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Estado español suministra armas a sionistas |
Denuncian al PSOE por la venta de armamento a Israel y los gastos militares.
El colectivo antimilitarista Kakitzat ha llevado a cabo una concentración bajo el lema "Si apoyas al pueblo palestino, no armes a su asesino", a las puertas de la Delegación de la Hacienda estatal en Bilbao para denunciar la venta de armas por parte del Estado Español a Israel, las subvenciones que reciben las fábricas de armas y la hipocresía del PSOE al autorizar la venta de armas a Israel mientras se suma a las movilizaciones de apoyo a la causa Palestina.
A lo largo de esta concentración varios individuos caracterizados de militares han arrojado pintura roja sobre varias personas que simbolizan las víctimas civiles del actual genocidio sobre la población palestina por parte del ejército israelí.
Con esta iniciativa se ha querido denunciar que el Estado Español vendió en 2007 armamento a Israel por valor de 4 millones y medio de euros –Según un informe de la Unión Europea-; y que seis meses antes de la invasión de Gaza el Gobierno Español autorizó la venta de fusiles, pistolas, ametralladoras, silenciadores, cargadores y visores por valor de 1'5 millones de euros –según el "Informe sobre el Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso" remitido recientemente al Congreso de los Diputados por el Ministerio de Industria-.
Armas que han sido "probadas" contra la población palestina.
A estas actuaciones habría que añadir que el 24 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros del Gobierno Central autorizó la compra, a la compañía israelí Rafael, de 260 sistemas de misiles contracarro de medio alcance 'Spike MR' para el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina, un contrato que tendrá un presupuesto inicial anual de 324 millones de euros.
Este programa de armamento incluye también 2.600 misiles y los sistemas de apoyo integrado, y se desarrollará durante 15 años, desde el año 2008 hasta el 2022.
Israel: La excepción
Todas estas actuaciones contravienen el Real Decreto 824/1993 que en su artículo 13-1a señala que:
"se suspenderá el Comercio Exterior de armas con un país "cuando existan indicios racionales de que el material de defensa o de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad a nivel mundial o regional..."
y el "Criterio Consolidado de Licencias de Exportación de Armas" de la Unión Europea aplicado desde 1998 donde se señala que:
"no se puede aprobar, desde los Estados miembros, ninguna exportación de armas relacionada con defensa si existe un riesgo de que sean utilizadas para una agresión externa o una represión interna. Se ha de evaluar tanto el impacto que tienen las ventas de armas en la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, como los antecedentes de respeto de los derechos humanos del país".
Los antimilitaristas han lamentado que por desgracia, parece que todo esto se ignora en el caso de Israel.
Objetivo: Desmilitarizar los presupuestos
En los Presupuestos del Estado para el año 2009 donde se contempla destinar a gastos militares 18.609,60 millones de euros y representa 50,98 millones de euros diarios, lo cual equivale a más de 3,1 billones de pesetas, "con B de bomba".
En una época de crisis económica como la actual no es de recibo que el Gasto militar respecto al presupuesto total represente un 5,11%; recursos económicos que se retraen de otras partidas con un carácter más social: educación, sanidad, prestaciones sociales, vivienda.
Además, a todo esto habría que añadir el gasto en la compra de armamento.
Ante este cúmulo de despropósitos exigimos, por un lado, la Desmilitarización de los Presupuestos de las diferentes Administraciones Públicas y, por otro, el cese total de los acuerdos e intercambios militares con Israel; a la vez que mostramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino ante el genocidio que está padeciendo por parte del Estado Israelí.
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Etiquetas: conocimiento, medios, monopolios, multitud, politica, violencia.
Anónimo
También exportó a Israel por un importe de 91.045 euros "armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 milímetros", una categoría de productos en la que se incluyen "fusiles, carabinas, revólveres, pistolas, pistolas ametralladoras, ametralladoras, silenciadores, cargadores, visores y apagafogonazos". No obstante, el destinatario de esta venta fue una entidad privada, según se desprende del documento, al que ha tenido acceso Europa Press.
El informe detalla que el 94,13 por ciento de estas exportaciones (armas y equipos de formación de imagen) tuvieron como destinatario final al Ejército israelí, mientras que un 5,87 por ciento tuvo un uso final privado, porcentaje que se corresponde con la partida de 91.000 euros.
Preguntado por la venta de material de defensa a Israel, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, aseguró este mes que España cumple el Código de Conducta de la UE sobre las exportaciones de material de defensa y señaló que Israel es un país "amigo" con el que España debe mantener relaciones, ya que además es un actor "fundamental" en la región, lo que no quita, indicó, para que el Gobierno español desapruebe su comportamiento cuando lo crea necesario, como ha hecho denunciando la respuesta "desproporcionada" a los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza.
España también vendió a las Fuerzas Armadas de Israel en el mismo periodo materiales como máscaras antigás, trajes blindados y sustancias químicas (lubricantes, fluoruros, sulfuros, cianuros) por valor de 4.968 euros, así como ordenadores por valor de 796.600 euros.
Los países de la UE recibieron el 68,3 por ciento de las exportaciones de material de defensa, principalmente Alemania, Reino Unido e Italia, con los que España mantiene proyectos industriales militares en común, como los programas del avión de combate europeo EF-2000 y del avión de transporte militar A 400M. Los países de la UE y la OTAN juntos fueron el destino del 70,7 por ciento de las exportaciones españolas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue preguntado ayer en el programa 'Tengo una pregunta para usted' de TVE (en la imagen), por la exportación de armas de España a Israel. Un traductor de Granada, llamado Rafael La Fuente, preguntó al jefe del Ejecutivo si no es hipócrita que el Gobierno hable de la paz y después, España venda armas de guerra. Además, le preguntó si con nuestras armas se han matado a civiles palestinos.
ZAPATERO: NO SE HAN USADO PARA MATAR PALESTINOS
Zapatero respondió que es "absolutamente insignificante" el armamento que se vende a Israel -poco más del millón de euros- y dijo estar convencido de que con "nuestros componentes que vendemos a Israel no se han utilizado para eso". Al insistirle en la pregunta, el presidente se limitó a decir que son los datos que puede aportar en este momento y que, en cualquier caso, se podría aclarar después.
No obstante, añadió que España ha sido pionera en eliminar bombas de racimo y que está ayudando a otros países a eliminarlas. Sin embargo, dijo que España necesita armas para garantizar "nuestra defensa y seguridad".
"En fin, creo que conoces que nuestro gobierno ha hecho de la lucha por la paz y la seguridad en muchos países del mundo una acción permanente", añadió y dijo que mañana el secretario general de Naciones Unidas va a reconocer a los soldados fallecidos en misiones de paz. "Todos nuestros soldados que han ido a misiones de paz, han ido con apoyo del Parlamento y el respaldo de Naciones Unidas", apostilló.
El informe detalla que el 94,13 por ciento de estas exportaciones (armas y equipos de formación de imagen) tuvieron como destinatario final al Ejército israelí, mientras que un 5,87 por ciento tuvo un uso final privado, porcentaje que se corresponde con la partida de 91.000 euros.
Preguntado por la venta de material de defensa a Israel, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, aseguró este mes que España cumple el Código de Conducta de la UE sobre las exportaciones de material de defensa y señaló que Israel es un país "amigo" con el que España debe mantener relaciones, ya que además es un actor "fundamental" en la región, lo que no quita, indicó, para que el Gobierno español desapruebe su comportamiento cuando lo crea necesario, como ha hecho denunciando la respuesta "desproporcionada" a los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza.
España también vendió a las Fuerzas Armadas de Israel en el mismo periodo materiales como máscaras antigás, trajes blindados y sustancias químicas (lubricantes, fluoruros, sulfuros, cianuros) por valor de 4.968 euros, así como ordenadores por valor de 796.600 euros.
Los países de la UE recibieron el 68,3 por ciento de las exportaciones de material de defensa, principalmente Alemania, Reino Unido e Italia, con los que España mantiene proyectos industriales militares en común, como los programas del avión de combate europeo EF-2000 y del avión de transporte militar A 400M. Los países de la UE y la OTAN juntos fueron el destino del 70,7 por ciento de las exportaciones españolas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue preguntado ayer en el programa 'Tengo una pregunta para usted' de TVE (en la imagen), por la exportación de armas de España a Israel. Un traductor de Granada, llamado Rafael La Fuente, preguntó al jefe del Ejecutivo si no es hipócrita que el Gobierno hable de la paz y después, España venda armas de guerra. Además, le preguntó si con nuestras armas se han matado a civiles palestinos.
ZAPATERO: NO SE HAN USADO PARA MATAR PALESTINOS
Zapatero respondió que es "absolutamente insignificante" el armamento que se vende a Israel -poco más del millón de euros- y dijo estar convencido de que con "nuestros componentes que vendemos a Israel no se han utilizado para eso". Al insistirle en la pregunta, el presidente se limitó a decir que son los datos que puede aportar en este momento y que, en cualquier caso, se podría aclarar después.
No obstante, añadió que España ha sido pionera en eliminar bombas de racimo y que está ayudando a otros países a eliminarlas. Sin embargo, dijo que España necesita armas para garantizar "nuestra defensa y seguridad".
"En fin, creo que conoces que nuestro gobierno ha hecho de la lucha por la paz y la seguridad en muchos países del mundo una acción permanente", añadió y dijo que mañana el secretario general de Naciones Unidas va a reconocer a los soldados fallecidos en misiones de paz. "Todos nuestros soldados que han ido a misiones de paz, han ido con apoyo del Parlamento y el respaldo de Naciones Unidas", apostilló.
Anónimo
Ninguna de ellas llevaba aparejada una prohibición expresa de utilización contra palestinos. Según consta en un informe firmado por el secretario de relaciones con las Cortes al que ha tenido acceso este diario, esas armas, por valor de 91.000 euros, fueron a parar a una entidad privada que, según fuentes de este diario conocedoras de los pormenores, suelen ser subcontratas del ejército israelí.
No es el único material vendido por España a Israel susceptible de utilizarse en operaciones bélicas. Así, directamente al Ejército hebreo, se han vendido equipos de visión nocturna, máscaras antigás, trajes blindados y determinadas sustancias químicas. El resto de las exportaciones corresponden a material de doble uso y ordenadores. La cantidad total, 1,7 millones de euros, supera con mucho el millón de euros esgrimido por Zapatero, y está muy lejos de los 400.000 euros del año 2006.
Estos datos fueron aprovechado este martes por la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, para afirmar que “cuando ayer (por el lunes) el presidente del Gobierno habló de 1.000.000 de euros en el 2008 de venta de armas a Israel, no dijo la verdad”, y, además “nos quiso demostrar que había vendido armas que no habían causado ningún daño”. “Muchos sabíamos que Zapatero había mentido a lo largo del año pasado, pero ayer pasó de la mentira al insulto”.
De hecho, si se incluye el material de doble uso, según las cifras oficiales, el comercio con Israel asciende a más de tres millones de euros, aunque la diferencia corresponde a, como se ha dicho, ordenadores, y también otra clase de materiales, sustancias químicas, toxinas, etcétera.
Informe
No es el único material vendido por España a Israel susceptible de utilizarse en operaciones bélicas. Así, directamente al Ejército hebreo, se han vendido equipos de visión nocturna, máscaras antigás, trajes blindados y determinadas sustancias químicas. El resto de las exportaciones corresponden a material de doble uso y ordenadores. La cantidad total, 1,7 millones de euros, supera con mucho el millón de euros esgrimido por Zapatero, y está muy lejos de los 400.000 euros del año 2006.
Estos datos fueron aprovechado este martes por la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, para afirmar que “cuando ayer (por el lunes) el presidente del Gobierno habló de 1.000.000 de euros en el 2008 de venta de armas a Israel, no dijo la verdad”, y, además “nos quiso demostrar que había vendido armas que no habían causado ningún daño”. “Muchos sabíamos que Zapatero había mentido a lo largo del año pasado, pero ayer pasó de la mentira al insulto”.
De hecho, si se incluye el material de doble uso, según las cifras oficiales, el comercio con Israel asciende a más de tres millones de euros, aunque la diferencia corresponde a, como se ha dicho, ordenadores, y también otra clase de materiales, sustancias químicas, toxinas, etcétera.
Informe
Anónimo
Garzón ha realizado estas declaraciones en una de las ponencias de las jornadas sobre "Afganistán. Mujeres contra el olvido y la impunidad", que se están celebrando en Barcelona.
A juez de la Audiencia Nacional, invitado de honor a la muestra, también ha arengado a varios ejecutivos internacionales, entre ellos EEUU y Reino Unido, por su lucha contra los crímenes de guerra.
"Los gobiernos no están demasiado interesados en la defensa a ultranza de los Derechos Humanos", ya que tienen "intereses estratégicos, económicos y de seguridad nacional", ha alertado Garzón.
El juez ha puesto como ejemplos la actitud en el ámbito internacional de Estados Unidos y Reino Unido en los últimos años a la vez que ha recordado que "su supuesta guerra contra el terror justifica la vulneración de los Derechos Humanos". En este sentido, Baltasar Garzón celebró la salida de Bush del poder: "Por fin se puede ir a Tejas", bromeó con ironía.
