La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y organizaciones no gubernamentales han registrado durante 2008 el asesinato de 27 dirigentes sindicales (66 por ciento del total de muertos en 2007), pero sus denuncias han sido sofocadas por la atención que los medios de información han dado a la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por el hecho de que muchos de los crímenes ocurren en pequeñas localidades o zonas rurales.
Uno de los casos más graves ha sido el de Guillermo Rivera Fúquene, quien era dirigente del sindicato de la Contraloría Distrital cuando fue reportado por sus compañeros como desaparecido en Bogotá, el 22 de abril pasado, y cuyo cadáver fue encontrado el 15 de julio en el registro público de la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima, donde había sido sepultado seis días después de su desaparición con las insignias “NN”, correspondientes a los cuerpos no identificados.
Apenas en marzo el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Carbón había denunciado el homicidio de Adolfo González Montes, un miembro de la dirección de esta agrupación, quien fue sacado de su casa en la ciudad de Riohacha, el día 22, y luego fue torturado hasta provocar su deceso.
Los casos de asesinatos, precedidos muchas veces de actos de hostigamiento de elementos de la Policía Nacional colombiana o de grupos armados ilegales, se extiende también a militantes de la oposición de izquierda y a líderes comunitarios y campesinos, a quienes se les acusa de tener vínculos con la guerrilla y se les detiene sin orden judicial.
Decesos no aclarados
Un ejemplo de los actos contra la oposición de izquierda ocurrió el 8 de agosto, cuando fue asesinado el miembro de la dirección del Polo Democrático Alternativo en el departamento de Arauca, Luis Mayusa Prada, de 46 años, cuyo fallecimiento no ha sido esclarecido por las autoridades hasta la fecha, según informó la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
Otra acción de hostigamiento e intimidación a líderes sociales fue denunciada por el Consejo de Comunidades Negras de la Coordillera Occidental de Nariño, luego que dos de sus dirigentes, María Antonia Amaya y Jospe Arcos, fueron interceptados el 11 de julio en un retén instalado en el municipio de Policarpa por un grupo paramilitar autodenominado Nueva Generación, lo que prueba que la desaparición de la fuerza ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006 no acabó con ese tipo de agrupaciones armadas.
También asociaciones indígenas han sido amedrentadas este año. El Consejo Regional del Norte del Cauca y en general indígenas nasa habitantes de esa región fueron amenazados por un grupo que se hace llamar Campesinos Embejucaos (furiosos) del Cauca.
Con motivo del homicidio de González Montes, los carboneros afirmaron que con frecuencia se profieren amenazas en “pasquines” en los que se enumera con nombre y apellido a quienes se señalan como las posibles siguientes víctimas.
Denuncias como las anteriores llevaron a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a expresar el 13 de marzo su preocupación por las amenazas contra líderes sociales, las cuales se intensificaron después de la manifestación contra los crímenes de Estado y los paramilitares, realizada en las calles Bogotá el 6 de marzo pasado.
En el ámbito rural, el 30 de marzo, fue asesinado el dirigente campesino del oriente del departamento de Antioquia, Gerardo Antonio Ciro, quien había conseguido la animadversión de algunos funcionarios regionales y directivos de la policía nacional en la zona, a causa de sus reclamos en favor de las comunidades agrícolas.
El 9 de agosto la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) expresó su preocupación por las “desinformaciones aparecidas en diferentes medios hablados y escritos” en los que se pretendió relacionar a la organización con las FARC.
La Fensuagro señaló que en los primeros días de este mes las autoridades del país presentaron ante los medios a una mujer de nombre Liliany Patricia Obando Villota como presunta representante legal de la federación agropecuaria, lo que es falso.
La organización aprovechó la oportunidad para reclamar por el hecho de que 450 miembros de la Fensuagro hayan sido ultimados desde 1976 –12 años después del inicio del conflicto armado interno en Colombia– en circunstancias que todavía no han sido aclaradas.
