La Justicia argentina ha decidido intervenir Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español Marsans, a solicitud del gobierno de Cristina Fernández para "garantizar el normal funcionamiento" de la compañía, según ha explicado el secretario argentino de Transportes, Ricardo Jaime. Antes, la empresa española habia dado de plazo una semana al ejecutivo argentino para alcanzar un acuerdo antes de poner una demanda ante el Banco Mundial.
Jaime ha destacado que la medida se ha tomado con el fin de garantizar "el normal funcionamiento" y la capitalización de la aerolínea y después de la reunión del directorio de Marsans celebrada el pasado martes en la que el grupo español quiso nombrar gerente adjunto a uno de sus directivos, Jorge Molina, con las mismas capacidades que el gerente general, Julio Alak.
Jaime ha apuntado que, tras la intervención, Alak se mantiene como gerente general y se ha designado al funcionario de la Secretaría de Transportes José Luis Perrone como veedor para observar por el correcto funcionamiento de la empresa.
El Gobierno que preside Cristina Fernández dará pasos para impulsar la capitalización de la compañía por considerar que con las cantidades aportadas hasta ahora (unos 222 millones de dólares) puede distribuir las acciones y hacerse con el control de la aerolínea sin llegar a una expropiación.
Ultimátum de Marsans Previamente, el grupo español Marsans habia dado una semana al Gobierno argentino para llegar a un acuerdo por Aerolíneas Argentinas o, de lo contrario, iniciará un demanda ante un tribunal arbitral del Banco Mundial.
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Anónimo
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sábado, 22 noviembre, 2008
“Lo que ha hecho el juez es nombrar, a petición del Gobierno, a un interventor para cortocircuitar la actuación del directorio (el consejo de administración), en el que está presente Marsans como accionista, y que no tome decisiones”, señalan en fuentes de la empresa española. La decisión es un paso previo a la toma de control de Aerolíneas, que se podría producir en las próximas semanas una vez que el Parlamento vote la ley para expropiar Aerolíneas y su filial Austral, de vuelos domésticos.
Según el dirigente argentino, la medida se adoptó para garantizar el normal funcionamiento de la línea aérea: “Marsans puso a uno de los directivos de la empresa, Jorge Molina, para controlar Julio Alak (el gerente nombrado por el Gobierno en julio).
Esto interfiere totalmente en el funcionamiento de la empresa; por eso, la justicia dispuso la intervención”. La justicia ha designado al funcionario de la Secretaría de Transportes, José Luis Perrone, como interventor judicial para que supervise a la dirección.
“Ellos ya gestionan la empresa desde julio, cuando nombraron al ejecutivo. Hace meses que Marsans esperaba que llegara este momento”, señalan las mismas fuentes.
En verano, el grupo turístico tiró la toalla y aceptó vender la empresa que adquirió a la Sepi en 2001 al Estado argentino. Desde entonces, las partes no se han puesto de acuerdo sobre el precio de la aerolínea. Marsans quiere entre 330 y 546 millones de dólares (entre 262,7 y 434,6 millones de euros) y los tasadores del Ejecutivo creen que el grupo tiene un valor negativo de 800 millones de dólares.
Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, propietarios de Marsans, no están dispuestos a regalar la compañía. Ya han presentado una demanda al Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, para que dirima la disputa.
El pasado jueves, enviaron una carta a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la que le advertían de que activarían el procedimiento en el plazo de una semana si no se avanzaba en las negociaciones. Marsans ha contratado el bufete King&Spalding para que le defienda. Aerolíneas controla el 90% del mercado aéreo nacional, facturó el año pasado 4.000 millones de pesos argentinos (960 millones de euros) y perdió 426 millones de pesos.
Air Comet
Air Comet, filial de Marsans, recolocará a partir diciembre a 200 trabajadores (mecánicos, pilotos y azafatas) de la aerolínea Futura afectados por los despidos.
Anónimo
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sábado, 22 noviembre, 2008
El secretario de Transportes argentino, Ricardo Jaime, dijo a la prensa que la solicitud de intervención busca, además de garantizar la continuidad del servicio, capitalizar Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos, Austral.
Según un informe de la Auditoría General de la Nación, ambas empresas tienen un patrimonio neto negativo por lo que técnicamente están en proceso de disolución y serán liquidadas si no se capitalizan.
El pasado día 13, Marsans propuso hacer un aporte de capital a Aerolíneas por 100 millones de pesos (30,1 millones de dólares) para cubrir el patrimonio neto negativo de 81 millones de pesos (24,3 millones de dólares) que arrojó el balance de Aerolíneas Argentinas al 31 de diciembre de 2007, pero el Estado se negó a tratar el asunto.
Los estados contables de Aerolíneas al 17 de julio presentados por Marsans arrojan un patrimonio neto negativo de 754 millones de pesos (227,1 millones de dólares), aunque para la Auditoría General de la Nación que revisó esas cuentas esa cifra negativa se eleva a 1.891 millones de pesos (569,5 millones de dólares).
Austral también tiene una situación patrimonial en rojo, aunque menor a la de su controladora.
Marsans planeaba imponer su mayoría accionarial para capitalizar a su favor ambas empresas en una asamblea de accionistas convocada para el próximo 18 de diciembre.
Sin embargo, en la resolución del juez Furnari, a la que tuvo acceso Efe, el Gobierno asegura que fue Marsans el que en la asamblea de accionistas del pasado día 12 "se negó a adoptar una medida urgente que permitiera solucionar el estado de infra-capitalización" de la empresa, "conduciéndola rumbo a un destino incierto".
