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Trabajadores inmigrantes frente a la crisis |
En estos momentos de crisis económica se gestionan las ayudas hacia la banca y los empresarios, en clara redistribución de la renta en favor de los sectores más favorecidos y, al mismo tiempo, se gestionan ajustes estructurales que las élites hacen recaer sobre los trabajadores. El primer colectivo afectado y el que más duramente se va a enfrentar a estos ajustes es el de los migrantes, y no sólo por los sectores en los que estaba ubicado laboralmente, sino porque, pasados los años de supuesta bonanza colectiva, desaparece la multiculturalidad, la integración, el enriquecimiento entre los pueblos, etc. y queda la gestión de las migraciones como factor trabajo por parte de los Estados como agentes de las gerencias empresariales.
Así, y pese a las previstas reformas legales segregadoras, limitadoras de derechos humanos fundamentales, que refuerzan el “espacio social europeo fortaleza” y que conducen la situación vital de los inmigrantes a mero flujo de fuerza de trabajo, se genera una dinámica de expulsión de trabajadores migrantes de cierre de acceso a la renta.
Se ha reducido el contingente de trabajadores para 2009, con la excusa de la prioridad en la recolocación interna de los migrantes.
Dicha recolocación está situada como objetivo más simbólico que real, de un racismo institucional que tiende a propiciar la devolución de mano de obra a sus países de origen, con medidas como el retorno voluntario, con la posibilidad de abono en dos plazos de la prestación por desempleo.
El mensaje es claro: ahora que no tienes trabajo, no hay lugar para ti.
Racismo institucional En ese sentido, puede analizarse la consolidación de la doctrina judicial sobre la denegación de prestación por desempleo a los migrantes que hayan trabajado por cuenta ajena sin la consiguiente autorización administrativa, quedando únicamente la posibilidad de reclamar tales derechos al empresario por la vía de la responsabilidad civil como indemnización por daños causados, lo que hace casi inviable tal reclamación.
En esta línea podemos notar un endurecimiento general de los requisitos para acceder al trabajo continuar trabajando, para la población migrante, incrementando la documentación exigida o retomando exigencias que ya no se venían solicitando (documentación a servicio doméstico sobre la titularidad de la ocupación de la vivienda, certificación de las funciones que se van desarrollar o por ejemplo, requiriendo a las empresas empleadoras en construcción acreditar los proyectos firmados, la facturación, etc).
Igualmente se puede concluir que una interpretación más rigurosa de la normativa existente y unas mayores exigencias documentales se finalizan con un aumento en las denegaciones de la autorización, renovación o modificación para trabajar con autorización administrativa.
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Etiquetas: conocimiento, memoria, monopolios, multitud, politica.
Anónimo
La reforma laboral deberá esperar. En esos términos se expresaban en marzo de 2007 los sindicatos CCOO y UGT.
“Antes hay que cambiar el modelo productivo”, exigían.
El Periódico presentaba el 25 de marzo un titular explícito:
“El Gobierno quiere negociar una nueva reforma laboral este año”.
Uno de los aspectos que el artículo planteaba como estratégicos era la reducción de la temporalidad, algo que sigue en el ideario de los estrategas del mercado de trabajo en España.
El 13 de enero, El País planteaba un reportaje titulado “¿Más flexibilidad laboral en tiempos de crisis?” en el que se podía leer la siguiente afirmación de un profesor de IESE Business School:
“La única manera de acabar con la temporalidad es crear un empleo indefinido más barato, porque los empresarios tienen pánico a los trabajadores de más de 10 o 15 años de antigüedad”.
El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería se ha presentado con discreción, aparentemente sin relación con la teoría que hoy discute una nueva regulación del mercado.
Aparentemente. En la práctica, según Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, esta reforma “lleva a los trabajadores a situaciones de mucha más precariedad”, con ella el Gobierno busca que los inmigrantes paguen una crisis que no generaron.
Para Diego de las Barreras, abogado de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) del Centro Social Seco, el anteproyecto se entiende en un contexto laboral en el que se fomentan todos los pasos a favor de la mayor flexibilización del empleo.
Contratos en origen
En septiembre de 2008 el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, fue corregido públicamente por la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega.
El ministro había asegurado que se iba a cerrar el grifo de la contratación en origen.
La interpretación de las palabras de Corbacho apuntaban en una dirección: en tiempos de crisis, los autóctonos han de tener prioridad para optar a un trabajo.
A pesar de la enmienda de De la Vega, los datos corroboran la previsión del ministro: en diciembre el Estado anunció que se pasaría de 15.731 ofertas de contratos en origen a sólo 901, lo que supone una reducción del 94%.
Para José María Trillo, de la ODS de Patio Maravillas, es el modo que el Gobierno tiene de regular los flujos ya que, con este marco normativo, la contratación en origen “es la única posibilidad que los trabajadores migrantes tienen de venir en situación legal”.
Márquez denuncia que la contratación en origen es una forma de esclavitud “que se basa en la selección de tipo feudal de personas”.
A su juicio el recorte de este modelo de contrato no influye en lo que sucede actualmente, sino que el anuncio del Gobierno obedece a la estrategia de deteriorar la imagen del inmigrante:
“Van en busca de la confrontación de pobres contra pobres”.
Márquez pone el ejemplo de la próxima campaña de la fresa en Huelva:
“Se ha lanzado como un logro que la gente que venga de Marruecos vaya a cobrar unos 3.500 euros por casi cuatro meses de trabajo. Eso supone que cobrarían unos mil euros mensuales en por un trabajo a destajo de 14 horas diarias”.
Es decir, se lanza la idea de que se está ayudando a los trabajadores extranjeros cuando, en realidad, se les impone la explotación.
Restricciones concretas
La Reforma de la Ley de Extranjería viene determinada por el Tribunal Constitucional, que reconoció derechos fundamentales como el de asociación, negados por la ley de 2000.
Se ha dicho que el anteproyecto es sólo una corrección técnica de la ley 4/2000 y el Real Decreto 2393 de 2004 que desarrolla la Ley.
Para Trillo, sin embargo, este borrador pone el marco para que las áreas de trabajo en las que se aplica la normativa, el INEM o la Seguridad Social, apliquen las restricciones:
“De momento se está viendo a quién se puede negar los permisos con unos requisitos como, por ejemplo, pedir a los empleadores una capacidad económica desorbitada. Es un dato aproximativo, pero para poder traer una empleada de hogar se tienen que acreditar en torno a los 40.000 euros al año”.
Según Trillo, “hay instrucciones de que no salga ninguna autorización. El Gobierno ha cerrado el grifo para que exista la inmigración legal hacia España”.
El mayor problema lo tienen las personas que están en situación temporal, es decir, aquéllas que no han alcanzado la residencia de larga duración y están pendientes de la segunda renovación:
“Esto ocurre en el caso de la gente que se está quedando en el paro, que puede llevar más de tres años y no ha estado seis meses con el primer empleador. Antes se les renovaba el permiso. Ahora les están pidiendo que certifiquen por qué dejaron de trabajar con ese empleador. Realmente es lo que ya decía la ley pero había cierta flexibilidad en cuanto que había una demanda de mano de obra para el mercado”.
Trillo considera que desde hace ocho meses “se está siendo tajante” y que se deniegan sin contemplaciones los permisos.
Aplicación práctica
La reforma endurece aquellos puntos que facilitaban el cumplimiento de las disposiciones legales: se castiga el empadronamiento y el alquiler de pisos a inmigrantes en situación irregular, requisitos necesarios para justificar el arraigo.
Para Márquez ésta es una de las cuestiones “más fascistas” de este anteproyecto porque “convierte en delatores a los solidarios y se persigue a la gente que, sin seguir un criterio discriminatorio, alquila pisos a inmigrantes”.
El acceso a la vivienda se convierte en un modo de descartar a la población extranjera una vez que prescribe su permiso de trabajo.
Si no pueden demostrar un arraigo de más de tres años, se les deniega, de forma que sólo les quedan dos opciones: o el regreso a su país de origen o el paso la clandestinidad.
Por otra parte, la carga de las hipotecas es demasiado dura para muchos que, como señala Márquez, se ven obligados a ceder los bancos la propiedad de sus pisos.
La pérdida de los derechos de empadronamiento es una de las consecuencias de este giro en política de flujos migratorios con los que el PSOE se ha acoplado al paso marcado por la UE.
Trillo explica que se han incrementado los efectivos policiales para detener a trabajadores inmigrantes en situación irregular:
“Antes había una brigada que llevaba los expedientes de expulsión; ahora ya se han descentralizado a todas las comisarías. Con la excusa de la situación económica se ha sistematizado el sistema de expulsiones para llevar a cabo este cambio salvaje en la política en migración”.
La vulnerabilidad de las personas sin papeles se evidencia en el incremento de las redadas.
Así, según denuncian las asociaciones, la policía ha realiza redadas en los intercambiadores de transporte y en las puertas de los colegios, para comprobar los papeles e iniciar los trámites de expulsión.
“Antes hay que cambiar el modelo productivo”, exigían.
El Periódico presentaba el 25 de marzo un titular explícito:
“El Gobierno quiere negociar una nueva reforma laboral este año”.
Uno de los aspectos que el artículo planteaba como estratégicos era la reducción de la temporalidad, algo que sigue en el ideario de los estrategas del mercado de trabajo en España.
El 13 de enero, El País planteaba un reportaje titulado “¿Más flexibilidad laboral en tiempos de crisis?” en el que se podía leer la siguiente afirmación de un profesor de IESE Business School:
“La única manera de acabar con la temporalidad es crear un empleo indefinido más barato, porque los empresarios tienen pánico a los trabajadores de más de 10 o 15 años de antigüedad”.
El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería se ha presentado con discreción, aparentemente sin relación con la teoría que hoy discute una nueva regulación del mercado.
Aparentemente. En la práctica, según Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, esta reforma “lleva a los trabajadores a situaciones de mucha más precariedad”, con ella el Gobierno busca que los inmigrantes paguen una crisis que no generaron.
Para Diego de las Barreras, abogado de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) del Centro Social Seco, el anteproyecto se entiende en un contexto laboral en el que se fomentan todos los pasos a favor de la mayor flexibilización del empleo.
Contratos en origen
En septiembre de 2008 el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, fue corregido públicamente por la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega.
El ministro había asegurado que se iba a cerrar el grifo de la contratación en origen.
La interpretación de las palabras de Corbacho apuntaban en una dirección: en tiempos de crisis, los autóctonos han de tener prioridad para optar a un trabajo.
A pesar de la enmienda de De la Vega, los datos corroboran la previsión del ministro: en diciembre el Estado anunció que se pasaría de 15.731 ofertas de contratos en origen a sólo 901, lo que supone una reducción del 94%.
Para José María Trillo, de la ODS de Patio Maravillas, es el modo que el Gobierno tiene de regular los flujos ya que, con este marco normativo, la contratación en origen “es la única posibilidad que los trabajadores migrantes tienen de venir en situación legal”.
Márquez denuncia que la contratación en origen es una forma de esclavitud “que se basa en la selección de tipo feudal de personas”.
A su juicio el recorte de este modelo de contrato no influye en lo que sucede actualmente, sino que el anuncio del Gobierno obedece a la estrategia de deteriorar la imagen del inmigrante:
“Van en busca de la confrontación de pobres contra pobres”.
Márquez pone el ejemplo de la próxima campaña de la fresa en Huelva:
“Se ha lanzado como un logro que la gente que venga de Marruecos vaya a cobrar unos 3.500 euros por casi cuatro meses de trabajo. Eso supone que cobrarían unos mil euros mensuales en por un trabajo a destajo de 14 horas diarias”.
Es decir, se lanza la idea de que se está ayudando a los trabajadores extranjeros cuando, en realidad, se les impone la explotación.
Restricciones concretas
La Reforma de la Ley de Extranjería viene determinada por el Tribunal Constitucional, que reconoció derechos fundamentales como el de asociación, negados por la ley de 2000.
Se ha dicho que el anteproyecto es sólo una corrección técnica de la ley 4/2000 y el Real Decreto 2393 de 2004 que desarrolla la Ley.
Para Trillo, sin embargo, este borrador pone el marco para que las áreas de trabajo en las que se aplica la normativa, el INEM o la Seguridad Social, apliquen las restricciones:
“De momento se está viendo a quién se puede negar los permisos con unos requisitos como, por ejemplo, pedir a los empleadores una capacidad económica desorbitada. Es un dato aproximativo, pero para poder traer una empleada de hogar se tienen que acreditar en torno a los 40.000 euros al año”.
Según Trillo, “hay instrucciones de que no salga ninguna autorización. El Gobierno ha cerrado el grifo para que exista la inmigración legal hacia España”.
El mayor problema lo tienen las personas que están en situación temporal, es decir, aquéllas que no han alcanzado la residencia de larga duración y están pendientes de la segunda renovación:
“Esto ocurre en el caso de la gente que se está quedando en el paro, que puede llevar más de tres años y no ha estado seis meses con el primer empleador. Antes se les renovaba el permiso. Ahora les están pidiendo que certifiquen por qué dejaron de trabajar con ese empleador. Realmente es lo que ya decía la ley pero había cierta flexibilidad en cuanto que había una demanda de mano de obra para el mercado”.
Trillo considera que desde hace ocho meses “se está siendo tajante” y que se deniegan sin contemplaciones los permisos.
Aplicación práctica
La reforma endurece aquellos puntos que facilitaban el cumplimiento de las disposiciones legales: se castiga el empadronamiento y el alquiler de pisos a inmigrantes en situación irregular, requisitos necesarios para justificar el arraigo.
Para Márquez ésta es una de las cuestiones “más fascistas” de este anteproyecto porque “convierte en delatores a los solidarios y se persigue a la gente que, sin seguir un criterio discriminatorio, alquila pisos a inmigrantes”.
El acceso a la vivienda se convierte en un modo de descartar a la población extranjera una vez que prescribe su permiso de trabajo.
Si no pueden demostrar un arraigo de más de tres años, se les deniega, de forma que sólo les quedan dos opciones: o el regreso a su país de origen o el paso la clandestinidad.
Por otra parte, la carga de las hipotecas es demasiado dura para muchos que, como señala Márquez, se ven obligados a ceder los bancos la propiedad de sus pisos.
La pérdida de los derechos de empadronamiento es una de las consecuencias de este giro en política de flujos migratorios con los que el PSOE se ha acoplado al paso marcado por la UE.
Trillo explica que se han incrementado los efectivos policiales para detener a trabajadores inmigrantes en situación irregular:
“Antes había una brigada que llevaba los expedientes de expulsión; ahora ya se han descentralizado a todas las comisarías. Con la excusa de la situación económica se ha sistematizado el sistema de expulsiones para llevar a cabo este cambio salvaje en la política en migración”.
La vulnerabilidad de las personas sin papeles se evidencia en el incremento de las redadas.
Así, según denuncian las asociaciones, la policía ha realiza redadas en los intercambiadores de transporte y en las puertas de los colegios, para comprobar los papeles e iniciar los trámites de expulsión.
Anónimo
Un cayuco con tres inmigrantes muertos ha sido localizado esta noche al sur de Gran Canaria, informaron a Efe fuentes de Salvamento Marítimo.
En la embarcación se encontraban 77 inmigrantes subsaharianos, incluyendo a los tres muertos, posiblemente procedentes de Gambia, de los cuales al menos 10 eran menores, según señalaron la Cruz Roja y la Guardia Civil.
Los inmigrantes, que llevaban navegando entre ocho y 10 días, se hallaban en mal estado de salud a su llegada esta madrugada al puerto de Arguineguin, en el sur de Gran Canaria.
El cayuco fue localizado a 60 millas al sur de Gran Canaria por un avión de reconocimiento del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) del Ejército del Aire.
Tras dar aviso a Salvamento Marítimo, la Salvamar Menkalinan acudió al encuentro de la barca con los inmigrantes y comprobó que había tres cadáveres.
Los restantes 74 ocupantes del cayuco fueron trasladados a una embarcación de la sociedad estatal de salvamento, que finalmente fue la que los dirigió al puerto de Arguineguin.
En la embarcación se encontraban 77 inmigrantes subsaharianos, incluyendo a los tres muertos, posiblemente procedentes de Gambia, de los cuales al menos 10 eran menores, según señalaron la Cruz Roja y la Guardia Civil.
Los inmigrantes, que llevaban navegando entre ocho y 10 días, se hallaban en mal estado de salud a su llegada esta madrugada al puerto de Arguineguin, en el sur de Gran Canaria.
El cayuco fue localizado a 60 millas al sur de Gran Canaria por un avión de reconocimiento del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) del Ejército del Aire.
Tras dar aviso a Salvamento Marítimo, la Salvamar Menkalinan acudió al encuentro de la barca con los inmigrantes y comprobó que había tres cadáveres.
