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El BM estima que el PIB global bajará |
El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ha dicho que la economía global se contraerá un 1% ó 2% en 2009, en lo que ha calificado de desaceleración sin precedentes desde la 'Gran Depresión'. El presidente de la institución también ha advertido del peligro de hambrunas y conflictos sociales.
En rueda de prensa desde Bruselas, Zoellick se ha referido a un pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que augura una caída del 1% en el PIB mundial este año.
"En el Banco Mundial daremos nuestro pronóstico de nuevo pronto, posiblemente en el rango de un 1 ó 2 por ciento. No hemos visto una cifra como esta a nivel global desde la Segunda Guerra Mundial, que realmente quiere decir desde la Gran Depresión", ha declarado.
El máximo responsable del Banco Mundial ha expresado así su preocupación sobre los actuales esfuerzos para abordar la crisis y advirtió del riesgo de "hacer muy poco, demasiado tarde". Así, ha indicado que los estímulos fiscales que no tienen en cuenta la crisis del crédito serán un "placebo" sin un efecto duradero en la economía.
Zoellick ha propuesto que el grupo de las 20 economías industrializadas y emergentes del mundo, cuyos líderes se reunirán en Londres en dos semanas, establezcan un proceso de revisión para ver qué otras medidas de estímulo serán necesarias para impulsar la recuperación.
"Tras el proceso del G-20, se debería contar con un sistema de supervisión", ha dicho en una conferencia organizada por el grupo de expertos alemán Marshall Fund.
Además, Zoellick aboga por la creación de un sistema de revisión de los actuales planes de estímulo acordados por los gobiernos. "Dada la incertidumbre que genera la crisis, creo que querrán un proceso de revisión para ver si serán necesarias más acciones en 2010", ha dicho.
Peligro de hambrunas
Zoellick ha alertado sobre una caída en el comercio mundial y ha citado los pronósticos del Banco Mundial señalando que hasta 400.000 niños podrían morir este año como efecto indirecto de la crisis.
"Hay temas que van más allá de la economía hasta temas de estabilidad política y social", ha dicho. "Si los niños no obtienen una nutrición apropiada en sus primeros años, perdemos una generación", ha asegurado.
(continue: Reforma de instituciones financieras)
(continue)
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Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
Anónimo
El debate continuará hasta el sábado con intervenciones como la de la delegación uruguaya, que postula, al igual que otros países suramericanos, que se declare el agua como un derecho constitucional y que su gestión sea totalmente estatal.
El problema, según Emanuele Lobina, investigador sobre servicios públicos de la Universidad de Greenwich (Reino Unido), es que el Banco Mundial, uno de los principales actores dentro del Consejo Mundial del Agua y el Foro, mantiene una posición "testaruda" a favor del enfoque de mercado sobre el agua.
Mientras, en los salones del Palacio de Congresos de Sütlüce, los servicios de prensa de las multinacionales del agua buscan ávidos ponerse en contacto con los más de 1.000 periodistas acreditados, a fin de explicar la posición del sector privado, cuya imagen se ha visto deteriorada por el activo trabajo de los académicos y ONG críticos.
"Nosotros no somos un grupo de presión que lucha contra la gestión pública, sabemos que hay infraestructuras públicas que funcionan bien y otras que funcionan mal", dice Gérard Payen, presidente de AquaFed, una federación que agrupa a 300 empresas, más de la mitad del sector privado.
"Sólo queremos contribuir a solucionar los problemas del agua. El agua ha de ser mejor gestionada, pues millones de personas esperan mejores servicios. Hay gente que aún espera que el sector público les dé acceso al agua, un acceso que no llega", agrega Payen.
El director de AquaFed piensa que "no hay contradicción" entre la empresa privada y potenciar el derecho al acceso al agua y expone como ejemplo que, en los últimos 15 años, el sector privado ha llevado agua potable a más de 25 millones de personas en países en desarrollo y que, actualmente, los operadores privados dan servicio al 9 por ciento de la población mundial.
Payen es considerado como uno de los más importantes "Señores del Agua" por los activistas críticos como Maude Barlow, consejera de la ONU, que exige declarar el agua un "derecho humano fundamental" para que deje de ser un bien comercial.
"La gestión privada de los recursos hídricos, cuyo auge tuvo lugar en la década de los noventa en los países en desarrollo, y especialmente en Latinoamérica, ha demostrado ser fallida", opina por su parte en declaraciones a Efe Lobina.
"La idea inicial era que las empresas privadas darían un mejor acceso al agua para los usuarios. Pero hubo algunos problemas: las empresas no invirtieron todo el dinero que habían acordado e incrementaron las tarifas del agua de forma insostenible. Así que este modelo se encontró con mucha resistencia popular", explica.
Tanto fue así que las multinacionales del agua comenzaron a abandonar las concesiones de aguas de algunas grandes ciudades de Latinoamérica.
Una de esas compañías fue Suez, que ahora reconoce la necesidad de hacer "autocrítica".
