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Solidaridad con los trabajadores inmigrantes |
Una vez mas los medios de comunicación nos demuestran como los empobrecidos y los miserables de la Tierra en vez de ser dignos de toda nuestra solidaridad, siguen siendo criminalizados y perseguidos.
Todos aquellos trabajadores inmigrantes que hacen miles de kilómetros, jugándose la vida, muchos se quedan en el camino, para conseguir trabajar en un empleo más digno, se encuentran a pocos kilómetros una barrera, un verdadero telón de acero, una muralla de la vergüenza, custodiada por los dos lados por policías nacionales españoles y marroquíes, que hace infranqueable el poder mejorar su vida como cualquier trabajador y muestra que el castillo feudal puede esconder maravillosas oportunidades.
Espera que mas allá de la fortificación y del mar, pueda conseguir lo que minimamente busca cualquier trabajador, un empleo de donde pueda vivir el y sus hijos, al estilo de cómo lo venden las televisiones que le llegan a su vista. Con todo el consumismo que publicitan. El estilo de vida mercantilista que hace envidiar a la mayor parte del mundo tal como lo vende la televisión.
Por buscar esta meta, arriesgan su vida, son reprimidos por todas las policías que encuentran a su paso, si los pillan en Marruecos, los expulsan a Argelia, si los pillan allí, se los devuelve a estos. Si consiguen pasar la alambrada de la vergüenza, y son atrapados, los meterán en centros para inmigrantes, encarcelándolos como delincuentes, con un régimen de vida todavía peor que las cárceles, hasta que les llegue la hora de expatriarlos a su país o a saber donde.
Pero el Estado español, como gendarmes de la Unión europea en el estrecho, tiene que hacer el trabajo sucio evitando todo lo posible que no pisen tierras en la Unión Europea; para así, no tener que molestarse en confinarlos, por eso que mejor que utilizar terceros países con regímenes dictatoriales como Marruecos, Mauritania, que no tienen duda alguna que todo vale para tener contentos a sus aliados europeos y así, poder seguir siendo legitimados y subvencionados por estos.
Con este plan, nuestros hermanos trabajadores subsaharianos, deambulan en la miseria y clandestinidad buscando el momento de poder pasar al otro lado del muro. Y llegó el momento, estas lluvias dieron lugar a inundaciones, como agua bendita que arrasa con el mal, se llevó por delante aquello que le impedía una vida, al estilo europeo.
No podían dejarlo pasar, organizados con lo que podían en andanadas buscan atravesarla. Claro está, el gobierno llamado socialista obrero del Estado español, no escatima recursos en suministrar fuerzas armadas para evitar cualquier entrada, y si es necesario usar las armas.
Aun así, cuando la desesperación abruma todo el ser, se echa un órdago y se arriesga a por todas, a pesar de tener que enfrentarse a las armas, a los infrarrojos espías, aviones, helicópteros… que en tanto invierte el gobierno con nuestros impuestos para reprimir y menos para evitar el empobrecimiento y el hambre.
Pero que bien saben dar la vuelta a la tortilla, y mostrar a estos trabajadores urbanos y rurales como enormes enemigos, crueles y violentos, contra los que no pudieron hacer nada la guardia civil ni la policía, los cuales, armados hasta los dientes con nuestros impuestos, no dudan en disparar cuando les parece contra hombres desarmados, con su única fuerza, la de la ilusión por una vida mejor.
Por esta lucha por la vida, acusan a nuestros compañeros, los trabajadores del otro lado del mar de delincuentes, mientras que aquellos que cobran por disparar a seres humanos por buscarse la vida y aquellos que les mandan los ensalzan como defensores de la democracia y los derechos humanos.
Vergüenza tenía que dar al señor, presidente de Melilla, denunciar a estos trabajadores inmigrantes por su violencia, la de los empobrecidos de la Tierra, mientras él está siendo ejecutor y cómplice de los desmanes y el abuso de poder de las fuerzas armadas, ayudando a hacer “cacerías” por los barrios y los montes de su ciudad autónoma para atrapar al “negro andrajoso”.
No podemos olvidar nunca, ni dejarnos engañar por mucho que quieran manipularnos. Debemos tener claro, quienes son los opresores y quienes los oprimidos.
Cómo trabajadores zamoranos, que además tenemos mucho historial y mucha actualidad de emigración al extranjero o hacia las grandes ciudades ante la imposibilidad de poder trabajar en nuestra tierra, debemos solidarizarnos con aquellos obreros y campesinos que luchan para vivir toda su familia.
Cuantas familias que quedan en su pueblo esperando saber de su hijo, nunca podrán saber a ciencia cierta si fueron abandonados por el egoísmo enriquecedor de la tierra prometida de Europa o murieron en su intento, en el desierto o en el fondo del mar.
(mas...)

Etiquetas: conocimiento, inteligencia, memoria, monopolios, multitud, politica.
Cuatro inmigrantes fueron trasladados al centro de salud de El Mojón en el municipio de Arona, al sur de Tenerife, con síntomas de hipotermia y deshidratación, según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes-112). La Guardia Civil también participó en la operación.
Se trata de la segunda embarcación de estas características que llega a las costas canarias en lo que va de mes, la primera arribó la madrugada de este martes.
