La caída del consumo y el fuerte aumento del paro en España han casi cuadruplicado el número de personas y empresas, sobre todo pymes, que se han declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) entre enero y marzo. Para la historia quedará ahora este primer trimestre de 2009 con un récord de 1.558 insolvencias, casi cuatro veces más que en el mismo período del ejercicio anterior, tras registrar un fuerte avance del 266,6% por el efecto dominó que originan las quiebras de las grandes empresas en sus proveedores y demás acreedores. Además, si se mantiene este ritmo hasta final de año, el número de concursos duplicará los 2.902 acaecidos en todo 2008.
Sobre esta evolución, la estadística de Procedimiento Concursal hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) pone en evidencia que este inicio de año está siendo la peor fase de la crisis hasta la fecha, ya que los concursos han repuntado un 44% con respecto a los tres últimos meses de 2008. Sin embargo, no hay consenso sobre si ya se ha tocado fondo o se puede seguir cayendo. De hecho, la firma de servicios legales y auditoria KMPG augura un crecimiento "sostenido, imparable y significativo" en los concursos de acreedores hasta cerrar el año entorno a los 4.000 pese a la reciente modificación de la Ley concursal.
Entre enero y marzo, el número de ciudadanos insolventes se triplicó en variación interanual (creció un 203%), hasta llegar a los 200; en tanto que las empresas y autónomos en concurso de acreedores aumentaron un 278,3%, hasta las 1.358, lo que representa que se han multiplicado casi por cuatro frente a un año antes. De ellas, tres de cada diez tenían como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria, mientras el resto estaban relacionadas con la industria y la energía, y un 17,8% con el comercio.
En cualquier caso, la mayoría de ellas (un 60%), fueron pymes, al tener un volumen de negocio inferior a dos millones de euros y ser mayoritariamente sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, cuatro de cada diez del total de empresas concursadas en el primer trimestre del año se concentró en el tramo de 10 a 49 asalariados.
Según el tipo de concurso, 1.470 fueron voluntarios, un 280,8% más que en el primer trimestre del año anterior, y 88 necesarios, un 125,6% más. Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados aumentaron un 218,3% en tasa interanual, mientras que los ordinarios repuntaron un 329,9%. En cuanto a la distribución geográfica de las empresas y particulares insolventes, las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía concentraron el 59,2% del total de deudores concursados en el primer trimestre de 2009.
No obstante, en esta evolución no se refleja el impacto de la reforma de la Ley Concursal, la que se aplica a los procedimientos de insolvencia, que fue aprobada por el Gobierno el 27 de marzo y que entró en vigor el 1 de abril. Un modificación que, según el socio responsable del área Concursal de KPMG Abogados, Gonzalo Aranzabal, ha sido "limitada y urgente" y no ha introducido "ningún elemento significativo para frenar este incremento imparable del número de concursos".
Para Aranzabal, entre sus puntos débiles destaca el hecho de que no da respuesta a las situaciones de sobreendeudamiento de las familias y los consumidores y que tampoco evita el "atasco judicial" ante la "insuficiencia en el número de Juzgados y en los medios de los que disponen para atender esta avalancha" de peticiones de concurso.
El desplome de la producción industrial alcanza niveles desconocidos hasta la fecha
Más malas noticias sobre la evolución reciente de la economía. La producción industrial en España, corregidos los efectos del calendario, cayó un 24,7% en marzo con respecto al mismo mes de 2008, lo que supone la mayor bajada desde que se empezó a elaborar la estadística, en 1993.
Según el Indice de Producción Industrial (IPI) que ha difundido hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), en marzo se registró la undécima bajada consecutiva de este indicador, debido especialmente a la disminución de los bienes de equipo (30,8%), seguida de los intermedios (30,3%), los de consumo (13%) y los bienes energéticos (9,9%). Dentro de los bienes de consumo, los que más cayeron fueron los duraderos, con un descenso del 38,4%, mientras que los no duraderos moderaron esta caída hasta el 9,4%.
En la tasa acumulada del primer trimestre del año, la producción industrial bajó un 22,8% respecto al mismo periodo de 2008, corregidos los efectos del calendario. También baja la producción industrial en todas las comunidades y todas las actividades, sobre todo en la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (34,4%).
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Informe: Las familias y empresas que se declararon en quiebra aumentaron un 266% en el primer trimestre. Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ascendieron a 1.558 durante el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 266,6% respecto a igual periodo de 2008.
