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Organización de Estados Americanos |
La agencia cablegráfica alemana DPA divulgó ayer que la CIDH de la OEA aprobó un informe, señalando que Cuba "siguió transgrediendo" los derechos fundamentales al mantener las "restricciones" a los derechos políticos y civiles de la población, a la par que continuó siendo el "único" país de la región donde no hay libertad de expresión alguna.
¿Es que en esa podrida institución existe una CIDH?
Sí, existe, me respondo.
¿Y cuál es su misión?
Juzgar la situación de los derechos humanos en los países miembros de la OEA.
¿Estados Unidos es miembro de esa institución?
Sí, uno de sus más honorables miembros.
¿Ha condenado alguna vez al Gobierno de Estados Unidos?
No, jamás.
¿Ni siquiera los crímenes de genocidio cometidos por Bush, que han costado la vida a millones de personas?
No, ¡nunca!, cómo va a cometer esa injusticia.
¿Ni siquiera las torturas de la Base de Guantánamo?
Que nosotros sepamos, ni una palabra.
Conseguimos por Internet copia del acuerdo contra Cuba. Basura pura. Se dedica a la chismografía contrarrevolucionaria. Es largo, al estilo de los del Departamento de Estado, paradigma político y jefe de la OEA.
¡Con cuánta razón Roa la llamó Ministerio de Colonias yanki!
Cabe preguntarle a esa desvergonzada institución que si nosotros fuimos expulsados de la OEA por proclamar nuestras convicciones y no somos miembros de esa institución, ¿qué derecho tiene a juzgarnos? ¿Haría lo mismo la OEA con la República Popular China, Vietnam y otros países que proclamaron como Cuba su adhesión a los principios marxistas-leninistas?
La OEA debiera saber que hace rato no formamos parte de esa iglesia, ni compartimos su catecismo. Partimos de posiciones diferentes. Si hablamos de libertad de expresión, debemos recordarle que en nuestro país no se reconoce la propiedad privada sobre los medios de comunicación. Fueron siempre los propietarios de estos los que determinaron qué se escribía y quiénes escribían, qué se transmitía o no, qué se exhibía o no. Los analfabetos y semianalfabetos no pueden hacerlo, y durante cientos de años, en tanto reinó el colonialismo y se desarrolló el sistema capitalista desde que fue inventada la imprenta, las cuatro quintas partes de la población no sabían leer ni escribir, ni existía la educación gratuita y pública.
Los modernos medios de comunicación lo han transformado todo. Hoy solo a través de gigantescas inversiones se puede disponer de los centros que divulgan las noticias por todo el planeta y solo quienes los manejan deciden qué se divulga y cómo se divulga, qué se publica y cómo se publica.
Son evidentes los esfuerzos que realiza el Pentágono para monopolizar la información y las redes de Internet. A nuestro propio país se le bloquea el acceso a esas fuentes. Sería mejor que la CIDH diera cuenta al mundo de los recursos que gasta su burocracia en tonterías, en vez de analizar estas realidades e informar a los países de América Latina de los gravísimos peligros que amenazan la libertad de expresión de todos los pueblos del planeta.
Para cuestionar el papel de Cuba en ese terreno, tendría que empezar a reconocer, sin ambages, que esta ha sido la nación que más ha hecho por la educación, la ciencia y la cultura, entre todos los pueblos del planeta, y su ejemplo es seguido hoy por otros gobiernos revolucionarios y progresistas. Si tienen duda alguna, pueden preguntárselo a Naciones Unidas.
En este hemisferio los pobres jamás tuvieron libertad de expresión, porque nunca recibieron la educación de calidad y los conocimientos eran reservados únicamente para las élites privilegiadas y burguesas. No culpen ahora a Venezuela, que tanto ha hecho por la educación después de la Revolución Bolivariana, ni a la República de Haití, abatida por la pobreza, las enfermedades y catástrofes naturales, cual si esas fuesen las condiciones ideales para la libertad de expresión que proclama la OEA. Hagan lo que hace Cuba: ayuden primero a formar masivamente personal de salud de calidad, envíen médicos revolucionarios a los más apartados rincones del país, que contribuyan en primer lugar a preservar la vida, transmítanles programas y experiencias de educación; exijan que las instituciones financieras del mundo desarrollado y rico envíen recursos para construir escuelas, formar maestros, producir medicamentos, desarrollar su agricultura y su industria, y después hablen de los derechos del hombre.
