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España: La corrupción de Estado |
Banco de España ha puesto al frente del equipo de administradores encargado de hacerse cargo de la gestión diaria de Caja Castilla-La Mancha, tras la destitución de su Consejo, al inspector Jorge Pérez-Cerdá Silvestre, el que fuera jefe del equipo de inspección que a primeros de noviembre pasado desembarcó en la entidad castellano manchega, y cuya cabeza pidió Juan Pedro Hernández Moltó al gobernador del Banco de España, Miguel A. Fernández Ordóñez, con la frase “quítame a este tío de aquí”.
Fernández Ordóñez se lo quitó. Pérez-Cerdá, en efecto, fue relevado al frente del equipo que, integrado nada menos que por cinco inspectores, desembarcó en la entidad manchega en noviembre. El episodio pone en tela de juicio la actuación del Banco de España en la crisis de CCM, y en particular del gobernador, que en todo momento ha intentado evitar la intervención de la entidad y proteger a su presidente por razones puramente ideológicas.
La aparición del quinteto en la sede social de CCM en Cuenca provocó la natural conmoción, particularmente en su presidente, Hernández Moltó, que se quejó amargamente ante Fernández Ordóñez, alegando que la presencia de los inspectores causaba la alarma generalizada entre la clientela y los propios empleados, con el consiguiente riesgo de que la noticia saltara a los medios y pudiera provocar una fuga de depósitos.
Y es que, de acuerdo con fuentes cercanas al Banco de España, el equipo inspector no se resignaba, como habitualmente ocurre en inspecciones de trámite, a permanecer encerrado en un despacho pidiendo papeles a los responsables de la entidad, sino que se movía con total libertad por la casa, lo que causó la irritación de Moltó. Ello porque no se trataba de una visita protocolaria, sino de “una actuación preventiva que pretende mantener un acceso directo, casi en tiempo real, a la operativa diaria de la caja”. Fue lo que algunos calificaron en privado de “intervención encubierta”.
Ante las vivas protestas de Hernández Moltó, MAFO consintió no solo en apartar del equipo a Pérez-Cerdá, que regresó al Banco de España para ocuparse de otras cuestiones, sino en retirar a los cuatro restantes de las oficinas centrales de Cuenca para enviarlos a trabajar a un piso en Madrid, concretamente a la costosa sede corporativa –cinco plantas y ático- que CCM adquirió en plena Carrera de San Jerónimo, al lado del Parlamento, en Madrid.
Gestión de forma mancomunada
La inspección iniciada en noviembre era la segunda del año. En efecto, la primera había tenido lugar en el primer trimestre de 2008, aunque había tenido un carácter rutinario, siendo efectuada por una pareja de inspectores que trabajó a caballo entre Toledo y Madrid. El agravamiento de la situación de la entidad motivó la segunda inspección aquí relatada, y por parte de un equipo mucho más numeroso y con integrantes de mayor antigüedad en los servicios de Inspección del Banco de España.
Junto a Pérez-Cerdá ha sido nombrado el también inspector Carlos Hervás Arnaez y el abogado Raúl Hernández Pardo, miembro del cuerpo de letrados del Banco de España. Puesto que no se trata de una intervención stricto sensu, sino de una “sustitución de administradores” de acuerdo con la letra del Real Decreto-ley 4/2009, el trío adoptará las decisiones relativas a la gestión de CCM de forma mancomunada dos a dos, es decir, cada decisión requerirá la firma de al menos dos de los tres administradores, sin que exista prelación jurídica entre ellos.
Ello no obstante, la presencia de Pérez-Cerdá en el trío –que ayer mismo se presentó en la sede social de Cuenca ante los mandos intermedios de CCM- le otorga una cierta condición de primus inter pares en razón a su edad y prestigio dentro del cuerpo. Una demostración práctica de lo mal que se han hecho las cosas en el Banco de España bajo la dirección de Fernández Ordóñez en el terreno de la supervisión de las entidades de crédito, con el sacrificio de inspectores incómodos para los supervisados, a los que al final hay que acudir porque las circunstancias mandan. (mas...)
Dos consejos de administración atípicos: políticos, sindicalistas, empresarios y algunos vip
CCM tiene nuevo equipo gestor desde el domingo por la tarde. La actuación del Banco de España supuso, por extensión, el cese del actual consejo de administración, con su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, al frente. Junto a él, han sido cesados en sus funciones otros 14 vocales, elegidos para mandatos de seis años, con mayoría de integrantes vinculados al PSOE, partido que gobierna la Junta de Castilla La Mancha.
A pesar de la aparente pluralidad del consejo, el PSOE ocupa cinco puestos en el órgano de gobierno, con los cargos más relevantes bajo control. Además del presidente, antiguo consejero de Economía y Hacienda con José Bono y diputado socialista en el Congreso, también el vicepresidente primero, Federico Rodríguez (concejal en Albacete) y el consejero secretario Ismael Cardo (vocal de la Junta electoral de Cuenca) pertenecen al PSOE.
