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Se instaura el fascismo en Europa |
Hoy es el día de la vergüenza, el día europeo de la caza de la persona inmigrante, el día en que los derechos humanos dejaron de ser universales. Hoy ha sido aprobada la Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas extranjeras por el Parlamento Europeo, en su redactado aprobado anteriormente por los gobiernos de la Unión Europea.
La Directiva de la Vergüenza se construye básicamente sobre dos medidas represivas: la generalización antidemocrática de encierro arbitrario hasta 18 meses de las personas sin papeles; y el retorno forzoso sin posibilidad de volver a pisar suelo europea durante 5 años.
Europa se transforma en una fortaleza militarizada al tiempo que un paraíso para el movimiento de capitales, productos y servicios, y militariza y criminaliza el simple hecho de ser inmigrante sin recursos ni papeles, seres humanos que serán forzados a retornar, sin posibilidad de volver a pisar suelo europeo, como si de peligrosos delincuentes se tratase.
La Directiva de Retorno recién aprobada, constituye la expresión máxima del retroceso calculadamente diseñado por las élites políticas y económicas europeas en materia de derechos humanos. Esta agresión se centra ahora en la legitimización de la inexistencia de derechos para las personas migrantes, para quienes tenemos preparados cárceles especiales sin garantías jurídicas y con tiempos de detención arbitrarios además del retorno forzoso sin posibilidad de volver. Pero una vez dado este paso ¿quién asegura que en breve plazo no eliminen derechos fundamentales a quienes ostentamos el dudoso título de ser ciudadanos/as?
Ahora con más ahínco y menos trabas las fuerzas de seguridad de los países de la UE podrán dedicarse con impunidad a la caza del inmigrante, deporte deleznable de tintes fascistas iniciado en la Italia de Berlusconi, pero que con algo más de hipocresía el resto de países europeos está gustoso de poner en práctica. Dentro de poco veremos las estadísticas de esta indigna y particular olimpíadas, en las que se disputa el primer puesto de ser el país que más inmigrantes cace y expulse. Mucho nos tememos que los primeros puestos andarán entre el reino de España y la república de Italia.
Pero la vergüenza de este día, no la ostentan sólo los gobiernos y europarlamentarios, es sin duda la vergüenza de todos y todas, de quienes somos europeos/as, de las sociedades embriagadas de consumismo y miedo, es la vergüenza de nuestra incapacidad para dar respuesta al capitalismo totalitario de una UE, que más allá de la crisis provocada por el no irlandés al nuevo Tratado, está dispuesta a imponer su gobierno antidemocrático de las multinacionales y de las finanzas por encima de los derechos y necesidades de las personas.
El problema no reside en la Directiva de Retorno, ni en la Directiva de las 65 horas, el problema es la UE como proyecto político del capitalismo globalizado y esclavizador de países, pueblos, trabajadores/as e inmigrantes.
CGT reitera su compromiso en la denuncia y en la lucha contra la UE, y nos seguimos preguntando “UE, ¿para qué?, ¿para quién?”. Y las respuestas son desgraciadamente tozudas: para crear una superpotencia militarizada y antidemocrática y para los ricos de la política, el comercio, la industria y las finanzas.
Unamos esfuerzos contra la UE del capital y la guerra, contra la precariedad y la exclusión, contra la distribución desigual de los derechos y de la riqueza. Este el nuestro único camino.
Este sábado 21 hay manifestaciones y concentraciones en distintas ciudades contra la Directiva de Retorno. Hacemos un llamamiento a participar y movilizarnos en todas ellas, y en las próximas movilizaciones que los colectivos inmigrantes organicen.
Etiquetas: conocimiento, memoria, mentiras, multitud, politica.
El texto recibió 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, y salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales y la derecha nacionalista, que no aceptaron ninguna de las enmiendas planteadas por los grupos de izquierdas.
Los socialistas españoles se desmarcaron de sus colegas europeos y votaron a favor de la directiva, frente al criterio de los socialistas franceses que se opusieron a la norma.
La directiva europea ha levantado numerosas ampollas entre las ONG, los juristas e intelecutales, ya que consideran que se vulneran y recortan los derechos humanos de los inmigrantes sin papeles. El texto permite internar a los inmigrantes irregulares durante un periodo de 18 meses, mientras se realizan los trámites para su repatriación.
