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Vivir en un estado fascista |
La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado hoy, la ilegalización y disolución de EAE-ANV, al estimar las demandas presentadas por el Gobierno español y por la Fiscalía. La decisión judicial implica la "liquidación y puesta a disposición del Tesoro de todos los bienes y efectos que pertenezcan" a la formación abertzale, según prevé la Ley de Partidos. Mañana le toca el turno al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK).
La ilegalización de EAE-ANV ha sido confirmada posteriormente en rueda de prensa por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, que ha señalado que la sentencia se hará pública en los próximos días.
Según Hernando, la declaración de ilegalidad de la formación ekintzale, que tendrá como consecuencia la disolución de este partido, también "comporta la liquidación y la puesta a disposición del Tesoro, según prevé la Ley de Partidos, de todos los bienes y efectos que pertenezcan" al partido.
El Tribunal Supremo ha notificado verbalmente su decisión esta mañana a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado español. Un único día ha bastado al tribunal para decidir sobre la ilegalización de la formación.
El tribunal se encontraba bajo presión ya que quería emitir la decisión antes del martes 23 porque ese día se renueva el CGPJ y cambia el presidente del Supremo así como el de la Sala del 61.
El pasado 8 de febrero el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón decretó la suspensión de actividades tanto de EAE-ANV como de EHAK.
Fue en enero cuando el Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, presentó su demanda de ilegalización de EAE-ANV argumentando una "relación de sucesión o continuación" de ese partido con Batasuna.
El engranaje diseñado por el Estado español contra el independentismo vasco ha dado así un paso más, y el tribunal iniciará mañana el estudio de las demandas presentadas por el Gobierno español y la Fiscalía contra EHAK.
Formación histórica
Madrid ha dejado fuera de la ley a un partido histórico con un recorrido de 78 años, ya que se trata de una formación inscrita en 1930. El 3 de mayo del año pasado, la Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnaron 133 candidaturas de la formación. Con el resto de listas presentadas, EAE-ANV logró 40 alcaldías en Euskal Herria.
contiene 6
comentarios.
Etiquetas: conocimiento, memoria, mentiras, multitud, politica.
Anónimo
La sentencia, acordada por unanimidad por los tres magistrados que componen el tribunal (Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Paloma González Pastor), decreta también la ilicitud y disolución de Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna, que fueron declaradas "ilícitas" de forma provisional por el juez Baltasar Garzón el 19 de diciembre de 2001 y el 5 de febrero de 2002, respectivamente.
En concreto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal ha condenado a la máxima pena, 10 años de prisión, a Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, para quienes el fiscal pedía 13 años de prisión.
A los tres se les imputa un delito de "integración en organización terrorista con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años".
Los otros 18 ciudadanos han sido condenados a 8 años de prisión: Jagoba Terrones, Maite Díaz de Heredia, Iker Zubia, Gorka Zulaika, Jon Imanol Beaskoa, Ainhoa Irastorza, Julen Larrinaga, Aratz Estonba, Josu Beaumont, Alex Belasko, Txema Olabarrieta, Gotzon Amaro, Iñaki de Reta, Jorge Txokarro, Gari Arriaga, Iñaki Loizaga, Asier Birunbrales y Xabin Juaristi.
A todos ellos se les imputa un delito de "integración en organización terrorista, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de 10 años.
Por último, Julen Arzuaga, Juan Antonio Madariaga e Ixone Urzelai han sido absueltos de la acusación.
Juicio
27 ciudadanos vascos fueron juzgados acusados de integrar o colaborar con ETA. La Fiscalía y la acusación particular que ejerció la AVT reclamaron condenas que van desde los 13 años para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, a las penas de 10 años para cada uno de los otros 21 acusados. A otros tres procesados (Maitane Méndez, Jorge Luis Arredondo y Mitxel Sarasketa) les retiraron los cargos por falta de pruebas.
El juicio comenzó el 21 de abril y quedó visto para sentencia el 18 de junio. Todos los procesados renunciaron a su derecho a la defensa al entender que la sentencia condenatoria estaba decidida de antemano y que la Audiencia Nacional no tenía legitimidad para juzgarles.
► miércoles, 17 septiembre, 2008
Así lo ha anunciado la magistrada Teresa Palacios, presidenta del tribunal que ha enjuiciado estos hechos, al hacer lectura pública del fallo de la sentencia de la que ha sido ponente en el pabellón de la Casa de Campo en el que se celebró el juicio, entre el 21 de abril y el 18 de junio.La sentencia, acordada por unanimidad por los tres magistrados que componen el tribunal (Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Paloma González Pastor), decreta también la ilicitud y disolución de Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna, que fueron declaradas "ilícitas" de forma provisional por el juez Baltasar Garzón el 19 de diciembre de 2001 y el 5 de febrero de 2002, respectivamente.
En concreto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal ha condenado a la máxima pena, 10 años de prisión, a Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, para quienes el fiscal pedía 13 años de prisión.
