El alto tribunal ha concluido que la tortura y la violencia son parte integral del sistema legal colombiano. Por tanto, ningún documento legal puede ser presentado como evidencia en el tribunal sin violar la ley danesa y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.
El alto tribunal danés de Conpenhague ha rechazado cualquier uso del material procedente del sistema legal colombiano. Esta decisión trascendental fue tomada durante el llamado "juicio de las franelas", donde la empresa de ropa "Fighters & Lovers" está siendo enjuiciada por financiar el terrorismo, debido a su apoyo a las FARC de Colombia y al FPLP (Frente Popular de Liberación de Palestina).
"El alto tribunal danés reconoce que el Estado colombiano sistemáticamente tortura y asesina a sus oponentes políticos. La consecuencia debe ser que los procesos judiciales rechacen el material procedente del sistema legal colombiano, dado el riesgo evidente de tortura y otras violaciones de los derechos humanos", afirma Thorkild Hoyer, abogado defensor de "Fighters & Lovers".
Un examen completo del material de la fiscalía danesa en el caso contra "Fighters & Lovers" ha revelado que el material presentado de Colombia se basa en confesiones obtenidas mediante tortura: violación, tortura eléctrica, estrangulamiento y violencia extrema. Esto ha sido revelado al comparar el material de la fiscalía con informes de varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la internacionalmente reconocida ONG Comisión Internacional de Juristas (ICJ) en Colombia.
La defensa aportó los casos de Rosember Gutiérrez y Diana Álvarez, vinculadas a una ONG colombiana y condenadas por terrorismo en una corte de Bogotá, que, según un informe elaborado en 2006 por Comisión Internacional de Juristas, fueron víctimas de violaciones, castigos físicos y amenazas de muerte por las autoridades.
La primera reacción de la fiscalía fue retirar a su testigo central, el juez y profesor colombiano Montealegre Lynett como representante del sistema legal colombiano. No obstante, la fiscalía decidió este viernes presentar a Montealegre Lynett de todos modos, y fue autorizado a hacerlo por el Alto Tribunal, con la condición de que no hiciera referencia a ningún documento concreto procedente de Colombia. "A Montealegre Lynett no le será fácil explicar su papel en un sistema legal que el Alto Tribunal considera marcado por la tortura y la violencia".
Los siete acusados del colectivo "Fighters & Lovers", se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por violar el artículo 114b del código penal danés, que castiga el apoyo económico a grupos terroristas. La acusación se basa en que en febrero de 2006 la firma anunció que destinaría una quinta parte del precio de unas camisetas a Radio Resistencia (vinculada a las FARC) y a un taller gráfico del FPLP.
Los magistrados deberán determinar si las FARC y el FPLP son organizaciones terroristas, como sostiene la acusación, o movimientos de liberación, como afirma la defensa, ya que ahí radica si la acción cometida es o no delictiva.
Los acusados fueron absueltos en primera instancia el pasado diciembre, al considerar el tribunal que, de acuerdo a las pruebas presentadas, no se podía concluir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) sean organizaciones terroristas.
El juicio comenzó en el Alto Tribunal de Copenhague este martes, 3 de septiembre, y continuará durante la próxima semana. Se prevé que la sentencia sea emitida el 11 de septiembre. Las audiencias del tribunal son abiertas al público. Comienzan a las 9:30 a.m. en la siguiente dirección de Copenhague: Østre Landsret 3. afdeling, Bredgade 59.
Decisión trascendental
El rechazo de la justicia danesa a las evidencias procedentes del Estado colombiano, por estar viciadas en origen, marca un importante precedente legal, en momentos en que el Gobierno colombiano ha emprendido una campaña de criminalización y persecución judicial contra varias personas que se comprometieron con el acuerdo humanitario.
Es el caso de la cooperante Remedios García, en España; de la senadora liberal Piedad Córdoba, de los periodistas Carlos Lozano y William Parra, en Colombia; o de la asambleista constituyente ecuatoriana María Augusta Calle. Todos están acusados de supuestos nexos con las FARC por el Estado colombiano, pero la única prueba que aporta la fiscalía son archivos y documentos presuntamente incautados en las computadoras atribuidas al comandante guerrillero asesinado por el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano.
Siguiendo la doctrina jurídica estadounidense de "los frutos del árbol envenenado", cualquier prueba obtenida ilegalmente, es nula jurídicamente y no puede ser usada en un juicio. Es lo que ocurre en el caso del famoso "computador de Raúl Reyes", donde concurren todo tipo de ilegalidades: violación del espacio aéreo ecuatoriano, violación territorial, violación a los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial.
Esto, añadido al hecho de que el propio informe forense de INTERPOL sobre los equipos informáticos supuestamente incautados a las FARC en la incursión militar del 1 de marzo de 2008, asegura que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades (manipulación de archivos) y no se siguió el protocolo internacional de cadena de custodia que admitiría un tribunal.
El abogado de Remedios García, Enrique Santiago, afirma que "el origen ilegal de las pruebas o indicios que dan origen a las actuaciones vicia todo el procedimiento, incluidas las pruebas incriminatorias obtenidas de forma lícita con posterioridad”.
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Anónimo
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domingo, 07 septiembre, 2008
Pero lo cierto es que la honda crisis socio-política que hoy afecta a Colombia no proviene sólo de los vínculos entre políticos y paramilitares, aunque hoy ésta sea uno de sus ejes, su complejidad no es un asunto de individuos sino que compromete a numerosos actores de la vida nacional y territorial y a estratégicos intereses del Estado, incluyendo al Ejecutivo.
