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Chikilicuatre aprueba su plan de empleo |
El Gobierno aprueba su plan de empleo sin el acuerdo social. El Ejecutivo ha decidido mover ficha en el enrocado diálogo social, aunque sin el acuerdo del resto de compañeros de tablero. El Consejo de Ministros aprobará este viernes el paquete de medidas que, en los últimos meses, ha centrado las negociaciones con los sindicatos y la patronal.
Ni a unos ni a otros les convence el plan contra el paro, dotado con 1.500 millones de euros más los 10.000 millones ya fijados para garantizar el cobro de las prestaciones por desempleo.
“El Gobierno entiende que ya ha habido suficiente debate y por eso no sometemos estas medidas al acuerdo”, explicó el titular de Trabajo que, acto seguido, matizó que la agenda del diálogo social “sigue estando abierta”.
Aunque los sindicatos desmintieron su pretensión de duplicar el tiempo máximo para recibir la prestación por desempleo –actualmente en dos años–, Corbacho dejó la puerta abierta a hacer un “análisis sobre la posible ampliación de la cobertura de las prestaciones”.
Una de las medidas que ha levantado más ampollas entre los sindicatos es la de facilitar la contratación indefinida de trabajadores en paro que cobren prestación por desempleo para utilizarla como una bonificación dirigida al empresario que les contrate, ya que provocará un “efecto sustitución”.
Es decir, que el empresario se decante por el empleado que cobre más paro o que se despida a gente para llamar a filas a los que ya están en el paro.
CEOE tildó de “poco ambiciosas” las medidas, que sólo contribuirán de manera “puntual” a frenar la sangría del paro.
La patronal se decantó por abordar una reforma laboral.
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Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
Anónimo
Corbacho explicó que algunas de estas medidas necesitarán instrumentación legal, vía decreto-ley y con tramitación de urgencia, por lo que deberán ser convalidadas en el Parlamento.
El ministro, que admitió que no se ha alcanzado un acuerdo, recordó que el Gobierno se comprometió a no adoptar medidas sin el consenso de los agentes en el caso de reformas laborales, pero no en el resto de iniciativas laborales.
"El Gobierno entiende que ya ha habido suficiente debate y por eso no sometemos estas medidas al acuerdo. Las sometemos a la Comisión de Seguimiento, cuya valoración global es positiva", recalcó el ministro, que precisó que la agenda del diálogo social está "abierta" para trabajar en aquellas medidas y temas que se estimen convenientes, aunque, de momento, dijo, en el orden del día no está la discusión de una posible reforma laboral.
El paro se convertirá en una bonificación
Entre las medidas que adoptará el Ejecutivo se encuentra la de eliminar los periodos de espera entre el fin de la prestación contributiva por desempleo y el cobro del subsidio asistencial, y facilitar la contratación indefinida de trabajadores en paro que cobren prestación (tanto contributiva como asistencial) para utilizarla como una bonificación dirigida al empresario que contrate a estos trabajadores.
Así, la empresa que contrate a estos trabajadores podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, hasta alcanzar un máximo equivalente al importe de la prestación que el parado tuviera pendiente de recibir a la fecha del contrato, con un límite para la bonificación de tres años y con la obligación de mantener en el empleo al trabajador contratado durante al menos un año (si le despide antes, la empresa tendrá que devolver las bonificaciones de las que se hubiera beneficiado).
Esta medida, vigente para 2009 y con posibilidad de prorrogarse, será voluntaria para el trabajador que, en cualquier caso, no perderá sus derechos, pues si al año de contrato ve extinguida su relación laboral "recuperará íntegramente" los derechos que tenía en el momento de ser contratado.
Otra de las iniciativas que llevará a cabo el Gobierno es la de reponer, con un límite de 120 días, las prestaciones por desempleo a los trabajadores a los que se les haya suspendido el contrato de trabajo por causa de un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal que deviene en definitivo, es decir, que acaban siendo despedidos.
La reposición de las prestaciones por desempleo será de 90 días en el caso de aquellos trabajadores que hayan agotado la prestación durante un ERE de suspensión temporal de empleo (que posteriormente no termina en despido).
También en el caso de los ERE temporales, los empresarios que reciban autorización para suspender contratos o reducir jornada tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERE, con un máximo de seis meses.
Estas tres últimas medidas afectarán a los ERE presentados entre el 1 de octubre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 y serán revisadas a finales del presente ejercicio para analizar su posible prórroga por un año.
Asimismo, se favorecerá el mantenimiento del empleo mediante la concesión de aplazamientos en los pagos empresariales a la Seguridad Social. Otra iniciativa que, según explicó Corbacho, ayudará a que las empresas tengan mayor liquidez será la creación de una nueva línea ICO dirigida sólo a medianas empresas, de cuya concreción se está encargando el Ministerio de Economía y Hacienda.
En materia de contratación a tiempo parcial, se implantarán bonificaciones para fomentar esta figura contractual, escasamente utilizada en España. Dicha bonificación será un 30% superior a la jornada pactada en el contrato, sin que en ningún caso pueda superarse el 100%. De hecho, para que el contrato reciba la totalidad de la bonificación, la jornada del contrato a tiempo parcial deberá ser equivalente al 70% de la jornada completa.
Por último, el Gobierno se ha comprometido a mantener y actualizar las plantillas de los servicios públicos de empleo, con la incoporación temporal de 900 personas este año, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.
Además, se ha decidido dejar de manera permanente a los 1.500 orientadores contratados en 2008 para ayudar a los desempleados en la búsqueda de empleo.
Corbacho cifró el coste de estas iniciativas en unos 1.500 millones de euros, a los que habrá que añadir los 10.000 millones de euros que el Ejecutivo se ha comprometido a aportar para garantizar el pago de las prestaciones por desempleo.
Los sindicatos, molestos con la patronal
A CCOO y UGT no les convencen todas las medidas que piensa adoptar el Gobierno, sobre todo las relativas a bonificar las cuotas de las empresas a la Seguridad Social. "Con las bonificaciones no se crea empleo, sólo se reducen los costes de las empresas", denunció el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz.
En la misma línea, su homólogo de UGT, Toni Ferrer, cree que, a cambio de dichas bonificaciones, debería existir un mayor compromiso empresarial en favor del mantenimiento del empleo.
"Hay que examinar cada euro que se les da a las empresas", dijo.
Para Górriz, el resultado de este proceso, dirigido a la adopción de medidas urgentes y de coyuntura, debe suponer un "punto y seguido" para el diálogo social, a fin de abordar un paquete de medidas "más amplio" en el que Gobierno, empresarios y sindicatos "concerten y concentren sus esfuerzos en la consecución de un acuerdo sobre empleo, protección social y modelo productivo".
Por su parte, Toni Ferrer consideró que las medidas que aprobará el Ejecutivo van en la buena dirección, aunque subrayó que deberían perfeccionarse en el diálogo social durante las próximas semanas.
No obstante, no parece que esto vaya a suceder, porque el Gobierno ha dado por finalizado el debate en torno a estas cuestiones.
Los dos dirigentes sindicales, en un claro mensaje a la patronal, recharazon que la solución a la crisis esté en una reforma laboral y en el abaratamiento del despido.
La CEOE pide una reforma más amplia
Desde CEOE y Cepyme, el secretario general de la patronal española, José María Lacasa, lamentó que el diálogo social no sea "más ambicioso" y no entre a abordar reformas estructurales que contribuirían a frenar la destrucción de empleo, lo que, según admitió, sólo ocurrirá de manera puntual con el paquete de medidas del Gobierno.
Lacasa calificó como "positiva" la línea ICO para medianas empresas, tachó de "interesante e innovadora" la conversión de la prestación por desempleo en una bonificación, y consideró "correcta pero insuficiente" la bonificación empresarial en los ERE de suspensión.
La CEOE insistió en que hace falta abordar una reforma laboral que aborde el despido, el absentismo laboral y la rebaja de cotizaciones.
El ministro, que admitió que no se ha alcanzado un acuerdo, recordó que el Gobierno se comprometió a no adoptar medidas sin el consenso de los agentes en el caso de reformas laborales, pero no en el resto de iniciativas laborales.
"El Gobierno entiende que ya ha habido suficiente debate y por eso no sometemos estas medidas al acuerdo. Las sometemos a la Comisión de Seguimiento, cuya valoración global es positiva", recalcó el ministro, que precisó que la agenda del diálogo social está "abierta" para trabajar en aquellas medidas y temas que se estimen convenientes, aunque, de momento, dijo, en el orden del día no está la discusión de una posible reforma laboral.
El paro se convertirá en una bonificación
Entre las medidas que adoptará el Ejecutivo se encuentra la de eliminar los periodos de espera entre el fin de la prestación contributiva por desempleo y el cobro del subsidio asistencial, y facilitar la contratación indefinida de trabajadores en paro que cobren prestación (tanto contributiva como asistencial) para utilizarla como una bonificación dirigida al empresario que contrate a estos trabajadores.
Así, la empresa que contrate a estos trabajadores podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, hasta alcanzar un máximo equivalente al importe de la prestación que el parado tuviera pendiente de recibir a la fecha del contrato, con un límite para la bonificación de tres años y con la obligación de mantener en el empleo al trabajador contratado durante al menos un año (si le despide antes, la empresa tendrá que devolver las bonificaciones de las que se hubiera beneficiado).
Esta medida, vigente para 2009 y con posibilidad de prorrogarse, será voluntaria para el trabajador que, en cualquier caso, no perderá sus derechos, pues si al año de contrato ve extinguida su relación laboral "recuperará íntegramente" los derechos que tenía en el momento de ser contratado.
Otra de las iniciativas que llevará a cabo el Gobierno es la de reponer, con un límite de 120 días, las prestaciones por desempleo a los trabajadores a los que se les haya suspendido el contrato de trabajo por causa de un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal que deviene en definitivo, es decir, que acaban siendo despedidos.
La reposición de las prestaciones por desempleo será de 90 días en el caso de aquellos trabajadores que hayan agotado la prestación durante un ERE de suspensión temporal de empleo (que posteriormente no termina en despido).
También en el caso de los ERE temporales, los empresarios que reciban autorización para suspender contratos o reducir jornada tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERE, con un máximo de seis meses.
Estas tres últimas medidas afectarán a los ERE presentados entre el 1 de octubre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 y serán revisadas a finales del presente ejercicio para analizar su posible prórroga por un año.
Asimismo, se favorecerá el mantenimiento del empleo mediante la concesión de aplazamientos en los pagos empresariales a la Seguridad Social. Otra iniciativa que, según explicó Corbacho, ayudará a que las empresas tengan mayor liquidez será la creación de una nueva línea ICO dirigida sólo a medianas empresas, de cuya concreción se está encargando el Ministerio de Economía y Hacienda.
