Cien kilos de droga incautada a presuntos “narcos”, desaparecen de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla.
Alrededor de cien kilos de droga (cocaína y heroína), incautada a presuntos “narcos”, ha desaparecido de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla (España).
Según expertos -entre ellos el SUP-, la droga podría alcanzar en el mercado negro, los cinco millones de euros.
El alijo de droga estaba bajo custodia de la Policía Nacional (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado), Udyco, y es contra esta unidad donde se están centrando las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Según la información facilitada por OTR/PRESS, la droga se encontraba depositada en unas dependencias utilizadas “exclusivamente por esta unidad, y la cerradura no estaba forzada, por lo que se tuvo que abrir con una de las tres llaves existentes o con algún duplicado“.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional lleva varias semanas investigando las “circunstancias que rodean la desaparición de estos cien kilos de droga, y se encuentra bajo secreto de sumario decretado por un juzgado sevillano“.
Por otro lado, la Unión Federal de la Policía de Andalucía (UFP-A) reclamó a la Junta de Andalucía la creación de un depósito oficial para custodiar el material (droga y varios) que la policía incauta en las distintas operaciones contra la delincuencia.
Manuel Espino, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía, comentó a la misma agencia de noticias que “la droga fue sustraída poco a poco, y era sustituida por sustancias de color similar para que no se notase. Al final fue un juzgado el que descubrió el robo y el que reclamó la droga desaparecida”.
Tanto la Unión Federal de la Policía de Andalucía (UFP-A) como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), exculpan a la Udyco, a la que consideran una unidad muy profesional y libre de sospecha.
Esperemos que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pueda resolver lo antes posible un asunto tan escabroso como este y no “pasar página” como es tan habitual.
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Anónimo
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viernes, 19 diciembre, 2008
El robo de los 100 kilos de cocaína en la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante ha obligado a liberar hasta ahora a unos cinco presuntos narcotraficantes, después de que los contraanálisis hayan demostrado el cambiazo de los estupefacientes por otras sustancias como cafeína o yeso.
El último caso conocido, en el que están implicadas cuatro personas -un español y tres colombianos- se produjo tras la aprehensión de más de 16 kilos de cocaína. La mayor parte de la droga, unos 15 kilos, fueron intervenidos en octubre de 2007 al ciudadano colombiano V. A. P. Q., que fue sorprendido con esta sustancia en el parque Amate de Sevilla. Tras la detención de este sospechoso, fueron arrestadas otros tres implicados, entre ellas dos mujeres colombianas a las que la Policía decomisó casi un kilo de cocaína. Los cuatro sospechosos ingresaron inicialmente en prisión provisional por orden judicial.
Al igual que ocurrió la semana pasada con un presunto traficante, que quedó libre a la espera de juicio mientras se practicaba un análisis a la muestra de droga que se le intervino, en el caso de estas cuatro personas el autor del robo realizó el cambio de la droga por otras sustancias. Así, cuando el área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno practicó los correspondientes contraanálisis a la supuesta cocaína intervenida a V. A. P. Q. se descubrió que había en su lugar sulfato de calcio, es decir, yeso, por lo que el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, encargado del caso, ordenó la puesta en libertad de los detenidos.
Toda La droga incautada en esta operación no fue sustituida por yeso, como ocurrió con los más de 900 gramos de cocaína que fueron aprehendidos a una de las mujeres colombianas. El contraanálisis de este alijo permitió determinar que, efectivamente, la sustancia era cocaína, pero para sorpresa de los peritos se trataba de una sustancia de mayor pureza, lo que pone de manifiesto que no se trataba de la misma droga, según fuentes del caso.
La unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional investiga desde hace más de seis meses el robo de los 100 kilos de cocaína en y, aun cuando desde un primer momento se anunció una rápida resolución del caso, de momento no se ha producido ninguna detención. La dificultad para recabar pruebas en contra del autor o autores del robo podría explicar que no se haya practicado ningún arresto y que se estén realizando pruebas de ADN a varias decenas de policías de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco).
Anónimo
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sábado, 20 diciembre, 2008
La sentencia, dada a conocer hoy por el Tribunal Supremo, estima el recurso del teniente al considerar que los hechos no pueden ser calificados como atentado a la integridad moral, delito por el que Rivas queda absuelto, sino como una imprudencia grave con resultado de muerte. La resolución cuenta con el voto particular del que fue, de manera inicial, el magistrado-ponente, Enrique Bacigalupo.
El resto de pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Almería quedan igual, por lo que se confirman la condena por una falta de lesiones a la agente de la Benemérita, María José S.P, a la que ratifica la comisión de abuso de autoridad, por lo que impone el pago de un mes y medio de multa a razón de 12 euros al día al tiempo que fija dos meses de multa como autor del mismo supuesto al sargento José Antonio M.F. y otro mes y medio de sanción para José Manuel Rivas.
