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La crisis institucional derivada de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ya tocó también a los medios de comunicación. La solicitud del presidente Álvaro Uribe para que se investigue al director de Noticias Uno, Daniel Coronell, porque supuestamente ocultó una entrevista con la ex congresista Yidis Medina, constituye apenas el más reciente episodio, pero no ha sido el único.

La polarización política y judicial también está involucrando a los periodistas.

Los ejemplos abundan. Por estos días, el columnista de opinión del periódico El Espectador, Alfredo Molano, afronta un proceso penal por los presuntos delitos de injuria y calumnia, por un escrito en el que fustigó las cuestionables prácticas políticas de los que denominó “notables” de Cartagena y Valledupar. Varios integrantes de la familia Araújo, del Cesar, se sintieron aludidos y decidieron comparecer ante la justicia. Sin opción de conciliación, la pelea entre Molano y los Araújo se libra en los estrados de la Fiscalía General de la Nación.

A este caso se suma la citación de varios periodistas en calidad de testigos, hecha por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara, para corroborar señalamientos o hechos judiciales. Por ejemplo, los periodistas Rodrigo Silva de Caracol Radio y Édgar Velosa del Canal Caracol, tuvieron que comparecer ante los estrados judiciales por el escándalo de la yidispolítica, de la misma manera como tuvo que acudir Sandra Pureza Gómez, también del Canal Caracol.

De igual modo, el periodista William Acero, corresponsal del periódico El Mundo de Medellín, fue también llamado a declarar en los casos de la parapolítica y la yidispolítica. La periodista Marcela Ulloa tuvo que hacerlo en la Comisión de Acusación, para aclarar, en calidad de testigo, lo que le consta de una confrontación entre los magistrados de la Corte Constitucional Jaime Araújo Rentería y Manuel José Cepeda. En estos, como en anteriores casos, los comunicadores resaltaron su condición de periodistas antes que de testigos.

Pero el asunto tiene otros frentes. En la llamada farcpolítica, dos de los sindicados son reconocidos periodistas: William Parra, corresponsal de Telesur y Carlos Lozano, director del semanario Voz. Ambos están citados en indagatoria por supuestas relaciones con el abatido jefe guerrillero de las Farc Raúl Reyes. En el primer caso, Parra sostiene que todas sus gestiones han sido periodísticas, y en lo que corresponde a Lozano, también argumenta que sus relaciones con las Farc han sido como periodista y como mediador de paz.

Aún así, en la actual crisis en la que, por una u otra razón, los señalamientos empiezan a hacerse contra los periodistas, hasta la Corte Suprema de Justicia ha puesto en tela de juicio a los que en sendos comunicados calificó como generadores de opinión. Es más, en su carta de respuesta al Gobierno y la Corte Penal Internacional, al responder por las investigaciones a congresistas en la llamada parapolítica, no faltó el directazo a los comunicadores, a quienes califica de estar haciendo “señalamientos injustos”.

En dicha carta, la Corte Suprema de Justicia sostiene que ha adelantado la investigación contra los congresistas, “aun a riesgo de la integridad personal de los magistrados, no obstante las críticas infundadas y señalamientos injustos que sistemáticamente servidores públicos, periodistas y particulares interesados, formulan con el propósito de torpedear las investigaciones”. En otras palabras, otro lapo para los periodistas, esta vez no del Poder Ejecutivo sino del Poder Judicial.

A la controversia, ya en tono editorial, se sumó ayer el periódico norteamericano The New York Times, que al tiempo que resaltó los importantes progresos que ha tenido el gobierno Uribe en materia de seguridad, precisó que también ha demostrado “poco respeto por las instituciones de la democracia colombiana”. Además, aseguró que está tratando de promover una reforma para impedir que la Corte Suprema investigue a miembros del Congreso, cuando una quinta parte de sus partidos aliados está siendo investigada.

En síntesis, en un entorno constitucional en el que está protegida la libertad de expresión, se ordena que la actividad periodística goce de protección para garantizar su independencia profesional, y se admite que el secreto profesional es inviolable, por cuenta de las peleas en el interior del Estado, el periodismo está cayendo en la misma polarización. Si se denuncian irregularidades de funcionarios del Gobierno, el periodismo le hace el juego al terrorismo. Si se reclama debido proceso, se ataca a la Corte.

Más allá de los dilemas éticos sobre el ejercicio de la profesión y la necesaria distinción entre la libertad de opinión y la necesidad del rigor en el terreno informativo, desde los dos frentes de la polarización institucional, vuelve a cobrar fuerza la manida tesis de quienes creen que los periodistas siempre tienen la culpa. Por ahora, en la Presidencia y en la Corte Suprema, a falta de argumentos para demostrar sus posiciones, se volverá común que se diga que los periodistas informan para favorecer a una de las partes.

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