A los tres se les imputa un delito de "integración en organización terrorista con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años".
Los otros 18 ciudadanos han sido condenados a 8 años de prisión: Jagoba Terrones, Maite Díaz de Heredia, Iker Zubia, Gorka Zulaika, Jon Imanol Beaskoa, Ainhoa Irastorza, Julen Larrinaga, Aratz Estonba, Josu Beaumont, Alex Belasko, Txema Olabarrieta, Gotzon Amaro, Iñaki de Reta, Jorge Txokarro, Gari Arriaga, Iñaki Loizaga, Asier Birunbrales y Xabin Juaristi.
A todos ellos se les imputa un delito de "integración en organización terrorista, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de 10 años.
Por último, Julen Arzuaga, Juan Antonio Madariaga e Ixone Urzelai han sido absueltos de la acusación.
Juicio
27 ciudadanos vascos fueron juzgados acusados de integrar o colaborar con ETA. La Fiscalía y la acusación particular que ejerció la AVT reclamaron condenas que van desde los 13 años para Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo, a las penas de 10 años para cada uno de los otros 21 acusados. A otros tres procesados (Maitane Méndez, Jorge Luis Arredondo y Mitxel Sarasketa) les retiraron los cargos por falta de pruebas.
El juicio comenzó el 21 de abril y quedó visto para sentencia el 18 de junio. Todos los procesados renunciaron a su derecho a la defensa al entender que la sentencia condenatoria estaba decidida de antemano y que la Audiencia Nacional no tenía legitimidad para juzgarles.
Anónimo
El Comité redactó una hoja para explicar la situación en Euskal Herria y para denunciar al mismo tiempo la negativa del PCF a concederle un stand en la fiesta.
La hoja fue muy bien recibida por las organizaciones de diferentes países presentes en la Fiesta y por las organizaciones de lucha en el Estado francés. Se aprovechó también para tomar contacto con diversas organizaciones y colectivos.
Cuando vinieron a detenerme
no había nadie para protestar.
Pasteur Niemöller
Euskal Herria: ¿por qué este silencio?
Los ataques a la democracia son cada vez más numerosos en Euskal Herria:
El Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), que en 2005 obtuvo el 13% de los votos y 9 diputados en las elecciones autonómicas, va a ser ilegalizado por el Tribunal Supremo español, cuando su única actividad ha sido y es la de representar a sus electores en el Parlamento vasco.
Misma ilegalización para el histórico partido antifranquista EAE-ANV, que obtuvo más del 20% de los sufragios en las elecciones municipales de 2007 y que tienen centenares de representantes municipales en toda Euskal Herria.
Varios medios de comunicación de la izquierda independentista (periódicos, radios) han sido cerrados por el poder español, y sus equipamientos confiscados.
Movimientos populares (movimientos de jóvenes, de solidaridad internacional, de defensa de los presos políticos, pero también numerosas herriko tabernas) son prohibidos y perseguidos, las personas responsables condenadas.
Actualmente hay más presos políticos vascos que a la muerte de Franco: 750 hombres y mujeres, lo que a escala de Francia, representaría 15.000 personas. Una gran parte de ellos y ellas han sido encarceladas por un simple delito de opinión o de solidaridad. Estas personas son sistemáticamente encarceladas lejos de Euskal Herria (un centenar en la región parisina), lo que dificulta las visitas de sus familias y amigos.
La tortura contra las personas detenidas es regularmente denunciada por Amnistía Internacional. El último caso hace escasamente dos semanas.
Regularmente nuevas leyes liberticidas aparecen. La última, anunciada hace dos días, permitirá imponer hasta 20 años de control judicial a un preso o una presa política después de que haya cumplido la integralidad de su condena.
¿Por qué este encarnizamiento?
Porque frente a un pueblo que quiere ejercer su derecho a la autodeterminación (y que ha rechazado mayoritariamente la constitución monárquica española), el gobierno de Madrid continúa en la vía represiva y se niega a aceptar la opción democrática y pacífica que propone la izquierda independentista vasca.
Todo esto está pasando a 800 kilómetros de aquí, con la complicidad del gobierno francés, que también se niega a reconocer la especificidad vasca de este lado de la frontera. Sin embargo, ninguna información sobre esta situación se filtra en los medios de comunicación. Solamente se habla de Euskal Herria cuando hay un atentado, sin explicar por qué este país está sumido en la violencia desde hace varias generaciones.
Frente a la desinformación oficial, es deber de todos los demócratas y progresistas franceses denunciar este estado de excepción. Si dejamos que los derechos humanos sean violados en el Estado español, no podremos pretender defenderlos aquí.
Por eso lamentamos que, un año más, la dirección de la Fiesta de l’Humanité haya denegado a nuestro comité la posibilidad de estar presentes en un stand en la fiesta. Como los otros movimientos de liberación nacional, la causa vasca tiene plenamente su sitio en la Ciudad Internacional.
