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El tsunami alcanzó al Pentágono |
El tsunami financiero de Estados Unidos, que arrastró al mundo en forma perversa, no representa una “crisis” punto de inflexión cuando el paciente se muere o se salva, pese al médico tratante, sino un cambio de paradigma, lo cual epitomiza el fin del radical modelo capitalista neoliberal y el renacimiento de las estructuras estatales.
El tsunami financiero alcanzó ya al Pentágono, obligado a realizar ajustes fiscales importantes, por lo que deberá optar por una “pausa estratégica” de un mínimo de dos años, como recomienda el Center for National Policy (CNP), think-tank vinculado al Partido Demócrata.
El reporte del CNP Agilidad a lo largo del espectro: un proyecto para la fuerza futura, de 70 páginas, se articula con el nuevo pensamiento sobre la naturaleza de las guerras del futuro que propone el secretario de Defensa Bob Gates (ver Bajo la Lupa, 7 y 10/12/08), propone una “estrategia para enfrentar las amenazas crecientes en tiempos de crisis fiscal”, y pone el dedo en la llaga del incontrolable dispendio bélico del Pentágono: “la presente crisis del sector financiero y el costo asociado a los contribuyentes hacen inimaginables (sic) aumentos de gran escala en el gasto militar en los próximos años”.
Fustiga que el gasto militar aumentó 86 por ciento en los pasados ocho años con resultados poco claros y urge a la entrante administración de Obama a enfocarse en ganar (sic) las guerras en Irak y Afganistán, reconstruir las fuerzas militares terrestres, incrementar el tamaño de los marines, suprimir la utilización de los contratistas privados en seguridad para 2014, y establecer un comando conjunto en ciberseguridad.
¿Se desprivatiza el ejército de Estados Unidos? Esta sí que es noticia, ya que el nuevo pensamiento militar parece asimilar la desglobalización y la restatización de los asuntos humanos después de la debacle neoliberal que infectó hasta el espíritu del cuerpo militar.
En forma paralela a la revaluación de los nuevos tipos de guerra que librará el Pentágono y sus ineludibles recortes fiscales, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés; 8/12/08) –donde, por cierto, figuran los geoestrategas Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, y que planificó la captura de los hidrocarburos mexicanos hace siete años, en colusión con los neoliberales salinistas y zedillistas– refiere que la ciberseguridad representa uno de los principales problemas de seguridad nacional de Estados Unidos, sin descuidar la privacidad y las libertades civiles.
Cabe señalar que, en los tiempos de hambruna y desempleo global, el gasto militar de Estados Unidos es intolerable para los pacifistas samaritanos: 547 mil millones de dólares, es decir, 45 por ciento del total mundial, frente a China, con 5 por ciento, y Rusia, 3 por ciento (SIPRI, 08).
En realidad, el dispendio militar de Estados Unidos sería doblemente mayor ya que oculta gastos bajo la asignatura benigna de investigación y desarrollo (I&D) de las universidades.
Las principales “recomendaciones” de CNP son:
1) “La pausa estratégica”: diferir los compromisos en los próximos dos años para nuevos y experimentales sistemas de armas;
2) “Reconstruir y reajustar”: expandir el ejército terrestre en 65 mil y a los marines en 27 mil;
3) “Mayor proyección, mayor extensión”: mejorar la habilidad de proyectar el poderío a todo el mundo, con un objetivo de 325 navíos, mediante la construcción de más submarinos, y plataformas de menor costo, así como la creación de “vehículos de combate aéreo sin piloto” (UCAV, por sus siglas en inglés).
Los objetivos esbozados dotarían a los militares con la “agilidad necesaria para combatir, ganar o prevenir conflictos que van desde la contrainsurgencia hasta la guerra convencional”. Los marines regresarían a sus “raíces expedicionarias”, mientras el omnipotente sector de la fuerza aérea, que deglute una parte sustancial del pantagruélico presupuesto, sería “más enfocado” y “avanzado”.
Se desprende que las guerras Nintendo del Pentágono, en las que la fuerza aérea juega un papel destructivo preponderante, quedan desacreditadas ya que, pese a su colosal demolición, no consiguen ganar las guerras en el terreno de acción y ocupación, cuya tarea es ahora asignada al ejército terrestre y a los marines.
En similitud a Bob Gates, el secretario de Defensa reformista, el reporte CNP no critica explícitamente el RAM (Revolución de Asuntos Militares), el espejismo alucinatorio de la dupla Cheney-Rumsfeld y sus aliados neoconservadores straussianos.
De Defensa (10/12/08), centro de pensamiento estratégico europeo, concede enorme importancia al reporte CNP, que denota un “empuje reformista del Pentágono”, pregonado por la “corriente moderada”. Refiere que el reporte fue divulgado el mismo 8 de diciembre por Reuters (agencia británica de noticias) y el rotativo The Guardian, y festeja el “hallazgo feliz”, desde el punto de vista mediático, de la “pausa estratégica”, cuando el gasto del Pentágono se encuentra “fuera de control” y “en estado de ruptura”.
