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Ex ministros como Otero Novas, ex diputados como Oreja, catedráticos como García Novoa o Simón Acosta y académicos como Barea denuncian la falsedad del fracaso del libre mercado.

El embrión de una sociedad civil harta de la parálisis política y de su grave impacto en la economía empieza a caminar. Más de 60 intelectuales del mundo político, económico y jurídico han plasmado su crítica en un documento en el que apelan a la movilización de la sociedad con el único fin de "concienciar de la gravedad de la actual situación y de la necesidad de reaccionar frente a la misma con el apoyo de todos, especialmente de quienes, por su experiencia, independencia y reconocimiento social, profesional y académico pueden contribuir a superarla".

Entre los firmantes del documento se encuentran ex ministros como Otero Novas; ex eurodiputados como Marcelino Oreja; catedráticos como César García Novoa, Simón Acosta, José Luis Pérez de Ayala o Juan José Rubio; académicos como José Barea o Francisco Javier Sotos; magistrados como José Luis Requero; profesionales como Antonio Durán-Sindreu, el director del Instituto de Estudios de la Democracia, Luis Núñez, o miembros conocidos de la historia de la patronal CEOE, como Aurelio Alonso Cortés. Una larga lista que suma más de 60 personalidades y que respalda la idea de que "el Estado del Bienestar erróneamente entendido ha transformado nuestra sociedad y ha deteriorado sus valores".

Que considera que "de la cultura del sacrificio" se ha pasado a "la del menor esfuerzo posible"; y que, en contra de la tesis que parece divulgarse oficialmente "no ha fracasado el sistema capitalista ni el de libre mercado como modelo económico, sino la ausencia de límites morales o éticos a la conducta humana". "La empresa es y seguirá siendo la principal fuente de riqueza y de creación de empleo. Evitar la destrucción de puestos de trabajo exige preservar la continuidad de las empresas sin perjuicio del necesario control que el Estado debe ejercer sobre las áreas que se consideren estratégicas para el interés general", añade el documento.

Los firmantes puntualizan que la crisis "económica y política" enlaza con "un modelo de sociedad que pretende asignar al sistema educativo obligaciones que no le corresponden: definir y determinar los valores sobre los que se sustenta una sociedad". Subrayan que "la normativa social, tributaria y financiera, no son instrumentos adecuados frente a la crisis económica".

El documento afirma que "superar la grave crisis económica que afrontamos exige distinguir entre medidas coyunturales a adoptar de forma urgente, excepcional y extraordinaria, y reformas estructurales a emprender para asentar los fundamentos de un modelo de sociedad vertebrada y solidaria y una economía próspera".

Y no pasa de alto el derroche presupuestario público: "Consideramos necesario y urgente reducir y redistribuir el gasto público", apunta. La idea de fondo que late "en cuanto a las reformas estructurales" se mantiene. "Es necesario sentar las bases jurídicas de una gestión del gasto público con criterios de eficiencia, eficacia, control y transparencia".

El tono del documento no oculta la gravedad: "No adoptar las medidas coyunturales y estructurales necesarias, puede conducir la actual crisis económica y política hacia una convulsa crisis social de imprevisibles consecuencias. Es por ello imprescindible superar la desconfianza, el desánimo, la indiferencia y el desengaño de la ciudadanía hacia la política".

(Lea el manifiesto)

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