| «« | »» |
Histórico respaldo popular a Evo Morales |
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha logrado un histórico respaldo popular de 2.102.477 votos, lo que supone el 67,43% de los votos válidos del referendo revocatorio de mandato popular, con el 99,65% de las mesas escrutadas, según los últimos datos ofrecidos por la Corte Nacional Electoral.
Las cifras serán confirmadas en las próximas horas por el máximo tribunal electoral del país, una vez compute las 25 mesas que faltan.
La información oficial señala que escrutadas 21.897 mesas electorales -sobre un universo de 3.367.856 votos emitidos- 3.118.168 son votos válidos (92,59%), 133.807 (3,97%) son en blancos y 115.881 (3,44%)son nulos.
Un total de 2.102.477 bolivianos han votado por la ratificación de Morales y del vicepresidente, Álvaro García Linera, y 1.015.691 lo han hecho en contra. En las elecciones del 2005 recibió 1.544.374 votos (53,74%), cifra superada por 558.103 sufragios.
contiene 3
comentarios.
Etiquetas: conocimiento, medios, memoria, multitud, politica.
Anónimo
La posición del gobierno no ha avanzado porque se sabía de antemano que Evo contaba con alrededor del 60 por ciento de las simpatías de la población. Quiénes sí se consolidaron y salieron potenciados son los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, con casi el 70% de votos, y el de Beni, Ernesto Suárez, con alrededor del 68%, ambos (regionalmente) superior al voto de Evo. Como consecuencia de la votación, el separatismo gobierna ahora “legalmente” a cinco de los nueve departamentos (provincias) del país.
Rubén Costas, el indiscutible líder de la sedición, ha interpretado la votación como una “nueva ratificación a la autonomía departamental” y ha anunciado un programa de república autónoma que incluye la implementación de una Asamblea Legislativa propia; de normas como el “salario digno autonómico”; la elección por voto popular de subgobernadores y corregidores; el “control, la fiscalización y recaudación de los recursos del departamento que nos corresponden”; la creación de una agencia tributaria departamental y la constitución de una policía propia.
El debacle del referendo era previsible por dos razones: a) se conocía la fuerza social-administrativa de la subversión oligárquica-imperial y, b) se sabía que la subversión no iba a respetar ningún mandato democrático, tal como lo ha hecho durante los últimos dos años. ¿Qué sentido tenía entonces llevar a cabo un referendo en el cual no se iba a ganar nada y en el cual, al contrario, se legalizaba y legitimaba la sedición separatista de los últimos dieciocho meses?
La decisión de llevar a cabo el referendo revocatorio es típica del pensamiento liberal que hegemoniza la praxis del gobierno boliviano que se sigue aferrando a las ilusiones del régimen burgués y que sigue actuando en el campo de la legalidad y legitimidad burguesa frente a un enemigo fascistoide, mientras que pierde una bastión de poder real tras otra, hasta que tendrá que entregar el poder entero.
El gobierno boliviano, y los liberales nacionales e internacionales que lo asesoran, no quieren reconocer que la situación boliviana es la que sintetizó Mao Tse Tung en 1938, cuando decía que el “poder político nace de los cañones de los fusiles”. En todo conflicto entre un poder democrático (el gobierno de Evo) y uno sedicioso-antidemocrático, decide la fuerza: en el caso boliviano, la organización y las armas de los dos adversarios.
Cuanto más tiempo pierden Evo Morales y Álvaro García Linera en reuniones y declaraciones de artistas e intelectuales, ratificaciones de constituciones, premios nobel de la paz o referendos, en lugar de organizar el poder real que decidirá el escenario boliviano -que evoluciona hacia la entrega del poder a los neoliberales o la guerra civil- más se debilita su posición.
La derrota del poder constitucional por el fáctico-sedicioso, en Bolivia, agrava la situación en el Cono sur que se ha generado con el fin del proyecto Kirchner en la Argentina. Ambas derrotas se deben a errores de las conducciones nacionales: soberbia de poder en el caso de Kirchner, hegemonía de pensamiento liberal y ausencia de visión de vanguardia popular-indígena en el gobierno de Evo y Álvaro.