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jueves, 07 mayo, 2009
Según la Estadística de Procedimiento Concursal publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en total, el número de familias en concurso fue de 200 entre enero y marzo, un 203% más que en el primer trimestre de 2008, mientras que el de empresas sumó 1.358, con un incremento interanual del 278,3%.
Por el tipo de concurso, 1.470 fueron voluntarios, un 280,8% más que en el primer trimestre del año anterior, y 88 necesarios, un 125,6% más. Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados aumentaron un 218,3% en tasa interanual, mientras que los ordinarios repuntaron un 329,9%.
El 35% de las empresas concursadas en el primer trimestre (475) tenían como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria, el 23,9% estaban relacionadas con la industria y la energía (324), y el 17,8% con el comercio (242). Así, estos sectores concentraron a tres de cada cuatro empresas que se declararon en quiebra o suspensión de pagos en el primer trimestre.
El 72,2% de las empresas que entraron en concurso entre enero y marzo, en concreto 981, eran sociedades de responsabilidad limitada, con un incremento del 254,2% en relación a igual periodo de 2008, mientras que 297 eran sociedades anónimas (+330,4%) y 60 eran personas físicas con actividad empresarial, cifra que multiplica por seis la del primer trimestre de 2008.
Según los datos de Estadística, el 62,2% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo del volumen de negocio (menos de 2 millones de euros) y son principalmente sociedades limitadas. Además, el 86,3% no pertenece a ningún grupo empresarial, mientras que el 13,3% es propiedad de un grupo español y el 0,4% de un grupo extranjero.
Cataluña encabeza los procedimientos concursales
Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el primer trimestre, dado que acapararon el 59,2% del total. Cataluña sumó 373 concursos de familias y empresas, Comunidad Valenciana totalizó 196, Madrid registró 180 y Andalucía experimentó 173.
En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos en el primer trimestre fueron Ceuta y Melilla, con cinco procedimientos; Cantabria, con 17; La Rioja, con 19 concursos; Navarra, con 20, y Extremadura, con 23.
Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.
La crisis dispara los impagos: 2,7 millones de morosos. Los impagos a la banca alcanzaron los 36.148 millones de euros en abril, lo que significa un crecimiento del 158% respecto a la morosidad declarada en el mismo mes del año anterior.
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viernes, 08 mayo, 2009
Según los datos del último informe de Asnef-Equifax, elaborado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, los morosos en España ya llegan a 2,7 millones, después de que en abril aumentase la tasa de impagados un 158% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha supuesto al sector bancario dejar de ingresar 36.148 millones de euros.
El número de españoles que incurrieron en mora se elevó más de dos millones, lo que arroja un aumento del 26% frente a abril de 2008, mientras que el total de inmigrantes que entraron en impago se incrementó un 67%, hasta 691.000.
Por su parte, las empresas morosas crecieron un 33% y se establecieron en 232.000, mientras que el saldo de morosos declarados también aumentó un 121% en el caso de los españoles, un 183% en el de los inmigrantes y un 203% en el de las empresas.
Concretamente, las operaciones morosas ascendieron a 6,19 millones el pasado mes, lo que supone un 50% más que las contabilizadas un año antes y constituye la cifra más alta registrada desde al menos 2002.
En el caso de las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha fue la que más creció en número de morosos, con un aumento del 35% en el caso de los españoles y del 112% en el de los inmigrantes. No obstante, Madrid fue líder en cuanto a empresas perjudicadas, con un incremento del 419%.
Por número de empresas que entraron en el registro de morosos, Murcia se colocó en el primer puesto del ranking de aumento, con un incremento del 45%, mientras que por saldo moroso declarado, Castilla-La Mancha es la región más afectada, con un 154% más, en el caso de los españoles, y del 260% en el de los extranjeros residentes.
Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 148%.
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viernes, 15 mayo, 2009
Los efectos de la crisis económica ya han llegado de pleno a los juzgados. Las demandas por despido aumentaron el año pasado en Cataluña el 59,7%, de manera que los juzgados de lo social recibieron 24.647 asuntos frente a los 15.433 de 2007. Lo mismo sucedió con las llamadas reclamaciones de cantidad, como atrasos salariales o complementos. El año pasado se presentaron 20.768 y en 2007 fueron 13.587.
