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Derechos humanos no se negocian |
La ONU advirtió al Gobierno de Colombia que los "derechos humanos no se negocian" y lo instó a modificar un proyecto de ley de reparación a las víctimas del conflicto el cual tiene "vacíos" con respecto a los estándares internacionales.
En una entrevista que publica este sábado en el diario El Tiempo, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, dijo que "lamentablemente" hay situaciones en las que los agentes del Estado han sido victimarios en forma amplia y por eso se debe también buscar la reparación de esas víctimas.
"Es que los derechos humanos no se negocian. En este caso es como negociar el cambio de una legislación internacional. No se negocia", advirtió el funcionario del organismo internacional.
Asimismo, añadió que existen varios vacíos en la propuesta de reparación de víctimas con respecto a los estándares internacionales.
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Etiquetas: conocimiento, memoria, multitud, politica, violencia.
Anónimo
Es importante reconstruir y procesar los hechos, porque es tal la velocidad de los acontecimientos y es tan grande el poder de manipulación de los medios de comunicación -creando "realidades virtuales" a cada minuto-, que es fácil perderse en ese panorama.
Recuento histórico de los hechos recientes
- Las "parafinancieras" (pirámides) llevaban más de 4 años alimentándose de recursos legales e ilegales de una gran porción de la población colombiana.
- En el último año y medio, una de ellas, DMG logra posicionarse a nivel nacional e internacional aprovechando las fisuras de la precaria legislación nacional y de la complaciente conducta del Estado y de la sociedad.
- El gobierno no actuó oportunamente porque sabía que los principales dueños, "accionistas" y perpetradores de esas operaciones eran sus principales aliados en la guerra contra las FARC.
- Entre julio y septiembre de 2008 varios dueños de pequeñas pirámides habían desaparecido con los depósitos de miles de personas en varias partes del país.
- El 7 de noviembre el representante de DRFE, anuncia en rueda de prensa en Pasto (Nariño) que no podía seguir pagando intereses del 150% y que los bajaba al 70%. Los medios de comunicación lanzan una ofensiva mediática que provoca el pánico de los "inversionistas", aprovechando que en la semana anterior ya se habían caído otras pirámides, sobre todo en el Valle del Cauca.
- En las multitudinarias concentraciones que se forman frente a las sedes de las "pirámides" se estimula y provoca toda clase de motines y saqueos, en donde aparecen agentes policiales como los principales actores y provocadores.
- En los días siguientes, la mayoría de los "ahorradores" del común, que hasta el momento creen ciegamente en el cumplimiento de los captadores ilegales –sintiéndose manipulados–, reaccionan rápidamente apuntándole a tres grandes objetivos: respaldar a "sus empresas", rechazar las medidas del gobierno, e identificar como los orquestadores del pánico, y por ende, los beneficiarios directos, a la banca oficial y a los medios de comunicación ligados a ella.
(Es importante resaltar cómo en forma espontánea la gente identifica al grupo AVAL (Luis Carlos Sarmiento Angulo) como el gran inspirador e instigador de esa estrategia, dado que lo relacionan con la declaratoria de "conmoción interior" contra el paro judicial. Igualmente, la población ha señalado el papel de los medios de comunicación como determinante en los acontecimientos, y en especial culpan a RCN y a CARACOL como principales causantes del pánico y por estimular la reacción impulsiva de los ingenuos "ahorradores").
- El gobierno declara la emergencia social, emite las medidas "legales" y administrativas, y lanza una ofensiva judicial, política y mediática, de carácter nacional e internacional, básicamente contra el dueño de DMG, olvidándose en lo absoluto de los demás actores de esta tragicomedia.
¿Qué podemos sacar en claro de todo este asunto?
1. El gobierno aprovechó la crisis de las pirámides menores para hacer caer estrepitosamente una de las pirámides más grandes (DRFE), pero su objetivo principal era realmente DMG.
2. No hay el más mínimo interés en proteger los intereses de los "ahorradores o "inversionistas". Es lo que menos les interesa a los funcionarios del gobierno, y mucho menos, a los grandes grupos financieros.
3. Ellos sabían que la mafia –surgida y alimentada en sus entrañas-, estaba poniendo en riesgo, o por lo menos, compitiendo agresivamente con su sistema financiero. Aún teniendo las armas legales, el gobierno decide violar su propia legalidad.
4. Recurren entonces al autogolpe de Estado, declaran la "emergencia social", y se lanzan por el camino dictatorial. Así podrían actuar con toda la rapidez, la contundencia y obtener la publicidad que necesitaban. Quieren construir un nuevo "enemigo público" para seguir posando de "defensores de la patria".
5. Todas las medidas tomadas como las anunciadas contra "prenderías" (compraventas) y todo tipo de mercado financiero paralelo (legal e ilegal), apuntan a fortalecer su sistema bancario.