Fidel Castro Ruz

Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, multitud, politica, sabiduria.
En dicho comunicado se reitera que el Estado venezolano hará sus mejores esfuerzos para garantizar el respeto absoluto de los Derechos Humanos sobre su territorio, conforme al mandato Constitucional, a la voluntad popular y a los principios revolucionarios.
A continuación el texto completo del Comunicado:
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Comunicado
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza tajantemente el contenido del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al año 2008, por el carácter inexacto, malintencionado y falso de sus afirmaciones.
En el mencionado informe, la Comisión acusa al Estado venezolano de violaciones a la Libertad de Conciencia y Religión, tomando como base exclusiva señalamientos hechos por medios de comunicación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abandonado su condición de Organismo Internacional de Protección de Derechos Humanos encargado de velar por el respeto de los mismos en la región, para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales que, por razones ideológicas, arremeten contra los gobiernos progresistas de la región.
En el caso de Venezuela, la Comisión perdió su credibilidad durante el golpe de Estado perpetrado el 11 de Abril del 2002, cuando ésta reconoció implícitamente el gobierno de facto, y negó una medida cautelar a favor del Presidente Hugo Chávez solicitada por la ONG MINGA con el fin de resguardar su vida.
Venezuela reitera su exigencia a la Comisión, para que aplique los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos, elimine la aplicación de un doble rasero y la politización, y cese su pretensión de colocarse por encima de la legislación interna de los Estados.
Venezuela le ha reiterado tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana, que los Sistemas Internacionales y Regionales de Protección de Derechos Humanos son complementarios y subsidiarios a la función de los Estados. Su labor de supervisión debe limitarse a las relaciones de cooperación y protección de un derecho, sin pretender controlar las funciones y competencias que cumplen las instituciones de los Estados.
El Estado venezolano ha venido respondiendo todas las observaciones formuladas por la Comisión, y ha reconocido casos emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos sobre su territorio (Caracazo, Reten de Catia, Desaparecidos de Vargas), en los cuales ha aceptado su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el 23 de junio de 1977, fecha de la ratificación por Venezuela de la Convención Americana hasta el año 2000, la Comisión admitió seis denuncias de violación de los derechos humanos contra el Estado venezolano. Durante este período de 23 años, en Venezuela se asesinó a estudiantes, se desapareció y torturó a dirigentes políticos y luchadores sociales, se censuró y cerró periódicos, radios y televisoras, se detuvo a periodistas en el ejercicio de su profesión, se masacró a civiles en Cantaura, Yumare y durante el Caracazo.
A partir de 1999, con el inicio del gobierno independiente y soberano del Presidente Chávez, la Comisión ha procesado más de 150 casos, sin metodología fundamentada en la objetividad y transparencia.
Es precisamente entre 1999 y 2009, que Venezuela ha logrado avances importantes en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han sido certificados por órganos del Sistema de Naciones Unidas como la CEPAL y la UNESCO, entre otros, pero puestos en duda por la Comisión al formular la exigencia de efectuar una visita para corroborarlos.
Es necesario recordar que la Comisión visitó Venezuela en el mes de mayo de 2002, poco tiempo después del golpe de Estado y, en vez de condenar este atentado contra las instituciones democráticas, justificó las acciones de sus autores.
La Comisión debe admitir que reconoció el golpe de Estado y rectificar su posición parcializada contra nuestro país. La Comisión tiene seis años relegando a Venezuela a la categoría de “Estados que por diversas razones enfrentan situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana…” a pesar de no haber logrado comprobar violación alguna.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que el Estado venezolano continuará haciendo sus mejores esfuerzos para garantizar el respeto absoluto de los Derechos Humanos sobre su territorio, conforme al mandato Constitucional, a la voluntad popular y a los principios revolucionarios que guían su acción, independientemente de las manipulaciones y las mentiras de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Caracas, 9 de mayo de 2009
El ex gobernante, de 82 años, señaló que la OEA "jamás" ha condenado al gobierno de Estados Unidos, "ni siquiera los crímenes de genocidio cometidos" por el ex presidente George W. Bush "que han costado la vida a millones de personas". "No, ¡nunca!, cómo va a cometer esa injusticia. ¿Ni siquiera las torturas de la Base de Guantánamo? Que nosotros sepamos, ni una palabra", ironizó en su comentario titulado 'Otra vez la podrida OEA'.