En materia de contratación a tiempo parcial, se implantarán bonificaciones para fomentar esta figura contractual, escasamente utilizada en España. Dicha bonificación será un 30% superior a la jornada pactada en el contrato, sin que en ningún caso pueda superarse el 100%. De hecho, para que el contrato reciba la totalidad de la bonificación, la jornada del contrato a tiempo parcial deberá ser equivalente al 70% de la jornada completa.
Por último, el Gobierno se ha comprometido a mantener y actualizar las plantillas de los servicios públicos de empleo, con la incoporación temporal de 900 personas este año, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.
Además, se ha decidido dejar de manera permanente a los 1.500 orientadores contratados en 2008 para ayudar a los desempleados en la búsqueda de empleo.
Corbacho cifró el coste de estas iniciativas en unos 1.500 millones de euros, a los que habrá que añadir los 10.000 millones de euros que el Ejecutivo se ha comprometido a aportar para garantizar el pago de las prestaciones por desempleo.
Los sindicatos, molestos con la patronal
A CCOO y UGT no les convencen todas las medidas que piensa adoptar el Gobierno, sobre todo las relativas a bonificar las cuotas de las empresas a la Seguridad Social. "Con las bonificaciones no se crea empleo, sólo se reducen los costes de las empresas", denunció el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz.
En la misma línea, su homólogo de UGT, Toni Ferrer, cree que, a cambio de dichas bonificaciones, debería existir un mayor compromiso empresarial en favor del mantenimiento del empleo.
"Hay que examinar cada euro que se les da a las empresas", dijo.
Para Górriz, el resultado de este proceso, dirigido a la adopción de medidas urgentes y de coyuntura, debe suponer un "punto y seguido" para el diálogo social, a fin de abordar un paquete de medidas "más amplio" en el que Gobierno, empresarios y sindicatos "concerten y concentren sus esfuerzos en la consecución de un acuerdo sobre empleo, protección social y modelo productivo".
Por su parte, Toni Ferrer consideró que las medidas que aprobará el Ejecutivo van en la buena dirección, aunque subrayó que deberían perfeccionarse en el diálogo social durante las próximas semanas.
No obstante, no parece que esto vaya a suceder, porque el Gobierno ha dado por finalizado el debate en torno a estas cuestiones.
Los dos dirigentes sindicales, en un claro mensaje a la patronal, recharazon que la solución a la crisis esté en una reforma laboral y en el abaratamiento del despido.
La CEOE pide una reforma más amplia
Desde CEOE y Cepyme, el secretario general de la patronal española, José María Lacasa, lamentó que el diálogo social no sea "más ambicioso" y no entre a abordar reformas estructurales que contribuirían a frenar la destrucción de empleo, lo que, según admitió, sólo ocurrirá de manera puntual con el paquete de medidas del Gobierno.
Lacasa calificó como "positiva" la línea ICO para medianas empresas, tachó de "interesante e innovadora" la conversión de la prestación por desempleo en una bonificación, y consideró "correcta pero insuficiente" la bonificación empresarial en los ERE de suspensión.
La CEOE insistió en que hace falta abordar una reforma laboral que aborde el despido, el absentismo laboral y la rebaja de cotizaciones.
Anónimo
Han sido las voces de la patronal (CEOE, CEN, Confebask, Cebek, Adegi, SEA), el Banco de España, la banca, algunos gobiernos, como en nuestro caso el de Navarra en la presentación de IV Plan de Empleo, organizaciones internacionales como el FMI o diferentes partidos, fundaciones y Think Tanks al servicio del poder establecido los que han vuelto a sacar a la palestra su batería de recetas para afrontar la presente crisis dirigidas todas ellas a una mayor desregulación de las relaciones laborales y aumento del poder y beneficio del capital:
· reducción de salarios,
· abaratamiento del despido,
· ejecución libre de ERE-s, sin control administrativo alguno,
· reforma de los servicios de empleo y la privatización del INEM,
· reducción de las cotizaciones,
· rebajas fiscales para empresas, capital y rentas altas,
· privatización de servicios públicos.
Se trata sin duda de una nueva avanzadilla que busca profundizar en los logros de la ofensiva neoliberal iniciada en los años 80 con Thatcher y Reagan tras la grave crisis de los 70. Aquella crisis y la posterior ofensiva neoliberal dinamitó los cimientos del estado de bienestar y supuso la modificación de la correlación de fuerzas entre los poderes económico y políticos y los movimientos de contrapoder. Modificación que propició importantes cambios en el propio sistema económico y en las relaciones laborales. Sustrato ideal donde se ha incubado la actual debacle económica y social.
Hemos vivido más de una década de ensoñación (pleno empleo, creación de riqueza, gran crecimiento económico...) en la que de modo enmascarado se ha consolidado y acentuado la desregulación del empleo, la desprotección laboral y social, se han agravado los desequilibrios sociales, la injusticia en el reparto de la riqueza, el desmantelamiento de la, ya de por sí débil, estructura pública de bienestar, y la privatización de los servicios.
Durante este periodo los beneficios empresariales y del capital han crecido de modo exponencial, debido en parte al aumento de la producción pero sobre todo por la desorbitada inversión especulativa. Unido a ello, con la complicidad de partidos políticos y gobiernos, se han ofrecido recortes fiscales a las empresas y a las rentas más altas con la consiguiente merma recaudatoria y la perdida de peso y disminución del gasto público. La política neoliberal adoptada por los gobiernos europeos centrados en controlar el déficit y la obsesión de los gobiernos vascos por el déficit cero, incluso superávit, ha hecho que desaparezca la deuda pública y ésta se traslade al ámbito privado, es decir a los trabajadores y trabajadoras y a las familias.
Además, en esta coyuntura se ha potenciado sobremanera la cultura del consumo, se ha privatizado y mercantilizado el tiempo libre, el espacio público e incentivado el crédito y la propiedad (hipotecada de por vida). De este modo, la deuda de las personas y familias ha crecido hasta límites insostenibles.
Este periodo de crecimiento también a supuesto la incorporación de más “mano de obra” pero en peores condiciones laborales. El crecimiento económico se ha realizado incrementando el número de asalariados pero a costa de la perdida de peso de las rentas de trabajo y de la precarización del empleo.
El resultado no es únicamente la precarización de todos los ámbitos de la vida, sino incluso una auténtica socialización de la pobreza sostenida por un fuerte colchón y solidaridad familiar. La ideología del éxito, imperante en nuestra cultura, que nos obliga a triunfar o al menos mostrarnos triunfantes, oculta a menudo esta cruda realidad. Sentimos incluso vergüenza de nuestros fracasos y nuestra precariedad. Pero esa fachada se sostiene sobre las arenas movedizas del consumo low coast y del crédito y endeudamiento permanente.
Eso es precisamente lo que ha quedado de manifiesto en las primeras fases de la crisis, todavía en periodo de desaceleración, especialmente en los estados y países cuyo mercado laboral está más desregulado. Es el caso del Estado español, dentro de cuyo modelo laboral se sitúa también el modelo laboral de Hego Euskal Herria, y el caso de EE.UU. En 2008 en Hego Euskal Herria, en periodo de desaceleración pero con un crecimiento del 2% en el PIB, se han perdido 34.000 puestos de trabajo, casi todos ellos en el último trimestre (incremento de 2,9 puntos en la tasa de desempleo). En el Estado español se han perdido más de 1 millón de empleos (incremento de 5,7 puntos en la tasa de desempleo), con un crecimiento del 1,2%. Y en EE.UU., donde el PIB ha crecido un 1,3% durante el 2008, se han destruido 3,5 millones de empleos (el peor dato tras la II Guerra Mundial con un incremento de 2 puntos en la tasa de desempleo). Resulta llamativa la comparación de la evolución del desempleo en la misma coyuntura económica respecto a otros países cuyo mercado laboral cuenta con mayores garantías y medidas de protección, caso de los países del norte de Europa (incremento de 0,5 puntos en la tasa de desempleo medio en la UE-27 con un crecimiento de 0,8% del PIB).
Lo que esconden tras de sí estos datos pone en cuestión en primer lugar el propio modelo productivo. Se sigue creando gran riqueza pero incluso en esta situación parte importante de la sociedad queda fuera de ella. ¿Cuanto tiene que crecer, cuanto tiene que producir este tipo de economía para que todos puedan participar, al menos en el umbral mínimo, de ella? ¿Es sostenible? ¿Hasta cuando? Dónde están los límites sociales y ecológicos? Se produce riqueza, pero ¿para quién? ¿dónde queda esa riqueza? Además de cuestionar el modelo productivo y abrir el debate sobre una economía sostenible, estos datos sacan a relucir el injusto reparto de la riqueza y sus consecuencias, y permiten retomar cuestiones como la necesidad de incrementar notablemente los salarios, la reducción y el reparto de jornada laboral, la renta básica de ciudadanía universal, etc.
Y en segundo lugar ponen de manifiesto el tipo de empleo que se ha creado durante este periodo de crecimiento en los países cuyo mercado laboral está fuertemente desregulado y la vulnerabilidad de estos países, de su tejido económico y de sus trabajadores, a la hora de afrontar las más mínimas dificultades económicas. La tasa de temporalidad en Hego Euskal Herria se sitúa de modo estructural en torno al 30%, duplicando la media de la UE-27 (14%). Y la tasa de temporalidad en la población juvenil alrededor de un escandaloso 70%. El 90,9% de los contratos que se realizaron en 2008 fueron temporales.
Esta precariedad se ve agravada debido a la debilidad del estado de bienestar construido o, mejor dicho desmantelado, durante estas últimas décadas. Resulta especialmente grave el hecho de que más de 1 de cada 3 desempleados de Hego Euskal Herria (45.810 personas) no cobre ningún tipo de prestación, y que casi uno de cada cinco que lo cobra (23.061 personas) únicamente percibe prestaciones no contributivas de alrededor de 400€ al mes. A estos desoladores datos hay que sumar las muchas personas que a modo de autónomos y falsos autónomos se han quedado sin empleo por la fuerte externalización y subcontratación fomentada durante estos años de crecimiento, y que ahora carecen de prestación por desempleo.
Los efectos de este modelo de empleo y el desempleo generado son devastadores tanto desde un punto de vista humano y social como desde un punto de vista económico. Al desastre personal, familiar y social que supone la pérdida del empleo se le suma la repercusión negativa del desempleo en la economía capitalista debido a la disminución del consumo y la demanda, la paralización de la economía y el agravamiento de la crisis. Círculo vicioso del que no resulta fácil salir.
