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Vivir en un estado fascista 3 |
Está asumido, más aún, se tiene como verdad de fe, que la transición terminó. Es una firme creencia de la mayoría de los ciudadanos del Estado Español (y no digamos del resto de países) que la dictadura del militar de nefasta memoria, fue vencida, muerta y enterrada por ese milagro político ocurrido en España llamado “Transición”.
Pero muchos españoles no lo vemos así.
Creemos que, efectivamente, hubo en este país un milagro llamado “Transición”, pero pensamos que el milagro no consistió, como se cree, en el paso de la dictadura a la democracia. El milagro consistió en hacernos creer que esa transición dictadura-democracia se había dado, cuando en realidad aún estamos sometidos a prácticas dictatoriales por parte de los gobernantes de turno. La verdad es que en este país aun queda mucho camino por recorrer para lograr una democracia digna de ese nombre.
Ya se que a estas alturas, cuando a todo el mundo se le llena la boca hablando de “democracia”, esto suena raro, por eso voy a poner un ejemplo ilustrativo de lo “democráticas” que son nuestras instituciones (en este caso el Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el PP en mayoría absoluta).
El pasado día 17 estuve, junto con algunos compañeros de EU, pintando un mural reivindicativo de la III República en una pared del Grao. El muro que elegimos no forma parte de ninguna vivienda ni del mobiliario urbano y estaba lleno de pintadas y carteles publicitarios. Lo limpiamos, lo acondicionamos y pintamos nuestro mural: una bandera republicana con el lema “3ª REPÚBLICA”.
La bandera que pintamos, perfectamente legal aunque algunos no lo sepan, era la enseña de los españoles cuando en un día como aquel (17-18 de Julio), un militar traidor, asesino y criminal de lesa humanidad, dio un golpe de Estado y conculcó todos los derechos de los ciudadanos. Ese militar de nefasta memoria, masacró en una guerra y después torturó, reprimió, asesinó y sometió al pueblo español a una terrible dictadura, que por lo visto aún algunos añoran. Esa bandera que pintamos, ejerciendo nuestra libertad de expresión, es un grito de libertad, un acto de desagravio a los muertos de ayer, un canto de esperanza para los hombres y mujeres de mañana, un “nunca más a las guerras”, un “para siempre a la paz”...
Ya terminábamos nuestro mural, cuando una patrulla de la Policía Local, enviada por el Concejal de Seguridad Ciudadana, acudió al lugar. Nos pidieron la documentación, tomaron nuestros datos y nos dijeron que iban a denunciarnos porque estábamos haciendo algo ilegal y prohibido por la normativa municipal. A continuación, el tal concejal, envió una nota de prensa a los medios de comunicación, en la que además de darnos lecciones de civismo, calificaba nuestro acto reivindicativo de “acción vandálica”, nos acusaba de “estropear los bienes privados de los ciudadanos” y anunciaba que iniciará un expediente sancionador a los autores de tan “vandálico acto” (y al parecer tan peligrosos para la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos de Castellón). Justo hoy me llega la notificación. Motivo oficial de la sanción: “Realizar pintada en un muro originando desórdenes leves en la vía pública”. Importe de la sanción: 150€.
Así. Y el citado concejal se queda tan celestial. Esta noche dormirá tranquilo: su misión de garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos de Castellón la ha cumplido a la perfección ¡Felicidades!
La gesta del edil es digna de figurar en los anales de la añorada “La Codorniz”… si no fuera porque en el substrato de la acción yacen motivaciones muy serias y nada hilarantes, que evidencian hasta que punto nuestra modélica democracia no lo es tanto.
Supuestamente estamos en un Estado de Derecho, donde la libertad de expresión se da por sentada. De hecho, las acusaciones mas furibundas que se hacen en los medios de comunicación de este país van dirigidas a los “dictadores” que, según dicen, han vetado la libertad en sus países. Me refiero, cómo no, a Hugo Chávez, a Fidel Castro y a todos esos “terribles opresores”, cuyo mayor pecado es, según ellos, coartar la libertad de su pueblo. Pero aquí no. Aquí los ciudadanos somos libres y libremente podemos expresar lo que pensamos, sin el riesgo de que ningún dictador nos lo prohíba.