Destaca que CNP, con sede en Washington, sea dirigido por Tim Roemer, anterior representante demócrata de Indiana, miembro del Comité del 11/9, y favorito a descolgar un alto puesto en los servicios de espionaje de Obama.
Scott Bates, coautor del reporte, en una entrevista a Reuters comentó que los “recursos se encuentran muy limitados y que no existe margen para otro error”, mientras confiesa que, en el marco del empeoramiento de la crisis financiera global, “hemos estado operando de manera urgente en los pasados siete años”. Bates argumenta persuasivamente que la “pausa estratégica” es idónea en la coyuntura presente ya que las “armas de Estados Unidos se encuentran una generación adelante de otros países enemigos posibles (sic)”.
A De Defensa no se le escapa que el “argumento principal coyuntural” del reporte “se centra en la crisis financiera y económica”, misma entonación de una fuente relevante como Defense Business Board (25/11/08), así como del connotado reformista militar Winslow Wheeler.
Los poderosos contratistas militares afectados (Lockheed Martin Corp., Boeing Co, SAIC Inc, etcétera), sus cabilderos en el Congreso y sus palafreneros en los multimedia, han reaccionado exasperadamente. La Asociación de Industrias Aeronáuticas, en una página pagada en The Washington Post, arguye que su sector otorga 2 millones de empleos de clase media y es el principal exportador de bienes manufacturados de Estados Unidos.
Con tal argumento de corte sofista y fascista, la “industria del narcotráfico” pudiera publicitar lo mismo, olvidándose del axioma axiológico de que el fin no justifica los medios, ni los miedos bélicos.

Etiquetas: conocimiento, memoria, monopolios, multitud, politica.
► miércoles, 17 diciembre, 2008
Como se podrá observar, ya queda menos de un año. Como consecuencia, se promueve a primer plano el problema de reducción de arsenales nucleares y el control de este proceso, puesto que el Tratado de Reducción de Arsenales Nucleares, firmado el 2002 y vigente hasta el 2012, no estipula un proceso irreversible y no establece un mecanismo activo de supervisión recíproca permanente.El Tratado firmado en 1991, que entró en vigor a desde finales de 1994, estipula la limitación de potenciales estratégicos bélicos de las partes a 1.600 misiles con 6.000 cargas. El START-2 suscrito después del START-1, que en particular prohibía la utilización de misiles balísticos intercontinentales con múltiples ojivas de guiado individual, a fin de cuentas no entró en vigor. El 2004 Rusia oficialmente optó por abandonar el START-2 en respuesta a la retirada de EE.UU. del Tratado de Sistemas de Misiles Antibalísticos (ABM) suscrito en1972.
Actualmente, el último de los acuerdos sobre desarme nuclear (Tratado de Reducción de Arsenales Nucleares), suscrito en 2002, establece una limitación de entre 1.700-2.200 cargas para cada una de las partes. El número de misiles y limitación de cargas para un misil no se determina, pues cada una de las partes es libre de establecer la composición y la estructura de sus fuerzas nucleares. El tratado no estipula un mecanismo de control.
Las Partes simplemente hacen referencia al vigente tratado START-1 y el compromiso de que una comisión se reúna 2 veces al año para velar por el cumplimiento del Tratado.
Sin embargo, el START-1 caduca el 2009, después de lo cual las reglas de control y el cumplimiento de las obligaciones de las partes, pierden su fuerza jurídica. El Tratado de Reducción de Arsenales Nucleares no establece ninguna limitación con respecto a las cargas y misiles que se retiran del servicio operacional. Estos pueden guardarse en almacenes e inmediatamente vueltos a ponerse operacionales si fuere necesario.
Tomando en consideración que en los próximos 10 años se efectuará la renovación de casi 300 misiles con base en tierra y de casi 100 con base en mar, tal escenario no es favorable para Rusia: su posición económica no le permite garantizar un rápido aumento de su potencial nuclear. Por ello, es un paso muy importante y necesario la suscripción de un tratado general de limitación de armas estratégicas ofensivas, que estipule no solamente la limitación cuantitativa sino también un mecanismo de control de su cumplimiento.
La falta de dicho tratado más el despliegue del escudo antimisiles de EE.UU., puede conducir al desequilibrio nuclear entre Rusia y EE.UU. Ante una superioridad cuantitativa de cargas por parte de un adversario potencial, el peligro de que se produzca un primer ataque demoledor es mayor. En este caso, el número de misiles que queden disponibles después del primer golpe, no garantizará superar la defensa antimisiles a fin de causarle daños inadmisibles al enemigo.
De este modo, teóricamente, el nuevo acuerdo deberá no solamente estipular la limitación del START-1, sino también regularizar las relaciones de las partes en el tema de la defensa antimisiles. La Administración de la Casa Blanca no ha mostrado deseo de llegar a un acuerdo en lo que respecta a estos problemas. Sin embargo, el cambio de gobierno, posiblemente, conducirá a un cambio de política exterior, que permita a Rusia y EE.UU. conservar la paridad nuclear y continuar la política de una reducción gradual del peligro nuclear.
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