El conocido juez de la Audiencia Nacional también ha tenido palabras para la situación que vive hoy en día Afganistán, "un país sin estado", como se atrevió a calificar.
En este sentido, Garzón ha afirmado que la Ley de Amnistía del país no es nada más que "una imposición para que los crímenes de guerra queden impunes", además de alertar que "no hay ningún interés en abrir la puerta para enjuiciar a los crímenes de guerra".
El juez, que ha estado secundado por la fiscal de la audiencia, Dolores Delgado, ha vuelto a incidir en el concepto de "justicia universal", a la vez que ha resaltado el papel de las víctimas para "poder luchar contra los crímenes de guerra de cualquier estado del mundo", como ya ha demostrado él mismo en casos como Argentina o Chile.
A juez de la Audiencia Nacional, invitado de honor a la muestra, también ha arengado a varios ejecutivos internacionales, entre ellos EEUU y Reino Unido, por su lucha contra los crímenes de guerra.
"Los gobiernos no están demasiado interesados en la defensa a ultranza de los Derechos Humanos", ya que tienen "intereses estratégicos, económicos y de seguridad nacional", ha alertado Garzón.
El juez ha puesto como ejemplos la actitud en el ámbito internacional de Estados Unidos y Reino Unido en los últimos años a la vez que ha recordado que "su supuesta guerra contra el terror justifica la vulneración de los Derechos Humanos". En este sentido, Baltasar Garzón celebró la salida de Bush del poder: "Por fin se puede ir a Tejas", bromeó con ironía.
El conocido juez de la Audiencia Nacional también ha tenido palabras para la situación que vive hoy en día Afganistán, "un país sin estado", como se atrevió a calificar.
En este sentido, Garzón ha afirmado que la Ley de Amnistía del país no es nada más que "una imposición para que los crímenes de guerra queden impunes", además de alertar que "no hay ningún interés en abrir la puerta para enjuiciar a los crímenes de guerra".
El juez, que ha estado secundado por la fiscal de la audiencia, Dolores Delgado, ha vuelto a incidir en el concepto de "justicia universal", a la vez que ha resaltado el papel de las víctimas para "poder luchar contra los crímenes de guerra de cualquier estado del mundo", como ya ha demostrado él mismo en casos como Argentina o Chile.
Anónimo
Andreu admite así a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos por estos hechos: el lanzamiento desde un avión de combate israelí, un F-16, de una bomba de una tonelada en el barrio de Al Daraj contra la casa del dirigente de Hamás Salah Shehade, que se saldó con su muerte y la de catorce civiles -la mayoría niños y bebés- e hirió a 150 personas.
Este ataque "contra la población civil", según indica Andreu en el auto en el que admite la querella, "es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva" y advierte de que, "si en el curso de este procedimiento se prueba" que responde a "una estrategia preconcebida", podría dar lugar a una calificación "más grave" de los hechos.
En su resolución, Andreu acuerda cursar una comisión rogatoria a la Autoridad Nacional Palestina para poder desplazarse a la franja de Gaza a tomar declaración a los querellantes, testigos y víctimas de este ataque, y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, con el objeto de citarles para ser interrogados. Sin embargo, todo indica que Israel no colaborará, ya que, según explica el propio Andreu en su auto, la decisión de admitir la querella la ha adoptado tras "no haber recibido respuesta alguna a la solicitud formulada" al Estado de Israel sobre si se estaba investigando ya este ataque.
Según Andreu, "a la vista" del relato de hechos de la querella, "nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo", que debe ser considerado "indiciariamente" como un delito contra la humanidad que puede ser investigado por la Justicia española en virtud del principio de jurisdicción universal.
En el bombardeo, según la querella, la casa de Shedade fue alcanzada, pero también lo fue la ocupada por la familia Mattar, lo que causó la muerte a siete de sus miembros. En total fallecieron el líder de Hamás, su mujer, su hija y su guardaespaldas y otras once personas -la mayoría de ellos niños y bebés-, y 150 resultaron heridas, algunas con lesiones graves. Entre los imputados destacan, además del ex ministro de Defensa, su ex asesor militar, Michael Herzog, el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón, y el comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes cuando se produjo el ataque, Dan Halutz.
También figuran el general al mando del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa, Doron Almog, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Nacional de Seguridad, Giora Eiland, y el director del Servicio General de Seguridad, Abraham Dichter.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por su siglas en inglés) presentó una demanda en el Reino Unido contra el que fuera jefe del Distrito Sur del Ejército israelí, general Dorón Almog, por su supuesta participación en crímenes de guerra en la franja de Gaza cuando ocupaba ese cargo. Almog, que viajó a Londres de vacaciones con su familia en septiembre de 2005, se vio obligado a regresar sin siquiera descender del avión al ser advertido de que si lo hacía sería detenido por la policía.
Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene pendiente decidir si admite a trámite una querella presentada este mes por la Asociación Intercultura contra los líderes políticos y militares de Israel por la actual ofensiva en Gaza.
Este ataque "contra la población civil", según indica Andreu en el auto en el que admite la querella, "es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva" y advierte de que, "si en el curso de este procedimiento se prueba" que responde a "una estrategia preconcebida", podría dar lugar a una calificación "más grave" de los hechos.
En su resolución, Andreu acuerda cursar una comisión rogatoria a la Autoridad Nacional Palestina para poder desplazarse a la franja de Gaza a tomar declaración a los querellantes, testigos y víctimas de este ataque, y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, con el objeto de citarles para ser interrogados. Sin embargo, todo indica que Israel no colaborará, ya que, según explica el propio Andreu en su auto, la decisión de admitir la querella la ha adoptado tras "no haber recibido respuesta alguna a la solicitud formulada" al Estado de Israel sobre si se estaba investigando ya este ataque.
Según Andreu, "a la vista" del relato de hechos de la querella, "nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo", que debe ser considerado "indiciariamente" como un delito contra la humanidad que puede ser investigado por la Justicia española en virtud del principio de jurisdicción universal.
En el bombardeo, según la querella, la casa de Shedade fue alcanzada, pero también lo fue la ocupada por la familia Mattar, lo que causó la muerte a siete de sus miembros. En total fallecieron el líder de Hamás, su mujer, su hija y su guardaespaldas y otras once personas -la mayoría de ellos niños y bebés-, y 150 resultaron heridas, algunas con lesiones graves. Entre los imputados destacan, además del ex ministro de Defensa, su ex asesor militar, Michael Herzog, el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón, y el comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes cuando se produjo el ataque, Dan Halutz.
También figuran el general al mando del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa, Doron Almog, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Nacional de Seguridad, Giora Eiland, y el director del Servicio General de Seguridad, Abraham Dichter.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por su siglas en inglés) presentó una demanda en el Reino Unido contra el que fuera jefe del Distrito Sur del Ejército israelí, general Dorón Almog, por su supuesta participación en crímenes de guerra en la franja de Gaza cuando ocupaba ese cargo. Almog, que viajó a Londres de vacaciones con su familia en septiembre de 2005, se vio obligado a regresar sin siquiera descender del avión al ser advertido de que si lo hacía sería detenido por la policía.
Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene pendiente decidir si admite a trámite una querella presentada este mes por la Asociación Intercultura contra los líderes políticos y militares de Israel por la actual ofensiva en Gaza.
Anónimo
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, adopta esta decisión tras la denuncia presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por estos hechos: el lanzamiento por parte de un avión de combate israelí de una bomba de una tonelada contra la vivienda de Salah Shehade, un destacado dirigente de Hamás. Tres de los querellantes son familiares de los fallecidos en el ataque israelí.
El juez Andreu ha acordado además una comisión rogatoria al Gobierno palestino para tomar declaración a los testigos de este ataque y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, aunque recuerda que ya envió una comisión rogatoria a Israel para conocer si se estaban investigando estos hechos y nunca obtuvo respuesta.
Cuando todavía colean con efectos mortales de la última operación de Israel sobre la Franja de Gaza, la Justicia actuará ahora sobre un ataque del 2002 que el auto considera "desproporcionado". El texto legal indica además que "el ataque contra la población civil ya de inicio es ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato", un hecho que España puede perseguir atendiendo "al principio de la jurisdicción universal".
Recientemente el Consejo de Ministros presidido por Ehud Olmert afirmó que defendería a sus soldados ante posibles denuncias por crímenes de guerra. El Gobierno israelí ha afirmado que garantizará defensa legal y política de todos sus militares tras la ofensiva militar de Gaza en la que han muerto más de 1.400 palestinos.
En la resolución promovida por el actual ministro de Defensa, Ehud Barak, se aseguraba que Israel no dejará a su suerte a las fuerzas armadas ante las posibles acciones legales de tribunales de otros países.
Horás más tarde, el ministro de Asunto Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha afirmado que "la obligación del gobierno es respetar la justicia" y que por tanto no tiene nada que decir en cuanto a la decisión del juez.
"La obligación del gobierno es respetar la justicia porque es un poder independiente". Moratinos ha mantenido contacto con el embajador de Israel y le ha trasladado este mensaje, así como el auto del juez. El ministro está a la espera de hablar por teléfono con su homóloha israelí Tzipi Livni, informa Marisa Cruz.
El juez Andreu ha acordado además una comisión rogatoria al Gobierno palestino para tomar declaración a los testigos de este ataque y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, aunque recuerda que ya envió una comisión rogatoria a Israel para conocer si se estaban investigando estos hechos y nunca obtuvo respuesta.
Cuando todavía colean con efectos mortales de la última operación de Israel sobre la Franja de Gaza, la Justicia actuará ahora sobre un ataque del 2002 que el auto considera "desproporcionado". El texto legal indica además que "el ataque contra la población civil ya de inicio es ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato", un hecho que España puede perseguir atendiendo "al principio de la jurisdicción universal".
Recientemente el Consejo de Ministros presidido por Ehud Olmert afirmó que defendería a sus soldados ante posibles denuncias por crímenes de guerra. El Gobierno israelí ha afirmado que garantizará defensa legal y política de todos sus militares tras la ofensiva militar de Gaza en la que han muerto más de 1.400 palestinos.
En la resolución promovida por el actual ministro de Defensa, Ehud Barak, se aseguraba que Israel no dejará a su suerte a las fuerzas armadas ante las posibles acciones legales de tribunales de otros países.
Horás más tarde, el ministro de Asunto Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha afirmado que "la obligación del gobierno es respetar la justicia" y que por tanto no tiene nada que decir en cuanto a la decisión del juez.
"La obligación del gobierno es respetar la justicia porque es un poder independiente". Moratinos ha mantenido contacto con el embajador de Israel y le ha trasladado este mensaje, así como el auto del juez. El ministro está a la espera de hablar por teléfono con su homóloha israelí Tzipi Livni, informa Marisa Cruz.
Anónimo
El hombre que dio la luz verde para que un caza de combate lanzara una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehade, jefe del brazo armado del grupo islamista Hamas. En el ataque en pleno centro de la ciudad de Gaza, Israel no solo mató a Shehade sino también a 14 civiles, entre ellos 11 niños.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de tramitar una querella contra él y otros seis israelíes por presunto "delito contra la humanidad" ha provocado estupor y mucha sorpresa en Israel. Los principales medios se hacen eco de la noticia, que en muchos casos encabeza sus telediarios o páginas electrónicas.
Según declaraciones de Ben Eliezer a elmundo.es:
"Es una decisión ridícula. Los terroristas usan los tribunales del mundo libre para seguir atacándonos. No me arrepiento de la decisión, Shehade era un terrorista de Hamas, un archiasesino con las manos llenas de sangre de centenares de israelíes. Ese día, nadie sabía que había civiles en la casa adyacente. En ese momento cada día había atentados suicidas en nuestras cafeterías y autobuses".
Fuentes del Gobierno israelí han afirmado a la radio estatal que la decisión del juez español "es muy grave. El presidente español, José Luis Rodriguez Zapatero, dejó claro hace unos días a Israel que España está muy interesada en intervenir para ayudar a solucionar el conflicto en Oriente Próximo pero ahora desde Madrid sale un mensaje contrario".
El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, afirmó en un comunicado que "hará todo" por anular la querella admitida a trámite.
Otro de los implicados, el actual ministro Avi Dichter:
"Israel es un objetivo fácil, no presentan denuncias contra potencias como Gran Bretaña o EEUU en Afganistán. Espero que recapaciten. Israel nunca ha atacado a civiles de forma intencionada".
Horás más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha afirmado que "la obligación del Gobierno es respetar la justicia" y que por tanto no tiene nada que decir en cuanto a la decisión del juez, informa Marisa Cruz.
"La obligación del Gobierno es respetar la justicia porque es un poder independiente". Moratinos ha mantenido contacto con el embajador de Israel y le ha trasladado este mensaje, así como el auto del juez. El ministro está a la espera de hablar por teléfono con su homóloga israelí Tzipi Livni.
Hace unos meses, y tras enterarse de las intenciones de grupos palestinos de acudir al tribunal español, la ministra israelí de Exteriores, Tzipi Livni se dirigió a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, para intentar solucionar el caso. "No podemos aceptar que una denuncia política antiisraelí dañe a oficiales reservistas", le pidió.