La cuota socialista se completa con la presencia de los vocales Florencio Fernández, alcalde de Urda (Toledo), y José Fernando Sánchez, alcalde de Alcazar de San Juan (Ciudad Real). Por parte del PP, en el momento de la intervención, continuaban dos antiguos consejeros, Germán Chamón (concejal en Altarejos-Cuenca) y Tomás Martín-Peñato (parlamentario europeo), expedientados por Génova por negarse a abandonar la identidad tras iniciarse las conversaciones con Unicaja.
A finales de febrero, tras las directrices de la dirección del PP, abandonaron el cargo los otros dos representantes populares: la senadora Rosa María Moreno y Emilio Sanz, consejero de Estudios Castellanos Manchegos. Sus lugares fueron ocupados por el empresario cárnico Emilio Loriente y por el militante del PP Francisco Galán, expedientado también por no seguir la línea oficial, ambos consejeros a su vez de la Corporación.
Quien no ha pasado por el trago de la intervención ha sido Jesús Bárcenas. El presidente de la patronal Cepyme fue, hasta el pasado mes de enero, vicepresidente segundo de CCM. Su salida de la caja no fue del todo amistosa. El representante empresarial manifestó públicamente discrepancias con la gestión de la entidad y fue relevado por Ángel Nicolás, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Castilla La Mancha.
La colección de la Corporación
Otro perfil bien distinto, pero no menos peculiar, es el del consejo de administración de la Corporación CCM. Creada en el año 2000, esta sociedad, encargada de aglutinar las participaciones accionariales de la caja, cuenta con un órgano de gobierno formado por 18 vocales, además de los cargos de presidente, el propio Hernández Moltó; consejero delegado, Francisco Hernanz; y secretario, Alejandro López.
Por simple orden alfabético, el primero de los consejeros resulta conocido por su apellido: Cristian Abelló, hijo del financiero madrileño Juan Abelló, propietario de la famosa finca de caza Las Navas, situada en Toledo. También amante del campo, en esta ocasión por su condición de ganadero, Samuel Flores ocupa un puesto en el sillón de la Corporación, como también lo hace Carlos Falcó y Fernández de Córdova, Marqués de Griñón, cuyas vides se encuentran en la finca Malpusa, dentro del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo).
También ejercen como vocales algunos nombres conocidos, vinculados en distinto grado con la órbita intelectual del PSOE, como pueden ser la presidenta de Hispasat, Petra Mateos, el catedrático de Economía y socio director de AFI, Emilio Ontiveros, o el vallisoletano Luis Arroyo Zapatero, ex rector de la Universidad de Castilla La Mancha y conocido catedrático de Derecho Penal, al que acompaña otro catedrático en Derecho Civil, el profesor Andrés Rodríguez Morata.
Respecto a los partidos, el consejo de la Corporación no representa grandes novedades. Repiten dos vocales populares y otros dos socialistas de la caja, a los que se sumaría Miguel Ángel Feito, ex secretario de Estado de Comercio bajo gobierno de Felipe González, o el ejecutivo Manuel Sánchez Pingarrón, hermano del consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Juanta de Castilla La Mancha.
Una categoría a parte la formarían distinguidos empresarios de la Comunidad, con los que la caja, por su actividad, ha tenido una relación histórica como clientes. En esta división figurarían el cárnico Emilio Lorente, el fabricante de bolis Eduardo Sánchez Muliterno o el gerente de Ambulancias Finisterre, además de responsable del Consorcio Regional del Transporte Sanitario, José María San Román, el presidente de la tasadora inmobiliaria Tinsa, Ildefonso Ortega, o el reponsable de Energía de Acciona, Esteban Morrás. (mas...)
La trama manchega de Malaya: CCM prestó a Corulla 15 millones para un pelotazo en Los Alcázares
Nozaleda, Luis Delso, Sergio Martínez, Domingo Díaz de Mera, los Barco, Sanahuja… La exposición al ladrillo de la intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM) es ingente. Pero de todos los riesgos asumidos, ninguno es tan tóxico como el que la vincula directamente al Caso Malaya. Sus implicaciones son variadas y sorprendentes: van desde Enrique Ventero (Vemusa) hasta Pedro Román, pasando por Montserrat Corulla, mascarón de proa de la trama vasca. CCM hipotecó 12 fincas en Los Alcázares (Murcia) a nombre de Masdevallia, una sociedad de la testaferro de Roca, por 11,5 millones de euros, según el sumario del Caso Malaya. Éste no fue el único trato que cerró con ella.
“Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida”, reconoció a El Confidencial un portavoz de Caja Castilla-La Mancha al ser preguntado por su vinculación con imputados en el Caso Malaya. Ahora bien, dejó claro que “nadie de esta casa está imputado. Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”, añadió.
La entidad gestionada hasta el domingo por Hernández Moltó aparece en dos ocasiones vinculada a la popular Montserrat Corulla en el sumario malayo. En una de ellas, CCM prestó 5 millones de euros a Condeor para la adquisición de un palacete sito en la Calle Ortega y Gasset, 32 de Madrid.
CCM emerge en el ‘Caso Ninette’
La otra operación tiene más enjundia. La sociedad Masdevallia, gestionada por Corulla, recibió de Caja Castilla-La Mancha un préstamo hipotecario de casi 15 millones de euros por 16 fincas que forman parte de un pelotazo urbanístico denominado Nueva Ribera en la localidad murciana de Los Alcázares.
