«« | »» |
El ejército colombiano y paramilitares |
El ex jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza, quien está a punto de ser extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, admitió en entrevista con el diario El Espectador que los grupos armados de ultraderecha asesinaron a miles de personas durante la lucha contra la guerrilla, en la cual contaban con el apoyo directo o indirecto de las fuerzas armadas.
Mejor conocido con el alias de HH, Veloza describió cómo los jefes paramilitares tenían libre acceso a los cuarteles del ejército y sus recursos, y dijo que no se explica por qué varios generales en activo y en el retiro no están siendo investigados por su participación en estos hechos.
En particular se refirió a Rito Alejo del Río, que le facilitó las instalaciones de un cuartel para mantener secuestrados ahí a dos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes luego fueron desaparecidos.
Según Veloza, el general Alejo conversó en varias ocasiones con el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, asesinado en 2004 por subalternos inconformes con su jefatura.
Asimismo, los paramilitares y los soldados habrían realizado patrullajes conjuntos, por lo que los oficiales deberían ser castigados, señaló HH.
“Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla. Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder, pero ellos también deben responder”, dijo.
El ex dirigente de las AUC afirmó también que el proyecto de los paramilitares no fracasó, pues al cabo del tiempo logró debilitar a la guerrilla y arrebatarle el control de vastas zonas del país, aunque admitió que su perdición fue vincularse con el narcotráfico.
Veloza confesó que las tropas a su cargo “asesinaron a tres mil personas o más”, y que “murieron más inocentes que culpables, pero así es la guerra”.

Etiquetas: conocimiento, memoria, multitud, politica, violencia.
Así se expresa el ex jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza: “Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla. Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder, pero ellos también deben responder”.
El genocidio cometido por el Estado colombiano contra el pueblo colombiano ha sido una de las prioridades en el ocultismo y manipulación de la guerra mediática: en tanto que han desinformado sistemáticamente, y ocultado la realidad de los hechos: ocultado la realidad de la barbarie Estatal y multinacional en Colombia, a la vez que también han ocultado los procesos de resistencia del pueblo, y se han ensañado en desacreditar a los movimientos insurgentes colombianos.
Este ensañamiento de los grandes monopolios de la difusión contra el pueblo colombiano tiene una explicación sencilla: la riqueza de la región Andino-amazónica, en la mira de las grandes multinacionales de la extracción, de la energía, del agro-industrial y agro-combustibles, y las grandes farmacéuticas ávidas de la biodiversidad.
El Saqueo brutal ejercido y el planeado, esviabilizado mediante la represión del Terrorismo de Estado, porque mediante las masacres más atroces se busca la “Disuasión por el Terror”…Disuadir a las poblaciones de que reivindiquen sus derechos económicos, sociales, laborales, ecológicos.
Este Terrorismo de Estado en Colombia se ha ejercido y se ejerce mediante las fuerzas regulares del Estado, y mediante las fuerzas irregulares o encubiertas del propio Estado: los paramilitares.
Obviamente la careta que el Estado y los Medios le han querido poner a los paramilitares ha sido siempre que “son unos grupos de extrema derecha, que el Estado busca combatir”, lo cual es absolutamente cínico, pues esta Estrategia Paramilitar, fue creada desde el mismo Estado, bajo la dirección de los manuales y “técnicos” estadounidenses, expertos en “guerra contrainsurgente”.
Desde esos “expertos” es que se conceptualiza y se infunde en las fuerzas militares del ejército oficial y para-oficial de Colombia el concepto del “enemigo interno”.
Bajo ese nefasto concepto han sido masacrados cientos de miles de colombianos fuera de combate, muchos desmembrados y torturados…
En Colombia son desaparecidas entre 3 y 4 personas de promedio al día, por ese accionar de las fuerzas del ejército y el para-ejercito, y más de 4 millones de campesinos e indígenas han sido desplazados de sus aldeas por medio de las masacres de los paramilitares y el ejército, en una clara voluntad de vaciar de población el campo, para dejar las zonas de alto interés económico libres para lasmultinacionales, cofinanciadoras de paramilitarismo.
La otra razón de los desplazamientos masivos de poblaciones ha sido la voluntad del Estado de “quitarle el agua al Pez”, entendiendo que “el pez” es la guerrilla, y “el agua” el campesinado que la apoya, pues sus mismos hijos, hermanas, hermanos, tíos, son los combatientes guerrilleros.
En los 2 últimos años en Colombia se han destapado ya 4000 fosas comunes, en ellas se han encontrado más de 32.000 cadáveres. La ubicación de estas fosas ha sido posible por las coordenadas que los paramilitares han facilitado para poder así acogerse a una ley que les garantiza la impunidad casi total si se “arrepienten”; es la “ley de Justicia y paz”, fabricadaa su medida por uno de los principales creadores del paramilitarismo: el hoy presidente de Colombia, Uribe Vélez.
Según el Estado loo 32.000 cadáveres no pueden ser identificados pues el Estado no dispone de “medios suficientes” para poder practicar las pruebas de ADN y demás análisis probatorios de identidad.
Pero en cambio ese Estado si tiene suficiente presupuesto para su descomunal ejército represivo y para rearmar a los paramilitares, nuevamente cohesionados bajo el nuevo nombre de “Águilas Negras”.
He aquí algo de lo que ha filtrado a través de los cómplices dedos de los monopolios mediáticos (Dpa, Afp, Reuters , Notimex), para que después no digan que son datos inventados por la “izquierda”:
El ex jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza, quien está a punto de ser extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, admitió en entrevista con el diario El Espectador que los grupos armados de ultraderecha asesinaron a miles de personas durante la lucha contra la guerrilla, en la cual contaban con el apoyo directo o indirecto de las fuerzas armadas.
