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EEUU 1 billón de dólares en activos tóxicos |
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha presentado su plan para los activos tóxicos de los bancos, que lastran todo el sistema financiero e impiden el comienzo de la recuperación económica. En concreto, el Tesoro destinará 100.000 millones de dólares para ayudar a los inversores a comprar hasta 500.000 millones de dólares de activos tóxicos -cifra que podría elevarse hasta 1 billón- para, de esta forma, contribuir a la recuperación del sistema financiero.
El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha declarado que espera que el sector privado respalde el plan y ha dicho que las compras de activos por parte del Gobierno no son una buena alternativa.
El departamento dirigido por Geithner explicó que este 'Plan de inversión publico-privada en activos heredados' contará con financiación de la Reserva Federal (Fed) y de la Corporación de Garantía de Depósitos (FDIC), así como con participación del sector privado.
En este sentido, el Tesoro precisó que serán empleados entre 75.000 y 100.000 millones de dólares (55.323 y 73.773 millones de euros) procedentes del plan de rescate bancario (TARP), que, junto al capital aportado por inversores privados, proporcionará al programa la capacidad de adquirir hasta medio billón de dólares en activos 'tóxicos' con la posibilidad de ampliar el programa hasta un billón de dólares.
Este nuevo programa de la Aministración de Estados Unidos pretende maximizar el resultado de las operaciones para los contribuyentes, compartir los riesgos y beneficios del plan con el sector privado y, gracias al efecto de competencia entre operadores privados, evitar el pago de un sobreprecio por parte del Gobierno mediante el establecimiento de precios competitivos.
En concreto, el programa contempla un primer ámbito de actuación mediante la compra de préstamos, lo que permitirá "limpiar" los balances de las entidades de créditos problemáticos y reducir la incertidumbre vinculada a estos activos. A este respecto, el Tesoro confía en atraer inversores privados como fondos de pensiones, aseguradoras y otros inversores a largo plazo que permitan la creación de fondos de inversión publico-privados que contarán con la supervisión y el asesoramiento del FDIC a la hora de comprar estos activos a los bancos.
Asimismo, los inversores contarán con financiación patrimonial por parte del Tesoro y del sector privado, mientras que el FDIC proporcionará garantías para la deuda emitida por estos fondos público-privados a la hora de financiar la compra de activos. El Tesoro señaló que pretende proporcionar el 50% del capital patrimonial de cada fondo, aunque serán los inversores privados los que controlarán la gestión de los activos bajo una "rigurosa supervisión de FDIC".
De este modo, el proceso de compra de estos préstamos seguirá una secuencia en la que los bancos primero deberán identificar los activos que desean vender, que serán adjudicados en subasta a la oferta más elevada, mientras que FDIC otorgará garantías de financiación.
Otro segundo campo de actuación del nuevo programa se refiere al segmento de valores y el objetivo del programa es reabrir los mercados para este tipo de activos, permitiendo a los bancos y otras instituciones financieras liberar capital y estimular la concesión de nuevos créditos.
En este sentido, el Tesoro explicó que la Fed ampliará su programa actual de crédito para la financiación de compras de titulizaciones hipotecarias por parte de inversores para incluir titulizaciones de hipotecas residenciales (RMBS) y valores respaldados por activos (ABS) que no correspondan a agencias gubernamentales como Fannie Mae o Freddie Mac y que contaran con una calificación 'AAA'.
"El proceso resultante de fijación de precios permitirá también reducir la incertidumbre que rodea a las instituciones financieras que poseen este tipo de activos, lo que posibilitaría que puedan captar nuevo capital", señala el Tesoro..
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La asesora económica de la Casa Blanca, Christina Romer, ha cuantificado el riesgo que será asumido por el Gobierno y por el sector privado. Éste último aportará el 8% de los fondos del programa si se cumple el escenario ideal diseñado por la Administración. Así lo ha asegurado Romer en una entrevista con la cadena de televisión ABC.
La intención de la Administración de Barack Obama es que la adquisición de activos tóxicos (deuda respaldada por hipotecas y préstamos) sean adquiridos por fondos de inversión público-privados, que serán administrados por gestores privados. Éstos se encargarán de fijar los precios de fijación de los activos, a través de un sistema de subastas.
Los activos a adquirir serán determinados por los bancos, el Tesoro y el Fondo de Garantía (Fdic). Éste, al mismo tiempo, se encargará de determinar qué parte de estos activos estarán respaldados por el Gobierno a través de un análisis específico para cada caso.
"Esta fórmula es la mejor alternativa para que los bancos pueden trabajar de forma gradual para eliminar estos activos de sus libros. Es mejor que si las compras fueran efectuadas directamente por el Gobierno", ha indicado el Tesoro. Esperar que los bancos hicieran esta limpieza por sí mismos " hubiera supuesto un riesgo de que la crisis financiera se alargara, como sucedió con la crisis de Japón", señala el departamento dirigido por Timothy Geithner.
El Tesoro espera captar el interés de inversores individuales, planes de pensiones y aseguradoras, principalmente, con vocación de invertir a largo plazo.
El plan utilizará programas públicos ya existentes y otros de nueva creación, como la constitución de una entidad dependiente del Fondo de Garantía de Depósito, que se encargará de subsidiar la adquisición de los préstamos. La iniciativa ha sido bautizada como Programa Público Privado para la compra de activos tóxicos.
La Administración defiende que para fomentar la participación del sector privado los bancos que participen no podrán tener límites muy estrictos a la retribución de sus altos ejecutivos, como lo establecidas por el Congreso para la aseguradora AIG, cuyos bonus estarán gravados en un 90% si el texto legal aprobado por la cámara baja es ratificado por el Senado.