Los restantes 74 ocupantes del cayuco fueron trasladados a una embarcación de la sociedad estatal de salvamento, que finalmente fue la que los dirigió al puerto de Arguineguin.
Anónimo
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que patrullan en las calles de Madrid están recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular.
Según una nota interna, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos.
"Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recoge una nota interna de la comisaría citada y que está fechada el pasado noviembre. Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid han recibido esa misma instrucción.
Las órdenes impartidas sobre extranjeros proceden de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre de 2008. En la nota, a través de la cual se trasladan a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)", recoge el documento.
Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en España es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo.
Los marroquíes, la prioridad
En este sentido, la nota citada recomienda dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley -el Gobierno ya ha anunciado que se ampliará a 60-, se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirma en el documento.
Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que han trasladado a sus superiores quejas por este tipo de instrucciones. SUP, CEP, UFP y SPP han remitido escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes, entre ellas, las que obligan a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas , por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".
Maquillaje de las cifras de delincuencia
Igualmente, los sindicatos policiales se han pronunciado reiteradamente contra el "maquillaje" y la "opacidad" de las cifras de delincuencia que ofrece el Ministerio del Interior.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su portavoz, Mauricio Valiente, afirmó que es "innegable el incremento de la presencia policial y las redadas y operativos masivos que se están produciendo en algunas grandes ciudades, especialmente Madrid y Valencia".
"Entendemos que en puntos concretos como los colegios, donde se hacen identificaciones a los padres, se podrían estar vulnerando derechos fundamentales como el de la educación, porque al final el padre se va a pensar dos veces el llevar al niño al colegio o el acudir a un centro sanitario". Los sindicatos denuncia el "maquillaje" y la "opacidad" de las cifras de delincuencia del Ministerio del Interior.
Según una nota interna, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos.
"Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recoge una nota interna de la comisaría citada y que está fechada el pasado noviembre. Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid han recibido esa misma instrucción.
Las órdenes impartidas sobre extranjeros proceden de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre de 2008. En la nota, a través de la cual se trasladan a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)", recoge el documento.
Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en España es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo.
Los marroquíes, la prioridad
En este sentido, la nota citada recomienda dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley -el Gobierno ya ha anunciado que se ampliará a 60-, se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirma en el documento.
Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que han trasladado a sus superiores quejas por este tipo de instrucciones. SUP, CEP, UFP y SPP han remitido escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes, entre ellas, las que obligan a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas , por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".
Maquillaje de las cifras de delincuencia
Igualmente, los sindicatos policiales se han pronunciado reiteradamente contra el "maquillaje" y la "opacidad" de las cifras de delincuencia que ofrece el Ministerio del Interior.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su portavoz, Mauricio Valiente, afirmó que es "innegable el incremento de la presencia policial y las redadas y operativos masivos que se están produciendo en algunas grandes ciudades, especialmente Madrid y Valencia".
"Entendemos que en puntos concretos como los colegios, donde se hacen identificaciones a los padres, se podrían estar vulnerando derechos fundamentales como el de la educación, porque al final el padre se va a pensar dos veces el llevar al niño al colegio o el acudir a un centro sanitario". Los sindicatos denuncia el "maquillaje" y la "opacidad" de las cifras de delincuencia del Ministerio del Interior.
Anónimo
"La instrucción que tiene la Policía, la política que el Gobierno marca a la Policía, es que nuestra prioridad en relación con los inmigrantes ilegales es detener a aquellos que están vinculados a actividades delictivas", dijo Rubalcaba, que reconoció la existencia de "objetivos cuantitativos".
"Si en un barrio se incrementa el número de robos, el comisario llama a sus unidades y les dice: 'cuidado que ha aumentado el numero de robos, hay que esforzarse para que disminuyan'", manifestó el titular de Interior en una rueda de prensa en Guadalajara.
Rubalcaba reconoció que quizás su departamento tendría que explicar mejor los objetivos cuantitativos de la Ley de Extranjería para que no se produzcan "malentendidos".
En un comunicado, la Policía Nacional aclaró que se existen dos baremos que determinan el número de detenciones: las circunstancias poblacionales y delincuenciales de la zona.
Televisión Española mostró en un informativo un documento que identificó como una copia de la circular interna de la Policía en la que se instruía a los agentes de la comisaría de Vallecas, en Madrid, a detener al menos a 35 extranjeros sin papeles al mes.
La prioridad eran los marroquíes, según el documento, cuyos extractos aparecían también en la prensa el lunes, porque pueden ser expulsados de forma barata porque se hace por carretera.
Algunos sindicatos de policía denunciaban que se ofrecían recompensas a los agentes que hacían estas prácticas, como darles días libres, según informa el diario El Mundo.
"Incluso algunos jefes de grupo (..), decían los policías, que al que no cumpliese esta norma se le cambiaba de puesto de trabajo", dijo Felipe Brihuega, del Sindicato Unificado de Policía, a TVE.
La circular interna, que según informaron diversos medios pedía concentrarse en el colectivo marroquí, ha provocado la indignación de los grupos de inmigrantes.
"No es digno de un Estado de Derecho. No se puede hacer circulares de ese tipo en el sentido de que hay un cupo y la Policía va a buscar a los marroquíes por todos lados", declaró a Reuters Kamal Rahmouni, presidente de ATIME, Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España.
"Si en un barrio se incrementa el número de robos, el comisario llama a sus unidades y les dice: 'cuidado que ha aumentado el numero de robos, hay que esforzarse para que disminuyan'", manifestó el titular de Interior en una rueda de prensa en Guadalajara.
Rubalcaba reconoció que quizás su departamento tendría que explicar mejor los objetivos cuantitativos de la Ley de Extranjería para que no se produzcan "malentendidos".
En un comunicado, la Policía Nacional aclaró que se existen dos baremos que determinan el número de detenciones: las circunstancias poblacionales y delincuenciales de la zona.
Televisión Española mostró en un informativo un documento que identificó como una copia de la circular interna de la Policía en la que se instruía a los agentes de la comisaría de Vallecas, en Madrid, a detener al menos a 35 extranjeros sin papeles al mes.
La prioridad eran los marroquíes, según el documento, cuyos extractos aparecían también en la prensa el lunes, porque pueden ser expulsados de forma barata porque se hace por carretera.
Algunos sindicatos de policía denunciaban que se ofrecían recompensas a los agentes que hacían estas prácticas, como darles días libres, según informa el diario El Mundo.
"Incluso algunos jefes de grupo (..), decían los policías, que al que no cumpliese esta norma se le cambiaba de puesto de trabajo", dijo Felipe Brihuega, del Sindicato Unificado de Policía, a TVE.
La circular interna, que según informaron diversos medios pedía concentrarse en el colectivo marroquí, ha provocado la indignación de los grupos de inmigrantes.
"No es digno de un Estado de Derecho. No se puede hacer circulares de ese tipo en el sentido de que hay un cupo y la Policía va a buscar a los marroquíes por todos lados", declaró a Reuters Kamal Rahmouni, presidente de ATIME, Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España.
Anónimo
Fuentes de los equipos de rescate informaron de que la patera podría contener hasta 28 personas, con lo que el número de desaparecidos superaría la veintena, aunque Salvamento Marítimo por su parte no puede precisar de momento el número exacto de inmigrantes que viajaban en la embarcación.
Entre los fallecidos se encuentran una niña y una mujer, mientras que seis de los tripulantes de la embarcación están ya en tierra después de que se les trasladara hasta el Hospital General de Lanzarote con heridas leves y crisis de ansiedad, según indicaron a Europa Press fuentes el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOE) 112.
Los cadáveres fueron hallados por las zódiac de Emerlan, un servicio de emergencias adscrito al Cabildo de Lanzarote y que participa en la operación, después de que fueran localizados por el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo. En el lugar del suceso, ocurrido en la costa del municipio de Tegüise pasadas las 18.30 horas, participan también dos buques Salvamar, la Guardia Civil y la Cruz Roja.
Entre los fallecidos se encuentran una niña y una mujer, mientras que seis de los tripulantes de la embarcación están ya en tierra después de que se les trasladara hasta el Hospital General de Lanzarote con heridas leves y crisis de ansiedad, según indicaron a Europa Press fuentes el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOE) 112.
Los cadáveres fueron hallados por las zódiac de Emerlan, un servicio de emergencias adscrito al Cabildo de Lanzarote y que participa en la operación, después de que fueran localizados por el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo. En el lugar del suceso, ocurrido en la costa del municipio de Tegüise pasadas las 18.30 horas, participan también dos buques Salvamar, la Guardia Civil y la Cruz Roja.
Anónimo
Por medio de un comunicado, ATIME ha reaccionado así tras conocer la publicación de un documento interno de una comisaría de Madrid en el que se fija como objetivo un cupo mínimo de arrestos y se especifica la preferencia de detenciones de marroquíes por ser "más baratos" de deportar.
Para la asociación de marroquíes, este tipo de detenciones resultan especialmente repulsivas cuando provienen de instituciones como el Cuerpo Nacional de Policía, cuya obligación es velar por la seguridad de los ciudadanos y no perseguirlos de manera indiscriminada.
Además, insta a los partidos políticos a que asuman su responsabilidad y exijan conocer "los verdaderos objetivos de esas operaciones, cuánto tiempo llevan funcionando estas medidas y en qué otros puntos de España se están realizando".
A estos efectos, ATIME ha recordado que la propia organización ha denunciado este tipo de hechos desde el pasado mes de julio en otros puntos de España y en especial en la localidad de Torre-Pacheco, Murcia.
Agresiones racistas
Por otra parte, la Federación Panafricanista de España asegura que el 67% de los últimos inmigrantes expulsados de España son de raza negra. La asociación relaciona este hecho con el interés "del actual gobierno de relacionar inmigración con delincuencia e ir a la caza del negro, aún a pesar de que es el colectivo social que menos delinque y el más pacífico", apuntó en un comunicado.
Además, denunció las agresiones racistas que se producen en España, así como las redadas "sin ningún tipo de excusa" en sus locales del centro de Madrid. "La comunidad negra nos vemos sometidos a un acoso policial constante, sobre todo, en las zonas de Vallecas, Usera, Aluche y Cuatro Caminos", señaló hoy el portavoz de la asociación, Luis Alberto Alarcón, en declaraciones a Europa Press.
Así, esta organización, que agrupa a 78 asociaciones de la comunidad negra y descendientes afincados en España, también acusó a las instituciones de que mientras "los negros reciben palizas y agresiones racistas y segregacionistas, las organizaciones de los blancos reciben las subvenciones". Además aseguran que si los afroamericanos "se atreven" a denunciar las agresiones, se les considera "racistas, radicales y resentidos".
También la ONG Movimiento contra la Intolerancia ha pedido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que investiguen si son ciertas las redadas indiscriminadas contra inmigrantes sin papeles: "La democracia no puede dar carta de legalidad a la cacería de sin papeles", sostiene.
Preocupación de Amnistía Internacional
La responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España, Ángela Iranzo, considera que, si bien el Gobierno tiene un "derecho legítimo a tener políticas de control migratorio, éstas no deben suponer un menoscabo de los derechos fundamentales de las personas migrantes".
Iranzo ha manifestado la "preocupación" de Amnistía por la utilización de "criterios raciales" para la realización de identificaciones, lo que implica "un elemento claramente discriminatorio" porque los policías se guían por la apariencia física de las personas para dar el alto.
Este tipo de prácticas, según AI, "estableden una relación directa entre personas de determinadas nacionalidades y la inseguridad o la delincuencia en España", lo que puede llevar a reforzar "actitudes machistas o xenófobas" en lugar de fomentar "una España democrática y pluralista".
(mas...)
Para la asociación de marroquíes, este tipo de detenciones resultan especialmente repulsivas cuando provienen de instituciones como el Cuerpo Nacional de Policía, cuya obligación es velar por la seguridad de los ciudadanos y no perseguirlos de manera indiscriminada.
Además, insta a los partidos políticos a que asuman su responsabilidad y exijan conocer "los verdaderos objetivos de esas operaciones, cuánto tiempo llevan funcionando estas medidas y en qué otros puntos de España se están realizando".
A estos efectos, ATIME ha recordado que la propia organización ha denunciado este tipo de hechos desde el pasado mes de julio en otros puntos de España y en especial en la localidad de Torre-Pacheco, Murcia.
Agresiones racistas
Por otra parte, la Federación Panafricanista de España asegura que el 67% de los últimos inmigrantes expulsados de España son de raza negra. La asociación relaciona este hecho con el interés "del actual gobierno de relacionar inmigración con delincuencia e ir a la caza del negro, aún a pesar de que es el colectivo social que menos delinque y el más pacífico", apuntó en un comunicado.
Además, denunció las agresiones racistas que se producen en España, así como las redadas "sin ningún tipo de excusa" en sus locales del centro de Madrid. "La comunidad negra nos vemos sometidos a un acoso policial constante, sobre todo, en las zonas de Vallecas, Usera, Aluche y Cuatro Caminos", señaló hoy el portavoz de la asociación, Luis Alberto Alarcón, en declaraciones a Europa Press.
Así, esta organización, que agrupa a 78 asociaciones de la comunidad negra y descendientes afincados en España, también acusó a las instituciones de que mientras "los negros reciben palizas y agresiones racistas y segregacionistas, las organizaciones de los blancos reciben las subvenciones". Además aseguran que si los afroamericanos "se atreven" a denunciar las agresiones, se les considera "racistas, radicales y resentidos".
También la ONG Movimiento contra la Intolerancia ha pedido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que investiguen si son ciertas las redadas indiscriminadas contra inmigrantes sin papeles: "La democracia no puede dar carta de legalidad a la cacería de sin papeles", sostiene.
Preocupación de Amnistía Internacional
La responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España, Ángela Iranzo, considera que, si bien el Gobierno tiene un "derecho legítimo a tener políticas de control migratorio, éstas no deben suponer un menoscabo de los derechos fundamentales de las personas migrantes".
Iranzo ha manifestado la "preocupación" de Amnistía por la utilización de "criterios raciales" para la realización de identificaciones, lo que implica "un elemento claramente discriminatorio" porque los policías se guían por la apariencia física de las personas para dar el alto.
Este tipo de prácticas, según AI, "estableden una relación directa entre personas de determinadas nacionalidades y la inseguridad o la delincuencia en España", lo que puede llevar a reforzar "actitudes machistas o xenófobas" en lugar de fomentar "una España democrática y pluralista".
(mas...)
Anónimo
La Noticia: El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Policía y Guardia Civil, ha dictado una instrucción por la que elimina los cupos semanales para detener inmigrantes.
Si bien los medios informan desde ayer, masivamente, que el Ministerio del Interior habría revertido indicaciones precisas dadas oportunamente para que las fuerzas de seguridad del estado cumplan con cupos predeterminados de inmigrantes detenidos por semana, solo una rigurosa observación por parte de organizaciones humanitarias y la misma comunidad de inmigrantes, dirán si efectivamente esto es así.
La creciente persecución y encarcelamiento de inmigrantes que se lleva a cabo en la toda la Unión Europea y específicamente en el estado español, no obedece a los simples dictados de los gobiernos de turno, sino a una política dirigida y planificada para frenar la entrada y permanencia de personas de otros países (siempre y cuando no sean países centrales) que buscan paliar los efectos de la pobreza predominantes en sus lugares de origen.
Las denuncias que llegan esta vez a los medios y por los que el gobierno español se ha sentido "afectado" no han sido las que permanentemente radican organizaciones de defensa de derechos humanos o de solidaridad con lxs inmigrantes, sino las que efectuara el Sindicato Unificado de Policías (SUP) que ha venido soportando grandes presiones por parte de las autoridades en pos del cumplimiento de un determinado cupo de inmigrantes detenidos por semana.
Quien crea que esta "cacería" ha llegado a su fin, se equivoca.
No está en el espíritu de aquellos que implementan las políticas de control y represión acabar con tales prácticas.
Es probable que por un tiempo estas acciones decaigan o se hagan menos ostensibles, pero el gobierno español jamás entrará en contradicción con lo que es de hecho una política unificada y sistemática hacia la inmigración creada e implementada por toda la unión europea, en especial aquellos que pertenecen al llamado espacio Schengen- Si bien la política es una sola, ésta tiene características particulares de acuerdo a cada uno de los estados.
No es la misma para aquellos que reciben gran cantidad de personas provenientes de países de África, que para aquellos que reciben inmigración predominantemente latinoamericana.
La diferencia es de forma y de métodos específicos de detección y expulsión, pero la base, el eje ideológico es el mismo.
"Tragedia en las costas españolas"
Asistimos ayer a una invasión mediática acerca de la noticia de la patera que dejó 25 personas muertas al volcar a 20 metros de la costa española.