Con todos esos antecedentes, la organización Human Rights Watch, que calcula que entre 1986 y 2008 han sido asesinados dos mil 500 sindicalistas, envió al virtual candidato presidencial republicano, John McCain, una carta en la que le hizo ver que la situación de los derechos humanos en Colombia está distorsionada por las informaciones oficiales del gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Hasta junio, cuando McCain estuvo en Bogotá, la lista de sindicalistas muertos sumaba 26 personas, pero no había sido reportada la muerte de Guillermo Rivera.
Human Rights Watch, que afirma que 98 por ciento de los casos de sindicalistas fallecidos en 22 años han quedado sin esclarecimiento judicial, ratificó su postura en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, con el argumento de que Washington “no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchas situaciones, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados”.
Depone armas Ejército Guevarista
En Bogotá, fuentes del Departamento de Defensa informaron que este domingo entregaron sus armas 45 miembros del Ejército Revolucionario Gueverista (ERG) que se movilizaban en el noroeste del país.
La deposición del armamento (31 fusiles, una ametralladora, un mortero y un lanzagranadas) fue pactada con el alto comisionado de paz del gobierno colombiano. Entre los desmovilizados se encuentra el principal dirigente del ERG, Olimpo de Jesús Sánchez, conocido también con el nombre de Cristóbal, informaron las agencias de prensa internacionales.
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Anónimo
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miércoles, 20 agosto, 2008
Tenemos que reconocer que ganó Uribe y su séquito de ministros de guerra. La liberación de doña Ingrid Betancourt y los tres mercenarios norteamericanos, selló la suerte de otros ciudadanos colombianos que también necesitan reencontrarse con sus familiares.
El profesor Gustavo Moncayo, podrá caminar todas las rutas de la indiferencia e indolencia, sin lograr que gobierno alguno se interese por la liberación de su hijo. No recibirá más que unos cuantos aplausos y ovaciones, de la gente de pueblo que se solidariza con su causa.
Muchos, padres y madres en Colombia, podrán hacer todas las marchas y actos públicos por la paz, que no habrá de ahora en adelante quien se interese por la suerte de sus seres queridos. El gobierno pronorteamericano de Álvaro Uribe, los ha condenado a ser ciudadanos y ciudadanas de segunda y tercera categoría, que no representan ningún interés político o estratégico inmediato.
La utilización por parte del gobierno colombiano, de los símbolos de la Cruz Roja y Medialuna Internacional, de otros organismos e instituciones informativas y humanitarias, pusieron en una situación peligrosa a todo intento por mediar por cientos de personas en poder hasta ahora de las FARC y otros grupos.
Ya nadie habla de los que quedaron atrás, son como una especie de colchón mediático e ideológico que le da legalidad, al ya inconstitucional gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto es una oportunidad política única, que puede ser usada en la campaña electoral, en la cual el señor Uribe pretende otra reelección ilegitima.
La propia señora Ingrid Betancourt, está callada, a ella que no se aplicaran las leyes migratorias o el Protocolo de Retorno que se aplicaran a millones de trabajadores inmigrantes en Europa. Ella, está disfrutando de su libertad y tranquilidad en Francia. Ya está segura y bien lejos de Colombia.
Lejos de la guerra y de las mentiras de las cuales hizo uso, al decir ante todo el mundo, que el gobierno colombiano jamás había utilizado los símbolos y emblemas de las instituciones humanitarias internacionales y de los medios de prensa como Telesur. La mataron políticamente el presidente Uribe y su Ministro de la defensa, al utilizarla gobbelianamente en semejante mentira.
El silencio y complicidad del mismo Comité Internacional de la Cruz Roja y Medialuna Internacional, de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, condenan de manera firme e injusta, a los cientos de colombianos y colombianas, que todavía están retenidos por las FARC y otros grupos insurgentes.