Livni -actualmente candidata del partido Kadima en las elecciones del 10 de febrero- confiaba con esta petición que España hiciera como Reino Unido en el tratamiento de posibles denuncias contra oficiales israelíes.
De hecho, España e Israel mantuvieron contactos secretos para que dicho caso no provocara un incidente diplomático. Al mismo tiempo, Exteriores en Jerusalén pidió a Ben Eliezer y otros ex oficiales no viajar a España.
Destacado miembro del partido laborista, Ben Eliezer había dicho en el pasado que "como ministro de Defensa doy fe que hemos anulado numerosas operaciones contra terroristas porque había riesgo de la muerte de civiles. Hemos evitado matar a gente responsable de la muerte de decenas de civiles para evitarlo."
El fundador y líder de Hamas, el jeque Ahmed Yassin (también muerto en otro ataque israelí el 22 de marzo de 2004, en plena Intifada Al Aksa) le había encargado a Shehade la formación del brazo armado, el llamado Azzadin El Qassam. Shehade había sido estado varios años en la cárcel israelí y posteriormente en la palestina, tras la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Uno de los agentes del Shaback (servicio secreto interno) que más interrogó a Shehade afirma a elmundo.es:
"Era un hombre culto, que le gustaba leer biografías de líderes israelíes y al mismo tiempo nos odiaba a muerte. No tenía vergüenza en decirme que su objetivo y el de Hamas era la destrucción de Israel".
Sobre las querellas en España, afirma que "no es ninguna sorpresa, lo sería si tramitaran una querella contra los que envían hombres suicidas a cafeterías o discotecas".
Denunciados
Entre los siete israelíes denunciados por el Centro Palestino para los Derechos Humanos, se encuentra Dan Jalutz, ex jefe del Estado Mayor del Ejército que dimitió meses después de la llamada Segunda Guerra del Líbano (julio-agosto 2006).
Piloto con experiencia en varias guerras, Jalutz era el jefe de la Fuerza Aérea cuando uno de sus cazas mató a Shehade y 14 civiles. Tras la ola de críticas israelíes e internacionales por las consecuencias del ataque, Jalutz se dirigió a sus pilotos:
"Tenéis todo mi apoyo. Podéis dormir tranquilos. Habéis hecho una acción perfecta".
Esta y otras declaraciones provocaron un recurso en el Tribunal Supremo de Israel al que tuvo que acudir Jalutz para dar explicaciones.
Otro oficial reservista es Moshe Yaalon que en 2002 era jefe del Ejército. De familia laborista, en los últimos años ha dado un giro a la derecha y hoy es una de las estrellas fichadas por el Likud de Beniamin Netanyahu, claro favorito a los comicios.
Las noticias llegadas desde la Audiencia Nacional de Madrid se producen cuando el Gobierno, Ejército, ministerio de Exteriores y Justicia encabezan un mecanismo de defensa a sus oficiales que han participado en la reciente operación contra Hamas dejando un balance de más de 1.300 muertos.
España, entre los problemáticos
Entre las medidas y consejos, Israel confeccionó un mapa con los países "más problemáticos" entre los que se incluía a España, Reino Unido o los escandinavos.
Organizaciones palestinas encabezadas por la ANP de Abu Mazen han dado ya los primeros pasos para, como dice su ministro de Justicia, "llevar a la justicia internacional a los responsables de la masacre".
Mientras, desde el otro bando, anuncian que no se arredrarán:
"No dejaremos a ningún soldado o dirigente tirado. Ellos nos defendieron incluso sacrificando sus vidas de las acciones terroristas de Hamas y ahora es el turno de Israel de defenderles", dijo hace unos días Ben Eliezer, sin imaginarse ser el mismo posible objeto de una querella.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de tramitar una querella contra él y otros seis israelíes por presunto "delito contra la humanidad" ha provocado estupor y mucha sorpresa en Israel. Los principales medios se hacen eco de la noticia, que en muchos casos encabeza sus telediarios o páginas electrónicas.
Según declaraciones de Ben Eliezer a elmundo.es:
"Es una decisión ridícula. Los terroristas usan los tribunales del mundo libre para seguir atacándonos. No me arrepiento de la decisión, Shehade era un terrorista de Hamas, un archiasesino con las manos llenas de sangre de centenares de israelíes. Ese día, nadie sabía que había civiles en la casa adyacente. En ese momento cada día había atentados suicidas en nuestras cafeterías y autobuses".
Fuentes del Gobierno israelí han afirmado a la radio estatal que la decisión del juez español "es muy grave. El presidente español, José Luis Rodriguez Zapatero, dejó claro hace unos días a Israel que España está muy interesada en intervenir para ayudar a solucionar el conflicto en Oriente Próximo pero ahora desde Madrid sale un mensaje contrario".
El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, afirmó en un comunicado que "hará todo" por anular la querella admitida a trámite.
Otro de los implicados, el actual ministro Avi Dichter:
"Israel es un objetivo fácil, no presentan denuncias contra potencias como Gran Bretaña o EEUU en Afganistán. Espero que recapaciten. Israel nunca ha atacado a civiles de forma intencionada".
Horás más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha afirmado que "la obligación del Gobierno es respetar la justicia" y que por tanto no tiene nada que decir en cuanto a la decisión del juez, informa Marisa Cruz.
"La obligación del Gobierno es respetar la justicia porque es un poder independiente". Moratinos ha mantenido contacto con el embajador de Israel y le ha trasladado este mensaje, así como el auto del juez. El ministro está a la espera de hablar por teléfono con su homóloga israelí Tzipi Livni.
Hace unos meses, y tras enterarse de las intenciones de grupos palestinos de acudir al tribunal español, la ministra israelí de Exteriores, Tzipi Livni se dirigió a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, para intentar solucionar el caso. "No podemos aceptar que una denuncia política antiisraelí dañe a oficiales reservistas", le pidió.
Livni -actualmente candidata del partido Kadima en las elecciones del 10 de febrero- confiaba con esta petición que España hiciera como Reino Unido en el tratamiento de posibles denuncias contra oficiales israelíes.
De hecho, España e Israel mantuvieron contactos secretos para que dicho caso no provocara un incidente diplomático. Al mismo tiempo, Exteriores en Jerusalén pidió a Ben Eliezer y otros ex oficiales no viajar a España.
Destacado miembro del partido laborista, Ben Eliezer había dicho en el pasado que "como ministro de Defensa doy fe que hemos anulado numerosas operaciones contra terroristas porque había riesgo de la muerte de civiles. Hemos evitado matar a gente responsable de la muerte de decenas de civiles para evitarlo."
El fundador y líder de Hamas, el jeque Ahmed Yassin (también muerto en otro ataque israelí el 22 de marzo de 2004, en plena Intifada Al Aksa) le había encargado a Shehade la formación del brazo armado, el llamado Azzadin El Qassam. Shehade había sido estado varios años en la cárcel israelí y posteriormente en la palestina, tras la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Uno de los agentes del Shaback (servicio secreto interno) que más interrogó a Shehade afirma a elmundo.es:
"Era un hombre culto, que le gustaba leer biografías de líderes israelíes y al mismo tiempo nos odiaba a muerte. No tenía vergüenza en decirme que su objetivo y el de Hamas era la destrucción de Israel".
Sobre las querellas en España, afirma que "no es ninguna sorpresa, lo sería si tramitaran una querella contra los que envían hombres suicidas a cafeterías o discotecas".
Denunciados
Entre los siete israelíes denunciados por el Centro Palestino para los Derechos Humanos, se encuentra Dan Jalutz, ex jefe del Estado Mayor del Ejército que dimitió meses después de la llamada Segunda Guerra del Líbano (julio-agosto 2006).
Piloto con experiencia en varias guerras, Jalutz era el jefe de la Fuerza Aérea cuando uno de sus cazas mató a Shehade y 14 civiles. Tras la ola de críticas israelíes e internacionales por las consecuencias del ataque, Jalutz se dirigió a sus pilotos:
"Tenéis todo mi apoyo. Podéis dormir tranquilos. Habéis hecho una acción perfecta".
Esta y otras declaraciones provocaron un recurso en el Tribunal Supremo de Israel al que tuvo que acudir Jalutz para dar explicaciones.
Otro oficial reservista es Moshe Yaalon que en 2002 era jefe del Ejército. De familia laborista, en los últimos años ha dado un giro a la derecha y hoy es una de las estrellas fichadas por el Likud de Beniamin Netanyahu, claro favorito a los comicios.
Las noticias llegadas desde la Audiencia Nacional de Madrid se producen cuando el Gobierno, Ejército, ministerio de Exteriores y Justicia encabezan un mecanismo de defensa a sus oficiales que han participado en la reciente operación contra Hamas dejando un balance de más de 1.300 muertos.
España, entre los problemáticos
Entre las medidas y consejos, Israel confeccionó un mapa con los países "más problemáticos" entre los que se incluía a España, Reino Unido o los escandinavos.
Organizaciones palestinas encabezadas por la ANP de Abu Mazen han dado ya los primeros pasos para, como dice su ministro de Justicia, "llevar a la justicia internacional a los responsables de la masacre".
Mientras, desde el otro bando, anuncian que no se arredrarán:
"No dejaremos a ningún soldado o dirigente tirado. Ellos nos defendieron incluso sacrificando sus vidas de las acciones terroristas de Hamas y ahora es el turno de Israel de defenderles", dijo hace unos días Ben Eliezer, sin imaginarse ser el mismo posible objeto de una querella.
Anónimo
Nadie niega que en 2002, y aún más durante la reciente ofensiva Plomo Endurecido, el ejército causó la muerte de civiles inocentes durante sus bombardeos masivos, pero estas muertes de "personas no implicadas", según la terminología utilizada, son calificadas en Israel de lamentables errores, para nada intencionados.
Los responsables incriminados y los dirigentes israelíes como el viceprimer ministro, Haim Ramon, acusan al mundo de "hipocresía" y afirman que el ejército toma muchas más precauciones en evitar "víctimas colaterales" que lo hacen las fuerzas de la coalición en Afganistán y en Irak o lo hicieron en el pasado los rusos en Chechenia o la OTAN contra Serbia.
La justicia española investiga al ex ministro de Defensa israelí Benjamin Ben Eliezer y a otros seis altos responsables militares por la muerte de 14 civiles y de un responsable militar de Hamas en 2002.
"Aquellos que nos dan lecciones de moral harían mejor en acusar a Hamas", responde Ben Eliezer.
"Todo este caso es político. El objetivo es ilegitimar a Israel", afirmó el viernes en la radio militar uno de los responsables incriminados, jefe del Estado Mayor en la época de Moshe Yaalon, hoy candidato del Likud (derecha) en las legislativas del 10 de febrero.
Es una acusación "delirante" indica por su parte Avi Dichter, el ex jefe del Shin Beth (servicio de seguridad interior) y ministro de la Seguridad Interior.
El ministro de Defensa, Ehud Barak, estimó que "cualquiera que designe como un crimen contra la Humanidad la eliminación de un terrorista vive en un mundo al revés".
La ministra de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Livni, llamó a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, para informarle de que Israel consideraba la investigación "con la mayor gravedad" para las relaciones bilaterales y reprochaba a la justicia española no haber esperado los resultados de una investigación israelí.
Pasaron cinco años antes que una "comisión de verificación" israelí fuera encargada, en 2007, de investigar la muerte de los 14 civiles durante el asesinato de Salah Chehadé, a petición de una organización pacifista israelí.
El 22 de julio de 2002, un F16 israelí tiró una bomba que mató junto a Salah Chehade, jefe del brazo armado de Hamas, a su mujer, sus ocho hijos y otros civiles.
Israel llevaba varias tentativas de asesinato en contra de Chehade, implicado en una serie de atentados antiisraelíes.
El juez madrileño Fernando Andreu aceptó a trámite la demanda del Centro Palestino para los Derechos Humanos sobre el bombardeo, que dejó heridos a otros 150 palestinos.
Los responsables incriminados y los dirigentes israelíes como el viceprimer ministro, Haim Ramon, acusan al mundo de "hipocresía" y afirman que el ejército toma muchas más precauciones en evitar "víctimas colaterales" que lo hacen las fuerzas de la coalición en Afganistán y en Irak o lo hicieron en el pasado los rusos en Chechenia o la OTAN contra Serbia.
La justicia española investiga al ex ministro de Defensa israelí Benjamin Ben Eliezer y a otros seis altos responsables militares por la muerte de 14 civiles y de un responsable militar de Hamas en 2002.
"Aquellos que nos dan lecciones de moral harían mejor en acusar a Hamas", responde Ben Eliezer.
"Todo este caso es político. El objetivo es ilegitimar a Israel", afirmó el viernes en la radio militar uno de los responsables incriminados, jefe del Estado Mayor en la época de Moshe Yaalon, hoy candidato del Likud (derecha) en las legislativas del 10 de febrero.
Es una acusación "delirante" indica por su parte Avi Dichter, el ex jefe del Shin Beth (servicio de seguridad interior) y ministro de la Seguridad Interior.
