Gobierno y oposición inician la reforma del sistema de pensiones. El acuerdo podría reducir el importe de las prestaciones hasta en un 30% si, finalmente, deciden calcular la prestación en función de toda la vida laboral. De momento, coinciden en rebajar la pensión media en 60 euros (un 5% menos).
Gobierno y oposición inician la reforma del sistema de pensiones. Aunque la propuesta es ampliar a 20 años el periodo cálculo de la cotización, lo que bajaría las pensiones una media de 60 euros, las dos formaciones han defendido en los últimos años ampliar el cálculo de las pretaciones a toda la vida laboral, lo que reduciría su importe un 30%.
El pasado 14 de octubre, el presidente del Gobierno y el lider de la oposición acordaron –en una reunión celebrada para hablar de los reales decretos anti-crisis del Gobierno- revitalizar el Pacto de Toledo, con el objetivo de garantizar el futuro del sistema de pensiones.
Para dar una base estadística al proceso de negociaciones, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, publicó un informe en el que avisaba de la insostenibilidad del actual sistema de aportaciones a la Seguridad Social a largo plazo. La conclusión principal del estudio era que las pensiones de los menores de 50 años no están garantizadas.
Con estos precedentes, la comisión parlamentaria que estudia periódicamente la evolución del sistema público de pensiones se reunió el pasado jueves y la principal conclusión que se extrae de las intervenciones de los portavoces de las distintas formaciones políticas es que se aprobarán reformas de calado.
En concreto, se considera muy probable, según las fuentes consultadas, que se apruebe la ampliación del periodo de tiempo que se usa para calcular la cuantía de la pensión. En la actualidad el plazo es 15 años –los últimos de la vida laboral- y la intención de PSOE y PP es aumentarlo hasta los 20 años de forma gradual.
Este compromiso, que se denomina “la contributividad del sistema”, ya se encuentra en el documento fundacional del Pacto de Toledo, pero en los últimos años se había dejado en un segundo plano por la oposición de algunos partidos políticos y de los sindicatos.
Y es que aprobar esta medida podría tener un alto coste electoral, ya que reduciría la cuantía media de las pensiones.
Según revela un informe elaborado por Labour Asociados para la Seguridad Social, “el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas, un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años”. La consultora estima en más de un 5% la reducción, alrededor de unos 60 euros, a los que habría que sumar otra reducción del 5% aprobada en la reforma de 1997. Es decir, en total, las últimas reformas del sistema (si sale adelante la actual propuesta) rebajarán hasta un 10% el importe de las pensiones de los españoles.
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Anónimo
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miércoles, 26 noviembre, 2008
Trabajo ha explicado que, al igual que viene sucediendo en meses anteriores, los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe de 1.000 millones de euros, motivo por el que disminuye el superávit.
Asimismo, el Ministerio señala que este resultado se reducirá en diciembre como consecuencia de la paga extraordinaria a los pensionistas, funcionarios y trabajadores de la Seguridad Social, cuyo importe rondará los 5.900 millones de euros, y a la paga a los pensionistas por la desviación de la inflación en 2008.
En términos de caja, estas operaciones no financieras se concretaron en una recaudación líquida de 102.573,3 millones de euros, con un aumento del 8,9% respecto al ejercicio anterior, mientras que los pagos se incrementaron un 9,6%, hasta 84.193,3 millones de euros.
Del volumen total de ingresos, el 90,48% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes a la Seguridad Social, y el 9,52% restante a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por su parte, el 89,74% de los pagos fue realizado por las entidades gestoras y el 10,26%, por las mutuas.
Los ingresos por cotizaciones suben un 5,5%
Los ingresos por cotizaciones sociales han sumado en los diez primeros meses un total de 90.083,6 millones de euros, un 5,5% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayor parte de los ingresos por cotizaciones correspondieron al Régimen General, el más numeroso del sistema, con un montante de 65.853,9 millones de euros, un 5,6% más. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se recaudaron 8.850 millones (+8,6%), mientras que los ingresos por cotizaciones en el Régimen Especial Agrario (REASS) alcanzaron los 819,2 millones de euros, con un descenso del 29% respecto a los diez primeros meses de 2007.