6. La mayoría de los "ahorradores" estafados, las personas relacionadas con las empresas "parafinancieras" (empleados y proveedores) y la población en general, no le creen al gobierno, desconfían de la forma como ha actuado, y alimentan sentimientos de escepticismo y desesperanza. Se preparan paros cívicos y otras formas de protesta ciudadana.
7. Esa situación, sumada al descubrimiento del asesinato de cientos de jóvenes para ser presentados como "falsos positivos", y la forma como se han manejado los conflictos sociales (paros laborales, marchas indígenas y estudiantiles, etc), contribuye con el derrumbe del "embrujo uribista". Hay un creciente descontento y se percibe el desgaste del gobierno.
Interrogantes
¿Cuál es el verdadero objetivo del gobierno de Uribe al acudir a medidas de emergencia? ¿Qué intereses se mueven debajo de las apariencias? ¿La cúpula criminal del régimen está comprometida con estas "empresas"? ¿Están urgidos de silenciar al dueño de DMG, negociar con él, y tapar los vínculos con el establecimiento oficial? ¿La "confianza inversionista" requiere nuevas y publicitadas "operaciones jaque"? ¿Qué presiones se hicieron por debajo de la mesa?
¿O la intencionalidad es superior? ¿Será que ante la evidencia de que su segundo mandato ya está bastante complicado, que advierten un panorama oscuro para el futuro de la reelección de Uribe, y que los crímenes que han cometido no les permiten ni siquiera pensar en abandonar el poder, estarán preparando ambientes propicios para afrontar su "propia hecatombe"? ¿Acudir en forma reiterada y continua a la figura de los estados excepcionales, como son la conmoción interior y la emergencia social, tienen la intencionalidad de acostumbrar a los colombianos a la utilización de esos instrumentos dictatoriales?
Nada de raro tendría que la mente criminal de la pareja Uribe-Gaviria (Obdulio) produjera esas estrategias. Ellos saben que su caída será vertical, muy al estilo de las pirámides financieras.
Conclusiones y propuestas
Las fuerzas democráticas no podemos desconocer la gravedad y la importancia de estos hechos. Debemos profundizar en las causas de un fenómeno social, económico, político y cultural como el que ha explotado al interior de este régimen mafioso. Sin embargo, hay que actuar ya!, con claridad frente al problema.
Me permito sugerir algunas ideas, que en gran medida ya han sido planteadas y asumidas por algunos demócratas claros y diligentes. Más que liderar las protestas, lo que hay que ayudar es a clarificar los objetivos. Me atrevo a plantear algunos:
a) Ayudar a diferenciar entre los intereses de la población incauta y necesitada de soluciones económicas, y los intereses de los dueños y perpetradores del negocio ilegal. Debemos plantear que los captadores ilegales de dinero tienen que devolver los recursos y deben pagar su delito. Paralelamente debemos hacer ver que el gobierno, con su actuación errada, es el que les ha ayudado a los delincuentes a "escurrir el bulto".
b) En esa tarea debemos cuidarnos de asumir posiciones moralistas. No le ayudemos al gobierno a construir el "nuevo enemigo público" y aparecer como el "gran adalid contra el delito". De alguna manera los "hijos descarriados y no reconocidos del establecimiento" son víctimas, pero a la vez, instrumentos, de los grandes poderes mafiosos y financieros.
c) Identificar la responsabilidad del gobierno, de funcionarios gubernamentales específicos, tanto por su inacción, complicidad y falta de defensa de los "ahorradores" como por la forma como ha manejado el asunto. Ellos son co-responsables de esta situación. Hay un costo político, administrativo, judicial y patrimonial que deben pagar.
d) Demostrar en forma indiscutible que el gobierno es el agente, administrador y protector de los intereses de los grandes capitalistas nacionales e internacionales, dueños del sistema financiero.
e) Ayudar a que sea la población la que vaya construyendo las salidas políticas. Por ejemplo, de nada sirve pedir -en forma apresurada e inoportuna- la renuncia de Uribe, sin que ello esté respaldado por un sentimiento generalizado. Hasta ahora empieza el verdadero desgaste de este gobierno, hay que ayudar a profundizarlo. No caigamos en oportunismos que nos aíslan de las masas.
f) Desarrollar toda clase de acciones para acelerar la pérdida de credibilidad que vienen sufriendo los grandes medios de comunicación que están al servicio de los grandes monopolios. Esa credibilidad ya está en entredicho. Sin recurrir ni a la violencia ni al boicot, debemos diseñar métodos creativos para que las grandes mayorías sean conscientes de esa parcialidad informática y de su importante papel mediático al servicio de un régimen oprobioso. Se requiere indudablemente mucha creatividad para lograrlo.