Los están engordando y guardando, para cuando sean verdaderamente útiles, para la campaña presidencial de Álvaro Uribe, quien pretende perpetuarse en el poder en Colombia, con el apoyo de los Estados Unidos, a través de las bases militares y tropas elites de comando, proyectadas para estos próximos diez años en ese país.
Están esperando que sean útiles, para dar unos golpes propagandísticos, militares e ideológicos, que no van a ser tan limpiamente quirúrgicos. Todo esto apoyado por la inteligencia militar norteamericana.
Esos retenidos por las FARC, le van a dar al actual gobierno ilegitimo de Colombia, la legalidad que necesita, para perpetuarse en el poder y para servir como factor desestabilizador en la región, como cabecera de playa a las tropas norteamericanas y al Departamento de Estado, contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador.
El rescate de Ingrid Betancourt y de los tres mercenarios norteamericanos, quita la presión política sobre el gobierno de Uribe. Desvía toda acción política de los grupos sociales y humanitarios hacia las FARC. Logrando así, un respiro estratégico a Álvaro Uribe, para armar el elemento político táctico, que le permita relanzarse a una aventura electoral en contra de la constitución, la paz y la legalidad colombiana.
El gobierno venezolano y la Senadora Piedad Córdova, salieron utilizados y traicionados por el gobierno de Álvaro Uribe. A la orden del gobierno de Bush, fueron desautorizados, como mediadores del proceso de negociación y mediación de paz, en un vil intento de dañar la imagen de Venezuela y de la Senadora Córdova, y para poder ubicar estratégicamente las posiciones de los campamentos de las FARC, a través de acciones de inteligencia que involucraron toda la tecnología satelital y militar del gobierno norteamericano. Además de la complicidad interna y la traición de algunos sectores políticos dentro de la fuerzas insurgentes.
La presión política que ejercía el cautiverio de la Betancourt, desapareció del panorama político colombiano, facilitando así la posibilidad de una nueva reelección ilegitima de Álvaro Uribe. Condenando a Doña Ingrid, al eterno exilio dorado que le garantiza el gobierno francés de Nicolás Sarkozy.
El serio revés que representaba para las FARC, la liberación de tres mercenarios o contratistas del Departamento de Estado norteamericano, es un fuerte golpe psicológico y militar contra el grupo guerrillero.
Ahora le toca al presidente Uribe Vélez, volver a ganar las elecciones en Colombia, aunque sea de manera ilegal, para que se cumplan todos los planes de desestabilización en la región, planificados por la administración norteamericana.
Ya nada los detendrá, los permisos para la instalación de bases norteamericanas en Colombia están prácticamente dados. La posibilidad que un próximo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se convierta de hecho, en una especie de gobierno de ocupación con el apoyo de tropas norteamericanas, es cada vez más cercana.
Ya está dada la eminente reelección de Uribe, está preparada el arma política propagandística que representa el rescate por la vía militar, de algunos de los retenidos por las FARC. Ya está montada la operación Goebbels, aún a costa de la vida de los mismos retenidos.
Ya nadie, o casi nadie, a nivel internacional, habla de los otros cientos de retenidos por las FARC. Dejaron de ser una preocupación, para los políticos y los gobiernos del mundo. El objetivo político final y único, como que era tan solo la liberación de Ingrid Betancourt y de los tres mercenarios o contratistas norteamericanos.
Quizás el rescate de ellos y ellas, no represente ni la más remota posibilidad de obtener un premio Nóbel de la Paz.
¡El Pueblo Nunca Olvida!
Anónimo
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viernes, 22 agosto, 2008
En este contexto, quienquiera haya sido el responsable del brutal atentado perpetrado en Ituango, ha asegurado su ingreso a los folios de investigación judicial de la CPI.