El Régimen Especial de Empleados de Hogar ha aportado 412,8 millones en cotizaciones, un 1,7% más, el del Mar recaudó 252,7 millones de euros (+0,4%) y el del Carbón ingresó 162,9 millones de euros (+0,7%). Por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se recaudaron 6.878,5 millones de euros (+0,5%) y por cuotas de desempleados, 6.853,3 millones de euros (+13,1%).
En el conjunto del año, la Seguridad Social prevé ingresar un total de 104.615,49 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, los ingresos por cotizaciones representaban a finales de octubre el 86,11% de lo previsto para todo 2008.
Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron 8.890,8 millones de euros hasta octubre, lo que representa un incremento interanual del 13,9%. Los ingresos patrimoniales registraron una variación interanual del 37,9%, hasta alcanzar los 2.513,9 millones de euros. Esta evolución se debe fundamentalmente al incremento de los intereses generados por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Más de 73.000 millones para pensiones contributibas
En el capítulo de gastos, los pagos por prestaciones económicas a familias e instituciones ascendieron a 76.388,2 millones de euros en los diez primeros meses. De este montante, la mayor partida, 73.619,5 millones de euros, ha correspondido a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento del 8,1%, habiéndose reconocido en el mes de octubre por este concepto prestaciones por importe de 7.118,2 millones de euros.
Dentro del sistema contributivo, se destinaron 66.184,2 millones de euros al pago de las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares), lo que supone un 8,1% más. El gasto en incapacidad temporal fue de 5.168,1 millones de euros, con un aumento interanual del 3,5%.
Por su parte, las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo crecieron en el periodo enero-octubre un 26,7%, hasta situarse en 1.788,9 millones de euros. A finales de octubre, las pensiones y prestaciones no contributivas registraron un importe de 2.768,7 millones de euros, con un crecimiento interanual del 9,6%.
Anónimo
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miércoles, 26 noviembre, 2008
En su comparecencia cuatrimestral en el Congreso, Ocaña ha señalado que entre enero y octubre de este año, los ingresos del Estado cayeron el 17,4%, hasta los 116.739 millones de euros, mientras que los gastos aumentaron el 10,3% respecto al mismo periodo de 2007, hasta 125.324 millones de euros.
En términos de caja, una metodología contable en la que se anotan los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante ese periodo, el estado alcanzó en los diez primeros meses del año un déficit de 6.818 millones, el 0,62% del PIB.
La recaudación neta por ingresos no financieros, que aportan datos tanto del Estado como de las entregas a cuenta de las Administraciones Territoriales, fue de 162.954 millones, el 11,6% menos que en 2007.
Ocaña destacó que el impacto de las rebajas fiscales aplicadas este ejercicio junto con los cambios normativos introducidos en los últimos meses es de 14.900 millones. Además, subrayó el esfuerzo de la Administración en adelantar las devoluciones que calculó en alrededor de 1.600 millones de euros.
En total, indicó que la inyección de liquidez hasta octubre asciende a 16.500 millones, el 1,5% del PIB. Por otra parte, la recaudación por impuestos directos se elevó a 89.751 millones, con un descenso del 14,2%.
El IRPF cayó el 1,5%, debido al descenso del primer plazo de la declaración de la renta de 2007, de la rebaja del tipo efectivo asociada a la reforma del IRPF, así como al aumento del número de devoluciones.
El Impuesto sobre Sociedades bajó el 34,6%, como consecuencia de los cambios normativos y de la desaceleración de los resultados empresariales. Asimismo, la recaudación por impuestos indirectos alcanzó los 62.156 millones, el 10,3% menos que en 2007.
