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El gobierno incapaz busca un clavo |
La Oficina Económica del Presidente ha convocado el 24 de julio a un grupo de expertos para conocer su opinión sobre la actual situación de la economía. Cuatro días después, el 28 de julio, hablará en el Congreso, y de forma extraordinaria, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
El diario El País publica hoy que entre ellos se encuentran los directores de coyuntura y estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), Angel Laborda, y del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo. Además, también asistirán representantes de los bancos Santander y BBVA, de Caja Madrid y de Caixa Catalunya, de la Asociación Española de Banca (AEB), de la petrolera Repsol y del grupo cementero Cemex.
Se da la circunstancia de que el próximo día 24 el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2008. Dos días antes, el martes 22, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, comparece de forma extraordinaria en el Congreso de los Diputados para informar sobre las medidas adicionales que el Gobierno adoptará en 2008 ante las repercusiones de la crisis económica sobre el empleo.
De crisis y de medidas también tendrá que hablar en el Congreso, y de forma extraordinaria, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el próximo día 28 de julio. La Oficina Económica del Presidente (OEP), que dirige Javier Vallés, es el órgano encargado de asistir al Jefe del Ejecutivo en asuntos económicos, proporcionando análisis sobre la situación económica nacional e internacional a corto, medio y largo plazo, y de evaluar las propuestas de política económica, así como su posterior desarrollo.
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Etiquetas: medios, memoria, mentiras, multitud, politica, violencia.
Anónimo
Cita: Originalmente Escrito por Ángel Laborda, director de coyuntura y estadística de Funcas
«Si por 'burbuja inmobiliaria' entendemos que el coste de la vivienda está por encima de lo que podría llamarse su precio de equilibrio, las casas están sobrevaloradas entre un 20% y un 30%. Esto no es exclusivo del sector inmobiliario, aunque es cierto que este mercado es muy grande e importante, pues afecta al patrimonio de la mayoría de españoles.
Las condiciones que determinan la demanda, la oferta y el precio no van a cambiar drásticamente en los próximos dos o tres años como para que se produzca un pinchazo. La variable clave son los tipos de interés. La previsión es que el BCE los fije en el 3,5% a final de año, sólo 0,25 puntos más que ahora, y que, como mucho, los siga subiendo hasta el 4% en el próximo año. Es una subida moderada que frenará el incremento de los precios y la demanda, pero no de manera brusca.
Un indicador tan representativo como es el precio de las casas ha entrado en proceso de rápida desaceleración de su crecimiento, y es previsible que lleguen a producirse bajadas moderadas, tanto en viviendas nuevas como de segunda mano, que podrían ser mayores en la costa.
A los que hayan comprado una casa para residir en ella apenas les afectará este proceso. Sí, en cambio, a los que lo han hecho como una inversión para obtener plusvalías, pues éstas podrían ser menores de lo previsto o incluso podrían truncarse en pérdidas, si bien, moderadas».
EL MUNDO | Suplemento de Su vivienda 467 - ¿Sigue existiendo la 'burbuja inmobiliaria'?
Cita: Originalmente Escrito por Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos
Juan Iranzo, se desmarca de estas apreciaciones y advierte que las grandes bajadas de inmobiliarias y constructoras en Bolsa se deben a una situación de «histeria colectiva injustificada ya que la construcción sigue teniendo buenas perspectivas en España». Iranzo admitió a Servimedia que diversos factores como la subida de los tipos de interés, el escándalo de Marbella o la incertidumbre ante una posible imposición de gravámenes a los pisos vacíos pueden provocar una cierta desaceleración en la actividad del sector pero descartó que dichos fenómenos puedan llevar a su hundimiento. Sin embargo, aseguró que factores como las buenas perspectivas en la obra pública deberían contribuir a mantener la tranquilidad del sector.
ABC.es Hemeroteca: los expertos creen que las inmobiliarias estan sobrevaloradas todavia un 20
Cita: Originalmente Escrito por José Carlos Díez, economista jefe de InterMoney
El mito de la burbuja inmobiliaria - Dialnet
Manuel Balmaseda, director economista jefe del grupo cementero Cemex
"existen algunos riesgos de que exista una burbuja por el deterioro producido en la relación entre el precio de la vivienda y los salarios de las familias, así como por el diferencial del crecimiento entre el precio de la vivienda y la inflación"
resumen inmobiliario del 26 de julio de 2002
En otro estudio, “elaborado por los economistas de la empresa cementera Cemex, Manuel Balmaseda y Dolores García, y editado por FUNCAS, pronostica que el sector de la construcción continuará siendo en el futuro uno de los pilares del modelo económico español”. En él se detalla que “la construcción mantendrá un buen ritmo de actividad a corto plazo, con una desaceleración en el sector residencial que no se verá compensada por un impulso del de obra pública”.
Junio 2007 | Información inmobiliaria
Cita: Originalmente Escrito por José Luis Escrivá, director del Servicio de Estudios del BBVA
No obstante, el economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA, José Luis Escrivá, estima que se el sector registra una "convergencia ordenada" entre oferta y demanda que, en el capítulo de precios, supondrá que la subida del 5,4% prevista para cierre de 2007 se traduzca en un 1,4% o un crecimiento cero en 2008, y en posibles "descensos puntuales" en 2009.
mercados, finanzas, economia, fondos y cotizaciones - Invertia Argentina
Cita: Originalmente Escrito por Carlos Maravall y José Antonio Herce, de Analistas Financieros Internacionales
"Todo indica que el mercado inmobiliario", dice Carlos Maravall, de Analistas Financieros, "ha entrado en una fase de aterrizaje suave, con implicaciones sobre el valor bursátil de las empresas".
Xabier Pita Wonenburger: Ladrillazo bursátil a las inmobiliarias
Por su parte, José Antonio Herce, ha cerrado la presentación de las primeras conclusiones del Estudio Planner Asprima 2007, señalando que el modelo de crecimiento español, “muy apoyado en el ladrillo”, ha demostrado ser eficiente, ya que se han alcanzado los niveles de convergencia. “Lo que debemos hacer ahora –ha señalado- es aspirar a sofisticar el crecimiento mediante la diversificación de las patas que aporten riqueza al país”.
