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La decisión de la ministra Chacón de ampliar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior y pasar de los 3.000 actuales a 7.700 en 2009 no es ninguna sorpresa. Si se observa la última Directiva de Defensa Nacional, así como la actual en trámite de aprobación, se observa un cambio substancial: la definición de un marco estratégico para la seguridad nacional presidido por nuevos riesgos y amenazas.

Señalando como tales el crimen organizado, el terrorismo internacional, la inmigración masiva o el cambio climático, aspectos que difícilmente tendrán solución a través de medios militares, como la misma Directiva señala.

Aunque no deja de ser alarmante que sean objeto de atención.

En cambio, se incluyen otras amenazas no tan peregrinas que sí podrían ser objeto de intervenciones, como la proliferación nuclear, los conflictos regionales, en especial en el área mediterránea, los Estados fallidos donde hay violaciones de los derechos humanos o el acceso a los recursos básicos necesarios para mantener nuestro sistema de vida.

Si se observan por separado, ninguno de esos problemas tiene su solución dentro de las fronteras españolas, sino en el exterior, y ahí radica la necesidad de ampliar el número de efectivos en misiones exteriores.

Ahora recordemos los peligros y amenazas definidos por la OTAN e incluidos en el Informe Solana: Estrategia de Seguridad Europea, de la UE. En ambos se mantienen exactamente las mismas amenazas.

Ahí tenemos otra razón del Gobierno Zapatero: alinearse al lado de los organismos militares internacionales en los que España participa con una mayor presencia militar en el exterior y adecuar el Ejército a esas supuestas amenazas.

La propia OTAN aconseja tener un 8% de fuerzas operativas para su despliegue inmediato. Cuota que se alcanzará con los 7.700 efectivos.

Cierto es que hay otros organismos –ONU y OSCE– con mayor reconocimiento que la OTAN y la PESC de la UE, de los que también se derivan compromisos.

Pero si se observan las misiones militares en el exterior realizadas por España entre 1994 y 2008, tan sólo dos (Líbano y Haití) han estado amparadas por la ONU, tres lo han sido por la UE (Macedonia, Bosnia y Congo) y ocho por la OTAN. Entre ellas, las tres agresiones contra Estados soberanos, en Kosovo, Afganistán e Iraq, las tres realizadas al margen de la legalidad internacional.

Analizando brevemente algunas de las misiones que esas fuerzas deben realizar, la de ayuda humanitaria, en defensa de los derechos humanos o catástrofes naturales, sólo un ingenuo podría creerse que los ejércitos son los cuerpos idóneos para llevar a cabo esas misiones.

¿Desde cuándo las fuerzas armadas pueden jugar un papel de imparcialidad, independencia, neutralidad y universalidad que las víctimas de un conflicto requieren?

Además, para llevar a cabo tales intervenciones son más apropiados cuerpos especiales formados para tal menester, que no soldados pertrechados de armas y más pendientes de su propia seguridad que de la población a la que deben asistir.

Éstas serían, desde luego, mucho menos costosas.

Hoy esas misiones de 3.000 efectivos rondan los 700 millones de euros anuales.

Mayor enjundia tiene la cuestión de los recursos naturales, pues su simple mención nos empuja a pensar que se contempla la posibilidad de lanzar operaciones militares para acceder a recursos que, hay que suponer, son los hidrocarburos.

Otra razón de la ampliación es el deseo del Gobierno actual de ganar peso en los foros internacionales donde se dirimen las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Y eso, según el Gobierno, no es posible sin la presencia militar en los conflictos que hoy afligen al planeta.

Pero, desgraciadamente, en lugar de buscar la resolución de los conflictos impulsando medios de seguridad humana, se escoge el camino de la seguridad militar.

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