El ministro de Defensa, Ehud Barak, estimó que "cualquiera que designe como un crimen contra la Humanidad la eliminación de un terrorista vive en un mundo al revés".
La ministra de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Livni, llamó a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, para informarle de que Israel consideraba la investigación "con la mayor gravedad" para las relaciones bilaterales y reprochaba a la justicia española no haber esperado los resultados de una investigación israelí.
Pasaron cinco años antes que una "comisión de verificación" israelí fuera encargada, en 2007, de investigar la muerte de los 14 civiles durante el asesinato de Salah Chehadé, a petición de una organización pacifista israelí.
El 22 de julio de 2002, un F16 israelí tiró una bomba que mató junto a Salah Chehade, jefe del brazo armado de Hamas, a su mujer, sus ocho hijos y otros civiles.
Israel llevaba varias tentativas de asesinato en contra de Chehade, implicado en una serie de atentados antiisraelíes.
El juez madrileño Fernando Andreu aceptó a trámite la demanda del Centro Palestino para los Derechos Humanos sobre el bombardeo, que dejó heridos a otros 150 palestinos.
Anónimo
Livni ha telefoneado a Moratinos para expresarle su "preocupación" por la resolución del juez Fernando Andreu de imputar al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque en Gaza el 22 de julio de 2002. "Israel considera muy grave la decisión del juez, tomada sin recibir antes toda la documentación relevante. Demuestra que es una decisión política y no judicial", le ha dicho Livni.
Moratinos ha expresado a Livni el deseo del Ejecutivo de minimizar el alcance del caso. "La Justicia puede decidir, pero haremos todo lo necesario para que tenga el menor impacto y pueda tener una solución satisfactoria", ha explicado el ministro.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que Israel entiende que la Justicia en España actúa con "total independencia" a la hora de tomar decisiones como la de investigar un posible delito contra la humanidad. De la Vega, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que la posición del Gobierno es respetar la acción de los tribunales y no inmiscuirse en el desarrollo del caso abierto por el juez de la Audiencia Nacional.
Modificación de la Ley
Sin embargo, varios medios de comunicación israelíes ha asegurado que Miguel Angel Moratinos ha prometido a Tzipi Livni que el Gobierno español trabajará para intentar cambiar la ley con el fin de limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.
Según los diarios 'Haaretz', 'Jerusalem Post', 'Yediot Ahronot' y la radio militar israelí, Moratinos ha telefoneado a Livni para anunciarle que el Ejecutivo tiene previsto modificar la ley. Los medios de comunicación reproducen declaraciones de Livni en las que saluda que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanza que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas".
La radio militar israelí ha informado que Moratinos subrayó que esta reforma legal no estaría lista a tiempo para afectar a la querella admitida a trámite por Andreu, pero indicó que su departamento trabajaría para anular la investigación. Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No afectaría al caso del juez Andreu
Fuentes del Ejecutivo han informado de ese análisis que se está realizando en el ámbito de las reformas procesales. El Gobierno ha recalcado que el estudio en trámite no tiene su origen en la decisión del juez Andreu, sino que está en marcha desde hace bastante tiempo para determinar qué ajustes procesales pueden llevarse a cabo en el ejercicio de la jurisdicción universal. Además, precisan que nunca los ajustes tendrían carácter retroactivo, por lo que no podrían afectar en ningún caso a la causa abierta en la Audiencia Nacional por parte del juez Andreu.
Decisión "hipócrita"
La Liga Antidifamación de EEUU ha considerado "hipócrita" la decisión del juez español."La decisión de España de lanzar esta investigación alcanza nuevos niveles de hipocresía y es un insulto al Estado de Israel", consideró el director de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), Abraham Foxman, mediante un comunicado de prensa. La citada organización, fundada en 1913 y que lucha contra el antisemitismo, ha indicado en su comunicado de prensa varios ejemplos de lo que calificó como "serias deficiencias del sistema legal español".
Moratinos ha expresado a Livni el deseo del Ejecutivo de minimizar el alcance del caso. "La Justicia puede decidir, pero haremos todo lo necesario para que tenga el menor impacto y pueda tener una solución satisfactoria", ha explicado el ministro.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que Israel entiende que la Justicia en España actúa con "total independencia" a la hora de tomar decisiones como la de investigar un posible delito contra la humanidad. De la Vega, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que la posición del Gobierno es respetar la acción de los tribunales y no inmiscuirse en el desarrollo del caso abierto por el juez de la Audiencia Nacional.
Modificación de la Ley
Sin embargo, varios medios de comunicación israelíes ha asegurado que Miguel Angel Moratinos ha prometido a Tzipi Livni que el Gobierno español trabajará para intentar cambiar la ley con el fin de limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.
Según los diarios 'Haaretz', 'Jerusalem Post', 'Yediot Ahronot' y la radio militar israelí, Moratinos ha telefoneado a Livni para anunciarle que el Ejecutivo tiene previsto modificar la ley. Los medios de comunicación reproducen declaraciones de Livni en las que saluda que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanza que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas".
La radio militar israelí ha informado que Moratinos subrayó que esta reforma legal no estaría lista a tiempo para afectar a la querella admitida a trámite por Andreu, pero indicó que su departamento trabajaría para anular la investigación. Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No afectaría al caso del juez Andreu
Fuentes del Ejecutivo han informado de ese análisis que se está realizando en el ámbito de las reformas procesales. El Gobierno ha recalcado que el estudio en trámite no tiene su origen en la decisión del juez Andreu, sino que está en marcha desde hace bastante tiempo para determinar qué ajustes procesales pueden llevarse a cabo en el ejercicio de la jurisdicción universal. Además, precisan que nunca los ajustes tendrían carácter retroactivo, por lo que no podrían afectar en ningún caso a la causa abierta en la Audiencia Nacional por parte del juez Andreu.
Decisión "hipócrita"
La Liga Antidifamación de EEUU ha considerado "hipócrita" la decisión del juez español."La decisión de España de lanzar esta investigación alcanza nuevos niveles de hipocresía y es un insulto al Estado de Israel", consideró el director de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), Abraham Foxman, mediante un comunicado de prensa. La citada organización, fundada en 1913 y que lucha contra el antisemitismo, ha indicado en su comunicado de prensa varios ejemplos de lo que calificó como "serias deficiencias del sistema legal español".
Anónimo
El Gobierno no limitará el principio de jurisdicción universal sino que se plantea hacer sólo "ajustes procesales" que, en ningún caso, tendrían carácter retroactivo y, por tanto, no afectarían al caso abierto por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu contra mandos israelíes por un ataque en Gaza en 2002.
Así lo han asegurado fuentes de Moncloa en respuesta a las palabras de la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, que había desvelado que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le había comentado en una conversación telefónica que cambiará la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.
En declaraciones a los medios de comunicación israelíes, Livni saludaba que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanzaba que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas".
Ajustes procesales
El Gobierno ha recalcado que el estudio en trámite no tiene su origen en las últimas horas a consecuencia de la decisión del juez Andreu, sino que está en marcha desde hace bastante tiempo para determinar qué ajustes procesales pueden llevarse a cabo en el ejercicio de la jurisdicción universal.
"No se trata ni mucho menos de abolir, ni de limitar, ni de restringir ese derecho a la jurisdicción universal que es una seña de identidad del ordenamiento jurídico español desde 1870, sino de aplicar unos ajustes procesales que se están estudiando", añaden las fuentes consultadas por Efe.
Además, precisan que nunca los ajustes tendrían carácter retroactivo, por lo que no podrían afectar en ningún caso a la causa abierta en la Audiencia Nacional por parte del juez
Jurisprudencia del Supremo
Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia.
Así lo han asegurado fuentes de Moncloa en respuesta a las palabras de la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, que había desvelado que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le había comentado en una conversación telefónica que cambiará la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.
En declaraciones a los medios de comunicación israelíes, Livni saludaba que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanzaba que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas".
Ajustes procesales
El Gobierno ha recalcado que el estudio en trámite no tiene su origen en las últimas horas a consecuencia de la decisión del juez Andreu, sino que está en marcha desde hace bastante tiempo para determinar qué ajustes procesales pueden llevarse a cabo en el ejercicio de la jurisdicción universal.
"No se trata ni mucho menos de abolir, ni de limitar, ni de restringir ese derecho a la jurisdicción universal que es una seña de identidad del ordenamiento jurídico español desde 1870, sino de aplicar unos ajustes procesales que se están estudiando", añaden las fuentes consultadas por Efe.
Además, precisan que nunca los ajustes tendrían carácter retroactivo, por lo que no podrían afectar en ningún caso a la causa abierta en la Audiencia Nacional por parte del juez
Jurisprudencia del Supremo
Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia.
Anónimo
El juez Fernando Andreu imputó ayer al ex ministro de Defensa, Benjamin Ben-Eliezer, y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por el bombardeo de la vivienda del líder de Hamas Salah Shehade. Junto al dirigente palestino murieron 14 civiles, la mayoría niños, y 150 personas resultaron heridas. Ben-Eliezer, actualmente ministro de Infraestructuras, tildó de “ridícula y vergonzosa” la investigación iniciada contra él. “Las organizaciones terroristas están usando los tribunales del mundo libre y los métodos de los estados democráticos para perseguir a un país que lucha contra el terror”, aseguró Ben-Eliezer.
Las palabras del líder de la oposición, el conservador Benjamin Netanyahu, mostraron igualmente la indignación que ha sacudido al país: “No hay nada más ridículo y absurdo que acusarnos a nosotros, una democracia que se defiende legítimamente de terroristas y criminales de guerra, de esos mismos crímenes. Es absurdo y una burla al derecho internacional”. Entre los comentarios de los lectores a estas informaciones se podían leer frases como “¿Está España en guerra con Israel?”, “¿Qué sucede con la Inquisición española?” o “España, el país que ama las corridas de toros”.
De acuerdo con Haaretz, Israel se está preparando para una ola de querellas de organizaciones pro palestinas contra israelíes involucrados en la última ofensiva de Gaza. Además, fuentes oficiales expresaron su profunda preocupación por que Israel sea presionado para aceptar una investigación sobre las bajas civiles en Gaza. El miedo a las acciones legales internacionales se incrementó después de que un militar israelí fuera acusado recientemente de crímenes de guerra en Reino Unido por su actividad durante la segunda intifada.
Malestar de la comunidad judía en España
La Embajada de Israel evitó hacer ningún comentario ayer aduciendo que no habían recibido oficialmente el auto de la Audiencia Nacional. Sin embargo, desde el entorno de la comunidad judía en España se expresó a este diario que este caso “echa más gasolina al fuego” de las relaciones bilaterales, tras las turbulencias que provocaron las manifestaciones contra la ofensiva israelí en ciudades como Madrid, así como las polémicas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero.
En un intento de tranquilizar los ánimos israelíes, Miguel Ángel Moratinos le aseguró a su homóloga israelí, Tzipi Livni, que el Ejecutivo español tratará de que la investigación de la Audiencia Nacional tenga el “menor impacto” posible. Livni telefoneó ayer a Moratinos para expresarle su preocupación por la decisión del juez Andreu, por lo que el ministro español le trasladó su deseo de que se pueda encontrar una “solución satisfactoria”.
Por su parte, el cónsul de la Delegación General de Palestina en España, Mohamed Amro, celebró la resolución de la justicia española e indicó que “hay que perseguir a Israel porque está tratando de eliminar a un pueblo, a una causa, con una limpieza étnica en nuestro territorio”.
Las palabras del líder de la oposición, el conservador Benjamin Netanyahu, mostraron igualmente la indignación que ha sacudido al país: “No hay nada más ridículo y absurdo que acusarnos a nosotros, una democracia que se defiende legítimamente de terroristas y criminales de guerra, de esos mismos crímenes. Es absurdo y una burla al derecho internacional”. Entre los comentarios de los lectores a estas informaciones se podían leer frases como “¿Está España en guerra con Israel?”, “¿Qué sucede con la Inquisición española?” o “España, el país que ama las corridas de toros”.
De acuerdo con Haaretz, Israel se está preparando para una ola de querellas de organizaciones pro palestinas contra israelíes involucrados en la última ofensiva de Gaza. Además, fuentes oficiales expresaron su profunda preocupación por que Israel sea presionado para aceptar una investigación sobre las bajas civiles en Gaza. El miedo a las acciones legales internacionales se incrementó después de que un militar israelí fuera acusado recientemente de crímenes de guerra en Reino Unido por su actividad durante la segunda intifada.
Malestar de la comunidad judía en España
La Embajada de Israel evitó hacer ningún comentario ayer aduciendo que no habían recibido oficialmente el auto de la Audiencia Nacional. Sin embargo, desde el entorno de la comunidad judía en España se expresó a este diario que este caso “echa más gasolina al fuego” de las relaciones bilaterales, tras las turbulencias que provocaron las manifestaciones contra la ofensiva israelí en ciudades como Madrid, así como las polémicas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero.
En un intento de tranquilizar los ánimos israelíes, Miguel Ángel Moratinos le aseguró a su homóloga israelí, Tzipi Livni, que el Ejecutivo español tratará de que la investigación de la Audiencia Nacional tenga el “menor impacto” posible. Livni telefoneó ayer a Moratinos para expresarle su preocupación por la decisión del juez Andreu, por lo que el ministro español le trasladó su deseo de que se pueda encontrar una “solución satisfactoria”.
