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La situación en Sri Lanka es aún grave. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reclama libre acceso a los campos de refugiados.

Cerca de 300.000 desplazados internos provocó la última escalada del conflicto, según cálculos de la ONU, organización que, por cierto, ve reducir su credibilidad al haber emitido una resolución complaciente sobre las obligaciones de Sri Lanka en torno al derecho humanitario y los derechos humanos.

Ginebra ha sido punto de discusión sobre lo que en Sri Lanka acontece, tras la grave ofensiva del Ejército contra la guerrilla separatista tamil: Este miércoles, en sesión especial, el Consejo de Derechos Humanos abordó la situación, pero de modo decepcionante para los defensores de los derechos humanos.

Se esperaba "una investigación internacional, independiente y creíble para verificar las circunstancias y naturaleza de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", según había pedido la propia Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

"Cerca de 300.000 desplazados internos se encuentran en los campos establecidos por el gobierno. Los civiles se hallan en una situación de extrema pobreza entre el Ejército y los tigres tamiles. Está claro que los rebeldes actuaron contra las normas internacionales, utilizando a civiles como escudos humanos", mencionó Magdalena Sepúlveda, experta de la ONU.

Pero sus señalamientos no sólo apuntaron a los rebeldes: "Pero cuando el gobierno mantiene en los campos a mujeres y niños en condiciones que se parecen a las de una detención arbitraria, resulta capital liberarlos lo más rápido posible y darles acceso a agua potable, techo y cuidados".

El CICR, sin acceso

Aún más, el personal humanitario no tiene acceso a ciertas zonas, en especial, en el norte de la isla, para verificar los testimonios de tortura, detención extra judicial y secuestros, mencionó Sepúlveda.

Un aspecto que también desde Ginebra denunció el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el suizo Jakob Kellenberger, al mencionar que, "el acceso que garantizó el gobierno de Sri Lanka aún no es claro".

Según la ONU, 7.000 civiles habrían muerto en cuatro meses. Las organizaciones humanitarias acusan al ejército gubernamental de haber bombardeado con artillería pesada a la población civil.

Pero en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Colombo rechazó ayer toda condena e hizo caso omiso a las solicitudes para establecer una investigación internacional o una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su territorio.

'No categórico'

"Es un no categórico. No hay razón para abrir una investigación. No queremos injerencia extranjera", respondió Raijiva Wijesinha, brazo derecho del ministro de derechos humanos de Sri Lanka, en una reunión organizada el martes por Human Rights Watch, al margen de la sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Un no a la injerencia que se tradujo en una resolución complaciente para Colombo, apoyada por 29 países. Seis naciones se abstuvieron y otras doce, incluida Suiza, se opusieron a ella.

De este modo quedó de lado el proyecto de resolución -mucho menos clemente- presentado por Berna ante la ONU y que exigía "un trato urgente de la situación de los derechos humanos", según había mencionado el embajador de Suiza ante la ONU, Dante Martinelli al inicio de esta semana.

La resolución finalmente aprobada condena sólo las presuntas violaciones de los derechos humanos perpetradas por los rebeldes, sin evocar ninguna investigación por eventuales crímenes de guerra.

Suiza mantiene su política de asilo

"Millones de personas torturadas, desaparecidas, asesinadas... y el gobierno se limita a hablar de planes de reconstrucción. No se puede dar vuelta a la página sin que haya una investigación seria de estas décadas de impunidad", dijo la abogada srilanquesa Ramani Mttettuwegma, invitada a Ginebra por la plataforma de organizaciones civiles FORUM-ASIA.

"Los testigos y sus familias abandonan el país por miedo a represalias", agrega la defensora de los derechos humanos al explicar la situación actual en Sri Lanka tras la victoria militar del gobierno de Sri Lanka contra los separatistas tamiles.

Suiza, de hecho, durante las tres décadas de conflicto refugió a una cuantiosa comunidad tamil. Actualmente hay más de 40.000 tamiles viviendo en su territorio, de las cuales unos 15.000 han adoptado la nacionalidad helvética.

Justamente este jueves, durante el periodo de sesiones del Legislativo helvético, el tema del asilo a la comunidad afectada por el conflicto en Sri Lanka fue abordado por la Cámara Baja.

Tal como lo decidió anteriormente el Senado, los diputados se inclinaron por mantener el reenvío de solicitantes de asilo tamiles rechazados por las autoridades competentes por no reunir los requisitos necesarios para darles refugio.

La mayoría legislativa argumenta que las autoridades responsables de evaluar las solicitudes de asilo tienen las precauciones suficientes para evitar la expulsión de Suiza de personas que realmente estarían expuestas a volver a las zonas más peligrosas de la isla, es decir, el suroeste y este de Sri Lanka.

Hasta mediados de mes llegaron a Berna 662 nuevas solicitudes de asilo de tamiles. Cada expediente será evaluado meticulosamente, puesto que una de cada cuatro solicitudes no tiene fundamentos para ser aceptada, asegura Berna.

InfoSud/swissinfo.ch

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