Es en este contexto en el que se enmarca la actual ofensiva neoliberal de la patronal y de los banqueros con la complicidad de los políticos y gobiernos de turno, proponiendo como solución la doctrina del dogma neoliberal: flexibilización y reforma laboral, disminución de salarios, abaratamiento del despido, reducción de las cotizaciones, ERE-s libres, flexibilización laboral y rebajas fiscales.
Las promulgan una y otra vez como si se tratara de un mantra que hipnotiza hasta crear el clima adecuado en el que parecen ser las únicas salidas posibles.
Un análisis más profundo y la propia lógica capitalista, sin embargo, nos invita a pensar todo lo contrario. La praxis real así lo demuestra.
La reducción de salarios lejos de incentivar la contratación y el empleo lo que inmediatamente produce es el incremento de los beneficios empresariales. Beneficios que no tienen por qué derivarse a la contratación de nuevos trabajadores, ni a la inversión en innovación que mejore la competitividad, que de hacerse tampoco asegura el incremento de empleo sino que a menudo lo reduce. La praxis nos dice, sobre todo en los últimos años, que el incremento de beneficios se dedica más bien a la inversión financiera especulativa.
En referencia a los salarios no está de más recordar que el salario no es ninguna donación del patrón sino, al contrario, el pago de la mínima parte del valor total producido por el trabajador para que éste tenga la motivación suficiente de volver al trabajo. El resto del valor producido por el trabajador se lo apropia el empleador lo que le permite el beneficio y la acumulación de capital por apropiación del trabajo ajeno. Capital que a su vez invierte en la creación y apropiación de mayor beneficio y acumulación de capital. Al patrón le interesa, por tanto, pagar el mínimo posible para tener sometidos y controlados a los trabajadores y elevar al máximo su beneficio.
De este modo, y viendo las característica de la presente crisis, difícilmente la reducción aún mayor de los salarios presenta ninguna alternativa. Lejos de suavizar la crisis tendría un efecto agravante. Los bajos salarios y la precariedad laboral son precisamente algunos de los factores más importantes que inciden negativamente en la productividad y competitividad de las empresas. Pero además, en el actual sistema económico capitalista, el aumento de los salarios es uno de los más importantes activos para revitalizar una economía deprimida. El aumento salarial da mayor poder adquisitivo a los trabajadores que son los que menor capacidad de ahorro tienen y gastan la práctica totalidad de sus ingresos en los bienes necesarios para vivir, aumentando así la demanda y activando la economía.
Si los defensores del capitalismo no promulgan estas medidas no es por razones económicas sino porque estas medidas dan mayor poder a la clase trabajadora y reducen su control sobre la mano de obra.
El abaratamiento del despido para la creación de nuevos puestos de trabajo es otra de las falacias neoliberales. No resulta fácil comprender cómo una medida dirigida a que el despido sea más fácil y menos costoso se intente vender como solución a la creación de empleo. Difícilmente un empresario vaya a contratar a alguien que no necesite solamente porque el despido sea más barato, o que deje de despedir a alguien que no le produce el beneficio esperado por el hecho de que su despido no sea barato.
Conviene recordar que 1 de cada 3 contratos, al ser contratos temporales, carecen de indemnización, al igual que los despidos por causas disciplinarias, y que, por tanto, la petición de la patronal y de la banca es la equiparación a la baja del resto de los despidos, sean estos objetivos o improcedentes (capricho del empresario). Es decir, que el despido además de ser libre, como ya lo es, sea gratuito.
De lo que realmente se trata es de poder deshacerse de los trabajadores y trabajadoras que no le interesen al empresario con los costes más bajos posibles y agravar la vulnerabilidad del trabajador y extender la amenaza del despido, con el consiguiente aumento de poder y control del empresariado sobre la plantilla y los trabajadores.
En la misma línea se sitúa la insólita petición del presidente de la patronal española (CEOE) para que las empresas puedan ejecutar Expedientes de Regulación de Empleo sin el ya de por sí escaso y laxo control administrativo muestra en su crudeza la dimensión de la ofensiva neoliberal. Lo que Díaz Ferrán pide es, sencillamente, que dejen en manos de la patronal la regulación de mercado laboral, mayor desregulación de las relaciones laborales y adecuación de la plantilla y de las condiciones laborales en función de las ansias de beneficio y poder de los empresarios. Quieren convertir el trabajo y a los trabajadores en mera mercadería de usar y tirar. No conviene olvidar que actualmente la patronal y muchas de las empresas tratan de utilizar los ERE-s con esta finalidad. Con el problema de que necesitan el visto bueno de la administración pública para su ejecución. Este mínimo control es el que en esta ofensiva tratan de desbaratar.
No conviene olvidar que de la totalidad de los empleos perdidos en este último años el 54% se ha producido por finalización del contrato temporal, el 40% debido a despidos improcedentes y únicamente el 3% se producido por la ejecución de algún ERE. Es decir, la patronal no necesita de ERE-s para despedir a sus trabajadores, ya lo hace sin ningún coste en la mayoría de los casos y pagando en el resto. En muchos de los casos, los ERE-s se utilizan, más bien, para lograr la desregulación de las relaciones laborales y neutralizar los convenios colectivos.
Si se acepta que los empresarios puedan realizar EREs que no precisen de autorización administrativa, se esta dejando en sus manos la posibilidad de regular las relaciones laborales y de utilizar esta vía para abaratar y facilitar el despido. La patronal conseguiría la rebaja de todas las indemnizaciones a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y se quitaría de encima la necesidad de justificaciones y tramites judiciales para los despidos improcedentes u objetivos.
Dentro de esta ofensiva que busca desregular completamente el mercado laboral y ejercer un fuerte control sobre él, se sitúa la propuesta de reforma de los servicios de empleo y la privatización del INEM realizada por la CEOE a petición de Agett, patronal de las grandes empresas de trabajo temporal. Aprovechándose del enorme desempleo que ellos mismos han generado, sacan a relucir las deficiencias del servicio público de empleo, su saturación y la excesiva burocratización, solicitando que las empresas de trabajo temporal (ETT-s) pasen a gestionar el mercado general de empleo, así como los cursos de formación y la orientación profesional “para agilizar el mercado laboral sin coste alguno para el estado”.
Más allá de la conveniente reforma y agilización del servicio público de empleo, esta nueva propuesta de privatización de un servicio público, afecta a un ámbito clave y estratégico, ya que la patronal, además de ampliar su área de negocio, pasaría a controlar la totalidad del mercado laboral y orientar su funcionamiento en base a sus propios intereses. Se trataría de un fuerte y directo control sobre la clase trabajadora, en la totalidad de su itinerario laboral: en la contratación, en el desempeño de su trabajo, a la finalización del mismo y en la gestión de las prestaciones. El poder coercitivo del empresariado se extendería más allá del ámbito actual de la empresa a todo el ámbito e itinerario laboral de las personas.
Aunque viniendo de donde viene no sorprenda en demasía, resulta completamente desvergonzada la exigencia de reducir lo que los empresarios llaman “gastos no productivos” que vienen a ser las cotizaciones que protegen y dan cobertura a los trabajadores y trabajadoras en situaciones de baja, permisos especiales, desempleo o jubilación. Conviene recordar a estos señores que estos “gastos no productivos” no son otra cosa que la parte de nuestra nómina que los trabajadores destinamos a nuestra protección social. Lo que la patronal quiere decir con esta petición es que nos quiere pagar menos por nuestro trabajo, que quieren reducir aún más nuestros salarios.
Especialmente grave resulta esta exigencia en medio de la crisis actual con un desempleo fuertemente creciente, en la que, como ya se ha citado, más 1 de cada 3 desempleados no recibe ningún tipo de prestación. Las reducción o eliminación de las medidas de protección social no sólo no solucionaría la crisis sino que agravaría en extremo sus consecuencias y su virulencia.
Esta protección social, además de dar cobertura a las personas en situación más vulnerable en nuestra sociedad, es parte fundamental de la salida de la actual coyuntura. Las personas y familias que quedan fueran de estas medidas protectoras salen del sistema económico con lo que crece el circulo vicioso. Sólo asegurando unos ingresos mínimos para todos pueden salir estas personas de esta situación, posibilitando el acceso a los bienes necesarios para vivir con dignidad y contribuir también, de este modo, a la activación de la economía
Las medidas propuestas por la patronal únicamente traerían consigo una mayor desregulación de la relaciones laborales unido al desmantelamiento del ya de por sí escaso estado de bienestar, aumento de la pobreza, incremento del desempleo y un estado de vulnerabilidad creciente en el que la clase trabajadora y, por tanto, la mayoría de la población, estaría aun más sometida y más a merced del empresariado y del capital.
Y para colmo, solicitan además rebajas fiscales e incentivos para las empresas. Es decir, que además de impedir una justa distribución de la riqueza por medio de unos salarios justos, pretenden menguar la redistribución desvirtuando e invirtiendo la política fiscal redistributiva. Ejemplo claro de esta ofensiva sin límites es el hecho de que al día siguiente de rebajar el impuesto de sociedades en Gipuzkoa del 32,5% nominal al 28%, el presidente de la patronal guipuzcoana, Adegi, anunció que su objetivo era la rebaja hasta el 24% y la eliminación del impuesto de patrimonio.
La mala distribución y redistribución, lejos de ser una solución, es una de las causas principales de la gravedad con la que nos está afectando la presente crisis. La pérdida de peso de los salarios, unida a las rebajas fiscales para las empresas, el capital y las rentas más altas ha disminuido gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que a su vez ha mermado la demanda y paralizado la economía del sistema capitalista.
Precisamente la merma recaudatoria que han supuesto las rebajas fiscales para los más ricos (500 millones de euros en 2007 en Hego Euskal Herria) junto con la política de déficit público cero, cuando no superávit, ha provocado una importante reducción del gasto público. De modo especial en ámbitos como la educación, la sanidad, o la atención a la tercera edad y personas necesitadas, ámbitos que junto a otros paulatinamente se han ido privatizando. Este ahorro del gasto y deuda pública se ha trasvasado al endeudamiento privado de las personas y familias. Endeudamiento totalmente indiscriminado que afecta nuevamente con especial gravedad a los sectores sociales con menor poder adquisitivo y menor protección.
A esta situación hay que añadir el gravísimo fraude fiscal que anualmente deja de recaudar miles de millones de euros. Dinero que se les regala a los beneficios empresariales y del capital y a las rentas mas elevadas. A modo de datos escandalosos solamente citar que en la CAPV las rentas de trabajo declaran una media de 20.109€ mientras que la rentas empresariales declaran 11.208€, o que más de la mitad de las empresas no pagan él impuesto de sociedades porque dicen no tener beneficio o tener pérdidas.