"Sabemos hacer bien el trabajo técnico y comercial pero nos hemos dado cuenta que tenemos que considerar la sensibilidad cultural y política de cada país y por eso hemos entablado un diálogo con la sociedad y las ONG", detalla Alexandre Braïlowsky, director de Ingeniería Social de Suez Environnement, empresa a la que pertenece el grupo español Aguas de Barcelona (Agbar).
Braïlowsky cree que la mala imagen de estas multinacionales tiene que ver con que "el agua es un tema muy sensible" y "depende de varios niveles de organización", por lo que se debe buscar la responsabilidad de cada actor en los problemas que afectan al agua.
"Nosotros somos sinceros en el cambio de actitud -asegura-, ahora debemos informar bien a la gente y dejar elegir".
"En estos casos, el diálogo es sólo funcional", critica el investigador Lobina, "el objetivo no es la inclusión social, porque todo está subordinado a la consecución de ganancias económicas".
"El sector privado tiene un objetivo principal: maximizar los beneficios. El sector público, aunque no sea perfecto, no tiene un objetivo rígido, lo que lo hace más flexible a la hora de experimentar nuevos métodos de participación", añade.
UNESCO recuerda que millones no tienen agua
“La falta de inversiones y una gobernabilidad insuficiente privan a millones de personas del derecho a un agua segura en muchas partes del mundo”, afirmó hoy el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Koichiro Maatsura presentó el Informe de la ONU sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el planeta, ante el Foro Mundial sobre el Agua que se realiza en Estambul, Turquía.
En ese foro, Matsuura sostuvo que la ausencia de inversiones afecta los sistemas básicos de saneamiento, y explicó que expone a las personas vulnerables a las enfermedades y la hambruna, así como a riesgos de desastres relacionados con el agua, la degradación ambiental y los conflictos.
Asimismo, subrayó que el agua debe ser la máxima prioridad en los programas de desarrollo e instó a los países no industrializados a aumentar sus inversiones en los recursos hídricos para reducir la pobreza.
Bolivia planteará en la quinta versión del Foro Mundial del Agua, el retiro del líquido elemento de los tratados internacionales de comercio, por considerarlo un derecho humano que no debe estar sujeto al libre comercio ni a la privatización, y que más bien debe beneficiar a todas las personas en igualdad de condiciones.
Bolivia pide retirar agua de tratados comerciales
El ministro de Medio Ambiente y Agua, René Orellana, explicó que su participación en Estambul (Turquía), donde se realizará el encuentro, intentará lograr un pronunciamiento de todos los países participantes para declarar al agua como un derecho humano en el ámbito internacional, tomando en cuenta los actuales cambios climáticos.
"Estamos llevando los principios que se han establecido en nuestra Constitución: el derecho de la vida y del medio ambiente al agua antes que su comercialización. Por eso plantearemos también retirar de los tratados de libre comercio al agua, para que ya no sea un bien sujeto al comercio", dijo.
El Foro Mundial del Agua, que se realiza cada tres años y reúne a ministros de Medio Ambiente de todo el mundo, discute una amplia gama de temas relacionados con el uso y manejo del agua y la protección de los recursos hídricos.
La autoridad recordó que el año 2006 Bolivia y otros cuatro países firmaron un manifiesto donde se establecía la necesidad de declarar al agua como un derecho humano, situación que pretende sea seguida por más de 150 países para promover su cuidado y buen uso, además de comprometer la cooperación para realizar acciones conjuntas sobre el tema.
El Quinto Foro Mundial del Agua, organizado por el Consejo Mundial del Agua (WWC), comenzó el lunes con el tema de "Tendiendo puentes a favor del agua" para facilitar soluciones a los problemas mundiales de ese recurso y promover la cooperación entre estados y organizaciones.
El encuentro, que se extenderá desde el 16 hasta el 22 de marzo, cuenta con la participación de 25.000 representantes de todo el mundo para discutir una amplia gama de temas relacionados con la problemática actual de la falta de agua para el consumo humano, por lo que este miércoles viaja una delegación boliviana encabezada por el ministro de Medio Ambiente y Agua.
Está prevista la aprobación de un documento oficial que incluye el traslado de agua entre cuencas, como una de las soluciones a los problemas hídricos por los que atraviesa el planeta Tierra y también se centrará en los temas relacionados con el manejo del agua.
El problema, según Emanuele Lobina, investigador sobre servicios públicos de la Universidad de Greenwich (Reino Unido), es que el Banco Mundial, uno de los principales actores dentro del Consejo Mundial del Agua y el Foro, mantiene una posición "testaruda" a favor del enfoque de mercado sobre el agua.
Mientras, en los salones del Palacio de Congresos de Sütlüce, los servicios de prensa de las multinacionales del agua buscan ávidos ponerse en contacto con los más de 1.000 periodistas acreditados, a fin de explicar la posición del sector privado, cuya imagen se ha visto deteriorada por el activo trabajo de los académicos y ONG críticos.