Según el informe anual CIDH, en Cuba se observa una restricción de los derechos políticos y libertad de expresión, así como "la falta de elecciones y la falta de independencia del Poder Judicial".
Castro dijo que la Organización de Estados Americanos (OEA) no tiene "derecho" para juzgar a su país porque fue "expulsado" en 1962, pero el organismo argumenta que puede evaluarlo porque está "suspendido" y sigue siendo miembro. "Cabe preguntarle a esa desvergonzada institución que si nosotros fuimos expulsados de la OEA por proclamar nuestras convicciones y no somos miembros de esa institución, ¿qué derecho tiene a juzgarnos? (... ) debiera saber que hace rato no formamos parte de esa iglesia, ni compartimos su catecismo", afirmó.
El máximo líder de la revolución, alejado de la presidencia desde hace casi tres años por enfermedad, señaló que su país y la OEA parten de "posiciones diferentes" sobre los derechos humanos. A su juicio si esa organización quiere cuestionar el papel de Cuba en ese terreno "tendría que empezar a reconocer, sin ambages" que es el país "que más ha hecho" por la educación, ciencia y cultura.
Pese a que el líder comunista y su hermano, el presidente Raúl Castro, descartaron tajantemente un retorno de Cuba a la OEA, los gobiernos de América Latina insisten en la reincorporación, lo que será tema de la Asamblea General del organismo en San Pedro Sula (Honduras), el 2 al 3 de junio.
"La inefable CIDH, la misma comisión que reconoció el gobierno de (Pedro) Carmona", señaló Chávez en referencia al golpe de Estado en su contra en 2002.
"La OEA es una burocracia imperial (...) a nosotros nos condenan, nos acaban de condenar. ¿Por qué no condenaron nunca a Bush?", cuestionó el mandatario. "Hace unos días, el imperio de los Estados Unidos bombardeó unos pueblos inocentes de Afganistán y murieron no sé cuántos niños y mujeres inocentes. Eso la comisión no lo ve", agregó.
Más temprano, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano rechazó el informe de la CIDH por considerarlo "inexacto, malintencionado y falso".
En su informe de 2008, la CIDH identificó en Venezuela "un ambiente hostil para el disenso político", así como obstáculos para la libertad de expresión, hostigamiento a ONG, denuncias de poca transparencia en la justicia y un alto nivel del crimen.
La CIDH también destacó violaciones de los derechos humanos en Cuba, Colombia y Haití, y pidió a Estados Unidos terminar el embargo que mantiene contra Cuba desde hace casi medio siglo.
Asegura que no hay falta de fuentes oficiales, sino de organismos internacionales que "han reconocido los importantísimos avances que en algunos de los países que aparecen" en el informe, entre ellos Venezuela.
"Evidentemente son elementos que debilitan la legitimidad de estas recomendaciones que se puedan hacer allí", reclama Mejía.
Asimismo defiende los "plantamientos concretos" que se han suscrito en el informe.
Más temprano, el Gobierno venezolano rechazó el informe anual de la CIDH que lo acusa de violar "la Libertad de Conciencia y Religión".
De acuerdo con un comunicado enviado por el ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, la acusación de este organismo tiene "un carácter inexacto, malintencionado y falso de sus afirmaciones".
El Gobierno afirma que la CIDH "ha abandonado su condición de Organismo Internacional de Protección de Derechos Humanos encargado de velar por el respeto de los mismos en la región, para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales que, por razones ideológicas, arremeten contra los gobiernos progresistas de la región".
"Es un llamado de varios países, no es un llamado único...Es la necesidad que revisemos lo que estamos haciendo como institución", acotó Mejía.