Caras de circunstancia de lxs periodistas de los telediarios, relataban las escenas de dolor y contabilizaban la infinidad de muertos en estos meses e incluso en el último año.
No obstante, lo que quedó evidenciado con esta pantomima es la hipocresía de los grandes medios que no dudan en desgarrase sus vestiduras ante la tragedia vivida por 25 africanxs, pero al mismo tiempo generan una constante matriz de opinión fuertemente racista y xenófoba, como por ejemplo al referirse a la influencia nefasta que tendría la entrada de inmigrantes en relación al auge de la delincuencia, a la merma en los puestos de trabajo, al incremento de la violencia.
Son los mismos medios que callan acerca de las vergonzosas condiciones de vida o de trabajo que padecen amplias capas migratorias en el país, o de las situaciones de discriminación que sufren diariamente.
Que no nos lleve a engaño, esta repentina (y aparente) derogación de los cupos de inmigrantes detenidos que exige el Ministerio del Interior.
Deberá pasar un tiempo y deberemos tener los relatos de lxs propixs interesadxs hasta constatar que efectivamente las condiciones han mejorado.
Por lo pronto, los términos de la resolución Dirección General de Policía y Guardia Civil, ya está redactada en un lenguaje que no proporciona tranquilidad por lo difuso y lo subjetivo de la misma:
"Dicta una instrucción para que toda la Policía la cumpla "de inmediato" que establecerá "únicamente objetivos cualitativos, atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial".
¿Quienes decidirán cuales son los objetivos cualitativos y la problemática delincuencial?
Por mi parte, a priori manifiesto mi duda ante tales declaraciones de Rubalcaba.
Al final, para el estado español un negro siempre es un negro y un sudaca siempre será un sudaca.
Si bien los medios informan desde ayer, masivamente, que el Ministerio del Interior habría revertido indicaciones precisas dadas oportunamente para que las fuerzas de seguridad del estado cumplan con cupos predeterminados de inmigrantes detenidos por semana, solo una rigurosa observación por parte de organizaciones humanitarias y la misma comunidad de inmigrantes, dirán si efectivamente esto es así.
La creciente persecución y encarcelamiento de inmigrantes que se lleva a cabo en la toda la Unión Europea y específicamente en el estado español, no obedece a los simples dictados de los gobiernos de turno, sino a una política dirigida y planificada para frenar la entrada y permanencia de personas de otros países (siempre y cuando no sean países centrales) que buscan paliar los efectos de la pobreza predominantes en sus lugares de origen.
Las denuncias que llegan esta vez a los medios y por los que el gobierno español se ha sentido "afectado" no han sido las que permanentemente radican organizaciones de defensa de derechos humanos o de solidaridad con lxs inmigrantes, sino las que efectuara el Sindicato Unificado de Policías (SUP) que ha venido soportando grandes presiones por parte de las autoridades en pos del cumplimiento de un determinado cupo de inmigrantes detenidos por semana.
Quien crea que esta "cacería" ha llegado a su fin, se equivoca.
No está en el espíritu de aquellos que implementan las políticas de control y represión acabar con tales prácticas.
Es probable que por un tiempo estas acciones decaigan o se hagan menos ostensibles, pero el gobierno español jamás entrará en contradicción con lo que es de hecho una política unificada y sistemática hacia la inmigración creada e implementada por toda la unión europea, en especial aquellos que pertenecen al llamado espacio Schengen- Si bien la política es una sola, ésta tiene características particulares de acuerdo a cada uno de los estados.
No es la misma para aquellos que reciben gran cantidad de personas provenientes de países de África, que para aquellos que reciben inmigración predominantemente latinoamericana.
La diferencia es de forma y de métodos específicos de detección y expulsión, pero la base, el eje ideológico es el mismo.
"Tragedia en las costas españolas"
Asistimos ayer a una invasión mediática acerca de la noticia de la patera que dejó 25 personas muertas al volcar a 20 metros de la costa española.
Caras de circunstancia de lxs periodistas de los telediarios, relataban las escenas de dolor y contabilizaban la infinidad de muertos en estos meses e incluso en el último año.
No obstante, lo que quedó evidenciado con esta pantomima es la hipocresía de los grandes medios que no dudan en desgarrase sus vestiduras ante la tragedia vivida por 25 africanxs, pero al mismo tiempo generan una constante matriz de opinión fuertemente racista y xenófoba, como por ejemplo al referirse a la influencia nefasta que tendría la entrada de inmigrantes en relación al auge de la delincuencia, a la merma en los puestos de trabajo, al incremento de la violencia.
Son los mismos medios que callan acerca de las vergonzosas condiciones de vida o de trabajo que padecen amplias capas migratorias en el país, o de las situaciones de discriminación que sufren diariamente.
Que no nos lleve a engaño, esta repentina (y aparente) derogación de los cupos de inmigrantes detenidos que exige el Ministerio del Interior.
Deberá pasar un tiempo y deberemos tener los relatos de lxs propixs interesadxs hasta constatar que efectivamente las condiciones han mejorado.
Por lo pronto, los términos de la resolución Dirección General de Policía y Guardia Civil, ya está redactada en un lenguaje que no proporciona tranquilidad por lo difuso y lo subjetivo de la misma:
"Dicta una instrucción para que toda la Policía la cumpla "de inmediato" que establecerá "únicamente objetivos cualitativos, atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial".
¿Quienes decidirán cuales son los objetivos cualitativos y la problemática delincuencial?
Por mi parte, a priori manifiesto mi duda ante tales declaraciones de Rubalcaba.
Al final, para el estado español un negro siempre es un negro y un sudaca siempre será un sudaca.
Anónimo
No nos encontramos en el momento más adecuado para formalizar nuevos compromisos internacionales, es la respuesta dada por el Gabinete de la Presidencia del Gobierno a una carta dirigida a Rodríguez Zapatero.
El 18 de diciembre del pasado año, un colectivo de organizaciones hicimos entrega, en el Palacio de La Moncloa, de una carta en la cual preguntábamos al Presidente del Gobierno su opinión sobre la ratificación de la Convención de la ONU sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias por parte de nuestro país.
Cuestión de especial relevancia social en un momento de redadas indiscriminadas hacia las personas inmigrantes y de serias acusaciones de malos tratos en centros de internamiento.
Las polémicas actuaciones de la policía nacional en Madrid, sustentadas en una política de cupos semanales de detenciones de inmigrantes, y las preocupantes declaraciones del Ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, vinculando inmigración y delincuencia, sitúan en el centro del debate social la necesidad de suscribir acuerdos internacionales que prohíban y dificulten la vulneración de los derechos humanos de las personas inmigrantes.
La citada Convención de la ONU establece una serie de derechos humanos básicos de los trabajadores migratorios y sus familiares que todo Estado debe proteger, independientemente de la situación administrativa de la persona, que dificultarían extremadamente la adopción de políticas de acoso hacia la población inmigrante e incluso pondrían en cuestión la existencia misma de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
Si bien las organizaciones firmantes de la carta agradecemos la pronta contestación y la claridad en el posicionamiento del Presidente del Gobierno respecto de sus intenciones de no ratificar la Convención de ONU en un futuro cercano, nos sentimos obligadas a mostrar nuestra disconformidad y preocupación por los argumentos esgrimidos por Presidencia para justificar su postura.
Dos son los argumentos utilizados para estimar inoportuna la firma, en estos momentos, de la Convención: los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea en materia de inmigración y la próxima reforma de la ley de extranjería que desaconseja adquirir compromisos internacionales hasta que no se hayan aprobado en el parlamento las modificaciones normativas pertinentes.
Nos preocupa la constante y reiterada alusión a la Unión Europea como excusa para justificar reformas legislativas que retroceden en garantías y lesionan derechos fundamentales, como la ley de extranjería y la ley de asilo, y en este caso concreto, para eludir nuevos compromisos internacionales referidos a la protección de los derechos humanos.
Compromisos internacionales que pueden entrar en contradicción con las nuevas medidas de control de la inmigración anunciadas por el Gobierno y recogidas en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería.
En este sentido observamos con creciente preocupación la convergencia de nuestro Gobierno con las tesis mantenidas por los Gobiernos europeos más conservadores y la obsesión comunitaria por las políticas de seguridad, el control de los flujos migratorios y el blindaje de fronteras.
Obsesión que acarrea descuidos en la protección de derechos fundamentales e incluso retrocesos en los derechos reconocidos a inmigrantes y refugiados, como así ha ocurrido con la aprobación en el Parlamento Europeo de la Directiva de Retorno.
Europa no puede ser la excusa.
Cada Estado europeo es soberano y tiene autonomía suficiente para ratificar convenios y tratados internacionales, sobre todo cuando éstos emanan de la ONU y protegen aspectos relacionados con los derechos humanos.
La Convención de la ONU sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares constituye un imperativo ético, jurídico y político para todos los Estados miembros de Naciones Unidas y su ratificación es una exigencia de la sociedad civil internacional a sus gobiernos, como quedó recogido en la Declaración del III Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en Rivas en septiembre de 2008.
El proyecto de reforma de la ley de extranjería aprobado por el Consejo de Ministros profundiza en la línea marcada por Europa y se encuentra en contradicción con el espíritu de la Convención de la ONU.
Medidas como la ampliación del periodo de detención en Centros de Internamiento, los obstáculos a la reagrupación familiar o las restricciones a los procesos de regularización; retroceden en los derechos y garantías reconocidas a los inmigrantes en nuestro país y contribuirán a provocar nuevas situaciones de vulnerabilidad y marginalidad social entre el colectivo.
Situaciones que pueden favorecer a la aparición de actitudes xenófobas y racistas, especialmente en un contexto de crisis económica.
Las organizaciones firmantes de este comunicado, por todo lo expuesto, mostramos nuestro desacuerdo con los argumentos dados por Presidencia del Gobierno para justificar la no ratificación de la Convención de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias y nos reafirmamos en nuestra exigencia al Gobierno de que promueva la ratificación de la Convención en el Parlamento español.
Organizaciones firmantes:
Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR)
Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE)
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)
Red Acoge
Red Europea contra el Racismo (ENAR España)
SOS Racismo de Madrid
Unión Sindical Obrera (USO)
Centro Uruguayo de Madrid
El 18 de diciembre del pasado año, un colectivo de organizaciones hicimos entrega, en el Palacio de La Moncloa, de una carta en la cual preguntábamos al Presidente del Gobierno su opinión sobre la ratificación de la Convención de la ONU sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias por parte de nuestro país.
Cuestión de especial relevancia social en un momento de redadas indiscriminadas hacia las personas inmigrantes y de serias acusaciones de malos tratos en centros de internamiento.
Las polémicas actuaciones de la policía nacional en Madrid, sustentadas en una política de cupos semanales de detenciones de inmigrantes, y las preocupantes declaraciones del Ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, vinculando inmigración y delincuencia, sitúan en el centro del debate social la necesidad de suscribir acuerdos internacionales que prohíban y dificulten la vulneración de los derechos humanos de las personas inmigrantes.
La citada Convención de la ONU establece una serie de derechos humanos básicos de los trabajadores migratorios y sus familiares que todo Estado debe proteger, independientemente de la situación administrativa de la persona, que dificultarían extremadamente la adopción de políticas de acoso hacia la población inmigrante e incluso pondrían en cuestión la existencia misma de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
Si bien las organizaciones firmantes de la carta agradecemos la pronta contestación y la claridad en el posicionamiento del Presidente del Gobierno respecto de sus intenciones de no ratificar la Convención de ONU en un futuro cercano, nos sentimos obligadas a mostrar nuestra disconformidad y preocupación por los argumentos esgrimidos por Presidencia para justificar su postura.
Dos son los argumentos utilizados para estimar inoportuna la firma, en estos momentos, de la Convención: los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea en materia de inmigración y la próxima reforma de la ley de extranjería que desaconseja adquirir compromisos internacionales hasta que no se hayan aprobado en el parlamento las modificaciones normativas pertinentes.
Nos preocupa la constante y reiterada alusión a la Unión Europea como excusa para justificar reformas legislativas que retroceden en garantías y lesionan derechos fundamentales, como la ley de extranjería y la ley de asilo, y en este caso concreto, para eludir nuevos compromisos internacionales referidos a la protección de los derechos humanos.
Compromisos internacionales que pueden entrar en contradicción con las nuevas medidas de control de la inmigración anunciadas por el Gobierno y recogidas en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería.
En este sentido observamos con creciente preocupación la convergencia de nuestro Gobierno con las tesis mantenidas por los Gobiernos europeos más conservadores y la obsesión comunitaria por las políticas de seguridad, el control de los flujos migratorios y el blindaje de fronteras.
Obsesión que acarrea descuidos en la protección de derechos fundamentales e incluso retrocesos en los derechos reconocidos a inmigrantes y refugiados, como así ha ocurrido con la aprobación en el Parlamento Europeo de la Directiva de Retorno.
Europa no puede ser la excusa.
Cada Estado europeo es soberano y tiene autonomía suficiente para ratificar convenios y tratados internacionales, sobre todo cuando éstos emanan de la ONU y protegen aspectos relacionados con los derechos humanos.
La Convención de la ONU sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares constituye un imperativo ético, jurídico y político para todos los Estados miembros de Naciones Unidas y su ratificación es una exigencia de la sociedad civil internacional a sus gobiernos, como quedó recogido en la Declaración del III Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en Rivas en septiembre de 2008.
El proyecto de reforma de la ley de extranjería aprobado por el Consejo de Ministros profundiza en la línea marcada por Europa y se encuentra en contradicción con el espíritu de la Convención de la ONU.
Medidas como la ampliación del periodo de detención en Centros de Internamiento, los obstáculos a la reagrupación familiar o las restricciones a los procesos de regularización; retroceden en los derechos y garantías reconocidas a los inmigrantes en nuestro país y contribuirán a provocar nuevas situaciones de vulnerabilidad y marginalidad social entre el colectivo.
Situaciones que pueden favorecer a la aparición de actitudes xenófobas y racistas, especialmente en un contexto de crisis económica.
Las organizaciones firmantes de este comunicado, por todo lo expuesto, mostramos nuestro desacuerdo con los argumentos dados por Presidencia del Gobierno para justificar la no ratificación de la Convención de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias y nos reafirmamos en nuestra exigencia al Gobierno de que promueva la ratificación de la Convención en el Parlamento español.
Organizaciones firmantes:
Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR)
Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE)
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)
Red Acoge
Red Europea contra el Racismo (ENAR España)
SOS Racismo de Madrid
Unión Sindical Obrera (USO)
Centro Uruguayo de Madrid
Anónimo
En rueda de prensa, la embajadora boliviana explicó que coincidiendo con las informaciones sobre el establecimiento de un cupo de detenidos en las comisarías de Madrid, los consulados bolivianos han registrado un incremento de quejas.
"En algunos casos, las detenciones se han realizado en las puertas, en las cercanías de las oficinas consulares, como en Madrid y en Murcia, y en otros casos como en Valencia, según las informaciones de los ciudadanos bolivianos y las asociaciones de inmigrantes, incluso allanando domicilios", explicó la embajadora.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció que la Policía detiene a cupos de extranjeros, pero pero luego terminó rectificando y aseguró que no hay "objetivos cuantitativos" sino "cualitativos". Posteriormente, se volvió a desdecir a sí mismo y aseguró que "los responsables policiales" no han dado orden "ni verbal ni escrita" de establecer un cupo de arrestos.
Almendras Camargo expresó la "preocupación" de su país por las informaciones publicadas en los últimos días y explicó que estas medidas afectan de manera especial a sus compatriotas, ya que el 70% de los alrededor de 250.000 inmigrantes bolivianos que se encuentran en España no tienen documentos.
Además, rechazó que, de esta manera, se esté vinculando la delincuencia con "una infracción administrativa", derivada de no tener la documentación exigida, y subrayó que el boliviano es un colectivo "pacífico".
Por todo ello, Almendras Camargo aseguró que la Embajada "no puede renunciar a la defensa de sus ciudadanos, acudiendo a cualquier mecanismo que corresponda". De momento, explicó, el Ministerio español de Asuntos Exteriores, ya "tiene conocimiento de la posición de preocupación" de Bolivia por este asunto a través de "notas verbales" y, además, se están "gestionando" reuniones para "conversar directamente, de manera que, si es necesario, "se depuren las responsabilidades" pertinentes.
Asimismo, la embajadora afirmó que se ha hecho llegar al Defensor del Pueblo denuncias de casos concretos de detenciones, que se están realizando en unas condiciones de "atropello" que "antes no se registraban".
La representante diplomática no tiene datos oficiales de este aumento, pero aseguró que cuando se puedan comparar con los registrados hasta 2008 -que hablan de 1.200 expediente de expulsión abiertos al mes y 800 deportaciones anuales- se podrá constatar "un incremento notable" de los expedientes de expulsión. No obstante, especificó, el número de bolivianos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no ha aumentado.