Dictaduras en Latinoamérica
Actualmente, en varios de los países latinoamericanos que padecieron dictaduras durante las décadas de los 70/80 del siglo pasado, están siendo procesados y condenados algunos militares que sirvieron como perros de presa al amo imperial y las oligarquías locales. De este modo, responsabilizando a algunos de los ejecutores directos de la barbarie perpetrada en Argentina, Chile, Uruguay... se intenta saldar de un modo “light” la enorme deuda con la Verdad y la Justicia que contrajera el capitalismo neoliberal cuando fuera instaurado cruentamente en la geografía latinoamericana, aportando el dolor a las mayorías y enlutando las esperanzas de cambios con las que soñaban nuestros pueblos.
Así, sacrificando ante la justicia a algunos de los peones que fueran anteriormente utilizados para imponer a sangre y fuego la “paz” capitalista neoliberal, los mencionados gobiernos evitan ser señalados con el índice acusador de la CPI. Entre tanto, los verdaderos responsables continuan disfrutando y sonriendo burlonamente, o muriendo tranquilamente en sus lechos, como hiciera entre otros, Pinochet.
Los pueblos todavía esperan.
De esta forma, en unos cuantos países latinoamericanos ha logrado hacerse el traspaso exitoso del modelo levantado mediante las dictaduras, a los nuevos regímenes “neodemocráticos” ideados como una actualización de la Doctrina de Seguridad Nacional, y que incorporan por tanto importantes elementos para el control popular. No muchos más “derechos” que el participar marcando un voto en las periódicas elecciones, pueden hacer efectivos nuestros pueblos.
“Seguridad Democrática” en Colombia
Aunque el régimen colombiano se jacte de no haber tenido necesidad de recurrir a una “dictadura”, como buena parte de sus congéneres latinoamericanos, y de ser en cambio una “democracia” ejemplar y segura desde hace tiempo; de no enfrentar ningún “conflicto interno”... la ficción de ser un estado de derecho no logra convencer a nadie más que a los sectores fascistizados que sueñan a Colombia como un país feliz. Desde hace más de medio siglo, la corrupción y el crimen han sido las constantes con que la oligarquía y el imperio han intentado someter a todo el pueblo; esto, y no otro detalle, es lo que les ha hecho innecesario atravesar por la “fase dictatorial” que los demás regímenes del continente debieron practicar para contener a sus pueblos. El tan cacareado régimen de “seguridad y democracia” colombiano tiene no obstante, a su haber, las páginas más siniestras de masacres y represión populares cometidas en nuestro continente, así como otros récords mundiales, como la cantidad de desplazados y sobretodo de impunidad, superando con creces el desempeño alcanzado por las otras dictaduras regionales.
Es entonces decidor que la CPI se interese ahora por levantar el manto de cinismo e hipocresía que la propaganda oficial exhibe ante el mundo. El mensaje de advertencia explícito es de que el régimen colombiano debe asumir sus responsabilidades ante las violaciones a los derechos humanos que son cautelados por la CPI, como lo señala la misiva oficial que esta entregara recientemente al embajador de Colombia en La Haya.
Mientras desde diferentes sitios del mundo, el gobierno colombiano recibe las felicitaciones oficiales por sus “éxitos” en la lucha contra el “terrorismo”, quienes le palmotean la espalda saludando los golpes que le ha dado a la guerrilla aprovechan paralelamente de sugerirle que modere y adecúe su actuación. El gobierno de los EEUU y algunos otros europeos quisieran seguramente una Colombia que se pareciera y comportase como el paradigmático Chile, pero asimismo entienden que no pueden traspasarse así como así realidades diferentes.
El escenario que se les presenta es complejo. Por un lado -negando la historia y la realidad-, dan por supuesto que los grupos guerrilleros, debilitados militarmente, optarán más temprano que tarde por la rendición que se les ofrece, y sueñan con que los problemas sociales y económicos existentes podrán ser manejados de una u otra forma. Por otro, aspiran a que el actual gobierno, la oligarquía y las FFMM logren articular cuanto antes un nuevo “pacto social” que sirva para desconflagrar permanentemente la situación. Evidentemente, este nuevo pacto social no puede ser del tipo “Ralito”, acordado siniestramente entre los diferentes actores de la narcoparapolítica el año 2001 y que buscaba simplemente refundar el país eliminando cualquier oposición y multiplicar las ganancias del narcotráfico.
