El 31 de octubre el Comité de DDHH de la ONU presentó un informe crítico sobre los derechos humanos en el Estado español. Ningún gran medio lo reflejó. En su examen, de forma contundente y concisa, el Comité identifica varios elementos que evidencian un incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Referente a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Comité:
“…observa con preocupación que continúan denunciándose casos de tortura y que el Estado parte no parece haber elaborado una estrategia global, ni haber tomado medidas suficientes para asegurar la erradicación definitiva de esta práctica.
El Estado parte todavía no ha adoptado un mecanismo eficaz de prevención de la tortura, a pesar de las recomendaciones en este sentido de diferentes órganos y expertos internacionales.
El Estado parte debe acelerar el proceso de adopción de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, teniendo en cuenta las recomendaciones de los diferentes órganos y expertos internacionales, la opinión de la sociedad civil y de todas las organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura”.
Silencio absoluto
Pese a las grandilocuentes declaraciones de los representantes del Estado sobre su compromiso (no olvidemos que en los próximos días se presentará en público el ‘Plan Nacional de Derechos Humanos’), nada ha dicho el Gobierno español al respecto. Ha mantenido un absoluto silencio. Está dejando pasar el tiempo a la espera de que se olvide el informe y no hará nada que pueda desatar un escándalo. En esta labor de silenciamiento y ocultación de la información cuenta con el apoyo, más o menos explícito, de la mayoría de las fuerzas políticas del Estado y de los grandes medios de comunicación que, literalmente, no hablan del informe. Éste es un hecho que tendría que hacernos reflexionar sobre la calidad informativa en nuestro Estado.
Hace unos años, los diferentes gobiernos españoles, y con ellos los medios de comunicación mayoritarios, reaccionaban virulentamente, con negaciones y descalificaciones, frente a cualquier informe que osase cuestionar la verdad oficial: “En España no hay tortura”, ya fueran organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional o Human Rights Watch) como instituciones de Naciones Unidas o del Consejo de Europa.
Por poner un ejemplo, recordemos la reacción ante el informe de 2003 de Theo van Boven, ex relator especial de la ONU para la Cuestión de la Tortura, y su ratificación tras su visita al Estado en octubre de ese año.
Estas campañas de desprestigio no solamente no impidieron que los siguientes informes fuesen menos críticos sino que, al contrario, cuestionaron la credibilidad de los gobiernos y medios que así reaccionaban, por ello, unos y otros, el Gobierno y los medios mayoritarios, han cambiado de táctica: cualquier informe que afirme o insinúe que en España se practica la tortura, siquiera sea por no negarla rotundamente, será ignorado… o lo que es peor, manipulado, de forma que se sacarán de contexto determinadas frases que harán irreconocible el informe original.
Esto, que ya ocurrió con las Conclusiones Preliminares del Relator Especial de ONU sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra el Terrorismo, publicado en mayo de 2008, ha vuelto a suceder con el nuevo informe del Comité de DDHH de la ONU.
Sólo algunos medios en Euskal Herria y los medios alternativos (escritos como Triangle o Diagonal, o electrónicos como La Haine, Kaosenlared, Rebelión, etc.) se hicieron eco del informe. Los grandes grupos mediáticos no han publicado absolutamente nada.
Centro de Documentación contra la Tortura
Jorge del Cura
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conocimiento, medios, memoria, multitud, politica, violencia.
Anónimo
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lunes, 01 diciembre, 2008
La cuestión vuelve a estar presente hoy cuando se nos quiere imponer otro paradigma conservador, la sabia e inexorable racionalidad del mercado como si el mercado fuera libre y no estuviera dominado por los más poderosos. Thomas Frank, en su reciente libro One Market under God [Un mercado a las órdenes de Dios] ha desvelado con sagacidad las falacias de esa explicación básicamente pueril. El modelo se basa en el principio del trickle down: los gobiernos deben dar dinero y libertades a los ricos para que, de alguna manera ‘misteriosa’ –Frank habla de la teología del mercado– terminen llegando a los pobres. El informe del año 2005 del Population Reference Bureau documenta que la mitad de la población mundial vive con menos de dos euros al día y que la desigualdad básica sigue creciendo. Pero ahora vivimos en la globalización, que cambia nuestras perspectivas metodológicas.