En cualquier caso, se mostró confiada en que la situación se reconduzca y el Gobierno español cumpla "su compromiso" de ejecutar sus normas de control de la inmigración con "todas las garantías de respeto escrupuloso de los Derechos Humanos".
Además, la embajadora explicó que este momento sería bueno también para "profundizar" en el debate de la inmigración y sus causas, que, dijo, derivan de las "asimetrías" entre las sociedades. Preguntada por cómo está afectando la crisis en España a sus compatriotas, Almendras Camargo indicó que por las informaciones que dispone de las aerolíneas, de personas que compran sólo billete de ida para el país latinoamericano, desde que la situación económica empeoró de manera considerable están regresando unos 60 bolivianos a la semana, es decir, unos 240 al mes.
"En algunos casos, las detenciones se han realizado en las puertas, en las cercanías de las oficinas consulares, como en Madrid y en Murcia, y en otros casos como en Valencia, según las informaciones de los ciudadanos bolivianos y las asociaciones de inmigrantes, incluso allanando domicilios", explicó la embajadora.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció que la Policía detiene a cupos de extranjeros, pero pero luego terminó rectificando y aseguró que no hay "objetivos cuantitativos" sino "cualitativos". Posteriormente, se volvió a desdecir a sí mismo y aseguró que "los responsables policiales" no han dado orden "ni verbal ni escrita" de establecer un cupo de arrestos.
Almendras Camargo expresó la "preocupación" de su país por las informaciones publicadas en los últimos días y explicó que estas medidas afectan de manera especial a sus compatriotas, ya que el 70% de los alrededor de 250.000 inmigrantes bolivianos que se encuentran en España no tienen documentos.
Además, rechazó que, de esta manera, se esté vinculando la delincuencia con "una infracción administrativa", derivada de no tener la documentación exigida, y subrayó que el boliviano es un colectivo "pacífico".
Por todo ello, Almendras Camargo aseguró que la Embajada "no puede renunciar a la defensa de sus ciudadanos, acudiendo a cualquier mecanismo que corresponda". De momento, explicó, el Ministerio español de Asuntos Exteriores, ya "tiene conocimiento de la posición de preocupación" de Bolivia por este asunto a través de "notas verbales" y, además, se están "gestionando" reuniones para "conversar directamente, de manera que, si es necesario, "se depuren las responsabilidades" pertinentes.
Asimismo, la embajadora afirmó que se ha hecho llegar al Defensor del Pueblo denuncias de casos concretos de detenciones, que se están realizando en unas condiciones de "atropello" que "antes no se registraban".
La representante diplomática no tiene datos oficiales de este aumento, pero aseguró que cuando se puedan comparar con los registrados hasta 2008 -que hablan de 1.200 expediente de expulsión abiertos al mes y 800 deportaciones anuales- se podrá constatar "un incremento notable" de los expedientes de expulsión. No obstante, especificó, el número de bolivianos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no ha aumentado.
En cualquier caso, se mostró confiada en que la situación se reconduzca y el Gobierno español cumpla "su compromiso" de ejecutar sus normas de control de la inmigración con "todas las garantías de respeto escrupuloso de los Derechos Humanos".
Además, la embajadora explicó que este momento sería bueno también para "profundizar" en el debate de la inmigración y sus causas, que, dijo, derivan de las "asimetrías" entre las sociedades. Preguntada por cómo está afectando la crisis en España a sus compatriotas, Almendras Camargo indicó que por las informaciones que dispone de las aerolíneas, de personas que compran sólo billete de ida para el país latinoamericano, desde que la situación económica empeoró de manera considerable están regresando unos 60 bolivianos a la semana, es decir, unos 240 al mes.
Anónimo
El actual ministro del Interior del reino, Alfredo Pérez Rubalcaba, catedrático de química hace décadas, decidió convertirse en funcionario de la política.
En su trayectoria ha cubierto una variada gama de cargos institucionales. Diputado, portavoz, secretario de Estado, etcétera. Considerado uno de los pilares de la organización, es un hombre oscuro que navega en las cloacas del sistema. De él resaltan su fama de conciliador. No en vano se le asignó el papel de negociador con ETA. Igualmente, cuando hay cortocircuito con el Partido Popular se le llama para limar asperezas acercando posiciones.
Se vanagloria de ser amigo de los miembros más reaccionarios del Partido Popular, compartir aficiones y tribuna en el estadio del Real Madrid, Santiago Bernabeu.
Pues bien, en tanto director de las políticas de inmigración, extiende un comunicado a los aparatos de seguridad del Estado sobre objetivos y cuotas de expulsión de inmigrantes, sean legales o no.
Se trata de una circular transparente por su contenido. Aunque descargando su autoría a subordinados, todo apunta a ser su autor intelectual o directo.
Sea como fuere, alguien deslizó el documento a la prensa. Pero, ¿qué dice la circular? A la sazón, subraya la necesidad de expulsar 35 inmigrantes diariamente.
Lo anterior explica en parte el solapado aumento del racismo y la xenofobia, del cual beben el Partido Socialista, el Popular, CIU en Cataluña o el PNV en el País Vasco. Con honrosas excepciones, provenientes de la izquierda anticapitalista, es difícil medir el grado de confluencia, en materia de inmigración, cuando se trata de aplicar medidas represivas.
Su máxima tiene una lógica: expulsad, cuanto más, mejor.
En crisis, los inmigrantes constituyen un problema, aumentan los riesgos de conflictos sociales y elevan las tasas de desempleo.
Por esta razón, desde hace algún tiempo, es común tener conocimiento, por organizaciones como SOS Racismo o la Asociación de Derechos Humanos, de tratos vejatorios a ciudadanos de países africanos, asiáticos y latinoamericanos cuando son detenidos para tramitar su expediente de expulsión.
En muchos casos, sin ninguna causa justificada.
Para quienes no sepan la cifra de expulsados diremos que oficialmente supera el centenar al día.
El primer colador son los aeropuertos.
Los de Barcelona y Madrid se llevan la palma.
Las autoridades del Ministerio del Interior recomiendan tener los ojos abiertos, guardar celosamente sus fronteras.
Bajo la ley de extranjería y la directiva de la vergüenza, aprobada por el Parlamento europeo, se lleva a cabo un proceso de selección que pasa desapercibido para la población en el Estado español.
Los detenidos no tienen posibilidades de protestar ni de expresar el trato indigno al que son sometidos.
Están en tierra de nadie.
Son invisibles para los medios de comunicación social. Su estancia en el país es breve.
Obligados a permanecer en estrechas habitaciones, muchas veces sin comida, agua ni aseo personal, se limitan sus movimientos y se les trata como delincuentes, con perdón de los derechos de los delincuentes.
Es la manera de intimidar, de romper la dignidad. Los cuerpos de seguridad del Estado buscan crear un entorno donde los detenidos se sientan culpables y deseen abandonar España.
El regreso es una salida al sufrimiento.
Pero antes de ser expulsados por la puerta chica, deben firmar un documento que exonera a sus guardianes de malos tratos.
Es la vieja táctica de las dictaduras.
Si quieres recuperar tu libertad debes arrodillarte y dejar en claro que no hay torturas síquicas ni físicas.
Mientras dura esa humillación se les traslada a centros de confinamiento, verdaderos campos de concentración habilitados en el aeropuerto, donde pasan el tiempo y les tramitan los papeles de extradición inmediata.
En ocasiones no llega a las 24 horas su permanencia en dichas cárceles encubiertas. Se busca celeridad.
Consumar la violación del habeas corpus y los derechos humanos. Se les niega la llamada telefónica a sus consulados.
Resulta común ver caras llorosas, tristeza y sentimientos de impotencia en las puertas de las llegadas internacionales de los aeropuertos de Barajas, en Madrid, o El Prat, en Barcelona.
Tristeza, cuando hermanos o esposas no han pasado la barrera urdida tras bajar del avión.
De esta manera se consuma la expulsión sin pasar por ningún juez. La explicación: no han pisado territorio español.
Desde criterios económicos, no poseer tarjeta de crédito, desconocer rutas turísticas o monumentos, la repatriación es inmediata.
Por mucho que traiga consigo un billete de ida y vuelta, no hay misericordia.
Se está sometido al arbitrio policial.
Ahora bien, si por alguna casualidad ciudadanos del primer mundo y de países considerados fiables tienen problemas de visa u otro similar, el trato es deferente.
Australianos, canadienses, japoneses o estadunidenses, entre otros. Salvo si son pillados in fraganti en delitos de posesión y tráfico de drogas, tienen entrada libre.
Por consiguiente, a pesar de quienes señalen lo contrario, el reino de España se configura como un Estado donde la xenofobia y el racismo forman parte de la idiosincrasia del país.
Así, la decisión del Ministro del Interior de expulsar por lo menos 35 inmigrantes cada día no encontró demasiados detractores.
Más bien, el silencio y la anuencia del reino Borbón.
Ahora esta directiva de los 35 pone en indefensión a los inmigrantes en las calles de las ciudades, pueblos y lugares recónditos de la geografía española.
Bienvenida la caza del inmigrante.
En su trayectoria ha cubierto una variada gama de cargos institucionales. Diputado, portavoz, secretario de Estado, etcétera. Considerado uno de los pilares de la organización, es un hombre oscuro que navega en las cloacas del sistema. De él resaltan su fama de conciliador. No en vano se le asignó el papel de negociador con ETA. Igualmente, cuando hay cortocircuito con el Partido Popular se le llama para limar asperezas acercando posiciones.
Se vanagloria de ser amigo de los miembros más reaccionarios del Partido Popular, compartir aficiones y tribuna en el estadio del Real Madrid, Santiago Bernabeu.
Pues bien, en tanto director de las políticas de inmigración, extiende un comunicado a los aparatos de seguridad del Estado sobre objetivos y cuotas de expulsión de inmigrantes, sean legales o no.
Se trata de una circular transparente por su contenido. Aunque descargando su autoría a subordinados, todo apunta a ser su autor intelectual o directo.
Sea como fuere, alguien deslizó el documento a la prensa. Pero, ¿qué dice la circular? A la sazón, subraya la necesidad de expulsar 35 inmigrantes diariamente.
Lo anterior explica en parte el solapado aumento del racismo y la xenofobia, del cual beben el Partido Socialista, el Popular, CIU en Cataluña o el PNV en el País Vasco. Con honrosas excepciones, provenientes de la izquierda anticapitalista, es difícil medir el grado de confluencia, en materia de inmigración, cuando se trata de aplicar medidas represivas.
Su máxima tiene una lógica: expulsad, cuanto más, mejor.
En crisis, los inmigrantes constituyen un problema, aumentan los riesgos de conflictos sociales y elevan las tasas de desempleo.
Por esta razón, desde hace algún tiempo, es común tener conocimiento, por organizaciones como SOS Racismo o la Asociación de Derechos Humanos, de tratos vejatorios a ciudadanos de países africanos, asiáticos y latinoamericanos cuando son detenidos para tramitar su expediente de expulsión.
En muchos casos, sin ninguna causa justificada.
Para quienes no sepan la cifra de expulsados diremos que oficialmente supera el centenar al día.
El primer colador son los aeropuertos.
Los de Barcelona y Madrid se llevan la palma.
Las autoridades del Ministerio del Interior recomiendan tener los ojos abiertos, guardar celosamente sus fronteras.
Bajo la ley de extranjería y la directiva de la vergüenza, aprobada por el Parlamento europeo, se lleva a cabo un proceso de selección que pasa desapercibido para la población en el Estado español.
Los detenidos no tienen posibilidades de protestar ni de expresar el trato indigno al que son sometidos.
Están en tierra de nadie.
Son invisibles para los medios de comunicación social. Su estancia en el país es breve.
Obligados a permanecer en estrechas habitaciones, muchas veces sin comida, agua ni aseo personal, se limitan sus movimientos y se les trata como delincuentes, con perdón de los derechos de los delincuentes.
Es la manera de intimidar, de romper la dignidad. Los cuerpos de seguridad del Estado buscan crear un entorno donde los detenidos se sientan culpables y deseen abandonar España.
El regreso es una salida al sufrimiento.
Pero antes de ser expulsados por la puerta chica, deben firmar un documento que exonera a sus guardianes de malos tratos.
Es la vieja táctica de las dictaduras.
Si quieres recuperar tu libertad debes arrodillarte y dejar en claro que no hay torturas síquicas ni físicas.
Mientras dura esa humillación se les traslada a centros de confinamiento, verdaderos campos de concentración habilitados en el aeropuerto, donde pasan el tiempo y les tramitan los papeles de extradición inmediata.
En ocasiones no llega a las 24 horas su permanencia en dichas cárceles encubiertas. Se busca celeridad.
Consumar la violación del habeas corpus y los derechos humanos. Se les niega la llamada telefónica a sus consulados.
Resulta común ver caras llorosas, tristeza y sentimientos de impotencia en las puertas de las llegadas internacionales de los aeropuertos de Barajas, en Madrid, o El Prat, en Barcelona.
Tristeza, cuando hermanos o esposas no han pasado la barrera urdida tras bajar del avión.
De esta manera se consuma la expulsión sin pasar por ningún juez. La explicación: no han pisado territorio español.
Desde criterios económicos, no poseer tarjeta de crédito, desconocer rutas turísticas o monumentos, la repatriación es inmediata.
Por mucho que traiga consigo un billete de ida y vuelta, no hay misericordia.
Se está sometido al arbitrio policial.
Ahora bien, si por alguna casualidad ciudadanos del primer mundo y de países considerados fiables tienen problemas de visa u otro similar, el trato es deferente.
Australianos, canadienses, japoneses o estadunidenses, entre otros. Salvo si son pillados in fraganti en delitos de posesión y tráfico de drogas, tienen entrada libre.
Por consiguiente, a pesar de quienes señalen lo contrario, el reino de España se configura como un Estado donde la xenofobia y el racismo forman parte de la idiosincrasia del país.
Así, la decisión del Ministro del Interior de expulsar por lo menos 35 inmigrantes cada día no encontró demasiados detractores.
Más bien, el silencio y la anuencia del reino Borbón.
Ahora esta directiva de los 35 pone en indefensión a los inmigrantes en las calles de las ciudades, pueblos y lugares recónditos de la geografía española.
Bienvenida la caza del inmigrante.
Anónimo
La embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, denunció la intensificación de controles en el metro, paradas de autobuses, centros de trabajo y domicilios de emigrantes, tratados como delincuentes sólo por cometer infracciones administrativas.
Almendras informó que hasta enero se habían iniciado unos mil 200 trámites de expulsión.
Varios políticos europeos insinuaron que los inmigrantes tienen la culpa de la crisis y el Parlamento Europeo aprobó una Directiva que sanciona a los empleadores de emigrantes ilegales.
Desde que la Unión Europea (UE) endureció su política inmigratoria con la Directiva de Retorno, los políticos han tendido a culpar de la crisis europea a los emigrantes, afirmó Lorenzo Cachón Rodríguez, doctor en sociología y especialista en inmigración de la Universidad Complutense de Madrid en entrevista con el diario La Nación, de Argentina.
La gente común interpreta que hay desempleo porque hay mucha inmigración y proliferan protestas y huelgas para rechazar la contratación de trabajadores de otros países. Así, los extranjeros se convierten en chivos expiatorios de la crisis, explicó Cachón Rodríguez.
Almendras informó que hasta enero se habían iniciado unos mil 200 trámites de expulsión.
Varios políticos europeos insinuaron que los inmigrantes tienen la culpa de la crisis y el Parlamento Europeo aprobó una Directiva que sanciona a los empleadores de emigrantes ilegales.
Desde que la Unión Europea (UE) endureció su política inmigratoria con la Directiva de Retorno, los políticos han tendido a culpar de la crisis europea a los emigrantes, afirmó Lorenzo Cachón Rodríguez, doctor en sociología y especialista en inmigración de la Universidad Complutense de Madrid en entrevista con el diario La Nación, de Argentina.
La gente común interpreta que hay desempleo porque hay mucha inmigración y proliferan protestas y huelgas para rechazar la contratación de trabajadores de otros países. Así, los extranjeros se convierten en chivos expiatorios de la crisis, explicó Cachón Rodríguez.
Anónimo
Rubalcaba es un mercenario entregado a la defensa del Estado en sus niveles más ocultos.
No pienso de ninguna manera que vaya a alcanzar el grado del mítico Duguesclín, supuesto autor de la célebre frase con que parodio el encabezamiento de estas líneas, mientras agarraba la pierna de Pedro, llamado el Cruel, en beneficio de su señor, el regicida Enrique de Trastamara, llamado el Fratricida.
Volviendo al vasallo Rubalcaba compruebo una vez más que miente más que habla.