En el IVA, la recaudación se elevó a 43.226 millones, el 14% menos si se compara con el ejercicio anterior, debido a la contracción de la actividad de las pymes, al nuevo régimen para los grupos de entidades y al esfuerzo por agilizar las devoluciones.
Además, los impuestos especiales alcanzaron los 16.332 millones, con un aumento del 4,8% en la recaudación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y un descenso del 4,3 por ciento del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Los pagos no financieros alcanzaron los 119.458 millones, el 5,5% más, mientras que los gastos no financieros ascendieron a 15.535 millones, el 9,6% más.
Los pagos por gastos de personal se elevaron a 19.973 millones, el 6,7% más y las transferencias corrientes aumentaron el 5,6 por ciento, hasta los 67.316 millones.
A finales de octubre, el Estado tenía una necesidad de endeudamiento de 15.250 millones, mientras que en el mismo periodo de 2007 tenía una capacidad de endeudamiento de 10.990 millones.
Durante su intervención, Ocaña destacó la política fiscal "agresiva" del Gobierno para combatir la crisis y admitió la situación económica "difícil" que se está viviendo, con un entorno internacional "pésimo" y un ajuste en España "previsible, pero más intenso de lo pronosticado".
Anónimo
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miércoles, 26 noviembre, 2008
Durante unas jornadas organizadas por "The Economist", Solbes reconoció que las cifras del cuadro macro "no tienen nada que ver" con la realidad actual, pero insistió en que siguen siendo válidas y cumplen una función estabilizadora.
Así, aseguró que se trata de unos PGE "selectivos" en el gasto, que priorizan inversiones en infraestructuras e I+D, mantienen los compromisos sociales e incorporan un esfuerzo de austeridad en otras partidas.
Además, añadió que España está esperando las medidas que adoptará este miércoles la Comisión Europea, pero recordó que la economía española tiene "poco margen de actuación fiscal" que, no obstante, aseguró que se aprovechará "en la medida de lo posible". "Creo en el sano ejercico de los límites", reiteró.
Sobre la morosidad
De otro lado, Solbes, reconoció que el incremento de la morosidad puede afectar a los resultados de algunas entidades, aunque sin llegar a poner en cuestión su solvencia.
Aseguró que el incremento de la morosidad es "preocupante", a pesar de que aún se encuentra en cifras similares a los de otros países europeos y por debajo del 3%.
No obstante, Solbes resaltó una vez más la "robustez" del sistema financiero español y de unas entidades con cuentas sólidas que pueden asumir el impacto de la reducción de actividad.
Recientemente, el Banco de España también advirtió de que el continuo aumento de la morosidad incidirá en la cuenta de resultados de bancos y cajas, obligándoles a realizar "mayores provisiones específicas" para cubrir los impagos.
Por ello, el antiguo banco emisor, en su último informe de estabilidad financiera, indicó que las entidades deberán mejorar su eficiencia de costes con medidas como el aprovechamiento de economías de escala derivadas de eventuales procesos de "consolidación bancaria".
"Hay elementos de tensión que soportarán las cuentas de resultados, relacionados con menores volúmenes de actividad, mayores costes de financiación y con el impacto de los impagos a través de provisiones específicas", sostiene el informe del Banco de España, que resalta lo importante de que "las entidades intensifiquen sus esfuerzos por aumentar su eficiencia de costes" en este contexto.
Anónimo
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martes, 06 enero, 2009
Los partidos políticos con representación parlamentaria deben renovar esta legislatura el Pacto de Toledo, firmado en 1995 y que establece las bases del sistema de pensiones español. Aunque se renovó en 2002, el Gobierno y el PP quieren modificarlo, ya que según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, las pensiones de los que tienene menos de 50 años no están garantizadas.
El objetivo de los dos principales partidos es cambiar el sistema de cálculo de la pensión, ampliándolo a toda la vida laboral del trabajador. En la actualidad el plazo es de 15 años –los últimos antes de la jubilación- y la intención del PP y el PSOE es aumentarlo cada dos años en 12 meses, de forma que dentro de 20 o 30 años el cómputo del cálculo abarque ya toda la vida laboral.
