El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en menos de siete meses ha presentado cuatro planes para amortiguar los efectos de la crisis económica. Ninguno de ellos es un auténtico plan de choque para hacer frente a la recesión, sino que en opinión de la inmensa mayoría de los expertos se trata de meros placebos para neutralizar sus consecuencias, pero no para atajar sus causas.
El último de estos planes va dirigido a facilitar el pago de las hipotecas de los parados, evitando de esta manera que se dispare el aumento de la morosidad de los bancos. Sin embargo, el auténtico problema que tiene la economía española es la falta de competitividad de nuestras empresas, y hasta que esto no se resuelva, difícilmente España podrá remontar la recesión en la que ha entrado de lleno.
No es la primera vez que sucede, la economía española entre 1992 y 1995 estuvo en recesión durante cinco trimestres consecutivos, los tipos de interés superaron el 14% (1992), el PIB se redujo un 1,1% en términos reales (1993) y, como recuerda el profesor Germà Bel, llegamos a casi cuatro millones de parados en 1994 (más del 24% de la población activa EPA) y el déficit público llegó al 6,6% (1995).
Los datos actuales son muy negativos y todo hace pensar que la situación podría llegar a ser mucho peor que en la crisis de los noventa. "Cada vez se parece más a la de los setenta, que coincidió con la muerte de Franco, cuando el gobierno presidido por Carlos Arias Navarro decidió no afrontar las causas, sino hacerla más digerible ante una situación política extremadamente complicada", recuerda el presidente de Freemarket, Lorenzo Bernaldo de Quirós.
Resulta difícil pronosticar la gravedad y la duración de la recesión actual, pero los datos -como afirma el director de estudios de Funcas, Ángel Laborda- son terribles. Según todos los indicadores adelantados, el próximo año la economía española podría retroceder un 1,5%. La tasa de desempleo se podría situar en torno al 17% como ha vaticinado el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, lo que equivale a cuatro millones de parados. El director de estudios del BBVA, José Luis Escrivá, ha adelantado que este año se superarán los tres millones, y en algunos organismos oficiales se susurra sotto voce que la tasa de paro en este ciclo bajista de la crisis podría llegar al 20%, lo que equivale a cerca de cinco millones de parados.
Todos los analistas consultados coinciden, sin excepción, en que las empresas están haciendo el ajuste reduciendo plantillas. Como afirma Juan Iranzo, del Instituto de Estudios Económicos, no les han dejado otra salida. En la medida en que las empresas han reducido sus márgenes como consecuencia del incremento de los costes financieros, laborales y de materias primas, necesariamente tienen que reducir sus gastos. Pero como existe una enorme rigidez a la hora de ajustar salarios a la baja, a causa de la falta de flexibilidad de la negociación colectiva, el reajuste de costes se está produciendo recortando las plantillas.
Ángel Laborda recuerda que los incrementos salariales, si se incluyen deslizamientos y el arrastre de las cláusulas de revisión, se sitúan por encima del 5%. La única manera de ajustar estos gastos es reducir la plantilla utilizando la no renovación de los contratos temporales, que afectan a más de tres millones y medio de personas.
Es decir, el presidente del Gobierno no está dispuesto a adoptar ninguna medida que sea impopular. Esto hace prácticamente imposible aprobar un auténtico plan de ajuste que permita a las empresas recuperar sus márgenes de beneficios y volver a invertir y crear empleo.
Por el contrario, toda las medidas adoptadas han ido dirigidas a estimular el consumo en un principio y posteriormente el funcionamiento del sistema de pagos del sistema financiero y por último a proteger a los parados de las consecuencias de la crisis.
Esta es la razón por la que el primer paquete de medidas giró en torno a la devolución de los 400 euros por contribuyente en el IRPF, el segundo en torno a la prometida eliminación del impuesto de patrimonio, el tercero fueron las ayudas a bancos y cajas para comprarles activos de calidad por 50.000 millones y darles avales por otros 200.000 y por último una serie de ayudas fiscales a los parados.
En conjunto se han movilizado unos 20.000 millones por encima del gasto previsto. Se trata de medidas que en opinión del presidente de la patronal van en la buena dirección pero son absolutamente insuficientes. La patronal quiere más dinero para inversiones públicas y más créditos subvencionados a través del ICO. Los sindicatos quieren más dinero para pagar a los parados y ayudar a los más desprotegidos. Es decir, todos ellos quieren que se utilice el sector público como locomotora para salir de la crisis.
Esto ha abierto una profunda polémica en el Gobierno y el PSOE sobre la ruptura de los estrechos márgenes fijados por la Unión Europea, que limitan el déficit público en etapas de crisis al 3% y la deuda al 60% del PIB.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se ha pronunciado abiertamente. No le importa el déficit si es para proteger a los ciudadanos. El propio presidente del Gobierno ha dejado claro que no le preocupa que este año el déficit se sitúe en el 3,5% (está previsto en el 2%) si con ello se protege a las familias: "El déficit siempre podremos pagarlo después, pero lo que no es posible es remediar la ruptura de una familia desestructurada como consecuencia del desempleo".
Ante estos planteamientos el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ya ha advertido que a España no le queda margen para adoptar más medidas. Es decir, trata de limitar el déficit público a los límites establecidos por Bruselas. En esta misma posición está el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que argumenta que incrementar el déficit no sirve de nada, ya que tenemos una economía que no es competitiva. Dice que en un mundo global el dinero público acaba en los países más competitivos y España no está entre ellos. En la misma posición está el comisario europeo Joaquín Almunia, que reclama ajustes aunque duelan.
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