Reiteró que el reciente informe donde se señala en el capítulo cuatro a Venezuela, Haití, Cuba y Bolivia como países donde no se ha observado mejoría en los DDHH, debe revisarse, por cuanto es un mecanismo que no compara la situación con el resto de la región. Dijo que, lamentablemente, en la región no existe óptima situación de derechos humanos, ya que la pobreza, la inequidad y la injusticia se mantienen presentes.
"La pobreza, la inequidad social, la injusticia en la región, hace que el tema siga siendo el gran desafío de estos 50 años".
En el caso concreto de Venezuela, el informe tiene únicamente fuentes de medios de comunicación y ONG, la mayoría de los cuales han tomado posición política definida en contra del Gobierno, lo que hace frágil la legitimidad de sus conclusiones y recomendaciones. Aclaró que como venezolana no ha actuado dentro de las deliberaciones que concluyeron en el informe, pero puede hoy expresar sus consideraciones, las cuales ha planteado al seno del organismo en diversas ocasiones.
Dijo que la CIDH es un cuerpo colegiado que cumplirá, próximamente, 50 años de creada y se hace necesario que cambie. Consideró que las declaraciones del presidente venezolano precipitan la necesidad de esa reforma profunda y transformadora, de lo que supone cómo ha venido abordando la defensa de los DDHH, qué ha faltado por hacer y qué se necesita hacer de cara al futuro.
"La correlación de fuerzas de la OEA ha cambiado, la forma de ver la dinámica de la democracia participativa es fundamental. Hace 50 años la visión era la democracia representativa. Hoy es participativa y protagónica. Lo que ocurre en nuestro continente se acerca a un modelo de transformación que pone al pueblo como protagonista".
Informó que la CIDH está conformada por 7 comisionados, y ninguno es permanente, como sí lo es la Secretaría Ejecutiva, la cual no es electa por ninguno de los estados miembros de la OEA, sino por el Secretario General. "Hemos planteado que los comisionados deberíamos ser permanentes", acotó.
Además, señaló que la Comisión no tiene recursos propios y 50% de su presupuesto proviene de fondos no regulares. Peor aún, la fuente principal de esos fondos proviene exclusivamente de EEUU, uno solo de los países miembros de la OEA. Consideró que esta situación es una desproporción que amerita revisión, pues el propósito de velar por los pueblos del continente puede terminar restringido en su accionar.
La CIDH es organismo subsidiario y no puede estar por encima del Estado:
La Presidenta de la CIDH recordó que esta instancia es un órgano subsidiario que busca fortalecer la institucionalidad democrática de los Estados y no pretende sustituirlo, por lo cual nadie puede pretender acudir a ella hasta tanto no se agoten los trámites legales internos de cada país.
Esta información la dio tras analizar la noticia según la cual el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) anunció que denunciaría al Estado por la presunta amenaza a los medios privados, y acudiría a la CIDH porque no confía en la justicia venezolana.
"En Venezuela ha habido una fórmula de desconocer los mecanismos internos de administración de justicia", dijo, mediante la excusa de la desconfianza en la justicia interna.
"Eso es bien delicado, porque los organismos internacionales son órganos subsidiarios y se debe acudir a ellos cuando se han agotado las instancias internas. Ese requisito es fundamental", manifestó, y explicó que existen excepciones específicas que no es el caso en Venezuela, entre ellas la posibilidad de otorgar medidas cautelares mientras el Estado agota los procedimientos internos.
El Estado no es el único responsable de los DDHH:
La presidenta de la Comisión, explicó que en los 50 años del Sistema Interamericano se ha desarrollado una doctrina según la cual la libertad de prensa y expresión son las piedras angulares de la democracia.
"Cuando hacemos análisis de esta doctrina, lo que ha venido pasando es que si la libertad de prensa es la piedra angular de la democracia porque garantiza la pluralidad del pensamiento, ¿qué pasa cuando esa pluralidad no está garantizada?", planteó Mejía, al explicar que, actualmente, hay muchísimos países donde los pueblos en su autodeterminación han optado por elegir gobiernos no tradicionales y los medios de comunicación establecidos han reaccionado en contra, abiertamente y con violencia.
Apuntó que ante esta resistencia de medios de comunicación, cuyos dueños están opuestos a esos gobiernos y transmiten un único mensaje homogeneizado de acuerdo a sus intereses, y no existen otros mecanismos que puedan contrarrestar esa información, el objetivo de esa libertad de expresión está en riesgo, porque no se garantiza la pluralidad de ideas.