Nuevos paradigmas del sector inmobiliario español
Cita: Originalmente Escrito por Juan José Toribio, decano del IESE
Por ejemplo, Juan José Toribio, economista, director del Iese en Madrid y ex director ejecutivo del FMI, declaró en una reciente reunión con ex alumnos de la escuela de negocios que la inflación está suficientemente controlada y que no es necesario subir tipos. Los contrarios a la subida consideran que a medio plazo podría ser más perjudicial para el consumo y la creación de empleo.
Blogs Expansión.com
Cita: Originalmente Escrito por Xavier Segura, del Servicio de Estudios de La Caixa
Hacia la estabilidad.El Jefe del servicio de estudios de Caixa Cataluña, Xavier Segura, aseguró que el crecimiento del precio de la vivienda será "previsiblemente" estable y que, "aunque experimentará una cierta tendencia alcista", ésta "será muy suave".
Los mejores créditos y financiamientos: diciembre 2006
Cita: Originalmente Escrito por José Ramón Díez, director del Servicio de Estudios de Caja Madrid
Nuestro modelo de crecimiento no es perfecto, tiene defectos, en algún momento nos dará un susto, pero no se me ocurre otro mejor o, al menos, otro que hubiera dado mejores resultados, partiendo de las condiciones existentes en el año 94-95. Es el resultado de nuestra dotación de factores y de nuestras ventajas competitivas. Nos gustaría ser Suecia, Finlandia o Noruega, pero me temo que eso es imposible. Eso sí, a partir de ahora y, una vez agotados los efectos de los shocks positivos (tipos de interés e inmigración), conviene ir buscando o propiciando otras alternativas de cara al medio y largo plazo.
Economy Weblog: ¿Son buenos los datos de empleo? - Instituto de Empresa Business School
Cita: Originalmente Escrito por Federico Prades, asesor económico de la Asociación Española de Banca (AEB)
Los optimistas opinan que la crisis durará año y medio, y que la economía empezará a despegar a finales del año 2009. La curva sería en forma de V. Es lo que piensa el Fondo Monetario Internacional (FMI), que augura una desaceleración en picado, seguida de un potente rebote y un crecimiento del 3% en el año 2010. "De ser así sería una crisis corta, sin caer en recesión", interpreta Federico Prades, asesor económico de la Asociación Española de Banca (AEB).
Expertos e indicadores confirman que la crisis ya es una realidad - Economía - www.elperiodicodearagon.com
«Si por 'burbuja inmobiliaria' entendemos que el coste de la vivienda está por encima de lo que podría llamarse su precio de equilibrio, las casas están sobrevaloradas entre un 20% y un 30%. Esto no es exclusivo del sector inmobiliario, aunque es cierto que este mercado es muy grande e importante, pues afecta al patrimonio de la mayoría de españoles.
Las condiciones que determinan la demanda, la oferta y el precio no van a cambiar drásticamente en los próximos dos o tres años como para que se produzca un pinchazo. La variable clave son los tipos de interés. La previsión es que el BCE los fije en el 3,5% a final de año, sólo 0,25 puntos más que ahora, y que, como mucho, los siga subiendo hasta el 4% en el próximo año. Es una subida moderada que frenará el incremento de los precios y la demanda, pero no de manera brusca.
Un indicador tan representativo como es el precio de las casas ha entrado en proceso de rápida desaceleración de su crecimiento, y es previsible que lleguen a producirse bajadas moderadas, tanto en viviendas nuevas como de segunda mano, que podrían ser mayores en la costa.
A los que hayan comprado una casa para residir en ella apenas les afectará este proceso. Sí, en cambio, a los que lo han hecho como una inversión para obtener plusvalías, pues éstas podrían ser menores de lo previsto o incluso podrían truncarse en pérdidas, si bien, moderadas».
EL MUNDO | Suplemento de Su vivienda 467 - ¿Sigue existiendo la 'burbuja inmobiliaria'?
Cita: Originalmente Escrito por Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos
Juan Iranzo, se desmarca de estas apreciaciones y advierte que las grandes bajadas de inmobiliarias y constructoras en Bolsa se deben a una situación de «histeria colectiva injustificada ya que la construcción sigue teniendo buenas perspectivas en España». Iranzo admitió a Servimedia que diversos factores como la subida de los tipos de interés, el escándalo de Marbella o la incertidumbre ante una posible imposición de gravámenes a los pisos vacíos pueden provocar una cierta desaceleración en la actividad del sector pero descartó que dichos fenómenos puedan llevar a su hundimiento. Sin embargo, aseguró que factores como las buenas perspectivas en la obra pública deberían contribuir a mantener la tranquilidad del sector.
ABC.es Hemeroteca: los expertos creen que las inmobiliarias estan sobrevaloradas todavia un 20
Cita: Originalmente Escrito por José Carlos Díez, economista jefe de InterMoney
El mito de la burbuja inmobiliaria - Dialnet
Manuel Balmaseda, director economista jefe del grupo cementero Cemex
"existen algunos riesgos de que exista una burbuja por el deterioro producido en la relación entre el precio de la vivienda y los salarios de las familias, así como por el diferencial del crecimiento entre el precio de la vivienda y la inflación"
resumen inmobiliario del 26 de julio de 2002
En otro estudio, “elaborado por los economistas de la empresa cementera Cemex, Manuel Balmaseda y Dolores García, y editado por FUNCAS, pronostica que el sector de la construcción continuará siendo en el futuro uno de los pilares del modelo económico español”. En él se detalla que “la construcción mantendrá un buen ritmo de actividad a corto plazo, con una desaceleración en el sector residencial que no se verá compensada por un impulso del de obra pública”.