Mejor conocido con el alias de HH, Veloza describió cómo los jefes paramilitares tenían libre acceso a los cuarteles del ejército y sus recursos, y dijo que no se explica por qué varios generales en activo y en el retiro no están siendo investigados por su participación en estos hechos.
En particular se refirió a Rito Alejo del Río, que le facilitó las instalaciones de un cuartel para mantener secuestrados ahí a dos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes luego fueron desaparecidos.
Según Veloza, el general Alejo conversó en varias ocasiones con el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, asesinado en 2004 por subalternos inconformes con su jefatura.
Asimismo, los paramilitares y los soldados habrían realizado patrullajes conjuntos, por lo que los oficiales deberían ser castigados, señaló HH.
“Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla. Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder, pero ellos también deben responder”, dijo.
El ex dirigente de las AUC afirmó también que el proyecto de los paramilitares no fracasó, pues al cabo del tiempo logró debilitar a la guerrilla y arrebatarle el control de vastas zonas del país, aunque admitió que su perdición fue vincularse con el narcotráfico.
Veloza confesó que las tropas a su cargo “asesinaron a tres mil personas o más”, y que “murieron más inocentes que culpables, pero así es la guerra”.
Es por primera vez después de más de ocho años de aplicación de la represiva “política de seguridad democrática” en la región, que la comunidad Araucana tiene la posibilidad de expresarse “libre y públicamente” y es también la primera vez que sus quejas, reclamos y denuncias son escuchadas por autoridades legislativas, autoridades gubernamentales, eclesiásticas, militares y de policía.
La audiencia trato importantes temas como las detenciones masivas y arbitrarias, los montajes judiciales, las ejecuciones extrajudiciales, la corrupción administrativa, el conflicto interno y sus consecuencias, el paramilitarismo, la persecución a los proyectos comunitarios, los bombardeos indiscriminados, el desplazamiento forzado, la fumigación a los cultivos de uso ilícito, la militarización de la vida cotidiana de los pobladores en el departamento; la audiencia vibro y escucho los desgarradores testimoniosde un importante numero de victimas que ha dejado la arbitrariedad oficial en la región yconcluyo con las exigencias que la comunidad Araucana, sectores sociales y de DDHH participantes le hicieron a todas las instituciones del estado presentes en la histórica audiencia, las exigencias fueron las siguientes:
1.- Que las autoridades correspondientes, protejan la vida e integridad de las personas que en ejercicio de su derecho de expresión rindieron sus testimonios en esta audiencia y de los dirigentes sociales, defensores de derechos humanos que participaron en la organización y desarrollo de este evento.
2.- Que se Interceda ante el ejecutivo nacional y los organismos de justicia y control para evitar las vías de hecho y atropellos en que incurren miembros de la fuerza pública, que se respeten los derechos y garantías constitucionales de la población civil de Arauca, en especial que se impidan las retenciones masivas, selectivas y arbitrarias, que se acaben los montajes judiciales, los censos o empadronamientos a la población, que se respete el debido proceso y se acabe la persecución e incautaciones de mercancías catalogadas de contrabando sin realmente serlo, que se detenga el involucramiento de las comunidades al conflicto, principalmente los menores y se respete el principio de distinción.
3.- Que se promueva y se incentive por parte de los organismos oficiales correspondientes la inversión económica, social y cultural, en provecho de la comunidad araucana, en busca de promover el desarrollo. Observando de preferencia a la población victima del desplazamiento forzado, que vive en condiciones infrahumanas y que tiene problemas con las entidades crediticias.
4.- Presentar y darle seguimiento ante la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, las denuncias por homicidios, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, amenazas, contra la población de Arauca, cometidas por las políticas de Estado y los grupos al margen de la ley, allegadas a esta audiencia, para que no queden en la impunidad y este acto no se convierta en vano y superfluo.
5.- Constituir y/o impulsar una comisión de seguimiento y veeduría a los procesos judiciales que se han adelantado en el marco de las detenciones arbitrarias masivas y selectivas.Asimismo, promueva ante la Defensoría del Pueblo la expedición de una Resolución Defensorial al respecto.
6.- Exhortar a la Fiscalía General de la Nación y a sus organismos de inteligencia, para que se cumpla y se haga efectiva la orden de captura contra el ex – gobernador de Arauca JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL, y se avance en la investigación de los demás sectores y servidores públicos comprometidos con la corrupción y el paramilitarismo en el departamento de Arauca.
7.- Exhortar, acompañar y promover una campaña dirigida a destruir el señalamiento y estigmatización, que desde esferas o sectores del Estado han impuesto a los habitantes del departamento de Arauca, como un mecanismo para el respeto de la honra y la dignidad de los ciudadanos.
8.- Que el congreso de la república por intermediode la Comisión de Audienciasy DDHH de la Cámara, edite y publique un libro con las memorias de este histórico evento.
La Comisión de Audiencias y DDHH de la Cámara de Representantes y la presidenta de la Comisión de Paz del senado,se comprometieron con la comunidad Araucana y fuerzas vivas de la regióna hacer llegar y dar a conocer ante las más altas esferas del estado,la situación de violación de los derechos humanos que se registra en el departamento de Arauca, a dar tramite y poner en conocimiento delas autoridades correspondientes, las denuncias y exigencias presentadas en la audiencia.
Arauquita, Julio 31 de 2008.
SECTORES SOCIALES Y DE DDHH DE ARAUCA
«« | Inicio | »» |