"Venezuela, Uruguay, Argentina hacen ejercicio amplio para que quienes nunca han sido escuchados puedan hablar por los medios", reconoció, agregando que eso ha generado polémica, porque los grandes intereses económicos se oponen a esta posibilidad e, incluso, se resisten a la existencia de medios comunitarios y alternativos.
"Los medios no garantizan libertad absoluta...", aseveró, y advirtió sobre la necesidad de estudiar la situación cuando los medios tradicionales hacen llamado al odio, a la discriminación, que representan limitaciones de la doctrina en el articulado interamericano.
"Históricamente se ha visto al Estado como único responsable de los DDHH...", manifestó, sobre la doctrina actual. Por ello, expresó, que también se le ha considerado como el único violador, cuando en realidad hay terceros que tienen mucha responsabilidad en este tema.
Ejemplarizó este caso con lo que ocurre en Bolivia, donde la Comisión identificó casos de servidumbre de la población indígena y campesina, que el Estado ha tratado de revertir, pero se ha encontrado con resistencia de otros sectores con gran poder económico.
"Nos damos cuenta que hay poderes de terceros que muchas veces tienen más poder que el propio Estado. Y entonces, esos poderes tienen tanta o más responsabilidad que el Estado, en muchos casos".
Señaló que es necesario abordar en el seno de la Comisión Interamericana esta fuente de violaciones a los DDHH. "¿Qué pasa cuando los terceros son responsables de esas violaciones? ¿Qué debemos hacer?", planteó, como tema de discusión.
"Es un gran momento en los 50 años de la Comisión para abordar estos temas. Asistir al reto de la transformación, ¿si no somos capaces de transformarnos, qué ocurrirá?".
El legislador refirió que el documento refleja una clara intromisión en los asuntos internos de Venezuela.
“La idea es buscar y usar todo cuanto puedan para hacerle daño a las nuevas concepciones que se manejan en América Latina y el Caribe sobre el funcionamiento del Estado, la organización social y la relación del Estado con la sociedad”, manifestó.
Observó Contreras que en este documento, el cual consta de dos párrafos y seis recomendaciones, se le solicita a Venezuela, “que vive un proyecto socialista de nuevos paradigmas”, que asuma un comportamiento propio de las concepciones neoliberales y capitalistas, cuestión que, a su juicio, “es imposible de complacer”.
El parlamentario manifestó que la CIDH, instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), asume esta postura, a pesar de que en enero de este Venezuela envió un escrito a esa instancia, el cual reseñaba, “a la luz de las concepciones filosóficas del pensamiento socialista, que la pobreza crítica, que en 1998 estaba en 54%, disminuyó a 33% en el 2008 como consecuencia de las políticas acertadas y humanistas de la revolución bolivariana”.
“En ese mismo documento se apuntaba que la pobreza extrema, la cual se ubicaba en 20% en 1998, llegó a bajar a 6% en el 2007”, añadió.
En materia de educación, Contreras señaló que han sido alfabetizadas un millón 282 mil 543 personas, lo que llevó a merecer la certificación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como país libre de analfabetismo.
Por otra parte, en materia de alimentación escolar mencionó que en 1999 resultaron beneficiados 252 mil 284 estudiantes y en el 2006 se favorecieron un millón 815 mil 977 niños y adolescentes en edad escolar.
De igual forma, en materia de salud el documento hace referencia a que en 1998 existían 4 mil 804 unidades de atención primaria, en tanto que para el 2007 funcionaban 11 mil 373 unidades.
En cuanto a médicos por habitantes, en 1998 había en el país 20 galenos por cada 100 mil habitantes, cifra que ascendió a 59,3 por cada cien mil habitantes.
Contreras expuso que la comisión no tomó en cuenta estas apreciaciones para levantar su informe, apartándose así del camino de la objetividad.
Comentó que también decidió sin oír a la otra parte, violando el debido proceso y sin dar a conocer a las personas que efectuaron la investigación.
Fue creada para apoyar a Estados Unidos en su tardío esfuerzo bélico de participación en el conflicto e incluyó una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales hegemonizada por las burguesías locales.