Junio 2007 | Información inmobiliaria
Cita: Originalmente Escrito por José Luis Escrivá, director del Servicio de Estudios del BBVA
No obstante, el economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA, José Luis Escrivá, estima que se el sector registra una "convergencia ordenada" entre oferta y demanda que, en el capítulo de precios, supondrá que la subida del 5,4% prevista para cierre de 2007 se traduzca en un 1,4% o un crecimiento cero en 2008, y en posibles "descensos puntuales" en 2009.
mercados, finanzas, economia, fondos y cotizaciones - Invertia Argentina
Cita: Originalmente Escrito por Carlos Maravall y José Antonio Herce, de Analistas Financieros Internacionales
"Todo indica que el mercado inmobiliario", dice Carlos Maravall, de Analistas Financieros, "ha entrado en una fase de aterrizaje suave, con implicaciones sobre el valor bursátil de las empresas".
Xabier Pita Wonenburger: Ladrillazo bursátil a las inmobiliarias
Por su parte, José Antonio Herce, ha cerrado la presentación de las primeras conclusiones del Estudio Planner Asprima 2007, señalando que el modelo de crecimiento español, “muy apoyado en el ladrillo”, ha demostrado ser eficiente, ya que se han alcanzado los niveles de convergencia. “Lo que debemos hacer ahora –ha señalado- es aspirar a sofisticar el crecimiento mediante la diversificación de las patas que aporten riqueza al país”.
Nuevos paradigmas del sector inmobiliario español
Cita: Originalmente Escrito por Juan José Toribio, decano del IESE
Por ejemplo, Juan José Toribio, economista, director del Iese en Madrid y ex director ejecutivo del FMI, declaró en una reciente reunión con ex alumnos de la escuela de negocios que la inflación está suficientemente controlada y que no es necesario subir tipos. Los contrarios a la subida consideran que a medio plazo podría ser más perjudicial para el consumo y la creación de empleo.
Blogs Expansión.com
Cita: Originalmente Escrito por Xavier Segura, del Servicio de Estudios de La Caixa
Hacia la estabilidad.El Jefe del servicio de estudios de Caixa Cataluña, Xavier Segura, aseguró que el crecimiento del precio de la vivienda será "previsiblemente" estable y que, "aunque experimentará una cierta tendencia alcista", ésta "será muy suave".
Los mejores créditos y financiamientos: diciembre 2006
Cita: Originalmente Escrito por José Ramón Díez, director del Servicio de Estudios de Caja Madrid
Nuestro modelo de crecimiento no es perfecto, tiene defectos, en algún momento nos dará un susto, pero no se me ocurre otro mejor o, al menos, otro que hubiera dado mejores resultados, partiendo de las condiciones existentes en el año 94-95. Es el resultado de nuestra dotación de factores y de nuestras ventajas competitivas. Nos gustaría ser Suecia, Finlandia o Noruega, pero me temo que eso es imposible. Eso sí, a partir de ahora y, una vez agotados los efectos de los shocks positivos (tipos de interés e inmigración), conviene ir buscando o propiciando otras alternativas de cara al medio y largo plazo.
Economy Weblog: ¿Son buenos los datos de empleo? - Instituto de Empresa Business School
Cita: Originalmente Escrito por Federico Prades, asesor económico de la Asociación Española de Banca (AEB)
Los optimistas opinan que la crisis durará año y medio, y que la economía empezará a despegar a finales del año 2009. La curva sería en forma de V. Es lo que piensa el Fondo Monetario Internacional (FMI), que augura una desaceleración en picado, seguida de un potente rebote y un crecimiento del 3% en el año 2010. "De ser así sería una crisis corta, sin caer en recesión", interpreta Federico Prades, asesor económico de la Asociación Española de Banca (AEB).
Expertos e indicadores confirman que la crisis ya es una realidad - Economía - www.elperiodicodearagon.com
Anónimo
El pesimismo se ha instalado entre los ciudadanos, que no confían en la evolución de la economía. Su motivo: en un contexto marcado por la inflación, el euribor y el paro en máximos, el caso Martinsa-Fadesa o las alertas de recesión a la espalda, consideran que el Ejecutivo no hace todo lo que debería para atajar la mala situación, según se desprende de los datos del barómetro España Hoy de EXPANSIÓN-Ipsos de julio. La encuesta se realizó entre los días 11 y 13, justo cuando el presidente del Ejecutivo, que hoy celebra sus primeros 100 días de Gobierno de esta legislatura, acababa de reconocer la existencia de la “crisis”.
En concreto, ocho de cada diez encuestados, el 78%, creen que “debería tomar más medidas”, frente a un 16% que opina que “hace lo suficiente”. Entre los votantes populares, una mayoría aplastante, el 93%, considera que el Ejecutivo debería gestionar la situación de otra forma. De los electores socialistas, un 65% pide más medidas al Gobierno.
El hecho de que buena parte de los votantes del PSOE sean críticos con la actuación del Ejecutivo demuestra que las medidas que ha adoptado el Gabinete de Zapatero no han calado en la sociedad, a pesar de los dos planes anticrisis lanzados por el Ejecutivo. El primero, al estrenar el Consejo de Ministros esta legislatura, cuando aprobó un plan en el que se incluía, como medida estrella, la polémica medida de los 400 euros anunciada ya durante la campaña electoral.
Segundo plan
Posteriormente, y a medida que la cascada de datos negativos iba aumentando, el Gobierno trató de realizar un golpe de efecto con una conferencia del presidente del Gobierno en la sede del Consejo Económico y Social, en la que propuso otro paquete de medidas para afrontar la delicada situación de la economía, que sufre una fuerte desaceleración. Fue el pasado 23 de junio ante una nutrida representación empresarial.
La receta del Ejecutivo para hacer frente a la crisis contempla, entre otros asuntos, la reducción del 70% de la oferta de empleo público, la congelación de los sueldos de los altos cargos del Gobierno, la privatización parcial de los aeropuertos y una inyección de 40.000 millones destinados a las pequeñas y medianas empresas y para pisos protegidos. El Gabinete de Zapatero confía en que el principio del fin de la crisis se vislumbre en la segunda mitad del próximo año.
