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Ayúdennos y gracias Lampedusa |
Los 1.300 inmigrantes indocumentados alojados en el centro de acogida de Lampedusa, isla del sur de Italia, se escaparon hoy del lugar forzando las verjas de entrada y se dirigieron en cortejo hacia el municipio para protestar por sus condiciones de detención.
"Libertad, ayúdennos y gracias Lampedusa", gritaban los ilegales mientras se encaminaban hacia la plaza del ayuntamiento, sin ser bloqueados por la policía que les siguió durante el recorrido sin intervenir.
Los inmigrantes piden poder dejar Lampedusa y ser trasladados al centro de permanencia de Brindisi, en la península, así como poder reunirse con sus familias, muchas de las cuales se encuentran en Francia, Alemania y el norte de Italia.
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Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, monopolios, multitud, politica.
Anónimo
La fuga del Centro de Primera Acogida (CPA) comenzó a eso de las diez de la mañana de modo espontáneo.
Exasperados por las condiciones degradantes en que les abandonaron, por la misma comida, por la situación de indeterminación en que viven, los inmigrantes saltaron la valla.
Lo decidieron sin más, sin ponerse de acuerdo entre ellos, sin responder a una señal.
La rebelión de los árabes del centro, tunecinos en su mayoría, no tiene un líder, ni un plan preestablecido.
Es fruto de la rabia y del agotamiento.
"No podemos seguir viviendo en esa situación. Estamos hacinados. Los baños son horribles. Nuestra habitación apesta, no se puede respirar", cuenta Waheb, de 29 años, que querría ir a Francia, donde vive su padre, y sin embargo, lleva ya 24 días de permanencia en ese CPA donde como máximo debería haber estado sólo 48 horas.
Algunos vinieron al pueblo, otros se dispersaron por el campo.
El Centro se quedó vacío: dentro sólo había unos cien ciudadanos sub-saharianos que no se sumaron a la protesta.
Al llegar la manifestación, la población de Lampedusa, reunida en la plaza para decidir las próximas acciones contra el ministro del Interior, Roberto Maroni, se queda asombrada. Acto seguido, estalla un aplauso ensordecedor.
"Amigos", entonan a coro algunos ciudadanos.
"Nuestra lucha es la vuestra. Nuestro enemigo es el mismo: el estado asesino".
Así, los "clandestinos" se unen a la asamblea.
Se traducen las intervenciones al árabe.
Invitan a subir al palco a algunos de ellos.
El alcalde Bernardino De Rubeis, temiendo que la situación pueda írsele de las manos, les exhorta a que regresen al CPA, pues "es el único modo que tenéis para que os manden a Italia".
El resto hace lo mismo.
"Estamos de vuestro lado, pero tenéis que volver al centro. De lo contrario, no sabemos qué puede pasar".
Los tunecinos parecen perplejos.
No entienden la solidaridad de esta población.
Piden que se les traduzcan las pancartas colgadas en la fachada del ayuntamiento: eslogan contra Maroni, contra el gobernador [prefetto] general para la inmigración Mario Morcone, contra la senadora lampedusana [de la Liga Norte] Angela Maraventano, cómplice de Maroni, traidora de la isla.
Los inmigrantes no saben bien qué hacer.
Se quedan en la plaza escuchando, gozando de un rato de libertad, disfrutando de un sol cómplice que vuelve a resplandecer en la isla.
"Queremos irnos, queremos que nos trasladen a Italia", gritan algunos.
Una reivindicación que se ha vuelto más insistente, después de que anteayer el ministerio del Interior reactivara puentes aéreos para los ciudadanos sub-saharianos desperdigados por los centros de acogida de todo el territorio nacional.
Se marcharon 500, pero ninguno era tunecino.
A éstos el ministerio del Interior los quiere repatriar.
La rabia de Lampedusa, cuyo detonador es la decisión de Maroni de instituir un Centro de Identificación y Expulsión (CIE), en la antigua base Loran de la Marina mercantil se suma a la de los "clandestinos", que no aguantan más en el abarrotado centro de acogida y quieren que les trasladen.
El ministro del Interior, como si estuviera tanteando el pulso de la resistencia de la isla, decidió que los inmigrantes encerrados en el CPA se quedarían hasta un mes, en lugar de los dos días establecidos.
Así, la estructura colapsó, pues albergaba a 1840 personas en vez de las 800 previstas.
Esta medida hizo que estallara la protesta doble y complementaria de la población autóctona y de los inmigrantes, que encontraron una complicidad inesperada para una petición común: puentes aéreos hacia otros centros en Italia.
La vanguardia de los desembarcos se niega a que la transformen en una cárcel al aire libre, como quisiera el ministro del Interior, y se descubre solidaria con "estos chicos que han huido para encontrar un futuro mejor", como subraya un señor que intercambia frases en francés con un grupo de ellos.
Ellos, "los chicos que han escapado", no saben bien qué hacer. Preguntan qué hay que hacer para que los familiares le manden a uno dinero. Dicen que no quieren volver al centro.
Al cabo de una hora de indecisión, con el alcalde cada vez más apurado invitando a la población a volver a casa, la situación se desbloquea gracias a un joven empresario, que actúa como líder improvisado.
Salvatore Cappello coge el micrófono y expresa a los extranjeros su solidaridad y la de la población de Lampedusa; les garantiza que "les llevaran a Italia en uno o dos días en avión".
Y gritando "basta de pasta, hoy se come cuscús" consigue convencer a gran parte de los fugitivos a volver al centro.
El cortejo se reúne en pocos minutos y parte en sentido contrario. Los inmigrantes cruzan de nuevo el pueblo gritando otra vez "Libertad, libertad".
Cappello y otros lampedusanos les acompañan.
Los carabinieri los dejan pasar, los antidisturbios se separan.
El desfile se dirige hacia el barrio Imbriacola, donde está el CPA, a un kilómetro de distancia.
Al cabo de veinte minutos, el grupo llega hasta la puerta del centro.
Algunos entran de la misma, otros dudan.
No se fían: no quieren ir más allá si los carabinieri no dejan que algunos de esos lampedusanos que se han mostrado solidarios entren.
Éstos intentan atravesar la puerta, pero los funcionarios del ministerio del Interior se lo impiden.
Entre las fuerzas del orden y los manifestantes italianos crece la tensión.
"La próxima vez los vais a ir a buscar vosotros", grita Cappello, reivindicando el mérito de haber llevado a los fugitivos de modo pacífico.
Se calienta el ambiente.
Asaltan y destruyen una ambulancia que va deprisa y quiere abrirse paso entre la muchedumbre.
Se empiezan a ver porrazos y a oír insultos entre carabinieri y habitantes.
Luego, poco a poco amaina la pelea y se recobra la calma; una calma aparente: tanto los lampedusanos como los inmigrantes han decretado una tregua, a la espera de comprobar si el ministerio del Interior prepara el puente aéreo o si hará falta volver a la acción.
Mientras tanto, la ciudad se queda apagada.
Las tiendas siguen cerradas, en parte por la huelga general indefinida contra Maroni, en parte porque "con todos estos clandestinos rondando por ahí, nunca se sabe".
En esta situación de caos, cunden rumores de inmigrantes borrachos, intentos de suicidio, robos.
Se extiende una especie de psicosis que sin embargo no afecta a la solidaridad autóctonos-clandestinos. Por las calles todavía se ve a grupitos de magrebíes.
Un autobús de la Guardia di Finanza está de patrulla buscando fugitivos.
Cada vez que dan con uno, el conductor silba y lo invitan a subir.
Los inmigrantes vuelven al CPA.
Por la noche todos están de vuelta salvo alguna decena. Pero es un regreso temporal.
Mañana será otro día y si el gobierno no cede, si no se decide a trasladar a los inmigrantes a otros centros en el continente, si no da marcha atrás sobre el Centro de Identificación, la mecha volverá a encenderse sin remedio.
(mas...)
Exasperados por las condiciones degradantes en que les abandonaron, por la misma comida, por la situación de indeterminación en que viven, los inmigrantes saltaron la valla.
Lo decidieron sin más, sin ponerse de acuerdo entre ellos, sin responder a una señal.
La rebelión de los árabes del centro, tunecinos en su mayoría, no tiene un líder, ni un plan preestablecido.
Es fruto de la rabia y del agotamiento.
"No podemos seguir viviendo en esa situación. Estamos hacinados. Los baños son horribles. Nuestra habitación apesta, no se puede respirar", cuenta Waheb, de 29 años, que querría ir a Francia, donde vive su padre, y sin embargo, lleva ya 24 días de permanencia en ese CPA donde como máximo debería haber estado sólo 48 horas.