Sin embargo, en este caso las cosas ocurrieron de otra forma y sí que se vetó nuestro derecho a la libre expresión ¿Qué pasa, pues?... algo no cuadra. En un país democrático como este ¿cómo es posible que se denuncie a unos/as ciudadanos/as por ejercer su derecho a la libertad de expresión? Algo falla en esta democracia…
Las leyes, en un Estado democrático, no pueden atentar contra el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos… y también los reglamentos municipales han de ceñirse escrupulosamente a este criterio.
Hablamos de “Democracia”, pero esa palabra ¿qué significa? Para la mayoría la democracia consiste simplemente en el derecho al voto, pero esto, siendo un aspecto muy importante de la democracia, no es suficiente, ya que la deja en una raquítica caricatura de lo que esta debe ser.
La democracia incluye otros aspectos sine qua non. Por ejemplo la libertad de expresión.
Veamos que hay sobre la libertad de expresión:
La “DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS” en su artículo 19 dice: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."
La “CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS” en su artículo 13 señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto”
Por su parte, la “CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA” en el Artículo 20 dice:
Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Según estos textos, queda claro que la libertad de expresión es parte constitutiva de la democracia y que cualquier acto que atente contra ella, atenta contra la propia democracia.
En nuestra legislación, los límites de la libertad de expresión los marca la propia Constitución y los pone en las leyes y en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
Es evidente que las personas que el día 17 estábamos pintando el mural, no atentábamos contra nada de eso, ni contra los bienes privados de nadie, ni cometíamos actos vandálicos, ni estropeábamos el mobiliario urbano.
La intervención del concejal de Seguridad Ciudadana, enviando a una patrulla de policías locales, excede con mucho el cumplimiento de sus funciones y atenta contra nuestro derecho a la libertad de expresión, por lo que es él quien incurre en ilegalidad. No ha sido desautorizado por la Alcaldía, porque es el propio Ayuntamiento quien dicta la normativa que prohíbe la libre expresión de ideas. Normativa que parece no existir ante otro tipo de expresiones gráficas en lugares públicos y privados, que siendo, estas sí, ilegales, no son perseguidas por las autoridades municipales. Esvásticas, yugos y flechas, letreros racistas, xenófobos… los pintan por decenas sin que el concejal de Seguridad Ciudadana se tome la molestia de actuar con la rapidez con la que actuó ante una (una sola) bandera republicana ¿no es llamativo?
Se les llena la boca hablando de democracia, de libertad, de respeto a los derechos humanos, pero siguen imponiendo normas dictatoriales que atentan contra los derechos que dicen que defienden.
Sirva el ejemplo que he puesto para ilustrar mi afirmación de que en este país, la dictadura todavía no está liquidada.
La verdad es que aún estamos sometidos a prácticas dictatoriales por parte de los gobernantes de turno.
La verdad es que muchos gobernantes siguen siendo dictadores disfrazados de demócratas.
La verdad es que en este país aun queda mucho camino por recorrer para lograr la verdadera democracia.
"La responsabilidad de cada ser humano está allá donde otro ser humano es despojado de su dignidad"

Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, mentiras, multitud, politica.
Inmediatamente después de hacerse público el auto judicial del tribunal especial, el Foro Ermua informó de que al hilo del acto del sábado interpondrá una querella contra De Juana. Manos Limpias ya lo ha hecho, y le acusa ante la Fiscalía General del Estado español de «enaltecer a ETA y humillar a las víctimas».
Mientras, el PP señaló que está estudiando la carta para decidir si se persona también contra el donostiarra.
Identificar a los participantes
Por lo que respecta a la iniciativa de Ruz, que el sábado se encontraba de guardia, consiste en la apertura de diligencias informativas para determinar si la carta atribuida a De Juana y que fue leída en el acto de Alde Zaharra constituye un «delito de enaltecimiento del terrorismo».
En la providencia judicial, el juez Ruz solicita a las FSE que investiguen si la convocatoria del acto fue realizada por Askatasuna. Junto a ello, pide «la identificación de las personas físicas responsables de tal convocatoria».
Como segunda cuestión, el magistrado español solicita también la identificación de las personas que participaron en el acto y que le digan quién fue la persona que procedió a leer la citada misiva.
Además de la remisión del texto de la carta, la Audiencia Nacional, como tercer punto, pide a la Policía española que certifique la autoría.
Como cuarta diligencia, solicita la identificación, «con mayor concreción de la establecida en los oficios remitidos hasta la fecha», de las banderas, pancartas o insignias que se mostraron en el acto, así como de las palabras o «vítores que fueron proclamados» durante el mismo.