Desde el PP se ha criticado duramente este paquete de medidas que los populares consideran ineficaces y se ha exigido al Ejecutivo que un plan de austeridad mas serio. De hecho éste será uno de los asuntos que aborden Zapatero y Rajoy en su reunión de mañana en La Moncloa. Se prevé que éste se asunto se quede fuera de los pactos que puedan alcanzar.
En concreto, ocho de cada diez encuestados, el 78%, creen que “debería tomar más medidas”, frente a un 16% que opina que “hace lo suficiente”. Entre los votantes populares, una mayoría aplastante, el 93%, considera que el Ejecutivo debería gestionar la situación de otra forma. De los electores socialistas, un 65% pide más medidas al Gobierno.
El hecho de que buena parte de los votantes del PSOE sean críticos con la actuación del Ejecutivo demuestra que las medidas que ha adoptado el Gabinete de Zapatero no han calado en la sociedad, a pesar de los dos planes anticrisis lanzados por el Ejecutivo. El primero, al estrenar el Consejo de Ministros esta legislatura, cuando aprobó un plan en el que se incluía, como medida estrella, la polémica medida de los 400 euros anunciada ya durante la campaña electoral.
Segundo plan
Posteriormente, y a medida que la cascada de datos negativos iba aumentando, el Gobierno trató de realizar un golpe de efecto con una conferencia del presidente del Gobierno en la sede del Consejo Económico y Social, en la que propuso otro paquete de medidas para afrontar la delicada situación de la economía, que sufre una fuerte desaceleración. Fue el pasado 23 de junio ante una nutrida representación empresarial.
La receta del Ejecutivo para hacer frente a la crisis contempla, entre otros asuntos, la reducción del 70% de la oferta de empleo público, la congelación de los sueldos de los altos cargos del Gobierno, la privatización parcial de los aeropuertos y una inyección de 40.000 millones destinados a las pequeñas y medianas empresas y para pisos protegidos. El Gabinete de Zapatero confía en que el principio del fin de la crisis se vislumbre en la segunda mitad del próximo año.
Desde el PP se ha criticado duramente este paquete de medidas que los populares consideran ineficaces y se ha exigido al Ejecutivo que un plan de austeridad mas serio. De hecho éste será uno de los asuntos que aborden Zapatero y Rajoy en su reunión de mañana en La Moncloa. Se prevé que éste se asunto se quede fuera de los pactos que puedan alcanzar.
Anónimo
Ya en su discurso de investidura, Zapatero prometió medidas inmediatas para afrontar esta situación que todavía definía como "menos favorable" por culpa de la crisis financiera internacional y el encarecimiento del petróleo y para la que, aseguraba entonces, España está "mejor preparada que nunca".
Cien días después, el presidente ha cambiado algo el lenguaje y reconoce las "serias dificultades" a las que se enfrenta el país, aunque sólo en una ocasión ha recurrido al término "crisis" y sigue empeñado en el optimismo: el futuro de España es "progreso, más derechos sociales, más fortaleza económica e igualdad".
Su vicepresidente segundo, Pedro Solbes, sí utiliza la palabra crisis para admitir que es posiblemente "la más compleja que nunca hemos vivido por la cantidad de elementos que hay encima de la mesa".
Desde la constitución del nuevo Ejecutivo se han sucedido los acuerdos del Consejo de Ministros relacionados con la economía, desde la prometida y polémica devolución de 400 euros y la promoción de rehabilitación de viviendas hasta los préstamos del ICO para las pymes, pasando por la congelación salarial de los altos cargos y la reducción de la oferta de empleo público.
Los efectos de estas medidas son todavía difíciles de calcular, y las grandes cifras de la economía han ido de mal en peor.
La inflación, en el 5 por ciento, es la más alta de los últimos trece años y puede que no se frene si el precio del petróleo, que se ha duplicado en un año, sigue en tasas tan elevadas.
Mientras, aumenta la morosidad y caen la compraventa de viviendas y de hipotecas constituidas, en un contexto en el que el índice hipotecario de referencia, el Euribor, marcó en junio su máximo mensual en el 5,36 por ciento.
El paro, además, ha seguido subiendo, incluso en junio, mes en el que no crecía desde hace doce años, y la tasa de desempleo vuelve a rozar los dos dígitos.
Mientras, las empresas ven como cada vez es más difícil el acceso al crédito, endurecido por una crisis financiera internacional que comenzó hace casi un año y no parece que vaya a concluir en el corto plazo.
Los ciudadanos reaccionan a la crisis ralentizando el consumo -buena prueba de ello son las matriculaciones, que han caído más del 20 por ciento en los tres últimos meses- y su confianza se encuentra también en cifras históricas, mínimas en este caso.
Y la ausencia de confianza, tanto de los consumidores como de los empresarios, no ayuda a recuperar la economía, según han insistido el propio Zapatero y el ministro de Economía, Pedro Solbes.
Todo esto sin olvidar al sector más afectado, la construcción, que prosigue una caída marcada por el parón del mercado inmobiliario y el aumento del paro.
La inmobiliaria Martinsa-Fadesa se ha convertido en la imagen del declive del sector, tras protagonizar la mayor suspensión de pagos de la historia al no poder afrontar el elevado endeudamiento que arrastra desde la fusión de estas dos compañías, agravado por la restricción del crédito del último año.
Ya antes de Martinsa-Fadesa, en la escena económica y política se ha abierto en estos meses un debate sobre si el Gobierno debe o no intervenir o acudir al amparo de las empresas en apuros o con riesgo de insolvencia.
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ha sido muy claro al respecto: el Gobierno no debe intervenir, ni para ayudar a las empresas a pesar de los riesgos que hayan asumido, ni para amparar a las entidades financieras, a las que en cualquier caso considera lo suficientemente fuertes por el momento.