Además la OEA fue, en su surgimiento, prueba de la extensión del sistema internacional resultado de la derrota del fascismo y que tuvo su mayor expresión, a nivel mundial, en la Organización de Naciones Unidas.
El objetivo inicial de la OEA era organizar un sistema internacional interamericano entre iguales, en concordancia con la Carta de Naciones Unidas.
Los países del continente aspiraban a un manejo democrático de los asuntos internacionales, de allí que postularan una organización sin hegemonías.
Pero esto produjo temores en el seno del gobierno de Estados Unidos que en un primer momento tuvo dudas sobre la conveniencia de firmar la carta de la Organización ya que la misma podría limitar su capacidad de dominio sobre lo que siempre consideró su "patio trasero".
Sin embargo, la realidad política circundante al finalizar la guerra puso fin a la amplia alianza de fuerzas antifascistas y llevó a la aplicación de la Doctrina Truman que postulaba el apoyo material, financiero y moral de Washington a todas las fuerzas conservadoras, reaccionarias y anti comunistas.
Ello permitió crear las condiciones para que en el continente emergieran estas fuerzas retrógradas que le dieran tranquilidad a Estados Unidos, y considerando que los gobiernos iban a acatar dócilmente sus directrices la Casa Blanca torció su análisis inicial y replanteó su decisión, apoyando la creación de la OEA.
Junto a ello se reservaron para Washington la sede de la Organización e iniciaron una "diplomacia regional" a través de la amenaza, el chantaje, la coerción y la extorsión de gobiernos que además no mostraban gran interés en oponerse a ello.
Vale decir que el año anterior, en Río de Janeiro, se había creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como instrumento militar hegemónico controlado por Estados Unidos para asegurarse la lealtad de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos en su confrontación estratégica con la Unión Soviética.
En este contexto, la OEA vino a ser continuación de las iniciativas desarrolladas por Estados Unidos desde su creación como estado independiente a finales del siglo XVIII.
Expresión de ello han sido la Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto, el Corolario Roosevelt, la Política del Garrote, la Diplomacia del Dólar y la Política del Buen Vecino, las cuales a través de la historia han significado "estar plagados de miserias a nombre de la Libertad".
Después de la Guerra de Secesión, que permitió consolidar el sistema capitalista, Estados Unidos comienza su período de recuperación.
Ya en 1880, cuando comienza su etapa imperialista, se propone construir un sistema panamericano de acuerdo a la Doctrina Monroe y contrario al ideario del Libertador.
En octubre de 1889 durante el gobierno de Benjamín Harrison se realiza la 1ra. Conferencia Interamericana que propone una unión aduanera y el arbitraje de los conflictos de la región, todo bajo la tutela de la potencia del Norte.
En abril de 1890, como consecuencia de esta Conferencia, nace la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, considerada la "madre" de la OEA.
Ya en ese momento se expresaría la visión hegemónica de Estados Unidos cuando se designa su capital, Washington, como sede de esa organización.
De este modo, la idea bolivariana de la unidad latinoamericana sin injerencias hegemónicas quedaba temporalmente sepultada, triunfa la Doctrina monroista y se consolida el panamericanismo.
A partir de ese momento y durante los siguientes 55 años se realizaron ocho conferencias ordinarias interamericanas y dos extraordinarias, tres de consulta de cancilleres y una sobre conciliación y arbitraje.
Sería largo referirse a cada una de ellas para patentizar con ejemplos la actitud soberbia y prepotente de Estados Unidos para ejercer su dominio en la región, sin embargo un elemento común han sido las intervenciones militares que ha perpetrado.
A pesar de las presiones, la visión bolivariana se mantenía activa y hubo intentos de prolongar las ideas del Congreso de Panamá, para lo cual algunos países de la región, -sin Estados Unidos- se reunieron en Lima en 1847-48 y luego en Santiago de Chile, en 1864.
Muchos pensadores desde diferentes posiciones y doctrinas se propusieron dar continuidad a la posibilidad de crear la Patria Grande al sur del Río Bravo.