“El lugar para invertir es Murcia. Tendrías que ver lo que tengo yo allí. Lo que interesa es invertir en Murcia. Murcia es la hostia”, comentó Juan Antonio Roca a otro empresario en Madrid. Gracias al Caso Ninette, que investigaba las ramificaciones de la corrupción malaya en Murcia, pudimos conocer frases como ésta.
Y lo que Roca atesoraba en Los Alcázares era algo más que unas inversiones con futuro. Era su jardín secreto. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desencadenaron la Operación Malaya, los mismos que después continuaron con la Ninette, encontraron en esa vasta propiedad cámaras fotográficas antiguas, un gran número de joyas, así como tres vehículos antiguos de la marca Mercedes, un autobús antiguo de línea regular en perfectas condiciones y 30 cuadros de diferentes autores de renombre, entre los que se encuentran ocho pinturas de Miró, y también una pieza única de gran valor correspondiente a De la Serna. La finca también contaba con un helipuerto, tres naves industriales y un palacete que escondía todas estas joyas.
Los hombres de Bono
Ninette también sacó a la luz los complejos Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, comercializados por la firma One Properties, en los que se iban a desarrollar sendas urbanizaciones de lujo. Asimismo, se supo que Roca era el dueño de una considerable extensión de terrenos en el proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares: Torre del Rame. En esta urbanización, situada a pocos metros del mar, se estaban construyendo unas 5.000 viviendas junto a un campo de golf.
Roca admitió ante la juez de San Javier que compró el proyecto Torre del Rame junto a amigos vascos y un abulense. Los amigos vascos no son otros que los miembros de la trama vasca de Javier Arteche (Obarinsa) y el abulense, el imputado malayo Enrique Ventero Terleira (Vemusa). Lo que Malaya y Ninette no desvelaban era la implicación directa de Caja Castilla-La Mancha en Las Lomas de Pozuelo, una de las principales propietarias de Torre del Rame.
Y en Las Lomas de Pozuelo comparten accionariado, además de Ventero, CCM inmobiliaria del Sur y Promociones Miralsur. Vinculados a estas sociedades aparecen dos hombres de Caja Castilla-La Mancha: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado. Da la casualidad de que Juan Tomás Vidal ha desempeñado a lo largo de una década altos cargos en los Gobiernos de José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, como el de Director General de Hacienda cuando el consejero del ramo era Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha hasta hace, literalmente, dos días. Como curiosidad, como ex administrador de Las Lomas aparece en 2004 Luis Portillo, el sevillano que quiso comerse el mundo con Colonial y terminó de nuevo en Dos Hermanas. (mas...)
(continue: Estado burbuja inmobiliaria española)
(continue: El fin de los fondos inmobiliarios)
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En declaraciones a Europa Press, Camacho aseguró que Moltó es un hombre "honesto, íntegro y serio, al que conozco desde hace muchos años", y del que destacó la asunción de cargos de "tremenda responsabilidad" a lo largo de su trayectoria profesional, en los que "ha dejado una impronta de bien hacer".
De otro lado, sostuvo que los clientes e impositores de Caja Castilla la Mancha "tienen que confiar en la gestión que se ha articulado por parte del Gobierno central y del Banco de España, con totales garantías".
Camacho añadió que la intervención que se ha producido "tiene la seguridad plena de cara al buen funcionamiento de la entidad financiera", por eso "nadie debe temer que vaya a ocurrir nada anómalo e inseguro", subrayó.
El senador indicó también que hablar de una situación como esta "no es agradable en ningún caso, pero entre todos debemos dejar clara la solvencia de la entidad sin que haya problema patrimonial alguno de CCM, por eso no se tiene que alentar al pesimismo, porque las cosas van a funcionar igual como hasta el momento".
El CV de Moltó
Nacido en Alicante (España) el 3 de enero de 1952, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene estudios en la Universidad de Oxford (Reino Unido). En 1976 ingresó en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Designado vicesecretario general del PSOE en Castilla-La Mancha en 1989, fue secretario general de 1990 a 1997. Especialista en temas de desarrollo regional, fue responsable de la Consejería de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional (1981-1982) durante la etapa preautonómica de Castilla-La Mancha.
Posteriormente, fue consejero de Economía, Hacienda, Comercio y Turismo (1982-1983) y de Economía y Hacienda (1983-1988) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Fue diputado del PSOE por Toledo de 1989 a 1999 y ejerció como portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía del Congreso durante sus dos primeras legislaturas y como portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Industria en su tercera legislatura. Como portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso, fue vocal en 1994 de la Comisión de Investigación del caso Mariano Rubio.
Candidato del PSOE a alcalde en las elecciones municipales de Toledo de 1999, fue elegido concejal. Actualmente es consejero de Iberdrola Reonovables.
De esta forma, en 2007, la remuneración -sueldos y obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida- del Consejo alcanzó los 2,17 millones de euros, el 8 por ciento más que en 2006.
Ese último año la retribución se incrementó un 22 por ciento, mientras que en 2005 el aumento fue del 45 por ciento.
Además de estas remuneraciones, en 2007 los consejeros percibieron 210.000 euros en dietas por asistir a los consejos, lo que supone un incremento en tres años del 43 por ciento en comparación con los 147.000 euros que cobraron en 2004.