La primera independencia 1808-1825, se perdió por las condiciones objetivas de la revolución latinoamericana que hicieron imposible ganarla duraderamente. Si se pierde la actual batalla por la Patria Grande será por las condiciones subjetivas: la falta de conciencia de las clases políticas latinoamericanas en el poder.
Rubén Costas, el indiscutible líder de la sedición, ha interpretado la votación como una “nueva ratificación a la autonomía departamental” y ha anunciado un programa de república autónoma que incluye la implementación de una Asamblea Legislativa propia; de normas como el “salario digno autonómico”; la elección por voto popular de subgobernadores y corregidores; el “control, la fiscalización y recaudación de los recursos del departamento que nos corresponden”; la creación de una agencia tributaria departamental y la constitución de una policía propia.
El debacle del referendo era previsible por dos razones: a) se conocía la fuerza social-administrativa de la subversión oligárquica-imperial y, b) se sabía que la subversión no iba a respetar ningún mandato democrático, tal como lo ha hecho durante los últimos dos años. ¿Qué sentido tenía entonces llevar a cabo un referendo en el cual no se iba a ganar nada y en el cual, al contrario, se legalizaba y legitimaba la sedición separatista de los últimos dieciocho meses?
La decisión de llevar a cabo el referendo revocatorio es típica del pensamiento liberal que hegemoniza la praxis del gobierno boliviano que se sigue aferrando a las ilusiones del régimen burgués y que sigue actuando en el campo de la legalidad y legitimidad burguesa frente a un enemigo fascistoide, mientras que pierde una bastión de poder real tras otra, hasta que tendrá que entregar el poder entero.
El gobierno boliviano, y los liberales nacionales e internacionales que lo asesoran, no quieren reconocer que la situación boliviana es la que sintetizó Mao Tse Tung en 1938, cuando decía que el “poder político nace de los cañones de los fusiles”. En todo conflicto entre un poder democrático (el gobierno de Evo) y uno sedicioso-antidemocrático, decide la fuerza: en el caso boliviano, la organización y las armas de los dos adversarios.
Cuanto más tiempo pierden Evo Morales y Álvaro García Linera en reuniones y declaraciones de artistas e intelectuales, ratificaciones de constituciones, premios nobel de la paz o referendos, en lugar de organizar el poder real que decidirá el escenario boliviano -que evoluciona hacia la entrega del poder a los neoliberales o la guerra civil- más se debilita su posición.
La derrota del poder constitucional por el fáctico-sedicioso, en Bolivia, agrava la situación en el Cono sur que se ha generado con el fin del proyecto Kirchner en la Argentina. Ambas derrotas se deben a errores de las conducciones nacionales: soberbia de poder en el caso de Kirchner, hegemonía de pensamiento liberal y ausencia de visión de vanguardia popular-indígena en el gobierno de Evo y Álvaro.
La primera independencia 1808-1825, se perdió por las condiciones objetivas de la revolución latinoamericana que hicieron imposible ganarla duraderamente. Si se pierde la actual batalla por la Patria Grande será por las condiciones subjetivas: la falta de conciencia de las clases políticas latinoamericanas en el poder.
Anónimo
El Gobierno del presidente Evo Morales comenzó a usar el notable apoyo electoral que obtuvo en las urnas, y que alcanza al 66 por ciento, para gestionar un difícil como complicado pacto con sus principales opositores, los prefectos (gobernadores) de la oligarquía que fueron ratificados con un apoyo similar y que han forjado gobiernos regionales en virtual rebeldía y desacato.
Al anochecer del martes 12, Morales invitó, a través de una carta, a "las autoridades ratificadas a un diálogo nacional que permita abordar todos aquellos temas dirigidos a lograr un gran acuerdo nacional que el pueblo boliviano aguarda de sus autoridades electas y ratificadas democráticamente".