Desde que a las 7.20 del sábado Iñaki de Juana abandonó la prisión española de Aranjuez dando término al cumplimiento de su última condena por dos artículos de opinión y a más de 7.800 días encarcelado, la presión mediática y política desde Madrid no ha cesado.
A vueltas con la carta
Como detalle significativo, cabe destacar que por tercer día consecutivo todavía una unidad móvil seguía ayer apostada ante el bloque de viviendas en el que, según los medios, querría fijar su domicilio el ex preso político donostiarra.
Tras el anuncio de la apertura de diligencias informativas, asociaciones afines al PP como AVT, Dignidad y Justicia o el colectivo Manos Limpias se apresuraron a felicitar al juez Ruz y a criticar tanto a la Fiscalía como al Gobierno español por no actuar de oficio contra el ex preso.
Interpelado por los periodistas, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió que el Ejecutivo del PSOE estudiará «todo lo que haga» De Juana, porque «no va a consentir que falte al respeto a las víctimas». No se posicionó sobre si en la carta hay delito.
Ante la insistencia mediática, el Gobierno español informó por boca de fuentes cercanas a su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega -de viaje en México- que actuará contra el preso si confirman que es el autor de la carta.
Otros no lo ven tan claro. Tras leer el contenido de la carta, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Gimeno, extrae la «impresión de que llega al límite de lo que puede decir y no lo supera. Hay frases que están deliberadamente calculadas».
Rodríguez Galindo podrá abandonar la prisión en los próximos días siempre que acepte el control que se le impondrá, por el que deberá volver a la cárcel los días y horas que el centro le marque, aunque Instituciones Penitenciarias no considera necesarias medidas de control telemático ya que por su especial implicación en la lucha antiterrorista queda sometido a protección personal permanente mediante escolta policial.
La Junta de Tratamiento de la cárcel de Ocaña II (Toledo) había propuesto el régimen abierto para el ex general por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos objeto de la condena, haber satisfecho su responsabilidad civil, haber tenido proceso de resocialización avanzado y por su grave estado de salud.
Sin embargo, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado la excarcelación de Rodríguez Galindo, pero ha rechazado su paso al tercer grado penitenciario "debido a la cuantía de la condena, la lejanía de las fechas de cumplimiento y la repercusión social de los hechos por los que fue condenado".
La noticia sobre la excarcelación de Rodríguez Galindo se produce justo un día después de que el diputado del PP, Ignacio Gil Lázaro, preguntara al Gobierno si se ha recibido alguna petición en torno al régimen penitenciario de los condenados por el caso Lasa y Zabala.
Galindo comenzó a cumplir condena el 9 de mayo de 2000 en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) y el 14 de julio de 2003 ingresó en el centro penitenciario -ordinario- de Ocaña II. Previamente a la sentencia que le condenó estuvo en la cárcel de modo preventivo entre el 23 de mayo y el 2 de agosto de 1996 y entre el 15 de septiembre de 1997 y el 26 de junio de 1998.
Durante su estancia en prisión, Rodríguez Galindo ha tenido que ser trasladado a un hospital hasta en cinco ocasiones por diferentes crisis de salud, la última vez el pasado 18 de agosto.
La pasada primavera, el juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, modificó el régimen penitenciario del ex general, por lo que podrá pasar a tercer grado sin haber cumplido la mitad de su condena.
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira había pedido su pase al tercer grado y las acusaciones particulares y populares personadas en la causa, entre las que se encuentran las familias de los asesinados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, no efectuaron alegación alguna, pese a que el juez de Vigilancia les dio un plazo de cinco días.
El pasado 19 de diciembre, Gómez Bermúdez desestimó los recursos presentados por Galindo contra la resolución de Instituciones Penitenciarias que le denegó la progresión a tercer grado, que le permitiría ir a la cárcel sólo a dormir de lunes a jueves y disponer de los fines de semana libres.
Los responsables de la guerra sucia no cumplen ni el 10% de las penas
Rafael Vera sigue la estela de otros altos cargos condenados por los casos Marey y Lasa-Zabala
La concesión del tercer grado a Rafael Vera, «número dos» del Ministerio del Interior durante el mandato del presidente español Felipe González, viene a confirmar una especial forma de aplicar la política penitenciaria que ya ha permitido eludir la cárcel a otros altos responsables de la llamada guerra sucia. Ninguno de ellos ha llegado a cumplir ni el diez por ciento de las condenas que recibieron.