El Informe de Gobierno Corporativo de 2008 todavía no se ha hecho público, al igual que tampoco se conocen las cuentas auditadas de este año, que deberán presentar los nuevos administradores de la entidad a la CNMV antes del 30 de abril, según confirmaron a Efe fuentes del organismo.
En cualquier caso, fuentes al tanto del proceso aseguraron que los administradores tienen la intención de presentarlas cuanto antes, por lo que seguramente no dejen que expire ese plazo.
La caja castellanomanchega presentó unas cuentas a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) el pasado marzo que reflejaban que el beneficio consolidado de la entidad en 2008 alcanzó los 29,8 millones de euros, un 87,1 por ciento menos que un año antes, cifras que sin embargo no son válidas porque no fueron firmadas ni por el Consejo de Administración ni por los auditores y que seguramente no reflejaban la situación real de la entidad.
De hecho, el plazo oficial para presentar las cuentas expiraba hoy, fecha en la que el Consejo de la entidad tenía pensado reunirse.
Las fuentes vuelven a remitirse al informe preliminar realizado por Pricewaterhouse Coopers (PwC) para la fallida fusión con Unicaja, que fue entregado el pasado lunes 23 de marzo, y que ratificó el “agujero” patrimonial de la caja castellano manchega en 3.000 millones de euros, con posibilidad de elevarse hasta los 4.000 dependiendo de determinados ajustes a realizar en el grupo empresarial. La cifra de 3.000 millones ya figuraba en un informe previo efectuado por la propia PwC y entregado en enero a petición de la aragonesa Ibercaja, que fue la primera aspirante a resolver los acuciantes problemas de la caja castellano manchega.
Conviene aclarar que, para abordar esta revisión, PwC se ha servido de la información aportada por los Servicios de Supervisión del Banco de España, complementada por la suministrada por el Área de Planificación y Control de Gestión de la propia CCM que dirige Juan Manuel Díaz Crespo. En realidad, y de acuerdo con las fuentes, el equipo de inspectores del BdE no ha llegado, a cuenta de esa premura de tiempo, a contabilizar la totalidad de los ajustes necesarios referidos a la actividad meramente bancaria, ajustes que tendrá que incluir en las cuentas que formule de forma definitiva tras la sustitución de los antiguos administradores.
La financiación mayorista, el principal problema
Las fuentes insisten en que el cogollo del problema que arrastraba la entidad manchega estaba centrado en los 9.500 millones de financiación mayorista, 3.000 de los cuales vencen en los dos próximos años y medio. Se trata de la financiación que se obtiene con la emisión de bonos, cédulas hipotecarias, deuda senior, etc., emisiones que se colocan entre inversores institucionales en los mercados europeos, fundamentalmente Francia y Alemania, y cuya renovación, en las actuales circunstancias de cierre de los mercados de crédito, hubiera supuesto para CCM misión imposible a cuenta de un coste inasumible para una entidad cuyo margen de intermediación era cero o próximo a cero.
A aquella cifra, habría que sumarle el importe de la línea de liquidez que el BdE abrió a la caja castellano manchega a mediados de enero por importe de 900 millones de euros, que han sido utilizados para atender los reembolsos de los depositantes que reclamaban su dinero y que “a la altura del pasado viernes estaba a punto de agotarse.
Sobre todo cuando hablamos de los excesos ladrilleros de Caja Castilla-La Mancha.
José Luis Rodríguez Romo, director general adjunto de la entidad y consejero delegado de su brazo inmobiliario, Plainsa, ha colocado pertinentemente a su hija y a su prima en Promogedesa e Inmofiban, los chiringuitos inmobiliarios de Sergio Martínez Herrero, a la sazón ex CEO de King Sturge Spain, consultora inmobiliaria londinense que se fue al traste en nuestro país.
Estos enchufes no son fruto de la casualidad. Sergio Martínez, que ha salido tarifando con los ingleses, comparte accionariado y riesgos con Planes e Inversiones CLM, SA (Plainsa), en Promogedesa, chiringuito ladrillero inmerso en varios pleitos judiciales. En el año 2002, Sergio Martínez contactó con Caja Castilla-La Mancha, con la que se aprestó a crear una inmobiliaria de nuevo cuño que llevaba por nombre Promogedesa, donde participaban Plainsa (CCM) con Romo y Santiago García a la cabeza, y Sergio Martínez (Urbamaxi). Para ello, decidieron contar con el know how de Joaquín Sánchez Garrido, abogado cuyo mérito residía en conocer los planes parciales de La Mancha por haber sido alcalde de Toledo.
Según fuentes de toda solvencia cercanas a la compañía, la Caja les dijo que tenían 4 ó 5 años para conseguir de Promogedesa una compañía con volumen. Su primera operación llegó en 2004. Fueron 200 viviendas en el Cocherón de la Villa (Soto de la Villa) en Vallecas. Con un capital social de 300.000 euros y poca experiencia, CCM les prestó casi 50 millones de euros. Sirva este caso como ejemplo clarificador de los excesos inmobiliarios cometidos por la entidad.
