, se acumulará al expediente que viene creando la CPI y que servirá como prueba frente a los crímenes cometidos, a la obstrucción de la justicia y a que las víctimas sean reparadas, la verdad toda sea conocida y expuesta y la justicia se convierta en realidad para que NUNCA MAS! un régimen transnacional de terror pueda hacer lo que está haciendo para acumular a costa de terror y sufrimiento.
10. Si la Corte Suprema de Justicia puede, como le corresponde, seguir investigando y resolviendo en derecho, el régimen tendrá una piedra en el zapato actuando desde dentro. Si la Corte Suprema es limitada en sus posibilidades y alcances, algo se sabrá y casi todo será encubierto, con lo que se legitima el régimen, el terror continúa y no se hace justicia. Si el ejecutivo somete a la rama judicial, la dictadura del régimen supra y para-uribista se consolida en la ilegitimidad y el poder legal queda en manos de los propios criminales. Este último es el proyecto en curso desde la Presidencia y el Ministerio del Interior. La CPI intenta respaldar a una Corte Suprema de Justicia autónoma y eficaz sumida en un régimen autoritario y transnacional.
11. Si la Corte Suprema de Justicia es debilitada o sometida, la CPI debería intervenir por encima y por fuera del régimen. Si lo hace, no tendrá jurisdicción en y sobre los EEUU, lo que de antemano limita el alcance de sus procesos, pero le permite develar verdades y avanzar significativamente hacia una justicia real para las víctimas. El mayor impacto será el de exponer la existencia, estructura y funciones del régimen transnacionalizado de terror para desmantelar el engaño con el que nos hacen creer en la existencia de Gobiernos autónomos y Presidentes populares para imponernos le crisis económica, el despojo, la exclusión y el hambre.
12. Si los pueblos y la ciudadanía no entendemos esta realidad y no le hacemos seguimiento a estos procesos respaldando la justicia y exigiendo que se haga realidad, seremos sometidos de manera permanente a un régimen que se sirve del terror para despojar y acumular y de la propaganda y el embrutecimiento colectivo para encubrir. Por eso, el New York Times publicó un artículo el 15 de Agosto titulado "Corte investiga a quienes apoyaron a Rebeldes en Colombia" en el que, refiriéndose a la misma carta del Fiscal Moreno, habla de investigaciones de la CPI a quienes respaldan a las FARC, tema que no se menciona para nada en esta carta al Gobierno de Colombia lo que, una vez más, pone en evidencia la estructura del régimen y sus poderes. El aparato de propaganda del régimen, desde el medio más poderoso de los EEUU, distorsiona la verdad, miente abiertamente y procede a encubrir para movilizar la ciudadanía desinformada en favor de un régimen ilegítimo.
13. Un detalle más: la carta del Fiscal Moreno es dirigida a Rodrigo Lloreda, embajador de Colombia en La Haya, sede de la CPI. Esta es publicada en su totalidad en El Nuevo Siglo. Nos imaginamos que llegó allí y se dio a conocer por acción directa del Embajador Lloreda, conocido dirigente del Partido Conservador y ex-ministro de educación del Presidente Pastrana. El Nuevo Siglo es propiedad de los Pastrana y órgano vocero del ex-presidente Andrés Pastrana quien tanto contribuyera a preparar el terreno para la impunidad del régimen con los 7 años de gracia que le concedió al terror frente a la jurisdicción de la CPI. ¿Será que la campaña Presidencial y los propósitos electorales juegan en las decisiones del ex-presidente y de su partido en estos momentos en que Álvaro Uribe busca reelegirse? Esto es posible ya que no hay el menor indicio ni evidencia que le permita al ex-presidente Pastrana y al Partido Conservador argumentar que su interés es la justicia o que no son y han sido siempre orgánicos y beneficiarios del régimen que se sirve del terror para que acumulen.
La Corte Suprema de Justicia debe ser respetada, el Gobierno debe responder y someterse a la justicia, las confesiones y las investigaciones deben develar la estructura de poder, los criminales con mayor poder y mando deben responder por sus crímenes y ante todo, los pueblos no podemos aplaudir a quienes nos masacran y explotan para enriquecerse a nombre de la "democracia", la "decencia" y la "justicia", términos que han manchado de sangre y de dolor desde las instituciones que han creado para maltratar. O mejor dicho, si pueden, lo hacen y seguirán por ese camino de dolor y horror adornado de mentiras, a menos que dejemos de aplaudir y abramos los ojos.
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