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Paro, Inflación, Crisis y también Corrupción |
El alcalde socialista de la localidad malagueña de Estepona, Antonio Barrientos, ha sido detenido junto a varios concejales dentro de una operación contra la corrupción urbanística. En total se ha detenido ya a al menos 23 personas. Los detenidos estarían implicados en la financiación irregular del Ayuntamiento, aunque la Fiscalía Anticorrupción también ha librado órdenes de detención por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
En el desarrollo del dispositivo, que continúa abierto y en el que trabajan agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco), el actual alcalde socialista Antonio Barrientos ha sido conducido por agentes de la Policía desde su domicilio hasta la sede del consistorio.
Las mismas fuentes explicaron que era la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga la que llevaba el caso hasta que el Fiscal General del Estado dio la competencia a la Fiscalía Anticorrupción por el "número de implicados" y su "trascendencia".
Registros en el consistorio y en la vivienda
La operación se ha iniciado esta mañana, alrededor de las 9, cuando el alcalde ha llegado al Ayuntamiento escoltado por la agentes de la Unidad del Crimen Organizado de la Policía Nacional. Expertos en informática de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esperaban para entrar en el inmueble. Otras dependencias también están siendo también registradas, como la residencia particular del alcalde de la localidad malagueña.
Los agentes han acudido a la vivienda del alcalde, un inmueble unifamiliar de la urbanización Bahía Azul, donde la Policía ha cortado la calle y desde donde han trasladado a Barrientos escoltado al Ayuntamiento.
De igual modo, el edificio Puertosol, donde se encuentran áreas como Urbanismo y Hacienda, está siendo registrados en presencia de los concejales de ambas áreas, Rafael Duarte y Francisco Zamorano, ambos del PSOE. La calle de acceso al edificio Puertosol está cortado con coches patrullas atravesados y los agentes controlan sus entradas. De hecho, sólo se permite la entrada y salida a empleados por la puerta principal, donde se encuentran agentes.
Además, varios secretarios de los Juzgados de la vecina ciudad de Marbella han sido movilizados para participar en los registros dentro de esta operación, según han asegurado a Efe fuentes judiciales.
Esta nueva operación contra la corrupción urbanística podría tener similar envergadura a la Operación Malaya, que desarticuló una importante trama en la ciudad de Marbella en mayo de 2006. También están siendo investigados otros miembros de la corporación y los responsables de algunas sociedades municipales.
La operación 'Astapa' que se lleva a cabo ha puesto al descubierto una trama de cobro de comisiones ilegales por parte del ayuntamiento a cambio de la concesión de licencias de obras.
El Ayuntamiento de Estepona está compuesto por 11 concejales del PSOE, 5 del PP, 5 del Partido de Estepona (PES) -integrado por ex miembros del GIL-, dos del PA, uno de IU y uno de Estepona 2007 -una ex alcaldesa del PP-. El Gobierno municipal está integrado por los once concejales del PSOE, los dos del PA, el de IU y el de Estepona 2007.
Etiquetas: conocimiento, medios, monopolios, multitud, politica.
El jefe del Gabinete de la Alcaldía ha sido trasladado por los policías hasta la sede principal del Ayuntamiento sobre las 16,40 horas, hasta donde fue conducido casi hora y media antes también el alcalde, el socialista Antonio Barrientos, arrestado igualmente en esta misma operación, y que ha sido increpado al llegar por algunos de las decenas de vecinos concentrados en las inmediaciones.
El ingeniero de Obras Públicas Javier Wittmeur ocupa alguna responsabilidad en el área municipal de Urbanismo y figuraba en las últimas elecciones locales en la candidatura del Partido Estepona (PES), formado por ex integrantes del grupo GIL que fundara el fallecido Jesús Gil.
Los registros policiales de esta operación continúan tanto en el edificio principal del consistorio como en el inmueble donde están las delegaciones municipales de Urbanismo y Hacienda, el edificio PuertoSol, y también se han realizado en la casa del alcalde, ubicada en la urbanización Bahía Azul.
Estos arrestos forman parte de un total de una veintena, entre los que hay otros ediles y funcionarios municipales como el arquitecto Arturo Cebrián, al que unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado febrero con un presunto caso de blanqueo de capitales. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), continúa aún facilitando documentos a la Policía desde esta mañana, aunque no está detenido.
El ex alcalde socialista de Estepona Antonio Caba ha estado presente en el registro de la casa de Barrientos y se cree que podría estar ejerciendo como abogado.
Los delitos que se investigan y que se imputan a los detenidos son, en principio, los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
Operación Astapa
La operación ha sido llamada Astapa, el nombre que los fenicios dieron a Estepona, y comenzó a finales de 2006 . En la misma, se investiga una amplia trama que, como en el caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado.
En la causa también figuran obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico. Según fuentes de la ficalía, podrían estar implicados gobiernos anteriores de esta localidad, que tuvo como alcalde a Jesús Gil Marín, hijo del ex primer edil de Marbella Jesús Gil.
