Una llamada de un vecino avisándole de que corriera a la casa que casi había acabado de construir despertó al alba a Nader Elayan. Cuando llegó era demasiado tarde: un buldozer estaba echando abajo las paredes. Más de cien guardas de seguridad israelíes contenían a los vecinos.
La demolición, que se llevó a cabo hace cuatro años, dejó a Nader Elayan, a su mujer, Fidaa, ahora embarazada, y a sus dos niños pequeños sin más lugar para vivir que una habitación en la ya abarrotada casa de su hermano. Es la única tierra que posee y ha invertido todos los ahorros en construir la ahora demolida casa.
En los últimos años dos docenas de otras familias del pueblo palestino de Anata, a las afueras de Jerusalén este, han compartido el mismo destino que Nader Elayan. Otros cientos más de familias tienen órdenes de demolición pesando sobre sus casas. “ No se ha concedido el permiso para construir una casa ni a una sola persona de mi barrio”, dice Nader Elayan, de 37 años.
El problema de la demolición de casas afecta a los palestinos de todos los territorios ocupados. Pero según Hatem Abdelkader, un asesor de Salam Fayyad, el primer ministro palestino, la situación es particularmente grave en la zona de Jerusalén este.
Indicó que el resultado de la política de Israel de denegar los permisos de construcción a muchos de los 250.000 palestinos de Jerusalén este ha sido la clasificación de 20.000 casas de la ciudad como ilegales desde que empezó la ocupación en 1967. Sólo el año pasado el ayuntamiento de Jerusalén emitió más de mil órdenes de demolición de “viviendas ilegales”. Se cree que tres de cada cuatro casas palestinas en la ciudad están construidas sin permiso.
“La construcción ilegal es simplemente un pretexto para destruir las casas y las vidas de las familias palestinas”, afirma Jeff Halper, director del Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICAHD, por sus siglas en inglés).
“Las demoliciones forman parte de una política de detener la expansión natural de las comunidades palestinas dentro y alrededor de Jerusalén liberando la máxima cantidad de tierra para el uso de los colonos israelíes”, continúa Halper. “Las demoliciones aumentan la presión sobre los palestinos para que se muden a Cisjordania, de manera que al hacerlo pierden sus derechos de residencia en la ciudad”.
En un acto de rebeldía la organización de Halper y 40 voluntarios internacionales ayudaron a la familia Elayan a reconstruir su casa en un intento de atraer la atención sobre lo que el Comité llama la “silenciosa limpieza étnica” de Jerusalén este. El trabajo se llevó a cabo durante un campamento de verano de dos semanas de duración financiado por el gobierno español. Madrid también pagó la estancia de los 18 voluntarios españoles.
“Es la primera vez que un gobierno apoya la reconstrucción de una casa palestina ‘ilegal’ demolida por las autoridades israelíes,” afirma Halper.
La cuestión de la demolición de casas vuelve a estar de actualidad ahora después de dos incidentes independientes sucedidos en julio en los que dos palestinos, ambos residentes en Jerusalén, circularon por la ciudad en un buldozer arrasando lo que encontraban a su paso. Mataron a tres israelíes y dejaron a otros muchos más. Aunque a ambos palestinos los mataron en el lugar de un tiro, los altos cargos israelíes, incluyendo a Ehud Barak, ministro de Defensa, están pidiendo la demolición de sus casas, lo que dejaría a sus familias sin hogar, para disuadir a otros de hacer lo mismo.
Esta destrucción punitiva de casas acabó en 2005 por la amenaza de recusaciones legales, pero no antes de que 270 casas fueran arrasadas “por razones de seguridad” durante el primer año de la Intifada.
Sin embargo, según Halper, el uso de las demoliciones contra palestinos acusados de construcción ilegal es un problema mucho más importante. “Calculamos que al menos se han destruido 18.000 casas durante las cuatro décadas de ocupación”.
De hecho Halper cree que es posible que el número real de casas demolidas sea el doble de las cifras oficiales. Muchas demoliciones no están registradas y las hacen los propios palestinos por temor a las fuertes multas que se les imponen cuando el ejército israelí emite la orden de demolición.
“La mayoría de las demoliciones son de edificios de varias plantas que son el hogar de varias familias, lo que significa que mucho más de 100.000 familias palestinas pueden haberse quedado sin hogar debido a las políticas administrativas israelíes”, afirmó.
Desde que se fundó hace una década, el Comité Israelí contra la Demolición de Casas ha reconstruido 150 casas palestinas como parte de su campaña para llamar la atención de los judíos israelíes y de la comunidad internacional sobre el problema de la demolición de casas. Ha sido una batalla muy difícil, dice Halper. La Unión Europea, que ha mejorado recientemente sus relaciones con Israel, anunció este mes la retirada de su financiación al ICAHD.
Pero el campo de trabajo de este año puede que haga un poco más difícil que se sigan demoliendo casa en Anata, opina Halper: “una cosa es destruir una casa construida de manera supuestamente ilegal por un palestino y otra destruir una construida con dinero proporcionado por el gobierno español”.
