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Las constructoras buscan refugio en la vivienda pública. El número de empresas que presentan ofertas para inmuebles protegidos se ha triplicado. Las pujas incluyen a firmas que antes no participaban en proyectos de menos de seis millones.

El abrumador descenso en el número de viviendas iniciadas este año en España ha desencadenado una avalancha de empresas recorriendo la geografía nacional en busca de licitaciones de construcción de inmuebles protegidos promovidos por las administraciones.

Nunca estos concursos fueron tan populares. Constructoras, inmobiliarias, gabinetes de arquitectura y firmas de gestión de calidad o de dirección de obras triplican actualmente su presencia en las distintas licitaciones que forman parte de una promoción pública de viviendas de protección oficial, dado que la promoción de pisos protegidos por parte de grupos inmobiliarios también anda de capa caída.

“Desde principios de año, veníamos percibiendo que el número de constructoras que acudían a las adjudicaciones se había duplicado, con una media de cuarenta empresas por promoción”, explica a este periódico José Antonio Martínez Páramo, director gerente del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), el mayor promotor público de viviendas en España.

Páramo sostiene que “el número de grupos de construcción en la última licitación de obra alcanza casi los sesenta, casi el triple que el año pasado”. Con una media de entregas de más de 2.000 viviendas anuales, el Instituto de Vivienda de Madrid cuenta actualmente con 15.000 pisos de protección en marcha.

A la espera

En el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña explican que la mayoría de promotoras interesadas en el sector público están a la espera de la entrada en vigor del decreto del precio concertado catalán, que se situará a caballo entre el de la vivienda libre y el de la protegida.

Por su parte, el caso de las constructoras es diferente. “Hace un año, a un concurso público se presentaban unas seis compañías privadas; ahora, esa cifra se ha multiplicado por cinco ante el parón del sector”, sostiene Rafael Romero, presidente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña. En 2007, en Cataluña se iniciaron 9.201 viviendas protegidas, un 21,2% más que el año anterior. En 2003, en pleno ciclo alcista del sector inmobiliario, la cifra se redujo un 40,3% respecto al año anterior. Un 28% del total de viviendas protegidas iniciadas correspondió al Instituto Catalán del Suelo (Incasòl); y un 77%, a ayuntamiento y diferentes entidades sin ánimo de lucho.

El sector privado sumó sólo el 22% del total de pisos iniciados el año pasado. Según fuentes del sector, estas proporciones se repiten en el conjunto de España. A juicio de Romero, “muchas constructoras que habían abandonado la obra pública están volviendo a ella y optan a concursos para cualquier tipo de edificio”. En su opinión, esta situación está derivando en un deterioro de los márgenes del sector, ya que “el aumento de la competencia provoca un mayor ajuste de los precios”.

Así, si, según datos de la Cámara de Contratistas, el margen medio del sector en 2006 se situaba en el 4% –teniendo en cuenta tanto obras públicas como privadas–, Romero apunta que este porcentaje ha caído en 2007, “y lo hará aún más en 2008”.

El número de viviendas iniciadas en España se desplomó un 36,1% en el primer trimestre del año, según los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De las 108.275 viviendas iniciadas entre enero y marzo (todavía no se han dado los datos oficiales del segundo trimestre), 9.423 fueron viviendas protegidas, un 58,3 por ciento menos. En el segundo trimestre del año, las entidades tasadoras redujeron un 20,7% su actividad.

Se prevé una reactivación de la construcción de viviendas en los próximos meses, tras la decisión del Ministerio de Vivienda de convocar un concurso para comprar suelo por 300 millones de euros.

El imán del precio concertado

Cataluña es un caso particular dentro del conjunto de España en cuanto al desarrollo de vivienda protegida. La mayoría de los promotores está a la espera de que entre en vigor el llamado precio concertado catalán, una fórmula prevista en la Ley de Vivienda Catalana que establece precios aproximadamente un 30% por debajo del mercado libre. Esta figura permitirá que los promotores que no logren vender viviendas las transformen a protegidas. Además, los empresarios que compraron suelo durante el ciclo alcista del sector podrán promoverlos como vivienda protegida con un margen mayor.

Igual que sucede con las viviendas protegidas tradicionales, a los concertados sólo podrán aspirar personas con una renta baja –definida a través del indicador de rentas mínimas (Iprem)–. Esta medida que introducirá la Generalitat ya está siendo reclamada en todas las comunidades autónomas. Hasta ahora, existía un único precio para la vivienda protegida, que se fijaba de acuerdo con criterios del Estado y de cada autonomía. El Gobierno establece un precio base y cada comunidad le aplica dos coeficientes correctores: el primero tiene en cuenta la propia autonomía y el segundo, la ciudad en la que está ubicado el terreno.

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