No podemos aceptar, por tanto, las recetas neoliberales de rebajas fiscales para afrontar la crisis y el desempleo, y menos aun sus propuestas privatizadoras de los servicios públicos; mas bien al contrario. Únicamente con unas políticas que graven de modo especial y progresivo las rentas más altas, los beneficios empresariales y del capital y combatan el fraude fiscal podrán aligerar la crisis y alumbrar el camino de salida. Sólo de este modo se logrará aumentar la recaudación pública que permita la inversión en más y mejores servicios públicos para todas y todos, en especial para los más excluidos y necesitados de ellos.
Es además necesario reorientar el gasto hacia los servicios públicos de atención a las personas en lugar de primar las infraestructuras físicas. Servicios públicos que además de incidir directamente en el bienestar de la sociedad son las que más y mejor empleo generan.
Las propuestas de la patronal en cuanto a política fiscal como en la orientación de la inversión pública, dirigida en gran medida hacia grandes infraestructuras o industrias productivas, más que señalar la salida de la crisis la agravan, y responden, sobre todo, a los intereses particulares de una minoría privilegiada por encima del interés general que dicen defender.
La conclusión es que las propuestas y recetas de la patronal y de la banca, lejos de buscar la salida de la crisis la conducen a un callejón sin salida. Es más, al igual que en anteriores crisis buscan salir de ella con una mejor correlación de fuerzas. La reducción de salarios, el desempleo, la precariedad laboral, etc. además de engordar los beneficios empresariales busca aumentar el poder y el control sobre los y las trabajadoras haciendo más vulnerable su resistencia y capacidad de organización y lucha. Se trata de un verdadero golpe de estado a la justicia social, a la democratización de la economía y al, ya de por sí raquítico, estado de bienestar.
Xabi Irastorza Garmendia
· reducción de salarios,
· abaratamiento del despido,
· ejecución libre de ERE-s, sin control administrativo alguno,
· reforma de los servicios de empleo y la privatización del INEM,
· reducción de las cotizaciones,
· rebajas fiscales para empresas, capital y rentas altas,
· privatización de servicios públicos.
Se trata sin duda de una nueva avanzadilla que busca profundizar en los logros de la ofensiva neoliberal iniciada en los años 80 con Thatcher y Reagan tras la grave crisis de los 70. Aquella crisis y la posterior ofensiva neoliberal dinamitó los cimientos del estado de bienestar y supuso la modificación de la correlación de fuerzas entre los poderes económico y políticos y los movimientos de contrapoder. Modificación que propició importantes cambios en el propio sistema económico y en las relaciones laborales. Sustrato ideal donde se ha incubado la actual debacle económica y social.
Hemos vivido más de una década de ensoñación (pleno empleo, creación de riqueza, gran crecimiento económico...) en la que de modo enmascarado se ha consolidado y acentuado la desregulación del empleo, la desprotección laboral y social, se han agravado los desequilibrios sociales, la injusticia en el reparto de la riqueza, el desmantelamiento de la, ya de por sí débil, estructura pública de bienestar, y la privatización de los servicios.
Durante este periodo los beneficios empresariales y del capital han crecido de modo exponencial, debido en parte al aumento de la producción pero sobre todo por la desorbitada inversión especulativa. Unido a ello, con la complicidad de partidos políticos y gobiernos, se han ofrecido recortes fiscales a las empresas y a las rentas más altas con la consiguiente merma recaudatoria y la perdida de peso y disminución del gasto público. La política neoliberal adoptada por los gobiernos europeos centrados en controlar el déficit y la obsesión de los gobiernos vascos por el déficit cero, incluso superávit, ha hecho que desaparezca la deuda pública y ésta se traslade al ámbito privado, es decir a los trabajadores y trabajadoras y a las familias.
Además, en esta coyuntura se ha potenciado sobremanera la cultura del consumo, se ha privatizado y mercantilizado el tiempo libre, el espacio público e incentivado el crédito y la propiedad (hipotecada de por vida). De este modo, la deuda de las personas y familias ha crecido hasta límites insostenibles.
Este periodo de crecimiento también a supuesto la incorporación de más “mano de obra” pero en peores condiciones laborales. El crecimiento económico se ha realizado incrementando el número de asalariados pero a costa de la perdida de peso de las rentas de trabajo y de la precarización del empleo.
El resultado no es únicamente la precarización de todos los ámbitos de la vida, sino incluso una auténtica socialización de la pobreza sostenida por un fuerte colchón y solidaridad familiar. La ideología del éxito, imperante en nuestra cultura, que nos obliga a triunfar o al menos mostrarnos triunfantes, oculta a menudo esta cruda realidad. Sentimos incluso vergüenza de nuestros fracasos y nuestra precariedad. Pero esa fachada se sostiene sobre las arenas movedizas del consumo low coast y del crédito y endeudamiento permanente.
Eso es precisamente lo que ha quedado de manifiesto en las primeras fases de la crisis, todavía en periodo de desaceleración, especialmente en los estados y países cuyo mercado laboral está más desregulado. Es el caso del Estado español, dentro de cuyo modelo laboral se sitúa también el modelo laboral de Hego Euskal Herria, y el caso de EE.UU. En 2008 en Hego Euskal Herria, en periodo de desaceleración pero con un crecimiento del 2% en el PIB, se han perdido 34.000 puestos de trabajo, casi todos ellos en el último trimestre (incremento de 2,9 puntos en la tasa de desempleo). En el Estado español se han perdido más de 1 millón de empleos (incremento de 5,7 puntos en la tasa de desempleo), con un crecimiento del 1,2%. Y en EE.UU., donde el PIB ha crecido un 1,3% durante el 2008, se han destruido 3,5 millones de empleos (el peor dato tras la II Guerra Mundial con un incremento de 2 puntos en la tasa de desempleo). Resulta llamativa la comparación de la evolución del desempleo en la misma coyuntura económica respecto a otros países cuyo mercado laboral cuenta con mayores garantías y medidas de protección, caso de los países del norte de Europa (incremento de 0,5 puntos en la tasa de desempleo medio en la UE-27 con un crecimiento de 0,8% del PIB).
Lo que esconden tras de sí estos datos pone en cuestión en primer lugar el propio modelo productivo. Se sigue creando gran riqueza pero incluso en esta situación parte importante de la sociedad queda fuera de ella. ¿Cuanto tiene que crecer, cuanto tiene que producir este tipo de economía para que todos puedan participar, al menos en el umbral mínimo, de ella? ¿Es sostenible? ¿Hasta cuando? Dónde están los límites sociales y ecológicos? Se produce riqueza, pero ¿para quién? ¿dónde queda esa riqueza? Además de cuestionar el modelo productivo y abrir el debate sobre una economía sostenible, estos datos sacan a relucir el injusto reparto de la riqueza y sus consecuencias, y permiten retomar cuestiones como la necesidad de incrementar notablemente los salarios, la reducción y el reparto de jornada laboral, la renta básica de ciudadanía universal, etc.
Y en segundo lugar ponen de manifiesto el tipo de empleo que se ha creado durante este periodo de crecimiento en los países cuyo mercado laboral está fuertemente desregulado y la vulnerabilidad de estos países, de su tejido económico y de sus trabajadores, a la hora de afrontar las más mínimas dificultades económicas. La tasa de temporalidad en Hego Euskal Herria se sitúa de modo estructural en torno al 30%, duplicando la media de la UE-27 (14%). Y la tasa de temporalidad en la población juvenil alrededor de un escandaloso 70%. El 90,9% de los contratos que se realizaron en 2008 fueron temporales.
Esta precariedad se ve agravada debido a la debilidad del estado de bienestar construido o, mejor dicho desmantelado, durante estas últimas décadas. Resulta especialmente grave el hecho de que más de 1 de cada 3 desempleados de Hego Euskal Herria (45.810 personas) no cobre ningún tipo de prestación, y que casi uno de cada cinco que lo cobra (23.061 personas) únicamente percibe prestaciones no contributivas de alrededor de 400€ al mes. A estos desoladores datos hay que sumar las muchas personas que a modo de autónomos y falsos autónomos se han quedado sin empleo por la fuerte externalización y subcontratación fomentada durante estos años de crecimiento, y que ahora carecen de prestación por desempleo.
Los efectos de este modelo de empleo y el desempleo generado son devastadores tanto desde un punto de vista humano y social como desde un punto de vista económico. Al desastre personal, familiar y social que supone la pérdida del empleo se le suma la repercusión negativa del desempleo en la economía capitalista debido a la disminución del consumo y la demanda, la paralización de la economía y el agravamiento de la crisis. Círculo vicioso del que no resulta fácil salir.
Es en este contexto en el que se enmarca la actual ofensiva neoliberal de la patronal y de los banqueros con la complicidad de los políticos y gobiernos de turno, proponiendo como solución la doctrina del dogma neoliberal: flexibilización y reforma laboral, disminución de salarios, abaratamiento del despido, reducción de las cotizaciones, ERE-s libres, flexibilización laboral y rebajas fiscales.
Las promulgan una y otra vez como si se tratara de un mantra que hipnotiza hasta crear el clima adecuado en el que parecen ser las únicas salidas posibles.
Un análisis más profundo y la propia lógica capitalista, sin embargo, nos invita a pensar todo lo contrario. La praxis real así lo demuestra.
La reducción de salarios lejos de incentivar la contratación y el empleo lo que inmediatamente produce es el incremento de los beneficios empresariales. Beneficios que no tienen por qué derivarse a la contratación de nuevos trabajadores, ni a la inversión en innovación que mejore la competitividad, que de hacerse tampoco asegura el incremento de empleo sino que a menudo lo reduce. La praxis nos dice, sobre todo en los últimos años, que el incremento de beneficios se dedica más bien a la inversión financiera especulativa.
En referencia a los salarios no está de más recordar que el salario no es ninguna donación del patrón sino, al contrario, el pago de la mínima parte del valor total producido por el trabajador para que éste tenga la motivación suficiente de volver al trabajo. El resto del valor producido por el trabajador se lo apropia el empleador lo que le permite el beneficio y la acumulación de capital por apropiación del trabajo ajeno. Capital que a su vez invierte en la creación y apropiación de mayor beneficio y acumulación de capital. Al patrón le interesa, por tanto, pagar el mínimo posible para tener sometidos y controlados a los trabajadores y elevar al máximo su beneficio.
De este modo, y viendo las característica de la presente crisis, difícilmente la reducción aún mayor de los salarios presenta ninguna alternativa. Lejos de suavizar la crisis tendría un efecto agravante. Los bajos salarios y la precariedad laboral son precisamente algunos de los factores más importantes que inciden negativamente en la productividad y competitividad de las empresas. Pero además, en el actual sistema económico capitalista, el aumento de los salarios es uno de los más importantes activos para revitalizar una economía deprimida. El aumento salarial da mayor poder adquisitivo a los trabajadores que son los que menor capacidad de ahorro tienen y gastan la práctica totalidad de sus ingresos en los bienes necesarios para vivir, aumentando así la demanda y activando la economía.