Y miente cuando dice simultáneamente no haber sido él el que fijara la orden ni que ésta existiera, entre otras cosas porque al poco él mismo reconoce los cupos semanales.
Y es falso que Interior haya anulado la orden de practicar detenciones masivas ilegales porque el ritmo de detenciones continúa igual que antes.
Me consta –y consta en numerosos autos- que el control judicial de las expulsiones en la última semana no ha bajado en volumen al de los últimos meses.
Sólo en la capital madrileña son detenidos a diario y puestos a disposición judicial varias docenas de inmigrantes, que no delincuentes, aunque compartan celdas y tratos más vejatorios.
En buena parte de los casos se trata de residentes con un arraigo más que palmario (muy superior en todo a sus requisitos reglamentarios), que sin embargo no han obtenido su regularización o la han perdido por la propia orientación de la legislación de extranjería, que peca de lo que presume: la integración de los extranjeros:
"Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social".
Pocas veces el uso de las comillas resulta desgraciadamente tan apropiado.
La perversión del sistema legal es tal que las víctimas se consideran culpables, aun si saber a ciencia cierta cuál es el delito que cometieron.
En un tiempo tan dado a abusar de la posición de víctimas, he conocido casos donde son ellos los que se disculpan por su cinismo, como si la solución a sus desdichas hubiera pasado exclusivamente por sus manos.
A este señor tan circunspecto un año atrás le comparé con Martínez Anido, un sicario de cuello duro y abultada hoja de servicios al Estado.
Podría parecer un exceso, si el actual ministro de Interior y diputado por ¡Cádiz! no estuviera empeñado en demostrar lo contrario.
Quién va de exceso en exceso es él.
Lleva camino de convertirse en uno de lo más siniestros ministros de todas las épocas.
Lo de siniestro no debe confundirse políticamente con el concepto de izquierda: está tan a la derecha como el propio Martínez Anido y bajando a las cloacas del Estado y del mismísimo infierno sin parar hasta encontrarle.
Blas López-Angulo
No pienso de ninguna manera que vaya a alcanzar el grado del mítico Duguesclín, supuesto autor de la célebre frase con que parodio el encabezamiento de estas líneas, mientras agarraba la pierna de Pedro, llamado el Cruel, en beneficio de su señor, el regicida Enrique de Trastamara, llamado el Fratricida.
Volviendo al vasallo Rubalcaba compruebo una vez más que miente más que habla.
Y miente cuando dice simultáneamente no haber sido él el que fijara la orden ni que ésta existiera, entre otras cosas porque al poco él mismo reconoce los cupos semanales.
Y es falso que Interior haya anulado la orden de practicar detenciones masivas ilegales porque el ritmo de detenciones continúa igual que antes.
Me consta –y consta en numerosos autos- que el control judicial de las expulsiones en la última semana no ha bajado en volumen al de los últimos meses.
Sólo en la capital madrileña son detenidos a diario y puestos a disposición judicial varias docenas de inmigrantes, que no delincuentes, aunque compartan celdas y tratos más vejatorios.
En buena parte de los casos se trata de residentes con un arraigo más que palmario (muy superior en todo a sus requisitos reglamentarios), que sin embargo no han obtenido su regularización o la han perdido por la propia orientación de la legislación de extranjería, que peca de lo que presume: la integración de los extranjeros:
"Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social".
Pocas veces el uso de las comillas resulta desgraciadamente tan apropiado.
La perversión del sistema legal es tal que las víctimas se consideran culpables, aun si saber a ciencia cierta cuál es el delito que cometieron.
En un tiempo tan dado a abusar de la posición de víctimas, he conocido casos donde son ellos los que se disculpan por su cinismo, como si la solución a sus desdichas hubiera pasado exclusivamente por sus manos.
A este señor tan circunspecto un año atrás le comparé con Martínez Anido, un sicario de cuello duro y abultada hoja de servicios al Estado.
Podría parecer un exceso, si el actual ministro de Interior y diputado por ¡Cádiz! no estuviera empeñado en demostrar lo contrario.
Quién va de exceso en exceso es él.
Lleva camino de convertirse en uno de lo más siniestros ministros de todas las épocas.
Lo de siniestro no debe confundirse políticamente con el concepto de izquierda: está tan a la derecha como el propio Martínez Anido y bajando a las cloacas del Estado y del mismísimo infierno sin parar hasta encontrarle.
Blas López-Angulo
Anónimo
El texto de modificación aprobado en Consejo de Ministros y que está en ciernes de iniciar su tramitación parlamentaria, entiende que se promueve la permanencia irregular "cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y de prolongue la estancia autorizada más allá del período legalmente previsto".
Las sanciones para las infracciones graves en la Ley de Extranjería conllevan una multa de entre 501 y 10.000 euros, aunque en este caso "se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares" a la hora de proponer la sanción por cobijar a un inmigrante.
En la actualidad, son numerosas las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas para la inserción laboral de extranjeros que se encuentran en España en situación irregular y que les proporcionan alojamiento durante su etapa de formación.
Este tipo de iniciativas se desarrollan especialmente con aquellos inmigrantes que llegaron a España de forma clandestina cuando aún no habían cumplido los 18 años y que fueron internados en centros de menores. Al alcanzar la mayoría de edad, el recurso público se agota, y quedan en libertad sin papeles ni trabajo.
Las sanciones para las infracciones graves en la Ley de Extranjería conllevan una multa de entre 501 y 10.000 euros, aunque en este caso "se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares" a la hora de proponer la sanción por cobijar a un inmigrante.
En la actualidad, son numerosas las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas para la inserción laboral de extranjeros que se encuentran en España en situación irregular y que les proporcionan alojamiento durante su etapa de formación.
Este tipo de iniciativas se desarrollan especialmente con aquellos inmigrantes que llegaron a España de forma clandestina cuando aún no habían cumplido los 18 años y que fueron internados en centros de menores. Al alcanzar la mayoría de edad, el recurso público se agota, y quedan en libertad sin papeles ni trabajo.
Anónimo
El Gobierno ha querido zanjar la polémica suscitada por el documento que revela prácticas dudosas en una Comisaría madrileña en la aplicación de la Ley de Extranjería. Con la comparecencia ayer del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha dado carpetazo a un asunto en el que la única certeza es que el documento es verdadero. El propio ministro lo ratificó. "Es evidente que esa hoja existe. Alguien no ha hecho las cosas bien y punto", sentenció. Begoña Moreno, del Sindicato Unificado de la Policía, cree que "se le veía nervioso" y acorralado dando explicaciones sobre el caso, pero con este "y punto", zanja una polémica de la que sólo conocemos la punta del iceberg. Además, deja tres preguntas cruciales sin contestar. ¿Eran ilegales o no estas prácticas? ¿Quién las ejecutaba? Y sobre todo ¿quién las ordenaba? (EFE)
Rubalcaba no aclara el asunto de las detenciones de inmigrantes.
¿Eran ilegales o no estas prácticas?
Sólo hay que juzgar las reacciones suscitadas entre los sindicatos policiales, los grupos parlamentarios y las ONGs para darse cuenta de que el asunto reviste más gravedad y tiene más importancia que la que se le está dando desde las instancias políticas.
En concreto, los puntos peliagudos son tres:
* Los cupos: aunque desde Interior reconocen que se utilizan criterios cuantitativos en la lucha contra la inmigración ilegal, no les ha debido hacer mucha gracia eso de que se establezcan cupos, o al menos que se hable del tema públicamente. Algunos parlamentarios han recordado a Rubalcaba la existencia de los 'palotes' (en referencia a las marcas que supuestamente hacen los policías cuando cumplen un objetivo, en este caso las detenciones de indocumentados). El concepto de 'palotes' no es del todo desconocido para las fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, ya en 1999 se contempló eliminar esta práctica, aunque se ha arraigado en el argot policial. De este escándalo sacamos una conclusión: a partir de ahora, los cupos están prohibidos. "Para que quede claro, estos cupos no pueden establecerse", ha sentenciado Rubalcaba.
* Redadas masivas: se ha llegado a decir que se detenían a personas indocumentadas cuando llevaban a sus hijos al instituto. El Ministro cree que ha habido un desafortunado malentendido. "No hay redadas en las puertas de los institutos sino un plan para evitar el menudeo de drogas", explicaba Rubalcaba, quien cree que esto "se ha podido confundir" con un plan de detención de ilegales. Sin embargo, él mismo resta intensidad a su argumento asegurando que ésa es "la a única explicación que se le ocurre", ya que en su fuero interno, está convencido de que nadie tiene esa "mala fe". También ha aclarado que las redadas masivas para detener a extranjeros indocumentados "son ilegales".
* Marroquíes prioritarios: se ha hablado mucho de los cupos, pero si hay algo que chirría en el polémico documento, es la instrucción de dar prioridad a la detención de ciudadanos marroquíes, "más baratos de repatriar" (la deshumanización de estas palabras ha puesto los pelos de punta a las asociaciones de inmigrantes de este país), frente a otros colectivos como los bolivianos. Las asociaciones defensoras de los derechos humanos, así como los letrados consultados sólo tienen un calificativo para estas afirmaciones: "racistas". Para más inri, se trataría de racismo institucional, echando más leña al fuego de la polémica. Rubalcaba sólo ha podido decir de esta información que "es muy mala y muy falsa" y, —primera laguna— "no sabemos de dónde sale". Para demostrar su falsedad, el Ministro se apoya en las cifras que demuestran que el año pasado se detuvieron a "menos ciudadanos marroquíes". Esas cifras han servido también para dar explicaciones al Gobierno marroquí que, por supuesto, las ha pedido. Son los únicos que han tenido acceso a estos datos.
¿Se llegaron a ejecutar estas directrices?
Una de las principales bazas del Ministerio para quitarle hierro al asunto es que no se sabe "si la policía ha llegado a cumplir esas directrices". Tanto los principales sindicatos del cuerpo, como el Partido Popular, han pedido cifras que puedan clarificar este asunto, ya que podrían demostrar si ha aumentado el número de detenciones, en qué distrito y de qué nacionalidad son. El último comunicado del Sindicato Unificado de la Policía, la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de la Policía y el Sindicato Profesional de Policía es rotundo. "Con estos datos se comprenderá la aberración y absoluta inutilidad que supone usar a los servicios de protección preventiva y seguridad ciudadana en una cuestión que es meramente estadística, que no aporta nada a la seguridad de los ciudadanos y que se lleva a cabo como estrategia política de este Ministerio", aseguran.
El ministro se opone a dar las cifras "porque nunca se han dado", pero defiende a capa y espada que las detenciones a indocumentados han bajado significativamente en los últimos meses. "Pocos palotes se han hecho este año", aseguraba con sorna en su comparecencia en la Comisión de Inmigración. Rafael Hernando, portavoz del PP le contradice escudándose en los datos del primer trimestre de 2008 —los últimos que se conocen—, que evidencian un crecimiento exponencial de los arrestos. Otras cifras más recientes apuntan a un crecimiento de más del 140% en las detenciones a personas indocumentadas. Según unos datos oficiales a los que han tenido acceso el ABC, entre diciembre y la primera mitad de enero, se produjeron 4.015 arrestos por infracción de la Ley de Extranjería, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 1.667.
¿Quién ha sido?
Y si los datos son un enigma, más aún lo es la autoría de la orden que recoge el documento que ha dado lugar a todo este embrollo. A modo de cuestionario, hemos acotado a tres las posibilidades:
a) La orden, directamente del Ministerio y la Dirección General de la Policía
Esto es lo que mantienen los sindicatos policiales. Según ellos, "las prácticas de identificaciones indiscriminadas de jóvenes y extranjeros, que adquieren al producirse el carácter de sospechosos, son producto de instrucciones de los responsables políticos". El Ministerio no asume ninguna responsabilidad al respecto y echa balones fuera. Las últimas declaraciones de Rubalcaba son muy ilustrativas.
Quiero decir con toda rotundidad que no existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo para establecer un cupo de inmigrantes ilegales a detener. Por tanto, no se ha procedido a ninguna rectificación, ya que no se puede rectificar algo que no se ha adoptado previamente.
Interpretando sus palabras al pie de la letra, sólo niega con "rotundidad" que exista una instrucción "dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo". Así, deja abierta la posibilidad de que se trate de un caso de mala praxis por parte del propio cuerpo de Policía. De hecho, el Ministerio sí reconoce una instrucción referida a la inmigración. "Lo que yo he dicho es que hay que priorizarse en inmigrantes indocumentados que cometen delitos. Es la única instrucción que he dado a la Policía", asegura Rubalcaba, dejando que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Una mala interpretación de esa instrucción, quizás?
b) Los funcionarios interpretaron mal la ley
Precisamente la primera reacción del ministro fue alegar que alguien pudo interpretar mal las instrucciones de Interior al aplicar la Ley de Extranjería. Apenas 24 horas después reconocía que "se lució" dando estas declaraciones, y hacía una férrea defensa de la educación democrática de la Policía en nuestro país. Eso sí, una defensa aderezada con frases de amplia interpretación como "yo no lo he ordenado, pero aunque lo hubiera hecho, ningún policía está obligado a cumplir órdenes inconstitucionales", o "estoy seguro de que la Policía habría incumplido esta instrucción". ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Por si acaso, el titular de Interior deja claro que "se ha cortado".
El Sindicato Unificado de la Policía cree que no es descabellada una mala interpretación de la ley por parte de los funcionarios del cuerpo. "No se sabía como hacerlo y ahora se sabe", sostiene su portavoz, Begoña Moreno, que se queja de la falta de personal cualificado para llevar a cabo este trabajo. Con todo, los sindicatos sostienen en un comunicado que "alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior, que informado de todo esto por los sindicatos policiales, no ha hecho nada al respecto hasta que la opinión pública ha supuesto una amenaza para el ministerio".
c) Un alto mando de la propia comisaría de Villa de Vallecas
De acuerdo con las explicaciones del Ministerio, ningún responsable político está detrás de las directrices dadas a algunos policías, como a los de la comisaría de Villa de Vallecas. La Policía también está limpia, cree el Ministro, ¿entonces quién? Recordemos que, según sus palabras, "alguien ha hecho mal su trabajo", pero no hay nombres ni intención de depurar responsabilidades. Tan sólo una "instrucción para que no haya malentendidos". Según Rubalcaba, "parece que hay algunos comisarios que han incorporado esta práctica". También reconoce que "es verdad que puede haber una comisaría que se hayan puesto cupos, pero eso lo hemos eliminado", pero del quién, cómo, el cuándo y el dónde, ni una sola palabra.
(mas...)
Rubalcaba no aclara el asunto de las detenciones de inmigrantes.
¿Eran ilegales o no estas prácticas?
Sólo hay que juzgar las reacciones suscitadas entre los sindicatos policiales, los grupos parlamentarios y las ONGs para darse cuenta de que el asunto reviste más gravedad y tiene más importancia que la que se le está dando desde las instancias políticas.
En concreto, los puntos peliagudos son tres:
* Los cupos: aunque desde Interior reconocen que se utilizan criterios cuantitativos en la lucha contra la inmigración ilegal, no les ha debido hacer mucha gracia eso de que se establezcan cupos, o al menos que se hable del tema públicamente. Algunos parlamentarios han recordado a Rubalcaba la existencia de los 'palotes' (en referencia a las marcas que supuestamente hacen los policías cuando cumplen un objetivo, en este caso las detenciones de indocumentados). El concepto de 'palotes' no es del todo desconocido para las fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, ya en 1999 se contempló eliminar esta práctica, aunque se ha arraigado en el argot policial. De este escándalo sacamos una conclusión: a partir de ahora, los cupos están prohibidos. "Para que quede claro, estos cupos no pueden establecerse", ha sentenciado Rubalcaba.
* Redadas masivas: se ha llegado a decir que se detenían a personas indocumentadas cuando llevaban a sus hijos al instituto. El Ministro cree que ha habido un desafortunado malentendido. "No hay redadas en las puertas de los institutos sino un plan para evitar el menudeo de drogas", explicaba Rubalcaba, quien cree que esto "se ha podido confundir" con un plan de detención de ilegales. Sin embargo, él mismo resta intensidad a su argumento asegurando que ésa es "la a única explicación que se le ocurre", ya que en su fuero interno, está convencido de que nadie tiene esa "mala fe". También ha aclarado que las redadas masivas para detener a extranjeros indocumentados "son ilegales".