"Nosotros no somos un grupo de presión que lucha contra la gestión pública, sabemos que hay infraestructuras públicas que funcionan bien y otras que funcionan mal", dice Gérard Payen, presidente de AquaFed, una federación que agrupa a 300 empresas, más de la mitad del sector privado.
"Sólo queremos contribuir a solucionar los problemas del agua. El agua ha de ser mejor gestionada, pues millones de personas esperan mejores servicios. Hay gente que aún espera que el sector público les dé acceso al agua, un acceso que no llega", agrega Payen.
El director de AquaFed piensa que "no hay contradicción" entre la empresa privada y potenciar el derecho al acceso al agua y expone como ejemplo que, en los últimos 15 años, el sector privado ha llevado agua potable a más de 25 millones de personas en países en desarrollo y que, actualmente, los operadores privados dan servicio al 9 por ciento de la población mundial.
Payen es considerado como uno de los más importantes "Señores del Agua" por los activistas críticos como Maude Barlow, consejera de la ONU, que exige declarar el agua un "derecho humano fundamental" para que deje de ser un bien comercial.
"La gestión privada de los recursos hídricos, cuyo auge tuvo lugar en la década de los noventa en los países en desarrollo, y especialmente en Latinoamérica, ha demostrado ser fallida", opina por su parte en declaraciones a Efe Lobina.
"La idea inicial era que las empresas privadas darían un mejor acceso al agua para los usuarios. Pero hubo algunos problemas: las empresas no invirtieron todo el dinero que habían acordado e incrementaron las tarifas del agua de forma insostenible. Así que este modelo se encontró con mucha resistencia popular", explica.
Tanto fue así que las multinacionales del agua comenzaron a abandonar las concesiones de aguas de algunas grandes ciudades de Latinoamérica.
Una de esas compañías fue Suez, que ahora reconoce la necesidad de hacer "autocrítica".
"Sabemos hacer bien el trabajo técnico y comercial pero nos hemos dado cuenta que tenemos que considerar la sensibilidad cultural y política de cada país y por eso hemos entablado un diálogo con la sociedad y las ONG", detalla Alexandre Braïlowsky, director de Ingeniería Social de Suez Environnement, empresa a la que pertenece el grupo español Aguas de Barcelona (Agbar).
Braïlowsky cree que la mala imagen de estas multinacionales tiene que ver con que "el agua es un tema muy sensible" y "depende de varios niveles de organización", por lo que se debe buscar la responsabilidad de cada actor en los problemas que afectan al agua.
"Nosotros somos sinceros en el cambio de actitud -asegura-, ahora debemos informar bien a la gente y dejar elegir".
"En estos casos, el diálogo es sólo funcional", critica el investigador Lobina, "el objetivo no es la inclusión social, porque todo está subordinado a la consecución de ganancias económicas".
"El sector privado tiene un objetivo principal: maximizar los beneficios. El sector público, aunque no sea perfecto, no tiene un objetivo rígido, lo que lo hace más flexible a la hora de experimentar nuevos métodos de participación", añade.
UNESCO recuerda que millones no tienen agua
“La falta de inversiones y una gobernabilidad insuficiente privan a millones de personas del derecho a un agua segura en muchas partes del mundo”, afirmó hoy el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Koichiro Maatsura presentó el Informe de la ONU sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el planeta, ante el Foro Mundial sobre el Agua que se realiza en Estambul, Turquía.
En ese foro, Matsuura sostuvo que la ausencia de inversiones afecta los sistemas básicos de saneamiento, y explicó que expone a las personas vulnerables a las enfermedades y la hambruna, así como a riesgos de desastres relacionados con el agua, la degradación ambiental y los conflictos.
Asimismo, subrayó que el agua debe ser la máxima prioridad en los programas de desarrollo e instó a los países no industrializados a aumentar sus inversiones en los recursos hídricos para reducir la pobreza.
Bolivia planteará en la quinta versión del Foro Mundial del Agua, el retiro del líquido elemento de los tratados internacionales de comercio, por considerarlo un derecho humano que no debe estar sujeto al libre comercio ni a la privatización, y que más bien debe beneficiar a todas las personas en igualdad de condiciones.
Bolivia pide retirar agua de tratados comerciales
El ministro de Medio Ambiente y Agua, René Orellana, explicó que su participación en Estambul (Turquía), donde se realizará el encuentro, intentará lograr un pronunciamiento de todos los países participantes para declarar al agua como un derecho humano en el ámbito internacional, tomando en cuenta los actuales cambios climáticos.
"Estamos llevando los principios que se han establecido en nuestra Constitución: el derecho de la vida y del medio ambiente al agua antes que su comercialización. Por eso plantearemos también retirar de los tratados de libre comercio al agua, para que ya no sea un bien sujeto al comercio", dijo.
El Foro Mundial del Agua, que se realiza cada tres años y reúne a ministros de Medio Ambiente de todo el mundo, discute una amplia gama de temas relacionados con el uso y manejo del agua y la protección de los recursos hídricos.