Halper también cree que al presentar estos grupos como campamentos de verano de voluntarios de la causa palestina puede hacer que empiece a cambiar la percepción del público.
Alonso Santos, un estudiante de arquitectura madrileño de 21 años, afirmó que había aprendido mucho al ver de primera mano la vida palestina bajo la ocupación.
“Se me abrieron los ojos al darme cuenta de que los principios de planificación urbanística que nos enseñan en la universidad los estaban usando los israelíes pero exactamente con el propósito contrario del habitual. Las normas de planificación aquí están diseñadas no para mejorar la vida de los palestinos sino para hacérselas más miserables”.
Los voluntarios se alojaron el un centro de paz situado en Anata y levantado en el lugar donde estaba la casa de Salim Shawamreh, que fue demolida cuatro veces por las autoridades israelíes. Conocida como la Casa Arabiya, por el nombre de la mujer de Shawamreh, uno de los lados del edificio está decorado con un mural que describe la muerte de Rachel Corrie, una pacifista estadounidense, por un buldozer israelí que había estado demoliendo casas en Gaza.
“Imagine que sus hijos se van por la mañana al colegio y cuando vuelven más tarde se dan cuenta de su casa, todo su mundo, ha desaparecido mientras estaban fuera”, dijo Shawamreh. “Eso les ocurrió a mis hijos cuatro veces. Es de una crueldad que no se puede expresar con palabras”.
Shawamreh, cuya familia eran refugiados de 1948 procedentes del norte de Negev, dijo que el ICAHD y él habían creado el centro de paz para llamar la atención sobre el difíciles condiciones de vida de los palestinos de Anata. Hoy la casa esta bajo la vista de una comisaría de policía situada en el valle, que es parte del futuro crecimiento de un enorme asentamiento judío, Maale Adumum, que los palestinos y los grupos de derechos humanos israelíes creen que está dividiendo en dos Cisjordania.
El centro de paz también está cerca tanto del serpenteante trazado del muro de separación israelí y de una nueva carretera de circunvalación (que forma parte de lo que se considera un sistema de carreteras de apartheid) que se está construyendo para garantizar que los colonos judíos pueden conducir separados de los palestinos por toda Cisjordania.
La Casa Arabiya tiene un aplazamiento temporal de demolición mientras los tribunales israelíes determinan su estatus.
Halper afirma que los jueces son reacios a confirmar la orden de demolición porque su grupo ha amenazado con llevar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia si el veredicto es contrario a la casa.
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Anónimo
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miércoles, 06 agosto, 2008
Hace unos años la misma zona se asemejaba más a un puesto fronterizo entre dos países enemistados. Una ametralladora pesada instalada en un promontorio, manejada por un soldado perteneciente al ejército de ocupación israelí, apuntaba hacia el lado palestino. Un grupo de soldados con actitud desganada controlaba el paso de una zona a otra en una garita de mala muerte, mientras otros grupos observaban desde sus puestos listos para cualquier eventualidad. Más adelante, tras caminar un rato por una especie de tierra de nadie, aparecía otra garita desvencijada, donde unos soldados palestinos controlaban el paso. Al fondo, varios taxis esperaban para llevar al viajero a su destino.
El paso era incómodo, desagradable y atemorizador, además de que los israelíes hacían lo posible para que un mero trámite fuese un castigo, pero hoy es aún peor. Por supuesto que los palestinos que tenían permiso para trabajar en Israel como mano de obra barata padecían ya entonces a diario el racismo y la arbitrariedad de los soldados de ocupación israelíes. Éstos les hacían pasar buena parte de la madrugada en colas interminables a las que fueron añadiendo diversos elementos de deshumanización, como corredores aptos solamente para el paso de ganado, cacheos y otros procedimientos de registro denigrantes, mecanismos electrónicos pagados por los propios controlados, exclusión arbitraria de personas fichadas, imposición de cierres, etc.
Hoy no queda nada de aquello porque, salvo casos contados con los dedos de una mano, lisa y llanamente ya no hay paso para los palestinos. Punto final. En la lógica sionista no basta con no darles permiso para pasar a Israel por el norte y el este, donde miles perdieron sus tierras y casas cuando fueron expulsados en 1948, sino que tampoco les dejan salir por el sur, sencillamente cruzando la frontera con Egipto, ni por el oeste, puesto que a través del mar Mediterráneo lo tienen prohibido, ni por el aire porque está igualmente prohibido, a pesar de que no tienen ni barcos ni aviones para hacerlo y de que el aeropuerto –pagado casi por completo con dinero español- fue destruido por las bombas de la aviación israelí.
Un zeppelín militar de inocente color blanco se mece lentamente en el aire por encima del muro que rodea Gaza, controlando que ningún infeliz se mueva más allá de lo establecido por los guardianes del campo o realice algún movimiento sospechoso.
El muro de hormigón armado impresiona por su altura, grosor e inacabable longitud, pero más aún porque muestra que a pesar de los juicios de Nuremberg y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que presagiaban una nueva era para el mundo libre de crímenes de guerra y contra la humanidad, hoy hay cemento de sobra para que Israel construya un campo de concentración en la Franja de Gaza (38 kilómetros de largo por 12 de ancho en su parte más extensa) en el que encierra a un millón y medio de personas, mientras que éstas no lo pueden obtener para construir sus casas porque Israel lo impide mediante el bloqueo al que somete al campo.