Comité de solidarité avec le peuple basque,
21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris
comite_basque@yahoo.fr
La hoja fue muy bien recibida por las organizaciones de diferentes países presentes en la Fiesta y por las organizaciones de lucha en el Estado francés. Se aprovechó también para tomar contacto con diversas organizaciones y colectivos.
Cuando vinieron a detenerme
no había nadie para protestar.
Pasteur Niemöller
Euskal Herria: ¿por qué este silencio?
Los ataques a la democracia son cada vez más numerosos en Euskal Herria:
El Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), que en 2005 obtuvo el 13% de los votos y 9 diputados en las elecciones autonómicas, va a ser ilegalizado por el Tribunal Supremo español, cuando su única actividad ha sido y es la de representar a sus electores en el Parlamento vasco.
Misma ilegalización para el histórico partido antifranquista EAE-ANV, que obtuvo más del 20% de los sufragios en las elecciones municipales de 2007 y que tienen centenares de representantes municipales en toda Euskal Herria.
Varios medios de comunicación de la izquierda independentista (periódicos, radios) han sido cerrados por el poder español, y sus equipamientos confiscados.
Movimientos populares (movimientos de jóvenes, de solidaridad internacional, de defensa de los presos políticos, pero también numerosas herriko tabernas) son prohibidos y perseguidos, las personas responsables condenadas.
Actualmente hay más presos políticos vascos que a la muerte de Franco: 750 hombres y mujeres, lo que a escala de Francia, representaría 15.000 personas. Una gran parte de ellos y ellas han sido encarceladas por un simple delito de opinión o de solidaridad. Estas personas son sistemáticamente encarceladas lejos de Euskal Herria (un centenar en la región parisina), lo que dificulta las visitas de sus familias y amigos.
La tortura contra las personas detenidas es regularmente denunciada por Amnistía Internacional. El último caso hace escasamente dos semanas.
Regularmente nuevas leyes liberticidas aparecen. La última, anunciada hace dos días, permitirá imponer hasta 20 años de control judicial a un preso o una presa política después de que haya cumplido la integralidad de su condena.
¿Por qué este encarnizamiento?
Porque frente a un pueblo que quiere ejercer su derecho a la autodeterminación (y que ha rechazado mayoritariamente la constitución monárquica española), el gobierno de Madrid continúa en la vía represiva y se niega a aceptar la opción democrática y pacífica que propone la izquierda independentista vasca.
Todo esto está pasando a 800 kilómetros de aquí, con la complicidad del gobierno francés, que también se niega a reconocer la especificidad vasca de este lado de la frontera. Sin embargo, ninguna información sobre esta situación se filtra en los medios de comunicación. Solamente se habla de Euskal Herria cuando hay un atentado, sin explicar por qué este país está sumido en la violencia desde hace varias generaciones.
Frente a la desinformación oficial, es deber de todos los demócratas y progresistas franceses denunciar este estado de excepción. Si dejamos que los derechos humanos sean violados en el Estado español, no podremos pretender defenderlos aquí.
Por eso lamentamos que, un año más, la dirección de la Fiesta de l’Humanité haya denegado a nuestro comité la posibilidad de estar presentes en un stand en la fiesta. Como los otros movimientos de liberación nacional, la causa vasca tiene plenamente su sitio en la Ciudad Internacional.
Comité de solidarité avec le peuple basque,
21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris
comite_basque@yahoo.fr
Anónimo
Poco después de conocer la ilegalización del partido que preside, Kepa Bereziartua afirmaba a GARA de forma categórica que los argumentos que les llevan a su segunda ilegalización en sus 78 años de existencia son similares. Seguro de que el resto de la clase política vasca mirará para otro lado, anuncia que recurrirán la sentencia del Supremo español en Estrasburgo.
No es la primera vez que EAE-ANV es ilegalizada. ¿Qué supone la sentencia de la Sala del 61 para la historia del partido?
En 1939 nos ilegalizó el Gobierno fascista de Franco con unos argumentos que en el tiempo son los mismos que utiliza ahora un gobierno socialista para hacer lo mismo. Tenemos la sentencia del 39 y procuraremos de que toda Euskal Herria lea las dos resoluciones judiciales para ver sus similitudes. En la sentencia de hace casi 70 años nos ilegalizaron y nos incautaron el patrimonio con la misma argumentación que lo han hecho en 2008.
¿Ve alguna diferencia entre ambas resoluciones judiciales?
Ninguna. Entonces decían que era apoyo a la subversión por enfrentarnos a Franco y ahora dicen que respaldamos a Batasuna. Es vergonzoso, porque es el mismo hilo argumental, aunque con la diferencia del lenguaje de 70 años.
A pesar de que desde el inicio del proceso avanzaron que no esperaban nada de los tribunales españoles, ¿albergaban alguna esperanza?