La globalización es el tercer capítulo de la historia del capitalismo. El primero fue el capitalismo de Estado, el colonialismo, ejercido por estados poderosos sobre otros más débiles, para apoderarse de sus riquezas. El segundo capítulo lo constituye la protección de los estados a las empresas. En la globalización, el tercer capítulo, los protagonistas son las empresas multinacionales que gozan de la protección del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y, especialmente, del Tratado Mundial de Comercio, para prevalecer sobre los intereses de los Estados en los que van asentándose. Este capítulo representa el momento de más amplia libertad del capital no ya para franquear las fronteras sino para imponerse a los países cuyas leyes laborales y ambientales vulneran. Esa libertad permite un entramado organizativo que va desde la extraterritorialidad fiscal a la creación de paraísos en los que esconder su dinero, pasando por la sobrevaloración del sector financiero y, siempre, por la explotación de los países que recorren.
En la globalización hay un poder económico predominante, las empresas multinacionales y dos poderes políticos, uno el constituido por esas tres entidades, de escaso carácter democrático, a favor de las empresas y otro, la ONU, cada vez más débil, objeto del antagonismo e incluso del desprecio de los EE UU. La ONU, depositaria de un poder legal internacional, carece de medios y de legitimación real para ejercer esas funciones y asiste, prácticamente inerme, al creciente proceso de deterioro y desigualdad de la población y el hábitat mundial.
La desigualdad no es solo Norte- Sur. En EE UU hay 48 millones de habitantes sin seguro de enfermedad. Pero es en el Sur donde la desigualdad y las carencias crecen.
Otra lógica
Frente a esta lógica capitalista, que todo lo fía al principio de la libertad de mercados, y su corolario, la privatización, incluso de servicios básicos, emerge la lógica de los derechos humanos, que también ha tenido su evolución. Primero fue el reconocimiento de la igualdad básica de las personas, con la abolición de la esclavitud. Después, la protección de los derechos políticos de las minorías raciales y de género. Paralelamente surgieron los derechos humanitarios, con la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra, las víctimas de calamidades, etc. Y ahora, una tercera generación de derechos básicos, a la salud, a la educación, a la vivienda...
Los derechos básicos incluyen los bienes comunes, como la calidad del aire que respiramos, del agua que bebemos y que debían concitar la acción de los estados y, finalmente, de la ONU, para impedir tanto la privatización de esos bienes como la adopción de medidas coercitivas y de control para hacer posible esa lógica de los derechos humanos hasta ahora desatendida. Porque no se trata de que la educación, la salud o la vivienda sean gratis. Pagamos muchos servicios a través de los impuestos, sobre todo los impuestos indirectos. Tampoco se niega la utilización de tasas por uso de servicios públicos, según el modelo tradicional de las llamadas utilities en el modelo anglosajón. Lo que afirmamos es que los derechos humanos no deben ser objeto de negocio, de especulación, deben estar extra commercium.
Es una confrontación inevitable entre ambas lógicas, la del mercado y la de los derechos humanos respecto de la cual hay que tomar partido, a partir de una buena información previa. De sobra sabemos que los poderes más concluyentes no quieren que se sepa mucho sobre ellos y alquilan gentes no tanto para explicar cuanto para disfrazar. Para los más poderosos incluso la mejor información es ninguna y la mejor situación, la opacidad de sus asuntos, disfrazados por ejercicios de simplificación mediática. Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, Bush aconsejó a los neoyorquinos que salieran de compras, como el mejor ejercicio de superación de la tragedia.
Los derechos humanos son la versión última, más completa en la larga historia de las reivindicaciones ciudadanas, especialmente porque tienen que ver no solamente con que se respeten tu propiedad o tus derechos civiles, sino con que la sociedad acepte y proteja derechos básicos escasamente reconocidos hoy, en un mundo donde el hambre, la pobreza, la desigualdad y la opresión siguen estando tan presentes.
Abrazar la causa de los derechos humanos significa, simplemente, ayudar a los que los necesitan bien porque no los disfrutan o porque los tienen gravemente cercenados. El paso siguiente, comprometerse en esa causa, resulta casi inevitable sin necesidad de ampararse en definiciones políticas previas.
