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Visita a un comedor popular español |
La clase media que vivió más allá de sus posibilidades vuelve a la pobreza. Por supuesto que tendrá profundas consecuencias futuras: es muy difícil aceptar una involución en el progreso social. Pero aqui una imagen de la coyuntura española.
La melena de Mari Cruz está coronada por unas gafas de sol de diseño, el recuerdo de una época que ya es pasado. "Mis padres lo tuvieron mejor", lamenta mientras pone un plato de cerdo en su azulada bandeja de plástico. Se encuentra en el primer comedor municipal abierto en Móstoles para ayudar a un ejército de personas que está en paro. Hace un par de años no se imaginaba en esta tesitura.
"Si lo llegamos a saber..." Madre de tres hijos, ex empleada de una empresa de 'catering', come con otros despedidos, muchos de ellos inmigrantes ecuatorianos y rumanos que perdieron su empleo al inicio de la crisis.
A punto de cumplir los cuarenta, Mari Cruz y su marido Antonio solían comer cada semana fuera de casa, aunque la diferencia era notable: cenaban en restaurantes. Hundidos por la crisis, como otros cientos de miles de hogares, han pedido que sus apellidos no aparezcan en el reportaje.
Están al borde la pobreza, umbral que la Unión Europea sitúa en ingresos de menos de 550 euros por cabeza. Su subsidio por desempleo es de 1280 euros, pero sus hipotecas, créditos al consumo y pagos con tarjeta de crédito suman más de 1.300 euros al mes. Comer en el comedor les supone ahorrar 150 euros para poder alimentar así a sus hijos.
Esta pareja pertenece a una generación de españoles que formó parte de las clases medias gracias a las facilidades del crédito en la eurozona y lo bien pagado que estuvo durante años el sector de la construcción, pero cuya suerte ha virado con el pinchazo de la 'burbuja del ladrillo'. Sus deudas se acumulan mientras se recrudece la feroz recesión española.
El colapso de la construcción ha coincidido con el auge del endeudamiento español. La deuda media de los hogares en 2007 sumaba un 130% de su renta disponible frente el 60% del año de la adopción del euro.
Con sólo la educación secundaria y sin experiencia fuera del sector de la construcción, los españoles como Antonio no están preparados para el ambicioso plan del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de establecer en los próximos cinco años los pilares de la economía del país en el desarrollo tecnológico.
Mari Cruz quiere un futuro mejor para sus hijos, la educación que nunca tuvo, o al menos que permanezcan en el colegio hasta completar su formación, algo que contrasta con los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: España es uno de los países con las más altas tasas de abandono de cualquier país desarrollado, uno de cada tres alumnos en España no finaliza la enseñanza obligatoria a los 16 años.
"Este lugar no es la respuesta, necesitamos trabajos", lamenta airadamente Antonio. El comedor de Móstoles fue creado por el Partido Popular mostoleño para ayudar a los parados, un 16% de la población activa.
Por si fuera poco, el futuro es menos alentador que el presente. El pago de muchos subsidios por desempleo acabará, dejando en la pobreza a mucha gente acostumbrada a un tren de vida insostenible.
"La crisis está teniendo un efecto devastador sobre la clase media y clase media baja, que ahora están perdiendo un nivel de vida que han llegado a dar por sentado", explica Ismael Crespo, analista político del Instituto Ortega y Gasset.
"El resultado será el aumento de la delincuencia sobre las clases no afectadas por el desempleo", agrega.
Se acabó la ayuda por paro
A Antonio le queda año y medio de prestaciones por desempleo, pero José María García Martínez y otro millón de parados se han quedado sin estas ayudas. Y los que quedan. Por ello, el aumento de la delincuencia es un riesgo que se hace más real cada día que pasa.
"En el comedor estoy bien, pero si continúa el hambre empezaré a pensar mal y miraré cómo salir a la calle y robar", dijo García Martínez, de 33 años, a un inmigrante ecuatoriano cuya casa se la ha quedado el banco con el que se hipotecó.
