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Colombia: ejército asesina población civil |
Asesinado esposo de Consejera en ataque del Ejército. El vehículo del CRIC fue atacado por tres costados y presenta 17 impactos de fusil, en una clara acción de guerra del ejército contra la población civil y concretamente contra los pueblos indígenas.
A las 4 de la mañana del día de hoy, efectivos del Ejército Nacional dispararon sin piedadsobre la camioneta del CRIC, vehículo en el que se desplazaba una misión médica procedente del municipio de Inzá Tierradentro, conducida por Edwin Legarda Vázquez, esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aida Quilcué. El comunero Legarda recibió dos impactos de bala, uno de los cuales en la parte derecha del pecho y murió a las 8 a.m. en el Hospital San José de Popayán.
El vehículo del CRIC, que es ampliamente conocido por sus viajes en esa vía, fue atacado por tres costados y presenta 17 impactos de fusil, en una clara acción de guerra del ejército colombiano contra la población civil y concretamente contra los pueblos indígenas. Los hechos ocurrieron en la Vereda San Pedro, el Bosque, sitio San Miguel, del Municipio de Totoro, Cauca.
La Consejera del CRIC, al analizar las circunstancias del asesinato de su esposo, ha denunciado este hecho como un acto premeditado que en realidad la tenía a ella como objetivo. Aida Quilcué ha recibido múltiples amenazas y su riesgo aumentó a raíz de sus denuncias nacionales e internacionales sobre la violencia contra los pueblos indígenas y los asesinatos en el desarrollo de la Minga Nacional.
Luís Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la onIC ante estos hechos señaló que el atentado contra el CRIC es un atentado contra la onIC, el Movimiento Indígena colombiano y contra todos aquell@s que nos atrevemos a proponer cambios desde el sentir de los pueblos.
Con este asesinato aleve, se ratifica una vez más por el Estado colombiano que matar indios y líderes sociales es un componente de la seguridad democrática, tal y como se demostró durante la minga de resistencia en donde también fuimos colocados como carne de cañón por la fuerza pública. A estos delitos de Estado luego se les coloca nombres como falsos positivoso “acciones aisladas de personas que no comprometen a la institución” pero que en realidad forman parte de una masacre contra el pueblo colombiano.
La guardia indígena en este momento se ha desplazado hacia la vereda de san Pedro, y no permitirá que quienes han asesinado a nuestro compañero y atentado contra nuestra organización, abandonen el sito sin denunciar a los verdaderos móviles y los autores materiales e intelectuales de este hecho criminal.
Llamamos al pueblo colombiano y a la comunidad nacional e internacional para que se rodee a nuestra organización y nuestros pueblos y no se permita que continúe la impunidad y la masacre.
CONSEJERIA MAYOR DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA-CRIC
contiene 6
comentarios.
Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, multitud, politica, violencia.
Anónimo
El video con la intervención de la Consejera Mayor del CRIC Aida Quilcué, fue proyectado en el Alcuentru Guardianas de la Pachamama en Xixón, dias 14 y 15 de noviembre.
En el mismo se habló y debatió y aplaudió la MINGA o movilización indígena en Colombia.
Aida Quilcué le habló en directo al presidente Uribe en La María. Después (en anexo) volvió a ser portavoz del Movimiento Indígena en la mera capital de Colombia.
Ahora Uribe se venga asesinando a su esposo.
Aida Quilcué estaba invitada a otro encuentro, organizado por Mundubat en Donosti, la semana siguiente al de Pachakuti. No pudo llegar precisamente por la Movilización, por la Minga, Caminando la Palabra.
El ministro Santos da palos de ciego, intenta desviar la atención, propone a la ONU, dice que se equivocaron los militares...
¿se equivocaron con una de las camionetas más conocidas del Cauca, la de las Autoridades Indígenas?
¿porqué estaba el retén militar asentado en terreno particular, a quién esperaba?
¿cuánto dinero se les había ofrecido, en recompensa?
¿procedía ese dinero, directamente de la Cooperación Española, como la de otros asesinatos de "falsos positivos", de ejecuciones extrajudiciales?
¿Va a seguir manteniendo el presidente Zapatero su irrestricto apoyo a un presidente asesino, a una cazador de indios, como Uribe?
¿Va a seguir manteniendo su excelente cooperación, con las mayores oficinas de Latinoamérica, en Bogotá, en Cartagena, en otros departamentos?
MINGA DE RESISTENCIA INDIGENA Y POPULAR Y
MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ
El EJÉRCITO NACIONAL RESPONSABLE DE CONTINUAR LA LIMPIEZA ÉTNICA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA
ONIC
* Brutalmente asesinado EDWIN LEGARDA comunero indígena, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, Aída Quilcué.
* Atentan también con medios de comunicación indígenas.
* Uribe tiene 24 horas para pronunciarse.
EDWIN LEGARDA, se encontraba en las labores de preparación de la Junta Directiva del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- que debía realizarse a partir del día de hoy en el Resguardo Indígena de la Mesa de Togoima- Municipio de Inzá, evento para el cual se desempeñaba como conductor del vehículo de propiedad del CRIC.
Siendo aproximadamente las cuatro de la mañana del día 16 de diciembre de 2008, cuando el comunero Legarda regresaba de Inzá, en compañía del personal médico de la organización que estaban efectuando una brigada de salud en este municipio, fueron asaltados a tiros cruzados por una patrulla del Ejercito Nacional, a la altura de la Vereda San Miguel-Corregimiento de Gabriel López, ubicada en las inmediaciones de Totoró a escasos 40 minutos de Popayán.
Como resultado del ataque, el comunero Legarda fue herido por tres tiros de fusil y horas más tarde falleció en el Hospital San José de Popayán. Así mismo las balas oficiales impactaron en 17 oportunidades el vehículo del CRIC, lo cual ejemplifica la magnitud de la emboscada.
Para los pueblos indígenas de la ONIC, son inadmisibles las declaraciones de miembros del ejercito que señalan que los ocupantes del vehículo asaltado se pasaron por alto un reten militar. No puede existir un reten militar en la oscuridad paramuna de la noche cuando no se presentan señales oficiales de la presencia del mismo, máxime cuando ese vehículo cuenta con protección del Estado.
Los hechos donde fue vilmente asesinado nuestro hermano EDWIN LEGARDA, no son más que una emboscada del Ejercito Nacional a civiles indefensos y desarmados que transitaban por caminos indígenas y carreteras supuestamente protegidas por la Seguridad Democrática, preparando un evento donde se movilizarían nuestras autoridades indígenas, quienes en varias oportunidades tal y como lo hemos denunciado públicamente y a través de nuestra Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, habían sido amenazados de muerte por organizaciones paramilitares como los panfletarios denominados “ Campesinos Embejucaos”.
En estos momentos la consejera mayor del CRIC, Aída Quilcué, esposa del asesinado, se encuentra amenazada de muerte por grupos paramilitares, al igual que otros líderes y autoridades del Cauca, como nuestra dirigencia de la ONIC. Por esta razón son objeto de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto debemos señalar que los vehículos del CRIC se encuentran plenamente identificados ante las autoridades y al respecto no puede haber confusión, cuando los mismos transitan de manera rutinaria por estas carreteras.
También debemos señalar que hace varios meses durante un Consejo Comunal en Popayán, el presidente de la República y algunos miembros de su gobierno habían calificado a las autoridades indígenas del Cauca como guerrilleros, terroristas y delincuentes, hasta el punto de ofrecer recompensas en dinero en efectivo para quienes colaboraran con su captura.