Son datos oficiales que contiene la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que esta mañana ha presentado su presidenta, María Eugenia Alegret. Entre esos centenares de cifras destaca otra que también evidencia las estrecheces económicas por las que pasan miles de familias. El año pasado se tramitaron 11.240 ejecuciones por impago de las hipotecas, mientras que en 2007 fueron 4.537, lo que significa un aumento del 148%. Los procedimientos cambiarios, aquellos que se ponen en marcha por el impago de una letra, un cheque o un pagaré, también se dispararon hasta casi doblarse, de manera que fueron 8.013 frente a los 4.286.
El incremento de esas demandas es sólo la punta del iceberg de la saturación que sufre la justicia en Cataluña, así como en el resto de España. Y eso a pesar de que se resolvieron 63.000 asuntos más que el año anterior. Pero como el grifo de entrada no se cierra, no sólo no se puede achicar el agua, sino que cada vez hay más acumulada. Al acabar el año pasado estaban en trámite 410.940 asuntos, frente a los 367.971 de 2007. El año pasado entraron en los tribunales de Cataluña 1.353.813 asuntos, frente a los 1.250.177 del año 2007. Alegret asegura que el 88,4% de los juzgados o tribunales de Cataluña están sobrecargados, considerando como tal que se rebasen los módulos de trabajo que considera aceptables el Consejo General del Poder Judicial. En 2007 la saturación afectaba al 73% de los órganos judiciales.
La crisis triplica los impagos de hipotecas y dobla las demandas por despido. Los juzgados sociales, civiles y mercantiles se están viendo saturados.
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viernes, 15 mayo, 2009
La crisis económica triplicó el año pasado los procesos judiciales por morosidad en hipotecas y suspensiones de pagos y llegó casi a duplicar las demandas por despidos improcedentes en Catalunya, lo que está saturando a los juzgados sociales, civiles y mercantiles.
Así lo constata la memoria del año 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), cuya presidenta, María Eugenia Alegret, ha insistido en que la sobrecarga que arrastran los juzgados catalanes exige la creación de 166 nuevas plazas judiciales, 60 de ellas "prioritarias".
Según se desprende del informe de 2008, la crisis económica ha tenido un severo impacto en las jurisdicciones mercantil, civil y social, aunque de momento no se ha traducido en un aumento de la criminalidad, dado que los juzgados de instrucción, que son los que suelen reflejar las actividades delictivas, apenas han visto crecer sus asuntos.
Concretamente, a lo largo del año pasado se incrementaron en un 148% los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, hasta alcanzar los 11.240 casos, mientras que han crecido un 15% los procesos por impago de arrendamientos.
La estadística judicial refleja también un aumento de la morosidad, que ha crecido un 60% en las facturas de monte inferior a los 30.000 euros, mientras que las demandas por impago de deudas de mayor cuantía se ha duplicado.
Los juzgados sociales también se han visto afectados directamente por la recesión económica, al incrementar su actividad en un 30% debido, principalmente, a que las demandas por despidos improcedentes casi se han duplicado, hasta alcanzar la cifra de 24.647, así como los casos de impagos de salarios.
Otra de las jurisdicciones que muestra una perspectiva del impacto de la crisis es la mercantil, que a lo largo del año pasado recibió 1.044 procesos concursales -las antiguas suspensiones de pagos-, lo que supone aproximadamente el triple que en el 2007.
Catalunya es la comunidad autónoma donde se han presentado más concursos de acreedores, la mayoría de ellos por parte de empresas de los sectores de la construcción, inmobiliario, industria y energía con un máximo de 49 trabajadores.
La memoria advierte de que, si en los meses próximos prosigue el mismo ritmo de entrada de asuntos, serían necesarios cuatro nuevos juzgados mercantiles para la ciudad de Barcelona, que recientemente ya fueron reforzados con otros cuatro juzgados.
De hecho, ha remarcado Alegret, el 88,4% de los órganos judiciales catalanes están sobrecargados de trabajo, un 15% más que en el año 2007, cuando la saturación judicial se cifró en un 73%. Asimismo, los asuntos en trámite aumentaron un 11,8% en el año pasado, pese a que se pudieron resolver 63.000 casos más que en el anterior.