La verdad es que, en el fondo, siempre te queda una minúscula esperanza de que no serán tan burros. Lo único que ha hecho EAE-ANV es presentarse a las elecciones municipales, que es legal, que no se ha hecho nada raro, ni hemos colaborado con nadie. Simplemente nos hemos presentado a las elecciones municipales con un programa independentista y de izquierda y, a raíz de ello, se desata la caja de Pandora y nos dicen que somos de todo.
¿Esperan algo del resto de fuerzas políticas vascas?
Absolutamente nada. Precisamente al poco de conocerse la noticia, en una calle de Erandio, un señor se me ha dirigido para preguntarme por lo que va a decir el lehendakari y le he contestado que Ibarretxe no dirá nada, ni lo más mínimo. Es así, callarán contra este nuevo atropello a la democracia.
La de su partido es la segunda ilegalización tras la de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. ¿Acudirán ustedes también a Estrasburgo?
De hecho, ya hemos ido. Tenemos presentada en Europa una iniciativa contra la ilegalización de una parte importante de las listas a los comicios municipales y forales y, al igual que en el caso de esas tres organizaciones políticas, está admitida a trámite. ¿En qué país democrático a un partido democrático se le puede decir cuál sí y cuál no de sus candidaturas pueden concurrir a las elecciones? Además, ante esta sentencia, iremos al Tribunal Constitucional español, aunque no servirá para nada, por supuesto, y después a Estrasburgo, y aguardar cinco o seis años hasta que las instancias europeas se pronuncien.
Tras la sentencia del Supremo, ¿temen algún tipo de operación policial o judicial contra su militancia?
No descartamos nada, ya que la resolución puede dar alas al juez Garzón para atacar a nuestros militantes y enviarlos a la cárcel.
No es la primera vez que EAE-ANV es ilegalizada. ¿Qué supone la sentencia de la Sala del 61 para la historia del partido?
En 1939 nos ilegalizó el Gobierno fascista de Franco con unos argumentos que en el tiempo son los mismos que utiliza ahora un gobierno socialista para hacer lo mismo. Tenemos la sentencia del 39 y procuraremos de que toda Euskal Herria lea las dos resoluciones judiciales para ver sus similitudes. En la sentencia de hace casi 70 años nos ilegalizaron y nos incautaron el patrimonio con la misma argumentación que lo han hecho en 2008.
¿Ve alguna diferencia entre ambas resoluciones judiciales?
Ninguna. Entonces decían que era apoyo a la subversión por enfrentarnos a Franco y ahora dicen que respaldamos a Batasuna. Es vergonzoso, porque es el mismo hilo argumental, aunque con la diferencia del lenguaje de 70 años.
A pesar de que desde el inicio del proceso avanzaron que no esperaban nada de los tribunales españoles, ¿albergaban alguna esperanza?
La verdad es que, en el fondo, siempre te queda una minúscula esperanza de que no serán tan burros. Lo único que ha hecho EAE-ANV es presentarse a las elecciones municipales, que es legal, que no se ha hecho nada raro, ni hemos colaborado con nadie. Simplemente nos hemos presentado a las elecciones municipales con un programa independentista y de izquierda y, a raíz de ello, se desata la caja de Pandora y nos dicen que somos de todo.
¿Esperan algo del resto de fuerzas políticas vascas?
Absolutamente nada. Precisamente al poco de conocerse la noticia, en una calle de Erandio, un señor se me ha dirigido para preguntarme por lo que va a decir el lehendakari y le he contestado que Ibarretxe no dirá nada, ni lo más mínimo. Es así, callarán contra este nuevo atropello a la democracia.
La de su partido es la segunda ilegalización tras la de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. ¿Acudirán ustedes también a Estrasburgo?
De hecho, ya hemos ido. Tenemos presentada en Europa una iniciativa contra la ilegalización de una parte importante de las listas a los comicios municipales y forales y, al igual que en el caso de esas tres organizaciones políticas, está admitida a trámite. ¿En qué país democrático a un partido democrático se le puede decir cuál sí y cuál no de sus candidaturas pueden concurrir a las elecciones? Además, ante esta sentencia, iremos al Tribunal Constitucional español, aunque no servirá para nada, por supuesto, y después a Estrasburgo, y aguardar cinco o seis años hasta que las instancias europeas se pronuncien.
Tras la sentencia del Supremo, ¿temen algún tipo de operación policial o judicial contra su militancia?
No descartamos nada, ya que la resolución puede dar alas al juez Garzón para atacar a nuestros militantes y enviarlos a la cárcel.
Anónimo
La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha condenado a la máxima pena, 10 años de prisión, a los responsables nacionales de Gestoras Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo, para quienes el fiscal pedía 13 años como máximos dirigentes de esta organización.