"La situación de disolución y quebranto que afecta actualmente a la accionada (Aerolíneas), y su falta de resolución al respecto -por negativa del socio mayoritario (Marsans)- justifica la intervención urgente y excepcional solicitada, pues está en riesgo la normal presentación del servicio público de transporte aerocomercial", alegó el Ejecutivo.
El Gobierno de Cristina Fernández y el grupo español habían firmado en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta de Aerolíneas al Estado argentino.
Ese acuerdo puso además en funciones un comité de transición encabezado por un delegado del Gobierno, Julio Alak.
Desde entonces, y ante la grave situación financiera de la compañía, el Estado ha desembolsado 773,1 millones de pesos (231,4 millones de dólares) para mantener operativa la empresa y que Marsans se ha negado a considerar como aportes de capital del accionista minoritario, dueño de un 5 por ciento de Aerolíneas.
La decisión judicial de la intervención se conoce horas después de que el grupo español enviara una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en la que le advirtió de que si no se alcanza un acuerdo "amistoso" en el plazo de una semana, demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
Marsans tomó la decisión después de que una comisión parlamentaria recomendara el martes pasado a las cámaras del Legislativo debatir una ley para expropiar Aerolíneas y Austral en vistas del fracaso de las negociaciones para que el traspaso de esas firmas al Estado argentino se hiciera mediante una compraventa.
Anónimo
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jueves, 04 diciembre, 2008
La reestatización de la compañía aérea de bandera, cuyo accionista mayoritario es el grupo español de turismo Marsans, ya había sido avalada por el Congreso en septiembre.
Sin embargo, diferencias entre las partes sobre el valor de compra de Aerolíneas y su subsidiaria Austral, que opera vuelos domésticos, llevaron al gobierno de la presidenta Cristina Fernández a pensar en la confiscación.
Para Argentina, la empresa tiene un valor negativo de US$832 millones, mientras que para Marsans cuesta unos US$400 millones.
El proyecto de ley aprobado este miércoles por los diputados declara a Aerolíneas de "utilidad pública", lo que da al Estado la facultad de apropiarse de ella, y garantiza el servicio y los puestos de trabajo.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dijo que Argentina pagará "un peso" por la compañía, cuya situación financiera y operativa es crítica. "La expropiación es un procedimiento legal y es lo que está en curso", aseguró.
Por su parte, los directivos de Marsans adelantaron que, de llevarse a cabo la confiscación, recurrirán al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que es el tribunal arbitral del Banco Mundial.
De todos modos, la norma aún debe ser sometida al voto del Senado. El gobierno espera que ello ocurra antes del 20 de diciembre.
¿Momento oportuno?
La presidenta Fernández se propuso nacionalizar -y ahora expropiar- Aerolíneas Argentinas para sanearla.
La compañía, que tiene una planta de 9.000 empleados, acumula una deuda de US$890 millones y buena parte de su flota no está en condiciones de volar. En los últimos tiempos se han multiplicado las quejas de los pasajeros por el retraso de los servicios o por su incumplimiento.
Con todo, los analistas se preguntan si la expropiación de Aerolíneas Argentinas se ha planteado en un momento oportuno y puede terminar perjudicando al país.
Es que Argentina sufre los coletazos de la crisis financiera internacional y la confiscación de la compañía podría aumentar la desconfianza en su economía, tanto interna como externamente.
"Basta recordar que la reciente estatización de las fondos privados de pensiones incrementó considerablemente el grado de incertidumbre respecto de Argentina", dijo a BBC Mundo el economista Ernesto Kritz, de la consultora SEL.
"El país ya ha dado una imagen de escasa seguridad jurídica. Algunos inversores internos y externos perciben que las reglas de juego cambian todo el tiempo y que no se respeta el derecho de propiedad. La expropiación de Aerolíneas Argentinas no hace más que empeorar la situación", completó.
Kritz añadió que la confiscación probablemente causará nuevos roces con España, que se ha quejado de la forma en que el gobierno de Fernández ha manejado la reestatización de la aerolínea.
Vuelo con turbulencia
Fundada en 1950 por el presidente Juan Domingo Perón, Aerolíneas Argentinas llegó a ser una de las mayores compañías aéreas del mundo. Sin embargo, la creciente competencia y una serie de malas gestiones provocaron su declinación.
Fue privatizada en 1991, cuando fue adquirida por la empresa española Iberia -el único oferente- por un monto de US$560 millones.
Luego cambió de manos para ser gestionada por American Airlines, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de España, y en los últimos siete años el grupo Marsans.
Los actuales dueños compraron la compañía al valor simbólico de un dólar (el Estado español hizo un aporte de capital de US$750 millones).
Ninguna de las gestiones consiguió que Aerolíneas Argentinas levantara vuelo. Expertos han denunciado que, tras su privatización, la empresa fue desmantelada.
Esto es algo que actualmente investiga la Justicia argentina.
Anónimo
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jueves, 04 diciembre, 2008
El proyecto de expropiación propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos Austral como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación". La declaración también alcanza al resto de las empresas controladas por Aerolíneas Argentinas: Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
De la expropiación quedarán exceptuadas las participaciones accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino que ascienden al 5%, y de los casi 9.000 trabajadores de la firma a través del Programa de Propiedad Participada (0,59%).
El secretario de Transportes, Ricardo Jaime, ha manifestado su confianza en que la iniciativa será convertida en ley antes de fin de año, según ha informado la agencia de noticias argentina Télam.
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