Si los defensores del capitalismo no promulgan estas medidas no es por razones económicas sino porque estas medidas dan mayor poder a la clase trabajadora y reducen su control sobre la mano de obra.
El abaratamiento del despido para la creación de nuevos puestos de trabajo es otra de las falacias neoliberales. No resulta fácil comprender cómo una medida dirigida a que el despido sea más fácil y menos costoso se intente vender como solución a la creación de empleo. Difícilmente un empresario vaya a contratar a alguien que no necesite solamente porque el despido sea más barato, o que deje de despedir a alguien que no le produce el beneficio esperado por el hecho de que su despido no sea barato.
Conviene recordar que 1 de cada 3 contratos, al ser contratos temporales, carecen de indemnización, al igual que los despidos por causas disciplinarias, y que, por tanto, la petición de la patronal y de la banca es la equiparación a la baja del resto de los despidos, sean estos objetivos o improcedentes (capricho del empresario). Es decir, que el despido además de ser libre, como ya lo es, sea gratuito.
De lo que realmente se trata es de poder deshacerse de los trabajadores y trabajadoras que no le interesen al empresario con los costes más bajos posibles y agravar la vulnerabilidad del trabajador y extender la amenaza del despido, con el consiguiente aumento de poder y control del empresariado sobre la plantilla y los trabajadores.
En la misma línea se sitúa la insólita petición del presidente de la patronal española (CEOE) para que las empresas puedan ejecutar Expedientes de Regulación de Empleo sin el ya de por sí escaso y laxo control administrativo muestra en su crudeza la dimensión de la ofensiva neoliberal. Lo que Díaz Ferrán pide es, sencillamente, que dejen en manos de la patronal la regulación de mercado laboral, mayor desregulación de las relaciones laborales y adecuación de la plantilla y de las condiciones laborales en función de las ansias de beneficio y poder de los empresarios. Quieren convertir el trabajo y a los trabajadores en mera mercadería de usar y tirar. No conviene olvidar que actualmente la patronal y muchas de las empresas tratan de utilizar los ERE-s con esta finalidad. Con el problema de que necesitan el visto bueno de la administración pública para su ejecución. Este mínimo control es el que en esta ofensiva tratan de desbaratar.
No conviene olvidar que de la totalidad de los empleos perdidos en este último años el 54% se ha producido por finalización del contrato temporal, el 40% debido a despidos improcedentes y únicamente el 3% se producido por la ejecución de algún ERE. Es decir, la patronal no necesita de ERE-s para despedir a sus trabajadores, ya lo hace sin ningún coste en la mayoría de los casos y pagando en el resto. En muchos de los casos, los ERE-s se utilizan, más bien, para lograr la desregulación de las relaciones laborales y neutralizar los convenios colectivos.
Si se acepta que los empresarios puedan realizar EREs que no precisen de autorización administrativa, se esta dejando en sus manos la posibilidad de regular las relaciones laborales y de utilizar esta vía para abaratar y facilitar el despido. La patronal conseguiría la rebaja de todas las indemnizaciones a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y se quitaría de encima la necesidad de justificaciones y tramites judiciales para los despidos improcedentes u objetivos.
Dentro de esta ofensiva que busca desregular completamente el mercado laboral y ejercer un fuerte control sobre él, se sitúa la propuesta de reforma de los servicios de empleo y la privatización del INEM realizada por la CEOE a petición de Agett, patronal de las grandes empresas de trabajo temporal. Aprovechándose del enorme desempleo que ellos mismos han generado, sacan a relucir las deficiencias del servicio público de empleo, su saturación y la excesiva burocratización, solicitando que las empresas de trabajo temporal (ETT-s) pasen a gestionar el mercado general de empleo, así como los cursos de formación y la orientación profesional “para agilizar el mercado laboral sin coste alguno para el estado”.
Más allá de la conveniente reforma y agilización del servicio público de empleo, esta nueva propuesta de privatización de un servicio público, afecta a un ámbito clave y estratégico, ya que la patronal, además de ampliar su área de negocio, pasaría a controlar la totalidad del mercado laboral y orientar su funcionamiento en base a sus propios intereses. Se trataría de un fuerte y directo control sobre la clase trabajadora, en la totalidad de su itinerario laboral: en la contratación, en el desempeño de su trabajo, a la finalización del mismo y en la gestión de las prestaciones. El poder coercitivo del empresariado se extendería más allá del ámbito actual de la empresa a todo el ámbito e itinerario laboral de las personas.
Aunque viniendo de donde viene no sorprenda en demasía, resulta completamente desvergonzada la exigencia de reducir lo que los empresarios llaman “gastos no productivos” que vienen a ser las cotizaciones que protegen y dan cobertura a los trabajadores y trabajadoras en situaciones de baja, permisos especiales, desempleo o jubilación. Conviene recordar a estos señores que estos “gastos no productivos” no son otra cosa que la parte de nuestra nómina que los trabajadores destinamos a nuestra protección social. Lo que la patronal quiere decir con esta petición es que nos quiere pagar menos por nuestro trabajo, que quieren reducir aún más nuestros salarios.
Especialmente grave resulta esta exigencia en medio de la crisis actual con un desempleo fuertemente creciente, en la que, como ya se ha citado, más 1 de cada 3 desempleados no recibe ningún tipo de prestación. Las reducción o eliminación de las medidas de protección social no sólo no solucionaría la crisis sino que agravaría en extremo sus consecuencias y su virulencia.
Esta protección social, además de dar cobertura a las personas en situación más vulnerable en nuestra sociedad, es parte fundamental de la salida de la actual coyuntura. Las personas y familias que quedan fueran de estas medidas protectoras salen del sistema económico con lo que crece el circulo vicioso. Sólo asegurando unos ingresos mínimos para todos pueden salir estas personas de esta situación, posibilitando el acceso a los bienes necesarios para vivir con dignidad y contribuir también, de este modo, a la activación de la economía
Las medidas propuestas por la patronal únicamente traerían consigo una mayor desregulación de la relaciones laborales unido al desmantelamiento del ya de por sí escaso estado de bienestar, aumento de la pobreza, incremento del desempleo y un estado de vulnerabilidad creciente en el que la clase trabajadora y, por tanto, la mayoría de la población, estaría aun más sometida y más a merced del empresariado y del capital.
Y para colmo, solicitan además rebajas fiscales e incentivos para las empresas. Es decir, que además de impedir una justa distribución de la riqueza por medio de unos salarios justos, pretenden menguar la redistribución desvirtuando e invirtiendo la política fiscal redistributiva. Ejemplo claro de esta ofensiva sin límites es el hecho de que al día siguiente de rebajar el impuesto de sociedades en Gipuzkoa del 32,5% nominal al 28%, el presidente de la patronal guipuzcoana, Adegi, anunció que su objetivo era la rebaja hasta el 24% y la eliminación del impuesto de patrimonio.
La mala distribución y redistribución, lejos de ser una solución, es una de las causas principales de la gravedad con la que nos está afectando la presente crisis. La pérdida de peso de los salarios, unida a las rebajas fiscales para las empresas, el capital y las rentas más altas ha disminuido gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que a su vez ha mermado la demanda y paralizado la economía del sistema capitalista.
Precisamente la merma recaudatoria que han supuesto las rebajas fiscales para los más ricos (500 millones de euros en 2007 en Hego Euskal Herria) junto con la política de déficit público cero, cuando no superávit, ha provocado una importante reducción del gasto público. De modo especial en ámbitos como la educación, la sanidad, o la atención a la tercera edad y personas necesitadas, ámbitos que junto a otros paulatinamente se han ido privatizando. Este ahorro del gasto y deuda pública se ha trasvasado al endeudamiento privado de las personas y familias. Endeudamiento totalmente indiscriminado que afecta nuevamente con especial gravedad a los sectores sociales con menor poder adquisitivo y menor protección.
A esta situación hay que añadir el gravísimo fraude fiscal que anualmente deja de recaudar miles de millones de euros. Dinero que se les regala a los beneficios empresariales y del capital y a las rentas mas elevadas. A modo de datos escandalosos solamente citar que en la CAPV las rentas de trabajo declaran una media de 20.109€ mientras que la rentas empresariales declaran 11.208€, o que más de la mitad de las empresas no pagan él impuesto de sociedades porque dicen no tener beneficio o tener pérdidas.
No podemos aceptar, por tanto, las recetas neoliberales de rebajas fiscales para afrontar la crisis y el desempleo, y menos aun sus propuestas privatizadoras de los servicios públicos; mas bien al contrario. Únicamente con unas políticas que graven de modo especial y progresivo las rentas más altas, los beneficios empresariales y del capital y combatan el fraude fiscal podrán aligerar la crisis y alumbrar el camino de salida. Sólo de este modo se logrará aumentar la recaudación pública que permita la inversión en más y mejores servicios públicos para todas y todos, en especial para los más excluidos y necesitados de ellos.
Es además necesario reorientar el gasto hacia los servicios públicos de atención a las personas en lugar de primar las infraestructuras físicas. Servicios públicos que además de incidir directamente en el bienestar de la sociedad son las que más y mejor empleo generan.
Las propuestas de la patronal en cuanto a política fiscal como en la orientación de la inversión pública, dirigida en gran medida hacia grandes infraestructuras o industrias productivas, más que señalar la salida de la crisis la agravan, y responden, sobre todo, a los intereses particulares de una minoría privilegiada por encima del interés general que dicen defender.
La conclusión es que las propuestas y recetas de la patronal y de la banca, lejos de buscar la salida de la crisis la conducen a un callejón sin salida. Es más, al igual que en anteriores crisis buscan salir de ella con una mejor correlación de fuerzas. La reducción de salarios, el desempleo, la precariedad laboral, etc. además de engordar los beneficios empresariales busca aumentar el poder y el control sobre los y las trabajadoras haciendo más vulnerable su resistencia y capacidad de organización y lucha. Se trata de un verdadero golpe de estado a la justicia social, a la democratización de la economía y al, ya de por sí raquítico, estado de bienestar.
Xabi Irastorza Garmendia
Anónimo
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explica que esta iniciativas seguirán un trámite de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "este año".
Entre las medidas que contempla el decreto, se encuentra la autorización a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación, una iniciativa que se venía barajando, pero que no se prevía incluir 'a priori' en el decreto.
Otra de las medidas que inicialmente había quedado fuera de este paquete de medidas era la mejora de los servicios públicos de empleo. Si bien, De la Vega ha anunciado que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.
Además, la empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%. Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrrollando su actividad.