Por su parte, el cónsul de la Delegación General de Palestina en España, Mohamed Amro, celebró la resolución de la justicia española e indicó que “hay que perseguir a Israel porque está tratando de eliminar a un pueblo, a una causa, con una limpieza étnica en nuestro territorio”.
Anónimo
Esa modificación evitaría casos como el abierto el jueves por la Audiencia Nacional contra un exministro de Defensa israelí y seis militares por un ataque aéreo contra Gaza en el 2002, que ha vuelto a tensar las relaciones diplomáticas entre Tel-Aviv y Madrid. "Sistemas legales de todo el mundo han sido aprovechados por cínicos cuyo único propósito es dañar a Israel", declaró Livni a Associated Press. Añadió que estaba satisfecha por la noticia. La jefa de la diplomacia judía fue la que dio a conocer el contenido de la conversación con Moratinos, mientras que el ministro y todo su equipo de asesores guardaron un absoluto mutismo.
Por la noche, un portavoz de la Moncloa confirmó que el Gobierno estudia "desde hace tiempo" hacer "ajustes" en "cómo se aplica el ejercicio de la acción de la jurisdicción universal". Ese portavoz aseguró que, en ningún caso, esos cambios tendrían efectos retroactivos, por lo que no afectaría a esos militares.
EL ANTECEDENTE BELGA
Fuentes israelís explicaron que Moratinos tranquilizó a Livni y quitó hierro a la imputación de los siete militares por el ataque a la franja. Casi a la vez que ellos dos hablaban, María Teresa Fernández de la Vega aseguraba, tras la reunión del Consejo de Ministros, que España es un "Estado de derecho" en el que la justicia "actúa con total independencia".
Livni, ministra de Justicia antes de asumir la cartera de Exteriores, lleva años lidiando con gobiernos que aspiran a juzgar a militares israelís. En el 2001, Bélgica inició los trámites para enjuiciar al entonces primer ministro, Ariel Sharon, por las matanzas de Sabra y Chatila, en 1982, en las que murieron entre 700 y 3.000 personas, dependiendo de las fuentes. Dos años más tarde, el Parlamento enmendó la ley y limitó la capacidad de juzgar casos únicamente cuando se trate de países no democráticos y que no ofrecen la posibilidad de un juicio justo.
Podría ser uno de los retoques que planea el Ejecutivo español. Según fuentes jurídicas, en la conversación con su homóloga, Moratinos reveló una reforma que tanto él como Mariano Fernández Bermejo, consideran oportuna, y en la que Justicia lleva meses trabajando.
Ambos coinciden en la necesidad de rebajar la competencia de los jueces para abrir este tipo de procesos a personas de terceros países, ya que España ratificó los estatutos del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Fuentes de Exteriores y de Justicia denuncian que algunos procesos están provocando conflictos diplomáticos, como, por ejemplo, la actuación contra siete jerarcas chinos tres días antes de los Juegos. En otros casos, los partidos de la oposición y del Gobierno del país afectado solicitan que no se hurgue en la herida del pasado. Es el caso de El Salvador y la investigación de la matanza de cinco jesuitas en 1989.
INFORMES A LA AUDIENCIA
Mientras tanto, el proceso de la querella contra los militares israelís sigue su curso y ayer, justo al día siguiente de que el juez Fernando Andreu diera a conocer su decisión de imputar a los militares, la Embajada de Israel hizo llegar a la Audiencia la información que el magistrado llevaba solicitando desde hacía cinco meses.
Según fuentes israelís, en esos documentos, 300 folios de informes militares y del Gobierno, se constata que Tel-Aviv ya está investigando la matanza del 2002. "Con esa información, el juez deberá dar carpetazo al caso y dejar que Israel investigue", aseguró un portavoz de la legación. Si eso se confirmara, Andreu cerraría el caso a petición del fiscal.
Por la noche, un portavoz de la Moncloa confirmó que el Gobierno estudia "desde hace tiempo" hacer "ajustes" en "cómo se aplica el ejercicio de la acción de la jurisdicción universal". Ese portavoz aseguró que, en ningún caso, esos cambios tendrían efectos retroactivos, por lo que no afectaría a esos militares.
EL ANTECEDENTE BELGA
Fuentes israelís explicaron que Moratinos tranquilizó a Livni y quitó hierro a la imputación de los siete militares por el ataque a la franja. Casi a la vez que ellos dos hablaban, María Teresa Fernández de la Vega aseguraba, tras la reunión del Consejo de Ministros, que España es un "Estado de derecho" en el que la justicia "actúa con total independencia".
Livni, ministra de Justicia antes de asumir la cartera de Exteriores, lleva años lidiando con gobiernos que aspiran a juzgar a militares israelís. En el 2001, Bélgica inició los trámites para enjuiciar al entonces primer ministro, Ariel Sharon, por las matanzas de Sabra y Chatila, en 1982, en las que murieron entre 700 y 3.000 personas, dependiendo de las fuentes. Dos años más tarde, el Parlamento enmendó la ley y limitó la capacidad de juzgar casos únicamente cuando se trate de países no democráticos y que no ofrecen la posibilidad de un juicio justo.
Podría ser uno de los retoques que planea el Ejecutivo español. Según fuentes jurídicas, en la conversación con su homóloga, Moratinos reveló una reforma que tanto él como Mariano Fernández Bermejo, consideran oportuna, y en la que Justicia lleva meses trabajando.
Ambos coinciden en la necesidad de rebajar la competencia de los jueces para abrir este tipo de procesos a personas de terceros países, ya que España ratificó los estatutos del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Fuentes de Exteriores y de Justicia denuncian que algunos procesos están provocando conflictos diplomáticos, como, por ejemplo, la actuación contra siete jerarcas chinos tres días antes de los Juegos. En otros casos, los partidos de la oposición y del Gobierno del país afectado solicitan que no se hurgue en la herida del pasado. Es el caso de El Salvador y la investigación de la matanza de cinco jesuitas en 1989.
INFORMES A LA AUDIENCIA
Mientras tanto, el proceso de la querella contra los militares israelís sigue su curso y ayer, justo al día siguiente de que el juez Fernando Andreu diera a conocer su decisión de imputar a los militares, la Embajada de Israel hizo llegar a la Audiencia la información que el magistrado llevaba solicitando desde hacía cinco meses.
Según fuentes israelís, en esos documentos, 300 folios de informes militares y del Gobierno, se constata que Tel-Aviv ya está investigando la matanza del 2002. "Con esa información, el juez deberá dar carpetazo al caso y dejar que Israel investigue", aseguró un portavoz de la legación. Si eso se confirmara, Andreu cerraría el caso a petición del fiscal.
Anónimo
Ayer en medios israelíes trascendió que a raíz de la apertura de un sumario en la Audiencia Nacional contra una operación en Gaza en 2002 el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, había confesado a su homóloga israelí, Tzipi Livni, que pretendían cambiar la ley para evitar este tipo de situaciones. Exteriores tuvo que salir al paso para decir que «no se trata ni mucho menos de abolir, ni de limitar, ni de restringir ese derecho a la jurisdicción universal que es una seña de identidad del ordenamiento jurídico español desde 1870». ¡75 años antes de la creación de la ONU y con 40 de dictadura en medio!
Anónimo
«Apoyaremos a todos los oficiales que hayan participado en las operaciones militares», aseguró el primer ministro israelí, Ehud Olmert, antes de la sesión de su Gabinete del pasado domingo. «Oficiales y soldados deben saber que están a salvo de los tribunales», insistió.
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno están la prohibición de publicar los nombres de los militares envueltos en los ataques, así como la creación de un cuerpo de abogados para poner freno a las denuncias y al que deberán dirigirse los soldados cuyas credenciales ya han sido hechas públicas. Además, se les ha recomendado no viajar a determinados lugares en donde podrían ser arrestados, como los estados español y francés, Gran Bretaña o los países nórdicos.
Preparando la defensa
«Israel tiene miedo. Se ha tomado en serio la posibilidad de que sus criminales de guerra se sienten en el banquillo», señaló esta semana el abogado de una ONG palestina que prefirió no dar su nombre ante el temor a posibles represalias. «Están preparando ya su defensa, publicando vídeos y fotos para justificar sus ataques y dificultar nuestra labor. ¿Cómo vamos a saber que un punto negro grabado desde un satélite es un arma o no?» En esas grabaciones se han suprimido los nombres y las graduaciones de los oficiales que participaron para que su identifica- ción sea imposible.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos están recogiendo testimonios y pruebas entre la población de Gaza con el objetivo de presentarlos ante los tribunales. «Es un trabajo largo, pero hay que documentar lo que ha ocurrido», indicaron las mismas fuentes, que mostraron su esperanza de que «dentro de diez o veinte años» pueda abrirse una causa general por los crímenes de guerra ocurridos durante la ocupación militar en Palestina.
La posibilidad de remitir las investigaciones a tribunales extranjeros, como en el caso actual de la Audiencia Nacional española, es sólo una de las vías que barajan estas organizaciones palestinas, aunque por el momento ha constituido el medio más efectivo. De hecho, antiguos altos cargos israelíes ya han sido perseguidos por ataques ocurridos durante la primera Intifada, como el actual ministro de Seguridad Pública y miembro del Kadima, Avi Dichter, quien está siendo procesado por un tribunal en Nueva York. Otra figura clave durante los últimos años de la ocupación, el general retirado Doron Almog, tuvo que refugiarse en su avión en 2005 y regresar a su país sin poner un pie en Londres ante la presencia de policías británicos dispuestos a detenerle.
Iniciativa inviable
Aunque el recurso a tribunales foráneos ha sido la iniciativa con mejores resultados, las organizaciones de defensa de los derechos humanos también barajan otras opciones, como la apertura de un proceso en el Tribunal Penal de La Haya o la creación de una corte especial para juzgar la ocupación, del mismo modo que ocurrió con la guerra de los Balcanes.
«No es muy realista, ya que Israel no ha firmado el tratado de la Corte Penal Internacional», reconoció este abogado, quien señaló que sólo una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría dar luz verde a este proceso, como ocurrió con el conflicto de Darfur, en Sudán.
De todos modos, las propias organizaciones consideran esta iniciativa inviable ante la posibilidad de veto de Estados Unidos. Un muro con el que también se chocaría la segunda opción. «Tendría que recibir el apoyo de muchos países, por lo que la situación actual no va en este sentido. Por el momento, desarrollamos campañas de presión pero no creemos que puedan tener efectividad en un futuro próximo», asegura.
En esta situación, el trabajo de los activistas de derechos humanos y expertos en Derecho se centra en la recogida de testimonios y pruebas con los que acusar a los cargos israelíes. Una investigación que podría alargarse durante años.
«Tenemos contactos con abogados de diversos lugares, entre ellos del Estado español, aunque todavía se trata de labores previas», afirman.
El impacto por los cerca de 1.500 muertos y más de 5.000 heridos provocados por el Ejército sionista ha puesto en marcha también a los escasos movimientos contrarios a la masacre dentro del propio Israel. Una de las iniciativas más conocidas ha sido la página web www.wanted.org.il, en la que aparecen las fichas de Ehud Olmert y otros 14 altos cargos de su Gobierno y se insta a abrir un proceso judicial contra ellos en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Además, siete organizaciones del ámbito de los derechos humanos han presentado un manifiesto en el que se denuncian los malos tratos y las torturas sufridas por los ciudadanos palestinos detenidos por el Ejército sionista. Tímidas reacciones de una sociedad que ha apoyado mayoritariamente la masacre cometida en la Franja de Gaza.
Medidas
Entre las medidas aprobadas por las autoridades israelíes están la prohibición de publicar los nombres de los militares envueltos en los ataques y la creación de un cuerpo de abogados para poner freno a las denuncias.
Madrid promete frenar las investigaciones sobre Gaza
La admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional española de la querella contra militares israelíes por crímenes contra la humanidad ha levantado ampollas.
El Ejecutivo israelí calificó de «delirante» la decisión de los tribunales españoles. Madrid no tardó en reaccionar para limar asperezas. Ayer mismo, medios israelíes desvelaron que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, prometió a su homóloga Tzipi Livni que trabajarán para cambiar la ley y que pararán la investigación.
Ante esta información divulgada por los diarios «Haaretz», «Jerusalem Post», «Yediot Ahrono» y la radio militar, el Gobierno español no tuvo más remedio que reconocer que «desde hace tiempo estudia introducir ajustes sobre cómo se ejerce» la acción de la jurisdicción universal.
Un portavoz de la Moncloa dijo que «no se trata de abolir, limitar o restringir la jurisdicción universal» que, según dijo, constituye «una seña de identidad del ordenamiento jurídico español, como demuestra el hecho de que esté recogido en este ordenamiento desde 1870».
GARA
Turquía recibe a Erdogan como un héroe por defender a Gaza
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue recibido como un héroe en su país después de que protagonizara un acalorado debate sobre Gaza con el presidente israelí, Shimon Peres, en la cumbre de Davos.