La tarea está allí. No nos dejemos distraer. Oponernos a la reelección, como mecanismo para reelegir a Uribe, nunca ha debido ser la tarea central. Ese es un problema de ellos. Nuestra labor es generar las condiciones para derrotar el régimen "uribista" (narcofascista), que es algo bien diferente. Ese es el principal reto actual de los demócratas colombianos.
Recuento histórico de los hechos recientes
- Las "parafinancieras" (pirámides) llevaban más de 4 años alimentándose de recursos legales e ilegales de una gran porción de la población colombiana.
- En el último año y medio, una de ellas, DMG logra posicionarse a nivel nacional e internacional aprovechando las fisuras de la precaria legislación nacional y de la complaciente conducta del Estado y de la sociedad.
- El gobierno no actuó oportunamente porque sabía que los principales dueños, "accionistas" y perpetradores de esas operaciones eran sus principales aliados en la guerra contra las FARC.
- Entre julio y septiembre de 2008 varios dueños de pequeñas pirámides habían desaparecido con los depósitos de miles de personas en varias partes del país.
- El 7 de noviembre el representante de DRFE, anuncia en rueda de prensa en Pasto (Nariño) que no podía seguir pagando intereses del 150% y que los bajaba al 70%. Los medios de comunicación lanzan una ofensiva mediática que provoca el pánico de los "inversionistas", aprovechando que en la semana anterior ya se habían caído otras pirámides, sobre todo en el Valle del Cauca.
- En las multitudinarias concentraciones que se forman frente a las sedes de las "pirámides" se estimula y provoca toda clase de motines y saqueos, en donde aparecen agentes policiales como los principales actores y provocadores.
- En los días siguientes, la mayoría de los "ahorradores" del común, que hasta el momento creen ciegamente en el cumplimiento de los captadores ilegales –sintiéndose manipulados–, reaccionan rápidamente apuntándole a tres grandes objetivos: respaldar a "sus empresas", rechazar las medidas del gobierno, e identificar como los orquestadores del pánico, y por ende, los beneficiarios directos, a la banca oficial y a los medios de comunicación ligados a ella.
(Es importante resaltar cómo en forma espontánea la gente identifica al grupo AVAL (Luis Carlos Sarmiento Angulo) como el gran inspirador e instigador de esa estrategia, dado que lo relacionan con la declaratoria de "conmoción interior" contra el paro judicial. Igualmente, la población ha señalado el papel de los medios de comunicación como determinante en los acontecimientos, y en especial culpan a RCN y a CARACOL como principales causantes del pánico y por estimular la reacción impulsiva de los ingenuos "ahorradores").
- El gobierno declara la emergencia social, emite las medidas "legales" y administrativas, y lanza una ofensiva judicial, política y mediática, de carácter nacional e internacional, básicamente contra el dueño de DMG, olvidándose en lo absoluto de los demás actores de esta tragicomedia.
¿Qué podemos sacar en claro de todo este asunto?
1. El gobierno aprovechó la crisis de las pirámides menores para hacer caer estrepitosamente una de las pirámides más grandes (DRFE), pero su objetivo principal era realmente DMG.
2. No hay el más mínimo interés en proteger los intereses de los "ahorradores o "inversionistas". Es lo que menos les interesa a los funcionarios del gobierno, y mucho menos, a los grandes grupos financieros.
3. Ellos sabían que la mafia –surgida y alimentada en sus entrañas-, estaba poniendo en riesgo, o por lo menos, compitiendo agresivamente con su sistema financiero. Aún teniendo las armas legales, el gobierno decide violar su propia legalidad.
4. Recurren entonces al autogolpe de Estado, declaran la "emergencia social", y se lanzan por el camino dictatorial. Así podrían actuar con toda la rapidez, la contundencia y obtener la publicidad que necesitaban. Quieren construir un nuevo "enemigo público" para seguir posando de "defensores de la patria".
5. Todas las medidas tomadas como las anunciadas contra "prenderías" (compraventas) y todo tipo de mercado financiero paralelo (legal e ilegal), apuntan a fortalecer su sistema bancario.
6. La mayoría de los "ahorradores" estafados, las personas relacionadas con las empresas "parafinancieras" (empleados y proveedores) y la población en general, no le creen al gobierno, desconfían de la forma como ha actuado, y alimentan sentimientos de escepticismo y desesperanza. Se preparan paros cívicos y otras formas de protesta ciudadana.
7. Esa situación, sumada al descubrimiento del asesinato de cientos de jóvenes para ser presentados como "falsos positivos", y la forma como se han manejado los conflictos sociales (paros laborales, marchas indígenas y estudiantiles, etc), contribuye con el derrumbe del "embrujo uribista". Hay un creciente descontento y se percibe el desgaste del gobierno.