La presidenta del TSJC ha recalcado que la situación actual exige reforzar la jurisdicción social con nuevos jueces, especialmente en la provincia de Tarragona, donde la sobrecarga alcanza el 84%, para hacer frente al incremento de trabajadores afectados por despidos. Para reducir el colapso de los juzgados civiles, Alegret considera que bastaría con refuerzos de personal judicial, ya que lo que se requiere es un mayor número de funcionarios que permitan agilizar los trámites.
La crisis disparó los casos en los juzgados mercantiles y sociales: La crisis económica hizo aumentar en 2008 un 40% los asuntos tramitados en los juzgados mercantiles catalanes y un 30% en los sociales respecto a 2007. En concreto, las demandas por despido subieron un 60%, los concursos de creditores un 220% y las ejecuciones hipotecarias un 148%.
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viernes, 15 mayo, 2009
Según la memoria presentada hoy por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, los asuntos en todos los juzgados catalanes se incrementaron en un 8,3%, llegando a los 1,35 millones, y se resolvieron un 5,1 por ciento más que en 2007.
En números absolutos, los juzgados mercantiles ingresaron 5.375 asuntos el año pasado -1.044 de los cuales fueron concursos de creditores-, las ejecuciones hipotecarias en los juzgados de Primera Instancia alcanzaron las 11.240 y los procedimientos contra arrendatarios llegaron a 15.249 en los mismos órganos.
En los juzgados sociales, ingresaron 24.647 despidos -frente a los 15.433 de 2007- y 20.768 reclamaciones de cantidades -frente a los 13.587 del año anterior-.
El TSJC concluye que las estructuras judiciales no están preparadas para adaptarse al incremento de asuntos provocado por la crisis, no son flexibles y necesitan mejoras informáticas.
Además de la crisis económica, la mayoría de órganos judiciales también han visto aumentar el número de asuntos ingresados, lo que ha provocado que el 88,4 por ciento de los juzgados estén sobrecargados de trabajo, mientras que en 2007 eran el 73 por ciento de ellos. Por ello, los asuntos pendientes han aumentado un 11,8 por ciento.
Por volumen de trabajo, serían necesarios 166 nuevos órganos, 60 de ellos prioritarios, pero en 2009 sólo se crearán 23.
Las audiencias provinciales tienen situaciones dispares. La de Barcelona vio aumentar un 8,4 por ciento los asuntos penales, pero se mantuvo el nivel de entrada en los civiles. En Girona han bajado un 4 por ciento, mientras que en Lleida y Tarragona han aumentado un 9 y un 6 por ciento, respectivamente.
Los juzgados de violencia sobre la mujer (Vido) han tenido un 14 por ciento más de asuntos, llegando a los 37.340, pero se considera positiva la creación en 2008 de 12 juzgados exclusivos de esta materia.
Los juzgados penales tuvieron un 12 por ciento más de asuntos, influido por los cambios en el Código Penal en materia de tráfico.
En los registros civiles, habitualmente colapsados, ha mejorado la gestión de colas y la informatización, pero el TSJC reclama una mayor rapidez en la tramitación de los expedientes y más inversión del Ministerio de Justicia en personal y medios informáticos.
Uno de los problemas reiterados de la administración de justicia en Catalunya, es la elevada movilidad de sus trabajadores, que provoca que el 42 por ciento de los funcionarios sean sustitutos y el 40 por ciento de los funcionarios sean interinos. En el caso de los jueces, las vacantes alcanzan el 13% y el 71 por ciento de ellos que concursan, piden plaza fuera de Catalunya.
Alegret dijo que "el sistema actual no es sostenible", ya que consiste en que cada vez hay más asuntos y no se crean juzgados suficientes para resolverlos. Por ello, apostó por promover la mediación, limitar el acceso a la justicia gratuita y a los recursos por temas menores y porque algunas faltas penales pasen a ser ilícitos administrativos y no lleguen al juzgado.
Para ello, es necesario, según Alegret, "consenso social y político" para realizar las reformas legales y penales necesarias para salir de esta situación. Recordó también que la reciente huelga de jueces tiene que ser un "toque de atención" para que los políticos hagan las reformas.
Ante la crisis económica, la presidenta del TSJC aseguró que no se puede añadir una "crisis de confianza en la justicia", ya que los ciudadanos se fían de los tribunales a la hora de resolver sus problemas con empresas. Además, aseguró que la crisis no ha desembocado en un incremento de la criminalidad.
Además, dijo que los recientes refuerzos de los juzgados mercantiles se notarán dentro de unos meses.
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