Tampoco pudiera tratarse de un pacto tipo “Omerta”. En este sentido la guerra real y mediática elaborada en las alturas del Pentágono y desarrollada contra la guerrilla y sectores populares, ha abierto también con su dialéctica un flanco inesperado para sus creadores: mientras más se implementan en Colombia las diversas facetas de la trístemente célebre “seguridad democrática”, más difícil le resulta al régimen ocultar su verdadera política oficial plagada de corrupción y crimen. Esto ha colocado el “problema colombiano” en la agenda internacional a una altura que no se hubieran soñado –ni deseado- quienes solo aspiraban a derrotar a la guerrilla y al pueblo para continuar tranquilamente con sus tropelías.
Es sin dudas la existencia de este pueblo indomable e insurgente, pero anhelante de Paz, Verdad y Justicia lo que les aconseja ahora a los poderosos que deben readecuar el modelo.
Pero el actual régimen, en la desesperación por ocultar sus crímenes solo atina a continuar recurriendo a las viejas formas de matar a la par que inventa otras nuevas: desapariciones, amenazas, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos... se codean con un nuevo tipo de “falsos positivos”.
“Operación Ituango”
Es en este contexto de aparente victoria -pero de real desesperación del régimen-, que acontece el reciente atentado terrorista de Ituango. Quienes vivimos el largo conflicto colombiano en carne propia y en medio de nuestro pueblo nunca imaginaríamos siquiera que algún grupo guerrillero, enfrentado a cualquier situación, y menos aun encontrándose en una coyuntura estratégica tan delicada, fuera a provocar deliberadamente una acción de este tipo. Es entonces entre quienes han practicado el terrorismo de estado sistemáticamente y por décadas, en donde habría que buscar a los culpables.
Un indicador que acusa a estos terroristas está presente como una constante en todas las “Operaciones” anteriores: NUNCA han contado la verdad y esta ha surgido después, sólo cuando desde diferentes instancias se ha descubierto las falsedades y el montaje. El régimen colombiano es ya famoso por esta característica que acompaña cada una de sus acciones y obviamente, ahora, no debemos esperar una excepción.
La “Operación Ituango” sólo pudiera haber nacido en la mente criminal de quienes han tenido hasta hoy impunidad para ensangrentar una y otra vez el suelo colombiano.
Probablemente, lo que se busca con este brutal hecho, sea tratar de “equilibrar” la valoración que la Corte Penal Internacional sostiene respecto a los crímenes cometidos por la narcoparapolítica en Colombia y que son de su incumbencia, en un intento de aligerar la balanza e inclinarla hacia el lado de los grupos beligerantes. Indudablemente, la visita de la CPI considerará esta posibilidad.
Sin dudas que en su voluminosa agenda la CPI también tendrá en consideración otra trágica situación acaecida el 18 de junio de 2007, cuando fueran asesinados en circunstancias todavía no aclaradas los once diputados del Valle. Tomando como referencia la forma de proceder de las FFMM y sus amos imperiales en todas las “Operaciones” conocidas hasta el presente, estamos en el derecho de pensar que bien pudiera esta masacre haberse tratado de una “Operación” de rescate en la cual hubiese fallado la tecnología de punta, las estratagemas y los disfraces. Es de esperar que las FARC colaboren al respecto.
Mientras tanto, desde las mazmorras del régimen y en la espesura de la selva, esperan por regresar a la Vida y la Libertad centenares de rehenes. Y un pueblo entero espera y trabaja por la Verdad, la Justicia y la Paz.
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