Interrogantes
¿Cuál es el verdadero objetivo del gobierno de Uribe al acudir a medidas de emergencia? ¿Qué intereses se mueven debajo de las apariencias? ¿La cúpula criminal del régimen está comprometida con estas "empresas"? ¿Están urgidos de silenciar al dueño de DMG, negociar con él, y tapar los vínculos con el establecimiento oficial? ¿La "confianza inversionista" requiere nuevas y publicitadas "operaciones jaque"? ¿Qué presiones se hicieron por debajo de la mesa?
¿O la intencionalidad es superior? ¿Será que ante la evidencia de que su segundo mandato ya está bastante complicado, que advierten un panorama oscuro para el futuro de la reelección de Uribe, y que los crímenes que han cometido no les permiten ni siquiera pensar en abandonar el poder, estarán preparando ambientes propicios para afrontar su "propia hecatombe"? ¿Acudir en forma reiterada y continua a la figura de los estados excepcionales, como son la conmoción interior y la emergencia social, tienen la intencionalidad de acostumbrar a los colombianos a la utilización de esos instrumentos dictatoriales?
Nada de raro tendría que la mente criminal de la pareja Uribe-Gaviria (Obdulio) produjera esas estrategias. Ellos saben que su caída será vertical, muy al estilo de las pirámides financieras.
Conclusiones y propuestas
Las fuerzas democráticas no podemos desconocer la gravedad y la importancia de estos hechos. Debemos profundizar en las causas de un fenómeno social, económico, político y cultural como el que ha explotado al interior de este régimen mafioso. Sin embargo, hay que actuar ya!, con claridad frente al problema.
Me permito sugerir algunas ideas, que en gran medida ya han sido planteadas y asumidas por algunos demócratas claros y diligentes. Más que liderar las protestas, lo que hay que ayudar es a clarificar los objetivos. Me atrevo a plantear algunos:
a) Ayudar a diferenciar entre los intereses de la población incauta y necesitada de soluciones económicas, y los intereses de los dueños y perpetradores del negocio ilegal. Debemos plantear que los captadores ilegales de dinero tienen que devolver los recursos y deben pagar su delito. Paralelamente debemos hacer ver que el gobierno, con su actuación errada, es el que les ha ayudado a los delincuentes a "escurrir el bulto".
b) En esa tarea debemos cuidarnos de asumir posiciones moralistas. No le ayudemos al gobierno a construir el "nuevo enemigo público" y aparecer como el "gran adalid contra el delito". De alguna manera los "hijos descarriados y no reconocidos del establecimiento" son víctimas, pero a la vez, instrumentos, de los grandes poderes mafiosos y financieros.
c) Identificar la responsabilidad del gobierno, de funcionarios gubernamentales específicos, tanto por su inacción, complicidad y falta de defensa de los "ahorradores" como por la forma como ha manejado el asunto. Ellos son co-responsables de esta situación. Hay un costo político, administrativo, judicial y patrimonial que deben pagar.
d) Demostrar en forma indiscutible que el gobierno es el agente, administrador y protector de los intereses de los grandes capitalistas nacionales e internacionales, dueños del sistema financiero.
e) Ayudar a que sea la población la que vaya construyendo las salidas políticas. Por ejemplo, de nada sirve pedir -en forma apresurada e inoportuna- la renuncia de Uribe, sin que ello esté respaldado por un sentimiento generalizado. Hasta ahora empieza el verdadero desgaste de este gobierno, hay que ayudar a profundizarlo. No caigamos en oportunismos que nos aíslan de las masas.
f) Desarrollar toda clase de acciones para acelerar la pérdida de credibilidad que vienen sufriendo los grandes medios de comunicación que están al servicio de los grandes monopolios. Esa credibilidad ya está en entredicho. Sin recurrir ni a la violencia ni al boicot, debemos diseñar métodos creativos para que las grandes mayorías sean conscientes de esa parcialidad informática y de su importante papel mediático al servicio de un régimen oprobioso. Se requiere indudablemente mucha creatividad para lograrlo.
La tarea está allí. No nos dejemos distraer. Oponernos a la reelección, como mecanismo para reelegir a Uribe, nunca ha debido ser la tarea central. Ese es un problema de ellos. Nuestra labor es generar las condiciones para derrotar el régimen "uribista" (narcofascista), que es algo bien diferente. Ese es el principal reto actual de los demócratas colombianos.
Anónimo
Los indígenas culminaron con esta manifestación, en el corazón político de Bogotá, una marcha de 500 kilómetros que se inició en Cali el 10 de noviembre pasado, tras un diálogo con el presidente Álvaro Uribe que terminó sin acuerdos y que habían solicitado los primeros días de octubre, a raíz de los constantes hostigamientos, agresiones contra líderes comunitarios y acusaciones de vínculos –no probados– con la organización guerrillera.