Los pueblos indígenas de la ONIC, advertimos que no estamos dispuestos a tolerar esta infamia como un falso positivo más del Ejercito Nacional en cumplimiento de los lineamientos presidenciales en materia de su política de Seguridad Democrática.
Estos hechos ocurren cuando los pueblos indígenas avanzamos en jornadas de trabajo concertadas con el Gobierno Nacional en el marco de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular. Por todo y por todos, el Consejo de Gobierno de la ONIC, manifestamos que nos retiramos de todo dialogo con el Gobierno Nacional, hasta tanto no se aclaren los hechos donde fue asesinado nuestro hermano EDWIN y sean castigados ejemplarmente los responsables.
Los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, requerimos del acompañamiento y los pronunciamientos de los sectores sociales, populares y democráticos de la comunidad nacional e internacional, para enfrentar el genocidio de la Seguridad Democrática. Ya que nuestros medios indígenas, son amenazados: a Radio Pa´yumat le robaron los cables de cobre, los sacaron del aire; Radio Libertad le cortan señales de internet; paginas web del CRIC, ACIN y la ONIC, como sus listas de correos constantemente atacadas por jáckr, "nos a tocado estar alquilando servidores, hasta para informar por nuestro medios nos toca correr en minga".
Exigimos que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y los organismos de control y seguridad del Estado coadyuven para esclarecer y judicializar a los responsables del vil asesinato del hermano EDWIN LEGARDA. Demandamos de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos su presencia efectiva para evitar el genocidio de los pueblos indígenas colombianos.
Recordamos que los amenazados de muerte somos todos los pueblos indígenas del país; lo hemos dicho y denunciado una y otra vez, pero el Estado no tiene oídos para nosotros, al contrario hace todo para justificar que quienes gozan de medidas cautelares y provisionales por la CIDH, sean suspendidas, caso del pueblo Kankuamo.
Alertamos sobre el alto riesgo que corren los compañeros indígenas del Cauca y de toda Colombia, y responsabilizamos al Estado colombiano y al Gobierno Nacional de cualquier forma de violencia o vulneración de sus derechos que los pueda afectar en su integridad física, social, sicológica y económica.
Exigimos que el presidente Álvaro Uribe Vélez, se pronuncie sobre estos hechos oportunamente, le aclare al país y a la comunidad internacional, que sí el Ejercito Nacional de Colombia es el encargado ahora de la limpieza étnica contra los pueblos indígenas colombianos.
CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO ONIC
Bogotá D.C. , 16 de diciembre de 2008.
“EN MINGA, POR LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA”.
“Ante el fusil la palabra… por la consolidación del gobierno propio de los Pueblos”.
www.onic.org.co/dachibedea
Atentado letal del Ejército contra el CRIC
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
Denunciamos con ira y dolor el atentado criminal cometido por el Ejército colombiano contra el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC Aida Quilcué, que deja como víctima mortal a su compañero Edwin Legarda.
Hemos sido informados por fuentes directas que alrededor de las 4 de la mañana de hoy 16 de Diciembre, el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC en el que iban su compañero Edwin Legarda con una misión médica, fue rafagueado por hombres del Ejército Nacional cuando iba pasando por la Finca San Miguel de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró. En esta finca hay presencia permanente de tropas del ejército Nacional.
Este atentado dejó como resultado las heridas letales a: Edwin Legarda. Edwin fue trasladado de inmediato al Hospital San José de Popayán con un impacto de bala en el tórax y dos más en los miembros inferiores. Infortunadamente nos informan desde Popayán que el compañero Edwin acaba de fallecer.
El vehículo de la Consejera se encuentra en Totoró y registra 17 impactos de bala a lado y lado y dos de los impactos en la parte de adelante, lo que refleja la brutalidad de la acción militar.
Según lo aseveran testigos de los hechos, no había retén en la vía ni se dio la orden de alto por parte de las tropas.
El Comandante de la Tercera División del Ejército, Justo Eliseo Peña, reconoció a La W que según informes preliminares, en el sitio de los hechos se encontraban soldados campesinos que dispararon cuando se desobedeció la orden de parar. De todos modos, el General Peña lamenta los hechos y dice que se iniciarán las investigaciones pertinentes, reconociendo que aún si se hubiera desobedecido la orden de detenerse, la reacción de disparar como se hizo no es apropiada ni corresponde con los protocolos y normas.
Manifestamos nuestro más sentido pésame a la Consejera Mayor Aida Quilcué. La rodeamos de afecto y solidaridad y le ofrecemos lo que esté a nuestro alcance en estos momentos de dolor intenso. A la familia y amistades de Edwin, van nuestras condolencias. A toda la familia del CRIC, una voz de aliento solidaria y sentida. Un llamado reiterado a la unidad para continuar por el sendero de construir en Minga un país diferente, en el que cese por fin el terror y la guerra. Como siempre, reiteramos la posición de nuestros mandatos, rechazamos las balas, el terror y la guerra, vengan de donde vengan. La impunidad no puede permitirse en esta dolorosa situación. Esta es una guerra contra los pueblos, contra el movimiento indígena por nuestra posición de dignidad, contra la Minga Social y Comunitaria, contra el derecho de construir desde los pueblos un país sin dueños y en paz. Exigimos que salgan de nuestros territorios y que nos dejen en Paz.
Hoy 16 de Diciembre de 2009, se conmemora el 17 aniversario de la masacre de 20 comuneras y comuneros en El Nilo, por parte de paramilitares, fuerza pública, narcotraficantes y terratenientes. Condenado el Estado Colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no cumple el Estado con sus obligaciones frente a esta masacre, nos señala, pone precio sobre nuestras cabezas, nos acusa de terroristas por Liberar la Madre Tierra y comete otra acción de muerte. Desde el dolor y la rabia reiteramos el compromiso con la vida y con la dignidad y convocamos la solidaridad Nacional e internacional para que nos apoyen al exigir que salgan todos los actores armados y sus cómplices de nuestros territorios.
Uribe ofrece recompensa por la cabeza de los indios
En el mismo se habló y debatió y aplaudió la MINGA o movilización indígena en Colombia.
Aida Quilcué le habló en directo al presidente Uribe en La María. Después (en anexo) volvió a ser portavoz del Movimiento Indígena en la mera capital de Colombia.
Ahora Uribe se venga asesinando a su esposo.
Aida Quilcué estaba invitada a otro encuentro, organizado por Mundubat en Donosti, la semana siguiente al de Pachakuti. No pudo llegar precisamente por la Movilización, por la Minga, Caminando la Palabra.
El ministro Santos da palos de ciego, intenta desviar la atención, propone a la ONU, dice que se equivocaron los militares...
¿se equivocaron con una de las camionetas más conocidas del Cauca, la de las Autoridades Indígenas?
¿porqué estaba el retén militar asentado en terreno particular, a quién esperaba?
¿cuánto dinero se les había ofrecido, en recompensa?
¿procedía ese dinero, directamente de la Cooperación Española, como la de otros asesinatos de "falsos positivos", de ejecuciones extrajudiciales?
¿Va a seguir manteniendo el presidente Zapatero su irrestricto apoyo a un presidente asesino, a una cazador de indios, como Uribe?
¿Va a seguir manteniendo su excelente cooperación, con las mayores oficinas de Latinoamérica, en Bogotá, en Cartagena, en otros departamentos?
MINGA DE RESISTENCIA INDIGENA Y POPULAR Y
MOVIMIENTO SOCIAL DE MUJERES CONTRA LA GUERRA Y POR LA PAZ
El EJÉRCITO NACIONAL RESPONSABLE DE CONTINUAR LA LIMPIEZA ÉTNICA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA
ONIC
* Brutalmente asesinado EDWIN LEGARDA comunero indígena, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, Aída Quilcué.