Para el Gobierno, las propuestas ya han sido suficientemente debatidas en la mesa de diálogo social, por lo que ha decidido sacarlas adelante a pesar de que los sindicatos y la patronal no las aprueban globalmente y consideran que son insuficientes.
La CEOE difiere especialmente con las medidas sobre el impulso a la contratación parcial o las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social, aunque su secretario general, José María Lacasa, afirmó que, en su conjunto, estas medidas pueden frenar de forma coyuntural la destrucción de empleo.
También los sindicatos creen que estas actuaciones se quedan cortas.
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Gorriz, se mostró crítico especialmente en las cuestiones sobre bonificaciones o contratación temporal, aunque valoró que el Gobierno incremente el presupuesto para acometer propuestas para mantener el empleo.
Aunque menos crítico, el secretario de Acción Sindical de UGT, Tony Ferrer, manifestó que se debe profundizar más en las propuestas que, no obstante, "van en la buena dirección".
El documento definitivo que prevé aprobar el Consejo contiene finalmente seis medidas, de las que cinco se aprobarán por Real Decreto Ley y podrían entrar en vigor la semana que viene, tras su publicación en el BOE.
Cobertura para los trabajadores de EREs
La primera se refiere a la reposición de prestaciones por desempleo a los trabajadores que las hayan utilizado durante un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal.
Según esta propuesta, un trabajador afectado por este tipo de expedientes no sufrirá merma de sus derechos a la prestación por desempleo, con un máximo de 120 días cuando se les extingue el contrato y de 90 en caso de suspensión.
Además, los empresarios que sean autorizados a suspender los contratos o reducir temporalmente la jornada laboral por un ERE temporal tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de la cuota a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por dicho expediente por un máximo de seis meses.
Como condición, los empresarios deben mantener el empleo de los trabajadores afectados durante al menos un año tras la finalización del ERE.
La segunda medida permite bonificar las cuotas de la Seguridad Social por la contratación de desempleados.
Así, la prestación por desempleo que cobra el parado al que se contrata se utilizaría como bonificación para el empresario en las cuotas a la Seguridad Social, siempre que éste mantenga el empleo durante un mínimo un año.
Para impulsar la contratación parcial, se aprobará otra medida por la que las bonificaciones de los contratos indefinidos a tiempo parcial serán un 30 por ciento superiores a las que recibiría el empresario por la jornada pactada en el contrato.
La cuarta medida elimina el tiempo de espera que se exige para acceder al subsidio del paro, que actualmente es de un mes.
El Real Decreto recogerá además, en una disposición transitoria, la posibilidad que tendrán las empresas de aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante este año para contar con más liquidez.
Fuera del Real Decreto, el Gobierno aprobará mañana el reforzamiento de los Servicios Públicos de Empleo con 900 trabajadores temporales más, entre otras medidas.
A estas medidas se une la ya anunciada de abrir una nueva línea por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para prestar capital circulante -dinero para funcionar- a las medianas empresas, que contará con 6.000 millones de euros.
Entre las medidas que contempla el decreto, se encuentra la autorización a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación, una iniciativa que se venía barajando, pero que no se prevía incluir 'a priori' en el decreto.
Otra de las medidas que inicialmente había quedado fuera de este paquete de medidas era la mejora de los servicios públicos de empleo. Si bien, De la Vega ha anunciado que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.
Además, la empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%. Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrrollando su actividad.
Para el Gobierno, las propuestas ya han sido suficientemente debatidas en la mesa de diálogo social, por lo que ha decidido sacarlas adelante a pesar de que los sindicatos y la patronal no las aprueban globalmente y consideran que son insuficientes.
La CEOE difiere especialmente con las medidas sobre el impulso a la contratación parcial o las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social, aunque su secretario general, José María Lacasa, afirmó que, en su conjunto, estas medidas pueden frenar de forma coyuntural la destrucción de empleo.
También los sindicatos creen que estas actuaciones se quedan cortas.
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Gorriz, se mostró crítico especialmente en las cuestiones sobre bonificaciones o contratación temporal, aunque valoró que el Gobierno incremente el presupuesto para acometer propuestas para mantener el empleo.
Aunque menos crítico, el secretario de Acción Sindical de UGT, Tony Ferrer, manifestó que se debe profundizar más en las propuestas que, no obstante, "van en la buena dirección".
El documento definitivo que prevé aprobar el Consejo contiene finalmente seis medidas, de las que cinco se aprobarán por Real Decreto Ley y podrían entrar en vigor la semana que viene, tras su publicación en el BOE.
Cobertura para los trabajadores de EREs
La primera se refiere a la reposición de prestaciones por desempleo a los trabajadores que las hayan utilizado durante un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal.
Según esta propuesta, un trabajador afectado por este tipo de expedientes no sufrirá merma de sus derechos a la prestación por desempleo, con un máximo de 120 días cuando se les extingue el contrato y de 90 en caso de suspensión.
Además, los empresarios que sean autorizados a suspender los contratos o reducir temporalmente la jornada laboral por un ERE temporal tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de la cuota a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por dicho expediente por un máximo de seis meses.
Como condición, los empresarios deben mantener el empleo de los trabajadores afectados durante al menos un año tras la finalización del ERE.
La segunda medida permite bonificar las cuotas de la Seguridad Social por la contratación de desempleados.
Así, la prestación por desempleo que cobra el parado al que se contrata se utilizaría como bonificación para el empresario en las cuotas a la Seguridad Social, siempre que éste mantenga el empleo durante un mínimo un año.
Para impulsar la contratación parcial, se aprobará otra medida por la que las bonificaciones de los contratos indefinidos a tiempo parcial serán un 30 por ciento superiores a las que recibiría el empresario por la jornada pactada en el contrato.
La cuarta medida elimina el tiempo de espera que se exige para acceder al subsidio del paro, que actualmente es de un mes.
El Real Decreto recogerá además, en una disposición transitoria, la posibilidad que tendrán las empresas de aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante este año para contar con más liquidez.
Fuera del Real Decreto, el Gobierno aprobará mañana el reforzamiento de los Servicios Públicos de Empleo con 900 trabajadores temporales más, entre otras medidas.
A estas medidas se une la ya anunciada de abrir una nueva línea por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para prestar capital circulante -dinero para funcionar- a las medianas empresas, que contará con 6.000 millones de euros.
Anónimo
El Gobierno aprobó este viernes, sin el acuerdo de los agentes sociales, un Real Decreto que incluye cinco nuevas medidas orientadas a proporcionar una cobertura adecuada a los trabajadores desempleados, frenar la destrucción de empleo e impulsar el proceso de generación de nuevos puestos de trabajo, y una sexta para la mejora de los Servicios Públicos de Empleo, que no requiere modificación legislativa.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que esta iniciativas, cuyo coste será de 1.577 millones de euros, seguirán un trámite extraordinario y de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "este año". Según dijo, la voluntad del Gobierno es "implementar de forma inmediata" las medidas una vez aparezcan publicadas en el BOE, si bien aclaró que unas tendrán más "recorrido" que otras.
En primer lugar, el Gobierno ha aprobado la reposición de prestaciones por desempleo en ERE de suspensión, de manera que, cuando a un trabajador se le suspenda el contrato de trabajo o reduzca su jornada, "no sufrirá merma de sus derechos a la prestación". El período máximo de reposición de la prestación, si finaliza en extinción, será de 120 días y el período máximo de reposición de la prestación por suspensión, en el supuesto en que el trabajador haya agotado la prestación, será de 90 días.
Además, se reducen los costes de Seguridad Social a las empresas en aquellos casos en que los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción tengan por objeto garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo.
Así, cuando una empresa suspenda los contratos o reduzca temporalmente la jornada de trabajo por un ERE temporal, tendrá derecho a una bonificación del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERE, con un límite máximo de 240 días.
Asimismo, se posibilita que trabajadores afectados por un ERE compatibilicen esta situación con la realización de actividades que coticen a la Seguridad Social.
Aplazamiento de pagos a la seguridad social
Por otro lado, para evitar que ninguna empresa "viable y solvente" eche el cierre, con la consecuente pérdida de empleos, por no poder hacer frente a pagos a la Seguridad Social, se establecen condiciones especiales para el aplazamiento "durante 2009" del pago de cuotas a la Seguridad Social, siempre que la empresa se comprometa a mantener el empleo existente. Así pues, esta medida tendrá carácter coyuntural.
Otra de las medidas incluidas en el decreto es la bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social por la contratación de personas desempleadas que cobren prestación por desempleo, lo que, según el Gobierno, "permitirá convertir las políticas pasivas de empleo en políticas activas y favorecer la contratación".
En este caso, las empresas podrán descontarse de sus cuotas, como máximo, el equivalente del importe que tuviera pendiente de percibir el trabajador a la fecha de entrada en vigor del contrato, con un máximo de duración de la bonificación de tres años. El trabajador objeto de esta medida debe de llevar, al menos, tres meses en situación de desempleo, el contrato debe de ser indefinido y el empleo debe de mantenerse un mínimo de un año. Si se produce el despido con anterioridad, el empresario se verá obligado a devolver las bonificaciones que hubiera realizado.
Contratos a tiempo parcial
Por otro lado, el Gobierno impulsará los contratos a tiempo parcial incrementando la cuantía de las bonificaciones a estos contratos. El porcentaje de bonificación será un 30% más que la jornada pactada, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar el 100%.
El Gobierno ha aprobado las mejoras tecnológicas y el incremento de la plantilla en más de 1.000 personas en los servicios de empleo para hacer frente al creciente volumen de trabajo en las oficinas de prestaciones y garantizar el reconocimiento y pago de las prestaciones en tiempo y forma, pese a que esta medida no estaba inicialmente en el paquete de medidas a aprobar hoy.
En esta línea, el Gobierno indica que la mayor agilidad en el cobro del subsidio permitirá la eliminación del periodo de espera para ser beneficiario del subsidio de desempleo, ya que se elimina el periodo de espera exigido para el acceso a los subsidios por desempleo.
Actualmente una persona desempleada espera un mes desde que se le acaba la prestación contributiva hasta que recibe el subsidio. Esta situación genera períodos de desprotección que en los momentos actuales cobran especial significación. Estas medidas serán evaluadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración semestralmente.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que esta iniciativas, cuyo coste será de 1.577 millones de euros, seguirán un trámite extraordinario y de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "este año". Según dijo, la voluntad del Gobierno es "implementar de forma inmediata" las medidas una vez aparezcan publicadas en el BOE, si bien aclaró que unas tendrán más "recorrido" que otras.
En primer lugar, el Gobierno ha aprobado la reposición de prestaciones por desempleo en ERE de suspensión, de manera que, cuando a un trabajador se le suspenda el contrato de trabajo o reduzca su jornada, "no sufrirá merma de sus derechos a la prestación". El período máximo de reposición de la prestación, si finaliza en extinción, será de 120 días y el período máximo de reposición de la prestación por suspensión, en el supuesto en que el trabajador haya agotado la prestación, será de 90 días.