Repatriación de menores
También autoriza a repatriar a los extranjeros menores de edad a terceros países y sin su familia y que se les pueda reagrupar en sus lugares de origen con tutores que no sean familiares directos o a instituciones adecuadas de su país.
Los países europeos tienen un plazo de dos años para ajustar la norma comunitaria, que ya recibió el visto bueno de los gobiernos de los 27 países de la UE, a sus legislaciones nacionales.
La votación de hoy escenificó de nuevo la fractura existente en la Eurocámara respecto al texto, que para algunos grupos supone un progreso y un marco para salvaguardar los derechos de los inmigrantes, mientras que para otros las garantías que ofrece son insuficientes.
El resto ya recibió el visto bueno de los ministros del Interior de la UE y ésta es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión
El texto recibió el visto bueno de los ministros de Interior de la UE durante el Consejo del pasado día 5, y ésta es la primera ocasión en que el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión.
Entre otras medidas, la directiva establece en su forma actual un periodo de retorno voluntario para los inmigrantes irregulares de entre 7 y 30 días.
También prevé que los 'sin papeles' puedan ser internados un máximo de seis meses antes de su expulsión, periodo que puede extenderse por otros doce en los casos en que el irregular no coopere en su identificación o haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
Nueve países -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen hoy en día ningún periodo máximo de retención de los indocumentados, por lo que éstos pueden estar internados de forma indefinida.
Además, se establece para los expulsados una prohibición de retorno a la UE de hasta cinco años.
Mientras, la asistencia jurídica será gratuita según estipulen las leyes nacionales, y la ayuda gratuita en las apelaciones a las decisiones de expulsión sólo se dará cuando haya posibilidades reales de éxito y tendría límites de tiempo y de cantidad económica.
El visto bueno de la Eurocámara supone el punto y final de la tramitación de la polémica directiva, ya que los ministros de Interior de los Veintisiete ya la aprobaron el pasado 5 de junio. Una vez publicada, los estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones, por lo que su entrada en vigor está prevista para 2010. Además, tendrán un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes inmersos en procedimientos de expulsión.
La directiva, resultado de un compromiso inédito contra la inmigración entre negociadores de la Eurocámara y los Veintisiete, fue aprobada con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.
El pleno rechazó las enmiendas presentadas por los Verdes e Izquierda Unitaria, que reclamaban la retirada del texto por considerarlo un atentado contra los derechos humanos de los inmigrantes, obligados a dejar sus hogares en busca de una vida mejor o para huir de situaciones de conflicto, y a los que la nueva normativa trata, sin serlo, como delincuentes por no tener regularizada su situación.
Los eurodiputados tampoco aceptaron ninguna de las modificaciones planteadas por el grupo socialista para "suavizar" la directiva, lo que no fue obstáculo para que parte del grupo, principalmente los alemanes y los españoles que gobiernan en Madrid, diera su apoyo a esta directiva al considerarla un "avance" en la creación de un política de inmigración común.
La nueva normativa con la que la UE pretende blindarse ante la inmigración irregular busca, según sus estados miembro, armonizar los distintos procesos para la repatriación de los inmigrantes, ya que cada uno de ellos aplica los plazos que considera oportunos.
En el caso de nueve estados -Gran Bretaña, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no hay límite para la retención de quienes van a ser expulsados. Ahora, se verán obligados a cambiar sus legislaciones para introducir el límite de seis meses para la retención de los inmigrantes, un plazo que se podrá ampliar hasta los dieciocho meses si hay una falta de cooperación del inmigrante para su expulsión o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deben expedir terceros países.
En el Estado español el periodo máximo actual de retención es de 40 días y la directiva no obliga a ampliarlo, aunque el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha anunciado su intención de hacerlo. París, por el contrario, se comprometió a no endurecer su legislación, que establece 32 días como periodo máximo de retención.
Retorno voluntario o retención
Según la nueva normativa, en caso de ser interceptados por las autoridades, los "sin papeles" contarán con un plazo de entre siete y treinta días para optar por el retorno voluntario. En caso contrario serán detenidos y retenidos en centros de internamiento por un periodo de hasta dieciocho meses.