“La palabra camina, la minga (esfuerzo conjunto) transforma”, fue uno de los lemas escritos en grandes pancartas desplegadas por los indígenas en el último tramo de su movilización, que a pesar de ser pacífica no estuvo exenta de enfrentamientos contra las fuerzas públicas en su primera etapa, cuando empezaron su camino a Cali, en octubre, y bloquearon la carretera Panamericana.
Según Feliciano Valencia, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cinco activistas de la minga fallecieron en los choques y 129 resultaron heridos, aunque la prensa local sólo reportó un deceso. La Organización Nacional Indígena de Colombia señala que 70 miembros de diferentes etnias han sido asesinados en 2008, la mayoría por elementos de las fuerzas públicas.
La marcha, además, ha sido objeto de señalamientos de carácter racista, que se reflejaron en programas de radio y comentarios publicados en el sitio de Internet del diario El Tiempo, de Bogotá. El periódico El Espectador, en la web, destacó que durante la caminata por la capital hubo quienes aplaudieron a los indígenas, pero también “otros que los miraban como si fueran personajes sacados de algún relato fantástico”.
La marcha por las carreteras terminó el jueves, cuando los indígenas salieron de la localidad de Soacha –próxima a Bogotá– y llegaron al campus de la Universidad Nacional, en Bogotá.
Los dirigentes del movimiento tienen previsto continuar el diálogo público con Uribe, quien este viernes viajó a Lima, Perú, para participar en la cumbre de los países que integran el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.
No obstante, para este sábado se tiene programada una reunión entre los dirigentes del CRIC e integrantes del gabinete de Uribe, con quienes tratarán de acordar la fecha de un encuentro con el mandatario.
Pero mientras se formalizan los arreglos para las pláticas, varios representantes indígenas expusieron a miembros de organizaciones no gubernamentales la problemática que tienen en diferentes regiones, particularmente en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, uno de los principales escenarios del conflicto armado en el país.
El movimiento busca llegar a acuerdos específicos sobre la manera en que el gobierno restituirá tierras que pertenecieron a los indígenas, pero fueron ocupadas por productores agropecuarios. Los reclamos están fundamentados en el reconocimiento de derechos indígenas en la Constitución, vigente desde 1991. La población colombiana formada por comunidades originarias representa 2 por ciento de los 46 millones de habitantes.
Representantes del gobierno y de terratenientes han tratado de desautorizar la demanda indígena de tierras con el argumento de que poseen decenas de miles de hectáreas, pero en respuesta el movimiento afirma que la mayor parte de ese territorio no es cultivable, porque está conformado por zonas semidesérticas, acantilados, volcanes y páramos.
Además del tema de las tierras y de la denuncia de acusaciones sobre supuestos nexos con la guerrilla, las organizaciones indígenas exigen que el tratado de libre comercio con Estados Unidos –negociado en años recientes por los gobiernos de Uribe y George W. Bush, pero pendiente de aprobación en el Congreso estadunidense– considere la opinión de las etnias en temas de conservación de la biodiversidad, entre otros.
El dueño de DMG blanqueó dinero: fiscal
En otro orden, la fiscal Luz Ángela Bahamón aseveró hoy en una audiencia de formulación de cargos que el propietario de la firma DMG, David Murcia, arrestado el jueves pasado, blanqueó dinero provenientes de actividades ilegales.
Con estas acusaciones de la fiscalía general, basadas en información recabada durante 2 mil 600 intervenciones telefónicas, se formalizó la detención de Murcia, cuya empresa se dedicaba a la venta de tarjetas de prepago, con las que los consumidores compraban electrodomésticos y además recibían bonificaciones económicas posteriores.
Algunos articulistas de la prensa escrita y de programas radiofónicos han señalado que las pirámides que colapsaron la semana pasada y la creación de la firma DMG adquirieron fuerza como alternativa a las bajas tasas de ahorro y las comisiones que cobran los bancos comerciales.
Bahamón expresó que Murcia planeaba sobornar periodistas de varios países, además de Colombia (México, Ecuador, Panamá y Perú), y legisladores de esta nación para conseguir, aparentemente, favorecer los intereses de la compañía, cerrada el lunes por la Superintendencia Financiera.
“La palabra camina, la minga (esfuerzo conjunto) transforma”, fue uno de los lemas escritos en grandes pancartas desplegadas por los indígenas en el último tramo de su movilización, que a pesar de ser pacífica no estuvo exenta de enfrentamientos contra las fuerzas públicas en su primera etapa, cuando empezaron su camino a Cali, en octubre, y bloquearon la carretera Panamericana.
Según Feliciano Valencia, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cinco activistas de la minga fallecieron en los choques y 129 resultaron heridos, aunque la prensa local sólo reportó un deceso. La Organización Nacional Indígena de Colombia señala que 70 miembros de diferentes etnias han sido asesinados en 2008, la mayoría por elementos de las fuerzas públicas.