Algunos vinieron al pueblo, otros se dispersaron por el campo.
El Centro se quedó vacío: dentro sólo había unos cien ciudadanos sub-saharianos que no se sumaron a la protesta.
Al llegar la manifestación, la población de Lampedusa, reunida en la plaza para decidir las próximas acciones contra el ministro del Interior, Roberto Maroni, se queda asombrada. Acto seguido, estalla un aplauso ensordecedor.
"Amigos", entonan a coro algunos ciudadanos.
"Nuestra lucha es la vuestra. Nuestro enemigo es el mismo: el estado asesino".
Así, los "clandestinos" se unen a la asamblea.
Se traducen las intervenciones al árabe.
Invitan a subir al palco a algunos de ellos.
El alcalde Bernardino De Rubeis, temiendo que la situación pueda írsele de las manos, les exhorta a que regresen al CPA, pues "es el único modo que tenéis para que os manden a Italia".
El resto hace lo mismo.
"Estamos de vuestro lado, pero tenéis que volver al centro. De lo contrario, no sabemos qué puede pasar".
Los tunecinos parecen perplejos.
No entienden la solidaridad de esta población.
Piden que se les traduzcan las pancartas colgadas en la fachada del ayuntamiento: eslogan contra Maroni, contra el gobernador [prefetto] general para la inmigración Mario Morcone, contra la senadora lampedusana [de la Liga Norte] Angela Maraventano, cómplice de Maroni, traidora de la isla.
Los inmigrantes no saben bien qué hacer.
Se quedan en la plaza escuchando, gozando de un rato de libertad, disfrutando de un sol cómplice que vuelve a resplandecer en la isla.
"Queremos irnos, queremos que nos trasladen a Italia", gritan algunos.
Una reivindicación que se ha vuelto más insistente, después de que anteayer el ministerio del Interior reactivara puentes aéreos para los ciudadanos sub-saharianos desperdigados por los centros de acogida de todo el territorio nacional.
Se marcharon 500, pero ninguno era tunecino.
A éstos el ministerio del Interior los quiere repatriar.
La rabia de Lampedusa, cuyo detonador es la decisión de Maroni de instituir un Centro de Identificación y Expulsión (CIE), en la antigua base Loran de la Marina mercantil se suma a la de los "clandestinos", que no aguantan más en el abarrotado centro de acogida y quieren que les trasladen.
El ministro del Interior, como si estuviera tanteando el pulso de la resistencia de la isla, decidió que los inmigrantes encerrados en el CPA se quedarían hasta un mes, en lugar de los dos días establecidos.
Así, la estructura colapsó, pues albergaba a 1840 personas en vez de las 800 previstas.
Esta medida hizo que estallara la protesta doble y complementaria de la población autóctona y de los inmigrantes, que encontraron una complicidad inesperada para una petición común: puentes aéreos hacia otros centros en Italia.
La vanguardia de los desembarcos se niega a que la transformen en una cárcel al aire libre, como quisiera el ministro del Interior, y se descubre solidaria con "estos chicos que han huido para encontrar un futuro mejor", como subraya un señor que intercambia frases en francés con un grupo de ellos.
Ellos, "los chicos que han escapado", no saben bien qué hacer. Preguntan qué hay que hacer para que los familiares le manden a uno dinero. Dicen que no quieren volver al centro.
Al cabo de una hora de indecisión, con el alcalde cada vez más apurado invitando a la población a volver a casa, la situación se desbloquea gracias a un joven empresario, que actúa como líder improvisado.
Salvatore Cappello coge el micrófono y expresa a los extranjeros su solidaridad y la de la población de Lampedusa; les garantiza que "les llevaran a Italia en uno o dos días en avión".
Y gritando "basta de pasta, hoy se come cuscús" consigue convencer a gran parte de los fugitivos a volver al centro.
El cortejo se reúne en pocos minutos y parte en sentido contrario. Los inmigrantes cruzan de nuevo el pueblo gritando otra vez "Libertad, libertad".
Cappello y otros lampedusanos les acompañan.
Los carabinieri los dejan pasar, los antidisturbios se separan.
El desfile se dirige hacia el barrio Imbriacola, donde está el CPA, a un kilómetro de distancia.
Al cabo de veinte minutos, el grupo llega hasta la puerta del centro.
Algunos entran de la misma, otros dudan.
No se fían: no quieren ir más allá si los carabinieri no dejan que algunos de esos lampedusanos que se han mostrado solidarios entren.
Éstos intentan atravesar la puerta, pero los funcionarios del ministerio del Interior se lo impiden.
Entre las fuerzas del orden y los manifestantes italianos crece la tensión.
"La próxima vez los vais a ir a buscar vosotros", grita Cappello, reivindicando el mérito de haber llevado a los fugitivos de modo pacífico.
Se calienta el ambiente.
Asaltan y destruyen una ambulancia que va deprisa y quiere abrirse paso entre la muchedumbre.
Se empiezan a ver porrazos y a oír insultos entre carabinieri y habitantes.
Luego, poco a poco amaina la pelea y se recobra la calma; una calma aparente: tanto los lampedusanos como los inmigrantes han decretado una tregua, a la espera de comprobar si el ministerio del Interior prepara el puente aéreo o si hará falta volver a la acción.
Mientras tanto, la ciudad se queda apagada.
Las tiendas siguen cerradas, en parte por la huelga general indefinida contra Maroni, en parte porque "con todos estos clandestinos rondando por ahí, nunca se sabe".
En esta situación de caos, cunden rumores de inmigrantes borrachos, intentos de suicidio, robos.
Se extiende una especie de psicosis que sin embargo no afecta a la solidaridad autóctonos-clandestinos. Por las calles todavía se ve a grupitos de magrebíes.
Un autobús de la Guardia di Finanza está de patrulla buscando fugitivos.
Cada vez que dan con uno, el conductor silba y lo invitan a subir.
Los inmigrantes vuelven al CPA.
Por la noche todos están de vuelta salvo alguna decena. Pero es un regreso temporal.
Mañana será otro día y si el gobierno no cede, si no se decide a trasladar a los inmigrantes a otros centros en el continente, si no da marcha atrás sobre el Centro de Identificación, la mecha volverá a encenderse sin remedio.
(mas...)
Anónimo
"Han regresado casi todos, en pequeños grupos y sin causar mayores problemas", contó un fotógrafo de la agencia AFP.
Unos 700 inmigrantes sobre un total de 1.300 retenidos en dos centros de acogida huyeron en las primeras horas de la mañana, contó el alcalde de la localidad, Bernardino De Rubeis.
Los clandestinos recorrieron las calles de la pequeña ciudad siciliana a gritos de "¡Libertad!" y "¡Ayúdenos!".
Los indocumentados protestan por la apertura el viernes de un nuevo centro de acogida en la isla, donde se identifica y expulsa a los inmigrantes ilegales, agilizando las temidas repatriaciones.
La orden de expulsar directamente desde Lampedusa a los inmigrantes ilegales que han desembarcado en la isla ha creado fuertes tensiones también entre los habitantes, contrarios a la creación del segundo centro de acogida.
Hasta ahora los indocumentados permanecían pocos días en Lampedusa, de donde solían ser trasladados a otros centros de retención de la península para establecer su identidad y, según el caso, otorgarles el asilo o expulsarles.
El gobierno conservador liderado por Silvio Berlusconi decidió acelerar las expulsiones tras la ola de llegadas de clandestinos registrada en las últimas semanas.
Unos 1.600 inmigrantes ilegales se encuentran actualmente en Lampedusa y el gobierno cuenta con repatriar a la mayoría de ellos directamente desde la isla.
"La situación está bajo control", anunció este sábado Berlusconi tras haber sido informado. El jefe de gobierno prometió medidas para compensar a los ciudadanos de Lampedusa y confirmó los acuerdos alcanzados con países como Egipto y Túnez para la repatriación de los indocumentados.
"Desde el 1 de enero hemos repatriado a unas 150 personas", entre ellas varios egipcios y nigerianos, explicó el viernes el ministro del Interior, Roberto Maroni.
Los inmigrantes, la mayoría provenientes de África y que zarpan de las costas de Libia, denunciaron también las duras condiciones de detención, ya que se encuentran hacinados en los recintos.
En el año 2008, cerca de 31.700 immigrantes desembarcaron ilegalmente en Lampedusa, lo que representa un aumento del 75% con respecto al año precedente, según cifras del Ministerio del Interior.