Los otros 18 dirigentes que han sido condenados a 8 años de cárcel son los responsables de Vizcaya (Jagoba Terrones y Julen Larrinaga), Guipúzcoa (Aratz Estonba y Ainhoa Irastorza), Álava (Iker Zubia y María Teresa Díaz de Heredia) y Navarra (Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco).
También han sido condenados a esta pena los responsables del área de Huidos (José María Olabarrieta), Bases Democráticas (Joseba Gotzon Amaro), Alde Hemendik (Jorge Chocarro), Presos vascos a Euskal Herria (Joseba Iñaki Reta), Tesorería (Gorka Zulaika), Red Empresarial (Jon Imanol Beaskoa) y Comunicación (Jesús Felipe Arriaga).Esta misma condena ha recaído también en los responsables de Askatasuna -sucesora de Gestoras- Sabin Juaristi, Iñaki Loizaga y Asier Virumbrales
Tiempos de crisis: agudización de la represión.Tiempos también para organizarse y resistir la ofensiva del capitalismo monopolista, ergo: fascismo
J.M. Álvarez
Los otros 18 dirigentes que han sido condenados a 8 años de cárcel son los responsables de Vizcaya (Jagoba Terrones y Julen Larrinaga), Guipúzcoa (Aratz Estonba y Ainhoa Irastorza), Álava (Iker Zubia y María Teresa Díaz de Heredia) y Navarra (Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco).
También han sido condenados a esta pena los responsables del área de Huidos (José María Olabarrieta), Bases Democráticas (Joseba Gotzon Amaro), Alde Hemendik (Jorge Chocarro), Presos vascos a Euskal Herria (Joseba Iñaki Reta), Tesorería (Gorka Zulaika), Red Empresarial (Jon Imanol Beaskoa) y Comunicación (Jesús Felipe Arriaga).Esta misma condena ha recaído también en los responsables de Askatasuna -sucesora de Gestoras- Sabin Juaristi, Iñaki Loizaga y Asier Virumbrales
Tiempos de crisis: agudización de la represión.Tiempos también para organizarse y resistir la ofensiva del capitalismo monopolista, ergo: fascismo
J.M. Álvarez
Anónimo
Durante la dictadura (eso que los «demócratas españoles» llaman «régimen anterior») todo fue Causa General, todo fue represión sumarísima que, además de torturar masivamente, llenar cárceles y empujar a miles de personas al exilio, significó la ilegalización de todas las fuerzas políticas consideradas subversivas. Los enemigos a batir eran, sobre todo, la izquierda (especialmente el comunismo) y el «separatismo».
La de 1939 fue la victoria del nacionalismo español más virulento y excluyente, y bien ilustran las intenciones del franquismo con respecto a la «cuestión nacional» las palabras pronunciadas en la Universidad de Salamanca por el catedrático Francisco Maldonado de Guevara en el «Día de la Raza» (12 de octubre) de 1936: «Cataluña y el País Vasco, el País Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva como un cirujano resuelto». El fiscal Acedo, del ejército de ocupación, hablaba en su Memoria escrita en 1939 de la represión de todas las «fuerzas anti-españolas».
El fascista Areilza, convertido en alcalde de Bilbo, lo dijo muy clarito en su discurso de julio de 1937: «Hasta ahora, amigos, podían discutir los polemistas en dialécticas estériles sobre los supuestos derechos de Vizcaya a su autonomía o gobierno propio. Desde ahora hay una razón que está por encima de todas las argucias históricas y de todos los papeleos abogadescos. La razón de la sangre derramada por Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar. La espada de Franco ha resuelto definitivamente el litigio curialesco del vizcaitarrismo (...)».
En el estado creado por los vencedores fuerzas como Acción Nacionalista Vasca quedaron fuera de la ley y fueron perseguidas. Lo mismo ocurrió con el Partido Socialista Obrero Español, el mismo que en septiembre de 2008 ha promovido la ilegalización de ANV, con quien, además de coincidir en la firma de documentos y pactos y trabajar en común en diversos ámbitos, concurrió en coalición en varios territorios a las elecciones de 1936 dentro del Frente Popular. El PSOE ha recurrido para colocar a ANV fuera de la ley al mismo tribunal en cuya fiscalía se situó en 1940 la responsabilidad de instruir la Causa General.
Como se sabe, ni éste ni ningún otro tribunal español fue purgado tras la muerte de Franco. Todo ello gracias a una transición hecha de la ley a la ley, en expresión de Fernández Miranda. Los jueces franquistas se han ido jubilando o muriendo, pero ni uno solo de ellos ha sido castigado por participar en el entramado represivo de una dictadura fascista, por usar la calificación de la onU en relación al franquismo. Sirva como un dato más para conocer la maraña de conexiones entre la judicatura «democrática» y el fascismo que un servidor fue juzgado y condenado en 1997 por una sala de ese tribunal de la que formaba parte un ex gobernador franquista.
