Semanas antes de pedir un rescate millonario al gobierno federal, compañías como American International Group (AIG), líder mundial de seguros, la automovilística Ford, el mayor banco de inversiones mundial, Citigroup, y una de las más grandes hipotecarias, Freddie Mac, fueron algunos de los principales patrocinadores del show electoral de noviembre último.
Ante una oportunidad inusual de apoyo ilimitado a los candidatos a la presidencia, el demócrata Barack Obama y el republicano John Mc Cain, estas empresas pagaron millones de dólares para sufragar las convenciones nacionales en Denver y Minneapolis.
Sin dudas estamos ante una nueva forma de fraude, de entidades que previeron en el futuro serían las primeras en recibir la imprescindible ayuda del gobierno, cuando los efectos de la crisis cayeran sobre ellas inevitablemente.
La vieja estrategia de "ayúdame que yo te ayudaré" es revivida por estos días en Estados Unidos, que cada vez muestra con mayores garras las causas que le impiden salir de una de las peores crisis económicas.
Semanas antes de pedir un rescate millonario al gobierno federal, compañías como American International Group (AIG), líder mundial de seguros, la automovilística Ford, el mayor banco de inversiones mundial, Citigroup, y una de las más grandes hipotecarias, Freddie Mac, fueron algunos de los principales patrocinadores del show electoral de noviembre último.
Fraudes empresariales y financieros caracterizaron esa economía en estos meses de fuerte recesión.
El último escándalo fue el de Wall Street, llevado a cabo por el administrador de fondos, Bernard Madoff, por el cual los principales bancos del mundo pueden perder alrededor de 50 mil millones de dólares.
En esta ocasión estamos hablando de otro suceso, denunciado recientemente por el Centro para una Política Responsable, organización no gubernamental estadounidense, con la colaboración del Instituto de Finanzas de Campaña.
Ante una oportunidad inusual de apoyo ilimitado a los candidatos a la presidencia, el demócrata Barack Obama y el republicano John Mc Cain, estas empresas pagaron millones de dólares para sufragar las convenciones nacionales en Denver y Minneapolis.
Según el estudio divulgado por esa ONG, el monto general proveniente de intereses privados ascendió a 118 millones de dólares para cubrir las dos convenciones.
La cifra total representa cuatro veces lo que recibió cada una de las partes del gobierno federal, advirtió el Centro para una Política Responsable.
Estos convenios privados de recaudación de fondos fueron informados a la Comisión Federal Electoral a mediados de octubre, cuando hacía mucho rato que había concluido, reveló.
Las contribuciones, consideradas "dinero blando" (financiamiento indirecto), fueron dirigidas a los comités de acción anfitriones y no a los partidos, estrategia que permitió un apoyo desmedido, pues de lo contrario, como habitualmente se establece, estarían prohibidas.
Las leyes norteamericanas indican que empresas, sindicatos y otras organizaciones no pueden asistir directamente desde sus tesoros a los candidatos al gobierno federal y partidos políticos, mientras los particulares pueden hacerlo sólo por cantidades limitadas.
Sin dudas estamos ante una nueva forma de fraude, de entidades que previeron en el futuro serían las primeras en recibir la imprescindible ayuda del gobierno, cuando los efectos de la crisis cayeran sobre ellas inevitablemente.
El instituto de Finanzas de Campaña estima en su informe que el 87 por ciento del dinero recibido en las convenciones, en ese período, provino de estas organizaciones y de fuentes privadas, y solo 15 donantes aportaron el 44 por ciento de la financiación.
Hoy la noticia es la siguiente, las empresas patrocinadoras andan por el suelo o recibieron del gobierno enormes sumas para evitar la quiebra.
AIG fue beneficiada por 85 mil millones de dólares, también Citigroup y Freddie Mac recibieron cuantiosas sumas o fueron semiestatalizadas, lo mismo que Goldman Sachs, Bank of América y otras tantas, según la fuente.
Todas ellas, que un día caminaron por encima de la cuerda floja y el descalabro financiero, apoyaron a quien sería el futuro presidente de Estados Unidos.
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Anónimo
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sábado, 27 diciembre, 2008
Nuevamente saltaron a la vista las sorprendentes fallas de reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores, a partir del arresto del ex presidente del Nasdaq Bernard Madoff (sí, se pronuncia made off, que en inglés es sinónimo de estafa), acusado de dirigir el mayor fraude financiero piramidal del mundo, con pérdidas estimadas en 50 mil millones de dólares, hacen parecer pequeñas las cifras del escándalo de Enron.
La imagen es desalentadora… a menos, claro, que usted sea ejecutivo de una empresa.
Se suponía que el paquete de rescate financiero de 700 mil millones de dólares, conocido como Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés), obligaría a eliminar las compensaciones exorbitantes a ejecutivos y los llamados “contratos blindados”.