Una amplia alianza de fuerzas políticas, empresariales, latifundistas y paramilitares se legitimó apelando al discurso militarista y a la derrota de las guerrillas y con este discurso lograron manipular crecientes sectores de la población.
Las cifras hablan de la profundidad de la crisis que vive el país y que se agudiza aún mas, con los más de 70 congresistas vinculados al paramilitarismo.
Más de treinta mil detenidos desaparecidos solo en las últimas décadas, cuatro millones de desplazados internos, alrededor de tres mil sindicalistas asesinados en los últimos veinte años, detenciones masivas de cientos de activistas sociales bajo la sindicación de ser auxiliadores de la guerrilla.
También se han consolidado estructuras y alianzas con empresarios y medios de comunicación que están comprometidas en el financiamiento de estructuras criminales y han logrado por medio de manipulaciones mediáticas una caricatura de la realidad nacional.
Los intereses que están detrás del genocidio, el desplazamiento y la desaparición del campesinado, de los líderes sindicales, de las comunidades indígenas, afro colombianos, los estudiantes, las mujeres y de los pensadores de la democracia y de la cultura en Colombia, tienen explicación en un calculado vaciamiento demográfico necesario para darles paso a los cultivos industriales, a los megaproyectos transnacionales y a la apropiación de los recursos naturales y humanos para colocarlos al servicio de los nuevos mercados de la globalización financiera y de la conquista imperial.
Esta realidad les ha permitido a quienes concentran el poder político y económico profundizar el modelo de desarrollo neoliberal, con la consiguiente privatización de los derechos y de los servicios sociales del Estado.
La crisis de credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas y de los partidos políticos, la corrupción, la existencia de niveles alarmantes de violaciones a los derechos humanos, el incremento de la violencia política y la dificultad de lograr una solución negociada al conflicto armado, están a la orden del día, sin que se demuestre interés en su resolución.
En los últimos años se han realizado tres Tribunales Internacionales de Opinión, el primer Tribunal Internacional de Opinión realizado en Bogota, los días 24 y 25 de noviembre de 2006, sobre el asesinato de jóvenes, reclutamiento forzado y militarización de la vida civil por parte de los grupos paramilitares, militares y de policía en el sur de Bogota; El Tribunal sobre Desplazamiento Forzado como un crimen de Estado realizado en Bogotá, entre el 21 al 23 de noviembre del año 2007 que condeno al estado Colombiano por el desplazamiento de mas de cuatro millones de personas en su mayoría campesinas, y en el tercer Tribunal Internacional de Opinión, sobre la Desaparición Forzada como un crimen de Estado realizado en Bogotá los días 24 al 26 de abril de este año 2008, se escucharon los testimonios de familiares de los desaparecidos. Cabe resaltar el importante aporte de las audiencias sectoriales sobre los delitos de las Empresas Transnacionales que operan en Colombia en sectores del petróleo, minería, alimentación, servicios públicos y genocidio indígena, y que traerán elementos fundamentales al Tribunal Internacional de Opinión a realizarse en Bruselas.
Estos son los escenarios previos preparatorios a este Tribunal a realizarse en Bruselas y que busca ser el espacio donde nuevamente la voz de las victimas sea escuchada. Se presentaran investigaciones que describen las pruebas de los hechos y testimonios suministrados por centenares de victimas, que abren el camino para que el Estado colombiano sea traído a juicio.
En anteriores oportunidades ha sido encontrado responsable por acción, permisión y omisión, en la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población colombiana en especial a los opositores políticos y las comunidades empobrecidas.
La presentación de datos provenientes de la constatación de los atropellos en sectores urbanos y en amplias zonas rurales del país, da a conocer cifras y testimonios de primera mano que dan cuenta de los resultados adversos de la política de seguridad del actual gobierno.
Pero la sola presentación de cifras concretas no es suficiente. Se requiere, además una interlocución crítica, que en este caso se consigue con dos sujetos de suprema importancia: uno es el sujeto de las victimas de los crímenes de lesa humanidad, y el otro es el sujeto de la cocería internacional. El primer sujeto, el de las victimas, trae consigo no solamente las heridas vivas de la guerra contra la vida, sino también toda una historia de organización comunitaria, de recursividad para asegurar la supervivencia, y una voz alternativa que cuestiona la agenda de impunidad del régimen y levanta un grito por verdad, justicia y reparación integral. El segundo sujeto, la vocería internacional, aporta la facilitación de redes mas amplias de solidaridad, la presión por vías democráticas que deslegitimen un régimen que apunta sus armas contra la población que debe proteger y en este sentido esperamos que el Tribunal también levante su voz a favor del acuerdo humanitario que permita la liberación de los rehenes civiles y militares.
En este contexto estamos convocando al Tribunal Internacional de Opinión, sobre la violación de Derechos Humanos en Colombia, un crimen de Estado, que tendrá lugar en Bruselas, los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2008. Este Tribunal sesionara en el Parlamento Europeo y dará a conocer un veredicto final que será pronunciado el 17 de septiembre.
Presentación de casos:
Se presentaran los casos más representativos recogidos durante el proceso de audiencias regionales y Tribunales Internacionales de Opinión, estos serán seleccionados para presentar durante el Tribunal Internacional en Bélgica.
Igualmente casos considerados emblemáticos en los diferentes sectores convocantes al Tribunal.
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