* Atentan también con medios de comunicación indígenas.
* Uribe tiene 24 horas para pronunciarse.
EDWIN LEGARDA, se encontraba en las labores de preparación de la Junta Directiva del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- que debía realizarse a partir del día de hoy en el Resguardo Indígena de la Mesa de Togoima- Municipio de Inzá, evento para el cual se desempeñaba como conductor del vehículo de propiedad del CRIC.
Siendo aproximadamente las cuatro de la mañana del día 16 de diciembre de 2008, cuando el comunero Legarda regresaba de Inzá, en compañía del personal médico de la organización que estaban efectuando una brigada de salud en este municipio, fueron asaltados a tiros cruzados por una patrulla del Ejercito Nacional, a la altura de la Vereda San Miguel-Corregimiento de Gabriel López, ubicada en las inmediaciones de Totoró a escasos 40 minutos de Popayán.
Como resultado del ataque, el comunero Legarda fue herido por tres tiros de fusil y horas más tarde falleció en el Hospital San José de Popayán. Así mismo las balas oficiales impactaron en 17 oportunidades el vehículo del CRIC, lo cual ejemplifica la magnitud de la emboscada.
Para los pueblos indígenas de la ONIC, son inadmisibles las declaraciones de miembros del ejercito que señalan que los ocupantes del vehículo asaltado se pasaron por alto un reten militar. No puede existir un reten militar en la oscuridad paramuna de la noche cuando no se presentan señales oficiales de la presencia del mismo, máxime cuando ese vehículo cuenta con protección del Estado.
Los hechos donde fue vilmente asesinado nuestro hermano EDWIN LEGARDA, no son más que una emboscada del Ejercito Nacional a civiles indefensos y desarmados que transitaban por caminos indígenas y carreteras supuestamente protegidas por la Seguridad Democrática, preparando un evento donde se movilizarían nuestras autoridades indígenas, quienes en varias oportunidades tal y como lo hemos denunciado públicamente y a través de nuestra Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, habían sido amenazados de muerte por organizaciones paramilitares como los panfletarios denominados “ Campesinos Embejucaos”.
En estos momentos la consejera mayor del CRIC, Aída Quilcué, esposa del asesinado, se encuentra amenazada de muerte por grupos paramilitares, al igual que otros líderes y autoridades del Cauca, como nuestra dirigencia de la ONIC. Por esta razón son objeto de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto debemos señalar que los vehículos del CRIC se encuentran plenamente identificados ante las autoridades y al respecto no puede haber confusión, cuando los mismos transitan de manera rutinaria por estas carreteras.
También debemos señalar que hace varios meses durante un Consejo Comunal en Popayán, el presidente de la República y algunos miembros de su gobierno habían calificado a las autoridades indígenas del Cauca como guerrilleros, terroristas y delincuentes, hasta el punto de ofrecer recompensas en dinero en efectivo para quienes colaboraran con su captura.
Los pueblos indígenas de la ONIC, advertimos que no estamos dispuestos a tolerar esta infamia como un falso positivo más del Ejercito Nacional en cumplimiento de los lineamientos presidenciales en materia de su política de Seguridad Democrática.
Estos hechos ocurren cuando los pueblos indígenas avanzamos en jornadas de trabajo concertadas con el Gobierno Nacional en el marco de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular. Por todo y por todos, el Consejo de Gobierno de la ONIC, manifestamos que nos retiramos de todo dialogo con el Gobierno Nacional, hasta tanto no se aclaren los hechos donde fue asesinado nuestro hermano EDWIN y sean castigados ejemplarmente los responsables.
Los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, requerimos del acompañamiento y los pronunciamientos de los sectores sociales, populares y democráticos de la comunidad nacional e internacional, para enfrentar el genocidio de la Seguridad Democrática. Ya que nuestros medios indígenas, son amenazados: a Radio Pa´yumat le robaron los cables de cobre, los sacaron del aire; Radio Libertad le cortan señales de internet; paginas web del CRIC, ACIN y la ONIC, como sus listas de correos constantemente atacadas por jáckr, "nos a tocado estar alquilando servidores, hasta para informar por nuestro medios nos toca correr en minga".
Exigimos que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y los organismos de control y seguridad del Estado coadyuven para esclarecer y judicializar a los responsables del vil asesinato del hermano EDWIN LEGARDA. Demandamos de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos su presencia efectiva para evitar el genocidio de los pueblos indígenas colombianos.
Recordamos que los amenazados de muerte somos todos los pueblos indígenas del país; lo hemos dicho y denunciado una y otra vez, pero el Estado no tiene oídos para nosotros, al contrario hace todo para justificar que quienes gozan de medidas cautelares y provisionales por la CIDH, sean suspendidas, caso del pueblo Kankuamo.
Alertamos sobre el alto riesgo que corren los compañeros indígenas del Cauca y de toda Colombia, y responsabilizamos al Estado colombiano y al Gobierno Nacional de cualquier forma de violencia o vulneración de sus derechos que los pueda afectar en su integridad física, social, sicológica y económica.
Exigimos que el presidente Álvaro Uribe Vélez, se pronuncie sobre estos hechos oportunamente, le aclare al país y a la comunidad internacional, que sí el Ejercito Nacional de Colombia es el encargado ahora de la limpieza étnica contra los pueblos indígenas colombianos.
CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO ONIC
Bogotá D.C. , 16 de diciembre de 2008.
“EN MINGA, POR LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA”.
“Ante el fusil la palabra… por la consolidación del gobierno propio de los Pueblos”.
www.onic.org.co/dachibedea
Atentado letal del Ejército contra el CRIC
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
Denunciamos con ira y dolor el atentado criminal cometido por el Ejército colombiano contra el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC Aida Quilcué, que deja como víctima mortal a su compañero Edwin Legarda.
Hemos sido informados por fuentes directas que alrededor de las 4 de la mañana de hoy 16 de Diciembre, el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC en el que iban su compañero Edwin Legarda con una misión médica, fue rafagueado por hombres del Ejército Nacional cuando iba pasando por la Finca San Miguel de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró. En esta finca hay presencia permanente de tropas del ejército Nacional.
Este atentado dejó como resultado las heridas letales a: Edwin Legarda. Edwin fue trasladado de inmediato al Hospital San José de Popayán con un impacto de bala en el tórax y dos más en los miembros inferiores. Infortunadamente nos informan desde Popayán que el compañero Edwin acaba de fallecer.
El vehículo de la Consejera se encuentra en Totoró y registra 17 impactos de bala a lado y lado y dos de los impactos en la parte de adelante, lo que refleja la brutalidad de la acción militar.
Según lo aseveran testigos de los hechos, no había retén en la vía ni se dio la orden de alto por parte de las tropas.
El Comandante de la Tercera División del Ejército, Justo Eliseo Peña, reconoció a La W que según informes preliminares, en el sitio de los hechos se encontraban soldados campesinos que dispararon cuando se desobedeció la orden de parar. De todos modos, el General Peña lamenta los hechos y dice que se iniciarán las investigaciones pertinentes, reconociendo que aún si se hubiera desobedecido la orden de detenerse, la reacción de disparar como se hizo no es apropiada ni corresponde con los protocolos y normas.