Varios militares o agentes de policía de paisano con una más que mediana metralleta en ristre, procuran dejar bien claro con sus paseos rasantes alrededor de la decena escasa de personas que esperan bajo un sol de justicia frente a una garita en mitad del descampado que rodea la zona edificada, que es mejor que no se muevan de su sitio. Al cabo de un largo rato de espera, a través de megafonía, la soldado que está instalada en la garita blindada les da el paso al recinto.
Se trata de una nave industrial de una altura inusual con aire acondicionado y varias garitas en su interior, de las que sobran todas menos una porque no hay tráfico de personas que las haga necesarias. Se produce una nueva espera que tiene su lógica a pesar de la inexistencia de movimiento.
En la mentalidad sionista es esencial que todo el que no colabore con el sistema pague por ello. Ni siquiera hace falta ser un enemigo declarado del mismo. En este caso, los visitantes vienen de un Estado con buenas relaciones de todo tipo con Israel, o sea, el Reino de España, muestran sus documentos en regla, van completamente desarmados, disponen de la coordinación previa por parte del consulado español en Jerusalén con las autoridades israelíes, tienen billete de avión de vuelta a su país, dinero para su mantenimiento y un objetivo humanitario declarado que cumplir que dura exactamente tres días con sus correspondientes noches.
La razón de que la policía de fronteras israelí en Erez haga pasar un mal rato a los extranjeros, es que a los sionistas no les hace mucha ilusión la llegada de testigos al campo de concentración, pues eso y no otra cosa son los extranjeros que llegan a Erez con intención de pasar adelante (los israelíes tienen prohibido el paso). Puede que le nieguen a uno la entrada, para lo que no hace falta una justificación razonable. Basta por ejemplo con manifestar alguna solidaridad con los palestinos, ser un activista por los derechos humanos, estar en una lista negra, tener apellidos de origen árabe o que resulten sospechosos, etc.
Se trata de desanimar a los visitantes como sea. Si la vista del muro, las metralletas peripatéticas y la espera bajo el sol no lo consiguen (obviamente, pues nadie va hasta allí para disfrutar del ambiente), entonces se les somete a interrogatorio. El interrogador habla sentado por megafonía tras un cristal blindado y el interrogado lo hace de pie frente a la garita.
Es importante que el individuo se sienta incómodo, asustado, culpable, desorientado y sobre todo impotente ante el funcionamiento del campo. Contra lo que puede parecer a primera vista existe una lógica en ese funcionamiento, aunque no sea una lógica humana por así decir. El fin es poner nervioso al entrevistado, que se equivoque en alguna respuesta. A veces las preguntas se repiten una y otra vez y cuando el fallo sucede entonces aumentan la presión y consiguen que la persona cometa nuevos errores y que les facilite así una excusa para que no la dejen pasar: un dato sospechoso a juicio de los soldados, una mala contestación fruto de la presión, una contradicción tras varias respuestas a la misma pregunta, etc.
Nadie se dirige a los visitantes ni se les informa del procedimiento a seguir. Pasa el tiempo, no se mueve nada. Uno decide por fin acercarse a la garita, pero es devuelto al grupo. No entra ni sale absolutamente nadie, no hay nada de actividad salvo el paseo enérgico de los soldados con sus metralletas.
Por fin, llaman para que se acerquen de uno en uno. Las preguntas varían de lo razonable a lo cómico: ¿qué va a hacer en Gaza? ¿ha estado antes en Israel? ¿habla ruso? ¿tiene carné de conducir? ¿cuántos pasaportes tiene? ¿cómo se llama su jefe? Desde el elevado piso superior cámaras y personal de vigilancia graban y observan a los visitantes sin ser vistos. Posteriormente hay que pasar de uno en uno a través de un estrecho torno de barras metálicas que se puede bloquear a voluntad del personal de servicio, una o dos puertas blindadas más que se abren por control remoto y –siempre bajo cámaras de vigilancia- se abandona el recinto para ingresar en un corredor metálico y cruzar definitivamente el muro de hormigón hacia el lado palestino.
El cruce de Gaza a Israel es igual salvo que se añade una parada de algunos segundos en una especie de cámara anti-explosivos que se ajusta al cuerpo como un ataúd y en la que hay que colocarse en un lugar concreto con las piernas abiertas y los brazos en alto y separados. Una especie de cinta o cinturón vertical electrónico da una vuelta completa alrededor del cuerpo tantas veces como sea necesario para dejar satisfecho al soldado que está en el piso superior de que la persona no supone ninguna amenaza.
Es un procedimiento tan impresionante como estúpido, ya que los soldados saben perfectamente de antemano quiénes son los visitantes y qué hacen en Gaza, ya que han entrado con la documentación revisada previamente por las autoridades españolas e israelíes, eso sin contar con que no ha habido jamás casos de ciudadanos europeos en misión oficial o humanitaria que hayan atacado al cuarto ejército más poderoso del mundo.
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