La economía ha acaparado los cien días del Gobierno de Zapatero no sólo desde el ámbito ejecutivo, también en el terreno del debate político, en el que el presidente y su optimismo ante el futuro se han quedado solos frente a todos los partidos de la oposición.
Partidos que, otrora socios del PSOE, se lo van a poner difícil al presidente en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Los próximos cien días se prevén más duros, y los datos, de nuevo, no ayudarán: en agosto se conocerá el crecimiento en el segundo trimestre, que según Solbes sólo será del 0,1 ó 0,2 por ciento. Un estancamiento en toda regla del que el Gobierno deberá intentar salir.
Cien días después, el presidente ha cambiado algo el lenguaje y reconoce las "serias dificultades" a las que se enfrenta el país, aunque sólo en una ocasión ha recurrido al término "crisis" y sigue empeñado en el optimismo: el futuro de España es "progreso, más derechos sociales, más fortaleza económica e igualdad".
Su vicepresidente segundo, Pedro Solbes, sí utiliza la palabra crisis para admitir que es posiblemente "la más compleja que nunca hemos vivido por la cantidad de elementos que hay encima de la mesa".
Desde la constitución del nuevo Ejecutivo se han sucedido los acuerdos del Consejo de Ministros relacionados con la economía, desde la prometida y polémica devolución de 400 euros y la promoción de rehabilitación de viviendas hasta los préstamos del ICO para las pymes, pasando por la congelación salarial de los altos cargos y la reducción de la oferta de empleo público.
Los efectos de estas medidas son todavía difíciles de calcular, y las grandes cifras de la economía han ido de mal en peor.
La inflación, en el 5 por ciento, es la más alta de los últimos trece años y puede que no se frene si el precio del petróleo, que se ha duplicado en un año, sigue en tasas tan elevadas.
Mientras, aumenta la morosidad y caen la compraventa de viviendas y de hipotecas constituidas, en un contexto en el que el índice hipotecario de referencia, el Euribor, marcó en junio su máximo mensual en el 5,36 por ciento.
El paro, además, ha seguido subiendo, incluso en junio, mes en el que no crecía desde hace doce años, y la tasa de desempleo vuelve a rozar los dos dígitos.
Mientras, las empresas ven como cada vez es más difícil el acceso al crédito, endurecido por una crisis financiera internacional que comenzó hace casi un año y no parece que vaya a concluir en el corto plazo.
Los ciudadanos reaccionan a la crisis ralentizando el consumo -buena prueba de ello son las matriculaciones, que han caído más del 20 por ciento en los tres últimos meses- y su confianza se encuentra también en cifras históricas, mínimas en este caso.
Y la ausencia de confianza, tanto de los consumidores como de los empresarios, no ayuda a recuperar la economía, según han insistido el propio Zapatero y el ministro de Economía, Pedro Solbes.
Todo esto sin olvidar al sector más afectado, la construcción, que prosigue una caída marcada por el parón del mercado inmobiliario y el aumento del paro.
La inmobiliaria Martinsa-Fadesa se ha convertido en la imagen del declive del sector, tras protagonizar la mayor suspensión de pagos de la historia al no poder afrontar el elevado endeudamiento que arrastra desde la fusión de estas dos compañías, agravado por la restricción del crédito del último año.
Ya antes de Martinsa-Fadesa, en la escena económica y política se ha abierto en estos meses un debate sobre si el Gobierno debe o no intervenir o acudir al amparo de las empresas en apuros o con riesgo de insolvencia.
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ha sido muy claro al respecto: el Gobierno no debe intervenir, ni para ayudar a las empresas a pesar de los riesgos que hayan asumido, ni para amparar a las entidades financieras, a las que en cualquier caso considera lo suficientemente fuertes por el momento.
La economía ha acaparado los cien días del Gobierno de Zapatero no sólo desde el ámbito ejecutivo, también en el terreno del debate político, en el que el presidente y su optimismo ante el futuro se han quedado solos frente a todos los partidos de la oposición.
Partidos que, otrora socios del PSOE, se lo van a poner difícil al presidente en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Los próximos cien días se prevén más duros, y los datos, de nuevo, no ayudarán: en agosto se conocerá el crecimiento en el segundo trimestre, que según Solbes sólo será del 0,1 ó 0,2 por ciento. Un estancamiento en toda regla del que el Gobierno deberá intentar salir.
Anónimo
Todo indica que el garganta profunda que inició la investigación de Malaya, está aportando datos con este escrito, que podría destapar un nuevo escándalo de corrupción entre imputados del caso marbellí con asuntos “de trama ilegal urbanística” y corrupción de la comunidad castellana-manchega.
Según consta en el tomo XIV, folio 4.165 de las previas 4796/05 del sumario Malaya, el informante señala que “conforme vaya recopilando más información y su investigación avance, no dude que iré facilitándole más datos por si son de su interés”.
Y parece ser que ha cumplido su promesa. Hace una semana, el 11 de julio, el fiscal López Caballero recibió un escrito anónimo y un CD que contenía información referente a la vinculación entre la trama marbellí y la de Castilla-La Mancha. Al igual que en su día hiciera el representante del Ministerio Público, dejó constancia del material en el Juzgado número 5 de Marbella que, a su vez, fue remitido al grupo III de Blanqueo de la Udyco para que investigue la veracidad de la información que se refleja en los documentos recibidos.
El Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, regentado ahora por el magistrado Óscar Pérez Corrales, ha iniciado una serie de pesquisas que determinen las posibles relaciones con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla-La Mancha.
Fuentes cercanas a la investigación señalan a El Confidencial que “se siguen desglosando tramas paralelas a la raíz central de la causa. Los entramados son muy complejos y es por lo que es muy difícil cerrar la instrucción de la investigación”.
Un parco comunicado de dos líneas
En el oficio remitido por López Caballero a Oscar Pérez se dice que “el 11 de julio, recibió un CD junto con un escrito sin firma, en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en Malaya con casos de corrupción inmobiliaria en Castilla-La Mancha”.