Unos 700 inmigrantes sobre un total de 1.300 retenidos en dos centros de acogida huyeron en las primeras horas de la mañana, contó el alcalde de la localidad, Bernardino De Rubeis.
Los clandestinos recorrieron las calles de la pequeña ciudad siciliana a gritos de "¡Libertad!" y "¡Ayúdenos!".
Los indocumentados protestan por la apertura el viernes de un nuevo centro de acogida en la isla, donde se identifica y expulsa a los inmigrantes ilegales, agilizando las temidas repatriaciones.
La orden de expulsar directamente desde Lampedusa a los inmigrantes ilegales que han desembarcado en la isla ha creado fuertes tensiones también entre los habitantes, contrarios a la creación del segundo centro de acogida.
Hasta ahora los indocumentados permanecían pocos días en Lampedusa, de donde solían ser trasladados a otros centros de retención de la península para establecer su identidad y, según el caso, otorgarles el asilo o expulsarles.
El gobierno conservador liderado por Silvio Berlusconi decidió acelerar las expulsiones tras la ola de llegadas de clandestinos registrada en las últimas semanas.
Unos 1.600 inmigrantes ilegales se encuentran actualmente en Lampedusa y el gobierno cuenta con repatriar a la mayoría de ellos directamente desde la isla.
"La situación está bajo control", anunció este sábado Berlusconi tras haber sido informado. El jefe de gobierno prometió medidas para compensar a los ciudadanos de Lampedusa y confirmó los acuerdos alcanzados con países como Egipto y Túnez para la repatriación de los indocumentados.
"Desde el 1 de enero hemos repatriado a unas 150 personas", entre ellas varios egipcios y nigerianos, explicó el viernes el ministro del Interior, Roberto Maroni.
Los inmigrantes, la mayoría provenientes de África y que zarpan de las costas de Libia, denunciaron también las duras condiciones de detención, ya que se encuentran hacinados en los recintos.
En el año 2008, cerca de 31.700 immigrantes desembarcaron ilegalmente en Lampedusa, lo que representa un aumento del 75% con respecto al año precedente, según cifras del Ministerio del Interior.
Anónimo
Con el objetivo explícito de evitar “aquellos comportamientos que desatan un miedo difuso en la sociedad civil”, las propuestas legislativas de la gobernante coalición de derechas pretenden introducir cambios radicales en las políticas de inmigración.
Ya antes del verano, cuando fue anunciado por Gobierno, el proyecto suscitó feroces críticas por parte de organizaciones de apoyo a los inmigrantes, movimientos sociales y ONG. En vano, ya que varias de las medidas ya han sido aprobadas.
Según denuncia en un manifiesto la Red contra del Paquete de Seguridad –plataforma de asociaciones recientemente constituida cuando el conjunto de medidas esté aprobado, “quien no tenga permiso de residencia no podrá ser atendido en los servicios médicos de urgencia ni acceder a una asistencia médica correcta porque médico estará obligado a denunciarlo; no podrá reconocer legalmente a sus hijos, ni casarse, ni darse de alta en el sistema nacional de salud porque no podrá inscribirse en el registro civil; no podrá recibir ni enviar dinero porque el dueño de la oficina de cambio estará obligado a denunciarlo”.
El paquete incluye, además, otras numerosas medidas polémicas: la detención en los Centros de Internamientos de Extranjeros podrá extenderse hasta los 18 meses y las reagrupaciones serán cada vez más difíciles. Por lo pronto, Gobierno ha anunciado que tiene previsto no conceder ningún permiso de residencia durante 2009.
En cuanto a los cerca de cuatro millones de inmigrantes que sí tienen permiso de residencia, serán sometidos a una presión constante. Su permiso será transformado en una tarjeta “por puntos” que se van perdiendo con cada delito sanción administrativa, y que, al agotarse, caduca automáticamente.
El Gobierno también quiere introducir una tasa de entre 50 y 400 euros, definida como “contribución”, a pagar para renovar el permiso de residencia.
Según diferentes movimientos sociales, este proyecto de ley tiende también a la criminalización de cualquier estilo de vida que pueda calificarse de “diferente”.
Resaltan que una de las reformas impondrá, para poder inscribirse en el registro civil, la obligación de presentar un certificado de habitabilidad para demostrar que se vive “en condiciones dignas”, condiciones que serán definidas por la Ley.
La Red contra del Paquete de Seguridad afirma que “esta norma golpea tanto a los migrantes como a las personas que no tienen un lugar estable donde vivir, como a los ocupantes de casas, o a las personas que no pueden alquilar una”.
El ejecutivo pretende también crear un registro de personas sin hogar.
El “paquete de seguridad” también atribuirá la facultad a las administraciones locales de colaborar con asociaciones voluntarias de ciudadanos en el control de la seguridad del territorio, lo cual legalizaría de facto las “rondas ciudadanas”.
Los grupos de ciudadanos que patrullan las calles son un fenómeno bastante extendido sobre todo en el norte de Italia y se han significado por la violencia que han desplegado hacia inmigrantes, prostitutas y drogodependientes.
“Queda claro”, sostiene el manifiesto de la Red “que la única inmigración que ellos quieren es la que está ligada al trabajo domestico: en los últimos cupos, de las 150.000 llegadas, 104.000 han sido reservadas para empleadas del hogar y para las personas que cuidan ancianos”.
La Red ha llamado a la movilización.
Bajo el lema “Nosotros no tenemos miedo: no aceptamos la sociedad del racismo, de la explotación y del control”.
Una de sus grandes citas será una manifestación en Roma el 31 de enero.
Ya antes del verano, cuando fue anunciado por Gobierno, el proyecto suscitó feroces críticas por parte de organizaciones de apoyo a los inmigrantes, movimientos sociales y ONG. En vano, ya que varias de las medidas ya han sido aprobadas.
Según denuncia en un manifiesto la Red contra del Paquete de Seguridad –plataforma de asociaciones recientemente constituida cuando el conjunto de medidas esté aprobado, “quien no tenga permiso de residencia no podrá ser atendido en los servicios médicos de urgencia ni acceder a una asistencia médica correcta porque médico estará obligado a denunciarlo; no podrá reconocer legalmente a sus hijos, ni casarse, ni darse de alta en el sistema nacional de salud porque no podrá inscribirse en el registro civil; no podrá recibir ni enviar dinero porque el dueño de la oficina de cambio estará obligado a denunciarlo”.
El paquete incluye, además, otras numerosas medidas polémicas: la detención en los Centros de Internamientos de Extranjeros podrá extenderse hasta los 18 meses y las reagrupaciones serán cada vez más difíciles. Por lo pronto, Gobierno ha anunciado que tiene previsto no conceder ningún permiso de residencia durante 2009.
En cuanto a los cerca de cuatro millones de inmigrantes que sí tienen permiso de residencia, serán sometidos a una presión constante. Su permiso será transformado en una tarjeta “por puntos” que se van perdiendo con cada delito sanción administrativa, y que, al agotarse, caduca automáticamente.
El Gobierno también quiere introducir una tasa de entre 50 y 400 euros, definida como “contribución”, a pagar para renovar el permiso de residencia.
Según diferentes movimientos sociales, este proyecto de ley tiende también a la criminalización de cualquier estilo de vida que pueda calificarse de “diferente”.
Resaltan que una de las reformas impondrá, para poder inscribirse en el registro civil, la obligación de presentar un certificado de habitabilidad para demostrar que se vive “en condiciones dignas”, condiciones que serán definidas por la Ley.
La Red contra del Paquete de Seguridad afirma que “esta norma golpea tanto a los migrantes como a las personas que no tienen un lugar estable donde vivir, como a los ocupantes de casas, o a las personas que no pueden alquilar una”.
El ejecutivo pretende también crear un registro de personas sin hogar.
El “paquete de seguridad” también atribuirá la facultad a las administraciones locales de colaborar con asociaciones voluntarias de ciudadanos en el control de la seguridad del territorio, lo cual legalizaría de facto las “rondas ciudadanas”.
Los grupos de ciudadanos que patrullan las calles son un fenómeno bastante extendido sobre todo en el norte de Italia y se han significado por la violencia que han desplegado hacia inmigrantes, prostitutas y drogodependientes.
“Queda claro”, sostiene el manifiesto de la Red “que la única inmigración que ellos quieren es la que está ligada al trabajo domestico: en los últimos cupos, de las 150.000 llegadas, 104.000 han sido reservadas para empleadas del hogar y para las personas que cuidan ancianos”.
La Red ha llamado a la movilización.