La autoridad recordó que el año 2006 Bolivia y otros cuatro países firmaron un manifiesto donde se establecía la necesidad de declarar al agua como un derecho humano, situación que pretende sea seguida por más de 150 países para promover su cuidado y buen uso, además de comprometer la cooperación para realizar acciones conjuntas sobre el tema.
El Quinto Foro Mundial del Agua, organizado por el Consejo Mundial del Agua (WWC), comenzó el lunes con el tema de "Tendiendo puentes a favor del agua" para facilitar soluciones a los problemas mundiales de ese recurso y promover la cooperación entre estados y organizaciones.
El encuentro, que se extenderá desde el 16 hasta el 22 de marzo, cuenta con la participación de 25.000 representantes de todo el mundo para discutir una amplia gama de temas relacionados con la problemática actual de la falta de agua para el consumo humano, por lo que este miércoles viaja una delegación boliviana encabezada por el ministro de Medio Ambiente y Agua.
Está prevista la aprobación de un documento oficial que incluye el traslado de agua entre cuencas, como una de las soluciones a los problemas hídricos por los que atraviesa el planeta Tierra y también se centrará en los temas relacionados con el manejo del agua.
Anónimo
En llamado de atención de Nash, economista líder de América Latina y el Caribe del Banco Mundial y coautor del estudio, cobra mayor urgencia ante la severa crisis económico-financiera internacional que, como señala el propio experto, "va a distraer la atención de los gobiernos sobre los planes de mitigación de los efectos del cambio climático" ante la "sequía" de inversiones.
"El Banco tratará de implementar el programa de préstamos para apoyar los problemas inmediatos causados por la crisis, pero, al mismo tiempo, instará a que no se reduzcan las inversiones a largo plazo", indicó ante la consulta de IPS.
"La solución no es sencilla, aunque los mercados siguen funcionando. No cabe duda de que las transacciones de ‘bonos verdes’ (créditos de carbono) van a sentir el impacto en el corto plazo", advirtió, aunque se manifestó optimista en cuanto a los planes de largo alcance.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), previsto en el Protocolo de Kyoto firmado en 1997 y que entró en vigor en 2005, permite a gobiernos y empresas de naciones industrializadas obtener créditos invirtiendo en proyectos de energía limpia en el Sur para cumplir en parte con su obligación de abatir sus emisiones de gases invernadero.
En la presentación del estudio "Desarrollo con menos carbono: Respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático" no faltaron algunos comentarios de tono crítico de parte de algún panelista respecto de la recomendación de que América Latina tiene que contribuir a la solución del problema pese a su escasa responsabilidad en el desastre.
Como indicó Luis Santos, coordinador de los Programas de Cambio Climático y Ozono en el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, no hay que olvidar que el MDL es un mecanismo innovador que tiene aspectos muy positivos pero algunos negativos, como cargar sobre las espaldas de los países en desarrollo un problema cuya responsabilidad principal es del mundo rico.
Precisamente, Nash admitió a IPS que la duda más importante que le han planteado algunos funcionarios de gobierno de la región se refiere al mensaje del informe de que los países en desarrollo deben participar en los esfuerzos para reducir las emisiones de gases invernadero.
"Hay una constante en las negociaciones internacionales que es: éste es un problema que crearon los países ricos y, entonces, que ellos lo arreglen", indicó.
"Pero en respuesta a esa postura --porque entendemos bien esa crítica y coincidimos en que el mundo rico es el que tiene mayor responsabilidad y más capacidad para resolver el problema—es que enfatizamos en que hay muchas medidas que pueden tomar los países en desarrollo para reducir las emisiones y que no son incompatibles con sus planes de crecimiento y de reducción de la pobreza", apuntó.
En el marco de su recorrida por América Latina para presentar el informe del Banco Mundial, del que también son autores Augusto de la Torre y Pablo Fajinzylber, el economista estadounidense señaló que los gobiernos han "respondido de modo muy favorable".
Los objetivos son ayudar a los países a entender mejor el contexto mundial y las negociaciones en curso, así como poner la perspectiva de la región en esos ámbitos, y "creo que los gobiernos, según he podido apreciar en los encuentros, valoran y atienden el informe", aseguró.
En el foro realizado en una sala del Congreso legislativo uruguayo participaron, junto a Nash y Santos, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, la directora Nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, el representante del Banco Mundial en Uruguay, David Yuravlivker, el presidente de la Cámara de Diputados, Roque Arregui, y el economista Pedro Barrenechea, consultor en asuntos de Cambio Climático.
En ese marco, el visitante destacó como muy importante el programa anunciado por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que crea un fondo para atender los efectos del cambio climático, en el marco de un trabajo en conjunto con los gobiernos de los 19 distritos en que se divide el país.
"Focalizado más en la adaptación al cambio del clima que en la mitigación, creo que a nivel de descentralización, con los municipios, es el criterio más apropiado para responder a estos desafíos", puntualizó.