* Marroquíes prioritarios: se ha hablado mucho de los cupos, pero si hay algo que chirría en el polémico documento, es la instrucción de dar prioridad a la detención de ciudadanos marroquíes, "más baratos de repatriar" (la deshumanización de estas palabras ha puesto los pelos de punta a las asociaciones de inmigrantes de este país), frente a otros colectivos como los bolivianos. Las asociaciones defensoras de los derechos humanos, así como los letrados consultados sólo tienen un calificativo para estas afirmaciones: "racistas". Para más inri, se trataría de racismo institucional, echando más leña al fuego de la polémica. Rubalcaba sólo ha podido decir de esta información que "es muy mala y muy falsa" y, —primera laguna— "no sabemos de dónde sale". Para demostrar su falsedad, el Ministro se apoya en las cifras que demuestran que el año pasado se detuvieron a "menos ciudadanos marroquíes". Esas cifras han servido también para dar explicaciones al Gobierno marroquí que, por supuesto, las ha pedido. Son los únicos que han tenido acceso a estos datos.
¿Se llegaron a ejecutar estas directrices?
Una de las principales bazas del Ministerio para quitarle hierro al asunto es que no se sabe "si la policía ha llegado a cumplir esas directrices". Tanto los principales sindicatos del cuerpo, como el Partido Popular, han pedido cifras que puedan clarificar este asunto, ya que podrían demostrar si ha aumentado el número de detenciones, en qué distrito y de qué nacionalidad son. El último comunicado del Sindicato Unificado de la Policía, la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de la Policía y el Sindicato Profesional de Policía es rotundo. "Con estos datos se comprenderá la aberración y absoluta inutilidad que supone usar a los servicios de protección preventiva y seguridad ciudadana en una cuestión que es meramente estadística, que no aporta nada a la seguridad de los ciudadanos y que se lleva a cabo como estrategia política de este Ministerio", aseguran.
El ministro se opone a dar las cifras "porque nunca se han dado", pero defiende a capa y espada que las detenciones a indocumentados han bajado significativamente en los últimos meses. "Pocos palotes se han hecho este año", aseguraba con sorna en su comparecencia en la Comisión de Inmigración. Rafael Hernando, portavoz del PP le contradice escudándose en los datos del primer trimestre de 2008 —los últimos que se conocen—, que evidencian un crecimiento exponencial de los arrestos. Otras cifras más recientes apuntan a un crecimiento de más del 140% en las detenciones a personas indocumentadas. Según unos datos oficiales a los que han tenido acceso el ABC, entre diciembre y la primera mitad de enero, se produjeron 4.015 arrestos por infracción de la Ley de Extranjería, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 1.667.
¿Quién ha sido?
Y si los datos son un enigma, más aún lo es la autoría de la orden que recoge el documento que ha dado lugar a todo este embrollo. A modo de cuestionario, hemos acotado a tres las posibilidades:
a) La orden, directamente del Ministerio y la Dirección General de la Policía
Esto es lo que mantienen los sindicatos policiales. Según ellos, "las prácticas de identificaciones indiscriminadas de jóvenes y extranjeros, que adquieren al producirse el carácter de sospechosos, son producto de instrucciones de los responsables políticos". El Ministerio no asume ninguna responsabilidad al respecto y echa balones fuera. Las últimas declaraciones de Rubalcaba son muy ilustrativas.
Quiero decir con toda rotundidad que no existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo para establecer un cupo de inmigrantes ilegales a detener. Por tanto, no se ha procedido a ninguna rectificación, ya que no se puede rectificar algo que no se ha adoptado previamente.
Interpretando sus palabras al pie de la letra, sólo niega con "rotundidad" que exista una instrucción "dictada por los responsables policiales, que son el Director General de la Policía o director operativo". Así, deja abierta la posibilidad de que se trate de un caso de mala praxis por parte del propio cuerpo de Policía. De hecho, el Ministerio sí reconoce una instrucción referida a la inmigración. "Lo que yo he dicho es que hay que priorizarse en inmigrantes indocumentados que cometen delitos. Es la única instrucción que he dado a la Policía", asegura Rubalcaba, dejando que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Una mala interpretación de esa instrucción, quizás?
b) Los funcionarios interpretaron mal la ley
Precisamente la primera reacción del ministro fue alegar que alguien pudo interpretar mal las instrucciones de Interior al aplicar la Ley de Extranjería. Apenas 24 horas después reconocía que "se lució" dando estas declaraciones, y hacía una férrea defensa de la educación democrática de la Policía en nuestro país. Eso sí, una defensa aderezada con frases de amplia interpretación como "yo no lo he ordenado, pero aunque lo hubiera hecho, ningún policía está obligado a cumplir órdenes inconstitucionales", o "estoy seguro de que la Policía habría incumplido esta instrucción". ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Por si acaso, el titular de Interior deja claro que "se ha cortado".
El Sindicato Unificado de la Policía cree que no es descabellada una mala interpretación de la ley por parte de los funcionarios del cuerpo. "No se sabía como hacerlo y ahora se sabe", sostiene su portavoz, Begoña Moreno, que se queja de la falta de personal cualificado para llevar a cabo este trabajo. Con todo, los sindicatos sostienen en un comunicado que "alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior, que informado de todo esto por los sindicatos policiales, no ha hecho nada al respecto hasta que la opinión pública ha supuesto una amenaza para el ministerio".
c) Un alto mando de la propia comisaría de Villa de Vallecas
De acuerdo con las explicaciones del Ministerio, ningún responsable político está detrás de las directrices dadas a algunos policías, como a los de la comisaría de Villa de Vallecas. La Policía también está limpia, cree el Ministro, ¿entonces quién? Recordemos que, según sus palabras, "alguien ha hecho mal su trabajo", pero no hay nombres ni intención de depurar responsabilidades. Tan sólo una "instrucción para que no haya malentendidos". Según Rubalcaba, "parece que hay algunos comisarios que han incorporado esta práctica". También reconoce que "es verdad que puede haber una comisaría que se hayan puesto cupos, pero eso lo hemos eliminado", pero del quién, cómo, el cuándo y el dónde, ni una sola palabra.
(mas...)
Anónimo
La crisis económica en la que se encuentra inmersa España está haciendo que "por primera vez" los inmigrantes estén dejando de acudir al país europeo, según se desprende de las declaraciones hechas hoy por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí. A finales de 2008, las autorizaciones de residencia habían descendido en 50.000 frente a la misma fecha del año anterior, dijo Rumí, durante la presentación del "Anuario de la Inmigración en España" de la Fundación Ortega y Gasset. "La crisis económica tendrá y está teniendo ya un efecto directo muy importante en términos de descenso de la llegada de ciudadanos de otros países a España", indicó la secretaria de Estado. El número de personas que llegaron al país mediante la reagrupación familiar descedió también en más de 30.000 el año pasado frente a 2007. "Algunas de estas cifras apuntan a una tendencia hacia la reducción del volumen de flujos", explicó. "El factor de atracción decisivo para las migraciones son las oportunidades de trabajo, que son el auténtico imán".
Anónimo
A principios de este año, Alfredo Pérez Rubalcaba presentaba el Balance de la lucha contra la inmigración ilegal 2008.
El informe es un relato de los ‘éxitos’ del Gobierno español en política migratoria, muy superiores a los logrados por el último Gobierno del PP.
En la frontera exterior hay un 53% más de policías que en 2003; entre 2006 y 2008 se ha duplicado la financiación del Frontex; se ha incrementado la contribución de la UE a la militarización de la frontera sur, etc.
El éxito se mide por el descenso del número de inmigrantes ilegales llegados al Estado español.
En Canarias, tras la ‘avalancha’ de hace dos años, se han reducido las llegadas: de más de 30.000 inmigrantes a menos de 10.000.
Si en el período 2000-2003 las repatriaciones habían superado las 250.000, en 2004-2007 –llegaban a más de 370.000.
Las personas expulsadas en vuelos de repatriación se incrementaron durante el gobierno de Zapatero en un 183%.
Como cada mes de enero, Rubalcaba presentó su informe públicamente. En el año 2008, “se ha repatriado a inmigrantes ilegales de 29 nacionalidades, frente a 22 en 2007”, señaló.
“Casi nadie entra ya en España sin que le veamos”, afirmó el ministro. En definitiva, Rubalcaba se felicitó porque “cada vez entran menos irregulares y cada vez salen más”.
Es lógica la perplejidad del ministro de Interior ante la reciente polémica de los cupos.
Hace un mes, Rubalcaba se vanagloriaba de haber construido una frontera cada vez más infranqueable y casi todo el mundo aplaudía; se enorgullecía de haber detenido y expulsado a muchos más inmigrantes que el PP, y El País, El Mundo o ABC reseñaban el éxito de su política migratoria. La Razón, prudentemente, reclamaba no caer en la euforia. Por su parte, el PP criticaba que sólo el 17% de los expedientes de expulsión se ejecutasen.
Quizás esperando un nuevo aplauso, y ante la evidencia de una instrucción interna que fijaba un número de detenciones de inmigrantes sin papeles por comisaría, el ministro reconoció que existían objetivos cuantitativos de detención de inmigrantes irregulares.
Ante las críticas recibidas, aclaró que “la prioridad de la Policía es detener ilegales cuando estos inmigrantes están vinculados a la delincuencia”.
No hace falta ser muy perspicaz –basta con darse una vuelta por la ciudad– para ver que la policía persigue y detiene por el mero hecho de no tener papeles.
No hace falta una gran investigación periodística –basta con escuchar al africano que nos vende la música o a la latinoamericana que cuida de nuestro abuelo o nuestra hija– para saber que la policía humilla y expulsa a miles de inmigrantes sin papeles.
No hace falta hacer el máster de El País para saber que el ministro miente.
Hace falta un poco menos de hipocresía para reconocer que ya lo sabíamos: los cupos en las comisarías, las cacerías de inmigrantes –como ahora se apunta a denunciar Rajoy–, no son ninguna novedad.
Son el instrumento ‘natural’ de una política migratoria que pretende sembrar el miedo y la inseguridad como garantía de la explotación capitalista de cientos de miles de personas.
El consenso institucional lo demuestra CC.OO., que hace ya dos años defendía la exigencia contundente a los países africanos para que aceptasen las repatriaciones.
Hacen falta infinitas dosis de impostura para escandalizarse porque una comisaría reciba la orden de detener a 35 inmigrantes por semana, mientras se reclama que crezcan las alambradas y que se expulse a los sin papeles.
Hay que militarizar la frontera, obligando a los inmigrantes a buscar rutas cada vez más largas y peligrosas; y cuando se ahogan 25 –si es que nos enteramos– hay que dedicar un minuto de telediario y una lágrima a la tragedia.
Hay que expulsar a miles de clandestinos; y cuando nos cuentan que eso equivale a 35 por comisaría, hay que poner el grito en el cielo.
Rubalcaba no tiene de qué preocuparse.
En enero de 2010, cuando presente su Balance de lucha contra la inmigración ilegal 2009, todos –casi todos– le volverán a aplaudir.
Eduardo Romero
El informe es un relato de los ‘éxitos’ del Gobierno español en política migratoria, muy superiores a los logrados por el último Gobierno del PP.
En la frontera exterior hay un 53% más de policías que en 2003; entre 2006 y 2008 se ha duplicado la financiación del Frontex; se ha incrementado la contribución de la UE a la militarización de la frontera sur, etc.
El éxito se mide por el descenso del número de inmigrantes ilegales llegados al Estado español.
En Canarias, tras la ‘avalancha’ de hace dos años, se han reducido las llegadas: de más de 30.000 inmigrantes a menos de 10.000.
Si en el período 2000-2003 las repatriaciones habían superado las 250.000, en 2004-2007 –llegaban a más de 370.000.
Las personas expulsadas en vuelos de repatriación se incrementaron durante el gobierno de Zapatero en un 183%.
Como cada mes de enero, Rubalcaba presentó su informe públicamente. En el año 2008, “se ha repatriado a inmigrantes ilegales de 29 nacionalidades, frente a 22 en 2007”, señaló.
“Casi nadie entra ya en España sin que le veamos”, afirmó el ministro. En definitiva, Rubalcaba se felicitó porque “cada vez entran menos irregulares y cada vez salen más”.
Es lógica la perplejidad del ministro de Interior ante la reciente polémica de los cupos.
Hace un mes, Rubalcaba se vanagloriaba de haber construido una frontera cada vez más infranqueable y casi todo el mundo aplaudía; se enorgullecía de haber detenido y expulsado a muchos más inmigrantes que el PP, y El País, El Mundo o ABC reseñaban el éxito de su política migratoria. La Razón, prudentemente, reclamaba no caer en la euforia. Por su parte, el PP criticaba que sólo el 17% de los expedientes de expulsión se ejecutasen.
Quizás esperando un nuevo aplauso, y ante la evidencia de una instrucción interna que fijaba un número de detenciones de inmigrantes sin papeles por comisaría, el ministro reconoció que existían objetivos cuantitativos de detención de inmigrantes irregulares.
Ante las críticas recibidas, aclaró que “la prioridad de la Policía es detener ilegales cuando estos inmigrantes están vinculados a la delincuencia”.
No hace falta ser muy perspicaz –basta con darse una vuelta por la ciudad– para ver que la policía persigue y detiene por el mero hecho de no tener papeles.
No hace falta una gran investigación periodística –basta con escuchar al africano que nos vende la música o a la latinoamericana que cuida de nuestro abuelo o nuestra hija– para saber que la policía humilla y expulsa a miles de inmigrantes sin papeles.
No hace falta hacer el máster de El País para saber que el ministro miente.
Hace falta un poco menos de hipocresía para reconocer que ya lo sabíamos: los cupos en las comisarías, las cacerías de inmigrantes –como ahora se apunta a denunciar Rajoy–, no son ninguna novedad.
Son el instrumento ‘natural’ de una política migratoria que pretende sembrar el miedo y la inseguridad como garantía de la explotación capitalista de cientos de miles de personas.
El consenso institucional lo demuestra CC.OO., que hace ya dos años defendía la exigencia contundente a los países africanos para que aceptasen las repatriaciones.
Hacen falta infinitas dosis de impostura para escandalizarse porque una comisaría reciba la orden de detener a 35 inmigrantes por semana, mientras se reclama que crezcan las alambradas y que se expulse a los sin papeles.
Hay que militarizar la frontera, obligando a los inmigrantes a buscar rutas cada vez más largas y peligrosas; y cuando se ahogan 25 –si es que nos enteramos– hay que dedicar un minuto de telediario y una lágrima a la tragedia.
Hay que expulsar a miles de clandestinos; y cuando nos cuentan que eso equivale a 35 por comisaría, hay que poner el grito en el cielo.
Rubalcaba no tiene de qué preocuparse.
En enero de 2010, cuando presente su Balance de lucha contra la inmigración ilegal 2009, todos –casi todos– le volverán a aplaudir.
Eduardo Romero
Anónimo
En la misiva, los sindicatos hacen extensivos estos objetivos al resto de Jefaturas Superiores de Policía de España, que fijan "un índice porcentual de incremento de actuaciones por infracción de la Ley de Extranjería". Y aseguran que los cupos de la capital se establecieron "desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en virtud del cumplimiento de instrucciones políticas impartidas a esta".
Balones fuera
Los sindicatos rechazan cualquier responsabilidad de los policías, exigen "a los máximos responsables políticos del Ministerio, con el ministro a la cabeza, que asuman la suya" y que dejen de "echar culpas a los funcionarios que únicamente cumplen su trabajo".
A pesar de sus reivindicaciones, el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, aseguró ayer en el Senado que los agentes "jamás" han realizado detenciones "indiscriminadas" de inmigrantes por el mero hecho de encontrarse en situación irregular. Según Velázquez, el Ministerio del Interior nunca dio instrucciones en este sentido.
"Las (órdenes) que han dado la Dirección, la Secretaría de Estado y el Ministerio han estado siempre relacionadas con los delincuentes, lo que no quita que se haya producido algún caso concreto" , afirmó Velázquez ante los miembros de la Comisión de Interior, informa EP.
Las asociaciones de inmigrantes llevan meses denunciando estas prácticas policiales y aseguran que, tras hacerse pública la existencia de cupos en las comisarías madrileñas, los arrestos indiscriminados han continuado. El último del que tienen constancia se produjo este fin de semana.
"Se están repitiendo las mismas irregularidades, a pesar del compromiso que tomó la Delegación del Gobierno hace unas semanas" , denuncia el vicepresidente de la Federación de Asociación de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Víctor Sáez.
Arrestos policiales
El ejemplo que cita la Federación es el de Mónica Lambert, miembro de la Asociación de Chilenos en España, que fue detenida el pasado sábado en un local contiguo a su domicilio, a donde iba a comprar tabaco. "Se comprometieron a que la Policía sólo detendría a inmigrantes en actos ilícitos. Dijeron que iban a respetar al inmigrante, y no lo están cumpliendo", remarca Sáez.
Tras la detención de Mónica según su versión, fue trasladada a la comisaría de Aluche, donde había otros 50 extranjeros, la mayoría mujeres. El funcionario que los vigilaba les "insultó" e "impidió a las mujeres ir al servicio hasta las siete de la mañana del día siguiente", explica Sáez. "Para que no durmieran, golpeaba con los pies las sillas en las que estaban sentados" , añade la denuncia.