Entre ellos, vale destacar al argentino-chileno Francisco Bilbao, al uruguayo José Enrique Rodó, los argentinos Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y Juan Manuel de Rosas, el puertorriqueño Eugenio María de Hostos, el hondureño Francisco Morazán, el colombiano José María Torres Caicedo y el cubano José Martí, quienes reivindicaron la idea unionista en nuestro continente. La consolidación de Estados Unidos como potencia mundial devino de su intervención en la guerra de independencia de Cuba, la construcción del Canal de Panamá y el abandono de su tradicional política de aislacionismo para incursionar en los acontecimientos planetarios, a partir de la Doctrina Wilson.
La primera y la segunda Guerras mundiales le permitieron desplazar definitivamente a Inglaterra de ese sitial.
Al finalizar la última contienda mundial, con su territorio continental intacto, pudo convertirse en el eje de estructuración del nuevo sistema internacional, a pesar de que su participación en la guerra fue marginal.
Se habían creado las condiciones para retomar su tradicional política hacia la región, el fascismo y el nazismo habían sido derrotados y el apoyo material y político de Latinoamérica ya no le era vital para su política de guerra.
La amplia red de alianzas políticas y sociales para enfrentar la guerra, de la que formaban parte casi todos los países del continente, desaparecieron y se inició una feroz política de represión antipopular inspirada en la Doctrina Truman de "contención del comunismo".
Fue en ese contexto en que surgió el TIAR y es el mismo en el que se nació la OEA como expresión de la Doctrina Monroe (América para los americanos... del Norte) y, por tanto, es en esencia, opuesta al bolivarianismo.
La OEA ha sido a través de estos casi 60 años de existencia instrumento de justificación de las agresiones de Estados Unidos a países de nuestro continente.
Por sólo mencionar algunos ejemplos están las intervenciones de 1954 a Guatemala, de 1965 a República Dominicana y de 1973 a Chile y la derrotada invasión mercenaria de 1961 a Cuba.
También figuran en ese historial la vergonzosa expulsión de Cuba de la OEA acatando órdenes de Washington, como expresión de la presión y chantaje ejercidos a través de la organización hacia gobiernos leales política e ideológicamente a Estados Unidos.
Esta situación ha cambiado en la actualidad latinoamericana y no parece congruente con nuestra política exterior soberana, independiente y solidaria participar en un instrumento imperialista.
En esa medida, no resulta coherente enfrentar al ALCA creando el ALBA en el plano económico, como vía de establecer relaciones de cooperación basadas en principios de amistad y solidaridad, si no nos salimos de la OEA, instrumento creado por Estados Unidos para controlar a nuestros pueblos y así, proponernos de manera seria y consecuente una política que se corresponda en el plano político.
Los mismos que auguraron corta vida al ALBA porque sólo comenzaron Venezuela y Cuba, elaborarán miles de argumentos para justificar "la necesidad de nuestra presencia en la OEA como espacio para denunciar a Estados Unidos".
Olvidan que al imperio jamás le interesó tomar en consideración lo que los pueblos del sur han dicho en el seno de esa organización, definida por el Che como Ministerio de Colonias de Estados Unidos.
¿Cómo es posible que formemos parte de ese ministerio de colonias?
La única política coherente es salirnos de ese engendro imperial, ampliar el ALBA, fortalecer UNASUR y participar activamente -como lo estamos haciendo- con propuestas e iniciativas que recojan el espíritu de Bolívar, más allá de las diferencias coyunturales que hoy podamos tener con algunos de los gobiernos de la región.
En tanto, esta nueva organización debe dar continuidad al ideal bolivariano, eliminar las hegemonías y sustentarse en principios que rescaten, en primer lugar, los sentimientos de humanidad, de solidaridad y amistad entre nuestros pueblos.
Tiene que recoger la idea del Libertador expresada en carta a Santander en 1825 cuando dijo:
"Yo creo que los americanos no deben ser aceptados en el Congreso de Panamá".
Debería considerar las grandes diferencias en extensión, población, tamaño de las economías y grados de desarrollo para que la contribución que cada quien haga sea acorde a esta situación.
La nueva organización no puede tener un carácter súperestructural porque la verdadera integración es la que hacen los pueblos y para ella debemos trabajar.
Sergio Rodríguez Gelfenstein
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