La cita estaba prevista para este miércoles a las 10 de la mañana en La Paz, pero los prefectos derechistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, declinaron inicialmente la invitación y optaron por reunirse junto a los movimientos cívicos y empresariales para definir una estrategia conjunta para enfrentar a Morales. Horas después, al mediodía, los prefectos, reunidos en Santa Cruz, anunciaron su disposición al diálogo con agenda abierta y sin condicionamientos.
"Le comunicamos (al presidente Morales) que estamos dispuestos a trasladarnos a Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz el día de hoy en horas de la tarde", señala un comunicado leído por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
En Palacio de Gobierno, en La Paz, eran intensos los preparativos para instalar la primera reunión entre Morales y los prefectos al cerrar la tarde.
Votos para el pacto
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el apoyo electoral obliga, tanto al Gobierno como a los opositores, a dialogar. "El apoyo que han recibido los prefectos traduce un mensaje: que los prefectos con su proyecto autonómico y el Gobierno con la nueva Constitución Política del Estado, tenemos que construir ese pacto de unidad nacional".
Horas antes el presidente Morales había señalado que el resultado de la consulta revocatoria del domingo se constituye en una conminatoria para que los actores políticos se sienten a dialogar, por lo que demandó a los prefectos que "entiendan el pedido del pueblo boliviano" y asistan a su invitación.
"Tenemos que buscar soluciones en el diálogo (...) Queremos constitucionalizar las autonomías", dijo Morales en horas de la mañana.
Resultados oficiales
En las primeras horas de este miércoles, el conteo oficial de votos, que alcanzaba ya al 88 por ciento, daba cuenta que Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, obtenían el 66 por ciento de apoyo en todo el país. Los resultados de la Corte Nacional Electoral también mostraban que Morales y García Linera recibían apoyo mayoritario en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Pando, mientras que el rechazo hacia ellos era mayor en Santa Cruz, Beni y Tarija.
Las cifras oficiales también confirmaban el masivo apoyo a los prefectos derechistas como Rubén Costa de Santa Cruz (68%), Ernesto Suárez de Beni (65%), Mario Cossío de Tarija (58%) y Leopoldo Fernández de Pando (55%). Ellos, junto a la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, que recientemente ganó las elecciones, son los principales opositores a Morales.
Asimismo se confirmaba que fue ratificado el prefecto Mario Virreira de Potosí (76%), que es leal a Morales, y que fueron revocados en sus mandatos los prefectos derechistas José Luis Paredes de La Paz y Manfred Reyes Villa de Cochabamba.
En el caso de Oruro, Los resultados oficiales entregados por la Corte Departamental señalan que el prefecto oficialista Alberto Luis Aguilar tiene una votación del Sí que alcanza al 50,74 por ciento, mientras que el No alcanza a 49,26 por ciento, sobre el 99,16 por ciento de las mesas computadas.
Estos resultados crearon el primer conflicto en la lectura de resultados, pues, según la resolución de las cortes departamentales del 31 de julio, Aguilar ha sido ratificado, pero según la Ley 3850 la autoridad departamental necesita 59 por ciento para quedarse.
Un pacto complicado
Con estos resultados, tanto Morales como los prefectos derechistas tienen motivos para cantar victoria, aunque en rigor ninguno de ellos ha logrado debilitar seriamente a su rival. Morales no pudo derribar a ninguno de los prefectos que han forjado gobiernos "autónomos" y en rebeldía en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones en las que virtualmente ya no puede entrar el Presidente. Del mismo modo, la oligarquía no pudo mermar el apoyo electoral hacia Morales, especialmente en el altiplano y los valles.
Por ello, unos como otros apuntan a iniciar negociaciones. Por ahora, todos quieren mostrar que están dispuestos al diálogo, aunque son los prefectos opositores los menos interesados en lograr un acuerdo, ya que han logrado grandes réditos políticos impulsando la confrontación contra el Gobierno de Morales.