Rafael Vera, condenado por guerra sucia (secuestro de Marey) y corrupción (apropiación de fondos reservados) a penas que sumaban diecisiete años de prisión, es un inmejorable ejemplo de la política aplicada por los gobiernos españoles a este tipo de presos. Vera ha entrado en prisión cuatro veces y las cuatro ha salido de ella con enorme celeridad, aunque eso sí, por diferentes vías.
La primera fue en 1995. Sobre el que fuera mano derecha de José Barrionuevo y su sucesor, José Luis Corcuera, pesaban fuertes acusaciones, pero la prisión preventiva apenas se prolongó durante cinco meses;pudo esquivarla con una fianza de 200 millones de pesetas, y su partido, el PSOE, se encargó de aportar el aval.
Ya condenado por el secuestro de Segundo Marey, en setiembre de 1998 Vera volvió a entrar en prisión junto a José Barrionuevo, jaleados por sus compañeros del PSOE con Felipe González a la cabeza. Esta vez estuvo entre rejas sólo tres meses, en los que les dio tiempo a posar ante el ‘‘Guernica’’ que habían pintado en uno de los muros queriendo unir su figura a la de las víctimas del bombardeo franquista. Salió para Nochebuena, gracias a un indulto parcial del Gobierno del PP.
En 2001, sin embargo, el Tribunal Constitucional les denegó el amparo y el Supremo decidió que nueve condenados tenían que retornar a prisión a cumplir la escasa parte de la pena que Aznar no había condonado. Esta vez fue un visto y no visto: y es que el mismo día se les concedió el régimen abierto.
La última estancia en prisión ha sido más larga. Vera ingresó en febrero de 2005 tras la condena de siete años impuesta por llevarse casi cuatro millones de euros de la caja. Sus amigos y colaboradores insinuaron que haría una huelga de hambre para forzar su libertad. No le ha hecho falta. Enseguida se agilizó el régimen de prisión. Primero se le permitió salir cuatro días a la semana, luego cinco, y ahora ya tiene el tercer grado. Está claro que no volverá a pisar la cárcel.
Para diversos partidos, esta medida supone claramente un pago por su silencio. Vera, por contra, se declara perjudicado en relación a otros condenados por estos hechos. Y no le faltan datos objetivos para argumentarlo: ha pasado en prisión dos años y dos meses (aunque sin dormir allí todas las noches), el 15% de las dos condenas iniciales, cuando el resto nunca ha agotado el 10% del tiempo de prisión aplicado.
Curiosamente, en la condena por la guerra sucia hubo mejor trato para Rafael Vera que en la de la corrupción. De la primera cubrió apenas un 8,5%; de la segunda, ha purgado entre rejas un 20%.
Los políticos del PSOE
Por el secuestro de Segundo Marey, el Tribunal Supremo español impuso a doce acusados (políticos y policías), un total de 88 años y diez meses de prisión. Si Vera cumplió ocho meses de los diez años previos al indulto, Julián Sancristóbal ex secretario de Estado para la Seguridad pasó encarcelado apenas un año, sumando además su estancia por presunta implicación en otra acción de guerra sucia, el atentado mortal contra Santi Brouard en 1984.
El de Sancristóbal es otro caso de prisión a plazos, siempre reducidos. Entró en diciembre de 1994 con el estallido de estos casos (fue prácticamente el primero), pero salió con fianza en agosto de 1995. Volvió con Vera y el resto en setiembre de 1998 aunque en otra prisión, pero tres meses después llegó el indulto. En marzo de 1999 le ordenaron otra vez hacer el petate por el «caso Brouard», si bien cuatro meses después estaba en la calle con fianza. Y el 30 de mayo de 2001, finalmente, acudió junto al resto para conocer que no debería pasar ni una noche en la cárcel. Total: cuatro excarcelaciones, quince meses.
El otro gran responsable político al que se castigó por el secuestro de Marey es Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSE en Bizkaia. Pisó la prisión en febrero de 1995, pero dos meses después estaba libre con fianza. Aunque poco más tarde reconoció ante el juez Baltasar Garzón su implicación, no se le volvió a encarcelar hasta después del juicio. Y entonces no pasó siquiera de tres meses. El Gobierno del PP, para el que ya entonces había pedido el voto, le dejó la condena de siete años en dos años y tres meses.
