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Bancos vuelven a pedir auxilio al Gobierno |
Las entidades solicitan al Ejecutivo que aporte mayor seguridad sobre cuáles son las consecuencias de las refinanciaciones si sus deudores se ven obligados a entrar en concurso.
La banca está moviendo sus resortes de influencia con el objetivo que el Gobierno impulse una reforma de urgencia de la Ley Concursal, que resuelva algunos de los riesgos que las entidades están percibiendo en la aplicación práctica de esta normativa. El punto fundamental se centra en las incertidumbres jurídicas que se generan para la banca cuando una de sus empresas refinanciadas cae en concurso.
Con este objetivo, la Asociación Española de Banca (AEB) trasladó en octubre al Gobierno un documento en el que solicitaba que aclarase “en qué casos se pueden anular los acuerdos de refinanciación y las garantías ligadas a los mismos para dar seguridad jurídica a quienes están haciendo este tipo de acuerdos, tanto empresas como entidades”. El juez tiene la capacidad para rescindir los compromisos que haya adquirido la empresa en situación concursal durante los dos años anteriores o declarar que se ha tratado de una financiación de mala fe, “lo que perjudica a la entidad ya que los créditos con la empresa se subordinan”, explica Fernando Bautista, socio de Freshfields.
Esta subordinación se traduce, en términos prácticos, en que la entidad acreedora se sitúa en el punto más bajo de la cadena de cobro en el proceso concursal. Por tanto, las actuales incertidumbres respecto a la aplicación práctica de la Ley Concursal, que entró en vigor en 2004 pero que con la actual crisis se está enfrentando a su primer examen, están disuadiendo en ocasiones a las entidades de replantear las condiciones de financiación de empresas en dificultades, que tienen como última salida la suspensión de pagos. Hasta mediados de septiembre, los concursos presentados en España se han triplicado y los expertos apuestan porque la tendencia se mantenga en 2009.
De momento, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta oficial a estas reivindicaciones. La AEB ha mantenido en los tres últimos meses reuniones con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Justicia (el gabinete encargado de llevar a cabo esta posible reforma), aunque aún no ha habido respuesta. Según ha declarado recientemente el Ministerio de Economía, el gabinete de Pedro Solbes está reflexionando sobre qué aspectos cambiar de la ley y podría convocar en enero una mesa junto a otras formaciones políticas para abordar una reforma urgente, aunque se desconoce si se incluirán las peticiones de la banca.
Según la patronal, si se aportase una protección a los acuerdos pre concursales entre entidades de crédito y empresas, se conseguiría limitar la entrada en concurso de empresas que podrían tener una salida viable en las refinanciaciones. La AEB pronostica que se llevarán a cabo más procesos de este tipo en 2009, por lo que cree necesario que se apruebe una reforma urgente de la Ley Concursal.
Por su parte, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, solicitó a finales de noviembre que “se reconsidere” la normativa concursal en lo que se refiere a las provisiones. Cuando una compañía cae en concurso, la banca debe provisionar el 25% del total de la deuda de la empresa con la entidad, lo que tiene un fuerte impacto en la morosidad. Además, toda la financiación que un banco o caja aporta a una compañía ya en concurso también debe ser provisionada, lo que disuade en muchas ocasiones a las entidades de otorgar créditos a estas empresas, que ven agravada su situación financiera.
La AEB también ha incidido sobre las provisiones, pero en un sentido más acotado. La patronal solicitó hace unos meses al Banco de España que interpretase de manera más flexible la forma en la que las entidades pueden liberar provisiones cuando se adjudican un activo, tanto dentro como fuera del proceso concursal. No obstante, el supervisor desoyó esta reivindicación ya que su nueva circular contable publicada en noviembre no la recoge.
Preocupaciones
Otros aspectos también preocupan a los expertos jurídicos respecto a la posición de las entidades en los concursos. En primer lugar, cuál será la situación como acreedor de los bancos que han entrado como accionistas en una empresa incapaz de pagar sus deudas; y en segundo lugar, si los jueces llegarán a considerar a alguno de los acreedores como administrador de facto de la compañía refinanciada, con la consiguiente subordinanción de sus créditos.