Aprovechando la política conciliadora de Morales, la oligarquía tomó el control de cinco de los nueve departamentos de Bolivia levantando la bandera de la autonomía regional, mediante la cual están preservando sus millonarias ganancias que obtienen al explotar los recursos naturales, adueñarse de las tierras más fértiles y lucrar con los grandes negocios de la agroexportación, la industria, el transporte, el comercio y la banca.
Todos ellos están bloqueando la nueva Constitución Política del Estado promovida por Evo para garantizar, por lo menos en el papel, los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y para viabilizar la reelección de Morales por los dos siguientes periodos hasta el 2020.
En los hechos, la oligarquía no quiere llegar a un acuerdo con Morales y por ello exige un pliego de demandas que sólo podría cumplirse si Evo se rinde totalmente. Así demandan que el Gobierno les devuelva los recursos de los impuestos a los hidrocarburos (cerca de 200 millones de dólares al año), anule los avances de la nueva Constitución y reconozca sus estatutos autonómicos (que les permite tener su propio Parlamento, dictar leyes por encima de las nacionales, cobrar impuestos y crear su propia Policía).
Presión por el diálogo
Con el avance del conteo oficial de votos, crecían también las demandas para que el Gobierno de Morales y los prefectos armen un gran pacto nacional y armonicen las reivindicaciones populares con las de la oligarquía. A este pedido se sumaron la Iglesia católica, los organismos internacionales, los grandes medios de comunicación y las organizaciones empresariales, cívicas, profesionales y populares.
El Gobierno de Estados Unidos también hizo suyo este llamado e instó al Gobierno boliviano y a la oposición a que aprovechen la oportunidad que se les ha abierto después del referéndum revocatorio para "comenzar un diálogo franco" y resolver sus diferencias.
"Urgimos a todas las partes a que aprovechen esta oportunidad para comenzar un diálogo franco para resolver temas pendientes y definir un camino hacia adelante que una a todos los bolivianos", dijo el portavoz adjunto interino del Departamento de Estado, Robert Wood.
Todas estos sectores quieren que el presidente Morales frene sus reformas y mantenga en pie el neoliberalismo y los millonarios intereses de la oligarquía, precisamente todo lo contrario de lo que quiere la masiva votación emitida este domingo a favor de Morales para que profundice los cambios en la perspectiva de la agenda de octubre (nacionalización real del gas, petróleo y minas, expropiación de latifundios y entrega de tierras a los campesinos, y mejor salario, más empleo y digna jubilación para los trabajadores).
Al anochecer del martes 12, Morales invitó, a través de una carta, a "las autoridades ratificadas a un diálogo nacional que permita abordar todos aquellos temas dirigidos a lograr un gran acuerdo nacional que el pueblo boliviano aguarda de sus autoridades electas y ratificadas democráticamente".
La cita estaba prevista para este miércoles a las 10 de la mañana en La Paz, pero los prefectos derechistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, declinaron inicialmente la invitación y optaron por reunirse junto a los movimientos cívicos y empresariales para definir una estrategia conjunta para enfrentar a Morales. Horas después, al mediodía, los prefectos, reunidos en Santa Cruz, anunciaron su disposición al diálogo con agenda abierta y sin condicionamientos.
"Le comunicamos (al presidente Morales) que estamos dispuestos a trasladarnos a Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz el día de hoy en horas de la tarde", señala un comunicado leído por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
En Palacio de Gobierno, en La Paz, eran intensos los preparativos para instalar la primera reunión entre Morales y los prefectos al cerrar la tarde.
Votos para el pacto
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el apoyo electoral obliga, tanto al Gobierno como a los opositores, a dialogar. "El apoyo que han recibido los prefectos traduce un mensaje: que los prefectos con su proyecto autonómico y el Gobierno con la nueva Constitución Política del Estado, tenemos que construir ese pacto de unidad nacional".
Horas antes el presidente Morales había señalado que el resultado de la consulta revocatoria del domingo se constituye en una conminatoria para que los actores políticos se sienten a dialogar, por lo que demandó a los prefectos que "entiendan el pedido del pueblo boliviano" y asistan a su invitación.