Existen muchos elementos para considerar que en realidad la Causa General sigue instruyéndose en pleno siglo XXI contra las «fuerzas antiespañolas». Cambian los nombres y las formas, ciertamente, ahora no hay Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo ni Tribunal de Orden Público, pero tenemos Audiencia Nacional. Sigue existiendo una legislación especial para los considerados enemigos del Estado, que la «democracia», al igual que el franquismo, llama terroristas.
Esta legislación incluye la incomunicación, bajo la que se denuncian escalofriantes torturas. La información obtenida gracias a estos mecanismos excepcionales sirve para alimentar procesos judiciales, del mismo modo que los datos obtenidos mediante tortura ilustraban la Causa General. Los presos políticos sufren medidas especiales de presión, castigo y chantaje, alejados de su entorno y su familia. El derecho de manifestación está limitado y hasta existe una legislación especial para ilegalizar partidos. Y esto en un estado en el que los defensores del golpe de 1936 disponen de plena libertad para organizar partidos, concurrir a las elecciones y justificar públicamente los crímenes fascistas.
Todo esto, obviamente, nunca habría sido posible sin la complicidad de fuerzas aparentemente antifranquistas, como el PCE y el PSOE, que conformaron la gran coartada de los franquistas para organizar una transición que preservó intacto el legado del 18 de julio.
Transición cuyo principal escollo ha sido siempre Euskal Herria. Como señalaba un informe confidencial del Consejo Provincial del Movimiento en Gipuzkoa en septiembre de 1972, «la resolución del problema del País Vasco no admite ninguna demora. Debe ser resuelto en vida del Caudillo. Si no se lograra eliminarlo de la herencia política que recibirá el príncipe de España al cumplirse las previsiones sucesorias, se realizará de tal forma en los primeros tiempos de su reinado, que exigiría una respuesta militar con todos los riesgos y condicionamientos que ello había de entrañar para el signo, definitivamente pacífico, que debe caracterizar la Monarquía del Movimiento».
Efectivamente, la herencia política recibida por Juan Carlos, el exponente de la Monarquía del Movimiento, ha quedado marcada por la lucha del pueblo vasco, que se ha negado a aceptar un simulacro de transición democrática que sigue negándole el derecho a ser y decidir. Hoy en día los herederos del 18 de julio, tanto los que obedecen a la tradición franquista como los que se subieron al carro desde el antifranquismo, perciben como un desafío la tenacidad de la sociedad vasca en la defensa de su identidad y sus derechos. De ahí que todo el aparato represivo, toda la legislación de excepción y toda la maquinaria mediática tengan como prioridad acabar con el independentismo vasco y evitar que Euskal Herria sea dueña de su destino.
No ha habido ruptura con el franquismo, no hemos salido del ciclo histórico caracterizado por un estado de excepción constante contra aquellos que el nacionalismo español considera sus enemigos. La ilegalización de ANV sólo puede encuadrarse en este contexto. Un panorama marcado a su vez por la reciente decisión del Tribunal Constitucional que reafirma el principio de que el único sujeto de decisión es España. Otro principio directamente heredado del franquismo, obsesionado por la unidad del estado, como el mismo Franco se encargó de trasmitir a su sucesor en su lecho de muerte.
España no tiene para Euskal Herria otra cara que la represión, la negación, la exclusión. «Sólo yo existo -nos dice España- vosotros no, y no tenéis derecho a decidir». Y, para despejar dudas, nos lo recalca a base de ilegalizaciones, juicios y prohibiciones que algunos que se dicen abertzales no vacilan en acatar e incluso aplicar.
Ahora bien, que la indignación no nuble nuestro análisis. La intensificación de la represión pretende, como decía Mola, «dejar sensación de dominio». Pero lejos de lograrlo, cada paso que dan en esta espiral aleja un poco más Euskal Herria de España. Cuanto más recurren a la represión, más debilitan su posición en nuestro país, poniendo de manifiesto que sólo se sostiene por el uso de la fuerza. Con cada nuevo golpe nos ofrecen una razón más para desear nuestra independencia.
La de 1939 fue la victoria del nacionalismo español más virulento y excluyente, y bien ilustran las intenciones del franquismo con respecto a la «cuestión nacional» las palabras pronunciadas en la Universidad de Salamanca por el catedrático Francisco Maldonado de Guevara en el «Día de la Raza» (12 de octubre) de 1936: «Cataluña y el País Vasco, el País Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva como un cirujano resuelto». El fiscal Acedo, del ejército de ocupación, hablaba en su Memoria escrita en 1939 de la represión de todas las «fuerzas anti-españolas».
El fascista Areilza, convertido en alcalde de Bilbo, lo dijo muy clarito en su discurso de julio de 1937: «Hasta ahora, amigos, podían discutir los polemistas en dialécticas estériles sobre los supuestos derechos de Vizcaya a su autonomía o gobierno propio. Desde ahora hay una razón que está por encima de todas las argucias históricas y de todos los papeleos abogadescos. La razón de la sangre derramada por Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar. La espada de Franco ha resuelto definitivamente el litigio curialesco del vizcaitarrismo (...)».