Estas viviendas eran comercializadas por King Sturge Residencial. Al principio, las unidades se colocaban como churros: en los primeros cuatro meses vendieron cerca de 90 viviendas. Pero a partir de 2006, las ventas empezaron a flojear, y se les ocurrió proponer reventas con inversores, con lo que se encontraron con que las ventas de los inversores competían con las ventas de Promogedesa a través de King Sturge.
Lo que aconteció entonces fue un rifirrafe continuo que derivó en un cruce de querellas: de King Sturge y Promogedesa contra sus socios e inversores –hoy archivada tras dos años de diligencias previas- y de los socios contra Promogedesa. Últimamente, la compañía, que atraviesa por muchas dificultades, intentaba fusionarse con otra sociedad de Sergio Martínez, Inmofiban.
En lo que respecta a King Sturge España, la cosa tampoco acabó bien. En el año 2008, los ingleses empezaron a ver cómo de la velocidad de crucero se pasaba a las pérdidas. Sergio Martínez salió de la consultora inmobiliaria de manera traumática y King Sturge presentó concurso de acreedores en nuestro país. Martínez intentó impugnar tanto su cese como el concurso. Los ingleses que le contrataron todavía permanecen en Madrid intentando desfacer los entuertos.
NOTA DE REDACCIÓN:
Sergio Martínez se ha puesto en contacto con El Confidencial para asegurar que la hija de José Luis Rodríguez Romo trabaja en su empresa pero sólo como becaria y que la información sobre las promociones "no es correcta".
Corporación Indo Ma es una sociedad que incluye en su denominación el nombre del propio Domingo Díaz de Mera. Él es el administrador único de esta compañía dedicada a la promoción inmobiliaria. Ignacio Barco Fernández, a día de hoy, es administrador junto a otros miembros de su familia, de Solventia Corporativa, SL. Entre las participaciones de la compañía, aparecen al menos 13 sociedades denominadas Miguelturra Solar, con números del 1 al 13 como única diferenciación. Por su parte, Román Sanahuja, ex presidente de Metrovacesa, logró hacerse con la mayoría del capital de esta inmobiliaria a través de Sacresa. La caja manchega financió a la familia catalana buena parte de sus operaciones.
Los mismos nombres en distintos proyectos
Y es que los enredos de estos ladrilleros han llegado a inmobiliarias cotizadas de la talla de la mencionada Metrovacesa y Colonial. Román Sanahuja y Domingo Díaz de Mera estuvieron juntos en el capital de Metrovacesa cuando Joaquín Rivero presidía la inmobiliaria. La escisión de la cotizada en dos partes hizo que Sanahuja se endeudara para quedarse con la inmobiliaria. Finalmente no pudo afrontar su deuda y la compañía pasó a estar controlada por los bancos. Por otra parte, la inversión de Díaz de Mera en Colonial a través de Global Cartera de Valores (una sociedad en la que también participa la caja manchega) acabó en concurso de acreedores, presentado el pasado mes de diciembre. Igualmente terminó en insolvencia la inmobiliaria Grupo Lábaro, de los hermanos Barco.
Además de estos fiascos, en los últimos meses hemos asistido a un rosario de concursos de acreedores de inmobiliarias y sociedades participadas tanto por los tres promotores mencionados, como por la propia Caja Castilla-La Mancha, caso de las tres compañías que componen la constructora DHO (Dico Harinsa Obrum). La quiebra de sociedades directamente participadas por la caja castellano-manchega, especialmente a través de su división inmobiliaria, Caja Castilla-La Mancha Corporación, no hacían augurar nada bueno para la viabilidad de la entidad.
El caso es que los mismos nombres aparecen una y otra vez en los principales proyectos en los que se ha embarcado la entidad presidida por Moltó. Uno de ellos es el Aeropuerto de Ciudad Real. En CR Aeropuertos, la sociedad promotora del desarrollo, figuran Domingo Díaz de Mera y los Barco. Pero también Sacresa Terrenos Promoción, el Grupo Isolux Corsan, la Corporación Empresarial Cajasol, Iberdrola, la propia CM y su corporación y hasta la Universidad de Castilla-La Mancha y su fundación. El Reino de Don Quijote es otro proyecto de la Corporación que integra a varios de los mismos empresarios entre sus administradores.
Las conclusiones de aquella cita no fueron todo lo satisfactorias que el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hubiera deseado. El mismo jueves de la dimisión de Viñals, el consejo de administración de CCM se reunió para informar sobre el estado de su rescate. Para entonces, el subgobernador sabía que la solución de urgencia apadrinada desde Cibeles, en contra de su parecer, no tenía futuro. Así se confirmó un día después, el viernes 27, después de que Braulio Medel se desplazara a Madrid tras la reunión del consejo de Unicaja.
Fuera ya del Banco de España, el ex subgobernador no tendría que asumir las responsabilidades propias de su cargo, entre otras, la coordinación de las funciones de inspección y supervisión. Sin embargo, Viñals no había ejercido estas competencias en su totalidad, como han explicado personas próximas al ex alto funcionario, dado que el director general de este área, Javier Aríztegui, posteriormente convertido en su actual sucesor, despachaba directamente con Mafo sobre los principales temas, entre ellos CCM.