También valoró positivamente el rol que cumplen las entidades de investigación uruguayas, "claves para responder al cambio climático". Algunos de esos programas de estudio y desarrollo sustentable cuentan ya con el apoyo del Banco Mundial, tal el caso de un plan piloto relacionado con el sector costero, como explicó Santos.
Otro punto de atención en este país es el sector agropecuario. Al respecto, Santos comentó con tono crítico que estos informes no atienden como debieran los "eventos severos" a nivel local por la variabilidad climática, como el caso de la sequía de varios meses que acaba de padecer Uruguay, la mayor de las últimas décadas, con los consecuentes y abultados perjuicios económicos.
Sin embargo, Nash indicó que entre los mayores efectos negativos del cambio climático está el impacto sobre la producción agroalimentaria, al cambiar el régimen de lluvias y extenderse las sequías. Por eso entiende que el comercio del sector debe permanecer liberalizado en el mundo para así equilibrar la oferta entre los países que temporalmente aumenten la oferta y los que pierdan o dejen de producir.
El informe del Banco Mundial alerta que la agricultura podría colapsar en la región, con una reducción de entre 12 por ciento y 50 por ciento en América del Sur para 2100. En el caso de Uruguay, llegaría la pérdida a 34 por ciento en ese lapso, mientras que en México desaparecerían entre 30 y 85 por ciento de las haciendas agropecuarias. La investigación señala que la temperatura promedio en América Latina y el Caribe aumentó un grado en el siglo XX, y sólo en la década pasada ese incremento fue de 0,1 grado. Para 2050 puede crecer hasta 1,7 grados y para 2100 hasta cuatro. Mientras, el nivel del mar se elevó de dos a tres milímetros anuales desde los años 80.
El cambio climático lleva además a la pérdida de los glaciares de la cordillera de los Andes, que podrían desaparecer en los próximos 20 años debido al aumento de la temperatura que puede situarse en 0,6 grados por década.
La frecuencia de las tempestades y sequías aumentan, se expanden las enfermedades tropicales, la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas, entre ellos los mantos de coral en el Caribe, y crece la devastación de la infraestructura costera de la región, en particular en el golfo de México, según el estudio del Banco Mundial.
Otro capítulo inquietante es la deforestación, puesto que los bosques tropicales en el Amazonas podrían desaparecer entre 20 y 80 por ciento de su actual extensión. Las áreas de mayor riesgo de inundaciones están en Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.
Para defenderse de esas nefastas predicciones, el Banco Mundial insta a los países de la región a tomar medidas para compatibilizar el desarrollo económico y la preservación del ambiente.
Así detalla la necesidad de aumentar la eficiencia energética, reducir la deforestación evitable, mejorar los sistemas de transporte público y el manejo de los residuos sólidos, desarrollar las fuentes de energía renovable, especialmente la hidroeléctrica, y la producción de biocombustibles sustentables en los países con ventajas comparativas.
A pesar de los malos augurios, el ente multilateral es optimista respecto de la capacidad de la región para producir respuestas globales constructivas.
Los antecedentes en cuanto a políticas adecuadas para mitigar el cambio climático así lo demuestran, como es el caso, entre otros, de México y su plan de reducir la emisión de gases invernadero en el sector energético, el desarrollo de fuentes alternativas para producir energía en Brasil, Argentina y Uruguay. Esto y mucho más será necesario para que la vida siga siendo posible en la región.
"El Banco tratará de implementar el programa de préstamos para apoyar los problemas inmediatos causados por la crisis, pero, al mismo tiempo, instará a que no se reduzcan las inversiones a largo plazo", indicó ante la consulta de IPS.
"La solución no es sencilla, aunque los mercados siguen funcionando. No cabe duda de que las transacciones de ‘bonos verdes’ (créditos de carbono) van a sentir el impacto en el corto plazo", advirtió, aunque se manifestó optimista en cuanto a los planes de largo alcance.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), previsto en el Protocolo de Kyoto firmado en 1997 y que entró en vigor en 2005, permite a gobiernos y empresas de naciones industrializadas obtener créditos invirtiendo en proyectos de energía limpia en el Sur para cumplir en parte con su obligación de abatir sus emisiones de gases invernadero.
En la presentación del estudio "Desarrollo con menos carbono: Respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático" no faltaron algunos comentarios de tono crítico de parte de algún panelista respecto de la recomendación de que América Latina tiene que contribuir a la solución del problema pese a su escasa responsabilidad en el desastre.
Como indicó Luis Santos, coordinador de los Programas de Cambio Climático y Ozono en el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, no hay que olvidar que el MDL es un mecanismo innovador que tiene aspectos muy positivos pero algunos negativos, como cargar sobre las espaldas de los países en desarrollo un problema cuya responsabilidad principal es del mundo rico.