Además, se reducen los costes de Seguridad Social a las empresas en aquellos casos en que los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción tengan por objeto garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo.
Así, cuando una empresa suspenda los contratos o reduzca temporalmente la jornada de trabajo por un ERE temporal, tendrá derecho a una bonificación del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERE, con un límite máximo de 240 días.
Asimismo, se posibilita que trabajadores afectados por un ERE compatibilicen esta situación con la realización de actividades que coticen a la Seguridad Social.
Aplazamiento de pagos a la seguridad social
Por otro lado, para evitar que ninguna empresa "viable y solvente" eche el cierre, con la consecuente pérdida de empleos, por no poder hacer frente a pagos a la Seguridad Social, se establecen condiciones especiales para el aplazamiento "durante 2009" del pago de cuotas a la Seguridad Social, siempre que la empresa se comprometa a mantener el empleo existente. Así pues, esta medida tendrá carácter coyuntural.
Otra de las medidas incluidas en el decreto es la bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social por la contratación de personas desempleadas que cobren prestación por desempleo, lo que, según el Gobierno, "permitirá convertir las políticas pasivas de empleo en políticas activas y favorecer la contratación".
En este caso, las empresas podrán descontarse de sus cuotas, como máximo, el equivalente del importe que tuviera pendiente de percibir el trabajador a la fecha de entrada en vigor del contrato, con un máximo de duración de la bonificación de tres años. El trabajador objeto de esta medida debe de llevar, al menos, tres meses en situación de desempleo, el contrato debe de ser indefinido y el empleo debe de mantenerse un mínimo de un año. Si se produce el despido con anterioridad, el empresario se verá obligado a devolver las bonificaciones que hubiera realizado.
Contratos a tiempo parcial
Por otro lado, el Gobierno impulsará los contratos a tiempo parcial incrementando la cuantía de las bonificaciones a estos contratos. El porcentaje de bonificación será un 30% más que la jornada pactada, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar el 100%.
El Gobierno ha aprobado las mejoras tecnológicas y el incremento de la plantilla en más de 1.000 personas en los servicios de empleo para hacer frente al creciente volumen de trabajo en las oficinas de prestaciones y garantizar el reconocimiento y pago de las prestaciones en tiempo y forma, pese a que esta medida no estaba inicialmente en el paquete de medidas a aprobar hoy.
En esta línea, el Gobierno indica que la mayor agilidad en el cobro del subsidio permitirá la eliminación del periodo de espera para ser beneficiario del subsidio de desempleo, ya que se elimina el periodo de espera exigido para el acceso a los subsidios por desempleo.
Actualmente una persona desempleada espera un mes desde que se le acaba la prestación contributiva hasta que recibe el subsidio. Esta situación genera períodos de desprotección que en los momentos actuales cobran especial significación. Estas medidas serán evaluadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración semestralmente.
Anónimo
El miniplan contra el paro, que ha centrado largos meses de negociación entre CEOE, UGT y CCOO, ha conseguido franquear la portería del Consejo de Ministros, pese a no contar con el acuerdo ni de la patronal ni de los sindicatos.
La vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega se hizo ayer eco de las medidas –dotadas con 1.577 millones de euros– para incentivar el empleo y que estarán en funcionamiento «a final de año». Además, el Gobierno dio luz verde a una nueva línea crediticia del ICO con controvertidas condiciones de acceso.
El Ejecutivo se ha visto forzado a sacar un mix de medidas laborales, basado casi íntegramente en subvenciones (ver EXPANSIÓN del 6 de febrero), para desencallar la negociación social. La más vapuleada incluye la opción de bonificar el 100% de las cuotas a la Seguridad Social por la contratación de parados. Según el sindicato USO, excluye a los «más de 1,4 millones» que no cobran prestación.
Pese al intento de agilizar la maquinaria para plantar cara al paro (que ya golpea 3,5 millones de personas), el nuevo encontronazo que protagonizaron ayer CEOE y los sindicatos constata el ambiente enrarecido. Unos y otros se han dado una «prórroga» para seguir discutiendo sobre la subida salarial que marcará el Acuerdo para la Negociación Colectiva de este año. Para garantizar su apoyo, CCOO y UGT exigen un aumento mínimo del 2%, un peaje «elevadísimo» para la patronal.
6.000 millones en créditos
Al margen del mercado laboral, el Gobierno aprobó una nueva línea de financiación del ICO, de 6.000 millones de euros, para «medianas» empresas, si bien sus condiciones de acceso han puesto el grito en el cielo a las fuentes empresariales consultadas.
Para ser beneficiario hay que cumplir uno de estos requisitos:realizar actividades de I+D+i que representen, al menos, el 1% sobre la cifra anual de negocio;no haber destruido empleo, o que el 25% de la facturación provenga de la actividad internacional. Sólo un dato:si se tiene en cuanta que dos de cada cinco empresas ya han prescindido de trabajadores, según el informe de Watson Wyatt publicado este mes, 1,2 millones de sociedades suspenderían la regla del empleo.
Pasado este filtro, las sociedades deben cumplir otras de reglas simultáneamente: que su volumen de negocio anual no supere los 4.500 millones de euros; no estar participadas en un 25% por una segunda cuyo volumen de negocio anual sobrepase los 4.500 millones y, estar al corriente de pago con la entidad de crédito. Y otro escollo: el 80% de las sociedades sufre los retrasos de pago de las Administraciones, por lo que están prácticamente blindadas. Economía afirmó ayer que no «maneja el dato» del universo potencial de empresas que podrían acceder a esta línea.
Las claves
1. El Gobierno dio luz verde a la reposición de prestaciones por desempleo en los ERE de suspensión de empleo.
2. Las empresas podrán bonificar el 100% de las cuotas a la Seguridad Social cuando contraten a desempleados
3. Se establecen condiciones especiales para el aplazamiento «durante 2009» del pago de cuotas a la Seguridad Social.
4. Los contratos a tiempo parcial podrán tener una bonificación un 30% superior a la jornada pactada
5. El Ministerio de Aído otorgará un distintivo (placa o medalla) a quienes resalten en la lucha contra la igualdad
6. Las autónomas podrán acogerse a una baja por maternidad parcial.Más de 900.000 españolas son empleadas por cuenta propia
7. Las familias monoparentales y numerosas tendrán derecho a un permiso de maternidad ampliado en 14 días
8. Asimismo, los permisos paternos serán de 20 días (y no 13) para los padres de familias numerosas o con hijos con discapacidad
9. Se aprueba una nueva línea de financiación ICO de 6.000 millones, aunque Economía desconoce cuántos beneficiaros habrá
10. La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) fue la única que valoró ayer «muy favorablemente» esta medida.
La vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega se hizo ayer eco de las medidas –dotadas con 1.577 millones de euros– para incentivar el empleo y que estarán en funcionamiento «a final de año». Además, el Gobierno dio luz verde a una nueva línea crediticia del ICO con controvertidas condiciones de acceso.
El Ejecutivo se ha visto forzado a sacar un mix de medidas laborales, basado casi íntegramente en subvenciones (ver EXPANSIÓN del 6 de febrero), para desencallar la negociación social. La más vapuleada incluye la opción de bonificar el 100% de las cuotas a la Seguridad Social por la contratación de parados. Según el sindicato USO, excluye a los «más de 1,4 millones» que no cobran prestación.
Pese al intento de agilizar la maquinaria para plantar cara al paro (que ya golpea 3,5 millones de personas), el nuevo encontronazo que protagonizaron ayer CEOE y los sindicatos constata el ambiente enrarecido. Unos y otros se han dado una «prórroga» para seguir discutiendo sobre la subida salarial que marcará el Acuerdo para la Negociación Colectiva de este año. Para garantizar su apoyo, CCOO y UGT exigen un aumento mínimo del 2%, un peaje «elevadísimo» para la patronal.
6.000 millones en créditos
Al margen del mercado laboral, el Gobierno aprobó una nueva línea de financiación del ICO, de 6.000 millones de euros, para «medianas» empresas, si bien sus condiciones de acceso han puesto el grito en el cielo a las fuentes empresariales consultadas.
Para ser beneficiario hay que cumplir uno de estos requisitos:realizar actividades de I+D+i que representen, al menos, el 1% sobre la cifra anual de negocio;no haber destruido empleo, o que el 25% de la facturación provenga de la actividad internacional. Sólo un dato:si se tiene en cuanta que dos de cada cinco empresas ya han prescindido de trabajadores, según el informe de Watson Wyatt publicado este mes, 1,2 millones de sociedades suspenderían la regla del empleo.
Pasado este filtro, las sociedades deben cumplir otras de reglas simultáneamente: que su volumen de negocio anual no supere los 4.500 millones de euros; no estar participadas en un 25% por una segunda cuyo volumen de negocio anual sobrepase los 4.500 millones y, estar al corriente de pago con la entidad de crédito. Y otro escollo: el 80% de las sociedades sufre los retrasos de pago de las Administraciones, por lo que están prácticamente blindadas. Economía afirmó ayer que no «maneja el dato» del universo potencial de empresas que podrían acceder a esta línea.
Las claves
1. El Gobierno dio luz verde a la reposición de prestaciones por desempleo en los ERE de suspensión de empleo.
2. Las empresas podrán bonificar el 100% de las cuotas a la Seguridad Social cuando contraten a desempleados
3. Se establecen condiciones especiales para el aplazamiento «durante 2009» del pago de cuotas a la Seguridad Social.
4. Los contratos a tiempo parcial podrán tener una bonificación un 30% superior a la jornada pactada
5. El Ministerio de Aído otorgará un distintivo (placa o medalla) a quienes resalten en la lucha contra la igualdad
6. Las autónomas podrán acogerse a una baja por maternidad parcial.Más de 900.000 españolas son empleadas por cuenta propia
7. Las familias monoparentales y numerosas tendrán derecho a un permiso de maternidad ampliado en 14 días
8. Asimismo, los permisos paternos serán de 20 días (y no 13) para los padres de familias numerosas o con hijos con discapacidad
9. Se aprueba una nueva línea de financiación ICO de 6.000 millones, aunque Economía desconoce cuántos beneficiaros habrá
10. La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) fue la única que valoró ayer «muy favorablemente» esta medida.
Anónimo
El Gobierno nos dice que “los patronos” son los que crean empleo y les concede "contratos gratis" a través de incentivos y bonificaciones, reducción de sus cuotas de seguridad social y aplazamientos de los pagos patronales a la seguridad social.
En febrero, "la patronal, el empresariado" han decidido aumentar las personas paradas en 154.058, bien al no dar trabajo a quien lo solicita por primera vez, bien despidiendo a los que ya tenían trabajo.