El problema con la protección de los derechos humanos es su dificultad legal y económica. Hay más de 300 documentos internacionales y nacionales sobre protección de derechos humanos. Pero muchos no se cumplen, bien por inacción de los Estados, bien por ausencia de autoridad internacional ejecutiva o, en la mayoría de los casos, por falta de dinero.
Por señalar un sólo ejemplo, los niños. Aunque existe una Agencia Internacional, Unicef, para su atención, más de 25.000 niños menores de cinco años mueren al día por desnutrición, falta de agua potable, malaria. Los estudios socioeconómicos ponen de relieve la relación de esta tragedia con problemas estructurales de la comunidad internacional que todavía no tiene medios para enfrentarse eficazmente con estos agujeros negros del progreso.
Alberto Moncada
Presidente de Sociólogos Sin Fronteras
Anónimo
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lunes, 01 diciembre, 2008
Desde ese primer naufragio, unas 18.000 personas identificadas han fallecido intentando llegar a las costas españolas desde ese primer naufragio, 442 de ellas en el último año, según cálculos de estas asociaciones.
Por ello, 'Andalucía Acoge', APDH Campo de Gibraltar y 'Algeciras Acoge' denuncian la "intolerancia de los sucesivos gobiernos tras veinte años de muertes en el Estrecho".
"Se ha ignorado una realidad social que afecta cada año a más miles personas y que necesita acciones concretas por parte del Gobierno español y de los países enriquecidos", aseguran.
'Andalucía Acoge' critica además el hecho de que las únicas medidas tomadas para atajar la inmigración ilegal se han centrado en "el endurecimiento de las políticas migratorias, y no en el desarrollo de políticas económicas y sociales de atención a los países empobrecidos, que garanticen un reparto equitativo de las riquezas y un proyectó vital estable".
Anónimo
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lunes, 01 diciembre, 2008
El ex jefe del gobierno de España, José María Aznar, tuvo conocimiento desde un principio acerca de los viajes ocultos que realizaba Estados Unidos (EE.UU.) para el traslado de presos a la base de Guantánamo usando el espacio aéreo de España, así lo dio a conocer este domingo el rotativo El País.
El medio impreso señala un informe secreto, a través del cual la embajada de EE.UU. en España, informaba al gobierno español sobre el procedimiento aéreo que transportaba prisioneros entre Avión C-17 de la Fuerza Aérea de EE.UU.
El documento, que tiene fecha del 10 de enero de 2002, estuvo a cargo de Miguel Aguirre de Cárcer, ex director general de Política Exterior para América del Norte de la Cancillería, quien lo remitió de manera oculta al ministro Josep Piqué y al secretario de Estado, Miguel Nadal explicándoles que las naves empleadas serían de largo alcance y sin escalas.
El informe destaca que Washington pidió autorización al gobierno español para utilizar alguno de sus aeropuertos para eventuales aterrizajes de emergencia por causas imprevistas, lo que resultaba sorprendente por superflua -subraya El País-, pues nadie necesita una autorización previa para un caso de ese tipo, ya que le amparan las reglas internacionales de aviación.
El gobierno de Aznar "sabía que los aviones de Estados Unidos que sobrevolaban y hacían escala en España llevaban a bordo a personas detenidas en condiciones cuya legalidad era más que dudosa", destaca el diario español.
Según el documento, además de España, la petición de EE.UU. fue realizada también a los gobiernos de Turquía, Italia y Portugal.
El informe secreto señala el despegue de un avión C-17 de la Fuerza Aérea de EE.UU. desde Kandahar, en el sur de Afganistán, con 23 acusados de terrorismo en su interior.
Al aterrizar en la base de Guantánamo, los trasladados "estrenaron el siniestramente famoso campamento Rayos X, con sus celdas como jaulas, los monos de color naranja, las gafas para cegar y las cadenas para inmovilizar manos y pies", destaca El País.
Detalla asimismo, que la nave C-141, con el indicativo RCH7502, procedía de LEMO (denominación de la base española de Morón) y se dirigía a MUGM (Guantánamo) y registró su salida el 11 d enero de 2002 a las 13:14 GMT desde Kandahar.
El gobierno español reconoció que entre 2002 y 2005, unos 11 aviones aterrizaron en sus aeropuertos procedentes o con destino a Guantánamo, en tanto 13 aeronaves sobrevolaron su espacio aéreo.
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