Un informe elaborado por la consultora Labour Asociados para la Seguridad Social admite que "el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años". Así, un aumento de 10 años en el modelo implicaría una rebaja cercana al 10%, si se suman los efectos de la reforma de 1997.
Pero si se extiende el plazo a toda la vida laboral –unos 45 años- los efectos sobre el dinero que reciben todos los meses los jubilados sería devastador. Un estudio publicado a este respecto por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revela que la rebaja respecto a las cantidades actuales alcanzaría, al menos, el 30%.Por lo tanto, habrá que estar atentos a las reuniones de la comisión parlamentaria que debate estas cuestiones. De momento ya existe borrador de la reforma y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con el líder del PP, Mariano Rajoy, quieren hacer de esta cuestión una de sus principales prioridades en el futuro.
Este enfoque quedó patente en el encuentro que mantuvieron ambos en La Moncloa el pasado 14 de octubre, según señaló el presidente del Ejecutivo en rueda de prensa tras el encuentro."Hablar de todo lo que reúna consenso"
En el PSOE lo tienen claro, todo es negociable cuando del futuro de las pensiones se habla. La portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, explica que la intención de su grupo de "hablar de todo lo que reúna consenso".
Por este motivo, elude mencionar propuestas concretas, aunque sí reitera que se debe hablar del cómputo de la pensión, recordando que el Pacto de Toledo habla de una mayor contributividad "no de toda la vida laboral". Ahora es el momento de acordar cómo se logrará este objetivo.
Por su parte, el portavoz del PP, Tomás Burgos, recalca que cualquier medida que se adopte exige "un desarrollo conjunto y equilibrado para no desnaturalizar el Pacto de Toledo".
En cuanto a la ampliación de vida laboral, Burgos recuerda que en esta legislatura se debe fijar la fórmula gradual. En todo caso, dijo, el objetivo es "no perjudicar a los que están a punto de jubilarse ni a los que comienzan a cotizar". Burgos recalcaque "no se puede perjudicar a los que están a punto de jubilarse ni a los que comienzan a cotizar".
Asimismo, Burgos considera imprescindible concienciar a la sociedad de la necesidad de los planes complementarios a las pensiones públicas, porque "el último salario y la pensión se van a ir separando". En este capítulo el PP pide al Gobierno que fomente el ahorro con un mejor tratamiento fiscal. En cuanto a prolongar la vida laboral más allá de los 65 años, el PP cree que las bonificaciones deben orientarse a apoyar a colectivos con dificultades para encontrar trabajo. En ningún caso, fomentar el anticipo de la jubilación con recursos públicos. Sobre las cotizaciones, desde el PP se considera "difícil tocarlas", porque, a su juicio, con cotizaciones más bajas se destruye empleo.
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, insiste en que todas las reformas se han hecho buscando la equidad y hacer sostenible el sistema. También defiende fórmulas graduales para ampliar a la vida laboral, y que se busquen "estrategias" para que cada vez más trabajadores tengan un plan de pensiones. Por ello, no ve mal la reforma que se hizo en Suecia, donde se decidió que dos puntos de los cotizaciones de cada trabajador fueran a un plan de pensiones. También defenderá una reforma "integral" de la pensión de viudedad y que no se discrimine a los trabajadores por su edad.
Finalmente, los sindicatos recuerdan a los partidos que todavía quedan puntos del Pacto de Toledo por desarrollar, como es la equiparación de los regímenes del sistema o el tratamiento a la jubilación anticipada, recuerda el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
Y el responsable de CCOO, Salvador Bangueses, dice que "no tenemos ningún problema para ampliar el periodo de cálculo. Se trata de ver los datos", aunque considera que ahora mismo "no es una necesidad". Eso sí, recalca, lo que se haga que sea de forma gradual, porque ahora la estabilidad laboral es peor.
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