"Tenemos que buscar soluciones en el diálogo (...) Queremos constitucionalizar las autonomías", dijo Morales en horas de la mañana.
Resultados oficiales
En las primeras horas de este miércoles, el conteo oficial de votos, que alcanzaba ya al 88 por ciento, daba cuenta que Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, obtenían el 66 por ciento de apoyo en todo el país. Los resultados de la Corte Nacional Electoral también mostraban que Morales y García Linera recibían apoyo mayoritario en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Pando, mientras que el rechazo hacia ellos era mayor en Santa Cruz, Beni y Tarija.
Las cifras oficiales también confirmaban el masivo apoyo a los prefectos derechistas como Rubén Costa de Santa Cruz (68%), Ernesto Suárez de Beni (65%), Mario Cossío de Tarija (58%) y Leopoldo Fernández de Pando (55%). Ellos, junto a la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, que recientemente ganó las elecciones, son los principales opositores a Morales.
Asimismo se confirmaba que fue ratificado el prefecto Mario Virreira de Potosí (76%), que es leal a Morales, y que fueron revocados en sus mandatos los prefectos derechistas José Luis Paredes de La Paz y Manfred Reyes Villa de Cochabamba.
En el caso de Oruro, Los resultados oficiales entregados por la Corte Departamental señalan que el prefecto oficialista Alberto Luis Aguilar tiene una votación del Sí que alcanza al 50,74 por ciento, mientras que el No alcanza a 49,26 por ciento, sobre el 99,16 por ciento de las mesas computadas.
Estos resultados crearon el primer conflicto en la lectura de resultados, pues, según la resolución de las cortes departamentales del 31 de julio, Aguilar ha sido ratificado, pero según la Ley 3850 la autoridad departamental necesita 59 por ciento para quedarse.
Un pacto complicado
Con estos resultados, tanto Morales como los prefectos derechistas tienen motivos para cantar victoria, aunque en rigor ninguno de ellos ha logrado debilitar seriamente a su rival. Morales no pudo derribar a ninguno de los prefectos que han forjado gobiernos "autónomos" y en rebeldía en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones en las que virtualmente ya no puede entrar el Presidente. Del mismo modo, la oligarquía no pudo mermar el apoyo electoral hacia Morales, especialmente en el altiplano y los valles.
Por ello, unos como otros apuntan a iniciar negociaciones. Por ahora, todos quieren mostrar que están dispuestos al diálogo, aunque son los prefectos opositores los menos interesados en lograr un acuerdo, ya que han logrado grandes réditos políticos impulsando la confrontación contra el Gobierno de Morales.
Aprovechando la política conciliadora de Morales, la oligarquía tomó el control de cinco de los nueve departamentos de Bolivia levantando la bandera de la autonomía regional, mediante la cual están preservando sus millonarias ganancias que obtienen al explotar los recursos naturales, adueñarse de las tierras más fértiles y lucrar con los grandes negocios de la agroexportación, la industria, el transporte, el comercio y la banca.
Todos ellos están bloqueando la nueva Constitución Política del Estado promovida por Evo para garantizar, por lo menos en el papel, los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y para viabilizar la reelección de Morales por los dos siguientes periodos hasta el 2020.
En los hechos, la oligarquía no quiere llegar a un acuerdo con Morales y por ello exige un pliego de demandas que sólo podría cumplirse si Evo se rinde totalmente. Así demandan que el Gobierno les devuelva los recursos de los impuestos a los hidrocarburos (cerca de 200 millones de dólares al año), anule los avances de la nueva Constitución y reconozca sus estatutos autonómicos (que les permite tener su propio Parlamento, dictar leyes por encima de las nacionales, cobrar impuestos y crear su propia Policía).
Presión por el diálogo
Con el avance del conteo oficial de votos, crecían también las demandas para que el Gobierno de Morales y los prefectos armen un gran pacto nacional y armonicen las reivindicaciones populares con las de la oligarquía. A este pedido se sumaron la Iglesia católica, los organismos internacionales, los grandes medios de comunicación y las organizaciones empresariales, cívicas, profesionales y populares.