Bajo el lema “Nosotros no tenemos miedo: no aceptamos la sociedad del racismo, de la explotación y del control”.
Una de sus grandes citas será una manifestación en Roma el 31 de enero.
Anónimo
La iniciativa de Maroni se produce como respuesta al rezo, el pasado día 3 de enero, de un grupo de musulmanes frente al Duomo de Milán, así como las manifestaciones contra Israel acontecidas en los últimos días ante otras catedrales y ante el Coliseo de Roma.
El ministro hizo el anuncio al responder a una interpelación parlamentaria y subrayó que la medida tiene como objetivo "una mejor regulación de las manifestaciones que permita garantizar el derecho a manifestarse, pero también el derecho de los ciudadanos a poder disfrutar de los espacios de su ciudad".
Maroni advirtió de que "los hechos que acontecieron ante la catedral de Milán no deben volver a ocurrir" y subrayó que "las sedes de la policía y los supermercados también serán vigilados". El ministro explicó que está estudiando la posibilidad de que los organizadores de marchas autorizadas depositen una fianza para cubrir cualquier daño que puedan producir los manifestantes.
Libertad Religiosa
"No se trata de impedir la libertad religiosa. La directiva de Maroni tiene como finalidad evitar que se vuelvan a producir profanaciones como las que tuvieron lugar en Milán o en Bolonia", puntualizó Andrea Ronchi, ministro de Políticas Comunitarias.
"Es probable que haya excepciones", afirmó el jefe de policía de Milán, Gina Valerio Lombardi, quien dijo que la medida no impedirá, por ejemplo, actos de campaña en períodos electorales.
Reacciones
La mayoría de los representantes de la comunidad islámica en Italia interpretaron la medida como discriminatoria y han puesto el grito al cielo. El presidente del centro de Cultura Islámica de Bolonia, Radwan Altounji, afirmó: "Si el ministro hace un decreto, nosotros lo respetaremos aunque no nos guste. Lo respetaremos también si se hace solo en contra de los musulmanes. Pero ese sería un acto discriminatorio". Ali Abu Swawina, imán de Segrate, cerca de Milán, señaló: "Nadie puede vetar el rezo en un país democrático".
Sin embargo, hubo también algunas voces musulmanas a favor de la iniciativa. "Estamos de acuerdo con las medidas del ministro porque no se deben repetir episodios como la quema de la bandera de Israel", afirmó el imán de Nápoles, Abdullah Cozzolino.
El ministro hizo el anuncio al responder a una interpelación parlamentaria y subrayó que la medida tiene como objetivo "una mejor regulación de las manifestaciones que permita garantizar el derecho a manifestarse, pero también el derecho de los ciudadanos a poder disfrutar de los espacios de su ciudad".
Maroni advirtió de que "los hechos que acontecieron ante la catedral de Milán no deben volver a ocurrir" y subrayó que "las sedes de la policía y los supermercados también serán vigilados". El ministro explicó que está estudiando la posibilidad de que los organizadores de marchas autorizadas depositen una fianza para cubrir cualquier daño que puedan producir los manifestantes.
Libertad Religiosa
"No se trata de impedir la libertad religiosa. La directiva de Maroni tiene como finalidad evitar que se vuelvan a producir profanaciones como las que tuvieron lugar en Milán o en Bolonia", puntualizó Andrea Ronchi, ministro de Políticas Comunitarias.
"Es probable que haya excepciones", afirmó el jefe de policía de Milán, Gina Valerio Lombardi, quien dijo que la medida no impedirá, por ejemplo, actos de campaña en períodos electorales.
Reacciones
La mayoría de los representantes de la comunidad islámica en Italia interpretaron la medida como discriminatoria y han puesto el grito al cielo. El presidente del centro de Cultura Islámica de Bolonia, Radwan Altounji, afirmó: "Si el ministro hace un decreto, nosotros lo respetaremos aunque no nos guste. Lo respetaremos también si se hace solo en contra de los musulmanes. Pero ese sería un acto discriminatorio". Ali Abu Swawina, imán de Segrate, cerca de Milán, señaló: "Nadie puede vetar el rezo en un país democrático".
Sin embargo, hubo también algunas voces musulmanas a favor de la iniciativa. "Estamos de acuerdo con las medidas del ministro porque no se deben repetir episodios como la quema de la bandera de Israel", afirmó el imán de Nápoles, Abdullah Cozzolino.
Anónimo
La denuncia se enmarca en el forcejeo que mantienen el Gobierno local de Lampedusa y el Ejecutivo por los planes de este de convertir una antigua base de la OTAN en un centro de internamiento de inmigrantes en la isla.
"Lampedusa no se va a convertir en una cárcel a cielo abierto ni aceptará ser un campo de concentración para inmigrantes. No nos venderemos por un plato de lentejas", dijo ayer el alcalde, Dino de Rubeis, del partido de centroderecha Movimiento de las Autonomías.
Según el edil, el Gobierno italiano quiere convertir Lampedusa en "un Alcatraz para inmigrantes", lo que supondría el fin del turismo, una de las principales fuentes de ingresos para la isla.
Protestas
Después de un fin de semana especialmente tenso -el sábado casi un millar de inmigrantes se escaparon del centro de acogida y se sumaron a una manifestación de los vecinos del pueblo-, un grupo de los que todavía no han sido detenidos cortaron ayer la carretera principal de la isla para pedir que no se les repatrie.
Dentro del centro, 16 de las 78 mujeres que están internadas permanecen en huelga de hambre en señal de protesta.
El centro de acogida, con capacidad para 700 personas, llega a albergar, en muchos momentos, a casi 1.500. Y lejos de permanecer en él las 48 horas que establece la ley, antes de ser enviados a otros centros de la península, pueden llegar a estar más de un mes.
Así, lejos de cumplir las funciones de acogida, se convierte en un centro de internamiento forzoso.
Acuerdo de repatriación
Está previsto que el ministro del Interior, Roberto Maroni, viaje hoy a Túnez para firmar un acuerdo que permita la repatriación inmediata de alrededor de 1.300 sin papeles que llegaron a la isla desde la costa tunecina.
En un comunicado difundido ayer, varias oenegés y organizaciones humanitarias que trabajan en la isla -desde Cáritas hasta Save the Children- alertaron de que "nunca antes se habían alcanzado tales niveles de inseguridad y peligro" en relación a la preocupante masificación del centro de acogida de la isla, de 5.000 habitantes.
"Lampedusa no se va a convertir en una cárcel a cielo abierto ni aceptará ser un campo de concentración para inmigrantes. No nos venderemos por un plato de lentejas", dijo ayer el alcalde, Dino de Rubeis, del partido de centroderecha Movimiento de las Autonomías.
Según el edil, el Gobierno italiano quiere convertir Lampedusa en "un Alcatraz para inmigrantes", lo que supondría el fin del turismo, una de las principales fuentes de ingresos para la isla.
Protestas
Después de un fin de semana especialmente tenso -el sábado casi un millar de inmigrantes se escaparon del centro de acogida y se sumaron a una manifestación de los vecinos del pueblo-, un grupo de los que todavía no han sido detenidos cortaron ayer la carretera principal de la isla para pedir que no se les repatrie.
Dentro del centro, 16 de las 78 mujeres que están internadas permanecen en huelga de hambre en señal de protesta.
El centro de acogida, con capacidad para 700 personas, llega a albergar, en muchos momentos, a casi 1.500. Y lejos de permanecer en él las 48 horas que establece la ley, antes de ser enviados a otros centros de la península, pueden llegar a estar más de un mes.
Así, lejos de cumplir las funciones de acogida, se convierte en un centro de internamiento forzoso.
Acuerdo de repatriación
Está previsto que el ministro del Interior, Roberto Maroni, viaje hoy a Túnez para firmar un acuerdo que permita la repatriación inmediata de alrededor de 1.300 sin papeles que llegaron a la isla desde la costa tunecina.
En un comunicado difundido ayer, varias oenegés y organizaciones humanitarias que trabajan en la isla -desde Cáritas hasta Save the Children- alertaron de que "nunca antes se habían alcanzado tales niveles de inseguridad y peligro" en relación a la preocupante masificación del centro de acogida de la isla, de 5.000 habitantes.
Anónimo
La manifestación, encabezada por el alcalde de la ciudad, Dino de Rubeis, que partió de la plaza principal de Lampedusa hasta el puerto, finalizó con una ceremonia de conmemoración a las víctimas fallecidas en el mar.
Así se recordó a los inmigrantes ilegales muertos intentando llegar a Europa y a los pescadores de Lampedusa que perdieron la vida en el mar.