Ambos deberán indemnizar con 701 a la viuda y el hijo de la víctima mientras que para el teniente José Manuel Rivas, al confirma la pena de multa impuesta por una falta de lesiones, fija el abono de 60.000 euros a favor de la primera y 25.000 euros para el segundo ya que su comportamiento "sólo" actuó como "simple elemento coadyuvante del resultado mortal", cuya causa principal "no fue otra que el padecimiento por parte del afectado de un 'delirio agitado' debido a la ingesta de cocaína y alcohol. Declara al Ministerio del Interior responsable civil subsidiario.
El fallo, en el que es ponente el magistrado José Ramón Soriano y al que tuvo acceso Europa Press, estima de forma parcial los recursos interpuestos por la acusación particular y la popular ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) al expresar su desacuerdo con la valoración que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial realizó del informe pericial forense "al excluir del nexo causal" en la muerte de Martínez Galdeano "la actuación de los acusados" para achacarla "únicamente" al consumo de cocaína y eludir.
Según sostiene el Alto Tribunal, los ocho agentes de la Guardia Civil procesados emplearon en la detención del agricultor por un presunto delito contra la seguridad vial, "la fuerza física de forma que produjeron un estrés que operó junto con otras condiciones en la causación de la muerte", por lo que reprocha que la sala eludiese las "condiciones necesarias" que desataron el síndrome de 'delirio agitado' en la víctima y llegase a una "conclusión que carece de respaldo científico y jurídico".
Matiza, no obstante, que de los hechos probados "no se desprende que el riesgo causado durante la actuación rebasase los límites permitidos" pese a precisar que los otros dos agentes condenados en la causa, María José S.P, quien golpeo con la defensa en las piernas de Martínez Galdeano, y el sargento José Antonio M., al que atribuye un toque similar con una porra extensible además de hacer constar que le agarró "unos instantes por el cuello para tratar de evitar que se resistiera".
OMISIÓN DEL DEBER DE CUIDAR
Al teniente José Manuel Rivas, mando del puesto según resalta el TS, sí le reprueba de forma evidente el que aplicase sobre el cuerpo de la víctima en dos ocasiones una defensa eléctrica, lo que supuso "una especial generación de estrés a quien ya estaba en una situación de excitación claramente perceptible" y deriva en una imputación objetiva "en cuanto su actuación -ahonda- ya que generó un incremento no permitido del riesgo directamente en relación con las causas identificadas que intervinieron en el resultado final", la muerte del agricultor.
En este fundamento que sostiene la condena a un año de prisión excluye, no obstante, el dolo en la forma de proceder del teniente, que califica de "imprudencia grave" al omitir "su deber de cuidar como oficial al mando de un puesto de la Guardia Civil, cuerpo fuertemente jerarquizado, hasta el punto de que no solo aparece como responsable de sus acciones individuales, sino además de aquellas otras cuya ejecución ordenó, y también del conjunto de la acción desarrollada, en la que debió optar por la acción que permitiera un mayor control con un mínimo riesgo".
En esta línea, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asegura que no puede deducir que las acciones de los guardias civiles procesados tuvieran el ánimo de humillar o degradar a la víctima, quien mostró una "feroz resistencia lógicamente provocada por un síndrome 'delirio agitado' consecuencia de la ingesta de drogas 'duras' y alcohol". Desestima, así, calificar de "actitud denigrante y prepotente" el comportamiento del teniente José Manuel Rivas tal y como lo hizo la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Tanto él como sus subordinados actuaron, según argumenta el fallo, "arrastrados y condicionados por la pertinaz violencia que desarrolló el sujeto pasivo" a la vista de lo que da por hechos probados y del visionado de las imágenes de video captadas por las cámaras de vigilancia del cuartel, donde que quedó registrada la intervención de los guardias y "no se advierte -concrete- ese plus de antijuricidad en la conducta del recurrente con entidad suficiente para considerarla punible".
VOTO PARTICULAR.
El voto particular emitido por el magistrado Enrique Bacigalupo y adjunto a la segunda sentencia condena a todos los procesados, incluidos D.J.M., A.M.V.A., J.A.S.G., J.R.A.E, como coautores de un delito de lesiones en concurso ideal con homicidio por imprudencia y les impone una pena de un año y seis meses de prisión respectivamente, con la pena accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el tiempo de la condena a pena de prisión.
Para el teniente José Manuel Rivas añade seis meses de prisión como autor de un delito de lesiones con inhabilitación por un plazo de dos años mientras impone el pago de un indemnización al hijo mayor de edad de Juan Martínez Galdeano de 150.000 euros, misma cantidad que fija en beneficio de su viuda y que, según resalta, deberían satisfacer por partes iguales cada uno de los acusados.
El borrador sobre el que el Tribunal Supremo declaró "disensiones internas insalvables" en un auto de la Sala de lo Penal dictado el pasado día 26, desestimar los recursos de casación de los tres condenados y estima parcialmente los de Ministerio Fiscal, acusación particular y APDH en la causa que se diligenció por delito de atentado grave contra la integridad moral, delito de lesiones y delito de homicidio imprudente
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