La marcha, además, ha sido objeto de señalamientos de carácter racista, que se reflejaron en programas de radio y comentarios publicados en el sitio de Internet del diario El Tiempo, de Bogotá. El periódico El Espectador, en la web, destacó que durante la caminata por la capital hubo quienes aplaudieron a los indígenas, pero también “otros que los miraban como si fueran personajes sacados de algún relato fantástico”.
La marcha por las carreteras terminó el jueves, cuando los indígenas salieron de la localidad de Soacha –próxima a Bogotá– y llegaron al campus de la Universidad Nacional, en Bogotá.
Los dirigentes del movimiento tienen previsto continuar el diálogo público con Uribe, quien este viernes viajó a Lima, Perú, para participar en la cumbre de los países que integran el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.
No obstante, para este sábado se tiene programada una reunión entre los dirigentes del CRIC e integrantes del gabinete de Uribe, con quienes tratarán de acordar la fecha de un encuentro con el mandatario.
Pero mientras se formalizan los arreglos para las pláticas, varios representantes indígenas expusieron a miembros de organizaciones no gubernamentales la problemática que tienen en diferentes regiones, particularmente en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, uno de los principales escenarios del conflicto armado en el país.
El movimiento busca llegar a acuerdos específicos sobre la manera en que el gobierno restituirá tierras que pertenecieron a los indígenas, pero fueron ocupadas por productores agropecuarios. Los reclamos están fundamentados en el reconocimiento de derechos indígenas en la Constitución, vigente desde 1991. La población colombiana formada por comunidades originarias representa 2 por ciento de los 46 millones de habitantes.
Representantes del gobierno y de terratenientes han tratado de desautorizar la demanda indígena de tierras con el argumento de que poseen decenas de miles de hectáreas, pero en respuesta el movimiento afirma que la mayor parte de ese territorio no es cultivable, porque está conformado por zonas semidesérticas, acantilados, volcanes y páramos.
Además del tema de las tierras y de la denuncia de acusaciones sobre supuestos nexos con la guerrilla, las organizaciones indígenas exigen que el tratado de libre comercio con Estados Unidos –negociado en años recientes por los gobiernos de Uribe y George W. Bush, pero pendiente de aprobación en el Congreso estadunidense– considere la opinión de las etnias en temas de conservación de la biodiversidad, entre otros.
El dueño de DMG blanqueó dinero: fiscal
En otro orden, la fiscal Luz Ángela Bahamón aseveró hoy en una audiencia de formulación de cargos que el propietario de la firma DMG, David Murcia, arrestado el jueves pasado, blanqueó dinero provenientes de actividades ilegales.
Con estas acusaciones de la fiscalía general, basadas en información recabada durante 2 mil 600 intervenciones telefónicas, se formalizó la detención de Murcia, cuya empresa se dedicaba a la venta de tarjetas de prepago, con las que los consumidores compraban electrodomésticos y además recibían bonificaciones económicas posteriores.
Algunos articulistas de la prensa escrita y de programas radiofónicos han señalado que las pirámides que colapsaron la semana pasada y la creación de la firma DMG adquirieron fuerza como alternativa a las bajas tasas de ahorro y las comisiones que cobran los bancos comerciales.
Bahamón expresó que Murcia planeaba sobornar periodistas de varios países, además de Colombia (México, Ecuador, Panamá y Perú), y legisladores de esta nación para conseguir, aparentemente, favorecer los intereses de la compañía, cerrada el lunes por la Superintendencia Financiera.
Anónimo
Según grabaciones telefónicas reveladas por medios de prensa son varios los políticos relacionados con David Murcia, principal accionista de la empresa DMG, actualmente en prisión.
En una de ellas se evidencia que Murcia aportó 400 millones de pesos (unos 200 mil dólares) a la campaña de pedro Alonso Sanabria, quien no ganó una gobernación, pero luego fue elegido magistrado de la Corte Suprema.
La misma grabación pone en claro la financiación de Jorge Cuáqueta, candidato a la alcaldía de Suesca, en Cundinamarca.
También aparecen implicados los gobernadores de los departamentos de Magdalena y Bolívar y el alcalde de la ciudad de Santa Marta.
En total en las elecciones regionales del 2007 Murcia apoyo, según las revelaciones aparecidas hasta el momento, a 12 candidatos, de los cuales 10 resultaron vencedores en los comicios.
Asimismo está en entredicho la actuación de los congresistas, pues ninguno asume ahora la inclusión en un proyecto de reforma financiera que se discute en el Congreso, de un párrafo en que se reconoce el manejo de tarjetas pre pago.
Este recurso fue la base del funcionamiento de la empresa DMG, cuyo jefe en otra grabación anuncia la entrega de dinero a varios senadores y representantes, para que impulsen esa reforma.
Asimismo medios de prensa critican la actuación del gobierno, que dejó estallar la crisis a pesar de los llamados de alerta de algunas instituciones.