(continue)

Etiquetas: conocimiento, memoria, monopolios, multitud, politica.
El Gobierno otorga avales a la banca por un total de 90.000 millones
El Ministerio de Economía concedió ayer a la banca avales por un total de 90.000 millones de euros, de los 100.000 que tenía previsto. De las 56 entidades financieras que cumplían los requisitos para solicitar este respaldo público a sus emisiones, sólo 54 lo pidieron y únicamente una ha sido denegada.
Los bancos y cajas españoles ya pueden realizar emisiones con la garantía del Gobierno. A partir del 1 de enero, las entidades financieras que lo hayan solicitado tendrán vía libre para poner en marcha sus emisiones con el respaldo del Estado. El Ejecutivo, fiel a su compromiso de adjudicar el programa de avales público antes de finalizar el ejercicio, otorgó ayer un total de 90.000 millones de euros de los 100.000 millones que tenía previsto.
El plazo para apuntarse terminó el pasado 29 de diciembre después de que las entidades pidiesen que se prorrogase cinco días más de lo inicialmente establecido. Al final, han sido 56 los bancos y cajas que cumplían con los dos requisitos exigidos por la Dirección General del Tesoro: haber realizado emisiones en los últimos cinco años y tener una cuota de crédito, como mínimo, del uno por mil. De ellas, 54 han solicitado estos avales y el Ministerio de Economía sólo lo ha denegado en un caso, cuyo nombre no ha transcendido.
Por lo tanto, serán finalmente 53 firmas financieras las que puedan realizar emisiones garantizadas por el Estado y tendrán hasta el 15 de diciembre de 2009 para lanzarlas al mercado.
A cambio de integrarse en el programa de avales, la banca tendrán que pagar una tarifa por esta garantía. Está será del 0,5% anual sobre el nominal cuando las emisiones sean inferiores a un año. En cambio, si los bancos y cajas lanzan títulos con un vencimiento superior a 12 meses, el coste diferirá en función del rating de la entidad, llegando a ser incluso del 1,04%.
Entre las entidades que se inscribieron en el programa de avales públicos y que lo admitieron destacan Banco Sabadell, Banco Popular, Caixanova, Caja Duero, Caja Castilla La Mancha (CCM) y Caja Navarra (Can). Está última solicitó unos 700 millones de euros.
La mayoría de los inversores que acuden a estos lanzamientos son también bancos, lo que demuestra que la confianza entre las entidades financieras se recupera cuando existe una máxima garantía de cobro, como la que ofrece el estado. Con este tipo de iniciativa, el Gobierno espera abrir los mercados de financiación y las entidades otorguen más créditos.
Avalancha de títulos financieros con respaldo público
La banca extranjera lleva tiempo emitiendo con garantía pública. Hace aproximadamente tres meses y medio, Barclays captó nada menos que 3.000 millones de euros tras ofrecer títulos respaldados por el Reino Unido. Desde que Lehman Brothers quebrara, se han cerrado aproximadamente unas 60 operaciones de este tipo. Sin embargo, según un estudio de HSBC, las emisiones podrían aumentar considerablemente en el próximo ejercicio.
El banco estima que 2009 verá el lanzamiento de bonos y pagarés con aval público por valor de 229.000 millones de euros, lo que supondrá un 64% más respecto a los niveles de hace tres años.
Algunos expertos aseguran que se trata de una avalancha en un contexto de sequía.
“Todas las entidades que habían solicitado avales, excepto una, han obtenido su parte de los avales, en base a su cuota de mercado en créditos a otros sectores residentes”.
Acudieron a esta iniciativa 54 de las 56 instituciones que podían hacerlo, así que los 100.000 millones se han repartido entre 53, el 98%. La única entidad que no será respaldada por el Estado no cumplió uno de los dos requisitos para conseguir la garantía: haber emitido deuda en los últimos cinco años o tener una cuota de mercado de al menos el 0,1%.