La Fiscalía Anticorrupción considera que el Ayuntamiento de Estepona funciona “con el mismo patrón” que el de Marbella, en la misma provincia, bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL).
La investigación fue iniciada por un Juzgado de Estepona con el apoyo de la Fiscalía de Málaga, pero la trascendencia del caso y el alto número de personas implicadas les llevó a solicitar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la causa fuera asignada a la Fiscalía Anticorrupción.
Tras estudiar el informe en el que se detallaba el estado de las investigaciones, Conde-Pumpido decidió hace aproximadamente un mes otorgar la competencia a la Fiscalía Anticorrupción malagueña.
La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE ha iniciado los trámites para incoar los expedientes de expulsión provisional de los implicados de su partido en la presunta trama de corrupción urbanística. La expulsión erá provisional "hasta que se esclarezcan las conclusiones de la investigación".
El Ayuntamiento de Estepona está compuesto por 11 concejales del PSOE, 5 del PP, 5 del Partido de Estepona (PES), que lo integran los ex miembros del GIL, dos del PA, uno de IU y uno de Estepona 2007 y una ex alcaldesa del PP.
Polémico alcalde
El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, renovó su mandato al frente de la alcaldía tras las elecciones de mayo de 2007. Es uno de los acaldes mejor pagados de España, con un salario de 97.210 euros. Su nombre ya había aparecido al menos, en dos escándalos urbanísticos.
El primero, la construcción del Hotel Estepona Palace, que tenía problemas legales relacionados con el terreno donde estaba ubicado. El segundo escándalo tiene que ver con la lista de cargos que recibieron regalos de la empresa de Juan Antonio Roca (cerebro de la trama de Marbella), a cambio, supuestamente, de un trato de favor. En la misma, figuraba el alcalde de Estepona.
La detención del empresario cordobés tuvo lugar desde la mañana y corrió a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial.
Por su parte, el Grupo Prasa hizo público un comunicado en el que afirmaba que José Romero González "ha sido llamado a ampliar información sobre la actividad inmobiliaria de esta compañía a lo largo de los últimos años en el municipio de Estepona".
Máximo accionista del Córdoba Club de Fútbol
Añadía la inmobiliaria que desde 1961 ha desarrollado "una filosofía de trabajo que conjuga calidad y experiencia, reinversión e innovación ininterrumpidas" que hacen de ella "una gran compañía a nivel nacional, con presencia geográfica en gran parte de España, sur de Portugal, otros países europeos, africanos y sudamericanos". Afirmaba también que desempeña "una incesante actividad de diversificación que se extiende más allá del sector inmobiliario" y que "más de 43.500 viviendas les avalan".
José Romero es el máximo accionista del Córdoba CF, y su presidente, Rafael Campanero, tiene previsto mantener este miércoles un encuentro con los medios de comunicación para hacer balance de la temporada y en la que previsiblemente ofrecerá una valoración sobre este asunto. Romero posee el 98% del club cordobesista desde que hace dos años adquirió el paquete accionarial que poseía el empresario Rafael Gómez, también imputado en la Operación Malaya.
Las actuaciones urbanísticas de Prasa en Estepona ya fueron objeto de polémica cuando se ordenó la demolición de la obra de un hotel que estaba paralizada desde 2003 porque superaba los límites de edificabilidad e invadía una zona de dominio público en el paseo marítimo de la localidad. El hotel fue fruto del acuerdo entre el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, ahora detenido, y la empresa cordobesa.
Entre los proyectos que Prasa tiene en marcha en Córdoba destaca una inversión de 90 millones de euros en la construcción de un hospital de alta resolución, un hotel y una zona de consultas externas en el futuro parque tecnológico de Rabanales 21, además de haber inaugurado el pasado mes un hotel de cinco estrellas que gestiona AC Hotels. Prasa también tiene en marcha promociones tanto en Málaga, como en el extranjero, en países como Rumanía, Polonia o Portugal.
Hasta el momento, hay una veintena de detenidos, entre los que se encuentran el alcalde socialista, Antonio Barrientos. También fueron arrestados varios concejales de la corporación y otros funcionarios municipales, así como el ingeniero de Urbanismo. El edil socialista está al frente del Ayuntamiento desde 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del partido de Gil. En mayo de 2007, fue reelegido.
En cuanto a José Romero, se trata de un promotor que salió del anonimato en 2006, al apoyar a Joaquín Rivero en la pugna que mantenía entonces con la familia Sanahuja por el control de Metrovacesa. Romero tomó el 3% de la compañía al objeto de respaldar al primero.
El grupo cordobés facturó en 2006 (según los últimos datos disponibles) 725 millones de euros y ha realizado fuertes inversiones en suelo en el exterior. Romero también es el máximo accionista del Córdoba F.C., participación que adquirió a otro empresario cordobés, Rafael Gómez, conocido como Sandokán, que fue imputado hace dos años en la operación Malaya.
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