Manifestamos nuestro más sentido pésame a la Consejera Mayor Aida Quilcué. La rodeamos de afecto y solidaridad y le ofrecemos lo que esté a nuestro alcance en estos momentos de dolor intenso. A la familia y amistades de Edwin, van nuestras condolencias. A toda la familia del CRIC, una voz de aliento solidaria y sentida. Un llamado reiterado a la unidad para continuar por el sendero de construir en Minga un país diferente, en el que cese por fin el terror y la guerra. Como siempre, reiteramos la posición de nuestros mandatos, rechazamos las balas, el terror y la guerra, vengan de donde vengan. La impunidad no puede permitirse en esta dolorosa situación. Esta es una guerra contra los pueblos, contra el movimiento indígena por nuestra posición de dignidad, contra la Minga Social y Comunitaria, contra el derecho de construir desde los pueblos un país sin dueños y en paz. Exigimos que salgan de nuestros territorios y que nos dejen en Paz.
Hoy 16 de Diciembre de 2009, se conmemora el 17 aniversario de la masacre de 20 comuneras y comuneros en El Nilo, por parte de paramilitares, fuerza pública, narcotraficantes y terratenientes. Condenado el Estado Colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no cumple el Estado con sus obligaciones frente a esta masacre, nos señala, pone precio sobre nuestras cabezas, nos acusa de terroristas por Liberar la Madre Tierra y comete otra acción de muerte. Desde el dolor y la rabia reiteramos el compromiso con la vida y con la dignidad y convocamos la solidaridad Nacional e internacional para que nos apoyen al exigir que salgan todos los actores armados y sus cómplices de nuestros territorios.
Uribe ofrece recompensa por la cabeza de los indios
Anónimo
La "Seguridad Democrática" no es ningún cambio de doctrina. Es la misma. Con el cambió de nombre se ha acentuado su carácter, contenido y espíritu fascista y es de ahí que este tipo de prácticas, junto a la tortura, la desaparición, el desplazamiento, el macartismo, etc., se han multiplicado en estos últimos 6 años.
Este procedimiento, hay que reiterarlo, es doctrina en todas las divisiones, Brigadas y Batallones a lo largo y ancho de la geografía colombiana, y el hecho que en las cifras que están aflorando haya un número mayor de la jurisdicción de la Segunda División del Ejército, es porque, como lo dijo hace poco Rafael Pardo, "se metieron con la gente de Bogotá". Difícil todavía establecer cual División se lleva el record de asesinatos.
Hay más de un opinador planteando que esto es una "mancha negra" en la exitosa aplicación de la "Seguridad Democrática", todo lo contrario, están saliendo a luz los resultados concretos de esta política. El problema claro está, es que se dejaron pillar en un momento en que no les convenía y que muchos sectores se están sobreponiendo de más de 6 años de terror y se han decidido a denunciar.
En Norte de Santander y específicamente en el área Catatumbo son varios los casos que se han presentado, muchos de ellos están documentados. Como fue el asesinato el 20 de agosto de 2005 de ángel Arias, habitante del corregimiento San Juancito, municipio de Teorama, quien padecía de trastornos mentales, cuando los helicópteros militares ametrallaron el caserío y fue reportado como "guerrillero dado de baja en combate".
El 22 de julio de 2007 una patrulla del ejército colombiano se cruzo la frontera venezolana en la coordenada "N 09 12' 23", W 72 58' 08", bajaron en canoa unos 500 metros por Río de Oro, asaltaron una casa en el lado venezolano donde se encontraban varios campesinos, capturaron dos, los trasladaron al lado colombiano y en la finca de Doña Ramona, a sangre fría los asesinaron presentándolos después ante la prensa como guerrilleros del 33 frente dados de baja en combate.
Algunos oficiales que se les ha despertado el sentimiento de vergüenza y les han recomendado a los campesinos que no anden solos "porque hay unos hp que los cogen y los matan y los hacen pasar como guerrilleros".
Mientras esta doctrina no cambie, abra guerrilla para rato.
Timoleón Jiménez es integrante del Secretariado de las FARC
Este procedimiento, hay que reiterarlo, es doctrina en todas las divisiones, Brigadas y Batallones a lo largo y ancho de la geografía colombiana, y el hecho que en las cifras que están aflorando haya un número mayor de la jurisdicción de la Segunda División del Ejército, es porque, como lo dijo hace poco Rafael Pardo, "se metieron con la gente de Bogotá". Difícil todavía establecer cual División se lleva el record de asesinatos.
Hay más de un opinador planteando que esto es una "mancha negra" en la exitosa aplicación de la "Seguridad Democrática", todo lo contrario, están saliendo a luz los resultados concretos de esta política. El problema claro está, es que se dejaron pillar en un momento en que no les convenía y que muchos sectores se están sobreponiendo de más de 6 años de terror y se han decidido a denunciar.
En Norte de Santander y específicamente en el área Catatumbo son varios los casos que se han presentado, muchos de ellos están documentados. Como fue el asesinato el 20 de agosto de 2005 de ángel Arias, habitante del corregimiento San Juancito, municipio de Teorama, quien padecía de trastornos mentales, cuando los helicópteros militares ametrallaron el caserío y fue reportado como "guerrillero dado de baja en combate".
El 22 de julio de 2007 una patrulla del ejército colombiano se cruzo la frontera venezolana en la coordenada "N 09 12' 23", W 72 58' 08", bajaron en canoa unos 500 metros por Río de Oro, asaltaron una casa en el lado venezolano donde se encontraban varios campesinos, capturaron dos, los trasladaron al lado colombiano y en la finca de Doña Ramona, a sangre fría los asesinaron presentándolos después ante la prensa como guerrilleros del 33 frente dados de baja en combate.
Algunos oficiales que se les ha despertado el sentimiento de vergüenza y les han recomendado a los campesinos que no anden solos "porque hay unos hp que los cogen y los matan y los hacen pasar como guerrilleros".
Mientras esta doctrina no cambie, abra guerrilla para rato.
Timoleón Jiménez es integrante del Secretariado de las FARC
Anónimo
A las cinco y media de la mañana apenas se despejaba la niebla en las gélidas montañas del oriente de Cauca, Colombia, cuando el consejero indígena Darío Tote se topó en la ruta con la camioneta de la Consejería Mayor del CRIC. Estaba acribillada a balazos y su chofer, Edwin Legarda, gravemente herido.
El vehículo rojo de doble cabina del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) tenía aún las luces encendidas y se veían los impactos de 17 tiros de fusil, dos de ellos contra el parabrisas. Cuando Tote abrió la portezuela, Legarda, esposo de la líder aborigen Ayda Quilcué, consejera mayor del CRIC, "estaba inconciente", relató el consejero a IPS.
Tote y sus acompañantes trasladaron de inmediato a Legarda y a la enfermera que estaba con él, también herida, al poblado de Totoró.
De allí una ambulancia se los llevó a Popayán, capital del sudoccidental departamento de Cauca, en cuyo hospital murió Legarda hacia las ocho de la mañana del mismo martes en que fue encontrado en la carretera.
Sólo 12 horas después las autoridades entregaron el cuerpo "del compañero Edwin", informó Tote. "Lo vamos a velar en las oficinas del CRIC, en Popayán, y mañana (por este miércoles) vamos a hacer una audiencia pública y una marcha" en esta ciudad, añadió.
Este jueves, los restos de Legarda serán trasladados a la vereda Itaibe, un remoto caserío rural recostado a la cordillera de los Andes, en la frontera de los departamentos de Huila y Cauca.
Ayda Quilcué, ahora viuda, es la líder principal de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, iniciada en octubre como un masivo movimiento de protesta civil.
Los dirigentes de ese movimiento indígena han sido amenazados de muerte a través del grupo paramilitar ultraderechista Águilas Negras y de una banda creada supuestamente por terratenientes, que se hace llamar "Campesinos Embejucados (enfurecidos) del Cauca".