El párroco de la isla, Stefano Nastasi, lanzó una corona de flores al agua diciendo "estamos unidos por el mismo dolor, que es universal y no tiene color".
Los habitantes de Lampedusa tras la manifestación se dirigieron a la "Puerta de la Acogida", un monumento inaugurado hace unos meses, símbolo de su hospitalidad hacia los inmigrantes.
La manifestación fue convocada por las autoridades locales, que anunciaron para hoy una huelga general de 12 horas a la cual se sumaron masivamente los residentes: todas las tiendas cerraron y los servicios públicos se paralizaron.
El alcalde de Lampedusa explicó a los vecinos que el presidente de la región siciliana, Raffaele Lombardo (partido Movimiento por la Autonomía) no participó en la marcha ya que tiene miedo a volar en un avión de hélice y visitará Lampedusa mañana en "un avión más grande".
Así se recordó a los inmigrantes ilegales muertos intentando llegar a Europa y a los pescadores de Lampedusa que perdieron la vida en el mar.
El párroco de la isla, Stefano Nastasi, lanzó una corona de flores al agua diciendo "estamos unidos por el mismo dolor, que es universal y no tiene color".
Los habitantes de Lampedusa tras la manifestación se dirigieron a la "Puerta de la Acogida", un monumento inaugurado hace unos meses, símbolo de su hospitalidad hacia los inmigrantes.
La manifestación fue convocada por las autoridades locales, que anunciaron para hoy una huelga general de 12 horas a la cual se sumaron masivamente los residentes: todas las tiendas cerraron y los servicios públicos se paralizaron.
El alcalde de Lampedusa explicó a los vecinos que el presidente de la región siciliana, Raffaele Lombardo (partido Movimiento por la Autonomía) no participó en la marcha ya que tiene miedo a volar en un avión de hélice y visitará Lampedusa mañana en "un avión más grande".
Anónimo
La votación en el Senado se dio en un clima de tensión. La oposición criticó el contenido de la ley durante horas, pero el debate se zanjó por una simple cuestión matemática. Con 156 votos a favor y 132 en contra, el gobierno conservador de Silvio Berlusconi dio un paso más en su política antiinmigratoria. Ahora sólo falta la aprobación en Diputados. “Con este proyecto se superó el límite que separa el rigor de la ley de la simple y llana persecución”, denunció Anna Finocchiaro, vocera del PD en el Senado. La nueva norma, que propuso la xenófoba Liga Norte, miembro de la coalición gubernamental, canceló una ley anterior en la que justamente se prohibía a los médicos convertirse en un cuerpo de delación de indocumentados, en nombre de los principios humanitarios y la ética profesional. Además, la disposición establece la creación de un registro de vagabundos extranjeros para facilitar su expulsión del territorio italiano así como un aumento en el valor del trámite del permiso de residencia, pasando dicho monto de los actuales 80 a 200 euros.
Por su parte, la organización Médicos sin Fronteras (MSF) lanzó días atrás una campaña de protesta bajo el lema “Somos médicos y no espías” para denunciar la posibilidad de que se apruebe esta enmienda. Sin embargo, los esfuerzos de la ONG no fueron suficientes. “Estamos desconcertados ante la decisión del Senado de haber ignorado el grito de alarma de médicos, enfermeras, obstetras y cientos de asociaciones”, se indignó ayer el director general de MSF Italia, Kostas Moschochoritis. “Esta norma viola el derecho del secreto profesional”, agregó.
La organización internacional denunció asimismo que con la aprobación de esta nueva ley se corre el peligro de crear un clima de miedo y de desconfianza, reduciendo así el acceso de los inmigrantes indocumentados a los centros sanitarios, a pesar de que así lo garantiza la Constitución italiana.
Entre los artículos aprobados hay otros dos puntos que ya provocaron una polémica en la península. En uno de ellos se prevé una pena de cárcel de hasta cuatro años para los inmigrantes sin papeles que no obedezcan la orden de expulsión. En otro, se permite a las autoridades locales la creación de las llamadas rondas, es decir, grupos de ciudadanos para controlar la seguridad de las calles.
Por su parte, la organización Médicos sin Fronteras (MSF) lanzó días atrás una campaña de protesta bajo el lema “Somos médicos y no espías” para denunciar la posibilidad de que se apruebe esta enmienda. Sin embargo, los esfuerzos de la ONG no fueron suficientes. “Estamos desconcertados ante la decisión del Senado de haber ignorado el grito de alarma de médicos, enfermeras, obstetras y cientos de asociaciones”, se indignó ayer el director general de MSF Italia, Kostas Moschochoritis. “Esta norma viola el derecho del secreto profesional”, agregó.
La organización internacional denunció asimismo que con la aprobación de esta nueva ley se corre el peligro de crear un clima de miedo y de desconfianza, reduciendo así el acceso de los inmigrantes indocumentados a los centros sanitarios, a pesar de que así lo garantiza la Constitución italiana.
Entre los artículos aprobados hay otros dos puntos que ya provocaron una polémica en la península. En uno de ellos se prevé una pena de cárcel de hasta cuatro años para los inmigrantes sin papeles que no obedezcan la orden de expulsión. En otro, se permite a las autoridades locales la creación de las llamadas rondas, es decir, grupos de ciudadanos para controlar la seguridad de las calles.
Anónimo
El decreto establece que los voluntarios de las rondas serán "preferentemente" agentes de las fuerzas del orden retirados -"personas que saben lo que hacen", precisó Roberto Maroni, ministro del Interior-, aunque también podrán apuntarse otros ciudadanos. La rondas no irán armadas sino con teléfonos y radios para avisar a los cuerpos de policía de eventuales anomalías. Antonio Manganelli, jefe nacional de la policía, declaró que sería mejor llamar a esta iniciativa "seguridad participada" y no rondas. "El objetivo de la tranquilidad social -añadió- se puede cumplir a través de la participación del ciudadano en el desarrollo de la vida social". La primera redacción del texto, que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, obligó a modificar, rezaba simplemente que los alcaldes estarían "legitimados para servirse de la colaboración de asociaciones de ciudadanos". Ahora se ha añadido que todo deberá ser coordinado por el gobernador civil y previa aprobación de los comités provinciales y locales de seguridad.
Palizas
Maroni aseguró asimismo que las listas de quienes quieran participar en las rondas serán controladas por Interior. "Es imposible que alguien se infiltre", subrayó. Todavía ayer los diarios de la mañana dedicaron espacios a las palizas propinadas por rondas sin control en varias partes de la península. Las rondas estaban ya previstas en un proyecto de ley en trámite, pero el primer ministro, Silvio Berlusconi, decidió anticipar la medida después de una semana en la que se han producido tres nuevas violaciones de mujeres en el país. "Todo el mundo sabe cuál es el ritmo del Parlamento", lamentó ayer Berlusconi. Los 13 artículos del decreto incluyen que el Estado pagará la defensa de las víctimas de violencia sexual y que en menos de dos meses se contratará a 2.500 nuevos policías, además de presupuestar otros 100 millones para las fuerzas del orden. Asimismo, las molestias y amenazas a las mujeres se castigarán con sanciones, antes de que degeneren, de seis meses a cuatro años de prisión, con agravantes si se trata de la pareja o expareja. El decreto exige también la cárcel para los sospechosos de haber cometido una agresión sexual, en sustitución del arresto domiciliario, y cadena perpetua para los criminales que asesinen a su víctima tras haberla violado.
Palizas
Maroni aseguró asimismo que las listas de quienes quieran participar en las rondas serán controladas por Interior. "Es imposible que alguien se infiltre", subrayó. Todavía ayer los diarios de la mañana dedicaron espacios a las palizas propinadas por rondas sin control en varias partes de la península. Las rondas estaban ya previstas en un proyecto de ley en trámite, pero el primer ministro, Silvio Berlusconi, decidió anticipar la medida después de una semana en la que se han producido tres nuevas violaciones de mujeres en el país. "Todo el mundo sabe cuál es el ritmo del Parlamento", lamentó ayer Berlusconi. Los 13 artículos del decreto incluyen que el Estado pagará la defensa de las víctimas de violencia sexual y que en menos de dos meses se contratará a 2.500 nuevos policías, además de presupuestar otros 100 millones para las fuerzas del orden. Asimismo, las molestias y amenazas a las mujeres se castigarán con sanciones, antes de que degeneren, de seis meses a cuatro años de prisión, con agravantes si se trata de la pareja o expareja. El decreto exige también la cárcel para los sospechosos de haber cometido una agresión sexual, en sustitución del arresto domiciliario, y cadena perpetua para los criminales que asesinen a su víctima tras haberla violado.