También se trataba de un cayuco que llegó a las costas tinerfeñas con 65 inmigrantes, entre ellos 20 posibles menores, interceptados a 95 millas al sur de la isla, según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Residen en centros propios o concertados por la Generalitat
Bautizado como Catalunya-Magreb, el programa prevé intervenir sobre los menores inmigrantes que quieran retornar a sus países de origen, como también para sus familias que siguen allá. Se les ofrece ayuda para el reagrupamiento.
Los menores, en su mayoría marroquíes aunque también de otros países del Norte de África, residen en centros propios o concertados por la Generalitat y bajo la tutela de la dirección general de Atenció a la Infància i la Adolescència.
Sólo siete han viajado ya a Tánger, ciudad donde el programa les hace un seguimiento
Las dificultades familiares y del entorno explican que la mayoría de estos menores no haya podido salir todavía de Catalunya, de manera que sólo siete han viajado ya a Tánger, ciudad donde el programa les hace un seguimiento mediante las entidades sociales que trabajan allá.
La mayoría de menores magrebíes que emigran aquí pertenecen a familias con dificultades económicas, si bien en su región no viven en malas condiciones.
Entre las clases populares de Marruecos es habitual que los niños hagan alguna aportación económica a la familia, de manera que tienen que dejar de estudiar. Padres e hijos lo aceptan como un mal menor. A todo ello se une la percepción de que en Europa pueden granjearse un futuro mejor. Esto dificulta que jóvenes y familias acepten retornar.
Pésimo resultado
"El resultado es pésimo", lamentó la ONG Save the Children, "porque una vez que cumplen la mayoría de edad su destino suele ser merodear por las calles", detallaron desde la ONG. Esta entidad criticó la parálisis política ante un problema que, desde hace lustros, crece al margen de datos fiables y medidas efectivas. El Departamento de Acción Social, responsable de la tutela de los menores, encajó la crítica sin aportar soluciones: "No podemos obligar a nadie a regresar y los incentivos que ofrecemos no bastan", resumió un técnico.
Además, criticó que a los menores con una orden de expulsión se les niegue el derecho a tener un abogado independiente y alertó de que la Junta de Andalucía pretende expulsar a un millar de menores que tiene bajo su tutela. Y es que la Junta se ha sumado a la apuesta iniciada por las comunidades madrileña y catalana de externalizar los centros de menores y ha anunciado que invertirá dos millones de euros en rehabilitar seis edificios en Marruecos, que acogerán a 500 menores. El Gobierno autonómico asegura que la iniciativa tiene “carácter preventivo”, para evitar que los menores arriesguen su vida en las pateras. Save the Children también se sumó a las críticas, reclamando que las comunidades autónomas dejen de segregar a los menores tutelados separando a los españoles de los extranjeros, práctica que dificulta la integración de estos últimos.
Por su parte, el Gobierno ha firmado, en los últimos meses, nuevos acuerdos con gobiernos de países del Sur para promover lo que llaman reagrupaciones familiares, el eufemismo con el que, según organizaciones sociales, enmascaran las expulsiones ilegales de menores. Así, el Ejecutivo español y el Gobierno de Senegal acordaron en julio un “marco de cooperación” cuya finalidad, disimulada entre medidas de prevención y asistencia, es agilizar las resoluciones para repatriar a los menores senegaleses.
Sin embargo, algunas organizaciones sociales están logrando parar estas deportaciones. Por ejemplo, un juzgado de Barcelona acordó este verano la suspensión cautelar de la repatriación de dos menores porque no existía ningún informe sobre quién podría hacerse cargo de ellos a su llegada a Marruecos.
El Defensor del Pueblo español también ha mostrado su preocupación ante las repatriaciones sin garantías por las que apuesta la Junta de Andalucía. La labor de organizaciones como DRARI (Cataluña) o la Coordinadora de Apoyo a Menores en Peligro (Madrid) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía respectivamente se hallan detrás de estas resoluciones. Las dificultades para las repatriaciones expeditivas han llevado a las autoridades competentes a emplear métodos al margen de la legislación.
El objetivo es quitarse de encima a cientos de menores, para que abandonen la región de manera voluntaria, y frenar el efecto llamada que, en su opinión, acarrearía velar por sus derechos y destinar más recursos a su asistencia. Así, la escasez y mal estado de las infraestructuras, la subcontratación de los centros a entidades privadas no especializadas y la falta de personal educador formado adecuadamente convierte los centros de menores en focos de conflictos. Esos mismos conflictos actúan como pretextos para que las instituciones criminalicen a los menores y reclamen más capacidad para expulsarlos.
Un ejemplo fue el debate que suscitaron en el País Vasco las agresiones sexuales cometidas este verano por menores tutelados del centro de Tolosa en Donostia y Villabona (Asturias). “El hecho en sí es condenable, pero generó tanto impacto por la particularidad de que los agresores eran marroquíes. La Diputación aprovechó para decir ‘a éstos los teníamos caladísimos, pero no nos dejan expulsarlos’, critica Peio Aierbe, de SOS Racismo Gipuzkoa. El Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) alertó también de que “la imagen social que a veces se transmite, especialmente cada vez que hay un conflicto que salta a la luz pública, es demoledora para los propios menores”.
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