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Durante la pasada legislatura, el Gobierno del PSOE procuró acentuar el pretendido acento “neutral” del Estado, permitiéndose incluso aplicar algunas pinceladas de progresismo que, desde luego, le ha proporcionado pingües beneficios en las últimas elecciones. No obstante, en épocas de crisis como la que ya nos atenaza, la naturaleza de clase del Estado queda al desnudo hasta para el más cándido; más aún cuando, al ser la correlación de fuerzas entre las clases sociales tan desfavorable para el proletariado como es hoy, no se trata de presentarse como “árbitro” del conflicto entre clase obrera y burguesía, sino de aplicar disciplinadamente las medidas que salven a la oligarquía del marasmo en que ella misma nos ha envuelto, a costa de sumir en la desesperación a miles de trabajadores.

Es así como los gurúes del neoliberalismo olvidan bien pronto sus recetas sobre el Estado «no intervencionista» y se lanzan a saquear las migajas que, en los años de “bonanza”, cedieron graciosamente al Estado, en previsión del futuro.

Naturalmente, el nuevo Gobierno de Zapatero, de profundo perfil neoliberal, ha entendido a la perfección su papel histórico y se ha aprestado a ponerse al servicio de sus amos oligarcas, escudándose en la “legitimidad” que le aportan los casi 11 millones de votos conseguidos el 9 de marzo: a ellos ha dedicado, cínicamente, la promesa de «trabajar para los más desfavorecidos».

Así, más allá de la demagógica «paga de los 400 euros», la parte importante del famoso paquete de medidas aportado por el Gobierno seguirá garantizando el negocio de las principales constructoras a través de la inversión del Estado: obra pública (¿más autovías?), VPO de construcción privada (cuando ya están por las nubes y después de elevar el precio del m2 en enero) o la conversión de las viviendas libres no vendidas en una especie de vivienda protegida más cara. Y eso, por no hablar de la eliminación del impuesto de Patrimonio, que beneficiará a los que lo tengan, naturalmente. Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha comprometido con las inmobiliarias pertenecientes al grupo de las 14 mayores promotoras (el G-14) a que los ayuntamientos pongan suelo en el mercado para la construcción de unos 200.000 pisos de protección oficial anuales. El Estado atiende, así, las demandas de patronales como la catalana APCE o la valenciana Cierval, quien no duda en reclamar ayudas oficiales para renovar establecimientos hoteleros, recolocando parte de la mano de obra de la construcción.

En el campo de las infraestructuras, se observa una gran preocupación de las burguesías regionales y nacionales por conseguir parcelas de gestión económica. Un ejemplo es la reiterada petición que ha hecho el Consell valenciano por que le sea transferido el servicio de Renfe Cercanías: una forma de asegurarse liquidez desde el Estado central, o bien de repartir servicios, una vez privatizados, a un sector del capital bien tocado por la crisis inmobiliaria (Astroc, Llanera).

Lo mismo vale, por supuesto, para Catalunya, donde tal reclamación se presenta como «derecho a decidir» para ganar apoyos populares.

En cuanto a la banca, y a pesar de los cuantiosos beneficios acumulados en los últimos tiempos (un 39% más que el año pasado, en el caso del BSCH), el Gobierno se ha sentido obligado a asegurar la buena marcha de los negocios financieros: así, el Estado garantizará a la banca los créditos prestados para compra de VPO; y, ya en el colmo del cinismo, ha anunciado la ampliación «gratuita» del plazo de las hipotecas, medida sobre la cual la banca se ha manifestado «dispuesta a asumir el sacrificio» cuando, en realidad, ello le reportará un aumento de los enormes intereses que ya le proporcionan estos préstamos.

Pero hay otros frentes en los que el Gobierno del PSOE seguirá los dictados del gran capital para hacer recaer el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Uno de ellos, y no el menos importante por su repercusión en las condiciones de vida del conjunto de las clases populares, es el campo. El Ministerio de Ciencia e Innovación pasa a estar dirigido por Cristina Garmendia, ex presidenta del grupo Genetrix (dedicado a los cultivos transgénicos) y de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO). Esto va a significar, en el campo, un impulso a las grandes empresas agrícolas y la ruina de miles de pequeños productores, ya golpeados por el aumento de los costes y expropiados por las grandes distribuidoras de la alimentación. Como ejemplo de la situación existente en el ámbito ganadero, baste citar el cierre de unas 10.000 granjas de cerdo el pasado año y la eliminación de 200.000 animales, lo cual ha significado un descenso de la producción de carne de 100.000 toneladas en los últimos años. Pero estas medidas no sirven para solucionar el problema, que se encuentra en los monopolios de la distribución. Conscientes de ello, los pequeños productores tienen la ilusión de conseguir «una Ley de Márgenes Comerciales que regule las ganancias de las grandes superficies y distribuidores» y que garantice ese mundo de competencia perfecta con el que han soñado los pequeños productores desde los tiempos de la aparición de la gran empresa capitalista. ¿A alguien se le ocurre que el Gobierno de Zapatero tenga una medida semejante encima de la mesa? Seguramente estos ganaderos no recuerdan que, a raíz de las medidas arancelarias que la UE tomó contra el textil chino en 2005, fueron precisamente las multinacionales de la distribución quienes se pudieron beneficiar de una moratoria para no ver afectadas las importaciones que ya tenían contratadas.

Al hilo de esto, cabe recordar que el sector del calzado acaba de pedir un nuevo “procedimiento antidumping” a la UE contra las importaciones chinas, ya que «se siguen vulnerando las reglas del comercio».

¡Como si la economía capitalista no fuera la responsable del tremendo caos económico!

Vemos, en fin, que el Estado (ese Estado-nación cuya importancia algunos niegan, pero que aún es real) se ha puesto manos a la obra para reforzar el dominio económico de las clases más pudientes, ante la crisis inmobiliaria, la falta de liquidez financiera, el encarecimiento de los alimentos, etc. Que la burguesía, ante las dificultades y como siempre, reclama del Estado la intervención que le niega cuando amasa beneficios. Y, por último, que este acuerdo entre la burguesía y los que gestionan su Estado desemboca en paro, carestía, endeudamiento insoportable e inflación para la clase obrera y otros sectores populares. En lo político, esta situación se plasma en un acercamiento PP-PSOE, en la profesión de fe monárquica y en la represión de la izquierda, mientras se alienta a los grupos fascistas para que siembren el temor entre la juventud, uno de los sectores más golpeados por la situación actual. A partir de estas premisas, no cabe sino hacer comprender a las masas la vinculación del problema económico-social a la lucha por el poder político, para reforzar la lucha contra el Estado monárquico, el de la oligarquía, y por la conquista de la República para avanzar hacia el Socialismo.

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