Al respecto, califican de lamentable la posición del presidente Alvaro Uribe, quien ha tenido que salir una y otra vez a justificar a sus ministros o reconocer los errores en el manejo de la situación.
► miércoles, 26 noviembre, 2008
De entrada, el procurador general, Edgardo Maya, pidió al Consejo Nacional Electoral un informe sobre la financiación de las campañas de los gobernadores de los 32 departamentos del país. También anunció que se indagará en todas las entidades públicas que debían vigilar el sistema financiero y las operaciones de las decenas de empresas ilegales que surgieron en los últimos años sin control alguno.Según grabaciones telefónicas reveladas por medios de prensa son varios los políticos relacionados con David Murcia, principal accionista de la empresa DMG, actualmente en prisión.
En una de ellas se evidencia que Murcia aportó 400 millones de pesos (unos 200 mil dólares) a la campaña de pedro Alonso Sanabria, quien no ganó una gobernación, pero luego fue elegido magistrado de la Corte Suprema.
La misma grabación pone en claro la financiación de Jorge Cuáqueta, candidato a la alcaldía de Suesca, en Cundinamarca.
También aparecen implicados los gobernadores de los departamentos de Magdalena y Bolívar y el alcalde de la ciudad de Santa Marta.
En total en las elecciones regionales del 2007 Murcia apoyo, según las revelaciones aparecidas hasta el momento, a 12 candidatos, de los cuales 10 resultaron vencedores en los comicios.
Asimismo está en entredicho la actuación de los congresistas, pues ninguno asume ahora la inclusión en un proyecto de reforma financiera que se discute en el Congreso, de un párrafo en que se reconoce el manejo de tarjetas pre pago.
Este recurso fue la base del funcionamiento de la empresa DMG, cuyo jefe en otra grabación anuncia la entrega de dinero a varios senadores y representantes, para que impulsen esa reforma.
Asimismo medios de prensa critican la actuación del gobierno, que dejó estallar la crisis a pesar de los llamados de alerta de algunas instituciones.
Al respecto, califican de lamentable la posición del presidente Alvaro Uribe, quien ha tenido que salir una y otra vez a justificar a sus ministros o reconocer los errores en el manejo de la situación.
Anónimo
De acuerdo con fuentes oficiales la cocaína tenía la marca en alto relieve de la intervenida financiera y comercializadora DMG, según reseñó Prensa Latina.
La misma fuerza precisó que la redada fue realizada a unas 29 millas náuticas (54 kilómetros) al suroeste de Cabo Corrientas, frente a las costas del Chocó, departamento en el litoral del Pacífico.
La motonave fue avistada por la aeronave estadounidense, que dio aviso y guió a guardacostas colombianos hasta el área por la que se movilizaban los narcotraficantes, que habían partido de la localidad costera de Pizarro, en la misma región, agregó la Armada colombiana.
► miércoles, 26 noviembre, 2008
La embarcación fue abordada el pasado lunes en una operación conjunta con un avión plataforma del Comando Sur de Estados Unidos, destacó la base de la Armada Nacional en Bahía Málaga, cuyos guardacostas la intervinieron.De acuerdo con fuentes oficiales la cocaína tenía la marca en alto relieve de la intervenida financiera y comercializadora DMG, según reseñó Prensa Latina.
La misma fuerza precisó que la redada fue realizada a unas 29 millas náuticas (54 kilómetros) al suroeste de Cabo Corrientas, frente a las costas del Chocó, departamento en el litoral del Pacífico.
La motonave fue avistada por la aeronave estadounidense, que dio aviso y guió a guardacostas colombianos hasta el área por la que se movilizaban los narcotraficantes, que habían partido de la localidad costera de Pizarro, en la misma región, agregó la Armada colombiana.
Anónimo
La cita será el próximo 10 de diciembre en Ginebra (Suiza), donde 47 países del mundo examinarán un informe emitido por el Gobierno colombiano, otro que sintetiza las 27 recomendaciones de la ONU para Colombia en materia de derechos humanos y un tercero elaborado por las organizaciones de la sociedad civil.
Estas últimas, que asistirán en calidad de observadoras a la intervención del Ejecutivo colombiano, presentaron hoy a los medios de comunicación un documento en el que trazan diez puntos que se tendrán en cuenta en la evaluación.
El documento pone de manifiesto que pese a la negativa del Gobierno en reconocer la existencia de un conflicto en Colombia, desde la llegada del presidente Álvaro Uribe al poder, en 2002, 13.634 personas perdieron la vida "por fuera de combate".
Además, señala, en el país existe un drama en cuanto a la violencia sexual que acompaña al conflicto y a la existencia de niños soldados, estimados en más de 8.000.