Miles de personas con banderas turcas y palestinas corearon consignas a favor de Erdogan a su regreso a la capital turca, Estambul, para apoyar su reacción cuando se enfrentó a Peres. Durante el tenso intercambio de palabras en el Foro Económico Mundial, Erdogan dijo que le parecía triste que se aplaudiera a Peres por defender la guerra de Israel en Gaza, donde han muerto tantas personas. Peres replicó que la tragedia de Gaza no era culpa de su país sino de Hamas que, a su juicio, ha instaurado una peligrosa dictadura. Cuando Erdogan se disponía a responder, los organizadores le negaron el derecho a la palabra, lo que enfadó al primer ministro turco, que abandonó el debate y el foro.
Al llegar a Estambul, declaró que el tono y lenguaje en que se expresó Peres era inaceptable, por lo que decidió actuar, aunque antes había señalado que el motivo de su abandono era que se le dio menos tiempo para intervenir. Hamas saludó la actuación de Erdogan.
(mas...)
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno están la prohibición de publicar los nombres de los militares envueltos en los ataques, así como la creación de un cuerpo de abogados para poner freno a las denuncias y al que deberán dirigirse los soldados cuyas credenciales ya han sido hechas públicas. Además, se les ha recomendado no viajar a determinados lugares en donde podrían ser arrestados, como los estados español y francés, Gran Bretaña o los países nórdicos.
Preparando la defensa
«Israel tiene miedo. Se ha tomado en serio la posibilidad de que sus criminales de guerra se sienten en el banquillo», señaló esta semana el abogado de una ONG palestina que prefirió no dar su nombre ante el temor a posibles represalias. «Están preparando ya su defensa, publicando vídeos y fotos para justificar sus ataques y dificultar nuestra labor. ¿Cómo vamos a saber que un punto negro grabado desde un satélite es un arma o no?» En esas grabaciones se han suprimido los nombres y las graduaciones de los oficiales que participaron para que su identifica- ción sea imposible.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos están recogiendo testimonios y pruebas entre la población de Gaza con el objetivo de presentarlos ante los tribunales. «Es un trabajo largo, pero hay que documentar lo que ha ocurrido», indicaron las mismas fuentes, que mostraron su esperanza de que «dentro de diez o veinte años» pueda abrirse una causa general por los crímenes de guerra ocurridos durante la ocupación militar en Palestina.
La posibilidad de remitir las investigaciones a tribunales extranjeros, como en el caso actual de la Audiencia Nacional española, es sólo una de las vías que barajan estas organizaciones palestinas, aunque por el momento ha constituido el medio más efectivo. De hecho, antiguos altos cargos israelíes ya han sido perseguidos por ataques ocurridos durante la primera Intifada, como el actual ministro de Seguridad Pública y miembro del Kadima, Avi Dichter, quien está siendo procesado por un tribunal en Nueva York. Otra figura clave durante los últimos años de la ocupación, el general retirado Doron Almog, tuvo que refugiarse en su avión en 2005 y regresar a su país sin poner un pie en Londres ante la presencia de policías británicos dispuestos a detenerle.
Iniciativa inviable
Aunque el recurso a tribunales foráneos ha sido la iniciativa con mejores resultados, las organizaciones de defensa de los derechos humanos también barajan otras opciones, como la apertura de un proceso en el Tribunal Penal de La Haya o la creación de una corte especial para juzgar la ocupación, del mismo modo que ocurrió con la guerra de los Balcanes.
«No es muy realista, ya que Israel no ha firmado el tratado de la Corte Penal Internacional», reconoció este abogado, quien señaló que sólo una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría dar luz verde a este proceso, como ocurrió con el conflicto de Darfur, en Sudán.
De todos modos, las propias organizaciones consideran esta iniciativa inviable ante la posibilidad de veto de Estados Unidos. Un muro con el que también se chocaría la segunda opción. «Tendría que recibir el apoyo de muchos países, por lo que la situación actual no va en este sentido. Por el momento, desarrollamos campañas de presión pero no creemos que puedan tener efectividad en un futuro próximo», asegura.
En esta situación, el trabajo de los activistas de derechos humanos y expertos en Derecho se centra en la recogida de testimonios y pruebas con los que acusar a los cargos israelíes. Una investigación que podría alargarse durante años.
«Tenemos contactos con abogados de diversos lugares, entre ellos del Estado español, aunque todavía se trata de labores previas», afirman.
El impacto por los cerca de 1.500 muertos y más de 5.000 heridos provocados por el Ejército sionista ha puesto en marcha también a los escasos movimientos contrarios a la masacre dentro del propio Israel. Una de las iniciativas más conocidas ha sido la página web www.wanted.org.il, en la que aparecen las fichas de Ehud Olmert y otros 14 altos cargos de su Gobierno y se insta a abrir un proceso judicial contra ellos en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Además, siete organizaciones del ámbito de los derechos humanos han presentado un manifiesto en el que se denuncian los malos tratos y las torturas sufridas por los ciudadanos palestinos detenidos por el Ejército sionista. Tímidas reacciones de una sociedad que ha apoyado mayoritariamente la masacre cometida en la Franja de Gaza.
Medidas
Entre las medidas aprobadas por las autoridades israelíes están la prohibición de publicar los nombres de los militares envueltos en los ataques y la creación de un cuerpo de abogados para poner freno a las denuncias.
Madrid promete frenar las investigaciones sobre Gaza
La admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional española de la querella contra militares israelíes por crímenes contra la humanidad ha levantado ampollas.
El Ejecutivo israelí calificó de «delirante» la decisión de los tribunales españoles. Madrid no tardó en reaccionar para limar asperezas. Ayer mismo, medios israelíes desvelaron que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, prometió a su homóloga Tzipi Livni que trabajarán para cambiar la ley y que pararán la investigación.
Ante esta información divulgada por los diarios «Haaretz», «Jerusalem Post», «Yediot Ahrono» y la radio militar, el Gobierno español no tuvo más remedio que reconocer que «desde hace tiempo estudia introducir ajustes sobre cómo se ejerce» la acción de la jurisdicción universal.
Un portavoz de la Moncloa dijo que «no se trata de abolir, limitar o restringir la jurisdicción universal» que, según dijo, constituye «una seña de identidad del ordenamiento jurídico español, como demuestra el hecho de que esté recogido en este ordenamiento desde 1870».
GARA
Turquía recibe a Erdogan como un héroe por defender a Gaza
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue recibido como un héroe en su país después de que protagonizara un acalorado debate sobre Gaza con el presidente israelí, Shimon Peres, en la cumbre de Davos.
Miles de personas con banderas turcas y palestinas corearon consignas a favor de Erdogan a su regreso a la capital turca, Estambul, para apoyar su reacción cuando se enfrentó a Peres. Durante el tenso intercambio de palabras en el Foro Económico Mundial, Erdogan dijo que le parecía triste que se aplaudiera a Peres por defender la guerra de Israel en Gaza, donde han muerto tantas personas. Peres replicó que la tragedia de Gaza no era culpa de su país sino de Hamas que, a su juicio, ha instaurado una peligrosa dictadura. Cuando Erdogan se disponía a responder, los organizadores le negaron el derecho a la palabra, lo que enfadó al primer ministro turco, que abandonó el debate y el foro.
Al llegar a Estambul, declaró que el tono y lenguaje en que se expresó Peres era inaceptable, por lo que decidió actuar, aunque antes había señalado que el motivo de su abandono era que se le dio menos tiempo para intervenir. Hamas saludó la actuación de Erdogan.
(mas...)
Anónimo
"El Ejército israelí es el ejército más moral en el mundo y hizo todo lo posible para mantener a los civiles alejados de los disparos", explicó Barak durante una conferencia en Herzliya, refiéndose a la reciente operación Plomo fundido en Gaza, en la que murieron 1.300 palestinos y más de 5.000 resultaron heridos.
"No nos enseñarán moralidad los países en la región y no nos enseñará moralidad España ni nadie más", insistió el ministro de Defensa.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreuadmitió a trámite la semana pasada una querella dirigida contra siete responsables militares israelíes, entre ellos el actual ministro de Infraestructuras, Benjamin Ben Eliezer, por un bombardeo perpetrado en un barrio de la franja de Gaza el 22 de julio de 2002. En el ataque murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños.
La medida judicial provocó el malestar del Gobierno israelí, cuya ministra de Exteriores, Tzipi Livni, llamó a su homólogo español, Miguel Angel Moratinos, el jueves, cuando se tomó la decisión. Los dos ministros volvieron a hablar telefónicamente al día siguiente. Moratinos informó a Livni de que el Gobierno estudia introducir "ajustes procesales" sobre la forma en la que se ejerce el principio de jurisdicción universal de los tribunales, lo que implicaría modificar la Ley del Poder Judicial.
"No nos enseñarán moralidad los países en la región y no nos enseñará moralidad España ni nadie más", insistió el ministro de Defensa.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreuadmitió a trámite la semana pasada una querella dirigida contra siete responsables militares israelíes, entre ellos el actual ministro de Infraestructuras, Benjamin Ben Eliezer, por un bombardeo perpetrado en un barrio de la franja de Gaza el 22 de julio de 2002. En el ataque murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños.
La medida judicial provocó el malestar del Gobierno israelí, cuya ministra de Exteriores, Tzipi Livni, llamó a su homólogo español, Miguel Angel Moratinos, el jueves, cuando se tomó la decisión. Los dos ministros volvieron a hablar telefónicamente al día siguiente. Moratinos informó a Livni de que el Gobierno estudia introducir "ajustes procesales" sobre la forma en la que se ejerce el principio de jurisdicción universal de los tribunales, lo que implicaría modificar la Ley del Poder Judicial.
Anónimo
Pocas horas después de hacerse pública la decisión de la Audiencia Nacional, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, recibió una llamada de la Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton. Obviamente, desconocemos, si la llamada telefónica tenía que ver con el anuncio de la Audiencia Nacional de imputar a los cargos israelíes, pero mucho nos tememos que así fue.
Poco después, y a pesar de ciertos desmentidos de la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno de España anunciaba cambiar la Ley y dejar de perseguir a criminales de guerra. Claro, que antes la prensa de Israel aseguraba que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, había prometido a su homóloga, Tzipi Livni, que el Gobierno español comenzaba a trabajar para que la actual legislación se cambie. La finalidad de ese cambio es limitar la jurisdicción de los tribunales “para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España”.
De acuerdo con esas informaciones, Moratinos telefoneó a Livni para anunciarle que el Gobierno español modificará la legislación para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España. La respuesta de la ministra de Exteriores no se hizo esperar. Nos congratulamos de que el Gobierno español “haya decidido parar este fenómeno”.
Pero, la otra cara del Gobierno afirmaba, a través de la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que el Gobierno “no interferirá” en decisiones judiciales, y que en todo caso, las “respetará“. La ministra Livni “entiende que la Justicia en España actúa con total independencia”, afirmó De La Vega.
Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, que sentaron jurisprudencia.
A este respecto, y con acertado criterio jurídico, la web “Mundo Árabe”, afirma que “El derecho a la jurisdicción universal es una seña de identidad del ordenamiento jurídico español desde 1870, cualquier cambio del mismo significará que el PSOE no quiere que España persiga a los criminales de guerra”.
Pero, además de las querellas presentadas ante tribunales españoles contra responsables israelíes sospechosos de cometer Crimines de Guerra y Contra la Humanidad, existe una docena de denuncias en Reino Unido, Holanda, los países escandinavos, Nueva Zelanda, afirma la misma web.
El director de los grupos especiales del Ejército, Abraham Dichter, imputado por la Audiencia Nacional, fue denunciado también ante un tribunal de Nueva York, que sentenció que el militar israelí sólo ejecutaba órdenes y que, además, era un funcionario militar. En la actualidad “existe otra querella contra el mismo militar ante los tribunales del Reino Unido”.
La misma página web relata que “en 2007, el jefe del Estado Mayor de Defensa, Moshe Ya’alon, se salvó de una orden de detención en Nueva Zelanda tras intensos contactos diplomáticos entre los gobiernos de ambos países”, y que “el ex ministro de Defensa israelí, Shaul Mufaz y el general del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF), Doron Almog -imputado en España-, evitan visitar el Reino Unido por temor a su detención. Doron Almog, había anulado un plan de estudios militares en Inglaterra tras ser aconsejado por el Gobierno judío”.
Recordemos, que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, imputó a Benjamín Ben-Eliezer, ex ministro de Defensa, y a seis militares israelíes, de un delito contra la humanidad por el ataque, supuestamente intencionado, realizado el 22 de julio de 2002 en la Franja de Gaza, en el que murieron 14 civiles palestinos, 11 de ellos niños, además de 200 personas heridas.
La conclusión del auto del juez Andreu es que en virtud de la legislación española y de los acuerdos internacionales firmados por España, la Audiencia Nacional es competente para investigar los posibles delitos contra la humanidad cometidos fuera de España, aunque en ellos no esté implicado, como víctima o como ejecutores, ningún ciudadano español.