Un desenlace anunciado
Buena parte de los desencuentros entre Viñals y Fernández Ordóñez tuvieron como motivo a la entidad castellano manchega. Durante el último año, el Banco de España había mandado dos equipos de inspección a CCM, el primero para una inspección protocolaria y el segundo, de carácter extraordinario, con vistas a supervisar la actividad diaria de la caja y así tratar de evitar su intervención. Este plan, en su conjunto, y otras decisiones concretas, como la de permitir que los inspectores no estuvieran físicamente en la caja, no contaron con su aprobación.
Viñals ha ejercido como subgobernador del Banco de España poco más de dos años. Reputado economista (Premio Rey Jaime I) formado en el servicio de estudios de la casa, ocupaba la dirección general de Asuntos Internacionales hasta que en julio de 2006 asumió los galones de número dos. Su llegada, sin embargo, no fue fruto del tradicional acuerdo por el que los principales partidos se repartían los nombramientos de los dos puestos clave, situación que le colocó en un lugar incómodo desde un punto de vista político. Ahora, no quería estar en otra guerra de partidos.
La “tragedia” se había venido masticando a lo largo de la semana pasada. El miércoles 25 de marzo, los equipos de Unicaja y Caja Castilla La Mancha (CCM) involucrados en la revisión de las cuentas de la entidad castellano manchega con vistas a la fusión entre ambas, se reunieron con el Banco de España con el fin de analizar el informe preliminar que Pricewaterhouse Coopers (PwC) había entregado dos días antes, el lunes 23 de marzo, tal como informó este diario.
Pero el dato más relevante del encuentro fue constatar que el auditor externo, Ernst & Young, se negaba en redondo a proporcionar información alguna sobre dichas cuentas, alegando que no había verificado aún el cierre del ejercicio 2008 que CCM había presentado al Banco de España. Fuentes cercanas a la operación han asegurado a este diario que esta actitud ha provocado momentos de gran tirantez entre los equipos de ambas Cajas, y fue el elemento que definitivamente consolidó la posición de desconfianza de Braulio Medel, presidente de Unicaja, reacia a la fusión.
El jueves presentó su dimisión José Viñals como subgobernador del Banco de España. Y el viernes el gobernador Fernández Ordoñez llamó de urgencia a Medel para que, interrumpiendo la reunión del Consejo de Unicaja que estaba teniendo lugar en Málaga, se presentara en Madrid, más concretamente en la sede del banco en la calle Alcalá, cosa que hacía en torno a las 7 de la tarde. Ante las presiones de MAFO, la posición de Medel fue relativamente cómoda: el Consejo de Unicaja no podía adoptar ninguna decisión definitiva en torno a la absorción de CCM hasta que no tuviera en sus manos el informe final de Auditoria de la entidad castellano manchega.
Fuertes presiones a Ernst & Young
El gobernador, y con él el propio Gobierno Zapatero, estaban entre la espada y la pared. La posición “obstruccionista” de Ernst & Young le ha supuesto enormes presiones al auditor Francisco J. Fuentes García, socio responsable directo de CCM, que ha recibido broncas monumentales no sólo de parte de Moltó, sino también por los responsables de supervisión del Banco de España. A tal punto ha llegado el conflicto que Ignacio Viota, director general de Auditoría de Ernst & Young, tuvo que intervenir en favor de Fuentes, conminándole, además, a mantenerse firme absteniéndose de emitir opinión sobre las cuentas anuales de 2008.
Consciente de que en esta auditoría estaba poniendo en riesgo todo su prestigio, Ernst & Young se jugaba mucho en el envite. O se contaba la verdad en la formulación de las cuentas de CCM, o no daba opinión limpia. Un paso en falso en un asunto tan notorio como este le podría suponer, cuando menos, la pérdida de su negocio en el sector financiero o, lo que es igual, más de la mitad de su cifra anual de ventas. Ello añadido a que, en caso de salir adelante la fusión con Unicaja, la firma no iba a auditar a la entidad resultante, cosa que hubiera hecho PwC.
La sombra del ‘going concern’
Ha sido, pues, la negativa de Ernst & Young a comprometer su firma en las cuentas de CCM lo que ha llevado la operación de fusión a un callejón sin salida, obligando al Banco de España a intervenir. Las fuentes consultadas señalan que hasta el final existió la posibilidad de que el Banco elevara la presión sobre Ersnt & Young hasta tal punto que el auditor se viera finalmente obligado a emitir opinión, pero con una salvedad, lo que en el argot se conoce como un “going concern”, es decir, la imposibilidad de la Caja para continuar desarrollando su actividad. Algo que era precisamente lo que se estuvo intentando evitar a toda costa hasta el último momento.
Ciertamente, el Banco de España podría haber hecho otra cosa: obligar a la gerencia de CCM a decir la verdad, reconociendo su verdadera situación patrimonial. Pero, como ayer corroboró Pedro Solbes al afirmar sin que le temblara la voz que no hay agujero patrimonial en CCM, en este punto MAFO prefirió transigir con una explicación más tolerante de las cuentas para ganar tiempo con vistas a la fusión de Unicaja. Pero al final, el problema, como saben bien los auditores, no es solo el agujero: es que el margen de intermediación de CCM es cero, es decir, la Caja no es viable como negocio.