Anónimo
“Los primeros dos meses de este año 2009 serán recordados como los peores de la política migratoria italiana”.
Éste es el tajante balance que hacen asociaciones de migrantes y colectivos sociales. Y es que en los últimos meses la vida política italiana parece girar en torno a la inmigración.
El llamado ‘Paquete de Seguridad’, medidas populistas objeto de virulentas críticas nacionales e internacionales (ver DIAGONAL nº 94), es ya una realidad, al haber sido aprobado por el Senado.
Las disposiciones que han suscitado más preocupación entre los colectivos sociales son las que obligan a los médicos de atención primaria a denunciar a los irregulares y la legalización de las rondas ciudadanas que, según el texto, “armadas sólo de teléfono celular”, colaborarán con las fuerzas de seguridad en la represión de los crímenes que “provocan más alarma social”.
Los efectos sociales de estas medidas ya empiezan a notarse.
Ante el miedo a ser denunciados, en algunas regiones se ha registrado un descenso de hasta un 65% del número de inmigrantes que acuden a los servicios de urgencia.
Esto, según el Colegio de Médicos italiano, “vacía de contenido el derecho de toda persona a una asistencia sanitaria gratuita y libre”.
Son justamente los médicos, a quienes las nuevas normas quieren convertir en delatores, los que más denuncian su carácter abiertamente discriminatorio y sus previsibles consecuencias.
En cuanto a las rondas ciudadanas, ya habituales en las zonas controladas por la xenófoba Liga Norte, verdadera impulsora de esta medida, serán cada día más frecuentes al contar con la colaboración activa de las fuerzas de seguridad. Aunque el texto afirma explícitamente que no podrán llevar armas, estos colectivos “autoorganizados” ya han sido protagonistas de decenas de actos de violencia contra los que llaman “desviados sociales”. Y esto en un clima de intolerancia y xenofobia que se extiende cada vez más por el país: sólo en las últimas semanas ha habido siete agresiones a inmigrantes.
Mientras, la situación del CIE de Lampedusa, reiteradamente denun- ciado por el hacinamiento y los abusos que sufren los inmigrantes, sigue degradándose.
Ante las protestas de los internos (ver DIAGONAL nº 95) la primera medida adoptada por el Gobierno italiano ha sido la de expulsar a casi 1.000 de los 1.800 reclusos del centro.
Todos ellos fueron repatriados a Túnez.
Diferentes organizaciones italianas han denunciado que, en base a los datos ofrecidos por el propio Gobierno, éste ha optado por expulsar también a Túnez a ciudadanos de otros países.
Según las mismas asociaciones, éste habría sido el verdadero desencadenante de la revuelta de los inmigrantes y del incendio de parte del CIE, el pasado 18 de febrero. La protesta fue aplastada tras una intervención policial que dejó un saldo de 24 heridos.
Pocos días antes, el 7 de febrero, 20 inmigrantes habían intentado suicidarse ahorcándose con sus propias ropas. Ante estos sucesos, la magistratura de Agrigento, con competencia sobre Lampedusa, ha decidido iniciar una investigación.
Pero también en este caso el Gobierno italiano ha optado por la línea dura: el recién aprobado ‘Paquete de Seguridad’ ha sido complementado con un decreto urgente de medidas excepcionales en materia de seguridad pública.
Este decreto incluye una disposición por la que se aumenta el plazo de detención en los CIE de los actuales dos meses hasta seis meses.
Éste es el tajante balance que hacen asociaciones de migrantes y colectivos sociales. Y es que en los últimos meses la vida política italiana parece girar en torno a la inmigración.
El llamado ‘Paquete de Seguridad’, medidas populistas objeto de virulentas críticas nacionales e internacionales (ver DIAGONAL nº 94), es ya una realidad, al haber sido aprobado por el Senado.
Las disposiciones que han suscitado más preocupación entre los colectivos sociales son las que obligan a los médicos de atención primaria a denunciar a los irregulares y la legalización de las rondas ciudadanas que, según el texto, “armadas sólo de teléfono celular”, colaborarán con las fuerzas de seguridad en la represión de los crímenes que “provocan más alarma social”.
Los efectos sociales de estas medidas ya empiezan a notarse.
Ante el miedo a ser denunciados, en algunas regiones se ha registrado un descenso de hasta un 65% del número de inmigrantes que acuden a los servicios de urgencia.
Esto, según el Colegio de Médicos italiano, “vacía de contenido el derecho de toda persona a una asistencia sanitaria gratuita y libre”.
Son justamente los médicos, a quienes las nuevas normas quieren convertir en delatores, los que más denuncian su carácter abiertamente discriminatorio y sus previsibles consecuencias.
En cuanto a las rondas ciudadanas, ya habituales en las zonas controladas por la xenófoba Liga Norte, verdadera impulsora de esta medida, serán cada día más frecuentes al contar con la colaboración activa de las fuerzas de seguridad. Aunque el texto afirma explícitamente que no podrán llevar armas, estos colectivos “autoorganizados” ya han sido protagonistas de decenas de actos de violencia contra los que llaman “desviados sociales”. Y esto en un clima de intolerancia y xenofobia que se extiende cada vez más por el país: sólo en las últimas semanas ha habido siete agresiones a inmigrantes.
Mientras, la situación del CIE de Lampedusa, reiteradamente denun- ciado por el hacinamiento y los abusos que sufren los inmigrantes, sigue degradándose.
Ante las protestas de los internos (ver DIAGONAL nº 95) la primera medida adoptada por el Gobierno italiano ha sido la de expulsar a casi 1.000 de los 1.800 reclusos del centro.
Todos ellos fueron repatriados a Túnez.
Diferentes organizaciones italianas han denunciado que, en base a los datos ofrecidos por el propio Gobierno, éste ha optado por expulsar también a Túnez a ciudadanos de otros países.
Según las mismas asociaciones, éste habría sido el verdadero desencadenante de la revuelta de los inmigrantes y del incendio de parte del CIE, el pasado 18 de febrero. La protesta fue aplastada tras una intervención policial que dejó un saldo de 24 heridos.
Pocos días antes, el 7 de febrero, 20 inmigrantes habían intentado suicidarse ahorcándose con sus propias ropas. Ante estos sucesos, la magistratura de Agrigento, con competencia sobre Lampedusa, ha decidido iniciar una investigación.
Pero también en este caso el Gobierno italiano ha optado por la línea dura: el recién aprobado ‘Paquete de Seguridad’ ha sido complementado con un decreto urgente de medidas excepcionales en materia de seguridad pública.
Este decreto incluye una disposición por la que se aumenta el plazo de detención en los CIE de los actuales dos meses hasta seis meses.
Anónimo
No cabe preguntarse qué pasaría si esta enmienda quedara aprobada. Lo que estas asociaciones temían que ocurriera ya ha ocurrido. Según el diario La Repubblica, sucedió en Bari el pasado 12 de marzo. Alguien encontró a Joy Johnson, joven nigeriana de 24 años agonizando en medio del campo cerca de Bari. Cuando llegó la ambulancia, Joy Johnson, que llevaba desde noviembre en la ciudad, perdía sangre por la boca. La chica estaba enferma desde hacía meses, pero, por temor de la denuncia, no acudió al hospital. De haberlo hecho, no habría muerto de tuberculosis pulmonar avanzada, enfermedad altamente contagiosa.
Muerta Johnson, los servicios de salud se pusieron en marcha para advertir a todo aquel que pudo tener contacto con Joy: desde quienes compartieron espacios en el "Centro de Acogida" hasta los policías y médicos que la recogieron. "La tuberculosis hay que curarla inmediatamente -declara Anna Maria Moretti, catedrático de Neumología del Policlínico de Bari- ya que incluso las formas que en principio no son contagiosas, de no tratarse adecuadamente, pueden serlo". Los médicos advierten que hay que elevar la atención sobre una patología que, si bien se consideraba desaparecida, vuelve a manifestarse en Italia debido a dos factores: prevención escasa y llegada de extracomunitarios en cuyos países de origen hay enfermedades endémicas como la tuberculosis y el sida.
En el llamamiento que hicieron estas asociaciones a los diputados para que no aprobaran la enmienda que corrige el principio de "no denuncia a las autoridades", se avisaba de los efectos que esta medida provocaría. Entre otros mencionaban los siguientes: la invisibilidad de una parte de la población extranjera, que quedaría al margen de la tutela sanitaria; el nacimiento de organizaciones sanitarias "paralelas" ajenas a los sistemas de control públicos; las repercusiones en la salud colectiva debido a la difusión de focos de enfermedades transmisibles por culpa de la tardanza en la intervención.