La iniciativa creará una nueva agencia gubernamental, con el nombre de Corporación de Inversión Pública, para la compra de los activos de mala calidad a los bancos con problemas. Esta nueva entidad combinará sus recursos con la Reserva Federal (FED), inversores privados y la Corporación Federal Aseguradora de Depósitos, una agencia pública, para la adquisición de esos activos.
La Corporación de Inversión Pública estará financiada con una cantidad entre los 75.000 y los 100.000 millones de dólares, procedentes del plan de rescate financiero aprobado el año pasado. Además, el Departamento del Tesoro expandirá un mecanismo de la Reserva Federal, conocido como TALF, para incluir activos tóxicos más antiguos.
Además, el plan pretende la contratación de cinco compañías de inversión para llevar adelante parte del programa. A última hora de ayer, BlackRock, la principal gestora de fondos de EEUU, confirmó que participará en el plan como una de las cinco entidades que colaborarán con el Gobierno. "Sin ninguna duda, nuestra intención es involucrarnos como uno de los gestores de inversión de este programa", aseguró en un comunicado el director general de la entidad, Curtis Arledge.
"Al usar entre 75.000 millones de 100.000 millones de dólares en capital del TARP (Programa de Apoyo a Activos en Dificultades) y capital de inversionistas privados, el Programa Estatal-Público de Inversión generará 500.000 millones de dólares en poder de compra para adquirir activos de sucesión con el potencial de expandirse hasta un billón de dólares", señala el Tesoro en un comunicado.
(Xinhua)
Llegó el final de año y con ello el reparto de primas de ejecutivos. Mal asunto. En Estados Unidos los dirigentes responden por el dinero de los contribuyentes -los mismo que han llevado a Obama al Despacho Oval- con lo que el Gobierno tuvo que aplacar los ánimos de los ciudadanos cuando alzaron la voz contra los suelos abusivos de aquellos que habían causado la peor crisis desde la Gran Depresión.
Ahora los bancos temen que, al igual que los legisladores han metido mano en los sueldos de los altos directivos puedan hacerlo también en otros de sus asuntos. La solución pasa por devolver el TARP antes de que sea tarde: si no hay capital público no tengo que someterme a las imposiciones del Gobierno.
Hace algo más de un mes los pequeños comenzaron a mover fichas para devolver la ayuda recibida y en las últimas semanas lo están haciendo los grandes. Según publicó Bloomberg.com ayer, Goldman Sachs se encuentra en conversaciones con los reguladores de EEUU para liquidar con la administración a mediados de abril los 10.000 millones que ha recibido del TARP. También Wells Fargo quiere quitarse de encima el dinero hoy mejor que mañana y una de las formas de poder hacerlo pasa por recortar su dividendo, lo que le va a ahorrar 5.000 millones de dólares al año.
El presidente de la entidad, Richard Kovacevich, las lanzó con bala el pasado 13 de marzo durante una comparecencia en la Universidad de Stanford. En ella arremetió contra los grilletes del TARP, calificó de “tontería” el test que el Tesoro obliga a pasar a los bancos y que requiere niveles de capitalización excepcionales por la “fragilidad” del sistema financiero. A este respecto aseguró que no se podía meter a todas las firmas –fuertes y débiles- en el mismo saco y explicó que si tomó el dinero del Gobierno en la primera oleada de rescates fue a instancias del entonces secretario del Tesoro Henry Paulson. De hecho, el presidente sostuvo que Wells Fargo hubiera podido conseguir los 25.000 millones que recibió entre el capital privado.
A otro al que también le quema el dinero público en sus cuentas es a Bank of America. Según afirmó su Consejero Delegado, Kenneth Lewis, hace dos semanas, el banco podría devolver los 45.000 millones recibidos a finales de 2009. Y lo haría hoy mismo sino fuera por los requisitos de capitalización. Además entonó el mea culpa por poner meter la mano en el saco. Según reconoció, aceptaron demasiado dinero del TARP que no les hacía falta. "Lo hicimos por un exceso de prudencia, porque no puedes saber cómo de mal pueden ponerse las cosas, pero fue un error y provocó que se nos considerara de una forma que no merecíamos" dijo.
¿Cuál es el problema ahora? Que el TARP no se devuelve así como así, “toma lo que me diste”. Primero tienen que pasar el famoso test de solvencia de Geithner y segundo, como se va a deshacer, por ejemplo, Citigroup de la presencia del Estado en el 36% de su capital. El TARP se devolverá cuando el Gobierno de Estados Unidos quiera que sea devuelto.
Los 300.000 millones de dólares previstos con este fin tienen ya un calendario, al menos provisional. La primera fecha para poner en marcha este programa es hoy, y se materializará a través de la compra de bonos con vencimiento en 2016 y 2019. Durante las próximas ocho jornadas, la Fed tiene previsto adquirir deuda pública con vencimiento entre 2011 y 2039.
Precisamente los bonos estadounidenses a 30 años registraron ayer su primera subida en las últimas cuatro sesiones, después de que la Reserva Federal confirmara que incluirá dentro de su macroplan de compra los bonos a 30 años. Próxima ampliación.
Mediante la compra de deuda pública, lo que hace Bernanke es retirar del mercado activos -bonos del Tesoro- y, en su lugar, introducir dólares. Con ello, consigue reducir la rentabilidad de la deuda del Tesoro, lo que rebaja los costes de financiación al Estado; hace menos atractiva la inversión en activos como la deuda y los depósitos bancarios; incentiva la inversión en bolsa; y, al incrementar la demanda de dinero, encarece el precio del resto de activos.
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