A diferencia del primer anónimo, prolijo en detalles, en este nuevo documento del 11 de julio la parquedad de palabras del remitente es notoria. Sólo “consta de dos líneas escritas a ordenador pero suficientes para iniciar una investigación paralela al caso”, según fuentes cercanas.
En el sumario de Malaya, el remitente anónimo decía textualmente que Juan Antonio Roca, el cerebro marbellí, utiliza “cada vez más” despachos de abogados para “camuflar” su amplia fortuna, y aludía sin tapujos “como claros ejemplos”, y entre otros, al bufete de los letrados Blas Camacho & Antonio Díaz de Mera.
Se da el caso de que Antonio Díaz de Mera, el nombre que aparece en este primer anónimo, es un conocido abogado de Castilla-La Mancha, hermano de Domingo Díaz de Mera, importante empresario de la construcción en Ciudad Real, estrechamente ligado al gobierno de José María Barreda, que también es ciudadrealeño. El nombre de Antonio Díaz de Mera aparece vinculado al de Luis Portillo, ex presidente de Colonial en los negocios marbellís, plaza de Toros S.A y edificio Puerta Grande, y con el de Aurelio González Villarejo, accionistas de Colonial.
El nombre del letrado Díaz de Mera aparece en el consejo de administración de NH Hoteles a través de NH Ciudad Real. Se da el caso de que en este consejo se sienta también Heraclio López-Sevillano, que aparece en las agendas de Roca y era asiduo a las fiestas privadas del regidor de urbanismo marbellí.
El confidente seguirá facilitando datos
En el escrito anónimo, el tiempo demostró que los datos que reflejaba el confidente resultaron ser sorprendentemente exactos, salvo en lo que se refiere a los letrados Blas Camacho y Díaz de Mera. Ninguno de ellos ha sido investigado hasta el momento en el caso Malaya. El propio Antonio Díaz de Mera negó en una carta enviada a los medios de comunicación cualquier relación con Roca. En esa carta, fechada el 22 de septiembre del 2006, De Mera informaba que no tenía relación con el despacho de Blas Camacho desde septiembre de 2003; que Agustín Díaz de Mera, que fuera Director General de Policía y que tuvo cierta relevancia en el juicio del 11-M, no tiene ningún parentesco con él, y que desconocía que en la instrucción del Caso Malaya existiera el anónimo en cuestión. El tiempo ha demostrado al letrado que su nombre sí aparece reflejado hasta en el sumario del caso.
Los letrados que defienden a los encausados en la trama Malaya aprovechan de nuevo esta nueva ramificación de la trama para pedir que el caso se derive a la Audiencia Nacional, que seria el órgano competente en cuestión para juzgar un caso de índole nacional. El letrado J.A.C. considera fuera de la norma que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue delitos que afectan a varias provincias: en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), en Madrid, Mallorca y Cádiz… y ahora en Castilla La-Mancha.
Según consta en el tomo XIV, folio 4.165 de las previas 4796/05 del sumario Malaya, el informante señala que “conforme vaya recopilando más información y su investigación avance, no dude que iré facilitándole más datos por si son de su interés”.
Y parece ser que ha cumplido su promesa. Hace una semana, el 11 de julio, el fiscal López Caballero recibió un escrito anónimo y un CD que contenía información referente a la vinculación entre la trama marbellí y la de Castilla-La Mancha. Al igual que en su día hiciera el representante del Ministerio Público, dejó constancia del material en el Juzgado número 5 de Marbella que, a su vez, fue remitido al grupo III de Blanqueo de la Udyco para que investigue la veracidad de la información que se refleja en los documentos recibidos.
El Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, regentado ahora por el magistrado Óscar Pérez Corrales, ha iniciado una serie de pesquisas que determinen las posibles relaciones con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla-La Mancha.
Fuentes cercanas a la investigación señalan a El Confidencial que “se siguen desglosando tramas paralelas a la raíz central de la causa. Los entramados son muy complejos y es por lo que es muy difícil cerrar la instrucción de la investigación”.
Un parco comunicado de dos líneas
En el oficio remitido por López Caballero a Oscar Pérez se dice que “el 11 de julio, recibió un CD junto con un escrito sin firma, en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en Malaya con casos de corrupción inmobiliaria en Castilla-La Mancha”.
A diferencia del primer anónimo, prolijo en detalles, en este nuevo documento del 11 de julio la parquedad de palabras del remitente es notoria. Sólo “consta de dos líneas escritas a ordenador pero suficientes para iniciar una investigación paralela al caso”, según fuentes cercanas.
En el sumario de Malaya, el remitente anónimo decía textualmente que Juan Antonio Roca, el cerebro marbellí, utiliza “cada vez más” despachos de abogados para “camuflar” su amplia fortuna, y aludía sin tapujos “como claros ejemplos”, y entre otros, al bufete de los letrados Blas Camacho & Antonio Díaz de Mera.
Se da el caso de que Antonio Díaz de Mera, el nombre que aparece en este primer anónimo, es un conocido abogado de Castilla-La Mancha, hermano de Domingo Díaz de Mera, importante empresario de la construcción en Ciudad Real, estrechamente ligado al gobierno de José María Barreda, que también es ciudadrealeño. El nombre de Antonio Díaz de Mera aparece vinculado al de Luis Portillo, ex presidente de Colonial en los negocios marbellís, plaza de Toros S.A y edificio Puerta Grande, y con el de Aurelio González Villarejo, accionistas de Colonial.
El nombre del letrado Díaz de Mera aparece en el consejo de administración de NH Hoteles a través de NH Ciudad Real. Se da el caso de que en este consejo se sienta también Heraclio López-Sevillano, que aparece en las agendas de Roca y era asiduo a las fiestas privadas del regidor de urbanismo marbellí.