Mientras, en el territorio aborigen, la comunidad sitió el martes en la mañana a la treintena de soldados señalados de haber disparado y que integran la base que opera allí, contra la voluntad de los locales.
Se hicieron presentes policías del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el comandante del batallón José Hilario López, teniente coronel Alexis Iván Cantillo, y delegados de la Organización de las Naciones Unidas.
Por exigencia indígena, se desarmó a los soldados. "El CTI quedó con las armas, les requisamos los equipos y nos trasladamos a Totoró, a una reunión", dijo a IPS Tote, miembro de la Comisión Política del CRIC.
Allí las autoridades indígenas propusieron que los uniformados permanezcan detenidos en la cárcel de San Isidro y no en el batallón, como quiere el comandante de la Tercera División del ejército, general Eliseo Peña. Este oficial dijo que lo ocurrido fue un "error", luego de que Legarda no acató la orden de detenerse al pasar un retén militar.
Finalmente, la Guardia Indígena llevó al anochecer de la víspera a los militares al batallón, donde pasaron la noche. La primera audiencia pública en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) comenzó a las 11 hora local (16:00 hora GMT) de este miércoles en la sede del CRIC, en Popayán. A ella debe asistir el jefe departamental de la fiscalía, según ese marco legal.
El fiscal general Mario Iguarán acudió a Popayán y anunció que asistirá a la audiencia, con la cual se inició el juicio contra los militares en la (JEI). Quilcué declaró ante esta instancia que ella ha sido víctima de un crimen de Estado. Las autoridades indígenas exigen que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe revele ya quién fue el oficial que ordenó disparar contra la camioneta del CRIC que conducía Legarda. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que el ataque no fue premeditado y que afirmar eso es "absurdo y ridículo". Para Tote, "lo importante fue que no permitimos que quedaran en la justicia penal militar".
La Autoridad Indígena puede ahora reclamar el caso a la justicia ordinaria para que pase a la Jurisdicción Especial Indígena, establecida por la Constitución aprobada en 1991. Precisamente, "es la petición que vamos a hacer a la fiscalía", confirmó Tote a IPS en esta entrevista.
IPS: ¿En este momento la Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos la investigación?
DARÍO TOTE: Correcto. El Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía son los que tienen la investigación. Pero estamos hablando de gobierno a gobierno, de autoridad a autoridad.
Nosotros somos autoridades milenarias, ancestrales, y la justicia de ellos es la del gobierno colombiano. Nosotros tenemos nuestro fuero. Hay una jurisdicción indígena reconocida. De manera que también hacemos nuestra propia investigación, que empezamos a las 6 de la mañana (del mismo martes).
Desde luego que se llevará un tiempo prudente, pero la intención es que los soldados queden detenidos bajo la ley ordinaria y nosotros hacemos lo pertinente para traerlos bajo la ley indígena.
IPS: ¿Cómo está Ayda Quilcué?
DT: Ayda es una mujer muy valiente, muy inteligente. Por eso la hemos bautizado la Segunda Cacica Gaitana.
La primera fue una indígena de la región del Huila que luchó contra los españoles (durante la colonia). Y en la resistencia, los invasores le mataron a uno de sus hijos. Ella, como buena guerrera, con el dolor por su hijo, los combatió más fuerte. Dirigió todo un ejército indígena contra la invasión y vengó la muerte de su hijo arrastrando por el suelo la cabeza de un jefe español.
Ella es el símbolo de la resistencia para los indígenas kokonukos, guambianos, nasa, totoroes, yanaconas, apiraras y ambiraras, que son de la costa del Pacífico. Llevamos su dolor como indígena, como mujer, como madre.
Por eso le decimos a Ayda que ella es nuestra Segunda Cacica Gaitana. Nos da valor, valentía de lucha. Siempre nos levanta la moral a mujeres, hombres, jóvenes y mayores. Desde luego que tiene mucho dolor en su alma, porque Edwin es su compañero, el padre de su hija, y su compañero en el movimiento indígena. Él era un comunero muy activo. Por lo tanto, Ayda asume su dolor con mucha responsabilidad.
IPS: ¿Para cuándo debe culminar el trámite de la justicia ordinaria a la jurisdicción indígena?
DT: Jurídicamente, creo que tienen 32 o 33 horas. Ellos tienen que resolver la situación jurídica en ese tiempo. Nosotros tenemos un perito, que por escrito nos hace saber cómo fueron los hechos. En este caso, que en efecto hubo una emboscada.
La sobreviviente (la enfermera) que venía con el finado ya puso la demanda y ya declaró que no había retenes. No hubo un grito de "pare". Efectivamente había un operativo. Los militares estaban esperando un carro (automóvil) y fue la camioneta (del CRIC) la que cayó.
Pero nosotros rechazamos rotundamente el cuentico repetido de que fue un error militar. Lo tomamos como un crimen de Estado. Es lo que se llama terrorismo de Estado, porque hay 17 disparos.
Eso fue en el kilómetro 39, vereda San Pedro, municipio de Totoró (zona de resguardo indígena). Uno de los principios que defendemos es la no invasión de nuestro territorio, la no presencia militar en nuestro territorio.
No fue una equivocación militar. Es un atentado contra Ayda Quilcué, contra la Minga. Es una actitud provocadora contra el movimiento indígena y especialmente contra el movimiento indígena del Cauca. Y lo decimos porque hay una orden de captura contra Luis Acosta, el coordinador de la Guardia Indígena, y ayer detuvieron a otro coordinador de la Guardia.
IPS: ¿Qué sigue ahora?
DT: Como conclusión de las autoridades en reunión de esta tarde (martes): continuamos caminando la palabra, con dignidad, con resistencia, con valor civil. Somos gente de paz. Somos gente tranquila que estamos haciéndole propuestas al país, de cambios estructurales, económicos y políticos, y porque perseguimos esos cambios se nos calumnia y se nos asesina.
Nuestro mensaje al mundo es continuar caminando la palabra. La Minga es indefinida y no ha terminado, por la dignidad de los pueblos de Colombia.
El vehículo rojo de doble cabina del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) tenía aún las luces encendidas y se veían los impactos de 17 tiros de fusil, dos de ellos contra el parabrisas. Cuando Tote abrió la portezuela, Legarda, esposo de la líder aborigen Ayda Quilcué, consejera mayor del CRIC, "estaba inconciente", relató el consejero a IPS.
Tote y sus acompañantes trasladaron de inmediato a Legarda y a la enfermera que estaba con él, también herida, al poblado de Totoró.
De allí una ambulancia se los llevó a Popayán, capital del sudoccidental departamento de Cauca, en cuyo hospital murió Legarda hacia las ocho de la mañana del mismo martes en que fue encontrado en la carretera.
Sólo 12 horas después las autoridades entregaron el cuerpo "del compañero Edwin", informó Tote. "Lo vamos a velar en las oficinas del CRIC, en Popayán, y mañana (por este miércoles) vamos a hacer una audiencia pública y una marcha" en esta ciudad, añadió.
Este jueves, los restos de Legarda serán trasladados a la vereda Itaibe, un remoto caserío rural recostado a la cordillera de los Andes, en la frontera de los departamentos de Huila y Cauca.
Ayda Quilcué, ahora viuda, es la líder principal de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, iniciada en octubre como un masivo movimiento de protesta civil.
Los dirigentes de ese movimiento indígena han sido amenazados de muerte a través del grupo paramilitar ultraderechista Águilas Negras y de una banda creada supuestamente por terratenientes, que se hace llamar "Campesinos Embejucados (enfurecidos) del Cauca".
Mientras, en el territorio aborigen, la comunidad sitió el martes en la mañana a la treintena de soldados señalados de haber disparado y que integran la base que opera allí, contra la voluntad de los locales.