Precisamente, Nash admitió a IPS que la duda más importante que le han planteado algunos funcionarios de gobierno de la región se refiere al mensaje del informe de que los países en desarrollo deben participar en los esfuerzos para reducir las emisiones de gases invernadero.
"Hay una constante en las negociaciones internacionales que es: éste es un problema que crearon los países ricos y, entonces, que ellos lo arreglen", indicó.
"Pero en respuesta a esa postura --porque entendemos bien esa crítica y coincidimos en que el mundo rico es el que tiene mayor responsabilidad y más capacidad para resolver el problema—es que enfatizamos en que hay muchas medidas que pueden tomar los países en desarrollo para reducir las emisiones y que no son incompatibles con sus planes de crecimiento y de reducción de la pobreza", apuntó.
En el marco de su recorrida por América Latina para presentar el informe del Banco Mundial, del que también son autores Augusto de la Torre y Pablo Fajinzylber, el economista estadounidense señaló que los gobiernos han "respondido de modo muy favorable".
Los objetivos son ayudar a los países a entender mejor el contexto mundial y las negociaciones en curso, así como poner la perspectiva de la región en esos ámbitos, y "creo que los gobiernos, según he podido apreciar en los encuentros, valoran y atienden el informe", aseguró.
En el foro realizado en una sala del Congreso legislativo uruguayo participaron, junto a Nash y Santos, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, la directora Nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, el representante del Banco Mundial en Uruguay, David Yuravlivker, el presidente de la Cámara de Diputados, Roque Arregui, y el economista Pedro Barrenechea, consultor en asuntos de Cambio Climático.
En ese marco, el visitante destacó como muy importante el programa anunciado por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que crea un fondo para atender los efectos del cambio climático, en el marco de un trabajo en conjunto con los gobiernos de los 19 distritos en que se divide el país.
"Focalizado más en la adaptación al cambio del clima que en la mitigación, creo que a nivel de descentralización, con los municipios, es el criterio más apropiado para responder a estos desafíos", puntualizó.
También valoró positivamente el rol que cumplen las entidades de investigación uruguayas, "claves para responder al cambio climático". Algunos de esos programas de estudio y desarrollo sustentable cuentan ya con el apoyo del Banco Mundial, tal el caso de un plan piloto relacionado con el sector costero, como explicó Santos.
Otro punto de atención en este país es el sector agropecuario. Al respecto, Santos comentó con tono crítico que estos informes no atienden como debieran los "eventos severos" a nivel local por la variabilidad climática, como el caso de la sequía de varios meses que acaba de padecer Uruguay, la mayor de las últimas décadas, con los consecuentes y abultados perjuicios económicos.
Sin embargo, Nash indicó que entre los mayores efectos negativos del cambio climático está el impacto sobre la producción agroalimentaria, al cambiar el régimen de lluvias y extenderse las sequías. Por eso entiende que el comercio del sector debe permanecer liberalizado en el mundo para así equilibrar la oferta entre los países que temporalmente aumenten la oferta y los que pierdan o dejen de producir.
El informe del Banco Mundial alerta que la agricultura podría colapsar en la región, con una reducción de entre 12 por ciento y 50 por ciento en América del Sur para 2100. En el caso de Uruguay, llegaría la pérdida a 34 por ciento en ese lapso, mientras que en México desaparecerían entre 30 y 85 por ciento de las haciendas agropecuarias. La investigación señala que la temperatura promedio en América Latina y el Caribe aumentó un grado en el siglo XX, y sólo en la década pasada ese incremento fue de 0,1 grado. Para 2050 puede crecer hasta 1,7 grados y para 2100 hasta cuatro. Mientras, el nivel del mar se elevó de dos a tres milímetros anuales desde los años 80.
El cambio climático lleva además a la pérdida de los glaciares de la cordillera de los Andes, que podrían desaparecer en los próximos 20 años debido al aumento de la temperatura que puede situarse en 0,6 grados por década.
La frecuencia de las tempestades y sequías aumentan, se expanden las enfermedades tropicales, la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas, entre ellos los mantos de coral en el Caribe, y crece la devastación de la infraestructura costera de la región, en particular en el golfo de México, según el estudio del Banco Mundial.
Otro capítulo inquietante es la deforestación, puesto que los bosques tropicales en el Amazonas podrían desaparecer entre 20 y 80 por ciento de su actual extensión. Las áreas de mayor riesgo de inundaciones están en Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.
Para defenderse de esas nefastas predicciones, el Banco Mundial insta a los países de la región a tomar medidas para compatibilizar el desarrollo económico y la preservación del ambiente.
Así detalla la necesidad de aumentar la eficiencia energética, reducir la deforestación evitable, mejorar los sistemas de transporte público y el manejo de los residuos sólidos, desarrollar las fuentes de energía renovable, especialmente la hidroeléctrica, y la producción de biocombustibles sustentables en los países con ventajas comparativas.
A pesar de los malos augurios, el ente multilateral es optimista respecto de la capacidad de la región para producir respuestas globales constructivas.