En general, bancos y cajas han solicitado un importe cercano a su cupo –fuentes de Caja Madrid, por ejemplo, aseguran que demandaron alrededor de 6.600 millones–, así que se han adjudicado cifras “muy similares” a las requeridas, subrayan desde el Ministerio.
El vencimiento de las emisiones oscilará entre tres meses y tres años, ampliables a cinco si lo admite el Banco de España. Podrán realizarse hasta el 1 de julio de 2009, con una comisión fija del 0,5% más un interés variable. Gracias a esto, la dirección general del Tesoro y Política Financiera ganará varios cientos de millones de euros.
Plazos y garantías
Los avales públicos a las emisiones de la banca (una medida que ya ha tomado la mayoría de países europeos) permitirán a las entidades salir a los mercados que siguen cerrados por la desconfianza de los inversores.
Tendrán la garantía del Reino de España, con la máxima calificación de solvencia (AAA).
A pesar de esta ayuda, los expertos coinciden en que los costes de financiación para la banca se mantendrán elevados y difícilmente volverán a los niveles de antes de la crisis.
Además, las entidades españolas tendrán la desventaja de que la garantía de estados como Alemania tiene más fuerza que la de España, así que entidades que se han comportado peor en la crisis podrán llegar a financiarse a precios más baratos.
La tendencia, que ya dio sus primeras señales a finales del pasado diciembre, se agudiza en el arranque del año, y tiene como protagonistas a las entidades que tradicionalmente han apostado por la mayor remuneración del ahorro. Los bancos online ING Direct y Openbank y la oficina virtual de Banesto, Ibanesto, han bajado la retribución de su cuenta de ahorro en casi hasta un punto porcentual, una medida que afectará a más de dos millones de clientes. No son las únicas. También ha variado la rentabilidad de su cuenta Caja Vital, Caja Canarias, Halifax y Cortal Consors.
Primeros recortes
Estos productos, que venían pagando entre un 4,13% y un 3% TAE (tasa anual equivalente), retribuyen ahora entre un 3,81% y un 2,25%. Por ejemplo, ING Direct, que tiene 1,8 millones de clientes, pasa de pagar un 3% a hacerlo a un 2,5% en su Cuenta Naranja. Openbank, filial de banca online de Santander, retribuye a un 2,6% frente a un 3,5% en la cuenta de ahorro Open Plus, que requiere domiciliar la nómina o tres recibos. Si no se cumplen estas condiciones, la entidad ofrece la Cuenta Open, que ahora da un 2% frente a un 2,5%.
Se trata de las primeras rebajas de rentabilidad en sus cuentas que aplican ING Direct y Openbank –Ibanesto fue relanzado a mediados de 2008– en los últimos cuatro años. Esto se produce por el progresivo abaratamiento del precio oficial del dinero desde el pasado octubre. El Banco Central Europeo (BCE) ha tenido que relajar la política monetaria ante el agudo deterioro económico y la caída de la inflación.
Esta institución redujo los tipos de interés desde un 4,25% hasta un 2,5% en el último trimestre del pasado año, un agresivo movimiento que tendrá previsiblemente continuación este ejercicio. Por ejemplo, el Servicio de Estudios de Santander espera que el BCE rebaje los tipos hasta el 1,5% en el primer semestre de este año.
Márgenes
El euribor, que es el tipo de interés al que se prestan dinero las entidades, está registrando un significativo descenso. La referencia a doce meses ha pasado en su cotización diaria desde un 4,745% a un 3,085% en el último año.
Pese a la guerra entre las entidades por captar recursos de los clientes para financiar su crecimiento, la banca está trasladando las rebajas del precio del dinero a sus cuentas y depósitos. Con ello persigue captar dinero a un precio más barato, aprovechando que los tipos están bajando, y defender, de esta forma, sus márgenes -la diferencia que logran entre captar dinero a un precio y prestarlo a otro-.