Muerta Johnson, los servicios de salud se pusieron en marcha para advertir a todo aquel que pudo tener contacto con Joy: desde quienes compartieron espacios en el "Centro de Acogida" hasta los policías y médicos que la recogieron. "La tuberculosis hay que curarla inmediatamente -declara Anna Maria Moretti, catedrático de Neumología del Policlínico de Bari- ya que incluso las formas que en principio no son contagiosas, de no tratarse adecuadamente, pueden serlo". Los médicos advierten que hay que elevar la atención sobre una patología que, si bien se consideraba desaparecida, vuelve a manifestarse en Italia debido a dos factores: prevención escasa y llegada de extracomunitarios en cuyos países de origen hay enfermedades endémicas como la tuberculosis y el sida.
En el llamamiento que hicieron estas asociaciones a los diputados para que no aprobaran la enmienda que corrige el principio de "no denuncia a las autoridades", se avisaba de los efectos que esta medida provocaría. Entre otros mencionaban los siguientes: la invisibilidad de una parte de la población extranjera, que quedaría al margen de la tutela sanitaria; el nacimiento de organizaciones sanitarias "paralelas" ajenas a los sistemas de control públicos; las repercusiones en la salud colectiva debido a la difusión de focos de enfermedades transmisibles por culpa de la tardanza en la intervención.
Más de 200 inmigrantes africanos han desaparecido frente a las costas de Libia, en el norte de África, después de que se hundiera la embarcación en las que viajaban, según informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Algunos cuerpos han llegado a la costa después de que el barco zozobrara debido al mal estado del mar y a los fuertes vientos que soplaban en ese área del Mediterráneo.
Funcionarios del gobierno libio confirmaron que al menos 21 personas murieron y 20 fueron rescatadas con vida.
La OIM tiene informes que indican que desde el domingo al menos otras dos embarcaciones dejaron las costas de Libia en dirección a Europa.
Según la corresponsal de la BBC en Trípoli, Rana Jawad, medios libios informaron que entre los fallecidos hay una mujer de origen africano que fue encontrada con su bebé en los brazos.
El barco que naufragó transportando a unas 250 personas tuvo problemas poco después de partir el domingo desde Sidi Bilal, cerca de la capital libia.
El Ministerio de Exteriores egipcio informó que el barco se hundió a unos 30 kilómetros de la costa de Libia, después de que se le abriera un boquete en el casco.
Un funcionario del gobierno de El Cairo dijo que entre los cuerpos que recuperaron los equipos de rescate libios había los de diez ciudadanos egipcios.
Varias nacionalidades
Entre los desaparecidos también habría tunecinos y palestinos.
Mientras, 350 inmigrantes que viajaban en una cuarta embarcación fueron rescatados por las autoridades italianas, que los habrían remolacado sanos y salvos a Trípoli.
Cientos de inmigrantes han fallecido en los últimos meses en el Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa desde el norte de África.
Los inmigrantes están a merced de los traficantes, que los transportan en barcos no aptos para la navegación, y de las inclemencias del tiempo.
La temporada de contrabando suele finalizar en octubre y se reinicia en abril.
Pero según la OIM, este año no ha sido así y las operaciones han continuado todo el invierno.
En mayo Italia empezará a patrullar conjuntamente con Libia para intentar frenar el enorme flujo de inmigrantes ilegales.
Según cifras de la OIM, al menos 33.000 personas cruzaron desde el norte de África a la isla italiana de Lampedusa en 2008.
Funcionarios del gobierno libio confirmaron que al menos 21 personas murieron y 20 fueron rescatadas con vida.
La OIM tiene informes que indican que desde el domingo al menos otras dos embarcaciones dejaron las costas de Libia en dirección a Europa.
Según la corresponsal de la BBC en Trípoli, Rana Jawad, medios libios informaron que entre los fallecidos hay una mujer de origen africano que fue encontrada con su bebé en los brazos.
El barco que naufragó transportando a unas 250 personas tuvo problemas poco después de partir el domingo desde Sidi Bilal, cerca de la capital libia.
El Ministerio de Exteriores egipcio informó que el barco se hundió a unos 30 kilómetros de la costa de Libia, después de que se le abriera un boquete en el casco.
Un funcionario del gobierno de El Cairo dijo que entre los cuerpos que recuperaron los equipos de rescate libios había los de diez ciudadanos egipcios.
Varias nacionalidades
Entre los desaparecidos también habría tunecinos y palestinos.
Mientras, 350 inmigrantes que viajaban en una cuarta embarcación fueron rescatados por las autoridades italianas, que los habrían remolacado sanos y salvos a Trípoli.
Cientos de inmigrantes han fallecido en los últimos meses en el Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa desde el norte de África.
Los inmigrantes están a merced de los traficantes, que los transportan en barcos no aptos para la navegación, y de las inclemencias del tiempo.
La temporada de contrabando suele finalizar en octubre y se reinicia en abril.
Pero según la OIM, este año no ha sido así y las operaciones han continuado todo el invierno.
En mayo Italia empezará a patrullar conjuntamente con Libia para intentar frenar el enorme flujo de inmigrantes ilegales.
Según cifras de la OIM, al menos 33.000 personas cruzaron desde el norte de África a la isla italiana de Lampedusa en 2008.
Ser inmigrante clandestino es ya delito en Italia: La Cámara de los Diputados de Italia aprobó este jueves con 297 votos a favor, 255 en contra y tres abstenciones el proyecto de ley sobre seguridad que convierte en delito la inmigración clandestina. El texto deberá ahora ser aprobado por el Senado. La nueva norma también introduce las discutidas rondas de ciudadanos, cuyo objetivo es vigilar las ciudades por la noche para combatir la criminalidad y ayudar a la Policía a localizar a los delincuentes.
El proyecto ha sido fuertemente criticado tanto por la oposición como por la Conferencia Episcopal italiana y las organizaciones humanitarias. Asimismo, ha suscitado dudas en algunos miembros del Gobierno de centro derecha, como el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, que pidió "evitar excesos propagandistas" en torno al tema de la inmigración. Precisamente este jueves, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, alertó ante el riesgo de que, poco a poco, se vaya difundiendo "una retórica pública" con "acentos de intolerancia y xenofobia".
La discusión y aprobación de este proyecto de ley provocó el enfrentamiento entre el partido en el Gobierno, el Pueblo de la Libertad (PDL), y el opositor Partido Demócrata (PD). Así, el secretario del PD, Dario Franceschini, acusó al PDL de "transformar barcazas llenas de desesperados que escapan de la guerra y de la violencia en un anuncio electoral para ganar un voto de más".
Fraceschini recordó además la advertencia lanzada por algunos abogados sobre el riesgo que comporta que las inmigrantes ilegales, sin pasaporte y sin permiso de trabajo, no puedan inscribir en el censo a sus hijos, lo que implicaría que los pequeños puedan ser adoptados al no haber sido reconocidos. Unas afirmaciones a las que el ministro del Interior, Roberto Maroni, uno de los principales impulsores de este proyecto de ley, respondió al decir que la izquierda tiene que parar de decir "tantas falsedades".
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, manifestó, por su parte, que esta ley "era necesaria" y agregó que el Gobierno no podía dejar que "la situación fuera como la que había con la izquierda, que incentivaba la inmigración clandestina. Teníamos que lanzar una señal".
En materia de criminalidad el proyecto de ley fija una serie de medidas encaminadas a la lucha contra la mafia, con el endurecimiento de penas y la introducción de la obligación de denunciar el pago del "pizzo", como se conoce al impuesto mafioso.
La discusión y aprobación de este proyecto de ley provocó el enfrentamiento entre el partido en el Gobierno, el Pueblo de la Libertad (PDL), y el opositor Partido Demócrata (PD). Así, el secretario del PD, Dario Franceschini, acusó al PDL de "transformar barcazas llenas de desesperados que escapan de la guerra y de la violencia en un anuncio electoral para ganar un voto de más".
Fraceschini recordó además la advertencia lanzada por algunos abogados sobre el riesgo que comporta que las inmigrantes ilegales, sin pasaporte y sin permiso de trabajo, no puedan inscribir en el censo a sus hijos, lo que implicaría que los pequeños puedan ser adoptados al no haber sido reconocidos. Unas afirmaciones a las que el ministro del Interior, Roberto Maroni, uno de los principales impulsores de este proyecto de ley, respondió al decir que la izquierda tiene que parar de decir "tantas falsedades".