Se hicieron presentes policías del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el comandante del batallón José Hilario López, teniente coronel Alexis Iván Cantillo, y delegados de la Organización de las Naciones Unidas.
Por exigencia indígena, se desarmó a los soldados. "El CTI quedó con las armas, les requisamos los equipos y nos trasladamos a Totoró, a una reunión", dijo a IPS Tote, miembro de la Comisión Política del CRIC.
Allí las autoridades indígenas propusieron que los uniformados permanezcan detenidos en la cárcel de San Isidro y no en el batallón, como quiere el comandante de la Tercera División del ejército, general Eliseo Peña. Este oficial dijo que lo ocurrido fue un "error", luego de que Legarda no acató la orden de detenerse al pasar un retén militar.
Finalmente, la Guardia Indígena llevó al anochecer de la víspera a los militares al batallón, donde pasaron la noche. La primera audiencia pública en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) comenzó a las 11 hora local (16:00 hora GMT) de este miércoles en la sede del CRIC, en Popayán. A ella debe asistir el jefe departamental de la fiscalía, según ese marco legal.
El fiscal general Mario Iguarán acudió a Popayán y anunció que asistirá a la audiencia, con la cual se inició el juicio contra los militares en la (JEI). Quilcué declaró ante esta instancia que ella ha sido víctima de un crimen de Estado. Las autoridades indígenas exigen que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe revele ya quién fue el oficial que ordenó disparar contra la camioneta del CRIC que conducía Legarda. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que el ataque no fue premeditado y que afirmar eso es "absurdo y ridículo". Para Tote, "lo importante fue que no permitimos que quedaran en la justicia penal militar".
La Autoridad Indígena puede ahora reclamar el caso a la justicia ordinaria para que pase a la Jurisdicción Especial Indígena, establecida por la Constitución aprobada en 1991. Precisamente, "es la petición que vamos a hacer a la fiscalía", confirmó Tote a IPS en esta entrevista.
IPS: ¿En este momento la Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos la investigación?
DARÍO TOTE: Correcto. El Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía son los que tienen la investigación. Pero estamos hablando de gobierno a gobierno, de autoridad a autoridad.
Nosotros somos autoridades milenarias, ancestrales, y la justicia de ellos es la del gobierno colombiano. Nosotros tenemos nuestro fuero. Hay una jurisdicción indígena reconocida. De manera que también hacemos nuestra propia investigación, que empezamos a las 6 de la mañana (del mismo martes).
Desde luego que se llevará un tiempo prudente, pero la intención es que los soldados queden detenidos bajo la ley ordinaria y nosotros hacemos lo pertinente para traerlos bajo la ley indígena.
IPS: ¿Cómo está Ayda Quilcué?
DT: Ayda es una mujer muy valiente, muy inteligente. Por eso la hemos bautizado la Segunda Cacica Gaitana.
La primera fue una indígena de la región del Huila que luchó contra los españoles (durante la colonia). Y en la resistencia, los invasores le mataron a uno de sus hijos. Ella, como buena guerrera, con el dolor por su hijo, los combatió más fuerte. Dirigió todo un ejército indígena contra la invasión y vengó la muerte de su hijo arrastrando por el suelo la cabeza de un jefe español.
Ella es el símbolo de la resistencia para los indígenas kokonukos, guambianos, nasa, totoroes, yanaconas, apiraras y ambiraras, que son de la costa del Pacífico. Llevamos su dolor como indígena, como mujer, como madre.
Por eso le decimos a Ayda que ella es nuestra Segunda Cacica Gaitana. Nos da valor, valentía de lucha. Siempre nos levanta la moral a mujeres, hombres, jóvenes y mayores. Desde luego que tiene mucho dolor en su alma, porque Edwin es su compañero, el padre de su hija, y su compañero en el movimiento indígena. Él era un comunero muy activo. Por lo tanto, Ayda asume su dolor con mucha responsabilidad.
IPS: ¿Para cuándo debe culminar el trámite de la justicia ordinaria a la jurisdicción indígena?
DT: Jurídicamente, creo que tienen 32 o 33 horas. Ellos tienen que resolver la situación jurídica en ese tiempo. Nosotros tenemos un perito, que por escrito nos hace saber cómo fueron los hechos. En este caso, que en efecto hubo una emboscada.
La sobreviviente (la enfermera) que venía con el finado ya puso la demanda y ya declaró que no había retenes. No hubo un grito de "pare". Efectivamente había un operativo. Los militares estaban esperando un carro (automóvil) y fue la camioneta (del CRIC) la que cayó.
Pero nosotros rechazamos rotundamente el cuentico repetido de que fue un error militar. Lo tomamos como un crimen de Estado. Es lo que se llama terrorismo de Estado, porque hay 17 disparos.
Eso fue en el kilómetro 39, vereda San Pedro, municipio de Totoró (zona de resguardo indígena). Uno de los principios que defendemos es la no invasión de nuestro territorio, la no presencia militar en nuestro territorio.
No fue una equivocación militar. Es un atentado contra Ayda Quilcué, contra la Minga. Es una actitud provocadora contra el movimiento indígena y especialmente contra el movimiento indígena del Cauca. Y lo decimos porque hay una orden de captura contra Luis Acosta, el coordinador de la Guardia Indígena, y ayer detuvieron a otro coordinador de la Guardia.
IPS: ¿Qué sigue ahora?
DT: Como conclusión de las autoridades en reunión de esta tarde (martes): continuamos caminando la palabra, con dignidad, con resistencia, con valor civil. Somos gente de paz. Somos gente tranquila que estamos haciéndole propuestas al país, de cambios estructurales, económicos y políticos, y porque perseguimos esos cambios se nos calumnia y se nos asesina.
Nuestro mensaje al mundo es continuar caminando la palabra. La Minga es indefinida y no ha terminado, por la dignidad de los pueblos de Colombia.
Anónimo
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, señala que UNASUR debe visitar Colombia y elaborar un informe sobre asesinatos selectivos. Asimismo, plantea que El asesinato de un indígena recientemente por el Ejército colombiano, es uno más en la lista de crímenes perpetrados por el Estado de ese país contra los pueblos indígenas, en particular desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
COMUNICADO DE LA COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina
EXIJAMOS JUICIO A ÁLVARO URIBE POR GENOCIDIO INDÍGENA
El asesinato de Edwin Legarda la madrugada de ayer por el Ejército colombiano, es uno más en la lista de crímenes perpetrados por el Estado de ese país contra los pueblos indígenas, en particular desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, principal responsable de las políticas de persecución, incursión armada a los territorios, desplazamientos forzados, detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones.
El gobierno de Uribe Vélez es culpable de una violación sistemática a los derechos humanos, en particular por su comportamiento criminal y racista contra los pueblos indígenas y en general contra la sociedad colombiana en su conjunto. En consecuencia, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, y sus organizaciones integrantes, demandamos a la comunidad internacional que Álvaro Uribe Vélez sea juzgado en un tribunal internacional por el delito de genocidio y responda por sus crímenes; los cuales incluyen el sospechoso exceso de tolerancia con los grupos paramilitares.
El Coordinador General de la CAOI, Miguel Palacín Quispe, exigió hoy al gobierno de Uribe que defina una postura con relación a los pueblos indígenas, pues aparenta una actitud de diálogo, se niega a él, reprime la Minga Indígena y Popular por la Resistencia y luego continúa con los asesinatos selectivos.
La CAOI y sus organizaciones integrantes demandan la intervención de la comunidad internacional y pide a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que desarrolle una visita a Colombia y elabore un informe sobre los asesinatos selectivos, tal como hizo en Bolivia en relación a la matanza de Pando.