La rentabilidad media de los depósitos en España se situaba en noviembre en un 4,6%, según el Banco de España, tras registrar su primera caída desde marzo.Con nuevos recortes de tipos oficiales en el horizonte, las perspectivas apuntan a nuevas rebajas de la remuneración de estos productos durante 2009.
Guerra comercial
Sin embargo, las entidades mantendrán sus ofertas comerciales del lado del ahorro en plena guerra del pasivo. Estas propuestas se basan en ofrecer remuneraciones aparentemente atractivas, de entre un 4% y un 7% en cuentas o depósitos, pero limitadas a nuevos clientes o ingresos de dinero de los actuales y sólo para un período de tiempo corto, inferior a los doce meses.
De enero a octubre de 2008, los recursos obtenidos por las administraciones públicas aumentaron un 19,2% más que en el mismo periodo de 2007, sobre todo por el empujón de la emisión de deuda estatal a corto plazo. Según los datos del Banco de España, el saldo total creció un 10,3% –el mayor dato desde 1997–, y los valores para obtener liquidez a corto plazo (hasta dos años) se alzaron un 30,7% interanual, cuando un año antes caían un 2,3%. Los expertos consultados consideran que esta tendencia «se prolongará» en el tiempo.
Sin embargo, la estrategia ha fallado y está ocurriendo lo contrario: el saldo de nuevos créditos concedidos por bancos y cajas a familias y sociedades no financieras aumenta cada vez menos. Octubre marcó el peor alza interanual de toda la serie histórica en el apartado de créditos a hogares y el más bajo desde julio de 1997 en cuanto a préstamos para compañías.
Y eso que octubre marcaba el pistoletazo de salida de la pregonada apertura del grifo de la liquidez. Al menos eso esperaba el Gobierno cuando diseñó el plan de rescate. Así de claro lo dice el Real Decreto-Ley: «Para garantizar que la financiación llegue a empresas y ciudadanos, el Fondo primará la adquisición de activos respaldados por nuevo crédito, entendiendo como tal el otorgado con posterioridad al 7 de octubre de 2008».
Para ello se reservaría el 25% de cada subasta de liquidez a ofertas no competitivas presentadas por las entidades que aumentasen su cuota de mercado en créditos a hogares y empresas. Pero el Ejecutivo cambió esta premisa en el último momento, dejándola en «hasta» el 25%. Ese «hasta» se ha traducido en sendos 0% en las dos primeras pujas, y ha complicado el propósito de trasladar la financiación a la calle cuanto antes.
Así, después de crecer a ritmos de entre el 21% y el 10% desde 1995 hasta 2008, el saldo de financiación a los hogares aumenta ahora un leve 5,8%. Entre octubre de 2007 y el mismo mes de 2008, el total de créditos a los ciudadanos aumentó en 47.511 millones, sin excluir las amortizaciones. Es decir, un 57,5% menos que en igual periodo de un año antes. Entonces ya existían la crisis subprime y el ajuste inmobiliario, pero la financiación para hogares sumaba 111.662 millones de euros en 12 meses: 2,3 veces más.
El peor dato en 11 años
En el lado de los empresarios las cosas no van mejor. El saldo de créditos de entidades financieras a las sociedades se incrementó entre octubre de 2007 y el mismo mes de 2008 en 113.095 millones de euros, marcando un crecimiento del 8,9%, el más bajo desde julio de 1997. Sin duda un mal dato, pero mucho menos doloroso que la comparación con el aumento registrado en el mismo periodo, un año antes. Entonces el saldo de créditos a las compañías se incrementó en 764.474 millones. Un abultado 85% más que ahora.
Este fracaso salpica a casi toda la clase política, ya que el Congreso aprobó por abrumadora mayoría –votaron en contra ICV y UPyD– una moción para «que los recursos públicos se utilicen para la financiación de la economía real [familias y pymes]». El Gobierno no ha sido capaz aún de mejorar la financiación a quienes están más ahogados. Es más, ésta ha empeorado con fuerza. Así, y tras los errores de cálculo de las subastas de liquidez de noviembre y diciembre, no es descartable que los datos bajen en picado.
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