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, manifestó, por su parte, que esta ley "era necesaria" y agregó que el Gobierno no podía dejar que "la situación fuera como la que había con la izquierda, que incentivaba la inmigración clandestina. Teníamos que lanzar una señal".
En materia de criminalidad el proyecto de ley fija una serie de medidas encaminadas a la lucha contra la mafia, con el endurecimiento de penas y la introducción de la obligación de denunciar el pago del "pizzo", como se conoce al impuesto mafioso.
Italia aprueba criminalizar a indocumentados
La Cámara de Diputados de Italia ha aprobado una controvertida ley que permite multar a los inmigrantes irregulares. Las personas que ofrezcan alojamiento a los indocumentados podrán ser condenados a penas de tres años de cárcel.
La nueva ley también obliga a los funcionarios públicos a denunciar a la policía a quienes no tengan permiso de residencia en Italia.
La oposición de izquierdas y los organismos defensores de los derechos humanos han expresado sus críticas a la normativa y opinan que la nueva ley criminaliza a los indocumentados.
Muchos médicos también han rechazado la nueva norma porque temen que los inmigrantes irregulares dejen de acudir a los consultorios, lo que implica un riesgo sanitario para toda la población.
Italia es el cuarto país del mundo con gran cantidad de inmigrantes, solo superado por EEUU, Canadá y Francia. En los últimos días Italia detuvo a cientos de indocumentados en el Mar Mediterráneo y los retornó a Libia.
El gobierno de Silvio Berlusconi fue muy criticado por esa medida ya que Libia no tiene suficientes medios para recibir a los indocumentados.
Agencia Estatal de Noticias Noruega
Agencia NTB by Aporrea.org
La nueva ley también obliga a los funcionarios públicos a denunciar a la policía a quienes no tengan permiso de residencia en Italia.
La oposición de izquierdas y los organismos defensores de los derechos humanos han expresado sus críticas a la normativa y opinan que la nueva ley criminaliza a los indocumentados.
Muchos médicos también han rechazado la nueva norma porque temen que los inmigrantes irregulares dejen de acudir a los consultorios, lo que implica un riesgo sanitario para toda la población.
Italia es el cuarto país del mundo con gran cantidad de inmigrantes, solo superado por EEUU, Canadá y Francia. En los últimos días Italia detuvo a cientos de indocumentados en el Mar Mediterráneo y los retornó a Libia.
El gobierno de Silvio Berlusconi fue muy criticado por esa medida ya que Libia no tiene suficientes medios para recibir a los indocumentados.
Agencia Estatal de Noticias Noruega
Agencia NTB by Aporrea.org
El parlamento italiano criminaliza a los inmigrantes sin papeles. La Cámara de los Diputados de Italia aprobó ayer con 297 votos a favor, 225 en contra y tres abstenciones el proyecto de ley sobre seguridad que convierte en delito la inmigración. El texto, que ahora deberá ser aprobado por el Senado, ha sido criticado por oposición, organizaciones humanitarias e Iglesia católica.
Tras meses de discusión parlamentaria, el Gobierno que dirige el derechista Silvio Berlusconi ha logrado que la Cámara Baja dé luz verde al paquete de medidas que busca «incrementar la seguridad en las calles y endurecer la lucha contra la inmigración clandestina».
La norma que ha generado más controversia es la que establece un delito de «inmigración y estancia clandestinas», reprimido con una multa de entre 5.000 y 10.000 euros y posibilita la denuncia ante los tribunales de inmigrantes en situación irregular. Asimismo, impone a los extranjeros el pago de entre 80 y 200 euros si quieren obtener el permiso de residencia y de 200 euros para obtener la ciudadanía. Amplía, además, de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de identificación y de acogida.
«Cerramos las puertas y sólo las volveremos a abrir para los que vienen a trabajar e integrarse», resumió Silvio Berlusconi. Según el jefe del Gobierno, un 76% de los italianos apoya la posición de su Ejecutivo.
En materia de seguridad interior, la medida más emblemática, adoptada bajo la presión del partido de la Liga del Norte (extrema derecha), es la posibilidad que grupos de ciudadanos realicen rondas para señalar las alteraciones del orden público. La ley prevé, además, realizar un registro de los «sin techo».
El centroizquierda y las asociaciones de defensa de los inmigrantes calificaron las medidas de «liberticidas» y las consideran como «una vuelta a la lógica de las leyes raciales de la época de Mussolini». El jefe de la oposición, Dario Franceschini, advirtió de que, a este paso, se volverá a la época en la que el Estado «confió la seguridad» a los «camisas negras», nombre con que se conocía las milicias voluntarias fascistas.
A partir de ahora el hecho de alquilar un apartamento a un inmigrante clandestino o simplemente ofrecerle el hospedaje podría ser sancionado con penas de hasta tres años de cárcel.
AI denuncia la erosión de los derechos humanos
La organización defensora de los dereehos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció ayer la «progresiva erosión de la tutela de los derechos humanos» en Italia, sobre todo, los de «los grupos más vulnerables, tales como inmigrantes, minorías y solicitantes de asilo».
El portavoz de AI en Italia, Riccardo Noury, reaccionó así a la aprobación en la Cámara de los Diputados de una nueva ley de seguridad que convierte la inmigración clandestina en delito.
Las nuevas normas «son el resultado de un lenguaje y de un clima xenófobos», denunció Noury, para quien, en Italia, «los derechos humanos son percibidos como el aire condicionado, una opción que se puede tener o no».
La Comisión Europea espera que esas medidas sean definitivamente aprobadas antes de emitir un pronunciamiento, pero «a primera vista, no parecen contravenir» la legislación europea en materia de inmigración, indicó un responsable del Ejecutivo de Bruselas que prefirió mantener el anonimato.
La aprobación del texto por el Senado se realizará próximamente y sin dificultad, ya que el Gobierno dispone de una amplia mayoría en esta Cámara.
(mas...)
La norma que ha generado más controversia es la que establece un delito de «inmigración y estancia clandestinas», reprimido con una multa de entre 5.000 y 10.000 euros y posibilita la denuncia ante los tribunales de inmigrantes en situación irregular. Asimismo, impone a los extranjeros el pago de entre 80 y 200 euros si quieren obtener el permiso de residencia y de 200 euros para obtener la ciudadanía. Amplía, además, de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de identificación y de acogida.
«Cerramos las puertas y sólo las volveremos a abrir para los que vienen a trabajar e integrarse», resumió Silvio Berlusconi. Según el jefe del Gobierno, un 76% de los italianos apoya la posición de su Ejecutivo.
En materia de seguridad interior, la medida más emblemática, adoptada bajo la presión del partido de la Liga del Norte (extrema derecha), es la posibilidad que grupos de ciudadanos realicen rondas para señalar las alteraciones del orden público. La ley prevé, además, realizar un registro de los «sin techo».
El centroizquierda y las asociaciones de defensa de los inmigrantes calificaron las medidas de «liberticidas» y las consideran como «una vuelta a la lógica de las leyes raciales de la época de Mussolini». El jefe de la oposición, Dario Franceschini, advirtió de que, a este paso, se volverá a la época en la que el Estado «confió la seguridad» a los «camisas negras», nombre con que se conocía las milicias voluntarias fascistas.
A partir de ahora el hecho de alquilar un apartamento a un inmigrante clandestino o simplemente ofrecerle el hospedaje podría ser sancionado con penas de hasta tres años de cárcel.
AI denuncia la erosión de los derechos humanos
La organización defensora de los dereehos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció ayer la «progresiva erosión de la tutela de los derechos humanos» en Italia, sobre todo, los de «los grupos más vulnerables, tales como inmigrantes, minorías y solicitantes de asilo».
El portavoz de AI en Italia, Riccardo Noury, reaccionó así a la aprobación en la Cámara de los Diputados de una nueva ley de seguridad que convierte la inmigración clandestina en delito.
Las nuevas normas «son el resultado de un lenguaje y de un clima xenófobos», denunció Noury, para quien, en Italia, «los derechos humanos son percibidos como el aire condicionado, una opción que se puede tener o no».
La Comisión Europea espera que esas medidas sean definitivamente aprobadas antes de emitir un pronunciamiento, pero «a primera vista, no parecen contravenir» la legislación europea en materia de inmigración, indicó un responsable del Ejecutivo de Bruselas que prefirió mantener el anonimato.
La aprobación del texto por el Senado se realizará próximamente y sin dificultad, ya que el Gobierno dispone de una amplia mayoría en esta Cámara.
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