En el estado creado por los vencedores fuerzas como Acción Nacionalista Vasca quedaron fuera de la ley y fueron perseguidas. Lo mismo ocurrió con el Partido Socialista Obrero Español, el mismo que en septiembre de 2008 ha promovido la ilegalización de ANV, con quien, además de coincidir en la firma de documentos y pactos y trabajar en común en diversos ámbitos, concurrió en coalición en varios territorios a las elecciones de 1936 dentro del Frente Popular. El PSOE ha recurrido para colocar a ANV fuera de la ley al mismo tribunal en cuya fiscalía se situó en 1940 la responsabilidad de instruir la Causa General.
Como se sabe, ni éste ni ningún otro tribunal español fue purgado tras la muerte de Franco. Todo ello gracias a una transición hecha de la ley a la ley, en expresión de Fernández Miranda. Los jueces franquistas se han ido jubilando o muriendo, pero ni uno solo de ellos ha sido castigado por participar en el entramado represivo de una dictadura fascista, por usar la calificación de la onU en relación al franquismo. Sirva como un dato más para conocer la maraña de conexiones entre la judicatura «democrática» y el fascismo que un servidor fue juzgado y condenado en 1997 por una sala de ese tribunal de la que formaba parte un ex gobernador franquista.
Existen muchos elementos para considerar que en realidad la Causa General sigue instruyéndose en pleno siglo XXI contra las «fuerzas antiespañolas». Cambian los nombres y las formas, ciertamente, ahora no hay Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo ni Tribunal de Orden Público, pero tenemos Audiencia Nacional. Sigue existiendo una legislación especial para los considerados enemigos del Estado, que la «democracia», al igual que el franquismo, llama terroristas.
Esta legislación incluye la incomunicación, bajo la que se denuncian escalofriantes torturas. La información obtenida gracias a estos mecanismos excepcionales sirve para alimentar procesos judiciales, del mismo modo que los datos obtenidos mediante tortura ilustraban la Causa General. Los presos políticos sufren medidas especiales de presión, castigo y chantaje, alejados de su entorno y su familia. El derecho de manifestación está limitado y hasta existe una legislación especial para ilegalizar partidos. Y esto en un estado en el que los defensores del golpe de 1936 disponen de plena libertad para organizar partidos, concurrir a las elecciones y justificar públicamente los crímenes fascistas.
Todo esto, obviamente, nunca habría sido posible sin la complicidad de fuerzas aparentemente antifranquistas, como el PCE y el PSOE, que conformaron la gran coartada de los franquistas para organizar una transición que preservó intacto el legado del 18 de julio.
Transición cuyo principal escollo ha sido siempre Euskal Herria. Como señalaba un informe confidencial del Consejo Provincial del Movimiento en Gipuzkoa en septiembre de 1972, «la resolución del problema del País Vasco no admite ninguna demora. Debe ser resuelto en vida del Caudillo. Si no se lograra eliminarlo de la herencia política que recibirá el príncipe de España al cumplirse las previsiones sucesorias, se realizará de tal forma en los primeros tiempos de su reinado, que exigiría una respuesta militar con todos los riesgos y condicionamientos que ello había de entrañar para el signo, definitivamente pacífico, que debe caracterizar la Monarquía del Movimiento».
Efectivamente, la herencia política recibida por Juan Carlos, el exponente de la Monarquía del Movimiento, ha quedado marcada por la lucha del pueblo vasco, que se ha negado a aceptar un simulacro de transición democrática que sigue negándole el derecho a ser y decidir. Hoy en día los herederos del 18 de julio, tanto los que obedecen a la tradición franquista como los que se subieron al carro desde el antifranquismo, perciben como un desafío la tenacidad de la sociedad vasca en la defensa de su identidad y sus derechos. De ahí que todo el aparato represivo, toda la legislación de excepción y toda la maquinaria mediática tengan como prioridad acabar con el independentismo vasco y evitar que Euskal Herria sea dueña de su destino.
No ha habido ruptura con el franquismo, no hemos salido del ciclo histórico caracterizado por un estado de excepción constante contra aquellos que el nacionalismo español considera sus enemigos. La ilegalización de ANV sólo puede encuadrarse en este contexto. Un panorama marcado a su vez por la reciente decisión del Tribunal Constitucional que reafirma el principio de que el único sujeto de decisión es España. Otro principio directamente heredado del franquismo, obsesionado por la unidad del estado, como el mismo Franco se encargó de trasmitir a su sucesor en su lecho de muerte.
España no tiene para Euskal Herria otra cara que la represión, la negación, la exclusión. «Sólo yo existo -nos dice España- vosotros no, y no tenéis derecho a decidir». Y, para despejar dudas, nos lo recalca a base de ilegalizaciones, juicios y prohibiciones que algunos que se dicen abertzales no vacilan en acatar e incluso aplicar.