El confidente seguirá facilitando datos
En el escrito anónimo, el tiempo demostró que los datos que reflejaba el confidente resultaron ser sorprendentemente exactos, salvo en lo que se refiere a los letrados Blas Camacho y Díaz de Mera. Ninguno de ellos ha sido investigado hasta el momento en el caso Malaya. El propio Antonio Díaz de Mera negó en una carta enviada a los medios de comunicación cualquier relación con Roca. En esa carta, fechada el 22 de septiembre del 2006, De Mera informaba que no tenía relación con el despacho de Blas Camacho desde septiembre de 2003; que Agustín Díaz de Mera, que fuera Director General de Policía y que tuvo cierta relevancia en el juicio del 11-M, no tiene ningún parentesco con él, y que desconocía que en la instrucción del Caso Malaya existiera el anónimo en cuestión. El tiempo ha demostrado al letrado que su nombre sí aparece reflejado hasta en el sumario del caso.
Los letrados que defienden a los encausados en la trama Malaya aprovechan de nuevo esta nueva ramificación de la trama para pedir que el caso se derive a la Audiencia Nacional, que seria el órgano competente en cuestión para juzgar un caso de índole nacional. El letrado J.A.C. considera fuera de la norma que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue delitos que afectan a varias provincias: en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), en Madrid, Mallorca y Cádiz… y ahora en Castilla La-Mancha.
Anónimo
Con esta declaración ha comenzado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el juicio que se sigue contra el propio Roca, el magistrado y Arnaud F.A. por una causa desglosada del caso Malaya, en la que el fiscal les acusa de cohecho, entre otros delitos.
El abogado del juez, Antonio González Cuéllar, ha calificado de "absolutamente nuevo e insospechado" el contenido de la declaración de Roca, quien ha desvinculado al tercer acusado, de nacionalidad francesa, del cohecho. Aunque el fiscal mantiene que el juez y Arnaud pidieron a Roca que les ayudara en la compra de la vivienda del magistrado en los primeros meses de 2006, así como que el francés hizo de intermediario en el pago de los 70.000 euros, el ex asesor urbanístico ha asegurado que entregó el dinero directamente a De Urquía.
En ese tiempo, el Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, del que era titular De Urquía hasta que fue suspendido de forma cautelar en julio de 2007 por este caso, era el encargado de la denuncia de Roca contra el dueño de una televisión local marbellí por un presunto delito contra la intimidad y el derecho a la imagen. Por ello, el ex asesor ayudó al juez con gestiones y dinero en la compra de la casa pensando que podría ayudarle con la denuncia, según ha admitido Roca a preguntas del fiscal.
La labor del Ministerio Público está ejercida por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, en sustitución del fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, quien ayer se retiró después de que la Sala rechazase su petición de suspender el juicio tras haber planteado la defensa de De Urquía que debía abstenerse por falta de imparcialidad en relación con unas escuchas telefónicas de otro proceso que se sigue contra el juez.
El tribunal también ha desestimado hoy las cuestiones previas planteadas ayer por las defensas, relacionadas también con las grabaciones telefónicas intervenidas, por lo que éstas han hecho constar su "respetuosa protesta".
La Fiscalía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación y 213.000 euros de multa para el juez De Urquía, al que se le imputan los delitos de prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario. Para Roca y Arnaud, el Ministerio Público solicita la misma pena de prisión, 9 años de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como cooperadores necesarios del delito de asesoramiento accidental y por cohecho.
El abogado del juez, Antonio González Cuéllar, ha calificado de "absolutamente nuevo e insospechado" el contenido de la declaración de Roca, quien ha desvinculado al tercer acusado, de nacionalidad francesa, del cohecho. Aunque el fiscal mantiene que el juez y Arnaud pidieron a Roca que les ayudara en la compra de la vivienda del magistrado en los primeros meses de 2006, así como que el francés hizo de intermediario en el pago de los 70.000 euros, el ex asesor urbanístico ha asegurado que entregó el dinero directamente a De Urquía.
En ese tiempo, el Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, del que era titular De Urquía hasta que fue suspendido de forma cautelar en julio de 2007 por este caso, era el encargado de la denuncia de Roca contra el dueño de una televisión local marbellí por un presunto delito contra la intimidad y el derecho a la imagen. Por ello, el ex asesor ayudó al juez con gestiones y dinero en la compra de la casa pensando que podría ayudarle con la denuncia, según ha admitido Roca a preguntas del fiscal.
La labor del Ministerio Público está ejercida por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, en sustitución del fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón, quien ayer se retiró después de que la Sala rechazase su petición de suspender el juicio tras haber planteado la defensa de De Urquía que debía abstenerse por falta de imparcialidad en relación con unas escuchas telefónicas de otro proceso que se sigue contra el juez.
El tribunal también ha desestimado hoy las cuestiones previas planteadas ayer por las defensas, relacionadas también con las grabaciones telefónicas intervenidas, por lo que éstas han hecho constar su "respetuosa protesta".
La Fiscalía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación y 213.000 euros de multa para el juez De Urquía, al que se le imputan los delitos de prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario. Para Roca y Arnaud, el Ministerio Público solicita la misma pena de prisión, 9 años de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como cooperadores necesarios del delito de asesoramiento accidental y por cohecho.
Anónimo
En la sentencia, los jueces de la Corte de Estrasburgo condenaron a España por unanimidad al considerar que se violó el artículo 6.1 (derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Según el fallo de la Corte con sede en Estrasburgo, el Estado español debe abonar 5.000 euros al demandante en concepto de "daños morales", pero no se fija cantidad alguna por los daños materiales o los gastos judiciales, solicitados por Gómez de Liaño.
Como juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Gómez de Liaño instruyó la querella contra canal Plus y Sogecable por presuntos delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación a los 23.000 millones de pesetas (138.232.784 euros) de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión de pago.
En el marco de dicho procedimiento, el demandante adoptó varias medidas de carácter cautelar, que algunos de los querellados entendieron como constitutivas de prevaricación por parte del juez, por lo que se querellaron contra él.