Según la ONG católica Caritas, España es uno de los países de la Unión Europea con las tasas de pobreza más altas, 8,5 millones de personas, un 19% de la población. No obstante, la cifra podría aumentar ante la perspectiva de que el paro alcance a cinco millones de ciudadanos.
Cerca de la mesa de García Martínez está Victorio Sánchez Castillo, quien ha dejado de pagar su segunda hipoteca, un préstamo con el que compró una vivienda de verano en Alicante. Un camarero critica esto al afirmar que muchos españoles han vivido más allá de sus posibilidades, aunque culpa a los inmigrantes de haber "robado" los puestos de trabajo.
Más de cinco millones de inmigrantes han ayudado a duplicar el ingreso per cápita en la última década, pero ahora compiten con los españoles por unos empleos que ahora se pagan por mucho menos que hace un par de años.
No obstante, más allá de unos roces, el miedo a una crisis xenófoba aún no ha aflorado. "No veo problemas sociales dramáticos", afirma el profesor Pere Puig de la escuela de negocios Esade. "Lo que veo es una crisis psicológica que estrangula la economía", agrega.

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“Ofreceremos esos datos [...] cuando creamos conveniente”, señalaba ayer la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, para apaciguar las preguntas insistentes sobre la calidad de la cobertura económica de los parados. Al final, no hubo respuesta.
Rojo insistió en que ese dato no está disponible, aunque un informe sobre empleo, recientemente publicado por CCOO (Crisis financiera, situación de la economía española), al que ha accedido EXPANSIÓN, desglosa la duración de la protección a la que tienen derecho los parados. Y entre las paradojas que refleja se encuentra que la fuente es el antiguo Inem.
Pues bien, el informe dibuja este escenario:con fecha de 31 de mayo de 2008 del total de parados contabilizados, alrededor de 900.000 tienen derecho a algún tipo de prestación (contributiva o subsidio). Y para el 43,4% (361.070) la protección es de doce o menos meses; en concreto, tiene derecho a un máximo de 360 días de cobertura.
Hay que recordar que esta cifra no tiene en cuenta el maquillaje gradual de las estadísticas desde la decisión de extraer a los desempleados en formación. Por estas razones, las fuentes sindicales no descartan que debido a este “fenómeno” el volumen de personas que se quedarán en marzo sin recursos se aproxima más a las 500.000.
A este colectivo se unen los 919.568 parados que, según Trabajo, no reciben ninguna prestación por no cumplir los requisitos. Así, casi la mitad de los desempleados saltará a la penuria económica los próximos meses. Máxime si se tiene en cuenta que desde el verano, la economía destruye empleo a un ritmo jamás visto: la afiliación cayó un 4% en diciembre respecto a 2007, lo que supone la desaparición de más de 800.000 empleos.
Desde el Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo advierte de que se prevé “un duro ajuste” este año. El nivel de paro podría “superar fácilmente el 16%”, un umbral que se sobrepasaría si no se emprenden reformas orientadas a ganar en flexibilidad. Si no irrumpen en escena, el presidente de Agett, Francisco Aranda, pronostica una tasa de paro media del “17% ó el 18%”.
USO llega más lejos en las cifras y contabiliza 1,48 millones de personas sin prestación. Pero esos 300.000 a los que se refiere el titular de Trabajo, son aquellos que no perciben ningún tipo de ingresos y no disponen de patrimonio ni de otro medio de subsistencia, como podrían ser los recursos familiares.
En este sentido, Corbacho ha instado a las comunidades autónomas a que amplíen las rentas de protección social con el fin dar algún tipo de cobertura a estas personas.
Además, el titular de Trabajo aseveró que "el diálogo social no va a resolver las crisis económicas y financieras", sino que deben ser todos los gobiernos los que actúen de forma conjunta para salir de esta coyuntura.
Corbacho ha hecho estas consideraciones tras inaugurar un taller preparatorio de la Cumbre Europea sobre Empleo, donde afirmó que la prioridad en estos momentos es la liquidez de las empresas con el fin de que se reactive la actividad económica.
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