Otra nueva denuncia, en este caso, por los últimos incidentes en la Franja de Gaza planea sobre dirigentes israelíes. De prosperar, el presidente, Ehud Olmert, el ministro de defensa, Ehud Barak, y la ministra de Exteriores, Tzipi Livni -contra los que va dirigida- podrían verse envueltos en problemas.
Poco después, y a pesar de ciertos desmentidos de la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno de España anunciaba cambiar la Ley y dejar de perseguir a criminales de guerra. Claro, que antes la prensa de Israel aseguraba que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, había prometido a su homóloga, Tzipi Livni, que el Gobierno español comenzaba a trabajar para que la actual legislación se cambie. La finalidad de ese cambio es limitar la jurisdicción de los tribunales “para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España”.
De acuerdo con esas informaciones, Moratinos telefoneó a Livni para anunciarle que el Gobierno español modificará la legislación para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España. La respuesta de la ministra de Exteriores no se hizo esperar. Nos congratulamos de que el Gobierno español “haya decidido parar este fenómeno”.
Pero, la otra cara del Gobierno afirmaba, a través de la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que el Gobierno “no interferirá” en decisiones judiciales, y que en todo caso, las “respetará“. La ministra Livni “entiende que la Justicia en España actúa con total independencia”, afirmó De La Vega.
Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, que sentaron jurisprudencia.
A este respecto, y con acertado criterio jurídico, la web “Mundo Árabe”, afirma que “El derecho a la jurisdicción universal es una seña de identidad del ordenamiento jurídico español desde 1870, cualquier cambio del mismo significará que el PSOE no quiere que España persiga a los criminales de guerra”.
Pero, además de las querellas presentadas ante tribunales españoles contra responsables israelíes sospechosos de cometer Crimines de Guerra y Contra la Humanidad, existe una docena de denuncias en Reino Unido, Holanda, los países escandinavos, Nueva Zelanda, afirma la misma web.
El director de los grupos especiales del Ejército, Abraham Dichter, imputado por la Audiencia Nacional, fue denunciado también ante un tribunal de Nueva York, que sentenció que el militar israelí sólo ejecutaba órdenes y que, además, era un funcionario militar. En la actualidad “existe otra querella contra el mismo militar ante los tribunales del Reino Unido”.
La misma página web relata que “en 2007, el jefe del Estado Mayor de Defensa, Moshe Ya’alon, se salvó de una orden de detención en Nueva Zelanda tras intensos contactos diplomáticos entre los gobiernos de ambos países”, y que “el ex ministro de Defensa israelí, Shaul Mufaz y el general del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF), Doron Almog -imputado en España-, evitan visitar el Reino Unido por temor a su detención. Doron Almog, había anulado un plan de estudios militares en Inglaterra tras ser aconsejado por el Gobierno judío”.
Recordemos, que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, imputó a Benjamín Ben-Eliezer, ex ministro de Defensa, y a seis militares israelíes, de un delito contra la humanidad por el ataque, supuestamente intencionado, realizado el 22 de julio de 2002 en la Franja de Gaza, en el que murieron 14 civiles palestinos, 11 de ellos niños, además de 200 personas heridas.
La conclusión del auto del juez Andreu es que en virtud de la legislación española y de los acuerdos internacionales firmados por España, la Audiencia Nacional es competente para investigar los posibles delitos contra la humanidad cometidos fuera de España, aunque en ellos no esté implicado, como víctima o como ejecutores, ningún ciudadano español.
Otra nueva denuncia, en este caso, por los últimos incidentes en la Franja de Gaza planea sobre dirigentes israelíes. De prosperar, el presidente, Ehud Olmert, el ministro de defensa, Ehud Barak, y la ministra de Exteriores, Tzipi Livni -contra los que va dirigida- podrían verse envueltos en problemas.
Anónimo
El presidente del Parlamento iraní, Alí Lariyani, será recibido este lunes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, en el marco de su visita a Madrid acompañado por una delegación parlamentaria.
La visita de Lariyani "se inscribe en el marco de los contactos regulares que España mantiene con Irán".
Durante su encuentro, ha adelantado el Ministerio en un comunicado, Moratinos y Lariyani "abordarán la situación en la región y cuestiones relativas a las relaciones bilaterales entre España e Irán".
Las reuniones del presidente
Por su parte, Zapatero recibirá al responsable iraní, anteriormente negociador jefe del Gobierno para el contencioso nuclear, en la Moncloa a mediodía, según informaron fuentes gubernamentales.
El presidente del Gobierno y Lariyani tendrán ocasión de repasar las relaciones bilaterales, además de discutir sobre "la situación internacional y en particular en Oriente Próximo, así como sobre la cuestión nuclear".
Lariyani también mantendrá un desayuno de trabajo con el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.
Israel reprocha a España la venta de armas a Irán
El recibimiento que se brindará al dirigente iraní ha molestado a la embajada israelí, que emitió un comunicado denunciando que "según las últimas cifras hechas públicas por la Subdirección de Comercio Exterior, el volumen de ventas de armas y equipos de doble uso de España a Irán aumentó en forma significativa y hoy es treinta veces mayor a las ventas de España a Israel".
"Israel considera que un Irán con capacidad nuclear es también una amenaza para la estabilidad internacional en general", señala la legación diplomática, que considera que "todavía se puede detener el programa nuclear iraní, pero sólo será posible con una acción internacional firme, sin posturas apaciguadoras, concesiones, ni cálculos comerciales corto plazo".
Por otra parte, el comunicado recuerda que el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, "niega sistemáticamente el Holocausto e incluso organizó en su país un congreso de negacionistas". Además, destaca que Lariyani "es representante de un país que se ha fijado como objetivo borrar a Israel del mapa" y que "Irán es el principal proveedor de armas y financiador de los grupos terroristas Hamás y Hezbolá, cuyo objetivo es la destrucción de Israel".
La Embajada recuerda que han sido precisamente los ataques de estos dos grupos terroristas "contra la población civil de Israel los desencadenantes de las operaciones militares israelíes en Líbano (2006) y Gaza (2008-2009)".
La visita de Lariyani "se inscribe en el marco de los contactos regulares que España mantiene con Irán".
Durante su encuentro, ha adelantado el Ministerio en un comunicado, Moratinos y Lariyani "abordarán la situación en la región y cuestiones relativas a las relaciones bilaterales entre España e Irán".
Las reuniones del presidente
Por su parte, Zapatero recibirá al responsable iraní, anteriormente negociador jefe del Gobierno para el contencioso nuclear, en la Moncloa a mediodía, según informaron fuentes gubernamentales.
El presidente del Gobierno y Lariyani tendrán ocasión de repasar las relaciones bilaterales, además de discutir sobre "la situación internacional y en particular en Oriente Próximo, así como sobre la cuestión nuclear".
Lariyani también mantendrá un desayuno de trabajo con el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.
Israel reprocha a España la venta de armas a Irán
El recibimiento que se brindará al dirigente iraní ha molestado a la embajada israelí, que emitió un comunicado denunciando que "según las últimas cifras hechas públicas por la Subdirección de Comercio Exterior, el volumen de ventas de armas y equipos de doble uso de España a Irán aumentó en forma significativa y hoy es treinta veces mayor a las ventas de España a Israel".
"Israel considera que un Irán con capacidad nuclear es también una amenaza para la estabilidad internacional en general", señala la legación diplomática, que considera que "todavía se puede detener el programa nuclear iraní, pero sólo será posible con una acción internacional firme, sin posturas apaciguadoras, concesiones, ni cálculos comerciales corto plazo".
Por otra parte, el comunicado recuerda que el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, "niega sistemáticamente el Holocausto e incluso organizó en su país un congreso de negacionistas". Además, destaca que Lariyani "es representante de un país que se ha fijado como objetivo borrar a Israel del mapa" y que "Irán es el principal proveedor de armas y financiador de los grupos terroristas Hamás y Hezbolá, cuyo objetivo es la destrucción de Israel".
La Embajada recuerda que han sido precisamente los ataques de estos dos grupos terroristas "contra la población civil de Israel los desencadenantes de las operaciones militares israelíes en Líbano (2006) y Gaza (2008-2009)".
Anónimo
A muchos ha sorprendido la noticia de que la Audiencia Nacional española haya admitido a trámite una querella criminal contra siete israelíes por crímenes de guerra en la Franja de Gaza durante una operación de “asesinato selectivo” que causó la muerte de catorce civiles, además de la del presunto terrorista. Sin embargo, la noticia más normal sería que fuera un tribunal israelí quien juzgara a estos israelíes y no un tribunal español, a falta de tribunales palestinos con jurisdicción penal sobre estos hechos, pero esta inactividad de la justicia israelí no transciende demasiado a la opinión pública.
Parece como si el juez español hubiera tramitado la querella por capricho o incluso por motivos políticos, como cabe deducir de las declaraciones de las autoridades políticas y militares de Israel, y la realidad no es así.
Es fundamental entender el porqué de la querella y también el sentido de la jurisdicción universal para contrarestar una batalla mediática que podría llegar a influir en el ámbito político y diplomático hasta llevar a la eliminación del mecanismo de la jurisdicción universal del ordenamiento jurídico español, así como ha sucedido ya en otros países como Bélgica o Alemania.
Para ello, he aquí las tres claves de este proceso: la responsabilidad penal internacional de los individuos por crímenes de guerra, la obligación de los estados de investigar y perseguir las violaciones del derecho internacional humanitario y, finalmente, la necesidad de mantener la jurisdicción universal cuando fallan los mecanismos penales nacionales e internacionales.
El objeto de la querella es determinar la responsabilidad penal por unos hechos constitutivos de crímenes de guerra, no la del Estado. La querella no se dirige contra el Estado de Israel ni se juzga su derecho a existir ni tampoco su derecho a la legítima defensa. Ni siquiera se solicita una responsabilidad subsidiaria del Gobierno israelí, por lo que el Estado no es parte en el procedimiento aunque a menudo lo parezca. Lo que se pretende es determinar una responsabilidad penal por un ataque militar con resultado de quince homicidios de personas civiles en julio de 2002 (y no por los ataques de los pasados meses de diciembre y enero) y por ello se dirige la querella contra unos individuos que presuntamente han infringido el derecho internacional humanitario.
En cualquier conflicto armado los miembros de las fuerzas armadas deben actuar de conformidad con unas reglas establecidas internacionalmente y también en los códigos militares nacionales, y el derecho israelí no es una excepción. Los soldados y sus mandos superiores tienen una serie de obligaciones y entre ellas las más básicas son proteger a la población civil y respetar el principio de proporcionalidad. También tienen derechos, evidentemente, y el de negarse a ejecutar órdenes contrarias al derecho humanitario es uno de los más importantes. A este derecho se acogen los refuseniks israelíes: soldados y reservistas que se niegan a participar en operaciones militares en territorios ocupados o a ejecutar acciones ilegales que, además, denuncian como crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí.
Los hechos relatados en la querella presentan claros indicios de criminalidad: con el propósito de cometer el asesinato de un presunto miembro de Hamás, las Fuerzas Armadas de Israel, con el conocimiento de las consecuencias que tal acción podría conllevar, decidió lanzar un artefacto explosivo de gran potencia en una zona densamente poblada, produciendo, además de la muerte de ese individuo, la de otras catorce personas, así como heridas de diversa consideración a otros ciento cincuenta ciudadanos palestinos, entre ellos niños y bebés. La operación se atribuye a toda la cadena de mando, llegando incluso al Ministro de Defensa de Israel en el momento de cometerse los hechos denunciados.
La Audiencia Nacional española interviene porque los tribunales israelíes no han investigado ni perseguido estos hechos
Las violaciones del derecho internacional humanitario deben ser perseguidas e investigadas por los Estados, en especial por los Estados parte de los Convenios de Ginebra de 1949 fuere cual fuere si nacionalidad. Israel es parte desde 1950 del IV Convenio, aplicable a la protección de la población civil, pero no investiga ni persigue los hechos que son denunciados ante sus tribunales militares y penales israelíes, en algunos casos por los propios refuseniks. Éstos han acudido a la justicia británica y neozelandesa y han conseguido ya la admisión a trámite de algunos casos, con las consiguientes órdenes internacionales de arresto que han motivado más de una incomodidad a los querellados y al Gobierno israelí.
Cuando fallan los tribunales del Estado con jurisdicción sobre las infracciones de derecho humanitario pueden actuar los tribunales de otros Estados (jurisdicción universal), ya que todos los Estados están obligados a respetar y hacer respetar los Convenios: para ello, la jurisdicción universal puede ser un mecanismo apropiado, aunque para evitar conflictos diplomáticos lo más conveniente sería que la Corte Penal Internacional tuviera competencia sobre estos hechos.
Sin embargo, Israel no es parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional y los crímenes de guerra (infracciones graves del derecho humanitario) perpetrados en su territorio o por sus nacionales han quedado hasta ahora en la más absoluta impunidad. En este contexto, el ejercicio de la jurisdicción universal es actualmente el último recurso que queda para aquellos que no se resignan al uso de la fuerza discriminada y desproporcionada contra la población civil como método de guerra ni, por supuesto, como estrategia para conseguir la paz.