FERINE también critica el caso de una extranjera embarazada con pérdidas, a la que "también se le prohibió ir al aseo". Según el portavoz, los agentes no creyeron que estuviese encinta y tuvo que ser atendida de urgencia por el Samur en la comisaría.
Balones fuera
Los sindicatos rechazan cualquier responsabilidad de los policías, exigen "a los máximos responsables políticos del Ministerio, con el ministro a la cabeza, que asuman la suya" y que dejen de "echar culpas a los funcionarios que únicamente cumplen su trabajo".
A pesar de sus reivindicaciones, el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, aseguró ayer en el Senado que los agentes "jamás" han realizado detenciones "indiscriminadas" de inmigrantes por el mero hecho de encontrarse en situación irregular. Según Velázquez, el Ministerio del Interior nunca dio instrucciones en este sentido.
"Las (órdenes) que han dado la Dirección, la Secretaría de Estado y el Ministerio han estado siempre relacionadas con los delincuentes, lo que no quita que se haya producido algún caso concreto" , afirmó Velázquez ante los miembros de la Comisión de Interior, informa EP.
Las asociaciones de inmigrantes llevan meses denunciando estas prácticas policiales y aseguran que, tras hacerse pública la existencia de cupos en las comisarías madrileñas, los arrestos indiscriminados han continuado. El último del que tienen constancia se produjo este fin de semana.
"Se están repitiendo las mismas irregularidades, a pesar del compromiso que tomó la Delegación del Gobierno hace unas semanas" , denuncia el vicepresidente de la Federación de Asociación de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Víctor Sáez.
Arrestos policiales
El ejemplo que cita la Federación es el de Mónica Lambert, miembro de la Asociación de Chilenos en España, que fue detenida el pasado sábado en un local contiguo a su domicilio, a donde iba a comprar tabaco. "Se comprometieron a que la Policía sólo detendría a inmigrantes en actos ilícitos. Dijeron que iban a respetar al inmigrante, y no lo están cumpliendo", remarca Sáez.
Tras la detención de Mónica según su versión, fue trasladada a la comisaría de Aluche, donde había otros 50 extranjeros, la mayoría mujeres. El funcionario que los vigilaba les "insultó" e "impidió a las mujeres ir al servicio hasta las siete de la mañana del día siguiente", explica Sáez. "Para que no durmieran, golpeaba con los pies las sillas en las que estaban sentados" , añade la denuncia.
FERINE también critica el caso de una extranjera embarazada con pérdidas, a la que "también se le prohibió ir al aseo". Según el portavoz, los agentes no creyeron que estuviese encinta y tuvo que ser atendida de urgencia por el Samur en la comisaría.
Anónimo
El volumen de dinero enviado por los inmigrantes desde España se fue reduciendo progresivamente a lo largo de los tres primeros trimestres de 2008, en una relación inversa con el incremento de las cifras de parados, hasta convertir este año en el primero desde 1990 en el que se registra una reducción de las remesas desde España.
Así, entre enero y marzo se registró un descenso del 2%, que alcanzó el 4,5% en el segundo trimestre y el 7% en el tercero. A falta de datos correspondientes a la recta final del año, todo parece indicar que no se alcanzarán los niveles de 2007, cuando de España salieron 8.130 millones de euros, el 70% de los cuales recayó en países latinoamericanos.
Muchos expertos temen que esta reducción del nivel de remesas puede provocar una vuelta a la pobreza en muchas familias a las que va dirigidas. Esta es una de las principales conclusiones alcanzadas hoy durante el V Encuentro sobre Remesas organizado por Remesas.org y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que bajo el título 'Retos e incertidumbres' reunió hoy a expertos en la materia en Madrid y que contó con la participación de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
"Las remesas desde España llevan creciendo a un ritmo de dos dígitos desde hace diez años", explicó el director de Remesas.org, el economista Iñigo Moré, quien incidió en que, ante la nueva situación, "es importante que los países receptores tengan presente que la caída les puede afectar y que va a afectar especialmente a personas que están desamparadas".
En este sentido, recordó que quienes dependen exclusivamente de las remesas "viven no sólo en un Estado dependiente, también en entornos donde los sistemas de protección social no están pensados para este problema por lo que es un ámbito en el que quizá los países de destino deberían prestar atención".
Tal es la importancia de las remesas enviadas desde España, que suponen el 10% del Producto Interior Bruto de países como Bolivia, aunque en términos absolutos, son Ecuador y Colombia los países a los que llega más dinero. En el primer caso, sólo los envíos españoles constituyen el cinco por ciento del PIB.
Moré recordó que las caídas de los envíos "no van a afectar de manera uniforme a todos los países porque hay nacionalidades que muestran una propensión más acusada a trabajar en el sector inmobiliario en España, que es el epicentro de la crisis mientras que otras no". En este sentido, apuntó a los países del Este de Europa y Marruecos como los posibles mayores afectados.
Rumí, quien consideró "lógicos" estos datos teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa España y todo el mundo, reiteró el compromiso del Gobierno por seguir apostando por abaratar las remesas atendiendo al impacto en el desarrollo que tienen en los países a los que llegan.
Así, entre enero y marzo se registró un descenso del 2%, que alcanzó el 4,5% en el segundo trimestre y el 7% en el tercero. A falta de datos correspondientes a la recta final del año, todo parece indicar que no se alcanzarán los niveles de 2007, cuando de España salieron 8.130 millones de euros, el 70% de los cuales recayó en países latinoamericanos.
Muchos expertos temen que esta reducción del nivel de remesas puede provocar una vuelta a la pobreza en muchas familias a las que va dirigidas. Esta es una de las principales conclusiones alcanzadas hoy durante el V Encuentro sobre Remesas organizado por Remesas.org y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que bajo el título 'Retos e incertidumbres' reunió hoy a expertos en la materia en Madrid y que contó con la participación de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
"Las remesas desde España llevan creciendo a un ritmo de dos dígitos desde hace diez años", explicó el director de Remesas.org, el economista Iñigo Moré, quien incidió en que, ante la nueva situación, "es importante que los países receptores tengan presente que la caída les puede afectar y que va a afectar especialmente a personas que están desamparadas".
En este sentido, recordó que quienes dependen exclusivamente de las remesas "viven no sólo en un Estado dependiente, también en entornos donde los sistemas de protección social no están pensados para este problema por lo que es un ámbito en el que quizá los países de destino deberían prestar atención".
Tal es la importancia de las remesas enviadas desde España, que suponen el 10% del Producto Interior Bruto de países como Bolivia, aunque en términos absolutos, son Ecuador y Colombia los países a los que llega más dinero. En el primer caso, sólo los envíos españoles constituyen el cinco por ciento del PIB.
Moré recordó que las caídas de los envíos "no van a afectar de manera uniforme a todos los países porque hay nacionalidades que muestran una propensión más acusada a trabajar en el sector inmobiliario en España, que es el epicentro de la crisis mientras que otras no". En este sentido, apuntó a los países del Este de Europa y Marruecos como los posibles mayores afectados.
Rumí, quien consideró "lógicos" estos datos teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa España y todo el mundo, reiteró el compromiso del Gobierno por seguir apostando por abaratar las remesas atendiendo al impacto en el desarrollo que tienen en los países a los que llegan.
Anónimo
A todo esto, el ministro del Interior del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió alegando que "no son de recibo" las palabras de la embajadora de Bolivia, en las que acusó a la Policía de haber "allanado domicilios" de inmigrantes bolivianos, y ha añadido que concertará una reunión con ella.
“En algunos casos, las detenciones se han realizado en las puertas, en las cercanías de las oficinas consulares, como en Madrid y en Murcia, y en otros casos como en Valencia, según las informaciones de los ciudadanos bolivianos y las asociaciones de inmigrantes, incluso allanando domicilios", explicó la embajadora días atrás en rueda de prensa.
Este pasado lunes Almendras Camargo se ha reunido con la Secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez y con el Secretario de Estado para la Seguridad de España, Antonio Camacho, con el fin de trasladarles la preocupación de la Embajada de Bolivia, originada en el incremento de denuncias de ciudadanos bolivianos y asociaciones de inmigrantes. La diplomática le dijo a Cambio que “las autoridades españolas manifestaron su plena voluntad de investigar éstas denuncias” Además de que junto al Secretario de Estado “acordaron en el marco de la cooperación mutua y diálogo existente entre ambos gobiernos, abrir todos los canales que sean necesarios para tratar de manera ágil y oportuna cualquier tema que pueda afectar el normal desarrollo de la agenda bilateral, fundamentalmente en el tratamiento de la inmigración boliviana en España”. Durante el encuentro los secretarios de Estado le manifestaron a la representante de Bolivia que “que el allanamiento está penalizado en el ordenamiento jurídico español” al momento que Almendras Camargo les hizo conocer, en detalle, la información proporcionada por los Consulados bolivianos en España, particularmente por el Consulado de Bolivia en la provincia de Murcia en la que ciertos personas sentaron la denuncia de los supuestos allanamientos”.
La información suministrada por la representante diplomática de Bolivia en España, coincide con la información revelada el pasado 15 de febrero, por la agencia de noticias Europa Press, que desató una gran polémica de la cual se hizo eco toda la prensa española. Dicha información da cuenta de la existencia de una orden interna de la comisaría de Villa de Vallecas (una localidad ubicada al sur de Madrid), que trasladaba las instrucciones impartidas desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, relativas la detención de un cupo semanal de inmigrantes en situación irregular o “sin papeles”. "Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recoge la nota. Esta, además, dice que hay que dar preferencia a los marroquíes para su ingreso en los CIE (Centros de Detención de Extranjeros, una especie de cárcel donde se encierra a los extranjeros detenidos sin papeles hasta su deportación) porque es más barato repatriarlos debido a la cercanía con su país de origen.
A todo esto, Pérez Rubalcaba primero negó haber dado "instrucciones" para detener a un cupo de sin papeles desde el Ministerio del Interior, y dio a entender que la iniciativa surgió del jefe superior de Policía de Madrid, Carlos Rubio. Sin embargo, los sindicatos policiales, han denunciado que esta práctica es habitual en toda España, a la vez que coincidieron en señalar al Ministerio del Interior como el origen de las instrucciones para detener a un cupo semanal de inmigrantes por distrito y lo enmarcaron en el afán del departamento que dirige Pérez Rubalcaba por "manipular" las cifras de delincuencia que luego presenta públicamente. Finalmente, Rubalcaba reconoció que la Policía Nacional tiene marcados "objetivos cuantitativos frente a la delincuencia en cumplimiento estricto de la ley".
Para Wilfredo Contreras, presidente de la Coordinadora de Inmigrantes de España (COIN), la embajadora de Bolivia “le ha dado voz a la indignación de muchos inmigrantes que viven en este país que rechazan las medidas represivas del gobierno español”. A la vez que aseguró que en su asociación se reciben denuncias de inmigrantes de diversos colectivos latinoamericanos y africanos que “han sido detenidos por la policía española en locutorios donde van a comunicarse con sus familias, en las salidas y entradas de los metros que usan para trasladarse y en las puertas de los colegios adónde van a llevar y a buscar a sus hijos”. Contreras calificó como “verdaderamente intimidante” este procedimiento policial contra los inmigrantes sin papeles porque “mete miedo en el cuerpo”, y anunció que el tejido de redes de asociaciones de inmigrantes “se reunirá en asamblea este próximo domingo para poner fecha a un movilización que repudie este tipo de prácticas persecutorias”.
El 70% de los aproximadamente 250.000 inmigrantes bolivianos que se encuentran en España no tienen documentos. Y si bien aún no hay datos oficiales respecto del incremento de detenidos enviados al CIE, Almendras consideró que cuando se puedan comparar con los registrados hasta 2008 (que hablan de 1.200 expedientes de expulsión abiertos al mes y 800 deportaciones anuales) se podrá constatar "un incremento notable" de los expedientes de expulsión. La crisis que azota a España afecta notablemente al colectivo boliviano. Cada mes retornan a Bolivia unos 240 bolivianos, según información proporcionada por las aerolíneas.
“De ser cierta, la existencia de cupos de detenciones de extranjeros irregulares atendiendo únicamente a un criterio de nacionalidad, vulneraría gravemente varios principios de la Constitución española, además de diversas normas contenidas en tratados internacionales suscritos por España”, indica el abogado español Enrique Santiago Romero, experto en DDHH y Extranjería. “Constituye una auténtica cacería de personas que no han cometido delito alguno sino que únicamente, podrían ser susceptibles de sanciones administrativas por encontrarse en situación administrativa irregular (sin documentos) en España”, agrega Santiago Romero. También recuerda que “ningún gobierno de la democracia española, incluyendo el segundo mandato del ex presidente José María Aznar (entre 2000 y 2004), “quien fue sin dudas el más conservador y regresivo en materia de derechos de extranjeros en España, adoptó nunca una medida de esta gravedad”, concluye.
“En algunos casos, las detenciones se han realizado en las puertas, en las cercanías de las oficinas consulares, como en Madrid y en Murcia, y en otros casos como en Valencia, según las informaciones de los ciudadanos bolivianos y las asociaciones de inmigrantes, incluso allanando domicilios", explicó la embajadora días atrás en rueda de prensa.
Este pasado lunes Almendras Camargo se ha reunido con la Secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez y con el Secretario de Estado para la Seguridad de España, Antonio Camacho, con el fin de trasladarles la preocupación de la Embajada de Bolivia, originada en el incremento de denuncias de ciudadanos bolivianos y asociaciones de inmigrantes. La diplomática le dijo a Cambio que “las autoridades españolas manifestaron su plena voluntad de investigar éstas denuncias” Además de que junto al Secretario de Estado “acordaron en el marco de la cooperación mutua y diálogo existente entre ambos gobiernos, abrir todos los canales que sean necesarios para tratar de manera ágil y oportuna cualquier tema que pueda afectar el normal desarrollo de la agenda bilateral, fundamentalmente en el tratamiento de la inmigración boliviana en España”. Durante el encuentro los secretarios de Estado le manifestaron a la representante de Bolivia que “que el allanamiento está penalizado en el ordenamiento jurídico español” al momento que Almendras Camargo les hizo conocer, en detalle, la información proporcionada por los Consulados bolivianos en España, particularmente por el Consulado de Bolivia en la provincia de Murcia en la que ciertos personas sentaron la denuncia de los supuestos allanamientos”.
La información suministrada por la representante diplomática de Bolivia en España, coincide con la información revelada el pasado 15 de febrero, por la agencia de noticias Europa Press, que desató una gran polémica de la cual se hizo eco toda la prensa española. Dicha información da cuenta de la existencia de una orden interna de la comisaría de Villa de Vallecas (una localidad ubicada al sur de Madrid), que trasladaba las instrucciones impartidas desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, relativas la detención de un cupo semanal de inmigrantes en situación irregular o “sin papeles”. "Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recoge la nota. Esta, además, dice que hay que dar preferencia a los marroquíes para su ingreso en los CIE (Centros de Detención de Extranjeros, una especie de cárcel donde se encierra a los extranjeros detenidos sin papeles hasta su deportación) porque es más barato repatriarlos debido a la cercanía con su país de origen.
A todo esto, Pérez Rubalcaba primero negó haber dado "instrucciones" para detener a un cupo de sin papeles desde el Ministerio del Interior, y dio a entender que la iniciativa surgió del jefe superior de Policía de Madrid, Carlos Rubio. Sin embargo, los sindicatos policiales, han denunciado que esta práctica es habitual en toda España, a la vez que coincidieron en señalar al Ministerio del Interior como el origen de las instrucciones para detener a un cupo semanal de inmigrantes por distrito y lo enmarcaron en el afán del departamento que dirige Pérez Rubalcaba por "manipular" las cifras de delincuencia que luego presenta públicamente. Finalmente, Rubalcaba reconoció que la Policía Nacional tiene marcados "objetivos cuantitativos frente a la delincuencia en cumplimiento estricto de la ley".
Para Wilfredo Contreras, presidente de la Coordinadora de Inmigrantes de España (COIN), la embajadora de Bolivia “le ha dado voz a la indignación de muchos inmigrantes que viven en este país que rechazan las medidas represivas del gobierno español”. A la vez que aseguró que en su asociación se reciben denuncias de inmigrantes de diversos colectivos latinoamericanos y africanos que “han sido detenidos por la policía española en locutorios donde van a comunicarse con sus familias, en las salidas y entradas de los metros que usan para trasladarse y en las puertas de los colegios adónde van a llevar y a buscar a sus hijos”. Contreras calificó como “verdaderamente intimidante” este procedimiento policial contra los inmigrantes sin papeles porque “mete miedo en el cuerpo”, y anunció que el tejido de redes de asociaciones de inmigrantes “se reunirá en asamblea este próximo domingo para poner fecha a un movilización que repudie este tipo de prácticas persecutorias”.