Lima, 17 de diciembre de 2008
Coordinación General CAOI
ECUARUNARI, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Bolivia
CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia
Identidad Territorial Lafkenche, Chile
ONPIA, Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina
CCP, Confederación Campesina del Perú
CNA, Confederación Nacional Agraria
UNCA, Unión de Nacionalidades Aymaras.
ANAMEBI, Asociación Nacional de Maestros de Educación Bilingüe Intercultural.
CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia
Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa de Bolivia.
COMUNICADO DE LA COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina
EXIJAMOS JUICIO A ÁLVARO URIBE POR GENOCIDIO INDÍGENA
El asesinato de Edwin Legarda la madrugada de ayer por el Ejército colombiano, es uno más en la lista de crímenes perpetrados por el Estado de ese país contra los pueblos indígenas, en particular desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, principal responsable de las políticas de persecución, incursión armada a los territorios, desplazamientos forzados, detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones.
El gobierno de Uribe Vélez es culpable de una violación sistemática a los derechos humanos, en particular por su comportamiento criminal y racista contra los pueblos indígenas y en general contra la sociedad colombiana en su conjunto. En consecuencia, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, y sus organizaciones integrantes, demandamos a la comunidad internacional que Álvaro Uribe Vélez sea juzgado en un tribunal internacional por el delito de genocidio y responda por sus crímenes; los cuales incluyen el sospechoso exceso de tolerancia con los grupos paramilitares.
El Coordinador General de la CAOI, Miguel Palacín Quispe, exigió hoy al gobierno de Uribe que defina una postura con relación a los pueblos indígenas, pues aparenta una actitud de diálogo, se niega a él, reprime la Minga Indígena y Popular por la Resistencia y luego continúa con los asesinatos selectivos.
La CAOI y sus organizaciones integrantes demandan la intervención de la comunidad internacional y pide a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que desarrolle una visita a Colombia y elabore un informe sobre los asesinatos selectivos, tal como hizo en Bolivia en relación a la matanza de Pando.
Lima, 17 de diciembre de 2008
Coordinación General CAOI
ECUARUNARI, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Bolivia
CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia
Identidad Territorial Lafkenche, Chile
ONPIA, Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina
CCP, Confederación Campesina del Perú
CNA, Confederación Nacional Agraria
UNCA, Unión de Nacionalidades Aymaras.
ANAMEBI, Asociación Nacional de Maestros de Educación Bilingüe Intercultural.
CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia
Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa de Bolivia.
Anónimo
El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:
La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.
Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro; segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.
Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.
Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.
Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.
Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.
Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.
Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.
Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.
Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC
La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.
Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro; segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.
Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.
Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.
Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.
Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.
Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.
Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.
Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.
Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC
Anónimo
El gobierno colombiano de Álvaro Uribe después de haber difamado a una periodista ecutoriana y haber mentido acerca de la computadora de la guerrilla colombiana, de haber prometio a la ONU un mayor respeto de los Derechos Humanos el Ejército colombiano viene de asesinar a Edwin Legarda esposo de la dirigente Aída Quilcué que encabezó minga indígena. Aunque el Ejército aseguró que le habían disparado al vehículo «por error» al no detenerse ante el retén, la versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, pues ella solía movilizarse en ese vehículo, informaron sus familiares.
A pesar de haber prometido hace poco antes los Derechos Humanos de la ONU el gobierno de Álvaro Uribe y el Ejército colombiano han asesinado al esposo de dirigente que encabezó la minga indígena en Colombia. Aunque el Ejército aseguró que le habían disparado al vehículo «por error» al no detenerse ante el retén, la versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, pues ella solía movilizarse en ese vehículo.
Fue asesinado en un retén militar el indígena Edwin Legarda, esposo de la dirigente Aída Quilcué, líder de las recientes “Mingas de Resistencia Indígena”, movilizaciones y marchas masivas que pusieron en aprietos hace poco al gobierno del presidente Álvaro Uribe. El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, ha reconocido la responsabilidad del Ejército en este "error". Las comunidades indígenas sostienen que se trató de un atentado contra la consejera Quilcué.
Mientras en Salvador de Bahía los 12 presidentes que conforman la Unasur incluían en el documento de aprobación del Consejo de Seguridad y Defensa de Unasur un artículo de condena a las FARC y al ELN como grupos terroristas, violadores del Derecho Internacional Humanitario, en un retén militar era asesinado el esposo de la reconocida dirigente indígena Aída Quilcué, una de las líderes más importantes de las recientes “Mingas de Resistencia Indígena”.
Miembros del Ejército le dispararon a Edwin Legarda cuando se dirigía hacia Popayán, departamento del Cauca, al sur occidente del país, para recoger a su esposa, la Consejera Mayor Aída Marina Quilcué Vivas, quien regresaba de participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
El vehículo que conducía el señor Legarda estaba adscrito al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y era el vehículo de movilización permanente de la líder indígena. Algunas fuentes informan que en el vehículo también se desplazaba una enfermera del Hospital Nivel 1 de Belalcázar, quien también resultó lesionada en el hecho.
Daniel Piñacué, gobernador indígena Páez, dijo que en el sitio había un retén militar y que no se explica por qué razón dispararon contra el automotor, debidamente identificado.
Un atentado contra la consejera
“Ese era un atentado contra la consejera”, señaló Ernesto Perafán, abogado del CRIC, quien describe lo sucedido: “El Ejército le disparó desde varios ángulos, desde los dos lados tiene impactos el carro. Él recibió varios balazos, en el pecho, en la pierna, y alcanzó a salir, fue un tramo hacia arriba, pero el Ejército no lo auxilió, sino que empezó a dejar vainillas y cosas en el piso, y cuando llegamos acá con el comandante del batallón, dicen que desde el carro les habían disparado. Versión que ya están desmintiendo y aceptan que fueron ellos quienes le dispararon al carro de la consejera, pero igual esa fue la versión inicial”.
El comandante de la Tercera División, Justo Eliseo Peña, quien se dirigió a la zona en un helicóptero, dijo que “todo fue un error cuando un grupo de soldados campesinos realizaba un retén”. El oficial sostuvo que el carro no se detuvo, sino que siguió su marcha hasta el municipio de Totoró.
La versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, porque ese era el vehículo en el que ella solía movilizarse. Como el vehículo tiene vidrios semipolarizados, no había forma de comprobar si ella viajaba allí o no.
“Se trata de una represalia contra la minga indígena”, agregó el abogado Perafán. “Este hecho se suma a la decisión de dictar orden de captura contra los coordinadores de la guardia”.
Necesidad de justicia
Los soldados que participaron en el retén, desde el cual se disparó al vehículo, estarían retenidos en la zona rural del municipio de Totoró, por la guardia indígena y la comunidad.
“Si la justicia penal militar no dicta orden de captura contra los soldados involucrados, la guardia indígena los va a capturar, porque el hecho se produjo en territorio de la comunidad”, dijo también Ernesto Perafán.
El Ministerio de Defensa reconoció en un comunicado que miembros del Ejército dispararon contra Legarda, indicando que no hay claridad sobre cómo ocurrieron los hechos.
"Se estableció que tropas del Batallón José Hilario López pertenecientes a la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda, sin que hasta el momento haya suficiente claridad sobre como ocurrieron los hechos", dice el comunicado.
El Ministerio anunció una investigación interna, en cabeza del Comandante de la III División y del Inspector General de las Fuerzas Militares, y pidió a Fiscalía y Procuraduría enviar una comisión especial a la zona para que adelante las investigaciones necesarias en materia penal y disciplinaria.