Mientras los contribuyentes estadunidenses pagan con los dólares que tanto les costó ganar, los ejecutivos de alto vuelo y los directorios de las empresas ahora están considerando adjudicarse bonificaciones multimillonarias.
Según el Washington Post, el lenguaje específico de la ley TARP que prohibía dichos pagos extraordinarios fue cambiado a último momento, mediante una pequeña pero importante edición de una oración realizada por el gobierno de George W. Bush.
El Post informó:
“El cambio estipuló que la pena se aplicaría solamente a las empresas que recibieron fondos del rescate mediante la venta al gobierno de activos en problemas en una subasta”.
Lea la letra chica.
De los fondos de rescate del TARP a ser desembolsados, tan sólo se les impondrían límites en el pago a ejecutivos a aquellos fondos que técnicamente se gastaron “en una subasta”.
Pero el secretario del Tesoro, Henry Paulson, y su ex colega de Goldman Sachs, Neel Kashkari (sí, se pronuncia cash carry, que en inglés significa “llevar dinero”), que está a cargo del programa, no tienen intención de gastar los fondos en subastas.
Prefieren su Programa de Compra de Capital, que entrega dinero en efectivo en forma directa.
Recuerden el curriculum vitae de Paulson: comenzó como asistente especial de John Ehrlichman durante el gobierno de Richard Nixon y luego continuó trabajando durante un cuarto de siglo para Golman Sachs, una de las mayores receptoras de fondos del rescate financiero y principal competidora de Lehman Brothers, la empresa que Paulson dejó que quebrara.
La Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó un informe sobre el TARP el 10 de diciembre, en el que expresa preocupaciones sobre la falta de supervisión de las empresas que recibieron fondos del rescate.
El documento plantea:
“Sin una fuerte función de supervisión y monitoreo, la capacidad del Tesoro de asegurar un nivel adecuado de rendición de cuentas y transparencia será limitada”.
La organización de noticias sin fines de lucro ProPublica ha hecho un seguimiento del programa de rescate que reveló detalles que permanecen ocultos por el Tesoro.
Al martes pasado, 202 instituciones habían obtenido fondos de rescate por un total de alrededor de 250 mil millones de dólares.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó recientemente:
“La implementación del TARP por parte del Departamento del Tesoro no es suficientemente transparente y no rinde cuentas a los contribuyentes estadunidenses”.
Barney Frank, diputado demócrata de Massachussetts y presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo anteriormente:
“La utilización de estos fondos (…) para bonificaciones, para el pago de indemnizaciones por despidos, para dividendos, para la adquisición de otras instituciones, etcétera, es una violación a las disposiciones de la ley”.
El senador republicano Charles Grassley, de Iowa, expresó acerca del vacío legal:
“Las delgadas restricciones a las compensaciones a ejecutivos en el proyecto de ley original desaparecieron”.
Dejando de lado por el momento que los tres votaron a favor de la legislación, la ley claramente debe ser corregida antes de que se otorguen fondos adicionales.
Las sumas de dinero que se están llevando estos titanes de Wall Street son estremecedoras.
En su informe anual Exceso Ejecutivo, los grupos United for a Fair Economy (Unidos por una Economía Justa) y el Institute for Policy Studies (Instituto de Estudios sobre Políticas) informaron que la compensación de 2007 para Lloyd Blankfein, presidente de Goldman Sachs (el sustituto de Paulson), fue de 54 millones de dólares, y la de John Thain, presidente de Merrill Lynch, fue la cifra astronómica de 83 millones de dólares.
Desde entonces Merrill fue vendida a Bank of America, luego de perder más de 11 mil millones de dólares este año; sin embargo, Thain aún quiere una bonificación de 10 millones.
Paulson, Kashkari y su jefe, el presidente George W. Bush, quizá no sean las personas más indicadas para gastar los próximos 350 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadunidenses, apenas semanas antes de que se reúna el nuevo Congreso, el 6 de enero, y de que Barack Obama asuma la presidencia el 20 de enero.
Al igual que el informante de Watergate, Garganta Profunda, le habría dicho a Bob Woodward cuando Paulson recién comenzaba:
“Sigue la pista del dinero”.
El pueblo estadunidense, sus representantes en el Congreso y el nuevo gobierno de Obama deben seguir el rastro del dinero, remediar el vacío legal en relación con el pago a ejecutivos y exigir rendición de cuentas de los bancos rescatados por el público.
Amy Goodman es presentadora de Democracy Now!, noticiero diario de una hora que se emite por radio y televisión en más de 550 emisoras en inglés y 200 emisoras en español. Denis Moynihan colaboró como investigador para esta columna.
© 2008 Amy Goodman
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