El 70% de los aproximadamente 250.000 inmigrantes bolivianos que se encuentran en España no tienen documentos. Y si bien aún no hay datos oficiales respecto del incremento de detenidos enviados al CIE, Almendras consideró que cuando se puedan comparar con los registrados hasta 2008 (que hablan de 1.200 expedientes de expulsión abiertos al mes y 800 deportaciones anuales) se podrá constatar "un incremento notable" de los expedientes de expulsión. La crisis que azota a España afecta notablemente al colectivo boliviano. Cada mes retornan a Bolivia unos 240 bolivianos, según información proporcionada por las aerolíneas.
“De ser cierta, la existencia de cupos de detenciones de extranjeros irregulares atendiendo únicamente a un criterio de nacionalidad, vulneraría gravemente varios principios de la Constitución española, además de diversas normas contenidas en tratados internacionales suscritos por España”, indica el abogado español Enrique Santiago Romero, experto en DDHH y Extranjería. “Constituye una auténtica cacería de personas que no han cometido delito alguno sino que únicamente, podrían ser susceptibles de sanciones administrativas por encontrarse en situación administrativa irregular (sin documentos) en España”, agrega Santiago Romero. También recuerda que “ningún gobierno de la democracia española, incluyendo el segundo mandato del ex presidente José María Aznar (entre 2000 y 2004), “quien fue sin dudas el más conservador y regresivo en materia de derechos de extranjeros en España, adoptó nunca una medida de esta gravedad”, concluye.
Anónimo
En Barcelona
Una veintena de activistas de Amnistía Internacional (AI) se han colocado carteles de "rebajas" en diferentes partes del cuerpo para denunciar "que los derechos de los inmigrantes no admiten rebajas", durante el acto reivindicativo que se ha celebrado esta mañana en la plaza Sant Jaume.
Bajo el lema "Soy inmigrante. Mis derechos no están en oferta", AI ha convocado este acto para evitar "que la crisis sea una excusa para recortar los derechos de los inmigrantes", según ha explicado a EFE la coordinadora de AI en Cataluña, Imma Guixé.
Guixé, junto a otros representantes de AI, han entregado en la Generalitat una carta para el presidente José Montilla, en la que le han pedido que defienda los derechos de los inmigrantes.
AI teme que estos derechos queden mermados cuando se aprueben las reformas de la Ley de Extranjería, la Ley de Asilo y el Código Penal, que actualmente se están tramitando.
El borrador de la reforma de la Ley de Extranjería recorta los derechos de los inmigrantes, según AI, porque "vulnera el interés superior del menor y el derecho a vivir en familia", según Guixé.
Asimismo, la ampliación del plazo de detención "criminaliza a unas personas que no han realizado ningún delito, sino sólo una falta administrativa".
Respecto a la Ley de Asilo, AI ha denunciado "los múltiples obstáculos" que pone España a las personas que quieren acogerse a ella.
"Las cifras son reveladoras", según Guixé, que ha recordado que durante el año 2008, "sólo un centenar de personas consiguieron el estatuto de refugiado".
En Madrid
En un acto simbólico ante el Congreso de los Diputados, un grupo de personas han simulado un escaparate con maniquíes portando etiquetas de rebajas sobre un fondo en el que se rechaza los recortes de los derechos de los inmigrantes.
La presidenta de Amnistía Internacional España, Itziar Ruiz-Giménez, ha asegurado que "los derechos humanos no saben de papeles, no están de oferta y por tanto esas reformas no pueden vulnerar y violar los derechos de los inmigrantes".
Respecto a la ley de Extranjería, esta organización ha mostrado su preocupación sobre la regulación de la reagrupación familiar, el aumento del periodo de internamiento y las expulsiones de menores no acompañados.
"Espero que el Gobierno, antes de presentar ese proyecto en el Parlamento, dialogue con las organizaciones sociales", ha dicho la responsable de Amnistía, quien ha explicado que intentarán entrevistarse con los grupos políticos, al igual que ya han hecho respecto a la ley de Asilo.
Además, ha alertado de que "la especial sensibilidad de la población hacia los problemas económicos puede contribuir a crear un ambiente que justifique la adopción de más medidas de control migratorio que supongan una amenaza para los derechos humanos de las personas migrantes".
Amnistía Internacional también ha presentado hoy una iniciativa que invita a todos los ciudadanos a dirigirse al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresar sus preocupaciones a través de "www.actuaconamnistia.org".
La presidenta de Amnistía ha lamentado la utilización de "criterios raciales en los controles policiales de identidad y que se vincule ciertas nacionalidades con problemas de seguridad".
En Barcelona
Una veintena de activistas de Amnistía Internacional (AI) se han colocado carteles de "rebajas" en diferentes partes del cuerpo para denunciar "que los derechos de los inmigrantes no admiten rebajas", durante el acto reivindicativo que se ha celebrado esta mañana en la plaza Sant Jaume.
Bajo el lema "Soy inmigrante. Mis derechos no están en oferta", AI ha convocado este acto para evitar "que la crisis sea una excusa para recortar los derechos de los inmigrantes", según ha explicado a EFE la coordinadora de AI en Cataluña, Imma Guixé.
Guixé, junto a otros representantes de AI, han entregado en la Generalitat una carta para el presidente José Montilla, en la que le han pedido que defienda los derechos de los inmigrantes.
AI teme que estos derechos queden mermados cuando se aprueben las reformas de la Ley de Extranjería, la Ley de Asilo y el Código Penal, que actualmente se están tramitando.
El borrador de la reforma de la Ley de Extranjería recorta los derechos de los inmigrantes, según AI, porque "vulnera el interés superior del menor y el derecho a vivir en familia", según Guixé.
Asimismo, la ampliación del plazo de detención "criminaliza a unas personas que no han realizado ningún delito, sino sólo una falta administrativa".
Respecto a la Ley de Asilo, AI ha denunciado "los múltiples obstáculos" que pone España a las personas que quieren acogerse a ella.
"Las cifras son reveladoras", según Guixé, que ha recordado que durante el año 2008, "sólo un centenar de personas consiguieron el estatuto de refugiado".
En Madrid
En un acto simbólico ante el Congreso de los Diputados, un grupo de personas han simulado un escaparate con maniquíes portando etiquetas de rebajas sobre un fondo en el que se rechaza los recortes de los derechos de los inmigrantes.
La presidenta de Amnistía Internacional España, Itziar Ruiz-Giménez, ha asegurado que "los derechos humanos no saben de papeles, no están de oferta y por tanto esas reformas no pueden vulnerar y violar los derechos de los inmigrantes".
Respecto a la ley de Extranjería, esta organización ha mostrado su preocupación sobre la regulación de la reagrupación familiar, el aumento del periodo de internamiento y las expulsiones de menores no acompañados.
"Espero que el Gobierno, antes de presentar ese proyecto en el Parlamento, dialogue con las organizaciones sociales", ha dicho la responsable de Amnistía, quien ha explicado que intentarán entrevistarse con los grupos políticos, al igual que ya han hecho respecto a la ley de Asilo.
Además, ha alertado de que "la especial sensibilidad de la población hacia los problemas económicos puede contribuir a crear un ambiente que justifique la adopción de más medidas de control migratorio que supongan una amenaza para los derechos humanos de las personas migrantes".
Amnistía Internacional también ha presentado hoy una iniciativa que invita a todos los ciudadanos a dirigirse al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresar sus preocupaciones a través de "www.actuaconamnistia.org".
La presidenta de Amnistía ha lamentado la utilización de "criterios raciales en los controles policiales de identidad y que se vincule ciertas nacionalidades con problemas de seguridad".
Más de mil inmigrantes acampan en los pinares de Huelva, desesperados por lograr trabajo en una campaña saturada por la crisis. Un panorama desolador abate los aledaños de tres pueblos onubenses: Palos de la Frontera, Moguer y Lepe. Estos municipios freseros han visto reducido de un modo drástico la oferta de empleo, ya que cientos de trabajadores han tenido que dejar la construcción, debido a la crisis, para recoger fresas. Los inmigrantes, el eslabón más débil de la cadena, son los principales afectados. Cientos de ellos acampan a las puertas de esos tres pueblos esperando ser llamados, aunque sea para el desmontaje de los invernaderos. Las condiciones son calamitosas. Es Europa.
"Estoy en Europa pero sin comida. Volveré a mi país porque la crisis es muy dura. No tengo nada para mi esposa y tres hijos que esperan en Senegal".
Yero Ba está a un paso de rendirse.
Sólo esperará hasta mayo para una última oportunidad, cuando el desmontaje de los invernaderos de la fresa en la costa onubense requiera mano de obra.
El aluvión de inmigrantes que Huelva ha sufrido este año ha desbordado la campaña fresera por la virulencia de la crisis.
Desde que la recogida empezó el pasado febrero, más de un millar de inmigrantes subsisten en condiciones muy precarias a las afueras de pueblos como Moguer, Palos de la Frontera o Lepe. A la espera de un trabajo para doblar el espinazo, que no llega. Las ONG duplican la cifra de los asentamientos hasta las 2.000 personas.
Estos recolectores frustrados, en su mayoría de Malí y Senegal, han levantado chabolas con cartones y plásticos para protegerse de la lluvia y sobreviven gracias a la ayuda de Cáritas y Cruz Roja. Con papeles, sin papeles, subsaharianos, marroquíes, rumanos... estas personas han llegado de todo el país para pedir hueco en una campaña colmada por las contrataciones en origen. Apenas hay mujeres. La desesperación cunde y muchos confiesan que mañana volverían a su país, si pudieran.
La inmensa mayoría de estos hombres rechaza ser entrevistado. Recelosos, vinculan la presencia de periodistas y sus noticias con la visita de la Guardia Civil para arrasar sus campamentos, que ha ocurrido siempre días después.
"No puedo comer con gente alrededor mirándote sin haber comido", explica Tidiani Sabaly, maliense de 35 años, frente a la olla en la que cocina arroz con fuego de leña.
"Es una situación caótica porque las ayudas de alimentos de Cáritas son semanales. Este aluvión ha sido extraordinario y hace falta una red de albergues... pero ¿quién le pone el cascabel al gato?", se pregunta un agente del Equipo de Atención al Inmigrantes (Edati) de la Guardia Civil.
La red de albergues es muy escasa, y sólo crecerá la próxima temporada con uno de 500 plazas en Lepe.
Los ayuntamientos se escudan en que carecen de medios económicos o denuncian, para proceder a su destrucción, los campamentos por ocupar terrenos municipales.
Mientras, las personas se limitan a ver cómo las excavadoras derriban sus chabolas, trasladarse 500 metros, y volver a levantarlas.
"Hemos puesto 10 o 12 denuncias contra ellos. Cuando se denuncia, se detiene a unos pocos, pero por lo menos unos pocos que nos quitamos del medio", afirma el alcalde de Moguer, José Volante.
Esta dinámica para minar los esfuerzos por sobrevivir en los pinares cuenta con escasas discrepancias. El alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, es una de esas voces:
"Hemos denunciado una vez, pero invitados por Subdelegación, aunque para mí no tiene mucho sentido porque en algún sitio tienen que dormir".
El día en el campamento se hace eterno desde que a las 6 de la madrugada acuden a las cafeterías donde desayunan los patrones.
Tras la habitual negativa, sólo las damas y las cartas alegran la monotonía.
A algunas personas les ha costado alquilar casas en los pueblos, pese a disponer de dinero.
"Es el miedo al subarrendamiento de muchos inquilinos o a que les dejen las casas en malas condiciones", explica José Manuel Gómez, de Cáritas.
El Alto Consejo de Malienses en España protesta por cómo los inmigrantes están "abandonados a su suerte".
Su presidente, Sidibe Moussa, denuncia cómo muchos de ellos se dedican a recoger comida en los contenedores de basura.
"Lo que me he encontrado es impresionante, mucho peor de lo que pensaba".
Los empresarios alegan que no están obligados a dar alojamiento a estas personas y que quieren evitar aluviones como el de este año.
Pero el hambre no entiende de papeles y convenios internacionales.
"Huelva no es como Jaén [donde los albergues también se desbordaron en la aceituna el pasado otoño]. Aquí el trabajador, si no tiene contrato en origen, no trabaja", expone José Manuel Romero, presidente de Freshuelva.
La crisis ha devuelto a muchos onubenses a los liños [las líneas de cultivo] desde el andamio, y ello ha reducido el número de marroquíes de esta campaña y ha expulsado a los subsaharianos.
"En dos meses he trabajado dos días", confía Sabaly.
Yero Ba está a un paso de rendirse.
Sólo esperará hasta mayo para una última oportunidad, cuando el desmontaje de los invernaderos de la fresa en la costa onubense requiera mano de obra.
El aluvión de inmigrantes que Huelva ha sufrido este año ha desbordado la campaña fresera por la virulencia de la crisis.
Desde que la recogida empezó el pasado febrero, más de un millar de inmigrantes subsisten en condiciones muy precarias a las afueras de pueblos como Moguer, Palos de la Frontera o Lepe. A la espera de un trabajo para doblar el espinazo, que no llega. Las ONG duplican la cifra de los asentamientos hasta las 2.000 personas.
Estos recolectores frustrados, en su mayoría de Malí y Senegal, han levantado chabolas con cartones y plásticos para protegerse de la lluvia y sobreviven gracias a la ayuda de Cáritas y Cruz Roja. Con papeles, sin papeles, subsaharianos, marroquíes, rumanos... estas personas han llegado de todo el país para pedir hueco en una campaña colmada por las contrataciones en origen. Apenas hay mujeres. La desesperación cunde y muchos confiesan que mañana volverían a su país, si pudieran.
La inmensa mayoría de estos hombres rechaza ser entrevistado. Recelosos, vinculan la presencia de periodistas y sus noticias con la visita de la Guardia Civil para arrasar sus campamentos, que ha ocurrido siempre días después.
"No puedo comer con gente alrededor mirándote sin haber comido", explica Tidiani Sabaly, maliense de 35 años, frente a la olla en la que cocina arroz con fuego de leña.
"Es una situación caótica porque las ayudas de alimentos de Cáritas son semanales. Este aluvión ha sido extraordinario y hace falta una red de albergues... pero ¿quién le pone el cascabel al gato?", se pregunta un agente del Equipo de Atención al Inmigrantes (Edati) de la Guardia Civil.
La red de albergues es muy escasa, y sólo crecerá la próxima temporada con uno de 500 plazas en Lepe.
Los ayuntamientos se escudan en que carecen de medios económicos o denuncian, para proceder a su destrucción, los campamentos por ocupar terrenos municipales.
Mientras, las personas se limitan a ver cómo las excavadoras derriban sus chabolas, trasladarse 500 metros, y volver a levantarlas.
"Hemos puesto 10 o 12 denuncias contra ellos. Cuando se denuncia, se detiene a unos pocos, pero por lo menos unos pocos que nos quitamos del medio", afirma el alcalde de Moguer, José Volante.
Esta dinámica para minar los esfuerzos por sobrevivir en los pinares cuenta con escasas discrepancias. El alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, es una de esas voces:
"Hemos denunciado una vez, pero invitados por Subdelegación, aunque para mí no tiene mucho sentido porque en algún sitio tienen que dormir".
El día en el campamento se hace eterno desde que a las 6 de la madrugada acuden a las cafeterías donde desayunan los patrones.
Tras la habitual negativa, sólo las damas y las cartas alegran la monotonía.
A algunas personas les ha costado alquilar casas en los pueblos, pese a disponer de dinero.
"Es el miedo al subarrendamiento de muchos inquilinos o a que les dejen las casas en malas condiciones", explica José Manuel Gómez, de Cáritas.
El Alto Consejo de Malienses en España protesta por cómo los inmigrantes están "abandonados a su suerte".
Su presidente, Sidibe Moussa, denuncia cómo muchos de ellos se dedican a recoger comida en los contenedores de basura.
"Lo que me he encontrado es impresionante, mucho peor de lo que pensaba".
Los empresarios alegan que no están obligados a dar alojamiento a estas personas y que quieren evitar aluviones como el de este año.
Pero el hambre no entiende de papeles y convenios internacionales.
"Huelva no es como Jaén [donde los albergues también se desbordaron en la aceituna el pasado otoño]. Aquí el trabajador, si no tiene contrato en origen, no trabaja", expone José Manuel Romero, presidente de Freshuelva.
La crisis ha devuelto a muchos onubenses a los liños [las líneas de cultivo] desde el andamio, y ello ha reducido el número de marroquíes de esta campaña y ha expulsado a los subsaharianos.
"En dos meses he trabajado dos días", confía Sabaly.
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