Bono reconoció que desde que es presidente del Congreso de los Diputados procura evitar (“no siempre lo consigo”, confesó), suscitar debates, ni entrar en el cuerpo a cuerpo. “Me gusta la política y llevo mucho tiempo en ella, pero es mi obligación no iniciar debates, ni contribuir a su desarrollo”.
“Confianza y prudencia”, fueron en principio las dos palabras sobre las quería limitarse a hablar el presidente del Congreso. “Me agrada y me alegra que las seguridades ofrecidas por el vicepresidente Pedro Solbes y el presidente de Castilla-La Mancha [José María Barreda] den como resultado que los impositores hayan tomado nota en tranquilidad y confianza”.
No quiso Bono nombrar a Hernández Moltó, ni valorar su perfil. Tampoco su gestión en la caja manchega. “Si quisiera hablar más no tenga ninguna duda que lo haría”, zanjó. El ex presidente de Caja Castilla-La Mancha también aprobó que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, solicitara su presencia en el Congreso de los Diputados para explicar la intervención en la entidad financiera.
Bono recordó que la charla en el Foro COPE Málaga la ofrecía gratis: “No me van a pagar nada”, aclaró. Y dijo que no haría como Manuel Fraga, quien una vez se negó a resumir una conferencia para los periodistas. “No será una conferencia. Voy a hacer una serie de reflexiones sobre la Constitución de 1978, la de más larga vida de nuestra historia”. “La Constitución”, añadió, “no es sagrada, ni es eterna”. Y añadió: “En España la causa de la libertad y la distribución territorial del poder siempre han ido de la mano, aunque hay dificultades que se tienen que resolver”.
El presidente del Congreso de los Diputados almorzó ayer con políticos y empresarios de Málaga en la Finca de La Cónsula de Churriana, sede de una prestigiosa Escuela de Hostelería creada por la Junta de Andalucía a principios de los noventa. Ahora la dirige Francisco Oliva, ex consejero de Trabajo del Gobierno de Manuel Chaves. En La Cónsula Ernest Hemingway escribió en el verano de 1960, un año antes de suicidarse, el libro El verano peligroso.
De acuerdo con el citado documento, los responsables de la gesión de la entidad no trasladaron a los miembros de la asamblea que el futuro de la caja podría pasar por una fusión que el Banco de España ya les había solicitado que empezasen a buscar, debido a su debilitada situación financiera.
Según señaló el gobernador del supervisor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el pasado jueves en el Congreso de los Diputados:
"Este mensaje fue transmitido oficialmente a los principales responsables de la caja a principios de octubre de 2008".
No obstante, los directivos incidieron en la idea de que la caja tenía una "implicación activa con su región", un mensaje que no hacía presagiar una fusión.
Advertencias
Los principales directivos de CCM tampoco informaron de las advertencias del supervisor ni de la sugerencia de fusión al consejo, celebrado el 27 de noviembre, como han confirmado a este diario varios consejeros del PP.
Según las cuentas del primer semestre que se presentaron en la asamblea, la ratio de morosidad se había multiplicado por seis en medio año, hasta el 3% (cerró 2008 en el 5,1%). La cobertura de estos créditos dudosos era del 68,66% en junio y del 36% en diciembre, pese haber iniciado el año por encima del 300%.
La ratio de solvencia se situaba aún en el 9,22% en junio, para deteriorarse en diciembre hasta el 7,2%, por debajo ya de los mínimos regulatorios.
No obstante, el negocio básico (medido por el avance del margen de intermediación) seguía sano al crecer un 23,36% en los seis primeros meses de 2008, como apuntó la directiva en la asamblea de finales de año.
Y en ese momento ya se constataba que el principal foco de riesgo estaba en la corporación CCM, brazo inversor de la entidad, que hasta junio perdía más de tres millones de euros, cuando un ejercicio antes ganaba en el mismo período 68 millones.
La principal causa de este descenso eran sus pérdidas en bolsa, según señalan fuentes conocedoras de la situación. De esta forma, el resultado provisional de cierre del año conocido por el consejo arrojaba unas ganancias de 92 millones en la actividad minorista de la caja, que se reducían a 30 millones de beneficio en el resultado consolidado.
No obstante, el Banco de España había detectado que la entidad debía realizar ajustes de su patrimonio neto por valor de 600 millones, según el documento de la inspección, adelantado el pasado jueves por EXPANSIÓN, tras la revisión de las inversiones crediticias y de la corporación.
Pese a que la imagen financiera de la entidad que se transmitió en la asamblea distaba mucho de ser idílica, ninguno de los discursos de los directivos hacía presagiar una intervención estatal tres meses después.
El director general de la entidad –en respuesta a una pregunta del consejero del PP, Jaime Ramos, sobre la concentración de riesgo crediticio– apuntó en la asamblea que "efectivamente puede haberse dado en algún caso una concentración de riesgo".
Sin embargo, subrayó que "la entidad trabajaba con empeño" en evitar estas concentraciones.
En esa misma reunión, la directiva de CCM planteó a este órgano de dirección la posibilidad de emitir cuotas participativas para reforzar su solvencia, aunque no fue sometido a votación.