Así hasta llegar a las 3.481.859 personas paradas, a quienes ni siquiera nos requieren para "explotarnos" o mejor dicho, a quienes nos utilizan como reserva de mano de obra barata para seguir acumulando ventajas, dentro de un mercado y una economía al servicio exclusivo de la obtención de beneficios (cuantos más mejor) que serán apropiados privadamente por una minoría de accionistas (financieros, sobre todo), ejecutivos, consejeros y directivos de cualquier empresa y cualquier sector.
Mientras el paro aumentó en 1.166.528 personas de febrero 2008 a febrero 2009, es decir, un 50,38% más, las Empresas del Ibex 35, entre ellas los grandes Bancos: Santander, BBVA, Popular, La Caixa, Caja Madrid; las grandes de la Energía: ENDESA, IBERDROLA, UNION FENOSA, GAS NATURAL, REPSOL; las grandes de la Comunicación: Telefónica, Telecinco y de la Construcción: ACS, Albertis, Acciona, Sacyr, Ferrovial, obtuvieron 47.000 Millones de euros de beneficios netos en el 2008.
Los “patronos” han "convencido" al Gobierno y a la oposición -ya hace mucho tiempo- que los dueños del trabajo son ellos, por lo tanto, son ellos quienes "quitan o dan trabajo", quienes tienen en su poder la mano "invisible del mercado", elevada a la categoría "sagrada" de palabra de "dios". Prisionero de esta lógica, el gobierno, a quien le mueve no el interés general, sino exclusivamente el interés del beneficio privado de botines, vulfraus, aliertas, entrecanales, florentinos, fernández ordóñez, gonzález, etc., actúa como representante de sus dueños y decide, para que creen empleo -los amos del universo-, poner en marcha un nuevo "decretazo".
Con este nuevo decreto en marcha, en lo que parece ser una avanzadilla de una próxima reforma laboral, garantiza al empresariado:
- Reducción de cuotas de seguridad social hasta el 100% en los contratos parciales (erario público).
- Contratos gratuitos, subvencionados con el desempleo (erario público), cuando se contrate un parado con derecho a prestación.
- Bonificaciones del 50% de la cuota a pagar por desempleo por parte de los empresarios en los EREs suspensivos hasta 240 días (erario público).
- Y, de manera generaliza, aplazamiento de pagos de las cuotas patronales a la seguridad social (erario público).
En definitiva, que les financia otros 1.500 Millones de euros que, directamente van a la cuenta de resultados de los "señores empresarios". Una vez más la evidencia de que la "propiedad privada" es un "robo legal y constitucional", se demuestra cierta.
Las personas asalariadas, tenemos la palabra y la posibilidad de decir: BASTA. Hace falta ya una HUELGA GENERAL.
Secretariado Permanente de la CGT
En febrero, "la patronal, el empresariado" han decidido aumentar las personas paradas en 154.058, bien al no dar trabajo a quien lo solicita por primera vez, bien despidiendo a los que ya tenían trabajo.
Así hasta llegar a las 3.481.859 personas paradas, a quienes ni siquiera nos requieren para "explotarnos" o mejor dicho, a quienes nos utilizan como reserva de mano de obra barata para seguir acumulando ventajas, dentro de un mercado y una economía al servicio exclusivo de la obtención de beneficios (cuantos más mejor) que serán apropiados privadamente por una minoría de accionistas (financieros, sobre todo), ejecutivos, consejeros y directivos de cualquier empresa y cualquier sector.
Mientras el paro aumentó en 1.166.528 personas de febrero 2008 a febrero 2009, es decir, un 50,38% más, las Empresas del Ibex 35, entre ellas los grandes Bancos: Santander, BBVA, Popular, La Caixa, Caja Madrid; las grandes de la Energía: ENDESA, IBERDROLA, UNION FENOSA, GAS NATURAL, REPSOL; las grandes de la Comunicación: Telefónica, Telecinco y de la Construcción: ACS, Albertis, Acciona, Sacyr, Ferrovial, obtuvieron 47.000 Millones de euros de beneficios netos en el 2008.
Los “patronos” han "convencido" al Gobierno y a la oposición -ya hace mucho tiempo- que los dueños del trabajo son ellos, por lo tanto, son ellos quienes "quitan o dan trabajo", quienes tienen en su poder la mano "invisible del mercado", elevada a la categoría "sagrada" de palabra de "dios". Prisionero de esta lógica, el gobierno, a quien le mueve no el interés general, sino exclusivamente el interés del beneficio privado de botines, vulfraus, aliertas, entrecanales, florentinos, fernández ordóñez, gonzález, etc., actúa como representante de sus dueños y decide, para que creen empleo -los amos del universo-, poner en marcha un nuevo "decretazo".
Con este nuevo decreto en marcha, en lo que parece ser una avanzadilla de una próxima reforma laboral, garantiza al empresariado:
- Reducción de cuotas de seguridad social hasta el 100% en los contratos parciales (erario público).
- Contratos gratuitos, subvencionados con el desempleo (erario público), cuando se contrate un parado con derecho a prestación.
- Bonificaciones del 50% de la cuota a pagar por desempleo por parte de los empresarios en los EREs suspensivos hasta 240 días (erario público).
- Y, de manera generaliza, aplazamiento de pagos de las cuotas patronales a la seguridad social (erario público).
En definitiva, que les financia otros 1.500 Millones de euros que, directamente van a la cuenta de resultados de los "señores empresarios". Una vez más la evidencia de que la "propiedad privada" es un "robo legal y constitucional", se demuestra cierta.
Las personas asalariadas, tenemos la palabra y la posibilidad de decir: BASTA. Hace falta ya una HUELGA GENERAL.
Secretariado Permanente de la CGT
Anónimo
El Gobierno aprueba más medidas contra el paro
El Gobierno ha aprobado una serie de medidas orientadas a frenar la escalada del paro mediante un Decreto Ley, aunque sin el consenso de los agentes sociales ante las dificultades para alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado, tras el Consejo de Ministros, que esta iniciativas,cuyo coste será de 1.577 millones de euros, seguirán un trámite de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "este año".
Para el Gobierno, las propuestas ya han sido suficientemente, por lo que ha decidido sacarlas adelante sin el apoyo total de los agentes sociales, que las consideran insuficientes, ante el fuerte incremento del paro.
Refuerzo en el Inem
Entre las medidas que contempla el decreto, se encuentra la autorización a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación, una iniciativa que se venía barajando, pero que no se prevía incluir 'a priori' en el decreto.
De la Vega ha anunciado también que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.
El Gobierno también ha aprobado otras medidas que ya se conocían. La empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%.
Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrrollando su actividad.
Asimismo, se ha incluido la reposición de las prestaciones de los afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal y que posteriormente pierdan su trabajo, hasta un máximo de 120 días.
El Gobierno ha creado una nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las medianas empresas y se permitirá el aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social por parte de los empresarios.
Desacuerdo de los agentes sociales
La CEOE difiere especialmente con las medidas sobre el impulso a la contratación parcial o las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social, aunque su secretario general, José María Lacasa, afirma que, en su conjunto, estas medidas pueden frenar de forma coyuntural la destrucción de empleo.
También los sindicatos creen que estas actuaciones se quedan cortas. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que algunas de las medidas no van en la "dirección adecuada" para resolver los "graves problemas" que tiene que afrontar actualmente la economía española.
El Gobierno aprueba más medidas urgentes para frenar el paro sin el acuerdo de los agentes sociales
Se autoriza a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación sin consumir tiempo de paro.
La empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
De la Vega anunció que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores.
El Gobierno aprobó un Decreto Ley de medidas orientadas a frenar la escalada del paro y a incentivar el crecimiento del empleo, sin el acuerdo con los agentes sociales ante las dificultades para alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que esta iniciativas seguirán un trámite de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "este año".
Entre las medidas que contempla el decreto, se encuentra la autorización a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación, una iniciativa que se venía barajando, pero que no se prevía incluir 'a priori' en el decreto.
Otra de las medidas que inicialmente había quedado fuera de este paquete era la mejora de los servicios públicos de empleo.
Si bien, De la Vega anunció que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.
Además, la empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%.
Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrrollando su actividad.
El Gobierno aprueba más medidas contra el paro
El Gobierno ha aprobado una serie de medidas orientadas a frenar la escalada del paro mediante un Decreto Ley, aunque sin el consenso de los agentes sociales ante las dificultades para alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado, tras el Consejo de Ministros, que esta iniciativas,cuyo coste será de 1.577 millones de euros, seguirán un trámite de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "este año".
Para el Gobierno, las propuestas ya han sido suficientemente, por lo que ha decidido sacarlas adelante sin el apoyo total de los agentes sociales, que las consideran insuficientes, ante el fuerte incremento del paro.
Refuerzo en el Inem
Entre las medidas que contempla el decreto, se encuentra la autorización a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación, una iniciativa que se venía barajando, pero que no se prevía incluir 'a priori' en el decreto.
De la Vega ha anunciado también que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.
El Gobierno también ha aprobado otras medidas que ya se conocían. La empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%.
Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrrollando su actividad.
Asimismo, se ha incluido la reposición de las prestaciones de los afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal y que posteriormente pierdan su trabajo, hasta un máximo de 120 días.
El Gobierno ha creado una nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las medianas empresas y se permitirá el aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social por parte de los empresarios.
Desacuerdo de los agentes sociales
La CEOE difiere especialmente con las medidas sobre el impulso a la contratación parcial o las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social, aunque su secretario general, José María Lacasa, afirma que, en su conjunto, estas medidas pueden frenar de forma coyuntural la destrucción de empleo.
También los sindicatos creen que estas actuaciones se quedan cortas. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que algunas de las medidas no van en la "dirección adecuada" para resolver los "graves problemas" que tiene que afrontar actualmente la economía española.
El Gobierno aprueba más medidas urgentes para frenar el paro sin el acuerdo de los agentes sociales
Se autoriza a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación sin consumir tiempo de paro.
La empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
De la Vega anunció que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores.
El Gobierno aprobó un Decreto Ley de medidas orientadas a frenar la escalada del paro y a incentivar el crecimiento del empleo, sin el acuerdo con los agentes sociales ante las dificultades para alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que esta iniciativas seguirán un trámite de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "este año".
Entre las medidas que contempla el decreto, se encuentra la autorización a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación, una iniciativa que se venía barajando, pero que no se prevía incluir 'a priori' en el decreto.
Otra de las medidas que inicialmente había quedado fuera de este paquete era la mejora de los servicios públicos de empleo.
Si bien, De la Vega anunció que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.
Además, la empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%.
Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrrollando su actividad.
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