Los antecedentes en cuanto a políticas adecuadas para mitigar el cambio climático así lo demuestran, como es el caso, entre otros, de México y su plan de reducir la emisión de gases invernadero en el sector energético, el desarrollo de fuentes alternativas para producir energía en Brasil, Argentina y Uruguay. Esto y mucho más será necesario para que la vida siga siendo posible en la región.
Anónimo
Ante la negativa de los organizadores de incluir en el documento final esa definición, 25 países decidieron entonces suscribir una declaración propia en ese sentido y en la que se comprometían a trabajar por la implementación de tal derecho.
Además 16 de estos firmantes hicieron un llamamiento al resto de países en el pedían que, en adelante, los debates sobre el agua se realicen en el marco de las Naciones Unidas, bajo principios democráticos, participativos e inclusión social.
El ministro de Medio ambiente de Bolivia, René Orellana, y el responsable de la delegación venezolana en el encuentro, Francisco Durán, presentaron la declaración ante la prensa y explicaron los fundamentos de la misma.
El funcionario boliviano mostró malestar por el hecho de que, desde las sesiones preparatorias hasta el final del Foro, sus propuestas no fueron tomadas en cuenta ni tampoco las de cuantos reclamaron que el agua fuera definido como derecho humano.
Denunció que la declaración ministerial ignora a los pueblos originarios, los derechos colectivos sobre el agua, los sistemas locales o comunitarios de gestión hídrica, pero sobre todo no hubo voluntad política de incluir ningún cambio en el texto, aclaró.
Por ello Bolivia rechazó esa declaración y promovió una alternativa, que tuvo una buena acogida entre países de todos los continentes, lo que definió como una victoria importante.
Bajo su punto de vista, el siguiente paso sería la convocatoria de un foro iberoamericano del agua, donde los gobiernos y los pueblos del continente tomen la iniciativa, y algo similar se lleve a cabo en el resto de continentes.
En contraposición a los Foros actuales, Orellana reclamó encuentros más democráticos, donde se contemplen los disensos, donde sean los propios pueblos los que escriban sus declaraciones, en definitiva que sean convocados en el marco de la ONU.
A su vez Francisco Durán mostró su rechazo a la declaración ministerial por cuanto no sólo ignoró las aspiraciones con las que Venezuela llegó a Turquía sino que, en muchos casos, el texto era contrario a las mismas e, incluso, a la propia constitución de su país.
Aunque la declaración no es vinculante, aclaró, Venezuela no puede mostrar consenso en cuestiones inaceptables, entre ellas la no inclusión de referencias a los pueblos indígenas o al cambio climático que de forma eufemística denominan “cambio global”.
Igualmente expresó su apoyo a los foros del movimiento social que, de forma alternativa, trabajaron también estos días en Estambul, pues las propuestas de los pueblos que luchan contra la privatización del agua en el mundo son también nuestra lucha, explicó.
Durán definió el FMA como un espacio profundamente antidemocrático, donde a pesar del esfuerzo realizado desde las reuniones preparatorias por incluir estas cuestiones fue imposible “cambiar ni una coma” e, incluso, que se recogieran en acta.
Ante el bloqueo de la organización, y de países como Estados Unidos, Francia o Brasil, 25 estados decidieron reconocer el agua como derecho humano entre los que se hallan Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Suiza, en Europa, Benin, Camerún, Chad, Etiopía, Marruecos, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal y Sudáfrica, por parte africana, así como Bangladesh, los Emiratos Árabes Unidos y Sri Lanka, de Asia, también suscribieron la declaración.
Además 16 de estos firmantes hicieron un llamamiento al resto de países en el pedían que, en adelante, los debates sobre el agua se realicen en el marco de las Naciones Unidas, bajo principios democráticos, participativos e inclusión social.
El ministro de Medio ambiente de Bolivia, René Orellana, y el responsable de la delegación venezolana en el encuentro, Francisco Durán, presentaron la declaración ante la prensa y explicaron los fundamentos de la misma.
El funcionario boliviano mostró malestar por el hecho de que, desde las sesiones preparatorias hasta el final del Foro, sus propuestas no fueron tomadas en cuenta ni tampoco las de cuantos reclamaron que el agua fuera definido como derecho humano.
Denunció que la declaración ministerial ignora a los pueblos originarios, los derechos colectivos sobre el agua, los sistemas locales o comunitarios de gestión hídrica, pero sobre todo no hubo voluntad política de incluir ningún cambio en el texto, aclaró.
Por ello Bolivia rechazó esa declaración y promovió una alternativa, que tuvo una buena acogida entre países de todos los continentes, lo que definió como una victoria importante.
Bajo su punto de vista, el siguiente paso sería la convocatoria de un foro iberoamericano del agua, donde los gobiernos y los pueblos del continente tomen la iniciativa, y algo similar se lleve a cabo en el resto de continentes.
En contraposición a los Foros actuales, Orellana reclamó encuentros más democráticos, donde se contemplen los disensos, donde sean los propios pueblos los que escriban sus declaraciones, en definitiva que sean convocados en el marco de la ONU.