Respecto al desarme de los grupos paramilitares pregonado por el Gobierno, las organizaciones expresan en su informe que a finales de 2007 al menos 9.000 combatientes irregulares se desempeñaban en estas facciones de ultra derecha.
En cuanto al desplazamiento forzado, que alcanza a cuatro millones de colombianos, agrega que en el primer semestre de 2008 se incrementó en un 41 por ciento respecto al mismo período del año anterior, lo que supone que 1.503 personas abandonaron sus hogares, sin que el Estado garantice la protección de sus derechos.
La cifra de asesinatos a sindicalistas también creció en 2008 al alcanzar los 42 muertos y superar los 37 del año anterior, detalla el documento.
Todos estos atropellos denunciados por las organizaciones se inscriben en un marco de vulneración de los derechos económicos sociales y culturales, de impunidad institucionalizada "y de ataques a la independencia del poder judicial" del país, reitera el informe.
El representante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEUU), Alberto Yepes, advirtió que "nada garantiza un informe favorable" de la ONU, puesto que el Gobierno ha buscado alrededor del mundo obtener un "certificado de buena conducta" en materia de derechos humanos.
De no considerarse el documento, agregó, podría "ser nefasto para la sociedad colombiana" y ahondar la crisis humanitaria del país.
Una troika formada por Italia, Burkina Faso y Bahrein formulará el próximo día 15 de diciembre un veredicto preliminar respecto al EPU de Colombia.
Aunque las decisiones del Consejo no sean vinculantes, las organizaciones sociales señalan que conformarán el marco a seguir por los Estados en las relaciones multilaterales con Colombia.
"Mientras los sindicalistas sigan siendo asesinados, mientras las ejecuciones extrajudiciales sigan incrementándose, mientras la represión a las demandas de los movimientos sociales e indígenas se contesten a balazos, no se crea un buen ambiente para abrazar tratados de cooperación económica", añadió Yepes.
Para acabar, reclamaron que las recomendaciones de la ONU respecto a los derechos humanos de Colombia deben obtener un estatus de alto nivel y se deben articular, a partir del EPU, estrictos mecanismos de vigilancia y monitoreo.
Estas últimas, que asistirán en calidad de observadoras a la intervención del Ejecutivo colombiano, presentaron hoy a los medios de comunicación un documento en el que trazan diez puntos que se tendrán en cuenta en la evaluación.
El documento pone de manifiesto que pese a la negativa del Gobierno en reconocer la existencia de un conflicto en Colombia, desde la llegada del presidente Álvaro Uribe al poder, en 2002, 13.634 personas perdieron la vida "por fuera de combate".
Además, señala, en el país existe un drama en cuanto a la violencia sexual que acompaña al conflicto y a la existencia de niños soldados, estimados en más de 8.000.
Respecto al desarme de los grupos paramilitares pregonado por el Gobierno, las organizaciones expresan en su informe que a finales de 2007 al menos 9.000 combatientes irregulares se desempeñaban en estas facciones de ultra derecha.
En cuanto al desplazamiento forzado, que alcanza a cuatro millones de colombianos, agrega que en el primer semestre de 2008 se incrementó en un 41 por ciento respecto al mismo período del año anterior, lo que supone que 1.503 personas abandonaron sus hogares, sin que el Estado garantice la protección de sus derechos.
La cifra de asesinatos a sindicalistas también creció en 2008 al alcanzar los 42 muertos y superar los 37 del año anterior, detalla el documento.
Todos estos atropellos denunciados por las organizaciones se inscriben en un marco de vulneración de los derechos económicos sociales y culturales, de impunidad institucionalizada "y de ataques a la independencia del poder judicial" del país, reitera el informe.
El representante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEUU), Alberto Yepes, advirtió que "nada garantiza un informe favorable" de la ONU, puesto que el Gobierno ha buscado alrededor del mundo obtener un "certificado de buena conducta" en materia de derechos humanos.
De no considerarse el documento, agregó, podría "ser nefasto para la sociedad colombiana" y ahondar la crisis humanitaria del país.
Una troika formada por Italia, Burkina Faso y Bahrein formulará el próximo día 15 de diciembre un veredicto preliminar respecto al EPU de Colombia.
Aunque las decisiones del Consejo no sean vinculantes, las organizaciones sociales señalan que conformarán el marco a seguir por los Estados en las relaciones multilaterales con Colombia.
"Mientras los sindicalistas sigan siendo asesinados, mientras las ejecuciones extrajudiciales sigan incrementándose, mientras la represión a las demandas de los movimientos sociales e indígenas se contesten a balazos, no se crea un buen ambiente para abrazar tratados de cooperación económica", añadió Yepes.
Para acabar, reclamaron que las recomendaciones de la ONU respecto a los derechos humanos de Colombia deben obtener un estatus de alto nivel y se deben articular, a partir del EPU, estrictos mecanismos de vigilancia y monitoreo.
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