La líder Aída Quilcué iba a participar hoy justamente en una reunión de directivos de los cabildos indígenas.
Totoró sin Salvador… de Bahía.
Mientras el vicepresidente de Colombia, Francisco “Pachito” Santos Calderón salía victorioso en Salvador de Bahía, sosteniendo que en el documento de UNASUR “hay una mención explícita de rechazo a cualquier tipo de grupo ilegal armado que trate de subvertir el orden, sea de donde sea y venga de donde venga; vemos que es un avance y un paso muy importante”; la pregunta, ante la evidencia de los hechos y la sucesiva violación de los Derechos Humanos por parte del estado colombiano, es si no hará falta la suscripción de otro articulito, que también rechace y condene el terrorismo de estado que practica el gobierno colombiano.
O es que entonces qué es esa feria de sangre de los infaustos “falsos positivos”, el asesinato del interlocutor que piensa diferente y lo dice, las cifras inverosímiles de sindicalistas asesinados, o la persecución despiadada a las minorías, y su aniquilación, como en este caso, claro está, "por error". ¿O es que este es el orden que se quiere y el que no hay que subvertir?
La sangre vertida hoy por este indígena en un camino pantanoso y perdido de uno de los tantos sitios que se llaman Totoró, en Colombia, tiene que llamar la atención. No pueden valer menos los muertos del estado, que son los indios, que son los pobres, que son los olvidados, que los de las FARC o los del ELN. Hechos como este no son un simple avatar. Una casualidad tras otra dejan de ser casualidades, para ser cualquier otra cosa. Una estrategia deplorable, por ejemplo.
Juan Alberto Sánchez Marín
A pesar de haber prometido hace poco antes los Derechos Humanos de la ONU el gobierno de Álvaro Uribe y el Ejército colombiano han asesinado al esposo de dirigente que encabezó la minga indígena en Colombia. Aunque el Ejército aseguró que le habían disparado al vehículo «por error» al no detenerse ante el retén, la versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, pues ella solía movilizarse en ese vehículo.
Fue asesinado en un retén militar el indígena Edwin Legarda, esposo de la dirigente Aída Quilcué, líder de las recientes “Mingas de Resistencia Indígena”, movilizaciones y marchas masivas que pusieron en aprietos hace poco al gobierno del presidente Álvaro Uribe. El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, ha reconocido la responsabilidad del Ejército en este "error". Las comunidades indígenas sostienen que se trató de un atentado contra la consejera Quilcué.
Mientras en Salvador de Bahía los 12 presidentes que conforman la Unasur incluían en el documento de aprobación del Consejo de Seguridad y Defensa de Unasur un artículo de condena a las FARC y al ELN como grupos terroristas, violadores del Derecho Internacional Humanitario, en un retén militar era asesinado el esposo de la reconocida dirigente indígena Aída Quilcué, una de las líderes más importantes de las recientes “Mingas de Resistencia Indígena”.
Miembros del Ejército le dispararon a Edwin Legarda cuando se dirigía hacia Popayán, departamento del Cauca, al sur occidente del país, para recoger a su esposa, la Consejera Mayor Aída Marina Quilcué Vivas, quien regresaba de participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
El vehículo que conducía el señor Legarda estaba adscrito al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y era el vehículo de movilización permanente de la líder indígena. Algunas fuentes informan que en el vehículo también se desplazaba una enfermera del Hospital Nivel 1 de Belalcázar, quien también resultó lesionada en el hecho.
Daniel Piñacué, gobernador indígena Páez, dijo que en el sitio había un retén militar y que no se explica por qué razón dispararon contra el automotor, debidamente identificado.
Un atentado contra la consejera
“Ese era un atentado contra la consejera”, señaló Ernesto Perafán, abogado del CRIC, quien describe lo sucedido: “El Ejército le disparó desde varios ángulos, desde los dos lados tiene impactos el carro. Él recibió varios balazos, en el pecho, en la pierna, y alcanzó a salir, fue un tramo hacia arriba, pero el Ejército no lo auxilió, sino que empezó a dejar vainillas y cosas en el piso, y cuando llegamos acá con el comandante del batallón, dicen que desde el carro les habían disparado. Versión que ya están desmintiendo y aceptan que fueron ellos quienes le dispararon al carro de la consejera, pero igual esa fue la versión inicial”.
El comandante de la Tercera División, Justo Eliseo Peña, quien se dirigió a la zona en un helicóptero, dijo que “todo fue un error cuando un grupo de soldados campesinos realizaba un retén”. El oficial sostuvo que el carro no se detuvo, sino que siguió su marcha hasta el municipio de Totoró.
La versión de la comunidad indígena es que el ataque fue un atentado contra Quilcué, porque ese era el vehículo en el que ella solía movilizarse. Como el vehículo tiene vidrios semipolarizados, no había forma de comprobar si ella viajaba allí o no.
“Se trata de una represalia contra la minga indígena”, agregó el abogado Perafán. “Este hecho se suma a la decisión de dictar orden de captura contra los coordinadores de la guardia”.
Necesidad de justicia
Los soldados que participaron en el retén, desde el cual se disparó al vehículo, estarían retenidos en la zona rural del municipio de Totoró, por la guardia indígena y la comunidad.
“Si la justicia penal militar no dicta orden de captura contra los soldados involucrados, la guardia indígena los va a capturar, porque el hecho se produjo en territorio de la comunidad”, dijo también Ernesto Perafán.
El Ministerio de Defensa reconoció en un comunicado que miembros del Ejército dispararon contra Legarda, indicando que no hay claridad sobre cómo ocurrieron los hechos.
"Se estableció que tropas del Batallón José Hilario López pertenecientes a la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda, sin que hasta el momento haya suficiente claridad sobre como ocurrieron los hechos", dice el comunicado.
El Ministerio anunció una investigación interna, en cabeza del Comandante de la III División y del Inspector General de las Fuerzas Militares, y pidió a Fiscalía y Procuraduría enviar una comisión especial a la zona para que adelante las investigaciones necesarias en materia penal y disciplinaria.
La líder Aída Quilcué iba a participar hoy justamente en una reunión de directivos de los cabildos indígenas.
Totoró sin Salvador… de Bahía.
Mientras el vicepresidente de Colombia, Francisco “Pachito” Santos Calderón salía victorioso en Salvador de Bahía, sosteniendo que en el documento de UNASUR “hay una mención explícita de rechazo a cualquier tipo de grupo ilegal armado que trate de subvertir el orden, sea de donde sea y venga de donde venga; vemos que es un avance y un paso muy importante”; la pregunta, ante la evidencia de los hechos y la sucesiva violación de los Derechos Humanos por parte del estado colombiano, es si no hará falta la suscripción de otro articulito, que también rechace y condene el terrorismo de estado que practica el gobierno colombiano.
O es que entonces qué es esa feria de sangre de los infaustos “falsos positivos”, el asesinato del interlocutor que piensa diferente y lo dice, las cifras inverosímiles de sindicalistas asesinados, o la persecución despiadada a las minorías, y su aniquilación, como en este caso, claro está, "por error". ¿O es que este es el orden que se quiere y el que no hay que subvertir?
La sangre vertida hoy por este indígena en un camino pantanoso y perdido de uno de los tantos sitios que se llaman Totoró, en Colombia, tiene que llamar la atención. No pueden valer menos los muertos del estado, que son los indios, que son los pobres, que son los olvidados, que los de las FARC o los del ELN. Hechos como este no son un simple avatar. Una casualidad tras otra dejan de ser casualidades, para ser cualquier otra cosa. Una estrategia deplorable, por ejemplo.
Juan Alberto Sánchez Marín
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