Para la Corte de Estrasburgo, la imparcialidad de la Sala del Tribunal Supremo que juzgó a Gómez de Liaño por prevaricación "podía suscitar serias dudas".
El argumento es que los tres magistrados que la componían (Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Martínez-Pereda y Rodríguez) ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso.
Quejas 'objetivamente justificadas'
En este sentido, la sala del Tribunal de Estrasburgo, presidida por el juez andorrano Josep Casadevall y de la que no formaba parte el juez español, Luis López Guerra, que se abstuvo de participar, estima que las quejas de Gómez de Liaño en su demanda estaban "objetivamente justificadas".
Por otra parte, el tribunal ni siquiera estudió el fondo de la presunta violación del artículo 6.2 (presunción de inocencia) del Convenio, que también alegó Gómez de Liaño y rechazó la admisión de la queja relativa al artículo 14 (prohibición de la discriminación).
Javier Gómez de Liaño presentó el 9 de junio de 2004 ante el Tribunal de Estrasburgo su demanda contra España, en la que alegó la violación de los tres artículos citados del Convenio europeo. En noviembre de 2006 el tribunal requirió información sobre el caso a las partes y preguntó a España si el juicio contra el magistrado fue "imparcial".
Durante el proceso en su contra en los tribunales españoles, Gómez de Liaño solicitó la recusación de los magistrados que componían la Sala del Tribunal Supremo que llevaba su caso, la cual fue rechazada por presentarse fuera de plazo.
Tras retomar el procedimiento penal dirigido contra Gómez de Liaño, una sala compuesta por los magistrados a quienes había intentado recusar le condenó el 15 de octubre de 1999 a las penas de multa y de inhabilitación por 15 años para el ejercicio de funciones judiciales por un delito continuado de prevaricación.
El demandante presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el que alegó, entre otros, la vulneración de su derecho a un juez imparcial.
Dicho recurso fue rechazado el 18 de diciembre de 2003, ya que el alto tribunal entendió que la interpretación por el Supremo de los plazos y la extemporaneidad de la demanda de recusación era una de las posibles y no era "irracional ni arbitraria".
Gómez de Liaño fue indultado según el Real Decreto 2392/2000, de 1 de diciembre, que le permitió el reingreso en la carrera judicial. El demandante pidió inmediatamente una excedencia y ejerce en la actualidad como abogado.
Poco después de conocer la sentencia, el ex juez de la Audiencia Nacional dijo a elmundo.es que "es lamentable que Estrasburgo tenga que enmendar los errores cometidos por el sistema judicial español". "Desde el punto de vista técnico y jurídico, resulta llamativo. Desde el punto de vista humano, la afrenta es muy difícil de soportar", especificó.
Según el fallo de la Corte con sede en Estrasburgo, el Estado español debe abonar 5.000 euros al demandante en concepto de "daños morales", pero no se fija cantidad alguna por los daños materiales o los gastos judiciales, solicitados por Gómez de Liaño.
Como juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Gómez de Liaño instruyó la querella contra canal Plus y Sogecable por presuntos delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación a los 23.000 millones de pesetas (138.232.784 euros) de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión de pago.
En el marco de dicho procedimiento, el demandante adoptó varias medidas de carácter cautelar, que algunos de los querellados entendieron como constitutivas de prevaricación por parte del juez, por lo que se querellaron contra él.
Para la Corte de Estrasburgo, la imparcialidad de la Sala del Tribunal Supremo que juzgó a Gómez de Liaño por prevaricación "podía suscitar serias dudas".
El argumento es que los tres magistrados que la componían (Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Martínez-Pereda y Rodríguez) ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso.
Quejas 'objetivamente justificadas'
En este sentido, la sala del Tribunal de Estrasburgo, presidida por el juez andorrano Josep Casadevall y de la que no formaba parte el juez español, Luis López Guerra, que se abstuvo de participar, estima que las quejas de Gómez de Liaño en su demanda estaban "objetivamente justificadas".
Por otra parte, el tribunal ni siquiera estudió el fondo de la presunta violación del artículo 6.2 (presunción de inocencia) del Convenio, que también alegó Gómez de Liaño y rechazó la admisión de la queja relativa al artículo 14 (prohibición de la discriminación).
Javier Gómez de Liaño presentó el 9 de junio de 2004 ante el Tribunal de Estrasburgo su demanda contra España, en la que alegó la violación de los tres artículos citados del Convenio europeo. En noviembre de 2006 el tribunal requirió información sobre el caso a las partes y preguntó a España si el juicio contra el magistrado fue "imparcial".
Durante el proceso en su contra en los tribunales españoles, Gómez de Liaño solicitó la recusación de los magistrados que componían la Sala del Tribunal Supremo que llevaba su caso, la cual fue rechazada por presentarse fuera de plazo.
Tras retomar el procedimiento penal dirigido contra Gómez de Liaño, una sala compuesta por los magistrados a quienes había intentado recusar le condenó el 15 de octubre de 1999 a las penas de multa y de inhabilitación por 15 años para el ejercicio de funciones judiciales por un delito continuado de prevaricación.
El demandante presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el que alegó, entre otros, la vulneración de su derecho a un juez imparcial.
Dicho recurso fue rechazado el 18 de diciembre de 2003, ya que el alto tribunal entendió que la interpretación por el Supremo de los plazos y la extemporaneidad de la demanda de recusación era una de las posibles y no era "irracional ni arbitraria".
Gómez de Liaño fue indultado según el Real Decreto 2392/2000, de 1 de diciembre, que le permitió el reingreso en la carrera judicial. El demandante pidió inmediatamente una excedencia y ejerce en la actualidad como abogado.
Poco después de conocer la sentencia, el ex juez de la Audiencia Nacional dijo a elmundo.es que "es lamentable que Estrasburgo tenga que enmendar los errores cometidos por el sistema judicial español". "Desde el punto de vista técnico y jurídico, resulta llamativo. Desde el punto de vista humano, la afrenta es muy difícil de soportar", especificó.
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