A su vez Francisco Durán mostró su rechazo a la declaración ministerial por cuanto no sólo ignoró las aspiraciones con las que Venezuela llegó a Turquía sino que, en muchos casos, el texto era contrario a las mismas e, incluso, a la propia constitución de su país.
Aunque la declaración no es vinculante, aclaró, Venezuela no puede mostrar consenso en cuestiones inaceptables, entre ellas la no inclusión de referencias a los pueblos indígenas o al cambio climático que de forma eufemística denominan “cambio global”.
Igualmente expresó su apoyo a los foros del movimiento social que, de forma alternativa, trabajaron también estos días en Estambul, pues las propuestas de los pueblos que luchan contra la privatización del agua en el mundo son también nuestra lucha, explicó.
Durán definió el FMA como un espacio profundamente antidemocrático, donde a pesar del esfuerzo realizado desde las reuniones preparatorias por incluir estas cuestiones fue imposible “cambiar ni una coma” e, incluso, que se recogieran en acta.
Ante el bloqueo de la organización, y de países como Estados Unidos, Francia o Brasil, 25 estados decidieron reconocer el agua como derecho humano entre los que se hallan Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Suiza, en Europa, Benin, Camerún, Chad, Etiopía, Marruecos, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal y Sudáfrica, por parte africana, así como Bangladesh, los Emiratos Árabes Unidos y Sri Lanka, de Asia, también suscribieron la declaración.
Anónimo
"Los países en desarrollo en general son mucho más importantes para el funcionamiento general de la economía mundial... estos países tienen una voz más importante en la toma de decisiones y deben tener una voz mucho más fuerte que antes", dijo Adams, quien está encargado de los asuntos de Asia del Este y del Pacífico del banco.
"A la par de una mayor participación económica debe haber una mayor participación para establecer las reglas del sistema económico internacional", dijo Adams, quien se encuentra en Beijing para asistir al Décimo Foro de Desarrollo de China de tres días, que empezó el sábado.
Con respecto al Banco Mundial, Adams dijo que como los países en desarrollo están desempeñando papeles más efectivos, merecen tener una voz más fuerte y una participación mayor en el banco.
Adams subrayó que las voces de los países pobres deben escucharse firmemente y agregó que cuando se discutan problemas, los países en desarrollo deben tener la oportunidad de dar a conocer sus opiniones.
Adams también dijo que China, el mayor país en desarrollo del mundo, es una de las cuantas grandes economías que siguen creciendo.
"China pone un muy buen ejemplo", dijo, y agregó que las medidas políticas de China hasta la fecha han sido apropiadamente rápidas y enérgicas.
Adams dijo que China ha sido un participante muy activo en la cumbre del G-20 en Londres. "Obviamente eso convierte al G-20 en un marco muy diferente del viejo marco del G-7", dijo.
El Foro de Desarrollo de China, patrocinado por el Centro de Investigación del Desarrollo subordinado al Consejo de Estado o gabinete de China, fue fundado en 2000. El foro tiene el objetivo de apoyar y promover la consulta política y la investigación académica en China. Funcionarios de alto nivel, empresarios, expertos y líderes de organizaciones internacionales y no gubernamentales asistieron al foro de este año bajo el tema de Desarrollo y Reforma de China en la Crisis Financiera Mundial.
(Xinhua)
"A la par de una mayor participación económica debe haber una mayor participación para establecer las reglas del sistema económico internacional", dijo Adams, quien se encuentra en Beijing para asistir al Décimo Foro de Desarrollo de China de tres días, que empezó el sábado.
Con respecto al Banco Mundial, Adams dijo que como los países en desarrollo están desempeñando papeles más efectivos, merecen tener una voz más fuerte y una participación mayor en el banco.
Adams subrayó que las voces de los países pobres deben escucharse firmemente y agregó que cuando se discutan problemas, los países en desarrollo deben tener la oportunidad de dar a conocer sus opiniones.
Adams también dijo que China, el mayor país en desarrollo del mundo, es una de las cuantas grandes economías que siguen creciendo.
"China pone un muy buen ejemplo", dijo, y agregó que las medidas políticas de China hasta la fecha han sido apropiadamente rápidas y enérgicas.
Adams dijo que China ha sido un participante muy activo en la cumbre del G-20 en Londres. "Obviamente eso convierte al G-20 en un marco muy diferente del viejo marco del G-7", dijo.
El Foro de Desarrollo de China, patrocinado por el Centro de Investigación del Desarrollo subordinado al Consejo de Estado o gabinete de China, fue fundado en 2000. El foro tiene el objetivo de apoyar y promover la consulta política y la investigación académica en China. Funcionarios de alto nivel, empresarios, expertos y líderes de organizaciones internacionales y no gubernamentales asistieron al foro de este año bajo el tema de Desarrollo y Reforma de China en la Crisis Financiera Mundial.
(Xinhua)
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