El presidente de la entidad intervenida, Juan Pedro Hernández Moltó, evitó durante su intervención en la asamblea referirse a los procesos de fusión con entidades de otras comunidades y matizó que la caja estaba "implicada" con su región.
Además, subrayó que la entidad había sufrido desde principios de año "un ataque reputacional injusto y gravísimo", según consta en las actas.
CCM denunció este ataque a la Policía y, según se aseguró en la asamblea, las investigaciones habían detectado la "fuente" de estos comentarios injuriosos, contra la que querían dirigir una querella criminal.
De cara a 2009, Hernández Moltó señaló que había que reforzar la solvencia y que era necesario "profesionalizar nuestro debate [de los consejeros] en mayor medida, para que la caja sea más competitiva, a costa de ser menos entrañable".
Inversión millonaria para promotores
CCM financió a un reducido grupo de empresarios con inversiones millonarias.
La entidad otorgó créditos por importe de 1.000 millones de euros, equivalentes al 100% de sus recursos, a un grupo de cinco promotores inmobiliarios de la comunidad castellano manchega relacionados con la construcción del aeropuerto de Ciudad Real.
El dinero no sólo se destinó a este proyecto, calificado como uno de los más ruinosos en los que está implicada la entidad, sino también a otras inversiones fallidas que han elevado la morosidad de la caja a niveles cercanos al 15%.
Pero CCM no tiene un agujero patrimonial, ya que su patrimonio neto es positivo.
Este problema surgiría en el momento en que no cumpliera la legislación para contar con un coeficiente mínimo de recursos propios del 8% de sus activos de riesgo.
Donde sí existen dificultades es en la situación de liquidez de la entidad que llegó a ser insostenible por la continua retirada de depósitos.
En Las Cabezadas de Aranjuez, de nuevo aparece CCM Corporación como accionista de referencia (60%) fuera de su comunidad autónoma y de la mano de una de sus empresas de confianza: la Isolux Corsán de Luis Delso. Isolux posee el 40% de la mercantil Las Cabezadas, adjudicataria del desarrollo del PAU del mismo nombre que promueve la construcción de 7.000 pisos al lado del Río Tajo. Fuentes locales denuncian que "Isolux ya recibió 60 millones de euros por el 60% de acciones que le pagó CCM sin haber puesto un ladrillo, sin ser aún propietario del suelo y sin que el PAU hubiera sido aprobado por el Gobierno Regional de Madrid". La Asociación de Propietarios de Las Cabezadas ha solicitado la nulidad del proceso.
La entidad castellano-manchega también forma parte de H2 Puente Largo, encargada del PAU que también contempla la creación de otras 7.000 viviendas "al triple del coste y sin cargas financieras para sus promotores", según denuncias locales. Además, CCM financia en la actualidad la construcción de más de 1.000 viviendas, la mitad protegidas, de los antiguos terrenos de Agfa, promovidas por la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda. Aquí aparece Atalia Grupo Patrimonial como beneficiara del suelo. El presidente de Atalia es David Marjaliza, ex concejal del PP en Valdemoro. En esta compañía también figura Agustín Alonso Conesa, hermano del ex alcalde socialista de Cartagena.
Nuevas conexiones con la trama Malaya
Algunos de los hombres de CCM en Aranjuez son Alejandro López Hernández y José Luis Rodríguez Romo. López Hernández, secretario general de la caja, es consejero de Las Cabezadas de Aranjuez y presidente de H2 Puente Largo. Casualmente, López Hernández también forma parte de la administración de un conglomerado de empresas, algunas de las cuales han aparecido vinculadas a los casos de espionajes y sobornos en la Comunidad de Madrid: es consejero de DHO y apoderado de Grupo Dico Obras y Construcciones.
José Luis Rodríguez Romo es el otro hombre de Moltó en la localidad madrileña. Romo no se conforma con ser el consejero delegado del brazo inmobiliario de CCM, Plainsa. Participa asimismo en dos sociedades relacionadas con la trama malaya: Claudia Zahara 22 y Cortijo del Moro. En ambas participa además la Sacyr Vallehermoso de Luis del Rivero. Este periódico ya adelantó los vínculos existentes entre la caja manchega y los pelotazos del imputado Ventero, la trama vasca, Roca y Corulla en Los Alcázares (Murcia).
"No hay ninguna razón para preocuparse. La crisis de Caja Castilla La Mancha no afectará a los distintos proyectos que mantiene en Aranjuez y que están vinculados al Ayuntamiento", aseguró a los medios el alcalde Dionisio tras la intervención del Banco de España. Dionisio recordó que "Caja Castilla La Mancha sigue existiendo" y que "el Banco de España garantiza su existencia con la normalidad de la caja". "Cuando pase la intervención, CCM seguirá funcionando como cualquier entidad financiera", dijo.
Pese a ser miembro representativo de la asamblea general de la entidad, el alcalde afirmó no sospechar nada de lo que se estaba cociendo en su seno. "No he tenido que votar nunca, todas las decisiones se tomaban por unanimidad", resaltó. Según el alcalde, "lo que ha ocurrido ha sido fundamentalmente que la apuesta por determinados sectores, con la llegada de la crisis, se ha visto afectada".
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