Ahora bien, que la indignación no nuble nuestro análisis. La intensificación de la represión pretende, como decía Mola, «dejar sensación de dominio». Pero lejos de lograrlo, cada paso que dan en esta espiral aleja un poco más Euskal Herria de España. Cuanto más recurren a la represión, más debilitan su posición en nuestro país, poniendo de manifiesto que sólo se sostiene por el uso de la fuerza. Con cada nuevo golpe nos ofrecen una razón más para desear nuestra independencia.
Anónimo
Un paso más
La sentencia del Supremo es modélica. Llega en el momento oportuno, estaba escrita hace tiempo y la firman demasiados manos que ahora escupen frases que vienen de la más profunda actitud poco recomendable intelectual, jurídica y democráticamente. Es un paso más en la carrera represiva, del genocidio político que propician todos aquellos que van a aprobarse sus presupuestos mutuos y que podrán ir más tranquilos a las elecciones próximas, que es de hecho lo único que les preocupa. Mientras manejen las obras públicas, los conceptos de paz, patria, estatutos, constitución o derechos son simples excusas para jalearse. Su idea democrática es un poco más a la derecha que la que tiene Berlusconi.
Han dado el paso. No será el único, pero nos quedan muchos más pasos que dar para contrarrestar, solidariamente y con inteligencia y quitándonos tics y posturas anacrónicas, estas agresiones constantes, este estado de excepción perpetuo que mantiene el Zapatero más González que acabará siendo el gobierno más aznarista que imaginarse pueda. No tienen más ideología que el Poder, y no saben hacer otra cosa que caminar siguiendo las huellas ya tantas veces pisadas y que conducen, como siempre, hacia el dolor y la crispación. Es lo que les han dicho que da rentabilidad electoral. Seguramente que sí, en España, lo malo es que aquí también le pueda dar réditos y volvamos a las andadas.
La noticia televisivamente hablando ha sido tratada con el rango de intoxicación que se merecía algo tan elaborado en las cloacas del Estado, aunque sea con toga y puñetas, y nadie ha manifestado una duda, es como cuando el franquismo triunfante, nadie piensa, no hay argumentos, pero todos acatan, incluso aplauden. Han ilegalizado por sus santos cojones un partido histórico, usando una ley aberrante. Pero estos aires triunfales que intentan demostrar no son nada más que síntomas de su falta de credibilidad democrática. Y por mucho que se lo crean no mejora su situación económica, la crisis les va a pillar y solamente han entretenido al personal haciendo una burrada. Una más. Un paso más hacia su propio abismo. No saben hacer nada bien, pero en lo que hacen mal se aplican.
Raimundo Fitero
Un paso más
La sentencia del Supremo es modélica. Llega en el momento oportuno, estaba escrita hace tiempo y la firman demasiados manos que ahora escupen frases que vienen de la más profunda actitud poco recomendable intelectual, jurídica y democráticamente. Es un paso más en la carrera represiva, del genocidio político que propician todos aquellos que van a aprobarse sus presupuestos mutuos y que podrán ir más tranquilos a las elecciones próximas, que es de hecho lo único que les preocupa. Mientras manejen las obras públicas, los conceptos de paz, patria, estatutos, constitución o derechos son simples excusas para jalearse. Su idea democrática es un poco más a la derecha que la que tiene Berlusconi.
Han dado el paso. No será el único, pero nos quedan muchos más pasos que dar para contrarrestar, solidariamente y con inteligencia y quitándonos tics y posturas anacrónicas, estas agresiones constantes, este estado de excepción perpetuo que mantiene el Zapatero más González que acabará siendo el gobierno más aznarista que imaginarse pueda. No tienen más ideología que el Poder, y no saben hacer otra cosa que caminar siguiendo las huellas ya tantas veces pisadas y que conducen, como siempre, hacia el dolor y la crispación. Es lo que les han dicho que da rentabilidad electoral. Seguramente que sí, en España, lo malo es que aquí también le pueda dar réditos y volvamos a las andadas.
La noticia televisivamente hablando ha sido tratada con el rango de intoxicación que se merecía algo tan elaborado en las cloacas del Estado, aunque sea con toga y puñetas, y nadie ha manifestado una duda, es como cuando el franquismo triunfante, nadie piensa, no hay argumentos, pero todos acatan, incluso aplauden. Han ilegalizado por sus santos cojones un partido histórico, usando una ley aberrante. Pero estos aires triunfales que intentan demostrar no son nada más que síntomas de su falta de credibilidad democrática. Y por mucho que se lo crean no mejora su situación económica, la crisis les va a pillar y solamente han entretenido al personal haciendo una burrada. Una más. Un paso más hacia su propio abismo. No saben hacer nada bien, pero en lo que hacen mal se aplican.
Raimundo Fitero
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