La nueva normativa europea, impulsada por el gobierno español, restringe aún más el ingreso de inmigrantes a la Unión Europea (UE)
Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración de España, dijo este jueves en una conferencia que el gobierno no solamente apoya esa medida, votada el miércoles, sino que fue su impulsor dentro del Parlamento Europeo.
Se trata de "consolidar el sistema de contratación de inmigrantes en origen y aumentar la capacidad del Estado en la lucha contra la inmigración irregular", justificó.
En la norma se establecen sanciones a las empresas y particulares que empleen a personas extranjeras sin residencia legal, es decir que hayan ingresado al territorio de la UE sin los requisitos ni los trámites administrativos y consulares en su país de origen.
Para el portavoz de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, Raúl Jiménez, la explicación de Rumí "evidencia una postura utilitarista de la migración, al considerarla solamente como mano de obra, sin reconocer su condición de personas con todos sus derechos".
Para ella "los inmigrantes solamente sirven en épocas de bonanza, y en medio de una crisis como la que estamos viviendo, su aporte no lo considera necesario", dijo Jiménez a IPS.
María Concepción López, que dirige el no gubernamental Centro de Acción Social San Rafael desde que fue creado, hace 25 años, también se pronunció de forma crítica tras escuchar la conferencia de Rumí.
"El gobierno tiene la obligación de legislar, pero me ha llamado la atención que, refiriéndose a la inmigración irregular, utilice el término 'lucha', que equivale a guerra, cuando ese tema se puede controlar de muchas maneras y se debe hacer siempre respetando los principios constitucionales y los derechos humanos", dijo López a IPS.
Uno de los tantos ejemplos de descontrol, según López, "es el acoso policial a que son sometidos los inmigrantes en la calle. Todas las personas que tienen signos étnicos distintos, aun estando documentadas, en la calle son paradas hasta cinco veces por la policía, y esto produce inseguridad, angustia y a veces trastornos emocionales".
Un inmigrante puede tener irregularizado un asunto administrativo, pero se los sigue considerando irregulares, "y hay quienes equívocamente hablan de ilegales", aunque muchos de ellos lleguen a los aeropuertos con sus pasaportes en regla, apuntó Jiménez.
Por eso, añadió, "nosotros compartimos que se debe castigar a empresarios inescrupulosos, muchos de ellos fruto de mafias organizadas, y que se han valido de la indefensión de los inmigrantes para explotarlos sin contratos y, en algunos casos, sin pagas".
Pero esto "no debe vulnerar" los derechos de una persona extranjera en situación irregular, "que no debe ser perseguida por un hecho meramente administrativo, ya que los culpables son quienes contratan a desesperados que buscan una forma de regularizar su situación", agregó Jiménez. "Estos empresarios que fomentan la economía sumergida son los que deben ser penalizados", insistió.
En el caso del servicio doméstico, "donde existe mayor vulnerabilidad, las leyes deben apuntar a proteger a los inmigrantes, en su mayoría mujeres, muchas de las cuales son amenazadas, sus documentos confiscados y obligadas a vivir encerradas. El gobierno español debería garantizar la protección de quienes son explotados, los inmigrantes", abundó Jiménez.
Rumí destacó la firma de acuerdos con Marruecos, Rumania y Senegal para controlar la inmigración "incentivando el crecimiento y el desarrollo en aquellos lugares de los que salen más menores, y trabajando con esos países para esa protección y esa prevención".
En aplicación de esos pactos, en 2008 se redujo en 80 por ciento la llegada de menores no acompañados desde Marruecos. La funcionara manifestó también que su país será más tolerante que Gran Bretaña, donde lo que se está haciendo respecto a la inmigración es "no positivo", dijo.
Las duras medidas adoptadas por el gobierno británico del primer ministro Gordon Brown determinan, por ejemplo, que los corresponsales de prensa extranjeros no europeos deben obtener una visa de negocios, con una duración máxima de seis meses, para desempeñar su labor.
"Tengo mucha confianza en cómo se construye la convivencia en nuestro país" y "en cómo se ha conformado con toda normalidad la convivencia, desde hace muchos años, entre españoles y extranjeros" y "la segregación no es la solución a la crisis, que la estamos viviendo todos, españoles y extranjeros", dijo la secretaria de Estado.
Así como décadas atrás, muchos españoles trabajaron en otros países, en los años de expansión de la economía española (1970-2000), "cuando eran necesarios tantos trabajadores que no había en el mercado español, contratamos extranjeros que han cotizado y que han pagado sus impuestos", describió.
En los próximos 30 a 40 días, el gobierno analizará la reforma de la Ley de Extranjería, que tendrá en cuenta las directivas europeas y se adecuará a varias sentencias del Tribunal Constitucional, informó Rumí.
"Hemos aprovechado esta ocasión para trasladar toda la política de inmigración que hemos diseñado durante los últimos cuatro años a la ley, para garantizar aspectos como la integración y el traslado del aspecto laboral al texto", sostuvo.
El Consejo Económico y Social ya emitió un informe sobre la reforma y pronto lo harán el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Consejo General del Poder Judicial, entre otros organismos preceptivos, antes de que se inicie el trámite parlamentario.
La secretaria de Estado confía en que las fuerzas políticas y sociales alcancen un consenso sobre el texto y que el Poder Legislativo lo convierta en ley antes de que finalice el actual período de sesiones.