Con todo, el mejor parado en proporción fue su colega guipuzcoano Julen Elgorriaga. Al ex gobernador civil y ex delegado del Gobierno le aplicó la Audiencia Nacional 71 años de cárcel por el secuestro y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala, y el Supremo lo elevó luego hasta los 75. Pero no ha pasado en prisión ni dos años, menos del 3%. Estuvo como preventivo entre junio de 1996 y enero de 1998, y ya tras la sentencia, sólo entre el 9 de mayo y el 23 de julio de 2001. La jaula de oro de Galindo
Tampoco ha llegado ni de lejos al 10% el ex jefe de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo. Los 75 años de cárcel escritos en la sentencia se han quedado en poco más de cuatro en la práctica. De hecho, hasta que se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional el general sólo pasó entre rejas 72 días: del 23 de mayo al 2 de agosto de 1996. Pese a las decenas de años de petición fiscal en su contra, llegó al juicio a pie y no en furgón, lo mismo que Elgorriaga o el teniente Angel Vaquero. Sólo los dos guardias civiles de base, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, estaban encarcelados.
Pese a la contundencia del fallo judicial y las poses de Galindo, se auguraba que no pasaría mucho tiempo en prisión. Tras una campaña en favor del indulto que no terminó de prosperar, finalmente la excarcelación le llegó vía libertad condicional basada en motivos de salud. Desde el 1 de octubre de 2004 Galindo está en la calle. Había ingresado en prisión en mayo del año 2000.
Galindo repartió este tiempo entre la prisión militar de Alcalá y la civil de Ocaña, a la que no fue trasladado hasta julio de 2003, tiempo después de haber sido desposeído de la condición de militar y tras una intensa resistencia por su parte. Quizás por eso, según informaron luego diversos medios, en Ocaña tanto él como el también condenado ex teniente Vaquero dispusieron de un módulo con diez celdas vacías en las que al parecer pudieron instalar televisión, ordenador y hasta un pequeño gimnasio. Se asegura además que se les permitía comprar comida fuera de la prisión. Y Galindo siguió recibiendo visitas insignes, como la de dos ex ministros Corcuera y Barrionuevo en la tarde del 11-M.
PP y PSOE, tal para cual
Aunque el PP hiciera bandera de la cuestión de la guerra sucia para llegar a La Moncloa en 1996, tardó muy poco en mostrar que no estaba dispuesto a que sus responsables pagaran por ello. Si el PSOE había abonado fianzas y respaldado a los condenados por secuestros hasta las puertas de la prisión, el PP hizo más: concedió un indulto parcial por el «caso Marey», el 23 de diciembre de 1998, que es el factor principal que explica que nadie haya llegado al 10% de cumplimiento.
La entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, tuvo un gesto de sinceridad aquel día al admitir que «nunca en la historia judicial española se había tramitado un indulto con tal celeridad». Y un portavoz del PP instó al PSOE a reconocer esta circunstancia porque «es de bien nacidos ser agradecidos».
Del corazón de Elgorriaga y Galindo a la depresión del Vera aislado R.S.
Cuando el indulto no llegó o no bastaba, los condenados por guerra sucia no han encontrado en la legislación mayor problema para acceder a la libertad. Elgorriaga, Vera y Galindo la recobraron con un mismo motivo: problemas de salud.
El caso del ex gobernador civil de Gipuzkoa fue fulminante. Ni siquiera hubo críticas de partidos cuando, recién encarcelado tras la condena, se anunció que se le había concedido un «tratamiento extrapenitenciario por grave enfermedad», al parecer coronaria. Fue en octubre de 2004, y de Elgorriaga no se ha vuelto a oír hablar.
Rodríguez Galindo alegó problemas cardiovasculares, y la responsable de Instituciones Penitenciarias hizo el resto. Mercedes Gallizo lanzó una extensa excusatio non petita cuando el ex general quedó libre: «No tiene un problema circunstancial, sino algo que podría agravarse de manera considerable en prisión. Mantiene además el segundo grado y está bajo custodia del Estado. La Junta de Tratamiento de Ocaña ya había recomendado meses antes esta medida, pero yo no la acepté. Hay que tener una consideración humanitaria con las personas privadas de libertad».
En el caso de Vera, ha sido una depresión que, al parecer, afectó también a su mujer. El motivo hecho público por la Audiencia de Madrid era el aislamiento impuesto «debido al alto cargo que ocupó». El auto emitido en el mes de junio, cuando se le permitió ya salir a la calle cinco días a la semana, indicaba que «pensar que este es un tercer grado disimulado sería un mal pensamiento». Ahora sí que lo tiene de forma oficial.
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