El Gobierno de Estados Unidos también hizo suyo este llamado e instó al Gobierno boliviano y a la oposición a que aprovechen la oportunidad que se les ha abierto después del referéndum revocatorio para "comenzar un diálogo franco" y resolver sus diferencias.
"Urgimos a todas las partes a que aprovechen esta oportunidad para comenzar un diálogo franco para resolver temas pendientes y definir un camino hacia adelante que una a todos los bolivianos", dijo el portavoz adjunto interino del Departamento de Estado, Robert Wood.
Todas estos sectores quieren que el presidente Morales frene sus reformas y mantenga en pie el neoliberalismo y los millonarios intereses de la oligarquía, precisamente todo lo contrario de lo que quiere la masiva votación emitida este domingo a favor de Morales para que profundice los cambios en la perspectiva de la agenda de octubre (nacionalización real del gas, petróleo y minas, expropiación de latifundios y entrega de tierras a los campesinos, y mejor salario, más empleo y digna jubilación para los trabajadores).
Anónimo
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, denunció en conferencia de prensa que detrás de esas manifestaciones se encuentran congresistas de la oposición, junto a dirigentes cívicos y de la prefectura del oriental departamento de Santa Cruz.
Rada señaló que las fuerzas del orden público cumplieron con su labor ante los intentos de los manifestantes de tomar con violencia la sede regional de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Además, advirtió que la entidad policial cuenta con el respaldo absoluto del Ejecutivo, como una de las instituciones primordiales de la sociedad.
El jefe de carpeta aclaró que las pretensiones de las autoridades cruceñas de crear una policía independiente están destinadas al fracaso y constituyen un acto ilegal.
Alertó que esas protestas parecen ser el inicio de una campaña violenta y desestabilizadora, que continuará la próxima semana con un paro cívico convocado para este martes por los líderes opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca.
Por su parte, el vicepresidente Alvaro García llamó a los grupos promotores de esas actitudes a no manipular a los discapacitados con intenciones políticas.
El vicemandatario declaró que quienes impulsan esas acciones son aquellos reticentes a aceptar el triunfo obtenido por la gestión del presidente Evo Morales en el reciente referendo revocatorio.
Por último, recordó que el Congreso está citado para el 19 de agosto con el objetivo de sancionar la ley del Fondo Solidario en favor de los discapacitados, cuya aprobación ha sido aplazada por los senadores de la oposición.
A su vez, el diputado del gobernante Movimiento al Socialismo Jorge Silva lamentó que ese sector prosiga con medidas de presión, a pesar de conocer que el tema es abordado por el Parlamento.
Rada señaló que las fuerzas del orden público cumplieron con su labor ante los intentos de los manifestantes de tomar con violencia la sede regional de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Además, advirtió que la entidad policial cuenta con el respaldo absoluto del Ejecutivo, como una de las instituciones primordiales de la sociedad.
El jefe de carpeta aclaró que las pretensiones de las autoridades cruceñas de crear una policía independiente están destinadas al fracaso y constituyen un acto ilegal.
Alertó que esas protestas parecen ser el inicio de una campaña violenta y desestabilizadora, que continuará la próxima semana con un paro cívico convocado para este martes por los líderes opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca.
Por su parte, el vicepresidente Alvaro García llamó a los grupos promotores de esas actitudes a no manipular a los discapacitados con intenciones políticas.
El vicemandatario declaró que quienes impulsan esas acciones son aquellos reticentes a aceptar el triunfo obtenido por la gestión del presidente Evo Morales en el reciente referendo revocatorio.
Por último, recordó que el Congreso está citado para el 19 de agosto con el objetivo de sancionar la ley del Fondo Solidario en favor de los discapacitados, cuya aprobación ha sido aplazada por los senadores de la oposición.
A su vez, el diputado del gobernante Movimiento al Socialismo Jorge Silva lamentó que ese sector prosiga con medidas de presión, a pesar de conocer que el tema es abordado por el Parlamento.
| «« | Inicio | »» |