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sábado, 28 febrero, 2009
Las medidas y controles por parte de gobiernos europeos y señalamientos de algunos partidos políticos tienen en jaque a extranjeros.
A medida que pasan los días y se agudiza la crisis económica en Europa también se agrava la situación de los inmigrantes. El ruido que provocan la xenofobia y el racismo no ha dejado de escucharse. Por el contrario cada vez parece ser mayor. A ello se suman los controles puestos en marcha por los gobiernos.
La punta de lo que parece un iceberg gigante ha vuelto a asomar en la Unión y en algunos países con mayor fuerza.
La agresión, hace unos días, de tres jóvenes italianos a un indigente hindú, al que luego rociaron con gasolina y prendieron fuego, "porque se sentían aburridos y necesitaban emociones fuertes", es la continuación de esa ola de tinte xenófobo que se inició hace dos años con la persecución a inmigrantes rumanos, y que se ha agravado con la crisis y que ha pasado a países como Grecia, Francia, Bélgica, España e Inglaterra.
Y aunque la Policía niega que sea un hecho racista y dice que es un acto irresponsable de jóvenes que se pasaron la noche "bebiendo y fumando cachos de hachís", los sociólogos creen que se trata de "jóvenes sin motivación, sin valores y levantados en un ambiente de rechazo al extranjero y de prédicas xenófobas".
Italia, con el primer ministro Silvio Berluscon, ha sido la abanderada de medidas contra inmigrantes, que "se inscriben como xenófobas y racistas".
La última de ellas, además de obligar a inmigrantes ilegales a pagar una multa, es obligar a médicos a denunciar a pacientes "ilegales" que acudan a consultas.
El ministro del Interior, Roberto Marone, le sigue el paso a Berlusconi: "No hay que ser buenos con los inmigrantes ilegales, hay que ser malos con ellos". Toda una declaración de guerra.
"La crisis económica está sacando lo peor de la gente. Hay que meter miedo, decir que los inmigrantes van a acabar con los recursos para los parados, que nos están quitando los trabajos, destacar que cometen más delitos, porque a alguien habrá que echarle la culpa de la crisis. Y lo más fácil es escoger a los inmigrantes, los mismos que hace unos meses salvaban la economía, hoy estorban, son rivales", dice el sociólogo español Joseph Orioli.
No sólo sucede en Italia. En Inglaterra, se ha producido la primera huelga xenófoba, en la refinería de Lindsey, que se ha extendido a otras, en protesta por la contratación de mano de obra extranjera. "Trabajos británicos, para trabajadores británicos" decía una pancarta.
Igual ocurre en Bélgica, Suiza y Grecia, donde se elaboran leyes que permiten expulsar a los inmigrantes ilegales.
En la Cumbre de Davos se advirtió: "La crisis puede generar revueltas sociales, el trabajador nativo en paro recela del inmigrante empleado. Ese malestar puede reflejarse en la calle, y convertirse en un apoyo a políticas radicales".
España no es ajena a la situación. Para el ex director del Partido Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, uno de los responsables del aumento de la xenofobia es el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Gorbacho, quien se ha empeñado en culpar a los inmigrantes de la grave crisis económica en el país ibérico.
El ministro no es el único. El grupo socialista de Madrid denuncia que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "quiere controlar a los inmigrantes en parques y sitios públicos". Es decir, un servicio de vigilancia que está detrás de ellos para obligarlos a cumplir normas, frenar peleas en las escuelas y el llamado botellón, es decir, ingerir licor en la calle.
A lo anterior se suma la directriz de una comisaría del distrito de Vallecas, que fijó detener un número determinado de inmigrantes sin papeles para deportarlos.
Hasta el año 2000, estudios decían que España no era un país racista ni xen�fobo. Era tolerante y abierto con los inmigrantes. Pero debido a la cantidad de personas que han llegado y a la política de algunos partidos de señalar como responsables a los inmigrantes de lo malo que pasa, la intolerancia creció hoy un tercio entre los españoles .
Ya nos lo advirtieron, -dice Lucía Aponte de la Asociación Avanzar- que en tiempo de crisis, como el que estamos viviendo, aumentar la intolerancia.
Lo cierto es que el Gobierno Socialista anunci� un endurecimiento de la Ley de Extranjería en los próximos años. De hecho, las expulsiones han aumentado, al igual que las persecuciones y el rechazo de renovaciones de tarjetas.
Rechazo de adolescentes
Una encuesta escolar sobre actitudes ante la inmigración y cambio de valores augura que el camino hacia la integración será largo y penoso para los inmigrantes. La causa: el rechazo que expresan las nuevas generaciones a otras razas es aún elevado.
Por primera vez, los marroquíes (46,9%) son los más perjudicados por la xenofobia, desplazan a los gitanos, que era el colectivo con mayor rechazo. Ambos grupos son los que despiertan más recelos. Le siguen los latinoamericanos (24,7%).
Ahora son el doble los escolares que se muestran partidarios de echarles del país, (24,7%) frente al 12,6% de hace cuatro años. Un 11,6% dicen que les molestarían como compañeros de clases (en el 2002 era 3,7%) y un 16%, que no les permitiría entrar a España para trabajar.
Asiáticos y africanos son los otros dos colectivos marcados por la xenofobia. También los europeos del Este (rumanos). El sentimiento de los adolescentes sirve para hacerse una idea de lo que piensa la sociedad, pues los jóvenes "son esponjas que absorben lo que ven a su alrededor", dice el autor de la investigación, Tomás Calvo Buezas.
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