La norma fija también que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante cinco años, periodo que se amplía en caso de que la persona repatriada suponga "una amenaza grave para la seguridad". Esta prohibición puede ser eludida en los casos de "retorno voluntario".
La directiva contra la inmigración se aplicará también a familias y menores no acompañados, siempre y cuando sus familiares, tutores o instituciones adecuadas se ocupen de ellos a su llegada. Además, los niños y las familias con menores "sólo serán internados como último recurso y por el menor tiempo posible".
Como excepción se contempla la concesión de permisos de residencia a los "inmigrantes clandestinos por motivos humanitarios", y se destaca también la necesidad de lograr acuerdos de readmisión con terceros países con el fin de facilitar el retorno de los expulsados, ya que dice que los expulsados sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los estados miembro o la UE hayan firmado acuerdos de repatriación.
La UE tiene ya acuerdos con varios países de los Balcanes, así como con Rusia, Ucrania, Moldavia y Pakistán, pero no con países africanos y del Magreb. Además recientemente ha puesto en marcha acuerdos piloto de movilidad con Cabo Verde y Moldavia y ha iniciado un proceso de diálogo con Senegal y Georgia de cara a lograr pactos similares.
Esta cuestión será tratada en la cumbre que inician hoy los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que se pedirá que se intensifiquen los trabajos en el seno del Consejo de Ministros para adoptar propuestas migratorias concretas en relación a la admisión de ciudadanos de terceros países altamente cualificados, la adopción de sanciones a los empleadores de inmigrantes irregulares y la aprobación de un procedimiento único de solicitud y establecimiento de un conjunto común de derechos para los trabajadores inmigrantes. Los líderes europeos insistirán también en la necesidad avanzar hacia un sistema europeo común de asilo, después de haber sacado adelante una directiva que supone otro retroceso en las garantías de los derechos y libertades en Europa.
La ley, que debe entrar en vigor en 2010, afectaría a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que se calcula viven en los 27 estados miembros de la UE.
Según la directiva una persona sin papeles puede estar retenida por un plazo máximo de 12 meses que, en casos excepcionales, puede prolongarse a 18.
Considerada por el presidente boliviano, Evo Morales, como una "directiva de la vergüenza, draconiana" y contraria a los derechos humanos, la norma fue objeto de una intensa discusión.
Principales puntos de la directiva de retorno de inmigrantes irregulares
Estos son algunos de los puntos más destacados de la directiva de retorno de inmigrantes irregulares aprobada hoy por el Parlamento Europeo.
- Retorno
Se establece un período de siete a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria. Se podrán tener en cuenta factores como la escolarización de niños para ampliarlo.
- Retención
El período máximo se fija en 6 meses que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
La retención tendrá lugar cuando haya un riesgo de eludir una próxima expulsión y debe ser 'lo más corta posible', en centros específicos (no en prisiones) y bajo supervisión judicial.
Los menores y las familias con niños sólo podrán ser retenidos como último recurso y por el menor tiempo posible.
- Prohibición de retorno a la UE
Los indocumentados que sean expulsados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario.
Ese período podrá ser aún mayor si la persona expulsada supone una amenaza grave para la seguridad.
- Menores no acompañados
En el caso de los menores sin familiares, se debe tener en cuenta 'el mejor interés' para ellos a la hora de decidir su expulsión.
Para devolver un menor a su país debe hacerse a familiares, tutores o una institución adecuada.
- Excepciones
Se permite otorgar permisos de residencia a los inmigrantes clandestinos por motivos humanitarios.
- Acuerdos Internacionales
Se destaca la necesidad de lograr acuerdos de readmisión con países terceros a fin de facilitar el retorno de los indocumentados.
- Asistencia jurídica
La garantía de asistencia jurídica se dará en las mismas condiciones que actualmente se ofrece a los solicitantes de asilo.
Este mecanismo prevé que la asistencia sea gratuita según estipulen las leyes nacionales.
- Entrada en vigor
Está prevista para dos años después de su publicación en el diario oficial, lo significaría hacia comienzos de julio de 2010 si el PE aprueba el texto sin enmiendas. El capítulo sobre asistencia jurídica gratuita tendrá un período adicional de tres años.
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