En España, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los tribunales españoles a conocer determinados crímenes cometidos fuera del territorio español y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sentado que no es necesario ningún vínculo de nacionalidad española de las víctimas para ello. La única limitación expresa al ejercicio de esta jurisdicción universal es la de la cosa juzgada, y, tras la admisión a trámite de la querella, las autoridades israelíes deben probar que los hechos objeto de la querella se están investigando para suspender la instrucción del caso, siete años después del ataque.
Israel y la jurisdicción universal
En 1961 el ciudadano alemán Adolf Eichmann fue condenado a muerte y después ahorcado en Israel por crímenes contra la humanidad cometidos en Alemania, tras haber sido secuestrado por los servicios secretos israelíes en Argentina, donde se refugió desde el final de la II Guerra mundial. Este juicio se basó en la Ley para el castigo de los nazis y sus colaboradores, adoptada en 1950 para la persecución y sanción de crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que todavía está vigente y ha servido para la extradición de presuntos criminales nazis a Israel para ser juzgados.
La sentencia del Tribunal del Distrito de Jerusalén es una referencia internacional a la hora de afirmar la jurisdicción universal para la represión de los crímenes contra la humanidad, basada en el derecho de cada Estado de ejercer extraterritorialmente su jurisdicción para evitar la impunidad por estos crímenes. Israel estaba tan interesada en juzgar unos crímenes que horrorizaron a la Humanidad que fue precursora de una jurisdicción de la que ahora reniega.
Por esto, de esta sentencia vale la pena recordar unas frases, ahora que Israel tanto cuestiona la admisión a trámite de una querella por la Audiencia Nacional española contra ciudadanos israelíes por crímenes de guerra y contra la humanidad:
“Los horribles crímenes definidos en esta Ley –señala el Tribunal- son crímenes no sólo según el Derecho israelí. Aquellos crímenes que ofenden al conjunto de la humanidad y conmocionan la conciencia de las naciones son graves atentados contra el Derecho internacional. En ausencia de un tribunal internacional, el Derecho internacional necesita las autoridades judiciales y legislativas de cada país para hacer efectivas sus normas penales y llevar a los criminales a juicio. La jurisdicción para conocer estos crímenes de derecho internacional es universal”.
Recordando estos datos, no se pretende equiparar los crímenes de Eichmann a los que ahora se imputan a siete ciudadanos israelíes, porque son incomparables: no hay crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra más graves que otros, todo son ataques contra la población civil, que debe estar protegida tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, especialmente la población de territorios ocupados. Es tan crimen contra la humanidad la deportación de miles de personas como el homicidio intencionado de una docena. La pena podrá variar, pero la calificación no y, en cualquier caso, corresponde a un juez determinar tanto una como otra.
Finalmente, cabría responder a unas preguntas que lanzan estos días los dirigentes israelíes y que, sorprendentemente, parecen provocar en algunos alguna duda a la hora de felicitar a la Audiencia Nacional por haber tramitado la querella en cumplimiento de las obligaciones contraídas por España para luchar contra la impunidad por infracciones graves del derecho humanitario: Los terroristas de Hamás se rodean de rehenes y de escudos humanos, ¿qué haríais vosotros si quisiérais matarlos? Por supuesto, no mataríamos ni a los rehenes ni a los escudos humanos e intentaríamos en lo posible reducir a quienes los retienen por la fuerza o incluso con su aquiescencia. ¿Cómo es posible que se pretenda juzgar a unos militares que velan por la seguridad de los israelíes y no a los terroristas que nos atacan? Israel no juzga a los terroristas, que nunca lo son “presuntamente”: sencillamente, los mata antes con “ataques letales selectivos” que son una afrenta no sólo al derecho humanitario sino al principio más básico del derecho: el de la presunción de inocencia, un derecho humano que tienen también aquellos de quienes se sospecha que cometen actos de terrorismo. En un presunto estado de derecho como el israelí, donde ni los niños palestinos son considerados víctimas inocentes, el proceso normal de detener y juzgar a un presunto terrorista no existe: primero se le mata, y después los mandos militares se preguntan si calcularon bien la potencia de la bomba o si la información que tenían sobre el domicilio a destruir era exacta. No hay rendición de cuentas, no hay justicia. Y para esto está la jurisdicción universal.
NOTA:
La transcripción de la sentencia del Tribunal Supremo de Israel está disponible en The Nizkor Project.
Margalida Capellà profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat de les Illes Balears.
Parece como si el juez español hubiera tramitado la querella por capricho o incluso por motivos políticos, como cabe deducir de las declaraciones de las autoridades políticas y militares de Israel, y la realidad no es así.
Es fundamental entender el porqué de la querella y también el sentido de la jurisdicción universal para contrarestar una batalla mediática que podría llegar a influir en el ámbito político y diplomático hasta llevar a la eliminación del mecanismo de la jurisdicción universal del ordenamiento jurídico español, así como ha sucedido ya en otros países como Bélgica o Alemania.
Para ello, he aquí las tres claves de este proceso: la responsabilidad penal internacional de los individuos por crímenes de guerra, la obligación de los estados de investigar y perseguir las violaciones del derecho internacional humanitario y, finalmente, la necesidad de mantener la jurisdicción universal cuando fallan los mecanismos penales nacionales e internacionales.
El objeto de la querella es determinar la responsabilidad penal por unos hechos constitutivos de crímenes de guerra, no la del Estado. La querella no se dirige contra el Estado de Israel ni se juzga su derecho a existir ni tampoco su derecho a la legítima defensa. Ni siquiera se solicita una responsabilidad subsidiaria del Gobierno israelí, por lo que el Estado no es parte en el procedimiento aunque a menudo lo parezca. Lo que se pretende es determinar una responsabilidad penal por un ataque militar con resultado de quince homicidios de personas civiles en julio de 2002 (y no por los ataques de los pasados meses de diciembre y enero) y por ello se dirige la querella contra unos individuos que presuntamente han infringido el derecho internacional humanitario.
En cualquier conflicto armado los miembros de las fuerzas armadas deben actuar de conformidad con unas reglas establecidas internacionalmente y también en los códigos militares nacionales, y el derecho israelí no es una excepción. Los soldados y sus mandos superiores tienen una serie de obligaciones y entre ellas las más básicas son proteger a la población civil y respetar el principio de proporcionalidad. También tienen derechos, evidentemente, y el de negarse a ejecutar órdenes contrarias al derecho humanitario es uno de los más importantes. A este derecho se acogen los refuseniks israelíes: soldados y reservistas que se niegan a participar en operaciones militares en territorios ocupados o a ejecutar acciones ilegales que, además, denuncian como crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí.
Los hechos relatados en la querella presentan claros indicios de criminalidad: con el propósito de cometer el asesinato de un presunto miembro de Hamás, las Fuerzas Armadas de Israel, con el conocimiento de las consecuencias que tal acción podría conllevar, decidió lanzar un artefacto explosivo de gran potencia en una zona densamente poblada, produciendo, además de la muerte de ese individuo, la de otras catorce personas, así como heridas de diversa consideración a otros ciento cincuenta ciudadanos palestinos, entre ellos niños y bebés. La operación se atribuye a toda la cadena de mando, llegando incluso al Ministro de Defensa de Israel en el momento de cometerse los hechos denunciados.
La Audiencia Nacional española interviene porque los tribunales israelíes no han investigado ni perseguido estos hechos
Las violaciones del derecho internacional humanitario deben ser perseguidas e investigadas por los Estados, en especial por los Estados parte de los Convenios de Ginebra de 1949 fuere cual fuere si nacionalidad. Israel es parte desde 1950 del IV Convenio, aplicable a la protección de la población civil, pero no investiga ni persigue los hechos que son denunciados ante sus tribunales militares y penales israelíes, en algunos casos por los propios refuseniks. Éstos han acudido a la justicia británica y neozelandesa y han conseguido ya la admisión a trámite de algunos casos, con las consiguientes órdenes internacionales de arresto que han motivado más de una incomodidad a los querellados y al Gobierno israelí.
Cuando fallan los tribunales del Estado con jurisdicción sobre las infracciones de derecho humanitario pueden actuar los tribunales de otros Estados (jurisdicción universal), ya que todos los Estados están obligados a respetar y hacer respetar los Convenios: para ello, la jurisdicción universal puede ser un mecanismo apropiado, aunque para evitar conflictos diplomáticos lo más conveniente sería que la Corte Penal Internacional tuviera competencia sobre estos hechos.
Sin embargo, Israel no es parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional y los crímenes de guerra (infracciones graves del derecho humanitario) perpetrados en su territorio o por sus nacionales han quedado hasta ahora en la más absoluta impunidad. En este contexto, el ejercicio de la jurisdicción universal es actualmente el último recurso que queda para aquellos que no se resignan al uso de la fuerza discriminada y desproporcionada contra la población civil como método de guerra ni, por supuesto, como estrategia para conseguir la paz.
En España, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los tribunales españoles a conocer determinados crímenes cometidos fuera del territorio español y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sentado que no es necesario ningún vínculo de nacionalidad española de las víctimas para ello. La única limitación expresa al ejercicio de esta jurisdicción universal es la de la cosa juzgada, y, tras la admisión a trámite de la querella, las autoridades israelíes deben probar que los hechos objeto de la querella se están investigando para suspender la instrucción del caso, siete años después del ataque.
Israel y la jurisdicción universal
En 1961 el ciudadano alemán Adolf Eichmann fue condenado a muerte y después ahorcado en Israel por crímenes contra la humanidad cometidos en Alemania, tras haber sido secuestrado por los servicios secretos israelíes en Argentina, donde se refugió desde el final de la II Guerra mundial. Este juicio se basó en la Ley para el castigo de los nazis y sus colaboradores, adoptada en 1950 para la persecución y sanción de crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que todavía está vigente y ha servido para la extradición de presuntos criminales nazis a Israel para ser juzgados.
La sentencia del Tribunal del Distrito de Jerusalén es una referencia internacional a la hora de afirmar la jurisdicción universal para la represión de los crímenes contra la humanidad, basada en el derecho de cada Estado de ejercer extraterritorialmente su jurisdicción para evitar la impunidad por estos crímenes. Israel estaba tan interesada en juzgar unos crímenes que horrorizaron a la Humanidad que fue precursora de una jurisdicción de la que ahora reniega.
Por esto, de esta sentencia vale la pena recordar unas frases, ahora que Israel tanto cuestiona la admisión a trámite de una querella por la Audiencia Nacional española contra ciudadanos israelíes por crímenes de guerra y contra la humanidad:
“Los horribles crímenes definidos en esta Ley –señala el Tribunal- son crímenes no sólo según el Derecho israelí. Aquellos crímenes que ofenden al conjunto de la humanidad y conmocionan la conciencia de las naciones son graves atentados contra el Derecho internacional. En ausencia de un tribunal internacional, el Derecho internacional necesita las autoridades judiciales y legislativas de cada país para hacer efectivas sus normas penales y llevar a los criminales a juicio. La jurisdicción para conocer estos crímenes de derecho internacional es universal”.
Recordando estos datos, no se pretende equiparar los crímenes de Eichmann a los que ahora se imputan a siete ciudadanos israelíes, porque son incomparables: no hay crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra más graves que otros, todo son ataques contra la población civil, que debe estar protegida tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, especialmente la población de territorios ocupados. Es tan crimen contra la humanidad la deportación de miles de personas como el homicidio intencionado de una docena. La pena podrá variar, pero la calificación no y, en cualquier caso, corresponde a un juez determinar tanto una como otra.
Finalmente, cabría responder a unas preguntas que lanzan estos días los dirigentes israelíes y que, sorprendentemente, parecen provocar en algunos alguna duda a la hora de felicitar a la Audiencia Nacional por haber tramitado la querella en cumplimiento de las obligaciones contraídas por España para luchar contra la impunidad por infracciones graves del derecho humanitario: Los terroristas de Hamás se rodean de rehenes y de escudos humanos, ¿qué haríais vosotros si quisiérais matarlos? Por supuesto, no mataríamos ni a los rehenes ni a los escudos humanos e intentaríamos en lo posible reducir a quienes los retienen por la fuerza o incluso con su aquiescencia. ¿Cómo es posible que se pretenda juzgar a unos militares que velan por la seguridad de los israelíes y no a los terroristas que nos atacan? Israel no juzga a los terroristas, que nunca lo son “presuntamente”: sencillamente, los mata antes con “ataques letales selectivos” que son una afrenta no sólo al derecho humanitario sino al principio más básico del derecho: el de la presunción de inocencia, un derecho humano que tienen también aquellos de quienes se sospecha que cometen actos de terrorismo. En un presunto estado de derecho como el israelí, donde ni los niños palestinos son considerados víctimas inocentes, el proceso normal de detener y juzgar a un presunto terrorista no existe: primero se le mata, y después los mandos militares se preguntan si calcularon bien la potencia de la bomba o si la información que tenían sobre el domicilio a destruir era exacta. No hay rendición de cuentas, no hay justicia. Y para esto está la jurisdicción universal.
NOTA:
La transcripción de la sentencia del Tribunal Supremo de Israel está disponible en The Nizkor Project.
Margalida Capellà profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat de les Illes Balears.
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